1) Proponen reformar Ley de Acceso a la Información Pública
2) Jubilaciones militares cuestan cinco veces más que las del BPS
3) Producción de celulosa llegaría por vía férrea al puerto de Montevideo
4) Canadiense que compró Fripur terminó de pagar
5) Telares de la Abundancia: un nuevo nombre para una vieja estafa
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2105 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 18 de Noviembre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Proponen reformar Ley de Acceso a la Información Pública
Amanda Muñoz (La Diaria)
La Ley 18.381 de Derecho de Acceso a la Información Pública se aprobó en 2008. Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló ayer que si bien a nivel internacional “Uruguay puntúa muy bien, a la hora de la verdad hay problemas” y “hay desafíos enormes que no se han resuelto”. Así como él, organizaciones sociales y referentes de gobierno identificaron algunas de las principales debilidades: los plazos para dar la información, negativas injustificables, que no haya sanciones, que la ley no alcance a algunas instituciones privadas que manejan fondos públicos, entre otras.
Todo esto fue parte del seminario “Avances y mejoras necesarias a ocho años de vigencia de la Ley 18.381”, que organizaron el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), la Fundación Friedrich Ebert y la organización Open Society Justice Initiative.
“Ya nadie niega que la gente tiene derecho a pedir información sin explicar para qué la quiere”, explicó Lanza, mostrando la utilidad de la información de interés público para corregir errores del Estado o para despejar o detectar situaciones de corrupción. Con una mirada más internacional, Lanza señaló que hoy hay mayor presión por más transparencia; mencionó el protagonismo del periodismo en el caso de los Panama Papers y señaló que la falta de transparencia, la corrupción e “ilícitos que se cometen y se amparan en el derecho de la opacidad” terminan generando escepticismo y descreimiento de la democracia, algo que se ha observado en encuestas de las últimas semanas.
El alcance de la Ley 18.381 todavía es limitado: 26% de la ciudadanía no reconoce que tiene ese derecho y sólo 3% lo ha ejercido, mencionó Gabriel Delpiazzo, integrante del Consejo Directivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), que controla la implementación de la Ley 18.381.
Lanza mencionó que en el Ranking mundial de derecho de acceso a la información, publicado recientemente por el Centre for Law and Democracy (de Canadá), Uruguay aparece en el lugar 91 de 150. “Es un llamado de atención”, dijo. Ese índice mide el marco jurídico, e identificó debilidades de nuestra legislación. El estudio constató que el reconocimiento del derecho al acceso a la información pública es limitado, ya que no está incorporado a la Constitución de la República; identificó restricciones en el alcance, porque no está claro qué sujetos privados que cumplen función pública están obligados a dar información, y señaló que “los plazos de solicitud son excesivos” (son 20 días hábiles y hay una prórroga por otros 20, cuando la media a nivel mundial está en diez y diez). Por otra parte, la organización halló que las excepciones no están definidas.
Lanza recomendó “formar un sistema nacional de transparencia”, porque “no sólo la UAIP tiene obligaciones de monitorear y publicar transparencia, también la Junta Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral con el financiamiento de los partidos políticos”, y todo funciona en mundos separados, lamentó. Sugirió “fortalecer la posición e independencia del órgano garante”, la UAIP, porque “por más que la unidad ha hecho un gran trabajo”, es necesario tener una institucionalidad más sólida, porque depende de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), sometida a la órbita del Poder Ejecutivo. Lanza sugirió que el proceso de designación de los directores sea público, que tenga escrutinio de la sociedad civil y que los jerarcas sean votados por mayoría legislativa. Pidió que las resoluciones de la UAIP sean vinculantes, y explicó que eso reservaría la órbita judicial para casos emblemáticos, y no como ocurre hoy, que debe resolver todo. Aconsejó “establecer un régimen de sanciones claro y efectivo” y ampliar los sujetos obligados, puesto que en Uruguay hay sociedades anónimas en propiedad del Estado, hay organizaciones de la sociedad que ejecutan fondos públicos, y está todo el capítulo del financiamiento de los partidos políticos, enumeró. Reclamó, también, definir las excepciones para entregar información “y revisar el sistema de secretos, que en Uruguay sigue siendo un problema”. Ampliar la demanda y capacitar a los funcionarios sigue siendo un desafío, añadió.
