1) Habrá investigadora por Archivo Castiglioni –
2) Juicio del Cóndor en Italia: Tróccoli dice que él no fue –
3) Dijab le colmó la paciencia a Mirza –
4) Figueredo denunciado por otro millonario soborno en Venezuela –
5) Bianchi y Muñoz, más que una interpelación una prueba de resistencia
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2100 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 14 de Octubre de 2016 / Producción: Andrés Capelán
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa". — Noam Chomsky
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1) Partido Independiente se suma a planteo del FA de conformar investigadora por archivo Castiglioni
(La Diaria)
El senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, planteó ayer en la Cámara de Senadores la necesidad de conformar una investigadora parlamentaria para analizar el espionaje militar en democracia, revelado por la información del archivo del coronel retirado Elmar Castiglioni publicada por el semanario Brecha. “Dije que es imprescindible que el Parlamento investigue lo que ocurrió, que es de una gravedad institucional evidente, porque hubo espionaje militar en democracia a organizaciones políticas, sociales y a sindicatos”, dijo Mieres a la diaria.
El legislador del PI afirmó que hay muchas preguntas por responder, por ejemplo, con qué recursos se pagaba a los espías, quiénes sabían y quiénes toleraron que el espionaje se llevara adelante, por qué se esperó a la muerte de Castiglioni para incautar el archivo y por qué desaparecieron de Presidencia de la República 15 CD con material de un archivo incautado anteriormente. “Hay que determinar qué pasó y quiénes fueron los responsables”, sostuvo Mieres.
La bancada del Frente Amplio (FA) resolvió la semana pasada conformar una comisión preinvestigadora para analizar el tema. Mieres dijo que esperará “un par de días” a que el FA presente formalmente la solicitud de conformación, y que si no lo hace, él la presentará, porque “no puede ser que el Parlamento se calle” en torno a este tema. Remarcó que las actividades de espionaje militar en democracia son “absolutamente ilegales e inconstitucionales”. Agregó que no puede esgrimirse que el tema está en la órbita de la Justicia para no investigar, ya que la Justicia investiga una causa de la dictadura -el asesinato de Fernando Miranda- y el archivo contiene información de actividades ilegales en democracia.
Familiares quiere establecer responsabilidades por archivo de Castiglioni
El descubrimiento del archivo del coronel Elmar Castiglioni no pasó desapercibido para Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. La organización tomó cartas en el asunto y comenzó a mantener reuniones de alto nivel con miras a esclarecer las responsabilidades en la elaboración y acopio de ese material y asegurar que sea posible usar la información del archivo como insumo para obtener resultados en su ya tan prolongada búsqueda.
Familiares concretó dos encuentros: uno con la máxima autoridad del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique; el otro con la autoridad máxima del Frente Amplio (FA), Javier Miranda.
Irma Correa, integrante de la organización, participó en el encuentro con Pérez Manrique y dijo que, ya que se reveló que Castiglioni tenía interés en “no tocar” el batallón de Artillería Antiaérea Nº 1, en donde actualmente se realizan excavaciones, se le propuso al jerarca que los antropólogos que están a cargo de esa tarea tengan acceso al archivo. “En noviembre o diciembre va a hacer casi un año desde que se está excavando, y teníamos la intención de que los antropólogos pudieran ver las fotos aéreas y los mapas”, explicó.
Correa dijo que además en el archivo podría haber datos sobre desaparecidos o, incluso, sobre los propios familiares, por lo que le solicitaron a Pérez Manrique acceso a esa información.
Pérez Manrique respondió que la SCJ no está habilitada a hacer ese trámite, debido a que la causa está siendo llevada adelante por la jueza Adriana de los Santos. Les sugirió que, en cambio, le hagan llegar a la magistrada una solicitud escrita, para que ella tome la decisión. Correa dijo que Familiares presentará el escrito, atentos a que uno de los principales desafíos es “el tiempo”: “Si están excavando ahora y hay información del Batallón de Artillería Antiaérea Nº 1 en esos archivos, no podés esperar una eternidad”.
