1) Diputados citarán a exjefes del Ejército por espionaje de Castiglioni
2) Militares retirados de Chile procesados por secuestro y desaparición de dos uruguayos
3) Gobierno enfático: no acepta prohibir «fracking»
4) Gundelzoph no se oculta y se muestra con Lacalle
5) Prisión para gestor de viviendas del Pit-Cnt
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2130 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 16 de junio de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Diputados citarán a exjefes del Ejército por espionaje de Castiglioni
Permitieron que el militar estuviera once años en la oficina de Inteligencia.
(El País)
Elmar Castiglioni, un coronel retirado del Ejército que falleciera en 2015, reunió en sus once años revistando en el Servicio de Información de Defensa (SID), la inteligencia militar, un voluminoso material sobre seguimiento y espionaje a figuras públicas en los años de democracia, que una vez descubierto se enviara a la Justicia.
¿Por qué pasó once años de su carrera militar, un plazo inusualmente extenso, haciendo inteligencia en la misma oficina? ¿Quién fue responsable por nombrarlo y dejar que permaneciera en el cargo tanto tiempo? ¿Realmente espió a presidentes, legisladores, sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles en la democracia? ¿Qué se hizo con el material recopilado?
Esas son algunas de las preguntas que los miembros de la comisión investigadora de Diputados sobre la tarea de espionaje militar en democracia quieren hacerle a los mandos del Ejército a fines de los años 1990, dado que se entiende que los ministros, en tanto representantes políticos del gobierno de turno ante la oficialidad militar, podían no estar al tanto de algunas decisiones de los uniformados actuando corporativamente.
Por eso, la idea de los legisladores es convocar a varios excomandantes del Ejército de aquellos años, quienes podrían dar respuestas a la comisión. Además, como pasaron varios años desde su retiro no están ya alcanzados por el impedimento de hablar sobre temas políticos. Los tenientes generales retirados Raúl Mermot (que fue comandante entre 1996 y 1998), Fernán Amado (1998-1999), Juan Geymonat (1999-2001) y Carlos Daners (2001-2003), entre otros, dijeron a El País participantes de la reunión en el Parlamento.
Opertti y FAU.
Ayer comparecieron ante la comisión legislativa los exministros del Interior Didier Opertti y de Defensa Nacional Yamandú Fau, en el marco de la citación a los antiguos ministros de ambas carteras. La comisión recibió información en cuanto a que varios años después de restablecida la democracia los servicios de Defensa y de Interior continuaron haciendo tareas de inteligencia sobre políticos y organizaciones de la sociedad.
Ambos negaron, como lo habían hecho los anteriormente convocados, que hayan impartido instrucciones precisas para llevar adelante esa tarea. Entonces ¿fue una actividad inercial que había comenzado en los años de dictadura y nunca fue suspendida? o ¿quién lo ordenó? Los diputados piensan que los excomandantes tienen información que podrían aportar para echar luz sobre el asunto. Fau, que fue ministro entre 2002 y 2005, fecha en que supuestamente Castiglioni seguía con su actividad, preguntó a los miembros de la comisión dónde estaba la documentación que afirmaba que en esos años se practicaba inteligencia sobre políticos y sindicatos. Pero no se le pudo proporcionar la información.
El exministro de Defensa afirmó que le llamó la atención que el gobierno del Frente Amplio no hubiera difundido el contenido del llamado archivo Berrutti sobre espionaje, hallado por la exministra cuando ocupó el cargo a partir de 2005. Fau dijo que el servicio de Inteligencia «no tenía ninguna actividad», al menos que él supiera.
Bonomi debe explicar el espionaje a estudiantes.
El diputado de Unidad Popular (UP) Eduardo Rubio presentó ante la comisión investigadora una denuncia que le trasladaron organizaciones de estudiantes de Secundaria porque fueron víctimas de espionaje policial el pasado viernes, cuando manifestaban pacíficamente ante el Palacio Legislativo pidiendo más recursos para la Enseñanza. Los estudiantes, además, presentaron la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Rubio consideró «gravísimo» el hecho y anunció que cuando concurra a la comisión el ministro del Interior Eduardo Bonomi se le pedirán explicaciones sobre esta situación.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017
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2) Militares retirados de Chile procesados por secuestro y desaparición de dos uruguayos
(La Diaria)
Los militares retirados del Ejército de Chile Rafael Ahumada Valderrama y Jorge Tapia Castillo fueron procesados la semana pasada en Chile como autores de la desaparición forzada de los militantes tupamaros Juan Ángel Cendán Almada y Alberto Fontela Alonso, en setiembre de 1973. También se procesó a los ex agentes por la desaparición del ciudadano brasileño Túlio Quintiliano Cardoso.
