1) El rastro de sangre de las mineras canadienses en América Latina
2) Puerto Rico: errores agravan la crisis
3) El tiempo se detuvo para las víctimas del conflicto de Nepal
4) ¿Apuesta la UE por otro Gadafi?
–
COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 827/ Miércoles 5 de julio de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
–
“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
–
1) El rastro de sangre de las mineras canadienses en América Latina
(Desinformémonos)
La extracción de minerales por parte de poderes externos a la región es algo que siempre ha estado presente en América Latina. Hoy en día, un gran origen de explotación minera en la región son las mineras canadienses. Según un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay 22 proyectos mineros canadienses en América Latina que presentan graves impactos en el ambiente y vulneraciones de Derechos Humanos. ¿Dónde están?, ¿cuál es su impacto?, ¿a cambio de qué se llevan los recursos mineros?
Minería en América Latina
En América Latina existen muchos conflictos por la resistencia de las comunidades a modelos de minería que afectan el medio ambiente y vulneran los derechos humanos. La base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL) registra actualmente 219 conflictos activos debido a la minería, en 20 países de la región.
De estos, 39 están en Perú, 37 en Chile, 37 en México, 27 en Argentina y 20 en Brasil. En Perú, la Defensoría del Pueblo registraba, en septiembre de 2013, 107 conflictos sociales activos o latentes en el sector de la minería, de un total de 148 conflictos socioambientales. En todos esos países operan empresas mineras canadienses.
“En total tenemos registradas 91 empresas mineras canadienses vinculadas a conflictos mineros en América Latina. No tenemos el dato exacto sobre cuántas están vinculadas a conflictos activos pues ello es muy dinámico pero consideramos que al menos el 70 por ciento de los conflictos de nuestra base muestra algún grado de actividad”, dijo a Distintas Latitudes César Padilla, coordinador del OCMAL. De acuerdo con Padilla, además de Canadá, tienen fuerte presencia minera en la región empresas de China, Japón, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Mineras canadienses
La extracción minera es una actividad estratégica y de larga tradición en Canadá, e incluso al país se le considera “una potencia minera”. Un estudio elaborado por Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, titulado “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá”, aborda los casos de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, en donde se pudieron determinar las tendencias en el impacto de esas actividades y un patrón de violaciones de derechos humanos.
Esto resulta relevante al tener en cuenta el peso de la minería canadiense en la región. En el 2012, un 57% de las empresas mineras del mundo estaban registradas en la Bolsa de Toronto. De los 4322 proyectos llevados a cabo por esas empresas fuera de Canadá, 1.526 estaban en Latinoamérica. Los países de la región donde las empresas canadienses tienen más activos son México (20.000 millones de dólares) y Chile (19.000 millones de dólares).
Entre el 50 y el 70 por ciento de la actividad minera en América Latina está a cargo de empresas canadienses. En el 2012, operaban 67 empresas mineras canadienses en Argentina; 50 en Brasil; 55 en Chile; 39 en Colombia; 17 en Brasil; 201 en México y 89 en Perú.
Actualmente, las siete empresas mineras canadienses más importantes, en cuanto a los ingresos provenientes de la explotación minera en América Latina son Barrick Gold, Yamana Gold, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver y Gran Colombia Gold.
De acuerdo con el informe, Canadá, como país, debería asumir una mayor responsabilidad sobre el impacto de sus mineras en América Latina, teniendo en cuanto el respaldo financiero y político que el gobierno canadiense ha dado a sus empresas mineras a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional, del Export Development Canada y de sus Embajadas.
Esto no ha cambiado siquiera bajo la administración de Justin Trudeau, primer ministro que se ha hecho viral en redes sociales por sus visiones progresistas y pro refugiados. The New York Times se ha referido a esto como “el lodo de las mineras canadienses en América Latina”.
En Costa Rica, en 2010, se detuvo por un fallo judicial un proyecto minero de oro en el pueblo de Crucitas (norte del país). El abogado ambientalista, y ahora diputado izquierdista, Edgardo Araya, fue uno de los integrantes de la lucha contra este proyecto, también de origen canadiense, de la empresa Infinito Gold. Él asegura que las empresas canadienses tienen un comportamiento cuasi mafioso, y que el gobierno de ese país debería reponsabilizarse.