En tanto, otra delegación de la organización fue a visitar a Miranda a la sede del FA. Elena Zaffaroni, que estuvo en la reunión, dijo a la diaria que el encuentro ya había sido tramitado hacía tiempo, incluso antes de que el presidente de la fuerza política asumiera. Al ex secretario de Derechos Humanos de Presidencia se le transmitió la preocupación porque la confirmación de la existencia del archivo, que incluye espionaje militar en plena democracia, “no es un hecho aislado”, sino que se suma a otros acontecimientos recientes.
Zaffaroni mencionó, entre otros, el discurso del coronel retirado Ruben Hartmann durante el quinto encuentro de retirados militares (en el que dijo: “Por ahora empezamos a volver”) y el acto de “desagravio” del Círculo Policial al propio Castiglioni, con la inauguración de una placa con su nombre en la sede de la institución, luego de que una similar fuera retirada del salón de honor de la Dirección General de Información e Inteligencia, en julio. “Esta comisión investigadora [por la parlamentaria] tiene que ir a fondo, encontrar a los responsables y explicar qué pasó, quién autorizó eso que es absolutamente ilegal, contrario a la Constitución y la democracia”.
Según Zaffaroni, Miranda compartió la perspectiva de que estos hechos eran “sumamente graves” y podían analizarse “en conjunto”, y además expresó su compromiso con el futuro trabajo de la comisión investigadora que se formará en el Parlamento.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016
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2) Tróccoli dijo que no participó en desapariciones y llamó a Uruguay “patria ingrata” que no tendrá ni sus huesos
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
“Señores y señoras de la Corte, ante todo quiero subrayar que yo nunca fui apresado en Italia, sino que me presenté espontáneamente ante el juez cuando supe que estaba requerido, y nunca dejé el país”. Así comenzó Jorge Néstor Tróccoli sus declaraciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma, regida por la jueza Evelina Canale, que tiene a su cargo la causa en su contra. El ex marino se presentó ayer y eligió no someterse a un examen por parte de la Corte y de los abogados; en cambio, leyó unas palabras y se retiró. El procedimiento italiano prevé que el imputado dé unas declaraciones espontáneas y decida no contestar las preguntas de la Corte y de los abogados, aunque estas declaraciones no tengan un valor en el proceso equivalente al de un examen procesal, según comentaron algunos abogados de la parte civil a la diaria.
Tróccoli, en su intervención, reconstruyó los hechos que ocurrieron en Uruguay en los años 60 y 70 según su perspectiva, y su punto de vista recalca lo que ya expresó en su libro La ira del Leviatán, que durante la audiencia mencionó y dijo haber escrito “buscando la paz para todos”. “En 1963, el gobierno democrático uruguayo sufrió un ataque por parte de movimientos terroristas. […] En esa época yo tenía 15 años y recién había empezado la escuela naval, con muchas expectativas. En la marina me hicieron entender lo que estaba pasando y mis sueños se rompieron. Acabó mi juventud. Durante más de 15 años el movimiento subversivo agredió, despojó, torturó y mató civiles, policías, compañeros y amigos”.
Luego pasó a detallar su carrera dentro de la Marina, hasta llegar a su entrada en el Fusna (Fusileros Navales): “En 1974 llegué al grado de alférez de navío y entré al Fusna. Esa era una unidad que se dedicaba a contrastar el terrorismo. Estaba organizada como el cuerpo de los Marines norteamericanos. […] Mi tarea era obtener informaciones y evaluarlas con el objetivo de contrarrestar las acciones del movimiento subversivo. Y por eso yo coordinaba intercambios con otras agencias”. A propósito de eso, Tróccoli refiere y justifica sus contactos con la Marina argentina y sus viajes a ese país, pero, dice, “yo no sabía nada del Plan Cóndor […] supe de esa operación después de mi retiro, por los medios de prensa, y dudo que haya existido esa organización”.
Reiteró varias veces su inocencia respecto de las acusaciones y dijo haberse enterado de los delitos que se le atribuyeron alrededor de diez años después de su jubilación, y que la circunstancia le fue referida “por un miembro del grupo subversivo GAU [Grupos de Acción Unificadora] en ocasión de un encuentro concedido por el pedido de ayuda para encontrar a algunas personas desaparecidas y tener noticias útiles para encontrarlas”. Dijo a la Corte haberse encontrado varias veces con personas por la misma razón, pero que estas no se comportaron bien. A esa altura de su declaración volvió a hablar del Fusna, subrayando que dependía del comando de la Marina, que su acción era nacional y que tenía un grado inferior al SID (Servicio de Inteligencia de la Defensa) y al OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).