Según establece la resolución judicial, a la que accedió la diaria, en la noche del 12 de setiembre de 1973 un contingente militar “fuertemente armado” que se trasladaba en camiones militares ingresó a una casa ubicada en la comuna de Vitacura, en Santiago de Chile, y detuvo a Fontela y a Cendán, junto a la pareja del primero, que estaba embarazada. Los trasladaron a la Escuela Militar y fueron interrogados “sin ninguna clase de apremios” por personal del Comando de Institutos Militares. Luego los militares trasladaron a Fontela y a Cendán al Regimiento Tacna, y a partir de allí “se les pierde el rastro”, consigna el escrito. La mujer fue trasladada a otra dependencia militar y liberada dos días después. El ciudadano brasileño desaparecido también permaneció en el Regimiento Tacna.
El responsable del regimiento ya falleció, pero la Justicia chilena pudo procesar a Ahumada y Tapia, oficiales que formaban parte de la sección II de Inteligencia de Tacna; el primero estaba a cargo de los detenidos que ingresaban al lugar, y el segundo debía “resguardar la documentación secreta”, indica el documento judicial. El juez Mario Carroza dictó una orden de detención contra los ex militares.
Según la investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay, Fontela Alonso tenía 26 años y dos hijos cuando desapareció. Era empleado de un restaurante en Santiago. Cendán tenía 22 años y una hija recién nacida en Uruguay cuando desapareció, y estaba empleado en un hotel en la capital de Chile. Según la versión de las Fuerzas Armadas chilenas, los cuerpos de ambos fueron arrojados al mar frente a las costas de San Antonio.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017
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3) Gobierno enfático: no acepta prohibir «fracking»
Director de Minería cree que efectos buenos o malos dependen de cada lugar. Dice que no se usará por ahora y que se debe estudiar más.
Juan Pablo Correa (El País)
El gobierno le dejó claro ayer a la oposición que no está dispuesto a prohibir la controvertida técnica del «frac-king» aunque sí acepta que se cree un comité científico que la estudie.
El subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi, y el director de Minería, Néstor Campal, estuvieron ayer en la comisión de Industria de la Cámara de Representantes para analizar los proyectos de la oposición que o prohíben el «fracking» o proponen una «moratoria» de cinco años como el que impulsa el diputado colorado por Paysandú, Walter Verri.
El gobierno no quiere ni prohibición ni moratoria. Campal dijo a El País que «todos reconocemos que ha habido malas aplicaciones de la técnica y buenas aplicaciones» y que «hay lugares donde esa técnica no es la adecuada y hay lugares donde hay registros que indican que esta técnica ha dado buenos resultados» por lo que «la prohibición genérica no es la solución que hay que plantear hoy. Lo razonable es estudiar». «Lo que se prohíbe no se analiza» aunque puede «tranquilizar a alguien que no sabe del tema», sostuvo. Campal cuestionó que el «proyecto no considere una regionalidad en la posible aplicación de la técnica». De todas formas, según el funcionario, no hay posibilidades de que el «fracking sea aplicado en el período que le queda a este gobierno. «Existen, además, todos los mecanismos adecuados en la estructura estatal para que un proceso del que no tengamos información no se aplique», dijo Campal.
Las explicaciones no convencieron a Verri, quien señaló que la mayoría de los países del mundo han prohibido el «frac-king». «Los países que lo utilizan es por necesidad, no porque sea inocuo. El fracking supone un uso intenso de agua y que se contamine con elementos cancerígenos», señaló. Verri admitió que la técnica puede evolucionar, por lo que le parece más adecuada una moratoria por cinco años para que trabaje un comité científico. Los diputados blancos Gerardo Amarilla y Alejo Umpiérrez presentaron un proyecto de ley para la prohibición lisa y llana de la técnica, cuyos detractores sostienen que contamina acuíferos y puede provocar sismos. Pero Campal dice que su potencialidad de generar sismos depende de la estructura geológica de cada lugar.
En la próxima sesión de la comisión de Industria se deberá decidir si el cuerpo propone que el plenario de la Cámara de Representantes trata de los tres proyectos legislativos vinculados con el «fracking».