“La minería canadiense, según la experiencia que hemos tenido, es de las más despiadadas en ese sentido. En Costa Rica, Industrias Infinito nos dejó la experiencia de un comportamiento cuasi mafioso, de un manoseo de la institucionalidad de este país. Mostraron una cercanía política con el expresidente Óscar Arias, al punto que el ministro de Ambiente de ese gobierno fue juzgado por el delito de prevaricato, es decir, por emitir resoluciones contraria a la verdad”, dijo Araya a Distintas Latitudes.
“Si me quedó algo claro en toda la lucha contra la minería en Crucitas, fue que la embajada canadiense en Costa Rica se comportaba como un gerente más de la empresa minera, y hacía una defensa a ultranza de esa empresa. No me queda duda que el gobierno canadiense de ese momento tiene una corresponsabilidad en lo que que sucedió aquí en Costa Rica”, agregó.
Posterior a esto, en Costa Rica se prohibió la minería a cielo abierto. Recientemente, El Salvador fue un paso más allá y prohibió la minería metálica en el país. Para Araya, el gobierno de Canadá debe aceptar que la responsabilidad y definir mecanismos para que el Estado de ese país pueda dar apoyo a víctimas de las actividades mineras en América Latina.
Impacto
Tanto las empresas canadienses como el gobierno de Canadá tienen conocimiento del grave impacto ambiental de estas actividades. En los proyectos analizados por el Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina, los daños al ambiente tienen que ver con la contaminación del aire, las aguas y el suelo.
En seis de los casos se observa un patrón en el tipo de daño ambiental, producido principalmente a fuentes de agua. “En Argentina, en el proyecto Bajo de la Alumbrera, la contaminación afecta especialmente las aguas y es generada, entre otros factores, por la deficiente instalación del dique de colas en el origen de un cauce de agua, sin garantizar su impermeabilidad”, señala el informe.
“En Honduras, en el proyecto San Martín o Entre Mares, se ha denunciado la contaminación de las quebradas Agua Tibia y Guajiniquil por una grave infiltración del drenaje ácido en 2008. En junio de 2009 se realizó una nueva inspección con expertos en minas de la Universidad de Newcastle, encontrándose nueva evidencia documental de un grave evento de contaminación ocurrido en septiembre de 2008”, continúa.
Por otro lado, en Chile, en el proyecto Pascua Lama, se denunció la afectación de varios de los glaciares. En Panamá, el consorcio Minera Petaquilla S.A. taló 54.2 hectáreas de bosque primario, secundario y de galería y un estimado de ocho hectáreas adicionales de vegetación para la construcción de la carretera de acceso, de helipuertos, de campamentos y de la planta de procesamiento. En Guatemala, se ha determinado que en torno a las actividades de la Mina Marlin se ha causado una fuerte contaminación del agua.
Además, varios proyectos mineros a gran escala han generado la alteración de la organización social de las comunidades y de sus formas de vida, provocando desplazamientos forzados. Estos desplazamientos son característicos: son previstos y gestionados directamente por la empresa para lograr la efectividad del proyecto.
Un ejemplo es el desplazamiento de comunidades vecinas a la mina Entre Mares, en Honduras, donde se ha denunciado que la empresa concesionaria incitó y en algunos casos obligó a que se vendieran terrenos, argumentando que la ley les autorizaba expropiar las tierras o que el Estado pagaría menos por ellas.
“También, el desplazamiento de agricultores y ganaderos de sus lugares de residencia, por alteraciones medioambientales en la mina Bajo de la Alumbrera, Argentina, en donde los vecinos de la región se vieron obligados a abandonar sus lugares históricos de residencia por la mortandad de sus animales, el deterioro de sus fuentes de agua y el cercamiento de sus caminos”, señala el informe.
