1) FUCVAM marcha hacia Punta del Este para manifestarse allí
2) Los indígenas, primeras víctimas del nuevo gobierno en Brasil
3) Europa se impuso y logró promover llamado a elecciones en Venezuela
4) 54º edición de Festival de Solothurn
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2201 / Miércoles 20.02.2019
1) FUCVAM MARCHA HACIA PUNTA DEL ESTE PARA MANIFESTARSE ALLÍ
La Diaria /20 de febrero de 2019
120 personas saldrán de Montevideo en reclamo de mejores condiciones para las cooperativas de vivienda.
Mañana a las 7.00, 120 personas partirán hacia Punta del Este desde la sede de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), ubicada en el barrio Tres Cruces de Montevideo, iniciando una marcha a pie que les llevará cuatro días. Los cooperativistas reclaman la unificación en 2% de la tasa de interés de sus préstamos para la construcción, ya que los otorgados antes de 2008 (cuando se cambió la reglamentación a raíz de la creación de la Agencia Nacional de Vivienda) pagan ese porcentaje, mientras que los cooperativistas que obtuvieron los créditos después pagan 5%. FUCVAM también pide la exoneración del pago de IVA a los materiales de construcción; la ampliación de la cartera de tierras, y el fortalecimiento del Fondo Nacional de Vivienda (FNV). Sergio Segredo, integrante de la Secretaría de Comunicación de la Dirección Nacional de la federación, dijo a la diaria que los caminantes harán aproximadamente 30 kilómetros por día, y que según se prevé llegarán al balneario de Maldonado el domingo al mediodía o en las primeras horas de la tarde. “También van a llegar ómnibus con integrantes de las distintas cooperativas del país a esperar a los caminantes”, añadió. Los manifestantes entrarán por la avenida Gorlero para culminar la movilización con un acto en la plaza General Artigas.
¿Por qué decidieron hacer una marcha hasta Punta del Este?
La marcha es una forma de movilización que viene haciendo la federación para sensibilizar, no sólo a los compañeros, sino también a las autoridades. Elegimos Punta del Este porque es donde están el capital y la riqueza del país, donde las viviendas están vacías y sólo se ocupan tres meses al año. En realidad, las viviendas que se construyen allá son para personas de un nivel de ingresos al que nosotros no llegaríamos jamás, lo que puede estar muy bien, pero tiene que quedar claro que con la tercera o cuarta parte de lo que ahí vale una vivienda, nosotros, por el sistema cooperativo, podemos construir cuatro o cinco. Aunque lo nieguen, la lucha de clases existe. Mientras alguien vive en la opulencia, otros tienen que manejarse con mucho menos
¿La movilización puede entorpecer el tránsito?
Vamos a caminar al costado de la ruta, con una cantidad de gente importante pero con responsabilidad y cuidado. Creemos que la opinión pública va a entender de qué se trata el reclamo.
Hace aproximadamente un año que FUCVAM está pidiendo que todas las cooperativas paguen 2% de interés por los préstamos hipotecarios, e incluso el presidente Tabaré Vázquez dispuso que las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) iniciaran un proceso de conversaciones al respecto con la federación. ¿En qué quedó esa negociación?
El MVOTMA presentó una propuesta muy simple que no llegaba a acercarse a una solución: la exoneración de un cuarto de la cuota número 13 para los buenos pagadores. La federación desechó esa propuesta porque nos pareció que no correspondía. Después hicimos una asamblea en diciembre [de 2018] y decidimos llevar a cabo la movilización que comienza mañana. Tratamos de buscar otras instancias de diálogo, pero no las logramos. La ministra de Vivienda [Eneida de León] nos cerró las puertas, dijo que estaba muy ofendida. Se sintió agraviada, y aseguró que estábamos mintiendo sobre las viviendas de interés social [promovidas por la Ley 18.795, que les brinda una serie de exoneraciones tributarias]. De León dijo que ella no tenía nada que ver con esa ley, pero en realidad nosotros no hablamos de ella en forma personal, sino de todo el gobierno. Alguien votó la renuncia fiscal para que la Ley 18.795 fuera aprobada. En enero de este año tuvimos una reunión sobre esto con diputados del Frente Amplio [FA] y hubo rispideces, como era lógico, pero se abrió una puerta de negociación.