La empresa Schuepbach está buscando petróleo en el este de Paysandú aunque el martes informó en un comunicado que debido a que encontró dificultades «inesperadas» suspende la operativa unos días. La exploración se retomaría en unas dos semanas, dice el comunicado. Hasta ahora la empresa señala que no considera utilizar la «fractura hidráulica» («fracking») porque no es necesario y sería demasiado caro. Pero Verri considera que en realidad el gobierno busca tener las «manos libres» para que en caso de que los eventuales hidrocarburos en el norte del país no sean convencionales, puedan ser extraídos mediante «fracking».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017
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4) Gundelzoph no se oculta y se muestra con Lacalle
El ex represor participó de la presentación de un libro del ex presidenteGundelzoph no se oculta y se muestra con Lacalle
(La República)
Con dos causas abiertas, una del año 1985, por violación a los derechos humanos, y con un pedido de procesamiento con prisión desde noviembre de 2015, Jorge Guldenzoph, alias “El Charleta”, no ha pasado ni un minuto en un calabozo.
El ex integrante del Partido Comunista, acusado por delator por sus ex compañeros y por causas de violación de derechos humanos durante la dictadura en la actual Dirección General de Información e Inteligencia, se muestra actualmente en eventos sociales, mientras los denunciantes esperan la resolución de la causa.
Días pasados, participó de la presentación del libro de Luis Alberto Lacalle “América Latina entre Trump y China” que se realizó en el Hyatt Centric Hotel. La fotografía salió publicada días pasados en sociales del diario El País. La imagen de “Charleta” alertó al abogado denunciante ya que la justicia aún no se pronunció a la espera de la definición del Tribunal de Apelaciones sobre un recurso interpuesto por la defensa.
Consultado por LA REPUBLICA, Pablo Chargoñia recordó que la causa está precisamente radicada en el juzgado Penal 17º. Afirmó que Gundelzoph “también tiene un pedido de procesamiento de la Fiscal Letrado María Luzi por torturas y que, en la medida que había otro pedido de procesamiento en otro expediente, ambas causas se acumularon, acumulación que Gundelzoph cuestionó; ese cuestionamiento fue rechazado por el juez y apelado por Gundelzoph lo que significa que actualmente la causa está en un Tribunal de Apelaciones en lo Penal, para definir efectivamente si la causa sigue en en Penal 17 o si se deriva a Penal 9º a cargo de la jueza Blanca Rieiro. Esa es la discusión que está pendiente y que demora efectivamente resolver el pedido de la fiscal”.
Chargoñia sostuvo que la situación procesal del represor, como es obvio, se mantiene sin cambios. Incluso puede salir y entrar del país cuando quiera. “Esperamos y aspiramos a que todas estas dilatorias se resuelvan lo más pronto posible y sin que se frustre el pedido de procesamiento mediante una fuga y que el juez disponga lo que corresponde”, agregó el abogado.
Chargoñia explicó que existen abundantes pruebas sobre la “activa participación de Gundelzoph en la tortura metódica, sistemática de inteligencia policial”. Recordó que hay pedido tanto de la Fiscalía como de los denunciantes para que se dicte un cierre de fronteras pero la misma no ha sido decretada por la justicia. La medida podría haberse adoptado en forma independiente pero “hasta ahora, no ha habido respuesta”, agregó.
Sobre las causas, Chargoñia recordó que “hay una del año 1985 que se acumuló con el expediente a cargo de Penal 17ª. Además, ha sido denunciado en otros expedientes, como es el caso por torturas en La Tablada”. El abogado señaló que se tiene el testimonio de más de decenas de víctimas y recordó que tras una inspección ocular en la dependencia de Inteligencia policial de Maldonado y Paraguay “se recogió prueba muy sólida respecto a la participación activa de Gundelzoph en casos de crímenes de lesa humanidad”.
Chargoñia consideró que “hay que rescatar, con independencia de la demora que ocurre en este proceso, que ni la Fiscalía ni el Juzgado han considerado que estos crímenes prescriben. Eso también es importante destacarlo. Son delitos cuya naturaleza indican que no importa el tiempo que ha pasado la acción penal debe ejercerse”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017
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5) Prisión para gestor de viviendas del Pit-Cnt
Jueza concluyó que realizó estafas millonarias a constructoras.
Eduardo Barreneche (El País)
La jueza Graciela Eustachio procesó con prisión al gestor Milton Díaz, por incurrir en estafas a empresarios constructores en el marco del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt. Díaz es un exmilitante de izquierda, según declaró en la sede penal el excoordinador de la central obrera, Juan Castillo, hoy director Nacional de Trabajo. La jueza dispuso la prisión domiciliaria del imputado por ser mayor de 70 años.
En el auto de procesamiento, al que tuvo acceso El País, la magistrada concluyó que «resulta probado» en la investigación judicial que Díaz y otras personas, mediante distintas estratagemas, «indujeron a error» a varias empresas para obtener dinero de estas, el que «obviamente no fue destinado» para lo que se había acordado y «tampoco fue devuelto». Eustachio consideró que es evidente que ese dinero fue gastado por Díaz en su provecho o de un tercero.