Puntualizó que no participó nunca en operaciones en el exterior de Uruguay y que nunca viajó encubierto. Respecto de diciembre de 1977 y de los secuestros y desapariciones de los miembros de los GAU, detalló que viajó a Argentina el 20 de diciembre y que el “viaje no está en el legajo porque fue un viaje personal, para organizar cuestiones relativas al curso de 1978. Tuve que coordinar la estadía para mí y mi familia […]. Regresé a Uruguay después de dos días, muy poco tiempo para cometer los delitos de los que se me acusa. Dejé el S2 a mitad de diciembre de 1977, el 1º de enero dejé el Fusna, el 4 de febrero me mudé a Puerto Belgrano. Señores, soy inocente. Fui militar con todo lo que eso conlleva. No maté a nadie, no participé en ningún episodio conectado a desapariciones, como oficial cumplí mi deber. […] El tratamiento de los prisioneros era riguroso, así como fue el mío en el Regina Coeli [penal de Roma donde Tróccoli fue detenido cuando Uruguay pidió la extradición en 2007]”.
La última parte de su declaración fue un violento discurso en contra de Uruguay: “Mi vida fue destruida, perdí oportunidades de trabajo, mi familia fue amenazada. La patria que me llamó a combatir me traicionó, como ha hecho también con mi amigo Larcebeau [Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray]. Esa no es justicia, sino furia y venganza. […] hemos sufrido una guerra y yo logré perdonar todo, excepto el hecho de que ellos transfirieron el odio a sus hijos, cosa que yo y mi esposa no hicimos. Mis hijos son libres del odio. La única cosa positiva es que aprendí a amar Italia, el país que me acogió, la patria de mis entenados. Para lo que atañe a la otra, patria ingrata, no tendrá ni mis huesos, como dijo desde el exilio Escipión el Africano”.
Después de la declaración, la diaria se acercó al imputado para hacerle algunas preguntas; eso no fue posible porque Tróccoli dijo que no quería dar declaraciones. Fuera de grabación, nos dijo que su posición es la que expresó en las declaraciones espontáneas, en especial en la última parte de sus afirmaciones, y que vino a buscar justicia en Italia.
Luego de la lectura del texto por parte de Tróccoli, se realizaron las últimas entregas de documentación y la Corte declaró concluida la fase de testimonios del juicio. La Fiscalía tomó la palabra y abordó la exposición del alegato conclusivo.
Empezó el fiscal Giancarlo Capaldo, con una introducción de carácter general, que subrayó la importancia del juicio no sólo a nivel italiano sino a nivel mundial, por “la importancia relativa no sólo a la reconstrucción de casos judiciales, sino porque contribuyó a revolucionar, como ya pasó con el trabajo del juez Baltasar Garzón, la jurisprudencia, posibilitando la celebración de otros juicios a militares involucrados en esos hechos. La celebración de esos juicios contribuyó a que los jueces de países del Cono Sur declarasen inconstitucionales las leyes de amnistía y de obediencia debida”.
Capaldo quiso también expresar el papel imprescindible de los familiares de las víctimas, que con sus luchas dieron un empujón fundamental a la apertura de esas causas. Otra parte de su acusación se centró en la abundancia de documentación que fue presentada y en la característica de los delitos; esos homicidios muy especialmente agravados no deben será analizados como casos aislados, dijo, sino como operaciones planificadas por las juntas militares, y por eso deben ser perseguidos no sólo los autores materiales, sino los responsables políticos. La fiscal Tiziana Cugini, que representó a la Fiscalía en todas las audiencias, empezó una reconstrucción puntual de cada caso, poniendo en evidencia las pruebas aportadas por medio de material documental y de los testimonios. Inició con el caso de Daniel Banfi, secuestrado en Buenos Aires el 13 de setiembre de 1974, y detalló las pruebas aportadas por la viuda Aurora Banfi, que presenció el secuestro y declaró en el juicio, y de otros testigos, además de aportar material documental de variado origen que prueba la colaboración entre fuerzas represivas uruguayas y argentinas.