Vereda de enfrente
Desde la sociedad civil, Fabrizio Scrollini, de DATA, y Tania da Rosa, de Cainfo, coincidieron con las recomendaciones del relator especial. Scrollini expresó lo insólito que es que pueda hacerle un pedido de información pública por correo electrónico a Nueva Zelanda y no a una institución uruguaya -que le responde que por esa vía (por email) no es posible hacerlo. Esas y otras acciones “frustran a los usuarios y a otros actores del sistema”, aseguró. Tanto él como Da Rosa lamentaron el bajo índice de transparencia activa de los organismos uruguayos, que, en promedio, publican 45% de la información que deberían.
Al igual que Lanza, Scrollini sugirió fortalecer la capacidad de los órganos garantes y hacer una designación de sus miembros, tener un sistema más claro de sanciones, más sujetos obligados a dar información, y habilitar el correo electrónico y algunas plataformas oficiales.
Da Rosa insistió en la necesidad de reformar la ley, porque “fue de avanzada en su momento, pero ahora está por debajo de los estándares internacionales y de la ley modelo”. También ella lamentó los plazos y el “abuso por falta de fundamentación”. Planteó “revisar algunas excepciones” para que se apliquen “cuando exista riesgo real de seguridad”. En cuanto a la confidencialidad, opinó que “el país se debe un debate respecto de algunas causales, como la cláusula contractual de confidencialidad, que es un cheque en blanco para clasificar información”. En cuanto a la institucionalidad de la UAIP, propuso crear un servicio descentralizado y que tenga el presupuesto adecuado. Mencionó, también, la posibilidad de reformar la Constitución.
Coincidencia
Delpiazzo saludó los avances de la ley: por el reconocimiento del derecho, por el procedimiento claro para pedir información, por crear un órgano garante y porque el proceso judicial es bueno. Valoró que ha crecido sostenidamente el incremento de solicitudes de acceso a la información (650 pedidos a la Intendencia de Montevideo en lo que va del año), así como la cantidad de personas que establecen diálogo entre la UAIP y los organismos; 80% de las instituciones cumplen con el informe anual que deben presentar a la UAIP.
Como debilidades, Delpiazzo identificó los obstáculos de los organismos al recibir pedidos, que no expliquen por qué niegan información y las “prórrogas innecesarias; eso de hacer entrar en cuarentena al ciudadano, cuando las prórrogas tienen que ser algo excepcional”. Mencionó los “errores en las clasificaciones” y relató que “ha sido una lucha permanente contra las clasificaciones genéricas; por más tedioso que pueda parecer, la ley dice que la clasificación de información se haga caso a caso, entonces las clasificaciones genéricas son ilegales”.
Identificó como desafío mejorar la ley, algo en lo que está trabajando el Consejo Consultivo de la UAIP. Pero más que en eso, insistió en “que se cumpla mejor lo que hoy tenemos” y que todos los organismos publiquen en sus páginas web la información solicitada, que se premie a los que trabajaron bien y queden en evidencia los que no lo hacen. Coincidió en la necesidad de aumentar los sujetos que obliga la ley y acotar el alcance de las excepciones y la cláusula de confidencialidad.
Expresó la necesidad de “buscar mecanismos para facilitar el acceso al proceso judicial”, porque “tiene sus costos, y no cualquier ciudadano puede estar dispuesto a hacerlo”. Transmitió una propuesta para que en los casos en que haya un “silencio positivo”, en el que las instituciones no responden si la información es reservada o no, “los costos de ese proceso estén a cargo de la administración que no cumplió con su obligación”.