Díaz se presentó ante las empresas denunciantes como representante o nexo del Pit-Cnt, cuando en realidad no tenía tal calidad, conjuntamente con R.CH.M. —hoy fallecido— que lo hacía en representación de Vivamax, y trataban de asegurar el interés de las firmas constructoras invocando y exhibiendo los contratos suscritos entre el Banco Hipotecario del Uruguay y el Pit-Cnt, representado por Castillo y el coordinador de la central obrera, Marcelo Abdala, y entre Vivamax y la central, representada por el denunciado Eduardo Burgos.
El Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt nació en 2011 en el sindicato metalúrgico por impulso de Abdala. A su frente designó a su mano derecha, Eduardo Burgos (también metalúrgico) y otros dirigentes comunistas.
Mostrando los contratos, los gestores engañaron a los damnificados en cuanto a la seriedad del negocio que le planteaban para que estos procedieran a contratar con Vivamax y les pedían anticipos de dineros por sumas elevadas, que los usaban en su provecho. Eustachio precisó que el Pit-Cnt «no estaba en condiciones de suscribir contrato alguno» con el BHU ni con Vivamax porque carece de personería jurídica. «Además, el contrato con Vivamax suscrito por Burgos, en representación del Pit-Cnt, no fue sometido a la previa consideración y aprobación de la central. Todo ello, corresponde que sea tenido presente en el contexto general de la operativa desarrollada por Díaz y otros indagados» durante la investigación judicial, señala la jueza. Eustachio discrepó con el pedido del fiscal Carlos Reyes, que requirió el procesamiento con prisión de Díaz por apropiación indebida.
Millonario.
Los dos gestores ofrecieron a las empresas denunciantes la construcción de determinado número de viviendas (8.000 en el caso de Caritech; 1.000 a la denunciante Susana Nicoliella; 2.000 viviendas a Internacional de Construcción Arined y 1.000 a Betilur).
Las empresas denunciantes entregaron diferentes sumas de dinero (en efectivo o cheques) a ambos gestores «no cumpliendo estos con lo convenido» porque no compraron terrenos y, por ende, no se gastó en la nivelación de los mismos y no se consiguió el Documento de Aptitud Técnica (DAT). Esos elementos, advierte la jueza, eran necesarios para que las empresas denunciantes pudieran comenzar la construcción de las viviendas.
Davanal entregó cheques a los gestores por US$ 300.000; Internacional de Construcción Arined dio US$ 150.000; Caritech, US$ 93.685 y Betilur proporcionó cheques por US$ 84.681. Es decir, las sumas recibidas por los dos gestores totalizan más de US$ 627.000. Eustachio con- cluye: «Como el indagado y R.CH.M. no usaron el dinero para lo que se había acordado, nunca se construyó vivienda alguna y las empresas se vieron perjudicadas, no solo por las sumas entregadas a Díaz y a R.CH.M., sino también por gastos efectuados por algunas empresas para implementar las futuras construcciones».
Analizan denuncia contra Polgar y Castillo.
La jueza penal Graciela Eustachio decidió pasar a vista del fiscal Carlos Reyes una denuncia penal contra el actual presidente del Banco República Jorge Polgar (expresidente del Banco Hipotecario), el director nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo Juan Castillo, y el secretario general del Pit-Cnt Marcelo Abdala, realizada por el abogado penalista Gustavo Salle.
«El procesamiento con prisión de Milton Díaz por estafas determinará que la investigación se abra hacia otras personas. La indagatoria sobre irregularidades en el Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt continuará», dijo el profesional a El País. Salle presentó la denuncia en representación de una empresa española Internacional de Construcción Arinet, que aduce haber sido estafada cuando decidió participar del plan de vivienda sindical del Pit-Cnt.
La primera denuncia sobre supuestas irregularidades en el Plan de Viviendas Sindical fue la de la empresaria de Rocha Susana Nicodella (que también accionó ante la Justicia Civil y reclama 2.850.000 dólares) y se unificó con otra presentada en junio del 2013 por la empresa Walltech, propiedad del magnate ecuatoriano Isidro Romero Carbo. En 2013 se elevó a la Justicia una tercera denuncia penal por parte de un empresario del interior que reclama cheques entregados a los gestores. Asimismo, también por las viviendas sindicales hubo en 2013 una demanda civil contra uno de los gestores por US$ 6.800.000 y que se saldó mediante un acuerdo extrajudicial.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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