1) Felipe VI, caminito de Estoril
2) El discurso del Rey, un discurso para la guerra
3) El fracaso de Rajoy
4) España no se dirige a los Balcanes, camina hacia Turquía
5) Europa a la hora del desguace.
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COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 840/ Miércoles 4 de octubre de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Felipe VI, caminito de Estoril (*)
Juan Carlos Monedero (Público)
(*) Ciudad balnearia portuguesa donde vivieron su exilio Juan de Borbón y su familia, el regente húngaro Miklós Horthy, Humberto II de Italia, Carlos II de Rumania y el dictador cubano Fulgencio Batista.
Hace año y medio escribí que el Rey Felipe VI propiciaría un referéndum sobre Cataluña para “justificar su reinado”. Era lo inteligente y lo que le aconsejarían sus asesores. Un Rey a quien nadie ha votado necesita asentar su jefatura sobre algo que vaya un poco más allá de ser un Borbón, hijo de su padre y heredero en el siglo XXI de un puesto de trabajo fijo en la política -gracias, valga recordarlo, al golpe de estado de 1936-. Pero igual que Rosa Díez -cada día más vociferante- se pegó un tiro en el pie en su día ella solita renunciando a aliarse con Rivera, Felipe VI ha decidido echarse en brazos del partido más corrupto de Europa y responsable del desaguisado en el que estamos. Durante los días del asalto al Palacio de la Bastilla, Luis XVI, aburrido, escribió en su diario: “nada, nada, nada”. Un problema no pequeño de los reyes es que se terminan creyendo que son reyes. Y se olvidan de que la gente puede consentir con un reinado solamente si entiende que sirve para algo.
Le pasó a su padre, el Rey Emérito, a quien los españoles le regalaron la legitimidad democrática por parar un golpe, el del 23-F, que había salido de su entorno más cercano. Paradojas de la historia que le salvaron su reinado y le permitieron seguir haciendo un lucrativo trabajo de lobbista y, de paso, lo que le viniera en gana. A Juan Carlos I le nombró su sucesor como Rey el dictador Franco y lo sancionó la Ley para la Reforma Política, última ley franquista, que fue también la primera ley de la democracia. Su padre, Juan de Borbón, le entregó a regañadientes la legitimidad monárquica dos semanas antes de las elecciones de 1977. Y aparte de saberse de sus aventuras extra conyugales de vez en cuando, no había destacado por hacer algo más que borbonear. Pero los medios le presentaron como el que paró el golpe del 23-F y los españoles lo compraron. El diario El país hizo el resto.
El hijo necesitaba algo similar y la ocasión de oro estaba, cuarenta años después de la Constitución de 1978, en dirigir una reforma que zanjase la discusión territorial. Pero ha cometido un terrible error y no debe descartar que los españoles decidamos, como ocurrió en el siglo XIX con Isabel II y en el siglo XX con Alfonso XIII, prescindir de sus servicios e invitarle a buscar residencia fuera del Palacio de la Zarzuela.
Catalunya es una nación y si hay que repetirlo es porque España -mi nación a día de hoy y con la que quiero enfrentar los problemas globales del siglo XXI- está mal enseñada y mal aprendida. Lo sabían los constituyentes de 1978 y lo escribieron en el artículo 2 en los términos de la época (hablaron de nacionalidades porque había ruido de sables). Cada vez que los españoles hemos votado en libertad, ha emergido la condición plurinacional de España. La única manera de que no se rompa nuestra nación de naciones es o con una dictadura o con un acuerdo entre los diferentes territorios del estado. Cierto es que algunos han ladrado un “a por ellos”. Pero son minoría. Aunque ni ellos ni nosotros lo hayamos hecho saber.
Habíamos avanzado mucho con el Estatut, que cumplía con el mandato de la Constitución -el marco territorial sería acordado por el Parlament catalán, por el Parlamento español y por el pueblo de Catalunya en referéndum-, pero el PP rompió el acuerdo al ciscarse en los artículos 151 y 152 y entregarle la responsabilidad política al Tribunal Constitucional. Y no a cualquier Tribunal Constitucional, sino a uno presidido por un juez con carnet del PP. El callejón sin salida actual lo puso en marcha Rajoy cuando empezó a recoger firmas en la calle para frenar el Estatut que expresaba la voluntad constitucional. El PP llegó tarde a la democracia (a las libertades, a la Constitución, a las Autonomías, al divorcio, al aborto, al matrimonio homosexual, al derecho de huelga, a la libertad de expresión) y en cuanto nos descuidamos regresa a sus orígenes.
Este 3 de octubre el Rey Felipe VI ha perdido la oportunidad de hacer valer el artículo 56 de la Constitución que dice: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”. El Rey ha preferido ser un correveidile de las tesis de Rajoy, tesis que han logrado que además de los independentistas, estén en contra del PP en Catalunya también los no independentistas. El PP no obtiene en Catalunya ni el 8% de los votos y ha decidido convertir ese fracaso en la oportunidad de enfrentar a españoles con españoles. Ha sido Rajoy quien ha multiplicado el número de independentistas. ¿No debieran acusarle desde sus filas de traición a la patria?