Delpiazzo afirmó, además, que “a un organismo de control sin potestad de sanción le falta una pata”, y dijo que se está pensando en un régimen sancionatorio. Valoró, por último, que AGESIC está comprometida con el derecho a la información, pero se preguntó qué pasará cuando cambien las personas, y dijo que Uruguay se merece una discusión en torno a los órganos de contralor. Dijo, por ejemplo, que las observaciones del Tribunal de Cuentas no son vinculantes.
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2) Jubilaciones militares cuestan cinco veces más que las del BPS
(180.com)
En 2015, en promedio, un pasivo de la Caja Bancaria le costó al Estado 700 dólares en el año año, un jubilado del BPS 1.600, uno de la Caja Policial 3.500 y un retirado militar 8.100 dólares.
Este dato fue presentado por el equipo económico en la Comisión de Hacienda del Senado. Allí, la delegación encabezada por el subsecretario Pablo Ferreri planteó su diagnóstico respecto al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (SRPFFAA) más conocido como la Caja Militar.
Según la presentación del MEF, en los once años que van entre 2004 y 2015 el aumento en términos reales de la jubilación promedio de los militares fue casi nueve puntos superior a la de los jubilados por el BPS. Además, la jubilación promedio de la Caja Militar ronda los 25.000 pesos, cuando la del BPS está por debajo de los 15.000. El lunes, antes del Consejo de Ministros abierto en Santa Clara del Olimar, el presidente Tabaré Vázquez anunció que el gobierno piensa presentar en diciembre un proyecto de reforma de la Caja.
“La semana pasada entre muchas reuniones que tuve, tuve una con los ministerios de Economía y Trabajo a efectos de avanzar. Creo que en 15 o 20 días vamos a tener una propuesta para enviar al Parlamento. Atiende a un nivel de justicia y de necesidad que tiene el país de ver ese tema como se hizo con la Caja Policial, la Caja de Profesionales. Todo lo que está vinculado a la seguridad social tiene que estar en permanente control porque es una carga importante para la sociedad y hay que sacar de esa carga el mejor fruto posible para todos”, dijo el presidente.
Después de este anunció el MEF colgó en su web la presentación que hizo en la Comisión de Hacienda del Senado, la delegación la encabezó Ferreri. El aumento en la transferencia total desde Rentas Generales a la SRPFFAA, se duplicó en términos reales entre el año 2004 y el año 2015, transfiriéndose en el último año 12.869 millones de pesos, aproximadamente 400 millones de dólares. En términos de porcentaje del PIB pasó de 0,7% en 2004 a 0,9% en 2015 (esto se disparó a partir de 2012, hasta ese momento rondó el 0,7%).
El déficit creciente del SRPFFAA se explica por una relación activo/pasivo en deterioro. Los militares que se han pronunciado acusan al gobierno de ser el responsable del déficit por haber disminuido el personal de las Fuerzas Armadas como política deliberada. A eso hay que agregarle que las jubilaciones militares aumentaron en promedio 66,3% en términos reales entre 2004 y 2015 mientras que las del BPS aumentaron 57,7%; además la jubilación promedio de la Caja Militar supera los 25.000 pesos mientras que la del BPS no supera los 15.000. El monto promedio de los haberes de quienes se retiran obligados por edad en promedio a los 54 años para oficiales y jefes está en los 90.000 pesos y para los oficiales superiores, que se retiran en promedio a los 57, los haberes promedio llegan a los 120.000 pesos. Además, hay edades de retiro tempranas (en promedio, incluyendo voluntarias y obligatorias, a los 49 años).
También se señala que forma de cálculo del Haber Básico de Retiro y amplio régimen de servicios bonificados (la tasa de reemplazo -el porcentaje de su salario final que cobran en su jubilación- supera en casi todos los casos largamente el 100% y en algunos el 200%; para los jubilados por BPS la tasa de reemplazo mínima es de 45% y la máxima de 82,5% para lo que hay que retirarse con 70 años de edad y 50 de servicio).