Asimismo, la presencia de mineras en la región ha contribuido a la criminalización de la protesta. También se han dado muertes violentas y heridas graves a opositores a los proyectos y trabajadores de las minas.
En el informe se señala que en diez de los proyectos estudiados se registró la muerte violenta de por lo menos 23 personas y 25 casos de lesiones graves. Estos casos siguen en la impunidad. Los diez casos corresponden a proyectos mineros en México, Colombia, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las consecuencias de las actividades mineras extranjeras en suelo latinoamericano son demasiadas: afectación de glaciares, tala de bosques, contaminación del agua, afectación la calidad de vida de las comunidades y su desplazamiento, influyen en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social. De todo orden: social, ambiental, económico. Más allá de tener un primer ministro progre como Trudeau, al igual que para Estados Unidos y Europa, Canadá ve en América Latina Latina un patio trasero donde hacer lo que en sus tierras no haría. Pero la contaminación, sea en el norte o en el sur, es contaminación de (y para) todos.
MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017 – COMCOSUR
_______
2) Puerto Rico: errores agravan la crisis
Jesús Dávila (NCM)
La negativa del Gobierno de Estados Unidos de auditar la deuda de Puerto Rico previo a cualquier transacción al respecto con Wall Street ahora se enfrenta con el obstáculo formidable de que la cifra de 72.000 millones de dólares surge de una lectura incorrecta del registro histórico de emisiones y no de la deuda vigente.
De hecho, una revisión detallada del documento, revela que se está haciendo pasar como si fuera deuda no pagada hasta los bonos emitidos a principios del siglo veinte para construir puentes, carreteras y vías de ferrocarril que ni siquiera existen ya.
La situación resulta muy compleja para corregirla y viene a sumarse a toda una serie de maniobras tácticas y cálculos sobre cómo estabilizar la colonia y recuperar credibilidad que, lejos de lograr objetivos, hasta ahora han provocado más quejas internas y más asuntos delicados a nivel internacional. El ambiente es de encono creciente entre los bandos y no de evaluación de las ideas que cada quien tiene ya como verdades.
Sin embargo, el problema del cómputo de cuánto es lo que de verdad adeuda Puerto Rico es fundamental, en particular porque eso se está usando para destruir instituciones y recursos que se habían estado acumulando durante más de un siglo.
Cada año, se hace público un informe sobre la deuda emitida por el Estado, que suma los bonos regulares emitidos por el gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, que en 2015 llegó a los ya referidos 72.000 millones de dólares. Ese informe no incluye los bonos especiales que no tienen servicio anual de deuda, que pasan de 35.000 millones de dólares, ni los compromisos de los sistemas de retiro que se convirtieron en deuda por la descapitalización de los fondos, con lo cual la deuda real sobrepasaría ya los 150.000 millones de dólares. El nuevo hallazgo es referente a esa base de 72.000 millones de dólares.
En el informe anual se indica la deuda regular de bonos emitida ese año y se le suma a la deuda emitida en años anteriores, pero no se indica lo que se ha pagado, sencillamente se añade. Así, por ejemplo, la deuda de la primera emisión de bonos autorizada para todo el territorio en 1906, de un millón de dólares y con la que se construyeron nueve puentes y los túneles del tren, todavía estaría incluida en el cálculo de los 72.000 millones.
Previo a esa emisión, ya para 1902, algunos municipios con suficientes recursos habían sido autorizados a emitir bonos individualmente, con los que se hicieron obras públicas menores y se pagó a los acreedores de otras deudas cuando las alcaldías no contaban con suficientes recursos provenientes de los impuestos. Todo eso formaría parte de lo que se tiene por deuda actual, como si Puerto Rico hubiese logrado mantener sus bonos en el aprecio máximo de Wall Street a pesar de nunca haber pagado un centavo.
