1) Cuando es mejor no dejarles el pasado a los historiadores/Aldo Marchesi
2) Los objetivos económicos de la dictadura /Daniel Olesker
3) La clase obrera va al paraíso /Álvaro Rico
4) El Frente Amplio se debilita, la resistencia se fortalece /Jorge Notaro
5) Uruguay: Las personas no deberían tener que comer en ollas populares /Portal PIT- CNT
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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1) CUANDO ES MEJOR NO DEJARLES EL PASADO A LOS HISTORIADORES
Por Aldo Marchesi * /La Diaria
Las sociedades se vinculan con el pasado de diferentes maneras. Los historiadores tenemos un vínculo particular con los textos del pasado. Muchas veces nos perdemos en ese pasado sin poder comprender la utilidad o el sentido de lo que ocurre en relación con el presente. Somos más escépticos de lo que la gente piensa sobre la utilidad del pasado. Sospechamos de algunas afirmaciones que son parte del sentido común. Sabemos que, aunque parece un principio lógico, la idea de que mediante el estudio de su pasado las sociedades pueden evitar repetir experiencias dolorosas es relativa. Dudamos de aquella afirmación del romano Cicerón, historia magistra vitae, de que la historia es maestra de vida. La historia nunca se repite de la misma manera y las circunstancias de los diversos momentos históricos son singulares. En síntesis, lo que aprendimos de una experiencia pasada autoritaria no necesariamente nos va a permitir detener otra experiencia autoritaria que surge en un contexto distinto al primero.
En la víspera del 27 de junio o de otras fechas que remiten al pasado reciente parece que la voz de la historia como disciplina es más reconocida en la esfera pública y se refuerza la creencia de que el mero hecho de recordar lo ocurrido tiene un efecto sobre la no repetición. Los historiadores han escrito sobre diversos asuntos vinculados a la dictadura: el momento de la crisis previa al golpe de Estado y el papel de izquierdas, derechas y centros en dicho momento; las brutales transformaciones económicas, políticas y culturales desarrolladas por la dictadura; los apoyos sociales a la dictadura; las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen; las movilizaciones sociales y políticas de la recuperación democrática y los debates en torno a la memoria histórica en el proceso de redemocratizacion. Sobre estos temas y otros los historiadores han desarrollado archivos, escrito libros, promovido programas para que esos temas sean tratados a nivel educativo, asesorado en la definición de sitios de memoria, participado en medios de comunicación, contribuido con la Justicia y el Poder Ejecutivo en la investigación de las violaciones a los derechos humanos. Pero estamos lejos de que esos esfuerzos sean realmente influyentes para evitar la repetición de lo ocurrido. A veces uno tiene la sensación de que el recurso a la historia como disciplina termina siendo el resultado de que otros actores evaden las responsabilidades sobre un pasado que está lleno de presente.
Durante los años 80, partidos y movimientos compartían la interpretación de que la dictadura fue un régimen que tuvo como enemigo principal a la política y que atacó al conjunto de las libertades de todos los ciudadanos.
En este sentido, parece mucho más relevante, un día como hoy, repasar los consensos acerca de cómo la sociedad uruguaya interpretó la experiencia dictatorial durante la década de 1980 que escribir sobre las voces de los historiadores. Ciertamente, dichos acuerdos, que cruzaron a partidos y movimientos, sentaron las bases de la democracia que tenemos hoy, con sus defectos y virtudes. Esas voces que se encuentran en diferentes textos de época, entre otros la proclama del acto del 27 de noviembre de 1983 en el Obelisco, desarrollaron una interpretación de la dictadura que por oposición construyó los sentidos de lo que entendemos por democracia y fueron extremadamente influyentes en los debates posteriores.
(Leé más sobre esto: A 47 años del golpe, Daniel Olesker muestra que la dictadura tenía también objetivos económicos)
Lo primero que pareció compartirse fue una visión común sobre lo que había sido la dictadura. Se trataba de un régimen que había tenido como enemigo principal a la política y que había atacado al conjunto de las libertades de todos los ciudadanos. Frente a la retórica de la dictadura, que intentaba explicar el autoritarismo como una reacción a la amenaza marxista y la guerra subversiva, el movimiento opositor que se expresó en el Obelisco describió a la dictadura como un régimen que había ido contra los partidos políticos que habían sido “silenciados durante una década” y contra “los políticos injuriados, perseguidos, encarcelados y exiliados, que demostraron que, como al fundador de nuestra nacionalidad, un lance funesto podrá arrancarles la vida pero no envilecerlos”. Dentro de la oposición a la dictadura se hablaba de uruguayos sin exclusiones, no se establecía diferencia entre izquierdas, centros o derechas. El principal antagonismo era entre la política y el autoritarismo militar.
En el primer año de democracia esa visión perduró. Sin embargo, a partir de la discusión sobre la ley de caducidad, esta forma de caracterizar la dictadura fue perdiendo peso entre varios actores políticos, fundamentalmente aquellos que adhirieron a la caducidad. Gradualmente la idea de dictadura fue perdiendo espacio frente a la metáfora de la guerra que había sido sostenida por los militares durante la dictadura. Esta idea intentó establecer una equiparación entre lo ocurrido en la movilización social y la lucha armada de los 60 y la dictadura. Desde los 90 algunos líderes tupamaros también se incorporaron a esta narrativa, con una mirada algo diferente a la de los defensores de la caducidad.
Días atrás, con motivo de la discusión de la restitución de la placa de Víctor Castiglioni, el senador nacionalista Jorge Gandini se vio en la necesidad de recordar que había sido maltratado en las instalaciones de la inteligencia policial por “ser blanco”.
Se trataba de dos experiencias históricas diferentes que admitían discusiones públicas separadas, pero que en virtud de esa apelación general al conflicto entre orientales se terminaban unificando. Por ese encadenamiento la dictadura era presentada como una respuesta legítima o históricamente inevitable frente a la situación de los 60. Esto llevó a situaciones absurdas, en las que varios políticos de los partidos tradicionales que fueron perseguidos por la dictadura terminaban olvidándose de su propia condición de víctimas. Sin ir más lejos, con motivo de la discusión de la restitución de la placa de Víctor Castiglioni, el senador nacionalista Jorge Gandini se vio en la necesidad de recordar que había sido maltratado en las instalaciones de la inteligencia policial por “ser blanco”. La necesidad de la aclaración da cuenta de la distorsión en las maneras de recordar que ha tenido esa narrativa que encadena lo ocurrido en los 60 con la dictadura.
Históricamente es posible reconocer que en el período comprendido entre 1969 y 1972 existió una situación que admite la noción de guerra civil. Aunque esto es parte de un debate histórico y público, lo que no parece adecuado es equiparar lo ocurrido o establecer una conexión directa entre ese momento histórico y un régimen dictatorial que proscribió a todos los partidos políticos, los sindicatos y múltiples organizaciones de la sociedad civil y que duró 12 años. Este encadenamiento continúa renovándose en la voz de viejos y nuevos actores, y siempre parece ir en una misma dirección: relativizar y banalizar el profundo impacto que tuvo la dictadura en múltiples aspectos de la vida de los uruguayos durante más de una década.