El segundo caso que abordó fue el de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) desaparecidos entre junio y octubre de 1966: Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, María Emilia Islas Gatti y Juan Pablo Recagno. Para analizar esas desapariciones, reconstruyó las dos oleadas represivas en contra del PVP citando todos los testigos “claves”: María Pilar Nores Montedónico, que colaboró con los militares; Ana Cuadros, de quien destaca la prolijidad en la declaración; Sara Méndez, Ricardo Gil, y las últimas testigos llevadas por la parte civil, Cristina Mihura, María Elena Laguna y Beatriz Castellonese. Por la parte documental, Cugini subrayó, además, muchos documentos de archivo y la declaración del fiscal argentino Pablo Ouviña, citado por la misma Mihura. Cugini puso en evidencia las conexiones que emergieron entre uruguayos y argentinos, destacó el rol de los militares acusados, dejando en claro quiénes los reconocieron y dónde fueron reconocidos; y habló de la tortura como ulterior elemento de conexión entre los organismos represivos de los diferentes países, ya que se utilizaron los mismos métodos en lugares diferentes.
La audiencia terminó alrededor de las 17.00. Hoy seguirá la reconstrucción de la fiscal Cugini, que abordará los casos en los cuales está acusado Jorge Néstor Tróccoli.
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3) Mirza dijo haber entregado a Diyab la documentación que solicitó, pero le “salió con otra cosa”
Montevideo Portal
Christian Mirza anunció que ya no será intermediario entre Jihad Diyab y el Gobierno. Explicó que le llevó al refugiado las cartas que solicitó y él “salió con otro tema que no tiene nada que ver.”
En la jornada del martes, el grupo Vigilia por Jihad Diyab denunció que el Gobierno había incumplido la promesa hecha a Jihad Diyab, quien había exigido la entrega de cuatro cartas firmadas por el canciller Rodolfo Nin Novoa y dirigidas a las embajadas de Turquía, Venezuela, Líbano y Qatar en las que se dejara constancia de que nuestro país concordaba con el viaje del refugiado a esos países, y no existía impedimento legal para ello. Al no recibir tales documentos, Diyab se negó a levantar la huelga de hambre que viene llevando adelante.
En declaraciones publicadas este miércoles por el matutino La República, Christian Mirza, vocero de los ex prisioneros de Guantánamo desde su llegada al país, explicó que en la tarde del martes llevó personalmente a Diyab las cartas exigidas.
"Pasé por cancillería, levanté esos documentos y se los entregué en mano propia. Las cartas dicen que cuenta con la documentación en regla, qué tipo de documentación, que no existe ningún tipo de impedimento legal para que salga del país y sea recibido en otro y todos los términos que él había planteado. En función de esto, le planteé enérgicamente que dejara la huelga de hambre porque el Gobierno dio respuesta a sus requerimientos", detalló.
Cumplido esto, "le pedí que levantara la huelga de hambre como había dicho que lo haría al considerar que los requerimientos por parte del Estado uruguayo habían sido cumplidos. Quedó pensando y sacó a relucir otra cosa. Salió con otro tema que no tiene nada que ver porque él hizo solicitud de visa a un país latinoamericano y dice que Uruguay se lo impidió. Es absurdo, si hizo la tramitación está bien, pero que Uruguay haya interpuesto algún impedimento es absurdo. Le dije 'mirá te dejo pensando me llamás'", relató.
"Lo encontré bien, recuperado, cuando llegué estaba sentado en la cama hablando por teléfono", dijo Mirza acerca del refugiado, reconociendo que se trató de una reunión "tensa". Por otro lado, considera que su rol como intermediario entre los refugiados y el Gobierno "ya está cumplida" y adelantó que dejará de desempeñar esa función para la cual fue designado hace casi dos años. "El anuncio tal vez lo haga público el jueves", indicó el propio Mirza al citado periódico. El fin de semana viajará a su país natal Egipto, de donde partió junto a su familia a los 6 años, para reencontrarse con familiares, permaneciendo fuera de Uruguay por unos quince días.