También está incluido la emisión de dos millones de dólares autorizada en 1916, como preparación para la entrada de EEUU a la Primera Guerra Mundial. Para aquella, una denominada “Comisión Económica” fue la encargada de escoger los proyectos prioritarios. El caso es que año por año fueron apareciendo en el registro las emisiones, que para 1952 pasaban de 160 millones de dólares, de 1953 a 1968 más de 1.166 millones, de 1969 a 1984 casi 7.400 millones y en el 2005, la cifra acumulada se asomaba a los 40.000 millones. Con la crisis desatada en 2006, de ese momento al 2015, se sumaron 32.000 millones más a la deuda histórica emitida.
El único momento en el que quedó la huella de una reducción significativa de la deuda fue durante el período de la Gran Depresión y el inicio de la Segunda Guerra Mundial –de 1931 a 1943- cuando año tras año se emitía menos deuda y sólo se acumularon cinco millones de deuda nueva.
Así las cosas, el registro, magnífico como fuente para estudiar la historia de cómo EEUU financió la administración de la colonia, no dice nada sobre los miles y miles de millones de dólares que Puerto Rico fue pagando durante todo ese tiempo. Los reclamos para que se ordene una auditoría de la deuda no son atendidos por EEUU y, mientras tanto, la situación general se sigue deteriorando con rapidez.
En el frente interno, se multiplican los reclamos por la libertad para la estudiante Nina Droz, sobre quien se denuncia que lleva dos meses sin sus medicamentos en la cárcel federal y se le ha enviado con fiebre al calabozo. Otro caso complicado es que ahora se sabe que dos de los arrestados durante los disturbios del Primero de Mayo –Valeria Herrera y Carlos Farmer- estaban en el lugar como periodistas grabando un documental.
Es un ambiente en el que se hacen comunes las movilizaciones de las fuerzas antimotines sin haber confrontaciones, como el caso de la toma por parte de la Policía nacional de las oficinas de los periodistas en el propio Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, el pasado 30 de junio.
En el ámbito internacional, tampoco ayuda mucho las intensas entradas y salidas de aviones de la Base Aérea Muñiz, observadas desde que se incrementó la tensión en Venezuela, o la publicidad que se le dio a la reunión en Washington del Gobernador, Ricardo Rosselló, con la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, justo el día en que un helicóptero atacaba dos ministerios en Caracas.
En todo ese marco, la estrategia pública de EEUU sobre Puerto Rico busca restablecer la confianza en los mercados financieros y estabilizar la situación interna mediante el régimen de una junta de control, que suplantó ya la Legislatura y el Ejecutivo y decretó por su cuenta el nuevo presupuesto gubernamental. Se trata de un camino difícil, que ahora se enturbia más con el nuevo problema del registro de la deuda emitida durante más de un siglo.
MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017 – COMCOSUR
_______
3) El tiempo se detuvo para las víctimas del conflicto de Nepal
Marty Logan (IPS)
“La reconstrucción y la reconciliación requieren fondos y una estructura física, pero las familias de las víctimas del conflicto de Nepal, antes que nada, necesitan ver su integridad protegida”, escribió Suman Adhikari hace casi 11 años, durante un cese del fuego en medio de enfrentamientos con los rebeldes maoístas. “Las indemnizaciones físicas y económicas significan poco sin justicia”, subrayó.
El conflicto, que duró una década y terminó a fines de 2006, se cobró la vida de 17.000 personas, incluido el padre de Adhikari, maestro y director en el distrito de Lamjung. Él y sus colegas se negaron en enero de 2002 a entregar 25 por ciento de sus salarios cumplir al grupo insurgente. Y 10 días después, combatientes maoístas lo sacaron de la clase y lo arrastraron con los pies y las manos atadas hasta el bosque, donde lo apuñalaron en el estómago y le dispararon en la cabeza. Su cuerpo fue hallado atado a un árbol.
Poco después, Suman regresó a Katmandú, donde comenzó a tener contacto con otras víctimas del conflicto sobre sus propias experiencias traumáticas. También se reunieron con organizaciones de la sociedad civil y dirigentes políticos y crearon una organización y elaboraron una serie de demandas que hicieron llegar a las autoridades, lo que dio lugar al Acuerdo Integral de Paz.