El Ministerio de Economía plantea “asegurar la sostenibilidad financiera del SRPFFAA de forma consistente con las posibilidades fiscales del país, siguiendo criterios similares al resto de las reformas de seguridad social (Régimen General, Caja Bancaria, Caja Policial, Caja Profesional)”. Se propone además adecuar los requisitos de acceso a las prestaciones al resto del sistema de seguridad social, considerando las particularidades de la función militar.
Proyecto
La reforma espera disminuir en un 10% los aportes de Rentas Generales a la Caja con la recaudación de unos 40 millones de dólares el año que viene. Grava ingresos a partir de 50.100 pesosmensuales, mismo nivel que para aumentos de IRPF e IASS en el ajuste. Los resultados sobre la aplicación del proyecto de ley busca que los ingresos propios del SRPFFAA aumenten en un 58%. El 80% de los pasivos militares no estarán gravados por esta prestación, implicando que alrededor de 40.000 personas que no se verán afectadas. El 66% de la recaudación recaerá sobre quienes tienen pasividades mayores a 100.000 pesos mensuales.
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3) Producción de celulosa llegaría por vía férrea al puerto de Montevideo
Intendencia advierte: "profundas consecuencias" para trama urbana
Natalia Uval (La Diaria)
“Van quedando cada vez menos detalles por ajustar”, sostuvo ayer el presidente Tabaré Vázquez, en referencia a las conversaciones entre el gobierno y la empresa finlandesa UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa en Uruguay. Luego del Consejo de Ministros realizado en Santa Clara de Olimar, departamento de Treinta y Tres, Vázquez afirmó que las negociaciones con la pastera avanzan “más rápido” de lo que él pensaba, y ofreció el apoyo del gobierno nacional “a todos los departamentos que precisen ayuda, porque es una obra fundamental para el futuro del país”. Uno de los temas pendientes, acotó el presidente, es la conexión férrea entre los departamentos de Durazno y Montevideo.
Este es un punto conflictivo, que se está analizando en un grupo de trabajo integrado por representantes de la comuna capitalina, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE), según informó a la diaria el coordinador de gabinete de la Intendencia de Montevideo (IM), Ramón Méndez, y confirmó el titular del MTOP, Víctor Rossi. “Se estableció un equipo con técnicos de la intendencia, alguno del ministerio, en consulta con técnicos ferroviarios, para analizar el problema de los pasos a nivel”, explicó Rossi, y agregó que algo similar se va a hacer con la Intendencia de Canelones.
Dos opciones
Dijo que se tomará como base el trazado del ferrocarril existente, y que se reconstruirán las vías férreas con material de alto nivel de resistencia. En ese ámbito se analizan también los efectos que tendrá el aumento de la circulación de trenes en la trama urbana.
Se manejan dos opciones para la salida de la producción de UPM, en caso de que se instale la planta sobre el río Negro. Una, el puerto de Puntas de Sayago; la otra, el puerto de Montevideo, en una zona cercana al muelle C. El puerto de Capurro se descartó porque la Administración Nacional de Puertos (ANP) tiene proyectado instalar allí un puerto pesquero, y no hay profundidad suficiente, dijo a la diaria el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez.
Rossi no quiso opinar sobre qué opción sería la más conveniente y dijo que se está “lejos de esa discusión”. “Estamos analizando cuáles son las obras necesarias para que pueda instalarse UPM en Uruguay, evaluando las rutas que tenemos que arreglar, analizando las alternativas en el puerto de Montevideo. Estamos analizando también características técnicas y el costo de la vía férrea. En la historia de Uruguay nunca se hizo algo de estas características; tenemos que ser cuidadosos, prudentes”, alegó el ministro.