El abogado patrocinante de Diyab, Pablo Chargoñia, confirmó al mismo medio que Diyab había planteado que si el Gobierno entregaba esa serie de documentos diplomáticos que solicitó este levantaría la huelga de hambre que inició hace ya dos meses. Diyab quiere esos documentos y cartas enviadas a cuatro embajadas para demostrar que está habilitado a irse del país y así pedir visa para algún país que esté entre sus objetivos.
Uruguay hace intensos esfuerzos para que algún país árabe lo reciba. Mirza dijo que más allá de las negativas de algunos países a recibirlo, como Turquía, Qatar, Líbano y Venezuela "hay varios Estados que fueron consultados, pero están esperando la respuesta aún". En tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay hizo un llamado público por la situación de Diyab.
En un comunicado la Institución indica que es un "comprometido llamado al Estado uruguayo, a todas las instituciones internacionales con sede en Uruguay, a los representaciones diplomáticas en el país, a los líderes políticos, sociales y religiosos, por razones de protección a la vida, al estatuto de refugiado y por razones humanitarias, a extremar todos los esfuerzos para que el Sr. Jihad Diyab pueda encontrar a la mayor brevedad posible un tránsito para salir del país y llegar a un destino que le permita vivir en paz con su familia".
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 2016
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4) Figueredo denunciado por otro millonario soborno en Venezuela
(Sudestada)
El ex alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, pagó un millón de dólares a Eugenio Figueredo y otros dirigentes de Conmebol para que la final de la Copa América 2007 se jugara en esa ciudad
Di Martino dijo al diario venezolano Panorama que la plana mayor de la Conmebol en aquellos días, incluidos Figueredo y el paraguayo Nicolás Leoz, exigió el pago durante una cena donde estuvo el entonces presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter.
“Fue una cena muy rápida, porque yo fui al grano: Yo quiero la final. Ellos primero empezaron con planteamientos formales (derechos de televisión y seguridad, entre otros puntos) y después fueron a lo económico (…) Tuvimos que dar un aporte importante para poder terminar de consolidar esa final. Fue de un millón de dólares”, aseguró Di Martino quien también implicó al ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Rafael Esquivel.
“Fueron Figueredo y Esquivel quienes decidieron” finalmente que la final en la que Brasil le ganó a Argentina 3 a 0 se jugara en la ciudad de Maracaibo, dijo el ex alcalde. Todos estos dirigentes están involucrados en el escándalo de corrupción y lavado de dinero que sacudió a la FIFA tras la acusación de la justicia de Estados Unidos.
“Ese dinero fue para ellos. No sé cómo se lo repartieron”, añadió el ex alcalde oficialista. De acuerdo con Di Martino, el millón de dólares fue conseguido a través de “varios empresarios”, pero no especificó quiénes.
“Yo conseguí el dinero con varios empresarios. Porque una institución pública como la alcaldía (de Maracaibo) no maneja dólares pero sí los tenían muchísimos amigos que aportaron para poder colocarlos en esa mesa y decir:
– Ya basta, quiero la final en Maracaibo. Ustedes, ¿qué quieren?
– Queremos un millón de dólares.
– Déjenme buscarlos, denme dos días.
– No. Tienes 24 horas. Si no, se la damos a otro.
“Hubo un minuto de silencio, como diciendo: ¿Y si hubiésemos pedido dos (millones de dólares)?”.
“Fueron Figueredo y Esquivel quienes decidieron, ellos dos. El de aquí convenciendo al uruguayo quien tenía mucha prepotencia y soberbia que tuve que manejar con mucho tacto, tino y cuidado hasta que lo logramos. Incluso, me quería amedrentar, pero yo estaba tranquilo. Yo le decía: Si este es el planteamiento, quédate tranquilo. ¿Cuál es el agite? Vuelve a sentarte que las cosas se van a dar”, relató.
Figueredo y Leoz cumplen arresto domiciliario en Uruguay y Paraguay respectivamente, mientras que Esquivel espera por juicio en EEUU, también con medidas domiciliarias en lugar de una cárcel.