“Tenemos el derecho a manifestarnos”
Segredo contó a la diaria que Enrique Antía, intendente de Maldonado y precandidato del Partido Nacional por el sector Mejor País, le pidió a FUCVAM que no se manifestara en la plaza General Artigas, en el centro de Punta del Este. La federación envió una carta a la Secretaría de Tránsito de la Intendencia de Maldonado para informar sobre lo que sucederá el domingo que viene, pero el que contestó fue Antía. “Nos dijo que le parece muy bien que la gente se pueda expresar, pero que podíamos perjudicar a los trabajadores, a los vendedores de la plaza, además de que la marcha entorpecería el buen funcionamiento de la ciudad. Le contestamos que no vamos a molestar a los trabajadores, porque nosotros también lo somos. Antía nos pidió que nos quedáramos en la parada 42, pero vamos a ir hasta la plaza porque tenemos el derecho a manifestarnos. Además, es importante que entremos en Punta del Este, porque la prensa va a levantar esto mucho más que si nos quedáramos en Montevideo”, afirmó Segredo.
Por otra parte, FUCVAM le envió una notificación al Ministerio del Interior con miras a la seguridad de la marcha.
¿Por qué piden que todos los préstamos paguen 2%?
El dinero que el Estado pone para crear viviendas por medio del FNV proviene de los aportes de los impuestos, y eso no genera interés [FUCVAM sostiene que el objetivo de las condiciones de financiamiento debe ser la conservación del FNV, de modo que su capital no se desvalorice, sin fines adicionales de lucro]. Es plata que el Estado presta para que cada cooperativa construya; entonces ¿cuál es el interés que tiene que cobrar?: el costo de administración nunca puede llegar a 5%. Además, ¿por qué 5% y no 7%? No es lo mismo que pedir un préstamo a una empresa privada, que da dinero para tener una ganancia.
¿Cuál es el argumento del gobierno para no unificar las tasas de interés?
Hace un año que estamos en esta negociación y todavía no sabemos. No hay una respuesta. Se supone que así buscan recibir la cantidad de dinero necesaria para los subsidios a la permanencia, pero nosotros entendemos que no es así, porque la diferencia entre pagar 5% y pagar 2% no mueve la aguja, pero sí es sustancial para las personas que forman parte de la cooperativa. Ahora, por algunas viviendas de tres dormitorios se pagan 8.000 pesos, y por otras iguales, 16.000 pesos. Si nosotros no unificamos a 2%, el movimiento se divide, y no puede haber más de una reglamentación para el mismo tipo de vivienda. Otro de los reclamos es la exoneración del pago de IVA para los materiales, así como la cartera de tierras accesible, con servicios, pero sobre lo que deberíamos estar discutiendo ahora, con independencia de quién vaya a ganar las elecciones, es de dónde van a sacar el dinero para el FNV.
¿Han tenido contacto con los precandidatos?
Hemos ido a las bancadas, pero aún no hemos tenido una respuesta. Mantuvimos algunos contactos con representantes del Partido Nacional [PN], pero no con los precandidatos. Sí nos reunimos con Óscar Andrade [precandidato del FA]. Seguramente este año empecemos a tener reuniones.
¿Cómo valoran la situación de la vivienda?
No olvidemos que en Uruguay hay de sobra. Basta con recorrer Montevideo para ver que se está construyendo un lote de viviendas impresionante, pero a un valor que no es para cualquiera. Lo que siempre decimos es que hay un déficit de 80.000 viviendas para las personas que no pueden pagar altas cuotas, para los trabajadores que ganan 15.000 o 20.000 pesos.
Nota final:
Una propuesta
FUCVAM propone que el Fondo Nacional de Vivienda (FNV) no sea inferior a 2% del total de la masa salarial de cada año, pero sin crear nuevos impuestos para los trabajadores. En un texto redactado por la federación se plantea que el dinero debería provenir de un incremento de 50% de la actual tasa del Impuesto al Patrimonio, “quedando las tasas del impuesto a personas físicas en 0,9% y 1,5%, y la de las empresas en 2,25%”. Los cooperativistas indican que cuando la recaudación de esa sobretasa no alcance para que el FNV llegue a 2% de la masa salarial, Rentas Generales aportaría los recursos necesarios.