Problema de tiempo
La ANP, en tanto, tiene “gran interés” en que la carga de UPM salga por el puerto de Montevideo, si bien Domínguez acotó que puede no ser lo “ideal” en términos de circulación urbana. De todos modos, el vicepresidente de la ANP afirmó que si la carga de la pastera sale por el puerto esto puede servir a los planes estratégicos del organismo. Consideró, por otra parte, que el puerto de Montevideo es la opción más viable por una cuestión costos y de tiempos, porque es el único puerto del país que podría estar listo para sacar la carga a fines de 2019 o principios de 2020, como quiere UPM. “En Puntas de Sayago habría que hacer terribles inversiones en el puerto; no lo veo, teniendo en cuenta los tiempos”, estimó Domínguez. Dijo que desde el punto de vista de la trama urbana, sacar la producción por el puerto de Montevideo “no es lo ideal ni mucho menos: lo ideal es Puntas de Sayago”, pero que se trata de “un problema de tiempo”.
Cortando todo
En setiembre la IM elaboró un informe crítico sobre el impacto que tendría en la capital del país la infraestructura asociada a la llegada de la producción de UPM. El informe, al que accedió la diaria y cuyas conclusiones fueron publicadas en primera instancia por el semanario Búsqueda el jueves 10, hace un estudio comparativo sobre dos eventuales locaciones del puerto por el que UPM sacaría su producción: Capurro (el mismo trazado que llega al puerto de Montevideo) y Puntas de Sayago.
A juzgar por ese informe, la salida de la producción por el puerto de Montevideo afectaría “en forma importante la calidad paisajística de la ciudad y la compatibilidad ambiental” y determinaría una pérdida de conectividad urbana, ya que se cortaría la continuidad vial en grandes sectores. Además, el recorrido de las vías férreas para llegar al puerto interferiría “en forma importante en el tránsito urbano, por calles cortadas y pasos a desnivel en zonas urbanas, disminuyendo significativamente el nivel de servicio de las vías de tránsito”. Por lo tanto, el informe concluye que esta locación “se contrapone con el ordenamiento territorial definido en la normativa departamental”, “inviabiliza el Proyecto de la Cinta de Borde Capurro-Bella Vista” e “imposibilita la relación y acceso de la ciudadanía con un extenso sector de la bahía”. En este caso, además, la infraestructura a desarrollar, tanto terrestre como marítima, beneficia sólo a UPM.
Como contrapartida, esta locación supone un menor costo de inversión inicial, si bien luego el costo de mantener el dragado en ese punto será más alto.
Barreras
La salida de la producción por Puntas de Sayago no interfiere con el tránsito urbano, según señala el informe, y “actuará como barrera física contra la expansión urbana, ya que se localiza en el límite entre el suelo suburbano y el suelo rural”. Habrá menos trenes entrando a la trama urbana y se podrá hacer un mayor aprovechamiento de la infraestructura para operadores logísticos y el cluster naval. También constituye “una oportunidad para desarrollar el polo logístico de la ANP, descongestionando el recinto portuario de Montevideo”. El informe concluye que este trazado se ajusta a los principios rectores del Plan Estratégico MVD 2030 y a los lineamientos de ordenamiento de las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, porque supone un “sistema de movilidad eficiente y sustentable”, el “desplazamiento hacia áreas periféricas de las actividades que generan importante movimiento de carga, minimizando los conflictos con la ciudad, en particular en lo referente al acceso al puerto de Montevideo”, la generación de una barrera para evitar la expansión urbana hacia el suelo rural y la mejora del vínculo de grandes infraestructuras con la ciudad y el territorio.
La desventaja de esta locación es que la inversión tiene un costo mayor. En los dos casos habrá que construir pasos a desnivel -en el caso de Puntas de Sayago se requieren, además, tres puentes- y efectuar expropiaciones. Si el puerto se localiza en Capurro, deberá concretarse el realojo del asentamiento Cívicos.
En una nota firmada por el director del Departamento de Movilidad de la IM, Pablo Inthamoussu, que consta en el informe, se alerta sobre los impactos que implicaría la llegada de la producción de UPM a Capurro, que, se calcula, se haría en trenes de un largo aproximado de 500 metros, a velocidades de 60 kilómetros y con una frecuencia diaria de ocho trenes en cada sentido de circulación.