Felipe VI hubiera necesitado coraje para enfrentar al gobierno de Rajoy y a la brutalidad de la represión del PP en Catalunya que tiene atónita a la Europa democrática. No se trata en absoluto de que hubiera abrazado el comportamiento de Puigdemont, claramente fuera de la Constitución, pero debiera haber entendido que el conflicto es político, no un asunto del código penal. Y él, sobre todo él, podría haber llamado al diálogo. Pero ha decidido enarbolar él mismo la porra en vez de visitar a las víctimas de la violencia de una guardia civil y una policía que, salvo algunos llenos de ira, hubiera deseado estar en otro sitio, por ejemplo deteniendo a corruptos. Tampoco le resultó fácil a su padre desmontar el golpe en el que había colaborado de una forma u otra, pero hizo balance, se tomó unas horas y asumió la decisión correcta. Y pudo reinar durante cuarenta años. Quizá recordado que su padre se pasó buena parte de su vida en Estoril. Felipe VI se ha puesto del lado del PP que enfrenta 800 cargos de corrupción y la queja de Europa por la brutalidad de la represión. Valiente árbitro.
La solución a los muchos problemas de España -el conflicto con Catalunya, pero también la corrupción, el desempleo, el vaciamiento de la hucha de las pensiones, la violencia en Murcia contra la población, la precariedad laboral, los desahucios, los recortes en sanidad y en educación, la emigración de nuestros jóvenes, los problemas de desertización ligados al cambio climático- pasa por acordar un nuevo contrato social. Es decir, por un proceso constituyente. Pasados cuarenta años de la última Constitución ¿quién quiere frenar que los españoles acordemos las bases de nuestra convivencia?
Los errores cometidos por el gobierno del PP en Catalunya nos obliga a todos los españoles a volver a discutir, con calma y fraternidad, las bases de nuestro contrato social. Los que no queremos ni que Catalunya se ponga de rodillas ni vea como única salida irse de España, convocamos a un proceso constituyente. Es la tan cacareada “segunda Transición”, ahora sí, pero que, pasadas cuatro décadas de la muerte de Franco, tiene que asumir no poco de primera ruptura. En especial con los nostálgicos del franquismo y sus métodos y para que no se nos rompa el país. Tampoco es tan complicado. Para Catalunya bastaría un nuevo acuerdo económico que no olvide la solidaridad, autogestión en cuestiones lingüísticas y culturales, reconocimiento constitucional de la identidad como nación, traspaso de competencias y compromiso con la gestión del Estado, y un compromiso federal auténtico que convierta en real que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional pueda estar en Barcelona. Y, por supuesto, que decidieran, en un referéndum pactado con el Estado y vinculante a ambas partes, su vinculación a España.
La discusión acerca de la monarquía no estaba en la agenda. Pero el comportamiento de Felipe VI ha vuelto a colocarla en el tablero. Decía Jaime Miquel que la España que emerge es plurinacional, y no entender esto coloca a Ciudadanos como mera muleta del PP, al PSOE como una veleta que oscila entre el bochorno y el patetismo, y al Rey Felipe VI caminito de Estoril. Nos corresponde a la ciudadanía asumir nuestras responsabilidades. Y la primera de todas es echar a todos los políticos responsables de habernos traído a este sindiós en lo que se ha convertido nuestra democracia. Han hecho mal su trabajo y hay que echarlos. Y Felipe VI, el rey inédito, ha decido echar su suerte al lado de los que nos sobran.
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 – COMCOSUR
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2) El discurso del Rey, un discurso para la guerra
Iñigo Sáenz de Ugarte (eldiario.es)
El rey toma partido y lo hace por la derecha en su discurso sobre el conflicto de Cataluña
La Zarzuela se ha unido a La Moncloa y Génova en la apuesta total y sin ambages por la mano dura contra la Generalitat en su aventura por la independencia. En una intervención sin precedentes en una monarquía parlamentaria en la que el rey no tiene poderes políticos –ni puede tenerlos en Europa en el siglo XXI– Felipe VI ha pronunciado un discurso durísimo sin espacio para dar ninguna opción al diálogo con los nacionalistas catalanes en lo que es en la práctica una declaración de guerra a la Generalitat que preside Carles Puigdemont.
Los que confiaban en un llamamiento al diálogo, por genérico que fuera, como forma de solucionar esta crisis tardaron sólo unos segundos en darse cuenta de que no habría tal cosa. El tercer párrafo del texto del discurso cortaba de raíz esa posibilidad: "Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado".
Lo que vino después iba en la misma línea. "Quebrantado los principios democráticos", "socavado la armonía y la convivencia", "menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad", "poner en riesgo la estabilidad económica y social de toda España".
El rey es el jefe del Estado y miembro de una dinastía que comenzó a gobernar en España a principios del siglo XVIII tras una guerra que tuvo su epílogo precisamente en Cataluña. Era obvio que Felipe VI estaba obligado a defender con pasión la unidad de España, y por ahí no hay ninguna sorpresa ni decepción. Pero el discurso fue también una apuesta política por una forma concreta de solucionar esta crisis que pasa de forma literal por las posiciones que han expresado el Partido Popular y Ciudadanos.
El rey toma partido y lo hace por la derecha. Sus palabras suponen una enmienda a la totalidad de las posiciones mantenidas por Podemos en esta crisis. En lo que se refiere a una posible negociación, son también un rechazo completo a la petición que hizo Pedro Sánchez a Mariano Rajoy para que dialogue de forma inmediata con Puigdemont.