La proclama del Obelisco también aspiró a que las Fuerzas Armadas fueran “reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de misiones tutelares que nadie nunca les pidió y que el gran pueblo uruguayo jamás necesitó”. De la dictadura se salió con una evaluación mínimamente compartida de que el creciente rol que las Fuerzas Armadas habían adquirido en la vida política nacional por su papel en la lucha contra la guerrilla había sido uno de los grandes errores del sistema político uruguayo. Wilson Ferreira Aldunate, uno de los principales perseguidos por la dictadura, expresó más de una vez su arrepentimiento por haber avalado los marcos legales que habilitaron la participación de los militares en la política interna.
A la salida de la dictadura, los intentos de construir un partido militar no prosperaron. El poder militar se mantuvo protegido por los diversos ministerios de Defensa Nacional, que actuaron como defensores de la corporación. Incluso en los gobiernos del Frente Amplio, que se desarrollaron políticas de verdad, reparación histórica y algo de justicia, también por momentos algunos ministros actuaron como defensores de la corporación. Pero en ningún caso los militares intentaron avanzar sobre la esfera política.
En los últimos años, desde el ámbito militar parece haber renacido una voluntad de salir de las trincheras del Ministerio de Defensa para avanzar en otros ámbitos de la vida política nacional.
Sin embargo, en los últimos años percibimos ciertos cambios que parecen ir en una dirección contraria. Por un lado, existe una creciente demanda de un mayor involucramiento de los militares en los asuntos internos. Actores políticos se han planteado la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan un mayor involucramiento en la lucha contra el narcotráfico y de otras actividades delictivas. Una iniciativa plebiscitaria que tuvo un importante nivel de adhesión fue en esta dirección. Asimismo, desde el ámbito militar parece haber renacido una voluntad de salir de las trincheras del Ministerio de Defensa para avanzar en otros ámbitos de la vida política nacional. El surgimiento de un caudillo militar como Guido Manini Ríos, amparado en las administraciones del Frente Amplio, y el desarrollo de Cabildo Abierto como un partido con un importante componente militar entre sus cuadros da cuenta de un cambio que resultó inédito. Dicho cambio pareció ir en contra de uno de los consensos de aquella oposición antidictatorial que asumía que los militares no debían participar en la vida política nacional ni en la represión de los asuntos internos. En un contexto de renacimiento de la participación militar en procesos políticos en diversos países latinoamericanos, como Brasil, Bolivia y Venezuela, estos hechos deberían generar mayor inquietud.
Por último, la proclama del Obelisco imaginó “una Patria en la que sólo estarán proscriptas la arbitrariedad y la injusticia, una Patria sin perseguidos y, fundamentalmente, sin perseguidores, y en la cual, por consiguiente, se liberará de inmediato a todos los que fueron privados de su libertad por causa de sus ideas y se repararán, en todo cuanto resulte posible, las arbitrariedades cometidas a lo largo de una década de ejercicio discrecional del Poder”. La idea de que había sido una década marcada por arbitrariedades y que era necesario reparar dichos daños fue algo que se mantuvo por sectores amplios hasta que el debate de la ley de caducidad desarticuló esa idea consensuada. Inicialmente la justificación en torno a la imposibilidad de justicia fue argumentada de forma realista: no era posible juzgar a los militares porque aún tenían poder. Dicho argumento luego se transformó explícitamente en la voluntad de reconciliación a través del olvido. Sin embargo, la idea de que la dictadura había significado un daño moral y que dicho daño debía repararse no fue descartada totalmente.
(Leé más sobre esto: A 47 años del golpe, Álvaro Rico repasa la huelga general y los primeros hechos después del quiebre institucional)
Desde 1996 la Marcha del Silencio ayudó a retomar la idea de reparación histórica, al menos en relación con los desaparecidos. En el siglo XXI, gracias a la movilización social, un tímido apoyo político de algunos sectores de los partidos tradicionales y un respaldo mayor del Frente Amplio, la demanda de verdad acerca de lo ocurrido sobre el destino de los desaparecidos renació. Las diversas administraciones de este siglo: Jorge Batlle, Tabaré Vázquez, José Mujica y hoy Luis Lacalle Pou, al menos declarativamente reconocieron la legitimidad de dicho reclamo. Esto significó un avance frente a lo que ocurrió en los 90, cuando dicho reclamo fue prácticamente negado. Sin embargo, la reparación histórica por las arbitrariedades cometidas por la dictadura es continuamente relativizada cuando autoridades estatales defienden formas de violencia ilegal desarrolladas por militares en la dictadura y prácticas represivas ilegales desarrolladas por la Policía en democracia, incluso en contextos actuales.
En toda América estamos viviendo una creciente degradación de las instituciones democráticas. Además de lo que escuchamos en los medios de comunicación sobre la publicitada Venezuela, las denuncias sobre serias violaciones a los derechos humanos vinculadas a las prácticas de policías y militares recorren de norte a sur el continente.
Además, el creciente rol de los militares en la política interna y el desarrollo de liderazgos autoritarios amenazan a numerosos sistemas democráticos, entre otros la “ejemplar” democracia estadounidense. En ese contexto, resulta útil evaluar qué ha pasado con los consensos que la sociedad uruguaya mantuvo en relación con lo ocurrido en la dictadura. No sólo por una preocupación acerca del pasado, sino porque esos acuerdos delinearon la democracia en la manera que la conocemos actualmente. Algunos aspectos de esa valoración común han venido cambiando por ya largo tiempo, mientras que otros emergen ahora. Los riesgos de cambiar esos acuerdos en este momento resultan algo inquietantes como para dejarlos reducidos a la mera discusión académica sobre el pasado. A diferencia de lo que decía Julio María Sanguinetti en los 80 acerca de que lo mejor que podía pasar con el pasado era “dejárselo a los historiadores”, el problema parece demasiado serio para que sólo ellos se hagan cargo.
* Aldo Marchesi es historiador y se especializa en historia reciente de Uruguay y la región/ La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2256 / miércoles 01.07.2020
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2) LOS OBJETIVOS ECONÓMICOS DE LA DICTADURA
Daniel Olesker * /La Diaria, 27.06.2020
Se cumplen 47 años del golpe de Estado que se dio tras un proceso de medidas de seguridad continuas desde 1968, en el que se reprimió y militarizó a numerosos sindicatos y organizaciones estudiantiles, y se asesinó al primero de una larga lista de mártires del movimiento estudiantil: Líber Arce.
La dictadura y los años previos, con las medidas de represión al movimiento popular, tuvieron como principal resultado una sistemática violación de los derechos humanos que dejó miles de personas presas, asesinadas, desaparecidas, muchas más que debieron seguir el rumbo del exilio y miles de destituidos.
Vale entonces que nos preguntemos: ¿cuál es la base material de la sociedad sobre la que se asentó este proceso represivo?