Profundas consecuencias
El informe concluye que habrá un incremento de 80% en la circulación por las vías férreas, que se construirán siguiendo el trazado actual. “Las configuraciones actuales de las intersecciones dominadas en una inmensa mayoría por cruces a nivel (95% aproximadamente) debería eliminarse, imponiendo la toma de decisión entre las dos opciones posibles: cierre de calles o cruces a desnivel”, indica Inthamoussu. Agrega que la opción de cierre de calles “significa una pérdida de los niveles de servicio de las vías afectadas y consiguientemente de la conectividad urbana de vastos sectores”, mientras que los cruces a desnivel, “que en ningún caso serían menos de seis en zona urbana”, si bien no impactan en los aspectos señalados, “suelen ocasionar otro tipo de impactos urbanos, territoriales, sociales y ambientales que deberán ser valorados por las áreas respectivas”. “Dar viabilidad a este modelo operacional significaría la consolidación de una brecha entre uno y otro lado de la trama urbana, de profundas consecuencias para la movilidad urbana y para la ciudad toda”, concluye el director del Departamento de Movilidad de la Intendencia capitalina.
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4) Canadiense que compró Fripur terminó de pagar
Empleará a 100 de los 960 ex trabajadores
(El Observador)
La compañía norteamericana depositó alrededor de US$ 13,5 millones
En diciembre del año pasado la Justicia adjudicó a la canadiense Cooke Aquaculture la venta en bloque de la pesquera Fripur. Ayer, la compañía norteamericana depositó alrededor de US$ 13,5 millones y así completó los cerca de US$ 17 millones que se había comprometido a pagar por los activos de la pesquera.
Ese paso permite que se pueda avanzar en la escrituración y en el reparto a los acreedores de Fripur, que podrán cobrar "parte" de los créditos, indicó a El Observador el abogado de la sindicatura, Francisco Cobas, quien destacó que se trata de la primera venta en bloque de envergadura en Uruguay. En concreto, los extrabajadores de Fripur cobrarían alrededor del 55% de lo que se les adeuda por concepto de créditos laborales, explicó el profesional.
De ahora en más
Ese pago acelerará el plan de negocios de la canadiense, indicó Cobas. Durante el primer año, el comprador de Fripur empleará a 100 personas, cifra que trepará a 350 de manera directa para el tercer año de operaciones. Fripur había solicitado concurso de acreedores en julio de 2014, y, poco más de un año después, en agosto de 2015, bajó cortina. Alrededor de 960 personas quedaron sin trabajo y con la incertidumbre de qué iba a pasar con su futuro.
Tiempo atrás, la cooperativa que se formó tras el cierre de la empresa por parte de un grupo de exempleados de la firma planteó su interés en que los canadienses le alquilen la planta de producción en el barrio de La Aguada, que Cooke Aquaculture no utilizaría, al menos en una primera etapa. Por el momento, la compañía norteamericana decidió no realizar comentarios acerca de cómo será su operación uruguaya.
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5) Un nuevo nombre para una vieja estafa
Otra forma de economizar el mundo
Sofía Sánchez (SdR)
Ante la poca capacidad de generar dinero de manera tradicional, una nueva alternativa económica se extiende cada vez más por Latinoamérica a través de la idea de la abundancia financiera comunitaria o como una gran estafa piramidal. Gestado bajo el nombre de Telar de Mujeres o Telares de la Abundancia, el sistema funciona a través de una asociación de personas unidas por la confianza. Tiene como fin cambiar la visión de escasez y comenzar a visualizar más la abundancia mediante un depósito económico que luego se multiplicará en una cifra mayor de la invertida. El crecimiento monetario solo se logra mediante el trabajo grupal y la adhesión de nuevas personas, con el propósito de obtener una mejor vida económica a través de valores de empoderamiento.
Este sistema visualizado como el gráfico de una flor o un mandala, propone invertir como única vez, sumas que van desde los 190 dólares a más de mil dólares -depende del mandala- para transformarlo luego en una ganancia de ocho veces más de lo invertido. Las sumas monetarias están delimitadas según las probabilidades y condiciones de inversión de los integrantes, como también la capacidad de atraer más personas que integren el esquema de inversión y permitan su funcionamiento.