La Diaria
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2) LOS INDÍGENAS, PRIMERAS VÍCTIMAS DEL NUEVO GOBIERNO EN BRASIL
Por Mario Osava / IPS / Abya Yala, Río de Janeiro, 08.01. 2019
“Ya fuimos diezmados, tutelados y víctimas de la política integracionista de gobiernos y el Estado Nacional”, recordaron líderes indígenas, para rechazar las propuestas y medidas del nuevo gobierno de Brasil sobre los pueblos originarios.
En carta abierta al presidente Jair Bolsonaro, líderes de los pueblos aruak baniwa y apurinã, que viven en las cuencas de los ríos Negro y Purus, en el noroeste amazónico de Brasil, protestaron contra el decreto que somete desde ahora las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, gestor de intereses contrarios a los de pobladores originarios.
Los indígenas representarán probablemente la resistencia más inflamable a la ofensiva del nuevo gobierno de extrema derecha en Brasil, que tomó posesión el 1 de enero y cuyas primeras medidas tienden a desmantelar avances durante las tres últimas décadas a favor de los 305 pueblos originarios registrados en este país.
Para eso cuentan con el artículo 231 de la Constitución brasileña, vigente desde 1988, que les asegura “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, además de reconocerles “su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.
A eso se suman reglas internacionales ratificadas por el país, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, que defiende derechos indígenas y condiciona proyectos que los afectan a consulta previa, libre e informada a las comunidades amenazadas.
Fue indígena la más aguerrida resistencia a la construcción de centrales hidroeléctricas que represan grandes ríos amazónicos, especialmente la de Belo Monte, construida sobre el río Xingu entre 2011 y 2016 y cuyas turbinas está previsto que terminen de instalarse este año.
Quitar a la Fundación Nacional del Indígena (Funai) la competencia de identificar y demarcar legalmente las llamadas Tierras Indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, significa que se estancará la definición de nuevas áreas y se pondrá en peligro a las ya establecidas.
Habrá una revisión de las demarcaciones de tierras indígenas hechas en los 10 últimos años, anunció el flamante secretario de Asuntos de Tierras de ese ministerio, Luiz Nabhan García, que ahora es el responsable del tema.
García es el líder de la Unión Democrática Ruralista, un colectivo de terratenientes (latifundistas), especialmente ganaderos, protagonista de frecuentes y violentos conflictos por la tierra.
El mismo Bolsonaro ya anunció la intención de revisar el área de Raposa Serra do Sol, tierra indígena homologada en 2005, en medio de batallas jurídicas que terminaron en 2009 con un fallo del Supremo Tribunal Federal, que reconoció la validez de la demarcación.
Ese territorio indígena abarca 17.474 kilómetros cuadrados y cerca de 20.000 pobladores de cinco etnias distintas, en el norteño estado de Roraima, fronterizo con Guyana y Venezuela.
En Brasil existen actualmente 486 Tierras Indígenas homologadas, es decir, con el proceso de demarcación concluido totalmente, y 235 unidades aún por demarcar, de las que 118 están en fase de identificación, 43 ya identificadas y 74 declaradas.
“Los gobernantes hablan, pero revisar exigiría cambios constitucionales o la comprobación de fraudes y vicios en el proceso que no parecen usuales”, matizó Adriana Ramos, directiva del Instituto Socioambiental, organización no gubernamental con una amplia y respetada actuación indigenista y ambiental.
“Ya hubo retrocesos en las primeras decisiones del gobierno, con la mengua del órgano indigenista y separación de sus funciones. También el Ministerio de Salud anunció modificaciones en la política hacia la población indígena, sin presentar propuestas, amenazando empeorar lo que ya es malo”, acotó a IPS desde Brasilia.