Lo único que le faltó al monarca fue ordenar la aplicación del artículo 155, la detención de los dirigentes de la Generalitat y la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña. Quizá Rajoy se haya comprometido ya a hacer eso. Si no es así, el presidente del Gobierno ya sabe por dónde respira la monarquía. Los independentistas caminan hacia la independencia a través de una insurrección política y en la calle. Tenían que contar con esta respuesta y pensarán que les favorece. Habrá que suponer que redoblarán su apuesta en la calle.
Aquellos que creen que policías, fiscales y jueces no pueden solucionar por sí solos problemas políticos graves, o los que estiman que repetir que la ley hay que cumplirla no sirve de mucho si la legitimidad del sistema político está cuestionada, deben saber que hoy el rey les ha repudiado. Su apoyo a la monarquía, o su tolerancia a la presencia de un rey en la jefatura del Estado, se ve sometido desde hoy a una prueba difícil de aceptar.
La confrontación en el conflicto catalán está asegurada y sería estúpido pretender que vaya a limitarse al campo institucional o a los tribunales. Estamos dando pasos hacia un horizonte que nunca pensamos que llegaría. Las escenas violentas que se vieron el domingo no serán las últimas. Cuando se utiliza un lenguaje de guerra, nadie debe sorprenderse de que tenga consecuencias.
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 – COMCOSUR
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3) El fracaso de Rajoy
Antonio Antón (Rebelión)
El 1-O ha mostrado dos resultados básicos: el carácter autoritario del Gobierno del PP, con su apuesta represiva, y una gran movilización democrática y pacífica de la ciudadanía catalana. El Gobierno de Rajoy, inmovilista y reaccionario, ha fracasado estrepitosamente. Su estrategia impositiva de restricción de derechos democráticos de la sociedad catalana, ha perdido legitimidad ante la opinión pública de Catalunya, España y el mundo entero. La credibilidad democrática de la derecha española ha quedado en entredicho. Su relato, centrado en la aplicación de la legalidad, ha sido insuficiente y contraproducente.
Su justificación maniquea y sectaria de un ‘nosotros’ (la élite gubernamental y sus aliados ‘constitucionalistas’) que defienden el Estado de derecho, la convivencia y la racionalidad frente a un ‘ellos’ (los ‘secesionistas’ catalanes y el resto de soberanistas) antidemócratas, divisionistas e irracionales (pasionales) no ha cuajado. Su idea de ‘empate catastrófico’ pretendía explicar la necesidad del desempate marginando a los supuestamente populistas que querrían destruir el Estado y España. Pero, ante la evidencia de la doble actitud en el conflicto, una dirección política represiva y una ciudadanía democrática y pacífica que quería votar, toda su retórica ha quedado desacreditada y su estrategia política desnuda con su autoritarismo inconfesable.
Pero, además, desde el punto de vista fáctico, el Ejecutivo de Rajoy ha mostrado su incapacidad para impedir la libre expresión de millones de personas y su reafirmación en la defensa de su autogobierno. Desde el punto de vista político, de las relaciones de poder, ya que los criterios éticos y democráticos le resbalan, es la mayor crítica que diferentes sectores mediáticos, socioeconómicos e institucionales pueden constatar: su gestión ineficaz para garantizar sus objetivos de neutralizar el proceso del Govern hacia la independencia. No ha sabido y no ha podido, con todos los mecanismos jurídicos, policiales, económicos y administrativos del Estado, impedir la masiva marea democrática y participativa en torno a la consulta planteada. Ellos mismos lo reconocen a medias: les ha desbordado la situación. Les ha cegado su prepotencia reaccionaria y su infravaloración de la masividad y firmeza de la cultura democrática, cívica y soberanista existente en el pueblo catalán.
Además, ante semejante incapacidad y torpeza, socios europeos ya han mostrado su inquietud ante esta ‘inesperada’ crisis de Estado en el panorama de una UE frágil en su articulación institucional, con el trauma del brexit y el ascenso de dinámicas nacionalistas autoritarias y xenófobas en distintos países.
Sus primeras reacciones son ‘sostenella y no enmendalla’: su empecinamiento en una estrategia errónea, divisionista y antidemocrática. No les proporciona margen para la autocrítica o la rectificación. Para su regeneración democrática necesitan, al menos, salir del poder y pasar a la oposición. La ausencia de auténtico diálogo político anuncia una escalada de la tensión. Su opción, perfeccionar su estrategia autoritaria y su control efectivo de la Generalitat: intervenir y/o anular instituciones catalanas, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Se trata, de la inhabilitación y judicialización de sus principales dirigentes, y la toma de control ejecutivo (incluido la dirección de los Mossos de escuadra y los medios de comunicación públicos -TV3-), por un periodo indeterminado hasta la convocatoria de otras elecciones autonómicas con garantías para ellos de una representación minoritaria de las fuerzas independentistas; es decir, sin una salida clara al conflicto.
El plan puede ser de ejecución inmediata o diferida, a tenor de la apuesta independentista real y más allá de la simple declaración unilateral del Parlament que están calculando. Es un paso arriesgado para las dos partes y quizá se produzca una fase transitoria de tanteos junto con alguna gestión mediadora para (ambos) ganar tiempo y mejorar las posiciones respectivas de fuerza y legitimidad. Por tanto, es realista el escepticismo con el que el Govern valora los resultados efectivos de un diálogo (con mediadores internacionales). E, igualmente, para las derechas españolas, que mantienen su rigidez ‘uninacional’ y cuidan su supremacía institucional.