El contexto de aquellos años
A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, varios libros analizaron el proceso económico vivido en la dictadura, entre ellos destaco tres, a mi juicio de lectura imprescindible para comprender el arranque del modelo LACE (1) (liberal, aperturista, concentrador y excluyente) que vivió Uruguay desde esos años hasta 2004. Esos libros son Tendencias recientes de la economía uruguaya, de Danilo Astori; (2) La política económica en Uruguay 1968-1984, de Jorge Notaro, (3) y La crisis uruguaya y el problema nacional, de Octavio Rodríguez, Luis Macadar y Celia Barbato. (4)
(Leé más sobre esto: A 47 años del golpe, Álvaro Rico repasa la huelga general y los primeros hechos después del quiebre institucional)
Quiero comenzar con una tesis desarrollada a partir de esos textos. La continuidad de la acumulación de capital dependiente en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de la década de 1960, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Y una rebaja sustantiva de los salarios reales en Uruguay, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares, requería alterar las condiciones institucionales democráticas y generar una dictadura que, vía decreto, garantizara la rebaja salarial y, vía represión, la inactividad sindical y popular.
El 28 de junio de 1968, el gobierno decidió no convocar a los Consejos de Salarios, dejando el ajuste salarial en manos del gobierno. El golpe de Estado se enmarca en el estancamiento de la economía uruguaya de los años 60 y el duro congelamiento de salarios de 1968, acompañados de un giro autoritario relevante. Buena parte del período comprendido entre 1968 y 1973 se gobernó bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. En 1971 asumió el gobierno colorado de Juan María Bordaberry, que decidió reducir los salarios reales con un ajuste que se encontraba muy lejos de la inflación que provocó la pérdida de salario real más grande de la historia del país, como queda claro en el gráfico 1.
El salario real
El gráfico 1 es claro respecto de la rebaja salarial. La línea punteada, que es la de tendencia, deja en claro dicha caída.
La fijación de salarios, sin Consejos de Salarios y con una represión muy dura sobre sindicatos, quedó en manos exclusivamente de los decretos del Poder Ejecutivo.
Los resultados en materia de salario real son consecuencia directa de lo que quiso el gobierno, o sea, hubo una decisión política de la dictadura de reducir los salarios para aumentar las ganancias y los ingresos del capital, deteriorando el nivel de vida de la mayoría de la población.
El destino de la pérdida salarial
Los años de dictadura hasta 1981 no fueron de estancamiento sino de crecimiento económico. La riqueza creció, la masa salarial se derrumbó, aumentó el plusvalor y enormes masas de ganancia transitaron hacia el capital. Aun con la crisis de 1981 a 1984, el producto interno Bruto (PIB) al final de la dictadura era mayor que el del inicio, y junto a ese mayor crecimiento de la riqueza, el salario bajó a la mitad.
El gobierno puso en práctica medidas para bajar salarios y para aumentar las ganancias del capital. Algunas apuntaron a incrementar sus ingresos, otras a reducir sus costos, más allá de la notoria reducción de los costos salariales.
Entre ellas destacamos como las más importantes:
Medidas económicas de la dictadura para beneficiar al capital
Medidas tendientes a aumentar los ingresos
Concesión de reintegros (subsidios) a las exportaciones no tradicionales.
Aplicación de una política cambiaria de ajustes periódicos mayores a la inflación que aumentó el valor de las exportaciones.
Acuerdos comerciales con Argentina (Cauce) y Brasil (PEC) para garantizar mercados a nuestras exportaciones.
Medidas tendientes a bajar los costos
Otorgamiento de financiamiento a tasas muy baratas.
Exoneraciones fiscales a las ventas y a la reinversión de utilidades.
Eliminación de recargos y demás gravámenes a la introducción de bienes de capital.
Eliminación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas
Finalmente, en noviembre de 1979 comenzó a regir una reforma tributaria en la que se generaliza la aplicación del Impuesto al Valor Agregado, se rebajan los aportes patronales a la seguridad social y se deroga el Impuesto a las Actividades Financieras y el Impuesto Único a la Actividad Bancaria, que gravaban la actividad financiera.
El gráfico sintetiza cómo creció la riqueza y cayeron los salarios, y, por ende, aumentó la ganancia del capital.
El cuadro nos muestra que mientras la economía crecía los salarios caían, y cuando la economía cayó los salarios también cayeron: es decir, privatización de ganancias y socialización de pérdidas.
Otra manera de ver este tema de la redistribución es a través de las transferencias entre el salario y la ganancia, o sea, entre el trabajo y el capital.
Siguiendo la metodología que surge del trabajo de Notaro5 podemos calcular dicha transferencia. La metodología aplicada mantiene constante la participación de los salarios en el ingreso nacional del inicio del período y calcula cuánto transfiere año a año, sumándolo en dólares, mientras hubo crecimiento económico del que no se beneficiaron los trabajadores.
La transferencia es del orden de 5.000 millones de dólares de 1981; ese fue aproximadamente el valor del PIB al fin de la dictadura y esa fue la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos en los años de dictadura ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.
¿Qué pasó después?
Entre 1985 y 2004 no hubo cambios sustanciales en la evolución del salario real. Salvo en los tres primeros años de recuperada la democracia, cuando el salario real creció (en particular porque el primer gobierno democrático restituyó los Consejos de Salarios), luego permaneció casi estancado en la década de 1990 y en la crisis de 2002 volvió a caer prácticamente al nivel de 1984. Es decir, se consolidó la caída del salario real gestada hacia 1984. El gráfico 2 así lo muestra, como lo marca su línea de tendencia perfectamente horizontal, más allá de los vaivenes a lo largo de estos 20 años. Es claro además que, aun con el efecto de la crisis entre 1999 y 2004, el PIB –y, por ende, la riqueza– de 2004 era mayor que la de 1984. Es decir que en 20 años creció el producto y se estancó el salario.
Finalmente, desde 2005, con la restitución de los Consejos de Salarios, el salario real creció recuperando gran parte de lo perdido en aquellos años y acompañando el crecimiento del PIB. El gráfico 3 y su línea de tendencia lo muestran claramente.
Reflexiones finales
La caída del salario real era un factor cardinal del nuevo modelo de acumulación, y la dictadura fue su condición de viabilidad, porque la resistencia obrera no lo hubiera permitido en democracia. En las condiciones sociales y políticas de la sociedad uruguaya, una estrategia de tal naturaleza iba a encontrar una resistencia organizada y potente del movimiento obrero y de las organizaciones políticas de la izquierda.
Por eso, cuando la dictadura reprimió duramente a la izquierda y en particular a la principal fuerza de resistencia, que fue el movimiento obrero, lo hizo consciente de que era la única manera de consolidar un modelo de acumulación capitalista caracterizado por la exclusión y la sobreexplotación del trabajo, por lo cual la represión política, la concentración de la riqueza y la desestructuración social son partes de un mismo proyecto.