“La tendencia es paralizar el proceso de demarcación de tierras, que ya venía muy lento en los gobiernos anteriores” y lo peor es que las declaraciones contra derechos “operan como gatillo para violaciones que agravan conflictos, generando inseguridad entre los pueblos indígenas”, advirtió Ramos.
En los primeros días del año, y del gobierno de Bolsonaro, taladores de madera ya invadieron la tierra indígena del pueblo arara, cerca de Belo Monte, con el riesgo de confrontaciones armadas, señaló.
Los indígenas del pueblo guaraní, el segundo grupo indígena más numeroso del país -detrás del tikuna, que residen en el norte-, son los más vulnerables a la situación, especialmente sus comunidades establecidas en el centrooriental estado de Mato Grosso do Sul.
Batallan por la demarcación de varias tierras y la ampliación de las ya demarcadas en áreas insuficientes, y en esa lucha ya sufrieron el asesinato de decenas de líderes, mientras soportan condiciones de sobrevivencia cada vez más precarias.
“La grave situación se hace peor con el nuevo gobierno. Nos ahorcan al dividir la Funai y atribuir la demarcación al Ministerio de Agricultura, dirigido por ruralistas, enemigos número uno de los indígenas”, resumió Inaye Gomes Lopes, una joven profesora indígena que vive en la Aldea Ñanderu Marangatu, en Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay.
La Funai mantiene sus funciones asistenciales y de defensa de derechos pero pasa a estar subordinada al nuevo Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, comandad por Damares Alves, una abogada y pastora evangélica de polémicas opiniones.
“Solo tenemos ocho tierras demarcadas en el estado y una fue anulada (en diciembre). Lo que tenemos se debe a muchos que murieron, sin que sus asesinos fuesen encarcelados”, sostuvo Lopes, quien imparte clases en una escuela que homenajea en lengua indígena a Marçal de Souza, líder guaraní asesinado en 1982.
“Buscamos formas de resistir y ‘apoyadores’, incluso internacionales. Estoy preocupada, no duermo de noche”, confesó a IPS en diálogo desde su aldea, en relación al nuevo gobierno, cuyas manifestaciones en relación a los indígenas considera “una injusticia con nosotros”.
Bolsonaro aboga por la “integración” de los indígenas, con lo que se refiere a la asimilación con la sociedad blanca, una vieja y sobrepasada pretensión de la élite blanca.
Condenó que los indígenas sigan viviendo “como en zoológicos”, ocupando “15 por ciento del territorio nacional”, cuando suman, según sus datos, menos de un millón de personas, en un país de 109 millones de habi
“No somos nosotros que tenemos gran parte del territorio brasileño, pero si los grandes latifundistas, los ruralistas, el agronegocio y otros que poseen más de 60 por ciento del territorio nacional”, contrarrestó la carta pública de los pueblos baniwa y apurinã.
En realidad las tierras indígenas suman 13 por ciento de Brasil y 90 por ciento se ubican en la Amazonia, corrigieron los firmantes del manifiesto.
“No somos manipulados por ONG (organizaciones no gubernamentales)”, respondieron a otra acusación “fruto de prejuicios” del presidente.
La paranoia de algunos jerarcas militares, como el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el general retirado Augusto Heleno Pereira, es que los pobladores de Tierras Indígenas bajo influencia de ONG declaren la independencia de sus territorios, apartándose de Brasil.
El temor obedece principalmente, se aduce, a áreas fronterizas y, peor, a aquellas ocupadas por pueblos que viven en los dos lados de la frontera, como los yanomamis, que reparte su población entre Brasil y Venezuela.
Pero a juicio de Ramos, no son los grupos de ascendencia militar que comparten el poder en el gobierno de Bolsonaro, como los generales que ocupan cinco ministerios, la vicepresidencia y otras funciones importantes, los que más amenazan los derechos indígenas.
Muchos militares activos tienen indígenas en sus tropas y reconocen un papel relevante de los nativos en la defensa de las fronteras, arguyó.
Son los ruralistas, que codician tierras de indígenas, y los dirigentes de iglesias evangélicas, con sus prédicas agresivas, quienes constituyen las amenazas más violentas, dictaminó.