“Ese dinero fue para ellos (los dirigentes de Conmebol). No sé cómo se lo repartieron. Esquivel se quedó por fuera porque el que llevaba la batuta era nuestro amigo de Uruguay (Figueredo)”, dijo Di Martino, quien también presidió el comité organizador de la Copa América en el estado venezolano de Zulia.
“Los hoteles y restaurantes estaban llenos, así que el discurso era muy fácil de manejar y que la gente te apoyara. Por eso me atreví a decirles inmediatamente que sí. El hecho de que se lograra la final en Maracaibo fue un acontecimiento histórico (…) Todo se conjugó en función de que la ciudad tuviera el apoyo de todos, incluso, de los representantes de Conmebol, quienes de manera unánime dijeron: Maracaibo es la sede de la final. A pesar de muchas presiones que tuvimos (…) la Copa América se da en Maracaibo gracias al apoyo de Esquivel y, posteriormente, la notificación que le hicimos al comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías”, dijo el ex alcalde venezolano.
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5) Bianchi y Muñoz, más que una interpelación una prueba de resistencia
(180.com)
La interpelación de la diputada del Partido Nacional Graciela Bianchi a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, terminó en la madrugada de este jueves luego de 16 horas. Muñoz comparó la reforma que está haciendo el gobierno en la Educación con la reforma vareliana de educación primaria (universal, laica y gratuita).
“Cuando hablamos ahora del ADN nos planteamos que todos los niños y jóvenes tienen que estudiar, desde los tres a los 17 años. Que todos tienen que concurrir a la educación inicial y que todos tienen que terminar la Enseñanza Secundaria. Es un desafío de porte similar al que el país se planteó con la reforma valeriana para la Educación Primaria”, dijo Muñoz.
Bianchi dijo que integró el Frente Amplio y tuvo el respaldo de Danilo Astori pero que se alejó por la mala gestión y malos resultados.Al final de una exposición, la diputada blanca les pidió a las autoridades que le den paso a los técnicos.
“Ustedes tienen la palabra. Yo no voy a elevar 10, 11, 14, 5 preguntas que después dan lugar a cosas que no son concretas. Ya tenemos una larga experiencia. Yo les voy a pedir que los queremos escuchar a ustedes. Queremos escuchar a las autoridades de la educación. Rompan el pacto, por lo menos para la educación. Abran las alamedas para que pase el hombre libre, pobre Allende, a todos los técnicos para sacar la educación ya de esta situación tan grave que nos duele, no nos gusta”, afirmó la interpelante.
Una prueba de resistencia
Bianchi habló en su primera participación tres horas y media. El Ministerio y Codicen dobló la apuesta y metieron nueve horas. La respuesta de Bianchi fue de una hora y media. A las 12 de la noche y después de 14 horas de interpelación se abrió la lista de oradores. Todo terminó a las cuatro y media de la madrugada.
“Lamento la hora. Yo tuve la buena voluntad de hacer una intervención corta, al lado de los materiales que tenía. Estamos desde las 13.30 con el Ministerio y el Codicen. Por momentos yo sentí que me estaban faltando el respeto. No se le puede tomar el pelo al Parlamento, no se puede venir a hablar de cualquier cosa. Además, si uno viene, plantea y envía la moción a los interpelados, tienen que venir contestando lo que se les pregunta, no lo que se les ocurre decir”, señaló la diputada.
En su respuesta, la ministra Muñoz dijo que son conscientes de los problemas pero son las autoridades de la educación las que denuncian los mismos y trabajan para mejorarlos.
“Se han logrado avances muy importantes. Se han resuelto o encaminado la solución de problemas añosos, como la infraestructura edilicia. Se amplió la cobertura y la oferta educativa, se crearon instrumentos instrumentos para los estudiantes, se crearon más y mejores herramientas. Somos conscientes de los problemas pero los institutos de evaluación de la ANEP y de nuestro Ministerio son los que los han puesto en evidencia y siguen su evolución día por día. No estamos de brazos cruzados, se están desplegando numerosas iniciativas para enfrentar esos problemas y resolverlos”, afirmó Muñoz.
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