Notas:
(1) Para un análisis en profundidad del modelo LACE ver: Olesker, D. Crecimiento y exclusión. Montevideo: Trilce, 2001. ↩
(2) Astori, D. Tendencias recientes de la economía uruguaya. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1983. ↩
(3) Notaro, J. Política económica en Uruguay 1968-1984. Montevideo: Banda Oriental, 1985. ↩
(4) Rodríguez, O, Barbato, C y Macadar, L. La crisis uruguaya y el problema nacional. Montevideo: CINVE, Banda Oriental, 1985. ↩ Notaro, J. Obra citada. ↩
*Daniel Olesker es economista y senador por el Frente Amplio /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2256 / miércoles 01.07.2020
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3) LA CLASE OBRERA VA AL PARAÍSO
Por Álvaro Rico /La Diaria, 27.06.2020
Costó alcanzar el cuórum del Senado en aquella última noche de la democracia uruguaya. Ya pasaban 25 minutos de las 0.00 cuando comenzó la sesión presidida por Eduardo Paz Aguirre. Carlos Julio Pereyra retomó su intervención interrumpida el día anterior sobre ANCAP mientras los rumores y los gestos en la sala le confirmaban lo peor. Tal como habían acordado para respetar el Reglamento (¡en pleno golpe!), Wilson Ferreira le pidió una interrupción, que concedió. Comenzó entonces su alegato antidictatorial, al que le siguió una sucesión de intervenciones de los demás senadores hasta pasadas las dos de la madrugada. Cuando la voz encendida del último calló, entre saludos entrecortados y lágrimas de emoción, cada uno ganó la calle para perderse anónimo por casi 12 años.
A las cinco de la mañana del miércoles 27 de junio, la cadena oficial comenzó a irradiar “A don José” y “El pericón”, intercalados con marchas militares; 20 minutos después se difundió el Decreto 464: “Declárense disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes”. El golpe de Estado se consumó y el presidente constitucional, Juan María Bordaberry, se convirtió en dictador. A las siete de la mañana, el Palacio Legislativo fue tomado por los militares. Esteban Cristi y Gregorio Álvarez ingresaron por la puerta del Senado secundados por Juan Queirolo, que comandaba los carros blindados que cercaron el edificio.
Entre la medianoche del martes y la madrugada del miércoles, el Secretariado Ejecutivo de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) se reunió en la modesta sede del Sindicato del Vidrio, en La Teja. De allí salió el histórico “Llamamiento de la CNT a la clase obrera y el pueblo” que empezó a circular entre los huelguistas. A la mañana se reunió la Mesa Representativa de la CNT en la textil La Aurora, en Capurro, y se designó a un comando de la huelga general. También se propuso la incorporación al secretariado de la Central del sindicato de FUNSA, que aceptó.
Un hormigueo de obreros comenzaba a desplazarse desde sus casas en los barrios populares de la capital y las ciudades del interior, desde Nuevo París, el Cerro, La Teja, Belvedere, Maroñas a Salto, Paysandú, Colonia. Con el cambio de turnos a las seis de la mañana, los obreros que entraban ocupaban y los que salían, ocupaban. También sucedió lo mismo en algunas facultades de la Universidad de la República (Udelar).
Leé más sobre esto: A 47 años del golpe, Aldo Marchesi recuerda que el consenso sobre la dictadura como enemiga de la política fue amplio entre los partidos uruguayos
En la noche de miércoles murió Francisco Paco Espínola. El escritor fue velado en la sede del Partido Comunista, al que se había afiliado. Se tuvo que acondicionar de apuro el local de la calle Sierra 1720, que estaba cerrado desde hacía días. Resultó un hecho sin precedentes la presencia de monseñor Carlos Parteli dialogando con Liber Seregni, Rodney Arismendi, Óscar Maggiolo, Juan Pivel Devoto, Jorge Zabalza, Víctor Licandro, antes de partir en un multitudinario cortejo por 18 de Julio al Cementerio Central.
Los obreros de FUNSA ocuparon la fábrica con los directivos adentro y el Ejército intervino por primera vez para desalojarlos por la fuerza a las diez de la mañana. Días después, el barrio de Villa Española fue ocupado y FUNSA desalojada con un despliegue de guerra: siete tanques y un helicóptero. El transporte circulaba parcialmente con custodia militar. Vestido con su uniforme de marino y la pistola cargada, sosteniendo un cartel, se leía: “Soy el Capitán Óscar Lebel. ¡Abajo la dictadura!”.
Ferias vecinales, colas para el querosén, misas en las parroquias de barrio, plazas y paradas de ómnibus, canchitas de baby fútbol y los muros de la ciudad eran la escenografía de la resistencia, del mano a mano y el boca a boca, la “radio bemba”. Los vecinos ayudaban con colectas de dinero (poco) y frazadas; los comerciantes, con alimentos para las ollas sindicales en las fábricas ocupadas. Muchas de las actividades barriales se organizaban desde las Mesas Zonales de la CNT, vinculadas a comisiones vecinales, de fomento, clubes deportivos, parroquias, escuelas, y al entramado infinito de solidaridades en las zonas populares.
Las facultades ocupadas permanecieron abiertas y las clases continuaron dictándose para tener a los estudiantes nucleados; en la noche del día del golpe se reunió el Consejo Directivo Central y sacó una declaración pidiendo la renuncia del dictador. Al otro día sesionó la Asamblea General del Claustro presidida por el rector, Samuel Lichtensztejn, con la presencia de Óscar Maggiolo. Una primera movilización relámpago de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay recorrió un tramo de 18 de Julio.
En las fábricas el frío calaba hondo, en un invierno con un grado bajo cero en Montevideo y ola de frío polar en el interior. Los grandes galpones no eran lugares adecuados para vivir tantos días, a pesar del calor humano; se colocaban estufas y hasta se fabricaban, se apreciaba la donación de mantas y cualquier maderita venía bien para el fogón y calentar a quienes hacían guardia en los portones. El querosén escaseaba y el gas se cortaba por las medidas de lucha. El abasto de carne tenía dificultades y se agotaban los stocks de fiambres y embutidos, según el Centro de Almaceneros Minoristas; tampoco el expendio de fideos alcanzaba a satisfacer la alta demanda. “Durante la huelga muchos gatos y palomas marcharon a la olla sindical”, cuenta Dari Mendiondo.
Los niños correteaban jugando entre las máquinas en las textiles de Maroñas y La Teja, donde predominaba la mano de obra femenina; con el paso de los días la situación familiar se complicaba, al no tener con quién dejarlos porque los maridos también ocupaban. De día, para mantenerse activos, los ocupantes se visitaban en las fábricas vecinas y se contaban las experiencias en reuniones fraternas: “Eso nos entusiasmaba”. Teatro callejero y artistas del canto popular animaban las ocupaciones los fines de semana: Alfredo Zitarrosa, Manuel Capella, Yamandú Palacios, Washington Carrasco, Pancho Viera. Era fin de mes y el sueldo ya no alcanzaba, aunque numerosos patronos daban adelantos y colaboraban con la olla sindical.
La huelga fue pacífica. Los obreros cuidaban más los locales y las máquinas que su propio cuerpo; desalojados una y otra vez por la fuerza, pasando entre filas de soldados que los golpeaban en el cuerpo y manoseaban a las mujeres al salir. En grupos eran puestos de plantón por largas horas en las veredas para que el vecindario escarmentara. Llevados luego por la fuerza a alguna comisaría hasta que desbordaron, entonces la dictadura habilitó el Cilindro Municipal, el estadio de básquetbol reinaugurado como establecimiento policial para el depósito de sindicalistas y estudiantes presos. Los comunicados diarios y las intimaciones presionaban al reintegro.