En la actualidad, como presidente de la Plataforma Común de Víctimas del Conflicto, Suman se encuentra reclamando muchas de las mismas demandas de antes. Uno de los principales reclamos es que el gobierno otorgue una indemnización a las víctimas basada en sus necesidades. El Estado le pagó a la mayoría 500.000 rupias (unos 4.834 dólares) como asistencia al final del conflicto, pero Adhikari arguye que un pago único no puede reemplazar a muchos de los proveedores fallecidos. Muchas personas tienen problemas para conseguir trabajo para vivir y pagar los gastos de educación.
“Muchas víctimas no han podido continuar con sus vidas. Se sienten frustrados y sufren traumas psicológicos”, apuntó.
La sociedad funciona, por ejemplo, con la asunción en la última semana de junio del que fuera tres veces primer ministro durante el conflicto, reemplazando al líder maoísta Prachanda, pero las víctimas siguen olvidadas, observó Suman. “Todavía no han tenido la oportunidad de hablar como corresponde de su dolor, desde el corazón”, explicó.
Las víctimas tienen diferentes reclamos en lo que respecta a la “verdad”, reveló un estudio realizado por la oficina del Centro Internacional para una Justicia Transicional (ICTJ, en inglés) y el grupo de estudio Martin Chautari que, en base a entrevistas, señala que muchas personas necesitan un cierre y poner fin a sus pérdidas ambiguas.
“Nuestra gente regresara hoy o mañana. Miramos los caminos”, dijo una mujer en Bardiya, el distrito con el mayor número de desaparecidos durante el conflicto. El deseo de reconocimiento también es muy común, apuntó Aileen Thomson, directora de ICTJ Nepal, en diálogo con IPS. “Creen que las violaciones ocurrieron porque formaban parte de ciertas comunidades; muchas veces, las violaciones perpetradas por el Estado obedecieron a su supuesta vinculación con los maoístas, que en realidad tenía más que ver con su identidad, comunidad y lugar de residencia”, explicó.
Los sobrevivientes quieren que la sociedad sepa que sus familiares fueron víctimas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado, precisa el informe. Así como las demandas de las víctimas son diversas, la sociedad civil también tiene distintas ideas sobre qué debe lograr la justicia de transición, indicó Mandira Sharma, una de las fundadoras del no gubernamental Advocacy Forum, que presentó varias demandas en la justicia relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto.
Pero los debates teóricos se archivaron cuando se hizo evidente que los líderes de ambas partes enfrentadas aspiraban a que el proceso les permitiera eludir su procesamiento, añadió Sharma, quien actualmente realiza un doctorado sobre derechos humanos.
“Nos reunimos entonces con el primer ministro Girona Prasad Koirala y se mostró muy abierto y honesto. Y nos dijo: ‘Mira, el ejército me planteó sus preocupaciones, los maoístas me plantearon las suyas y les aseguré que no les pasaría nada. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo y debemos olvidar lo que pasó’”, relató.
Pero Forum Advocacy y otras organizaciones siguen presentando casos ante la justicia. Después de que las víctimas recibieron su indemnización, “podríamos haber cerrado el capítulo obligándolas a quedarse tranquilas, pero habría sido temporal. El profundo sentimiento de injusticia hubiera permanecido”, añadió Sharma.
“Eso hicimos en el pasado (utilizando comisiones tras los primeros logros políticos, como el retorno a la democracia en Nepal en 1990). Pero no ayudó a curar, no ayudó a mejorar el sistema de justicia, a corregir la sensación de que algunas personas están por encima de la ley. Y ese es un profundo sentimiento de injusticia en nuestro sistema. Consideramos que es algo que debíamos enmendar”, explicó.
Pero en la actualidad, la justicia de transición aparece casi como paralizada. El gobierno creó comisiones de verdad y desapariciones en 2014, pero la legislación recibió graves críticas en varios frentes. Luego la Corte Suprema emitió una disposición de amnistía por graves violaciones de derechos humanos. El abogado de derechos humanos Raju Chapagain señaló que es necesario reformar las leyes que rigen esos ámbitos, pero la comisión por la verdad podría avanzar hacia una justicia transicional, lo que también ayudaría a reducir el fuerte escepticismo que genera su propio trabajo.