La dinámica de conflicto de fondo solo se va a poder encauzar con un Gobierno de progreso en España, con un claro perfil social y democrático y respetuoso de la plurinacionalidad. Y ahí, la responsabilidad de la dirección socialista es clave. Es un reto para el nuevo PSOE de Pedro Sánchez ante dos opciones: apoyar la gestión gubernamental del PP (y Ciudadanos), su continuismo autoritario, ofreciéndole estabilidad; o apostar, junto con las fuerzas del cambio y nacionalistas una profunda reforma constitucional que culmine en un referéndum estatal. Y, al mismo tiempo, un acuerdo sobre un referéndum con garantías en Catalunya que satisfaga el deseo mayoritario (hasta el 80%) de decidir su estatus relacional y su futuro. Una consulta con mayorías reforzadas que incluya un marco de relación, así como la posibilidad de independencia, dada la representatividad de ese sector, y aunque muchos prefiramos su permanencia en una España mejor, más justa y solidaria.
El planteamiento del PP es cortoplacista y corporativo de sus propios intereses de partido. Frente a su retórica vacía no piensan en la sociedad española. Tampoco en España y el Estado, ni tienen un proyecto de país (de países). Piensan (erróneamente) que aunque electoralmente pierdan Catalunya, con su nacionalismo ‘españolista’ conservador ganan España, con la absorción de Ciudadanos, la subordinación del PSOE y la marginación de las fuerzas del cambio. Toda una estrategia reaccionaria de dudosa eficacia y menor legitimidad.
Desprecian la fractura social generada en ambos ámbitos y entre ellos, mientras ocupen el poder estatal. Es más, se pueden encontrar cómodos en una dinámica prolongada de conflicto ‘nacional’ que facilite su hegemonía electoral, chantajee al Partido socialista y dificulte el avance de Unidos Podemos y sus aliados con una opción de progreso en lo social y solidaria en la gestión de la plurinacionalidad. Han anulado su ya escaso margen para tener un papel relevante en una solución política negociada. A su gestión regresiva de la política socioeconómica y sus responsabilidades en la corrupción política, se añade ahora claramente su autoritarismo político.
Los límites del independentismo
En el otro campo, en Catalunya, hay que diferenciar dos procesos paralelos y entremezclados. Ya he señalado el ejemplar, masivo y democrático comportamiento de gran parte de la ciudadanía catalana, en torno a su deseo de participar en el rechazo a los planes gubernamentales y sus medidas represivas e independientemente del sentido de su voto o de no votar. En el 1-O ha confluido la posición de avanzar en la dinámica independentista junto con la reafirmación soberanista y democrática, ésta acentuada por combatir a Rajoy y sus medidas.
Según distintas encuestas, la primera tendencia cuenta con alrededor del 45% de la población catalana y la segunda llega hasta el 80%, es decir, existe en torno a un 35% soberanista no independentista. Esto es importante para valorar el siguiente paso y sus riesgos: la apropiación del Govern de las dos corrientes y legitimidades para apostar por la hoja de ruta independentista. Convertir una amplia alianza democrática en un compromiso específico independentista es un error ventajista que conlleva una instrumentalización de esa parte y, específicamente, de su representación política en torno a Els Comuns de Xavier Domènech y Ada Colau.
La cuestión es importante por los límites del proceso independentista y la articulación de la pluralidad en la sociedad catalana (y en España). O sea, tiene implicaciones estratégicas y de valores (inclusivos y de fraternidad). El Govern y el bloque independentista han demostrado su ampliación (desde el 25% en el año 2010 al 45% actual). Pero, aparte de un sector nacionalista radical, el incremento independentista en esta década se ha producido sobre la base de la existencia de una amplia corriente nacionalista (moderada y representada por CIU) que se ha desplazado hacia el independentismo. Ello en el contexto de frustración ciudadana por el recorte del Estatut, a iniciativa del PP, al mismo tiempo que por la gestión neoliberal y regresiva de la crisis económica por parte del Govern, compartida por la estrategia de austeridad promovida por su familia liberal conservadora europea (y socialdemócrata). En ese sentido, las élites de la derecha independentista han sabido eludir sus responsabilidades regresivas y trasladarlas hacia un ‘enemigo’ externo: España. Y ante la pasividad crítica de la izquierda independentista.
Por tanto, independentismo o República catalana, con la actual hegemonía de la burguesía neoliberal catalana y una gestión económica del PDeCAT no es sinónimo de mejora social para las clases trabajadoras, especialmente de Barcelona y su cinturón metropolitano que, como se sabe tienen un mayor origen emigrante del resto de España, muchos son castellano hablantes y con un estatus socioeconómico menor. Sus sectores progresistas y de izquierda son, en gran medida, la base social de Catalunya en Comú y Podem, incluso del PSC, con lazos culturales e identitarios con el resto de España y reticentes al nacionalismo independentista.