El sábado 30 los militares iniciaron la Operación Desalojo, y el Secretariado de la CNT elaboró un instructivo por el que se volvía a ocupar, una y otra vez, pacíficamente. A última hora de ese mismo día, la CNT fue “declarada ilícita” y se dispuso “su disolución”; su sede, en la calle Buenos Aires 344, fue ocupada y saqueada. La dirección de la Central estaba clandestina y vivía a “salto de mata”, cambiando cada noche la fábrica donde dormir o mudando de casas. El 4 de julio se solicitó la captura de sus 52 dirigentes (entre ellos, una mujer), porque “se encuentran en la clandestinidad, conspirando contra la Patria y el patrimonio nacional”. El decreto 518 de la dictadura autorizó los despidos de trabajadores públicos y privados sin indemnización si no se reintegraban al trabajo. Comenzó así uno de los exilios sociales más numerosos a Buenos Aires.
(Leé más sobre esto: A 47 años del golpe, Daniel Olesker muestra que la dictadura tenía también objetivos económicos)
El 3 de julio, la llama de la refinería de ANCAP, un símbolo que se veía recortado desde distintos puntos de la ciudad, se apagó mediante una acción heroica de la CNT que buscó quebrar la idea de “normalidad” laboral que fomentaba la dictadura por los medios de comunicación. Ernesto Vega, que participó en la acción de resistencia, se quebró la pierna al saltar el muro de la centralita de UTE que alimentaba la refinería y tuvo que ser evacuado con ayuda de su compañero, Ernesto Goggi; al cabo de unos días, partieron al exilio en Buenos Aires. Los trabajadores de la refinería ya habían sido militarizados, pero desde ese día se pidió la captura de los 18 dirigentes de FANCAP.
Ramón Peré, militante de la Juventud Comunista y docente universitario, murió baleado por una patrulla cerca de la Facultad de Veterinaria, luego de participar en una movilización; su velatorio se realizó en la Udelar, que fue cercada; en las primeras horas de la madrugada del día 9, mientras pintaba “consulta popular” en un muro en Piedras Blancas, fue asesinado por un policía Walter Medina, liceal y poeta, militante de la Juventud Socialista.
El día 9 fue la despedida de la huelga entre multitudes. Mientras las tanquetas de la Región Militar Nº 1 enfilaban por Agraciada hacia el centro, Ruben Castillo leía un poema de Lorca: “A las cinco en punto”, la hora de largada. Cientos de personas se lanzaron a la calle por 18 de Julio y fueron brutalmente reprimidas por la Policía. La sede del diario El Popular fue asaltada por un comando y destruidas sus instalaciones. A la noche, el presidente del Frente Amplio, el general Seregni, sufría su primera detención bajo la dictadura, junto a Licandro y Zufriategui. Era la Operación Zorro.
La huelga general se levantó a las 0.00 del día jueves 12 de julio, tras una decisión adoptada por la dirección sindical en una reunión clandestina en IMPASA, no sin discusiones y sin unanimidades. Constituyó un ejemplo social único y una patriada obrera de 15 días contra el golpe de Estado que inició la resistencia de casi 12 años contra la dictadura cívico-militar en el Uruguay.
* Álvaro Rico es docente universitario y fue decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2256 / miércoles 01.07.2020
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4) EL FRENTE AMPLIO SE DEBILITA, LA RESISTENCIA SE FORTALECE
Por Jorge Notaro /La Diaria, 23 de junio de 2020
El Frente Amplio (FA) no marca claramente las diferencias con el gobierno, no confronta, sus mensajes son contradictorios y confusos, pierde identidad como proyecto político alternativo. La dirección no asumió su responsabilidad en la catástrofe electoral de octubre y no puede hacer otra cosa que repetir los errores. Agravando la situación, sus organismos de elaboración y decisión son ignorados una vez más por el doctor Tabaré Vázquez.
Al mismo tiempo, la resistencia al proyecto restaurador del gobierno de la coalición marrón creció desde las bases y se ha manifestado en la movilización de noviembre de 2019, en la creciente fortaleza del movimiento feminista, en la explosión de las ollas populares, en las actividades del 20 de mayo y en el acto del 4 de junio. Es un gran desafío para el FA canalizar este espíritu de lucha, lo que sólo será posible si cambia.
No olvidar de dónde venimos
Hace mucho tiempo que está encajonado el estatuto de creación del FA que establece en su primer artículo: “El Frente Amplio, fuerza política de cambio y justicia social, creación histórica permanente del pueblo uruguayo, de concepción nacional, progresista, democrática, popular, antioligárquica y antiimperialista, se integra por todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que adhieren a los principios y objetivos establecidos en la Declaración Constitutiva del 5 de febrero de 1971, en las Bases Programáticas y en el Acuerdo Político, conformando una organización con el carácter de coalición-movimiento y que se compromete al mantenimiento y defensa de la unidad, al respeto recíproco de la pluralidad ideológica y al acatamiento de las resoluciones tomadas por los organismos pertinentes según lo estipulado por el presente Estatuto”. (1)
Nadie cuestiona los aportes del general Liber Seregni, pero pocos los tienen en cuenta. Los compañeros de la publicación digital Qué Hacer nos recuerdan su pensamiento con la siguiente cita de su discurso en el primer Congreso del FA, en diciembre de 1971: “Lo que nuestro Frente se propone […] es la sustitución de las clases en el poder, desplazar del poder a la oligarquía y llevar al pueblo a gobernar”.
Los análisis y las propuestas políticas no son una biblia vigente al margen de los cambios en el proceso histórico. La vigencia del artículo 1º del estatuto, así como de la cita del general Seregni, se fundamentan en que las clases en el poder son las mismas, la oligarquía y el imperialismo siguen existiendo y por lo tanto el FA tiene sentido si mantiene los principios y los objetivos de su creación. El mundo y Uruguay han cambiado, el FA también tiene que cambiar, aprendiendo de los aciertos y de los errores propios y ajenos. Su programa, su organización, su estrategia y su táctica no pueden ser los mismos que en 1971, pero lo que no puede cambiar es su carácter antioligárquico y antiimperialista, así como el objetivo de desplazar a las clases dominantes, porque si los cambia pierde su identidad política y el sentido de su creación. El FA presenta un proceso similar al del Partido Colorado, en el que todos se dicen batllistas pero ninguno propone reformas como José Batlle y Ordoñez.
El artículo 1 del Estatuto no implica unanimidades, por el contrario, exige el respeto recíproco de la pluralidad de ideologías, lo que implica que el FA no tiene ideología. Los adherentes al FA pueden discrepar con algunas de sus resoluciones, los puntos de su programa o los criterios de organización; pero no pueden adherir si no comparten sus principios y sus objetivos, que desde 1971 fueron compatibles con una diversidad de ideologías que comprendía desde el Partido Demócrata Cristiano, construido sobre el humanismo cristiano, hasta el Movimiento de Liberación Nacional, un “movimiento político militar” representado por el Movimiento 26 de Marzo. (2)
Los programas de las organizaciones políticas dan respuesta a problemas, definidos como situaciones sobre las que se considera que es necesario y posible que el gobierno tome medidas para resolver. Pero los problemas no son los mismos para las diversas clases sociales, y por lo tanto su reconocimiento y las propuestas serán diferentes según los intereses de las clases que expresen, los sistemas de valores, los sistemas de ideas y la correlación de fuerzas políticas y sociales.