“Nada les impide realizar averiguaciones sobre violaciones de derechos humanos. Las comisiones tienen potestades equivalentes a los tribunales y adecuadas en términos de investigación”, precisó. Al actuar, la comisión sortearía la “brecha de credibilidad”, arguyó Chapagain, pero hasta ahora no lo ha hecho, en parte porque no ha contactado a las víctimas.
La comisión de la verdad abrió sus oficinas en Pokhara, al oeste de Katmandú, esta primera semana de julio, uno de los siete centros regionales, pero Adhikari critica que se sigue negando a acercarse a las víctimas. “Las comisiones no son buenas, las designaciones son políticas, los comisionados son nuevos en esto: deberían por lo menos tener ganas de aprender y de colaborar, pero no nos escuchan”, se lamentó.
Traducido por Verónica Firme
MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017 – COMCOSUR
_______
4) ¿Apuesta la UE por otro Gadafi?
Falix Flores (La Vanguardia)
Un hombre de consenso, el político y académico libanés Ghasan Salame, acaba de asumir la representación de Naciones Unidas en Libia. La elección, votada el 20 de junio en el Consejo de Seguridad, no fue fácil. El hasta ahora enviado especial de la ONU, el alemán Martin Kobler, vio prolongado su mandato mientras se barajaban candidatos a una misión plagada de minas para cualquier diplomático.
Por Libia han pasado ya media docena de mediadores de la ONU en seis años; el penúltimo, el cuestionado Bernardino León, que acordó un empleo en los Emiratos Árabes Unidos (parte interesada en el conflicto) antes de concluir su periodo.
El momento es delicado. La negociación entre el gobierno de Trípoli, respaldado por la ONU, y el rebelde de Tobruk están bloqueadas. Este parlamento y gobierno paralelos en el este del país se sostienen sobre el mariscal Jalifa Hafter, un ambicioso señor de la guerra que se ha convertido en valedor de los intereses de Egipto y los Emiratos y, cada vez más, de los de Occidente. Europa no es ajena al hecho de que desde el territorio que controla Hafter no parte ninguna patera
La Unión Europea trata de validar un acuerdo con el frágil gobierno de Trípoli para frenar la marea migratoria que parte de las costas libias pero no es ajena al hecho de que desde el territorio que controla el mariscal no parte una sola patera… En cambio, en la costa oeste, que es la descontrolada zona del tráfico de migrantes, un grupo armado tiroteó y retuvo un convoy de la ONU varias horas el pasado 28 de junio.
Ghasan Salame ha sido aceptado –de momento– por las facciones libias, pero otra cosa será su capacidad de maniobra. La figura de Jalifa Hafter se refuerza con su conquista de instalaciones petroleras, la ayuda de Egipto –que bombardea a sus enemigos desde el aire– y el bloqueo de Arabia Saudí y los Emiratos a Qatar, que apoya a los islamistas del oeste enfrentados al mariscal, mientras éste y sus socios hacen listas acusándoles de terrorismo.
Salame fue ministro de Cultura en Líbano, consejero de la ONU en Irak y asesor de Kofi Annan y Ban Ki Mun. Ha sido director de investigación del CNRS y del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de París, y es miembro del Alto Consejo de la Francofonía. “Los libios veríamos a los occidentales como enemigos por haber traído a otro dictador y lo derrocaríamos”
Su hija, Lea Salame, es una figura de la televisión gala y, según Jeune Afrique, Emmanuel Macron y tres de sus consejeros fueron alumnos de Salame. La primera opción como mediador en Libia del secretario general de la ONU, António Guterres, era Salam Fayad, ex primer ministro de la Autoridad Palestina, pero fue vetado por EE.UU. ¿No será ahora Salame demasiado francés?