Significa que el bloque independentista tiene dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya por dos tipos de razones. Uno de carácter democrático, derivado de los déficits democráticos de la consulta realizada, especialmente por interpelar, casi solo, al sector independentista cuando la mitad, al menos, de la sociedad catalana no lo es; no era propiamente un referéndum con garantías para la expresión de la diversidad de posiciones existente, por lo que no tenía validez política, jurídica y democrática para decidir sobre esa opción. Pero, sobre todo, no reflejaba una igualdad entre las distintas opciones ni una actitud inclusiva e integradora de la diversidad nacional realmente existente en Catalunya.
Otro tipo de motivos son de carácter fáctico: los límites de su ‘contrapoder’ institucional (o popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y económicos, así como la falta de reconocimiento internacional. Los dirigentes independentistas se han esforzado mucho en reafirmar su ‘soberanía’ práctica, no solo su legitimidad sino su fuerza, su poder, para realizar el referéndum. Era central para dar cobertura a la Declaración de independencia, es decir, demostrar que podían contrapesar el poder del contrario y desbordarlo (desobediencia, imposición, implantación…). Han salido airosos en algunos aspectos clave: ha habido colegios abiertos, urnas, papeletas y recuento. Pero sobre todo, ha habido gente valiente y decidida a votar y participar en esta pugna con el Gobierno de Rajoy y las medidas represivas y judiciales. Evidentemente, no ha sido un referéndum legal y válido en términos jurídicos (contraviene la convención de Venecia), pero constituye una gran movilización política que el Govern se apresta a utilizar para legitimar su próximo paso independentista.
El pulso de legitimidades y de poder, aun con forcejeos discursivos y de diálogos contemporizadores, se va a reproducir en un peldaño superior de confrontación. Y ahí, el refuerzo de una tercera posición autónoma, con un fuerte contenido social, democrático y solidario es clave para construir un país plurinacional más justo. Es el reto de Els Comuns y el conjunto de las fuerzas del cambio.
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Antonio Antón. Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 – COMCOSUR
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4) España no se dirige a los Balcanes, camina hacia Turquía
Daniel Bernabé (La Marea)
Si las crisis políticas tienen algo bueno es que la ironía como escapismo para enfrentar los conflictos cotidianos queda reducida a la intrascendencia. Si tienen algo malo es que la suma de acontecimientos en un espacio de tiempo muy pequeño apenas deja tiempo para asumirlos, pasando como comida mal digerida que apenas deja nutrientes en el organismo.
Hace una semana el Referéndum parecía, según el Gobierno central, finiquitado. Los sucesivos golpes a la infraestructura técnica más el abrumador despliegue policial anticipaban un 1 de octubre que quedaría como el final de las ansias independentistas y como el principio de la vuelta a los cauces previstos. El pasado martes 26 de septiembre, de hecho, Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT en el Congreso, hizo el siguiente comentario: “La declaración unilateral de independencia en estos momentos está absolutamente descartada, lo que hay que dejar es que la gente vote y en función de lo que vote, escuchar y empezar a dialogar”. La expresión estupefacta de Anna Gabriel, enterándose de las declaraciones en un programa de televisión, lo dijo todo.
Este pequeño episodio, lejanísimo, al que ya nadie da importancia, explica en buena medida en qué ha consistido todo el Procés en términos políticos institucionales. El PDeCAT solo ha creído en las acciones para lograr la independencia como gestos, como una representación que afianzara su poder en Cataluña y a la par les diera capacidad para forzar unas negociaciones que superaran la senda del malogrado Estatut.
El problema es que cada representación desde su lado ha sido contestada desde el contrario con otro gesto que les ha impedido frenar y, lo que es más importante, que ha dado impulso a una parte de la sociedad catalana que ha sobrepasado a los de Puigdemont de largo. Además, ya hay otro factor, y con ese ya nos referimos a la formación del último Gobierno del PP, que descuadra la ecuación de las representaciones: el Régimen ya no desea negociar ni solucionar ningún problema, desea eliminarlo e imponerse.
Que el Régimen del 78 está muerto se dice desde los círculos de la izquierda —cada vez menos y con menos convicción— pero también desde los de la derecha, salvo que estos lo hacen allí donde no hay cámaras ni micrófonos. Cataluña es vista como el 23-F de Felipe VI, como la oportunidad para cimentar un reinado que, todo Borbón sabe, siempre es de prestado hasta que un acontecimiento traumático hace necesaria su presencia. Para los conservadores más inteligentes derrotar al independentismo es derrotar al problema nacional, pero también a la idea constituyente de república, al cambio que amenazó, más de lo que creemos, su orden de cosas.
Ayer, el rey tenía tres posibilidades en su discurso. La primera, la de hacer un llamamiento al diálogo, algo que le hubiera salvado la cara delante de todos aún siendo una declaración meramente testimonial. La segunda, la de dar un toque al Gobierno, poco probable en nuestro país pero no tan descabellada si se piensa en la atención internacional y las llamadas de Merkel a Rajoy o los titulares de la prensa conservadora europea y norteamericana. La tercera, la elegida, fue la de la confrontación abierta, que más que unir su destino al del Gobierno lo que hace es mostrar que esto ya no es una cuestión tan solo del PP, sino una decisión para matar al 78 haciendo que perviva su esencia del 39.