Los cambios en el mundo y en el país hacen que el programa del FA no siga incluyendo, como en 1971, la nacionalización de la banca y el no pago de la deuda externa, la reforma agraria y la estatización del comercio exterior. Cambian las propuestas pero no la función de un programa político, que es dejar bien claro a quiénes expresa y a quiénes no.
El programa del FA en 2019 no cumplió con esta condición, y los sectores populares, en particular los pequeños y medianos propietarios que trabajan en sus micros y pequeñas empresas, no se sintieron comprendidos. El programa es tecnocrático, porque no tiene una clara identificación de intereses de clase, presenta un detalle que no tiene interés político y es demagógico, porque propone aumentos del gasto y de la inversión pública sin explicitar su financiamiento.
El FA se fortalecerá como alternativa si se pronuncia con claridad en contra de las decisiones regresivas del gobierno y si las denuncia en forma sistemática.
Los actuales mensajes del FA son confusos y contradictorios. Después de hacer campaña electoral planteando una opción entre dos proyectos de país, es poco creíble que se pueda alcanzar un acuerdo nacional con el gobierno y su proyecto autoritario y liberalizador, expresión de intereses de las clases dominantes. El FA se fortalecerá como alternativa si se pronuncia con claridad en contra de las decisiones regresivas del gobierno y si las denuncia en forma sistemática. No contribuye a estos objetivos decir que las medidas del gobierno van en la dirección correcta pero son insuficientes; por el contrario, es necesario poner el énfasis en que las medidas del gobierno llevan al empobrecimiento y al hambre a una parte creciente de la población. Tampoco contribuye poner el énfasis en el carácter de urgente de la ley de urgente consideración (LUC), en primer lugar porque su contenido incluye propuestas conocidas y antagónicas con las del FA que no requieren nuevos y profundos estudios durante largo tiempo, y, segundo, porque pierden protagonismo los principales motivos para oponerse, que son sus contenidos.
El deterioro de la orgánica
Después de la catástrofe electoral de octubre de 2019, la dirección del FA podría hacerse cargo de su responsabilidad y renunciar dejando espacio para una renovación. Se tendría que haber elegido una dirección de transición que orientara la campaña de noviembre y organizara las elecciones de una nueva dirección. Si estas no se hubieran podido realizar por la pandemia, la dirección de transición hubiera sido sometida a evaluación para ratificarla o sustituirla. El presidente Javier Miranda y su equipo exceden sus atribuciones en los encuentros con el gobierno, contribuyen a desdibujar el proyecto político del FA, se sostienen por la pandemia que impide hacer nuevas elecciones y por la emergencia de nuevos liderazgos todavía sin consolidar.
Como resultado de las últimas elecciones, el Movimiento de Participación Popular, a pesar de perder votos y un senador, mantuvo la mayor bancada del FA y el liderazgo insustituible de José Mujica. Las figuras emergentes de Alejandro Sánchez en Montevideo y Yamandú Orsi en Canelones están muy lejos de contar con su carisma electoral.
La corriente socialdemócrata que expresaba el Frente Líber Seregni mantuvo, a pesar de su desaparición, los tres senadores, aunque con distinta composición. Mario Bergara surge como heredero del liderazgo de Danilo Astori y, como este, es el frenteamplista “responsable” preferido por el oligopolio de medios. En este espacio tal vez habría que sumar las dos bancas de la Vertiente Artiguista.
Por último, la corriente anticapitalista expresada en dos lemas no aumentó su representación. La alianza técnica “Unidad para los cambios” logró dos bancas en el Senado, duplicando la representación de la 1001 de la elección anterior, con el liderazgo emergente de Óscar Andrade y una renovada bancada de diputados. El Partido Socialista mantuvo un senador de los dos que tenía, pero con una orientación diferente a la de la elección anterior que permite sumarlo a este espacio. También Casa Grande, con el liderazgo de Constanza Moreira consolidado en el quinquenio, que se define como “socialista, ecologista y feminista”, forma parte de este espacio, pero perdió la banca en el Senado y tuvo una votación pobre (34.000 votos). Si Casa Grande hubiera acumulado con “Unidad para los cambios”, la 1001 hubiera logrado un tercer senador y la Vertiente Artiguista sólo uno.
Se puede tener la esperanza de que cuando las voces de Moreira, Andrade y Daniel Olesker resuenen más fuerte, el FA recuperará su identidad como proyecto político alternativo que convoque a los explotados y a los dominados.
Se sabe desde hace mucho tiempo, de cuando vetó los artículos de la ley que despenalizaba el aborto, que el doctor Vázquez se considera por encima de las decisiones del FA. El documento y su entrevista con Luis Lacalle Pou fue una nueva instancia de desconocer las decisiones orgánicas del FA. Si el FA definió propuestas sobre lo que consideró la mejor forma de enfrentar el coronavirus, así como sus impactos económicos y sociales, ¿qué sentido tiene otro documento? ¿Los órganos de elaboración y de decisión del FA se equivocaron tanto que es necesario que el doctor Vázquez corrija esos errores? Si el FA tiene sus representantes en las negociaciones con el gobierno, ¿qué papel tiene el doctor Vázquez? ¿Dejar en evidencia que Miranda y su equipo no son buenos representantes? Lacalle Pou capitalizó el encuentro con Vázquez declarando que son más las coincidencias que las diferencias, contribuyendo así a confundir y a desalentar las luchas. Sin embargo, la dirección del FA recibió el documento y lo difundió en su página web. La culpa no la tiene el chancho.
Eduardo Aparicio propone apoyar el programa de la Intersocial “[…] educando a lo largo de la acción política permanente desde la sociedad y el Parlamento, al pueblo, sobre la pertinencia y el alcance de medidas que conformen la propuesta alternativa, tales como la ampliación de la protección social en base a la insuficiencia demostrada por la actual en la crisis (quantum, condicionantes y duración del seguro de desempleo)” y la creación del mínimo vital permanente; para financiarlas propone “detracciones (a las actividades de alta rentabilidad y desempeño del agronegocio), el uso de una parte de las reservas, gravar mínimamente las colocaciones de dólares de depósitos de uruguayos en el exterior, incremento del impuesto al patrimonio, a la gran propiedad rural, revisión de algunas exenciones fiscales”. (3)
También Frei Betto, analizando la situación política de América Latina, subrayó la necesidad de la educación política, la organización y la movilización, conclusión que tiene total vigencia para la acción del FA. “Creo que cometimos algunos errores, el primero de los cuales es no haber hecho educación política, formación política del pueblo. Muchas veces confiamos más en los acuerdos con otros partidos que en asegurar la gobernabilidad con el pueblo organizado y movilizado”. (4)
La sociedad se mueve
En noviembre las bases del FA se movilizaron intensamente y lograron un repunte impresionante en la segunda vuelta. Este potencial militante tan poderoso, ¿por qué no se puso en marcha en octubre? Esta pregunta debería ser contestada en el análisis autocrítico, habría que preguntar a los militantes que lograron el aumento de la votación cómo y por qué lo hicieron, pero esa encuesta falta.