Como alude su nombre, inicialmente el Telar de Mujeres estuvo pensado por y para féminas, no se permitían hombres así como tampoco abogadas u oficiales de gobierno. La viralización del sistema dio un giro al incluir a toda persona de cualquier sexo que se rija por los valores de buena voluntad y trabajo en equipo.
Cada flor está compuesta por quince personas divididas en cuatro niveles, nombrados cada uno como un elemento de la naturaleza: agua, tierra, aire y fuego. El centro de la flor o estado “agua” está ocupado por una persona y cuando se está en esa posición es que se recibe el regalo económico. El nivel anterior, que corresponde al estado “tierra” y está compuesto por dos personas, permite adoptar el rol de apoyo motivacional para que los cuatro integrantes del estado “aire” consigan ocho participantes. Los ocho “fuegos” que conforman el último estado tienen la tarea de avivar el fractal económico, con el depósito del dinero que se entrega al beneficiario central (en el estado “agua”, quien recibe ocho veces su inversión inicial, cuando estuvo en el lugar de fuego).
Una vez realizado el depósito, la persona del centro abandona la flor de la abundancia y permite que sus dos precedentes, en modo mitosis, formen cada uno una flor distinta en rol de centros o estado “agua”. Los que representaban “aire” pasan a ser “tierra” de las nuevas flores, y los “fuegos” pasan al estado “aire”, de manera que dejan ocho lugares en cada flor para ser integrados por nuevos fuegos que le dan vida al sistema de crecimiento económico.
La sustentabilidad de esta asociación se basa en la adhesión constante de personas para conformar los fractales o flores de manera extensible. Sobre esta sustentabilidad arraigada a una visión diferente del uso del dinero, la necesidad de confianza y la buena voluntad de cambio, el tramado impone como regla confiar en los otros, despojarse de la hegemonía que delimita la plata y pensar en un todo más que en la suma de las partes para abandonar la posición unitaria.
México y Perú fueron ya escenarios de estas estructuras económicas no formales que dejaron a muchos sin poder cobrar siquiera lo que habían invertido. Para entonces surgió un contradiscurso que tacha a este tipo de organización de gran estafa, que solo hipnotizan con la idea de multiplicar ganancias que nunca van a materializarse.
La Estafa Piramidal o Esquema Ponzi plantea un quiebre en el funcionamiento por necesitar siempre nuevos integrantes que realicen el depósito y permitan la conformación de los Telares de forma continua. Esta argumentación plantea que el acuerdo llega a un punto de quiebre, donde el beneficiado convence y engaña al resto de los participantes. La necesidad de extensión es infinita y continua. Siempre ha de necesitar personas nuevas que integren las flores pero también aquellas que fueron centro y recibieron el dinero, pueden volver a conformar otra flor de igual o mayor depósito de dinero. Las posibilidades de participar y la integración de los roles jamás se acaban si los propios involucrados quieren que prospere ese empoderamiento.
En Uruguay se ha hecho viral en los últimos meses y ha logrado la adhesión de integrantes de cualquier edad. Inclusive en el caso de no llegar al monto -por ejemplo, 190 dólares- existe la opción de asociarse entre dos o más para representar un pétalo de la flor y repartir luego las ganancias que se produzcan en la etapa final.
Para no perder fuerza, los fractales se han adherido a redes de comunicación que le permitan el incremento y la latencia de los valores. Grupos de Whatsapp que dan la bienvenida a la conformación de los telares, guían la distribución de las personas, alientan a conseguir nuevos integrantes y funcionan de referencia para hacer los depósitos de dinero por agencias de giros o bancos.
Para algunos, la idea tiene poca probabilidad de prosperar y deshacerse de las formas tradicionales económicas resulta imposible. Para otros, la base de confianza, la unión de fuerzas y la conciencia grupal permite nuevas formas de administrarse, eludir viejos sistemas y ser abundantes, lejos de la competencia entre unos y otros.
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