Y, siendo realistas, todo parece a su favor. La lectura es que da igual tener un conflicto grave en Cataluña mientras que se mantenga dentro de unos límites que no requieran la intervención militar y que, sostenido en el tiempo, valga para atrapar el discurso político únicamente en el eje, más que nacional, patriotero. Aunque la economía española ha crecido de forma leve, sin que esto haya valido para mejorar la situación social de las capas populares, la amenaza de un cambio en la política del BCE en la compra de deuda reduciría al mínimo la posibilidad de supervivencia del Gobierno. A no ser que los votantes cambiaran la indignación por el ardor rojigualdo.
El principal problema para España, en estos momentos, no es su balcanización, sino su asimilación turca. Por un lado tenemos un juego político reducido a la grosería permanente, donde ya no hay espacio para el desarrollo de ideas complejas a largo plazo ni para un debate de fondo. Nos remitimos a la constante, reaccionaria y peligrosa insistencia en equiparar democracia y legalidad de tan el gusto, por ejemplo, de Ciudadanos. Pasamos de que la idea de legalidad sea la garante de la democracia, a que una legalidad en concreto sea la única forma de democracia posible, reduciendo por tanto el ejercicio político a una fosilización de intereses de clase con apariencia de normas.
La represión en la jornada del Referéndum, aún brutal, no es inédita en este país. Como no lo son las acciones parapoliciales que, uniformados sin uniforme, perpetraron en Calella. La imagen de una policía hooliganizada gritando consignas en la recepción de los hoteles o aplaudiendo a un Albiol de tono dramático que les decía que estaban allí para proteger a los “catalanes de bien” ha pasado de ser algo que se presentaría casi como primicia periodística para el oprobio de la fuerza pública a una noticia celebrada con orgullo en las tertulias. Y este es el otro pie fundamental del erdoganismo españolista, tras palos y leyes mordaza, unos medios que han perdido por completo cualquier interés en fingir rigor y ya pelean solo por ver cuál se muestra más lacayuno y aplicado. Nunca el poder podrá agradecer suficiente a sus periodistas la labor desempeñada.
La cuestión, en una situación tan oscura, es que el remake del 23-F se puede transformar rápidamente en un 1898 con su desastre de Cuba. Mientras que en 1981 el miedo al franquismo era cierto, hoy hay varias generaciones que han podido desarrollarse en unas líneas políticas netamente diferentes a la de sus padres y que, sin ser revolucionarios, no toleran fácilmente las imágenes de represión y violencia. La segunda, porque el factor material sigue ahí, imposibilitando un proyecto de vida a largo plazo, más allá de una precarización a salto de mata. La tercera es que nadie menor de 40 años se toma en serio los grandes medios, sobre todo cuando la realidad que presentan es de una disparidad abrumadora comparada con la información que circula por las redes. La cuarta es que el periodo anterior, aunque hoy parezca finiquitado, dejó algo en millones de personas. Determinadas experiencias, formas organizativas, enseñanzas directas como vivir la represión en primera persona no se olvidan tan fácilmente. Y la quinta es que, pese a que la izquierda parlamentaria ha dado una imagen en la crisis catalana de endeblez, improvisación e incomodidad, está estructuralmente presente de forma mucho más factible de lo que lo estaba hace cinco años. Además, mientras que Juan Carlos I habló desde una fingida heroicidad para todos, Felipe VI ha desvelado que él no es juez, sino parte.
Y aún queda otro factor tapado, el del propio PSOE. Que si bien es parte indisoluble del 78, su principal sustento, lo ha sido siempre y cuando el Régimen pudiera mantener su cara de legitimidad democrática (pese a guerras sucias, reconversiones y corrupciones). Para el partido de Sánchez resulta de una terrible incomodidad defender algo para lo que están pensados si ese algo se muestra, en vez de amable, descarnado. Se equivoca quien vea en el PSOE un aliado confiable de cambio real, se equivoca quien no juegue a azuzar las contradicciones entre lo real y lo representado que este partido va a tener que enfrentar.
Un régimen parafascista no es menos peligroso que uno encarnado por la brutalidad de un general. Sobre todo porque adultera los procedimientos democráticos para escudarse tras ellos desechando todos sus principios. Vivimos un tiempo en el que es posible condenar a gente a la cárcel por delitos de opinión y, a la vez, mantener el discurso de la poscensura en las redes; en el que la Policía puede arrastrar por los suelos a los votantes y, a la vez, ser presentada como víctima de una intolerable cacerolada; en el que un Presidente acosado por graves casos de corrupción puede hablar de legalidad; en el que un rey al que nadie ha elegido puede sentenciar sobre lo inoportuno de elegir. Vivimos tiempos en los que mientras que se canta el Cara al Sol en pleno centro de Madrid se ponen morritos para salir guapo en el selfi. Vivimos una intrascendencia peligrosa, una puerilidad decadente, un fascismo con filtro de Instagram.
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 – COMCOSUR
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5) Europa a la hora del desguace.
Guadi Calvo (Línea Internacional)
Tras la Segunda Guerra Mundial, la Europa “libre” entendió que su destino era perecer en poco tiempo bajo las ruedas de la victoriosa locomotora soviética, convertirse en un manojo de naciones sin destino, las que terminaría machacándose como tan bien lo había hecho en las dos grandes guerras del siglo XX o unir su suerte a las políticas marcadas por Washington, para que se creara un mercado común europeo y no solo en lo comercial, sino también en lo militar. La urgencia por la Guerra Fría, obligó a que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) se cristalizara en 1949, mientras que la Comunidad Económica Europea (CEE) antecesora de la Unión Europea (UE) se plasmara en 1958.