La movilización del 8 de marzo de 2020 convocada por la Coordinadora de Feminismos fue multitudinaria, alegre y combativa, subrayando: “Porque queremos cambiarlo todo, porque las calles son nuestras y las llenamos de lucha, de alegría y de goce”. En la proclama se convocó a la resistencia contra la avanzada fascista, patriarcal, misógina, racista y capitalista orquestada desde las alianzas militar, financiera y fundamentalista. Se criticó al modelo desarrollista y extractivista que “genera la expropiación y deterioro de espacios urbanos y rurales”. La Coordinadora da un ejemplo de inteligencia, logrando la convergencia para la acción sobre las propuestas compartidas, sin desconocer las diferencias que definen la identidad de cada colectivo que participa. Su actividad es permanente, visibilizando cada femicidio con movilizaciones que denuncian que “el heteropatriarcado racista en su versión neoliberal y fascista ha intensificado sus violencias sobre nosotres y nuestras tierras. Los abusos, los feminicidios, las desapariciones por trata y explotación sexual, la violencia policial se recrudecen mientras nuestra rabia aumenta”. (5)
Los impactos de la profundización de la recesión por las medidas para detener el avance del coronavirus fueron muy grandes en el nivel de empleo y la pérdida total de ingresos de los trabajadores que no accedieron al seguro de desempleo. El peligro de la extensión del hambre puso en marcha reservas éticas que se manifestaron en la multiplicación de las ollas populares, que según una estimación informada por Marcelo Abdala en el acto del 4 de junio del PIT-CNT, son más de 500.
Como señala Esteban Coitiño: “La solidaridad ha sido y es un elemento identitario de la clase trabajadora, porque está integrada en el día a día de la vida de las trabajadoras y los trabajadores. Los primeros sindicatos junto a sus organizaciones desarrollaban las imprentas, los teatros, las cajas de auxilio… ¿Y por qué se hacía esto? Porque era la forma de poder acceder a libros, a prensa con una visión desde la clase a la que se pertenece, a la cultura… ya que estaban excluidos de esas y otras actividades”. “Hay que seguir organizando la solidaridad, la olla popular, la canasta, lo que haga falta… acercarse a cada compañera y cada compañero a dar debate es lo esencial, porque en esta batalla se juega la conciencia de miles”. (6)
Las ollas, surgidas en las huelgas para canalizar la solidaridad con los trabajadores en lucha, se expandieron como experiencia barrial durante la crisis que empezó en 1999 y resurgieron en 2020, dejando de manifiesto que las medidas del gobierno generan hambre para una proporción creciente de la población.
Antes de la profundización de la crisis, los trabajadores sin cobertura de la seguridad social y por lo tanto sin derecho al seguro de desempleo eran algo más de 400.000, de los cuales 45% tenía bajo nivel educativo; no tenían cobertura 97% de los trabajadores por cuenta propia sin local (40.000 personas) ni 64% de los trabajadores por cuenta propia con local (200.000 personas). (7) Se suman 100.000 desempleados sin cobertura de la seguridad social, lo que da un total de 500.000 personas que en su gran mayoría perdieron todos los ingresos de su trabajo, aunque algunas familias conservan los ingresos de las transferencias públicas como la tarjeta Uruguay Social o las asignaciones familiares.
Se intentó desestimular las ollas populares en nombre del riesgo sanitario y sin valorar lo que implica políticamente la experiencia. Las ollas cumplieron con los requisitos, no contribuyeron a la circulación del virus sino a organizar a sectores populares, y tuvieron asignado un lugar en la movilización del 4 de junio.
Lorena Briozzo, militante del Proyecto Olla Oeste, que comprende varios barrios, espera que en el futuro “la olla sea una instancia de encuentro”. Asimismo, señaló que “la solidaridad organizada es una forma de expresión y una forma de ser de nosotros”. “No es salir a hacer asistencialismo, es inventar con el otro y también aprender”. (8)
Las ollas expresan los mejores valores de la izquierda, la solidaridad de los que tienen poco con los que no tienen nada, poniendo su tiempo y parte de sus escasos recursos para combatir el hambre. El pueblo despliega creativamente diversas formas de organización desde su base para dar respuesta a la crisis y practicando valores antagónicos con los de las clases dominantes, va construyendo futuro, “al pueblo lo salva el pueblo”. Son cimientos sobre los que se puede construir sólidamente un proyecto de cambios, que se derrumba si se sostiene principalmente sobre sillones, corredores y salones.
El 20 de mayo, la imposibilidad de manifestarse como en los años previos y la propuesta de recordar a los desaparecidos en cada lugar tuvo una respuesta multitudinaria con una participación creativa en todos los rincones del país, proyectando el mensaje hacia lugares y personas que nunca habían sido alcanzados. Desde las proyecciones en la pared de un edificio de apartamentos hasta los niños plantando margaritas, desde los frentes de las viviendas embanderados con la margarita hasta el “presente” que resonó fuerte y profundo. La convocatoria de Familiares tiene una respuesta unitaria en la que el objetivo compartido se impone a las diferencias sectoriales y es otro ejemplo de lo posible para la izquierda unida.
El 4 de junio, decenas de miles de militantes respondieron a la convocatoria del PIT-CNT, manifestando su decisión de luchar y ocupando un lugar en la calle, sin desconocer los protocolos para evitar la propagación del virus. Media hora fue suficiente para que Marcelo Abdala expusiera con rigor y contundencia el mensaje de la dirección del movimiento sindical.
Estas cinco manifestaciones tuvieron en común la iniciativa de las bases, su decisión de participar creativamente y luchar contra los intentos retrógrados del gobierno de las clases dominantes. Fueron mensajes claros y contundentes que no dejan espacio para pactos de cúpulas. Las organizaciones políticas del FA que tomen nota de los cambios que se procesan en la sociedad podrán canalizar esta fuerza militante y consolidar en la lucha una cultura superadora del individualismo y el consumismo que promueven las clases dominantes. Si no lo logran, el potencial transformador de estos militantes se perderá en la desilusión y la decepción.
Notas:
(1) www.frenteamplio.uy/documento/item/37-estatutos ↩
(2) Márquez Zacchino, S. 2010. Marenales. Diálogos con el dirigente histórico tupamaro. Argumento, Montevideo. ↩
(3) Aparicio, E. 2020 “Coletazos de la emergencia: UPM2 gana la escena, los deseos de acuerdo nacional”. Periódico Claridad Nº 34, junio. ↩
(4) Frei Betto. 2018. “Fallamos en la educación política del pueblo”. Caras y Caretas, 30 de noviembre. ↩
(5) www.facebook.com/coord.feminismos.uy/ ↩
(6) Resistencia, medio alternativo. 31 de marzo de 2020. ↩
(7) Notaro, J. 2019. Economía para militantes. Montevideo. ↩
(8) “Las ollas populares se multiplican en Montevideo para paliar las consecuencias del coronavirus en el empleo”. La diaria, 24 de marzo de 2020. ↩
*Jorge Notaro es economista /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2256 / miércoles 01.07.2020
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5) URUGUAY: LAS PERSONAS NO DEBERÍAN TENER QUE COMER EN OLLAS POPULARES
Martes, 23 Junio 2020 /Portal PIT- CNT
Este martes 23 se realizó un primer encuentro de ollas y merenderos de Montevideo para compartir experiencias de organización y establecer lazos que permitan potenciar el tejido social en clave de articulación con el movimiento sindical y con distintas organizaciones sociales. Allí coincidieron militantes sociales y sindicales, vecinos y vecinas notoriamente comprometidos con su barrio y con su gente.