Para otros sectores, como los quilombolas (comunidades afrodescendientes), los campesinos sin tierra y las ONG, también comenzaron tiempos adversos.
Bolsonaro anunció que su gobierno no entregará “un centímetro de tierra” tanto a indígenas como quilombolas y tratará como terroristas a los que invaden haciendas u otras propiedades.
A las ONG, el gobierno las amenaza con “supervisión y monitoreo”. Pero “las leyes son claras sobre sus derechos de organización”, así como la autonomía de las que no reciben aportes financieros estatales, recordó Ramos
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Mario Osava / IPS / Abya Yala / Edición: Estrella Gutiérrez
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3) EUROPA SE IMPUSO Y LOGRÓ PROMOVER LLAMADO A ELECCIONES EN VENEZUELA
El Grupo Internacional de Contacto emitió una declaración donde prevaleció la posición de la Unión Europea. Bolivia no adhirió pero seguirá formando parte del proceso.
Sudestada, 07/02/2019
“El GIC apunta a forjar un abordaje internacional común para apoyar una resolución pacífica, política, democrática y propiamente venezolana de la crisis excluyendo el uso de la fuerza a través de elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles, de acuerdo a la Constitución venezolana”, concluyó el Grupo Internacional de Contacto (GIC) por Venezuela, al culminar la primera reunión realizada este jueves 7 de febrero en Montevideo.
La Unión Europea, Francia, España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Uruguay son los países que integran el GIC. El Grupo volverá a reunirse en el mes de marzo para evaluar el desarrollo de la situación.
El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa y la vicepresidente de la Unión Europea Federica Mogherini fueron los encargados de realizar el anuncio al finalizar la primera reunión en la presidencia uruguaya.
Asimismo, afirmaron que realizarán los contactos necesarios con los actores venezolanos relevantes y socios nacionales e internacionales para “establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble, en el menor tiempo posible”.
“Para que Venezuela pueda superar la presente crisis, es crucial restaurar la plena democracia, el estado de derecho, la separación de poderes y el respeto por el mandato constitucional de las instituciones del país, más particularmente la democráticamente electa Asamblea Nacional”, argumenta el texto.
El documento, al que adhirieron todos los países participantes a excepción de Bolivia, también reconoce que en Venezuela existe una crisis humanitaria que “se continúa profundizando día a día afectando a millones de venezolanos”. Por esto, el GIC se comprometió a asistir de manera “urgente” a las áreas de mayor necesidad y coordinar estas acciones en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).
Además, confirmaron que enviarán una misión técnica a Venezuela para poder alcanzarlas metas establecidas en la declaración y que a inicios de marzo volverán a reunirse con el fin de evaluar los avances.
En cuanto a la posibilidad de que las dos figuras políticas que hoy están en pugna en Venezuela -Nicolás Maduro y Juan Guaidó- no acepten dialogar, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, afirmó: “No hay negociación posible sin diálogo. La intransigencia nunca lleva a soluciones acordadas, lleva a los bloqueos de los caminos de solución”.
Por su parte, Mogherini anunció que la Unión Europea dispondrá de 5 millones de euros en los próximos días para asistencia humanitaria, que se sumarán a los 60 millones que ya se entregaron durante 2018. También adelantó que la UE está dispuesta a abrir una oficina en coordinación con los organismos presentes en Venezuela para instrumentar la entrega de insumos.
Consultada sobre el plazo que tendrá el proceso de negociación, la alta representante europea manifestó su compresión ante la posible “frustración y escepticismo en europeos y venezolanos” porque esta propuesta pueda darle tiempo al gobierno del presidente Nicolás Maduro pero insistió en que el objetivo es ayudar al diálogo.
Sudestada, periodismo y transparencia
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4) 54º EDICIÓN DE FESTIVAL DE SOLOTHURN
“Focus” México, invitado de gala en el festival del cine suizo
Sergio Ferrari*, desde Solothurn, Suiza
El cine mexicano anima el programa especial “Focus” del festival que se realiza en la ciudad de Solothurn esta última semana de enero. Un acuerdo de coproducción firmado entre Suiza y México constituye el marco referencial de esta presencia azteca.