La II guerra había obligado a las potencias coloniales europeas a librar su posesiones a su propia suerte, por lo menos por un tiempo, por lo que muchas naciones particularmente africanas y del sudeste asiático se encontraron con una independencia política para la que no estaban preparadas después de casi dos siglos de expoliación, saqueo y genocidio a los que con particular perversión fueron sometidas por el Reino Unido, Francia y Bélgica. Aunque, si las metrópolis se siguieron sirviendo hasta hoy de sus yacimientos inacabables de materias primas como petróleo, uranio, oro, piedras preciosas, cobalto, coltán y un larguísimo y sangriento etcétera.
Europa también siguió presente a la hora de armar ejércitos tribales para marchar contra otros ejércitos tribales a resolver milenarias disputas étnicas y territoriales, que la presencia europea de casi dos siglos en el continente solo exacerbaron. Quizás recordar el millón de muertos tutsis a manos de hutus, que se produjeron en solo tres meses del “lejano” 1994 que dejó la disputa ruandesa alentada por Paris y Bruselas nos exima de más explicaciones.
Aunque si quieren hablar de genocidios con solo nombrar al rey belga Leopoldo II con muchos, muchísimos más de 10 millones de muertos en su Estado Libre del Congo a manos de sus capataces y en nombre del derecho de la libre empresa que se produjeron entre 1885 y 1906 ¿alcanzaría? Aunque, si no, hay muchos más genocidios y muchos más cercanos en tiempo para recordar en manos de los sacrosantos derechos europeos.
Europa y Estados Unidos abastecieron de armamentos al Irak de Sadam Hussein para que se lance a una guerra contra el Irán de los Ayatolás, que se cobró un millón de muertos tras ocho años de guerra (1980-1988). Lo que se dice una bicoca.
La Europa “libre” aliada de los Estados Unidos, hasta la humillación, siguió las ordenes económicas, políticas y militares de Washington siempre y sin demasiados sobresaltos. Incluso pudiendo manejar la crisis provocada por la caída del bloque soviético y todas sus consecuencias, como la absorción de muchos países que habían sido aliados de Moscú y miembros del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua (Pacto de Varsovia), la versión socialista de la OTAN, firmado en la capital polaca en 1955.
Hasta las guerras tras la disolución de Yugoslavia, que provocaría la carnecería de los Balcanes, que muy, pero muy mal contados, dejó 150 mil muertos y cuatro millones de desplazados bajo atroz mirada de occidente que con cierta delectación observó cómo millones de ex comunistas volvían al tiempo de las cavernas.
Sino que lo digan los cascos azules holandeses de la Fuerza de Protección de la ONU (Unprofor) que en 1995 permitieron que en Srebrenica, en la actual Bosnia, más de 9 mil musulmanes bosnios fueran asesinados, después de torturas que pondrían incomodar al propio Führer, por las tropas serbiobosnias de Ratko Karadzic, sin que se les mueva un pelo.
Europa permitiendo sin chistar las masacres de los noventa en Somalia, Timor Oriental, Irak y Afganistán, por ser medidos, se degrado a la medida de su socio mayor los Estados Unidos, a quien acompañó bajo los órdenes de George Bush, padre, contra su ex aliado, amigo y cliente Sadam Hussein en la primera guerra a Irak en 1991.
Desde entonces cada vez más la Europa “libre” fue siguiendo con más apego las políticas marcadas más que por Washington y Wall Street por el Pentágono. Convirtiéndose en cómplices de cada una de las matanzas que desde esa filial del infierno, se ha dispuesto contra innumerables pueblos cuyo único pecado ha sido existir, sobre un yacimiento de recursos necesarios a las leyes del mercado. Europa no fue ajena ni a la invasión a Afganistán en 2001, ni a la invasión a Irak en 2003, gerenciada por el macabro trio de las Azores (Bush (H) Blair y Aznar) cuyas consecuencias hasta hoy el mundo sigue pagando.
La última gran barbarie europea con la que ha puesto su cabeza en el lazo ha sido la “Primavera Árabe” que en 2011, declara una guerra de destrucción contra las naciones de avanzada como lo eran Libia y Siria, provocando además de un número incontable de muertos y desplazados. La demolición de esas dos naciones, la creación del Estado Islámico y un sin números de otras guerras y revueltas que siguen provocando miles de muertos entre ellas la guerra en Yemen y haciendo inmanejable amplias regiones del Nigeria, Mali, el Sahel en general, Pakistán, Afganistán y que terminaron llevando la ola terrorista de falsas reivindicaciones musulmanas, hasta países tan lejanos como Filipinas, Malasia e Indonesia y una lluvia de atentados a lo largo de Europa, que solo se detiene para tomar mayor impulso.
Entre encerrarse o escaparse.
La persistencia europea de aferrarse a sus errores, fundamentalmente la de seguir a pies juntillas las políticas norteamericanas son las que hoy hacen que en hoy el pueblo catalán pretenda escindirse de una España, cada vez más anémica, manejada por un tiranuelo llamado Mariano Rajoy que a pesar de su metro noventa, le falta mucho para alcanzar los 163 centímetros de Francisco Franco, a quien esto nunca le hubiera sucedido lo que hoy sucede.