Uno de los puntos centrales que se debatió y que generó posturas coincidentes, fue la necesidad de impulsar la creación de una renta transitoria de emergencia. Hubo críticas al modelo neoliberal y a la caridad que «baja» desde «ciertos limbos interesados».
El encuentro se realizó en la sede del sindicato de ANTEL (SUTEL) y según pudo saber el Portal del PIT-CNT, se prevé la realización de nuevas instancias de intercambio y reflexión en los próximos días, para profundizar los lazos organizativos y de integración.
En el encuentro se abordaron temas de urgente consideración para la población. No hubo cámaras ni flashes. Pero sí muchas ganas de hablar y de remarcar el compromiso histórico de las organizaciones sociales por tender puentes solidarios para desafiar la adversidad.
Según cifras que manejó la mesa del encuentro, en Montevideo y zonas cercanas, funcionan con regularidad unas 500 ollas que atienden al menos, a unas 130 personas por olla o merendero.
Pedro y Paola son integrantes de la coordinadora solidaria de Villa Española que nuclea a más de 20 ollas populares.
El mismo día que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Uruguay, comenzaron a trabajar en la organización de la olla de Camino Corrales y avenida José Pedro Varela.
Pedro dijo al Portal que en Villa Española hay mucha pobreza y muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Por eso comenzaron a organizar la olla el primer día de la crisis. Él calcula que son unos 180 niños y niñas, más unos 80 adultos que se alimentan diariamente en esa olla.
Paola entiende que es muy importante poder nuclear a las ollas para que se encuentren y puedan discutir por qué existe cada olla y «cuáles son las razones por las que esto ocurre». Para ella, hay que lograr mirar en perspectiva «más allá de resolver la urgencia de la comida del día a día».
Según su mirada, sería importante lograr la construcción de un movimiento de ollas y merenderos «que tenga voz propia y que pueda aportar como un actor más al movimiento popular, trabajando desde la diversidad de visiones, formas y lugares existentes». Paola cree que es imprescindible salir de la asistencia para pasar a un plano reivindicativo. «Que se haga cargo quien tiene que hacerse cargo, en este caso el gobierno, a través -por ejemplo- de la renta básica de emergencia y la asistencia de los insumos para las ollas, porque hay muchas que están trabajando en condiciones de precariedad, por lo que debe existir un apoyo concreto del gobierno, sin querer institucionalizar ese aporte para que no se pierda la esencia de la organización y el tejido social».
Desde su perspectiva, las ollas responden a la memoria colectiva de la solidaridad tradicional de las organizaciones sociales y por ello en tiempos de crisis surgen como una reacción «casi espontánea» y natural. «Para poder conjugar todas las fuerzas, es indispensable el trabajo territorial con las vecinas y vecinos, las intersociales territoriales y los zonales del PIT-CNT».
Rascá la cáscara
Paola está convencida que «las personas no deberían tener que ir a comer a una olla popular. «Hay una situación de pandemia que es real, pero también una situación económica y social que se tiene que atender, porque no es posible que las personas tengan que depender de las ollas solidarias sino que tienen que haber otras medidas que colaboren con los trabajadores y las trabajadoras».
Paola valoró positivamente «el aporte de los sindicatos del PIT- CNT que ha sido muy importante a través de donaciones, colaboraciones e insumos», así como también, destacó que la ONAJPU también haya sumado su aporte al mantenimiento de las ollas barriales. «Sin esos aportes, no habría posibilidad, porque las ollas solas no pueden, por eso es importante trabajar en conjunto», subrayó.
Una de las preocupaciones que se plantearon esta mañana refiere al marco jurídico en el que se encuentran las ollas populares. Para ello, se entiende pertinente dialogar con los municipios y el gobierno departamental, especialmente a partir de algunos «malos entendidos» que se produjeron a partir de algunas inspecciones a ollas populares. «Queremos saber de qué manera nos pueden apoyar el gobierno departamental y los gobiernos municipales y de qué manera podemos interactuar para fortalecer el trabajo social que están haciendo las vecinas y los vecinos en el barrio».
La realidad real
Según lo que percibe Paola en su barrio Villa Española, «el hambre tiene cara de mujer, de niño y niña, porque hay muchas mujeres que son jefas de familia y cuando se tienen que hacer cargo de los cuidados, es muy difícil salir a hacer el peso, en medio de la pandemia y sin tener con quién dejar a los chiquilines que están en la casa y no en la escuela. Pero el hambre también tiene cara de trabajador informal que se quedó desempleado, tiene cara de migrantes, la pobreza y el hambre tienen cara de trabajador y trabajadora que se encuentran en situación de vulnerabilidad».
Zonal Aguada
Viviana Núñez, dirigente nacional del SUTCRA y secretaria de organización del Zonal Aguada, explicó que el encuentro desarrollado en SUTEL sirvió para encontrarse y respaldar algunos planteamientos reivindicativos concretos como la renta básica de emergencia.
Núñez aseguró al Portal que, en términos generales, las propuestas que se consideraron en el encuentro de ollas y merenderos están incluidas en la plataforma de la Intersocial.
«Desde nuestra perspectiva de movimiento sindical, proponemos centrarnos en las coincidencias, por supuesto atendiendo los planteamientos que surgen del propio territorio. Porque estamos de acuerdo en que la gente no puede seguir comiendo en una olla y en que las personas deben tener los artículos básicos para cocinarse en sus casas».
Núñez compartió lo planteado por algunos representantes de ollas durante sus intervenciones, en relación a que «la derecha está operando con las necesidades de la gente».
Asimismo, también coincidió con Paola en que «el hambre tiene cara de niños, niñas, mujeres, migrantes, viejitos y personas con discapacidad, el hambre siempre golpea en los sectores más vulnerables, y también los varones con trabajos precarios», apuntó.
«En la Aguada tenemos una realidad similar a otros barrios y territorios. Pero otra cosa que nos impacta especialmente es que hay mucha gente durmiendo en la calle. En la Aguada hay mucha gente en situación de calle, es impresionante. En uno de los merenderos que tenemos como zonal, atendemos a unas 250 personas de las cuales 90 están en situación de calle, es terrible».
Próximos pasos
El conjunto de ollas y merenderos se movilizará a la Torre Ejecutiva el próximo 7 de julio, a las 13 horas, para entregar una carta al gobierno con planteamientos y necesidades.
Portal PIT – CNT
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 26 / Nº 2256 / miércoles 01.07.2020
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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