Macron ha reconocido que la intervención militar en Libia –cuyo gran promotor fue Nicolas Sarkozy– fue “un error” y el país es ahora una “prioridad” para Francia. Los enemigos de Hafter creen que París apuesta por el mariscal, sobre todo después de que ha reforzado acuerdos de seguridad con Egipto. Jean-Yves Le Drian, ministro de Exteriores, ha dicho que “la ruta migratoria del Mediterráneo Central es de nuevo la mayor y no tenemos interlocutores del estado libio”.
Hafter, según él, “es parte de la solución”. Otro tanto dicen en Italia. Primer país occidental en reabrir su embajada en Trípoli, Italia dará visados a los libios del territorio de Hafter, y lo ha anunciado coincidiendo con la conquista del último sector de Bengasi que se le resistía.
Pero, ¿está el mariscal dispuesto a una negociación de paz con el débil gobierno de Fayez el Sarraj –reconocido, sin embargo, internacionalmente– y las facciones de Misrata que ejercen de poder fáctico en Trípoli? “Lo dudo, ya que tiene el apoyo ilimitado de Egipto y los Emiratos y aspira a ser el nuevo Gadafi”, opina Mustafa el Sagezli, comandante miliciano en la revolución del 2011 y viceministro del Interior en el primer gobierno transitorio de Mahmud Yibril.
Hafter, exgadafista y desertor, amigo de la CIA y ahora del Kremlin, bloquea el acuerdo gestado por Martin Kobler en diciembre del 2015, para un gobierno de unidad. Mattia Toaldo, analista del European Council on Foreign Relations, explica que “Hafter no quiere un ministro de Defensa por encima de él, no quiere civiles. Seguirá diciendo que sin él no hay acuerdo, y entonces esperaremos diez o veinte años, hasta que se muera. O tendremos un acuerdo de paz que excluirá a mucha gente en el oeste de Libia. ¿Queremos un acuerdo que excluya al 60% de la población?”
Ni Toaldo ni El Sagezli creen que Hafter pueda ganar la guerra civil que dura desde el 2014, cuando el militar lanzó su Operación Dignidad contra las milicias islamistas, una guerra sucia en muchos aspectos, según refleja el último y amplio informe de la ONU, y en la que ha tenido su papel episódico el Estado Islámico, derrotado finalmente en Sirte y no precisamente por Hafter. Tampoco Rusia cree en una victoria del mariscal, a pesar de la recepción que le hizo en el portaviones Almirante Kuznetsov, que recaló en Tobruk de regreso de Siria en enero. Toaldo cree que la mera intención de Moscú es conservar los contratos petroleros que tenía con Gadafi.
En cuanto a EE.UU., Donald Trump no ha nombrado finalmente un enviado para Libia (se especuló con tres hombres de negocios ). “Su mensaje a Hafter –dice Toaldo– es: si quieres ser nuestro amigo, escucha a los egipcios y los emiratíes. Estos, conscientes de que no hay solución militar, apuestan por la diplomacia”, lo que recae en Salame.
Mustafa el Sagezli teme que todo desemboque en la solución Hafter. El Sagezli dirigió un programa de desmovilización de las milicias revolucionarias que acabó frustrado, y miles de hombres armados y sus amos han sumido al país en la violencia, el contrabando y el tráfico de seres humanos. “Occidente dice: ¡Oh, hemos cometido un error…! No, ustedes apoyaron al pueblo libio y no deberían lamentarlo. Si deben lamentar algo es no haber ayudado a reconstruir nuestro país. Cómo ayudar a Libia a salir de esta situación caótica no es trayendo un nuevo Gadafi –afirma–. Podría funcionar por un período corto, pero de nuevo los libios lo derrocarían y les veríamos a los occidentales como el enemigo por haberlo traído”.
Queda el Gadafi auténtico, el hijo, Saif al Islam, aparentemente liberado por la milicia que lo retenía (o protegía), y que se hallaría en alguna parte del país. “Hafter no le apoyará porque ambos compiten por gobernar Libia –dice El Sagezli–, y sólo hará la situación más caótica”. Saif al Islam, según sus abogados, iba a dar un mensaje a la nación al término del Ramadán. Aún no ha dicho nada .
MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017 – COMCOSUR
_______
“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
_______
POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______
—