Dicho acuerdo bilateral, que entró en vigencia en julio del 2018, promueve y facilita las condiciones para que tanto los productores helvéticos como los mexicanos puedan acceder al financiamiento de proyectos sostenidos por el Instituto Mexicano de Cinematografía y la Oficina de Cultura de Suiza. Es el primero de esta naturaleza suscrito por Suiza con una nación de ese continente.
Una cinematografía ascendente
“Es la primera vez que organizamos la sección Focus ligada a un país de América Latina”, explica la periodista y experta en cine Seraina Rohrer, directora del Festival de Solothurn.
Rohrer tiene una relación muy estrecha con México, donde vivió entre el 2001 y 2003. Su tesis de doctorado, publicada en el 2017, versó sobre el cine popular mexicano y, en particular, sobre la India María, un personaje muy importante del mismo.
Con el Focus 2019 “queremos darle un inicio concreto y práctico a este acuerdo de coproducción que estimula la colaboración cinematográfica de ambos países”, señala. Durante esta 54 edición, diversos productores del país azteca animan espacios de intercambio con sus pares suizos. Y presentan una decena de filmes -documentales y ficciones-, entre los cuales, Bosque de Niebla, de la realizadora Mónica Álvarez Franco, La libertad del diablo, del director Everardo González, La región salvaje, de Amat Escalante, Los Adioses, de Natalia Beristain, así como Nuestro tiempo, del realizador Carlos Reygadas y Oso Polar, de Marcelo Tobar.
Focus presentará una variedad de obras de muy diversos estilos y formatos. “Sea de productores de documentales, que son muy importantes en su cinematografía, como de productores de grandes directores y de películas exitosas”, explica Rohrer. Antes de hacer realidad esta iniciativa “nos preguntamos cuáles son algunos de los productores mexicanos que tienen similitudes con sus pares suizos, y cuáles podrían ser las potenciales colaboraciones, pensando en proyectos de futuro”, subraya la directora al analizar la lista de invitados.
Paralelamente, el festival busca ofrecer una variedad de películas actuales mexicanas – hasta ahora nunca exhibidas en Suiza a un público más amplio, muy interesado, en general, en el cine latinoamericano.
Las pantallas de esta 54 edición del más helvético de todos los festivales nacionales, ofrecerán junto con 165 filmes suizos una “nuestra de la producción mexicana actual, cuyos dinamismo y riqueza han creado una verdadera sensación en los últimos años en el plano internacional”, enfatiza Rohrer.
Una señal del interés que ha despertado Focus, continúa explicando, es que se han recibido ya unos 20 proyectos de productores suizos abiertos a una colaboración binacional.
Acuerdo binacional, estimular la coproducción
Con el Focus sobre México, el Festival de Solothurn – el más importante en lo que se refiere a la producción helvética- se convierte en pionero en cuanto a la aplicación concreta del convenio bilateral que entró en vigencia el 25 de julio del 2018. El mismo había sido firmado en agosto del 2017 por Alain Berset, ministro suizo de cultura, y su par mexicana, María Cristina García Cepeda.
“El acuerdo sobre el cine fija las condiciones para las coproducciones entre los dos países. Los films coproducidos en el marco de este acuerdo podrán así beneficiar de un financiamiento facilitado y de mejores modalidades de distribución tanto en México como en Suiza”, señalaba en su momento el comunicado oficial helvético. Recordando que ese tipo de convenios existen también con Alemania, Austria, Francia, Italia, la Comunidad francófona de Bélgica, Luxemburgo y Canadá.
Suiza y México pueden felicitarse del camino recorrido ya que han realizado, puntualmente, proyectos cinematográficos comunes, sintetiza Seraina Rohrer. “El nuevo acuerdo estructura e intensifica las relaciones bilaterales y aborda una tierra desconocida en el plano lingüístico. Nuestro festival se alegra de facilitar que productores de los dos países puedan conocerse mejor y tengan la oportunidad de explotar el potencial de dicha colaboración”, concluye.
*Sergio Ferrari, en colaboración con swissinfo.ch
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2201 / Miércoles 20.02.2019
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“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
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