La suerte que hoy juega en Cataluña y más allá de cualquier resultado y está echada lo en ello también se cifra el destino de Europa. Aunque el enano moral de Rajoy, se salga con la suya y deje más muertos y heridos en las calles de Barcelona, que el ataque terrorista de agosto, tarde temprano los catalanes se saldrá con la suya, y la pregunta entonces es: ¿En cuánto los vascos? Y de producirse aquello, ¿Cuánto más sobrevira una “Grande y Libre” España?
El Reino Unido a pesar de su Brexit que en 2016 sacudió al mundo, el halito independentista de Escocia no parece haber menguando y la intensión de un nuevo referéndum para conseguir su independencia ya está otra vez en marcha. Londres intenta cerrar toda salida, pero ahora el mundo también está atento a la cuestión.
Aunque el complejo problema del separatismo no es una novedad en Europa, países como Francia o Italia también tiene sus cuestiones en esa dirección, cada vez más y con más y surgen nuevas voces del nacionalismo populista de ultraderecha que sin ningún pudor se declara antieuropeo y antiinmigrante, en casi todos los países perteneciente a la UE que comparte el espacio Schengen (donde circula libremente toda persona que haya entrado regularmente por una frontera exterior europea o resida en uno de los países que aplican el Convenio firmado en 1985) o no.
Tras las grandes crisis de refugiados a consecuencia de las políticas bélicas llevadas a cabo por los Estado Unidos y Europa que se suceden desde 2014, han brotado y con mucha fuerza los resabios fascistas que nunca murieron en el continente.
La llegada desesperada de olas y olas de refugiados, sumado a la serie de ataques terroristas que desde enero de 2015 han generado apenas un par de centenares de muertos, absolutamente nada si se lo compara con lo que puede suceder en el mismo tiempo en Siria, Irak, Yemen, Libia, Somalia, Nigeria Mali, Afganistán o Pakistán, sumado a la crisis económica por las políticas neo liberales se han encendido todas las alarmas de la ultraderecha europea, confirmado aquello del burgués asustado de Brecht.
La llegada de noventa parlamentarios del neonazi de Alternativa para Alemania (AfD) al Bundestag ha suscitado infinitos resquemores dentro y fuera de Alemania en el ambiente político y empresarial europeo, como si las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otras organizaciones de “bien público” no tuvieran nada que ver en esta realidad.
Si alguien recorriese el mapa europeo, como aquel fantasma que lo hizo a mediados de siglo XIX, se encontraría que decenas de organizaciones similares a la AfD alemana, se han multiplicado en los últimos cinco años, en que la desocupación y la crisis económica intentan ser excusadas por la llegada de inmigrantes expulsados de sus países por las propias políticas guerreristas de Estados Unidos y sus socios de la OTAN.
Que la ultraderecha francesa allá quedado segunda tras la inesperada victoria del neoliberalismo de Emanuel Macron, no es más que el augurio que los herederos del Frente Nacional de los Le Pen, con otro nombre y otras caras, si fuera necesario, volverán a acercarse peligrosamente al Eliseo. Teniendo en cuenta el desgaste político de Macron tras la implementación de paquetes neo liberales que incluyen la flexibilidad laboral.
La ultra derecha filo nazi ya no es una promesa en Hungría o Polonia, sino una realidad que gobierna incomodando a los señores bien comportado de Bruselas, sede de la UE. En Hungría, el Fidesz conservador y populista gobierna con mayoría absoluta desde 2010. Su primer ministro Viktor Orban, que ha restringido la libertad de prensa a niveles que se desconocen en el continente desde la II Guerra, ha desafiado todas las sugerencias de la UE respecto a la cuestión de los refugiados levantando vallas en las fronteras.
En Polonia, el Partido Ley y Justicia (PiS), gobierna con mayoría absoluta desde 2015, estableciendo políticas islamofóbicas, y una muy discutible reforma que pone al poder judicial bajo la tutela del control político. Los sectores ultraderechistas polacos operaron con la complicidad de la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales en la asistencia de grupos neo nazis ucranianos como el Pravy Sektor (sector derecha) y el movimiento Svoboda (Libertad), que articularon todos los actos terroristas previos a la caída de Viktor Yanukovich, en 2014 y la instauración del magnate Petró Poroshenko, quien está perpetrado un genocidio contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Sin mencionar que de sus fábricas de armamentos salió mucho material para los hombres de Abu Bakr al-Bagdadí, alias el califa de Estado Islámico. Casualidades.
El Partido por la Independencia del Reino Unido, (UKIP) definido como eurofobo, thatcherista y antiinmigrantes, acaba de elegir como nuevo líder a Henry Bolton, un ex oficial de infantería quien busca reinstalar el ideario en los sectores populares donde diferentes versiones de la izquierda sigue teniendo cierta presencia. El UKIP fue noticia por sus avances en las últimas parlamentarias europeas además de intentar establecer políticas de ha propuesto deportaciones masivas y el cierre de decenas de mezquitas.
Europa está siendo víctima de sus propias aberraciones históricas y sus dirigentes de las trágicas consecuencias que su desguace puedan producir.
MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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