1) Espionaje militar en democracia: Relevo de prueba
2) UPM intentó definir condiciones de ferrocarril y vender energía por encima del precio de mercado
3) Los resultados de los análisis del agua de La Armonía son secretos
4) Muerte de abejas en Salto y Paysandú: apicultores apuntan a la empresa de mandarinas
5) Se vaciará el lago del Parque Rivera y se limpiará a fondo
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2145 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 29 de septiembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Espionaje militar en democracia: Relevo de prueba
Ricardo Scagliola (Caras y Caretas)
Luego de que el contralmirante Óscar Otero, director de los servicios de Inteligencia durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, reconociera en la investigadora el carácter “cotidiano” del espionaje ilegal en democracia y “cruzamientos” con agencias extranjeras, la comisión avanza ahora en nuevas citaciones. Por lo pronto, ya cursó una consulta a la cancillería sobre la posibilidad de citar a la embajadora de Estados Unidos. La comparecencia de la diplomática estadounidense divide a los miembros de la investigadora.
Una de las características más salientes de la comisión investigadora que le viene siguiendo la pista al espionaje ilegal en democracia es -como en las malas encuestas- la gran cantidad de “no sabe, no contesta”. Ministros del Interior de todas las épocas, jefes de los servicios de Inteligencia, militares de todos los pelos han repetido como un mantra no tener conocimiento de la actividad de los servicios de espionaje. Así sucedió hasta que el pasado lunes, por primera vez, un antiguo mando militar reconoció que el seguimiento a personas, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil fue “una práctica de costumbre” durante su paso por Inteligencia. El dato provino de la declaración del contralmirante retirado Óscar Otero, quien se desempeñó en la Dirección General de Información de Defensa durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti.
La confesión de Otero llegó en el momento menos esperado, después de que los integrantes de la investigadora impulsaran una declaración pública de la Cámara de Diputados rechazando la decisión de cuatro jefes de la Inteligencia militar de eludir la citación de la comisión. Se trata de los generales retirados Mario Aguerrondo, Daniel Legnani, Francisco Wins y Juan Antonio Zerpa, que por carta o teléfono anunciaron el faltazo. La actitud discorde de Otero, sin embargo, constata una fotografía repetida de estos meses de trabajo de la comisión: a diferencia de los retirados del Ejército, entre los exmandos de la Armada ha primado la decisión de sí comparecer ante el Parlamento.
La “investigadora sobre posibles actos de Inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha” -así se llama la comisión que investiga el espionaje militar en democracia- ha puesto de manifiesto -aunque con dispar repercusión mediática- el descontrol de los servicios de Inteligencia en democracia, y el mantenimiento de ciertas estructuras propias de la dictadura. La confesión de Otero no sólo corrobora esto, sino que aportó otro elemento importante: el “cruzamiento” que -sostuvo- se realizaba con “otras agencias de Inteligencia”.
Varios rollos a los que tuvo acceso Caras y Caretas comprueban estos cruzamientos y, más que cruzamientos, una imponente simbiosis con la madre de todas las agencias. “Funcionamiento de la CIA en nuestro país” es el “asunto” de uno de los cables, con fecha 8 de junio de 1989. Allí se transcribe una entrevista con un tal “agente Fabián”, y se constata, por ejemplo, el financiamiento por parte de la superagencia estadounidense a espías uruguayos. “El dinero viene destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. En este último lugar es donde se concentra el mayor esfuerzo”, escribe el “agente 53-G”. Y añade: “La remuneración no es de acuerdo a la jerarquía, sino es en función de la tarea asignada como aspecto más importante”.
El cable del “agente Fabián” desnuda el papel de “La Embajada” -tal como se le llama a la representación de Estados Unidos en Montevideo-: su asesor económico y administrativo -consigna- es “el responsable de todo”, “el que recomienda la compra de vehículos, volcar más medios a una operación, pago de premios estímulos, etcétera”. Este hombre, a quien se le adjudica la dirección de las operaciones de la CIA en Uruguay es Carlos Ramírez, apodado Facho, quien a lo largo de una extensa entrevista con el “agente Fabián” termina confesando asesinatos y enterramientos.
“Yo no maté gente por satisfacción propia y a vos te consta. Porque salimos juntos, estuvimos juntos enterrando gente. ¿O no? […] Si vos te olvidaste de eso… yo no me olvido, porque yo no lo hice con satisfacción, y vos tampoco. Hubo una diferencia, yo no me mamaba después de hacerlo. Yo pensaba que teníamos que trabajar de otra manera para evitar llegar a eso. Y te insistí, y te rompí las bolas durante años, para que formáramos un equipo de gente para que mañana, de diez tipos, tuviéramos que matar a tres para obtener información”. La entrevista con el “agente Fabián” aborda también la descontrolada interna de los servicios -“Están jugando a ejecutarme”, advierte el entrevistado- y evidencia el seguimiento a colectivos de la diversidad sexual: “Ahora ya tengo todos los elementos, te voy a dar el [informe] de los homosexuales”. Otra prueba de que nada escapaba al espionaje militar.
Las implicancias de “La Embajada” en la actividad de los servicios llevó a la comisión a consultar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la posibilidad de citar a la embajadora Kelly Keiderling, pero aún no obtuvo respuesta. La consulta a la cancillería se decidió luego de un intenso intercambio en el interior de la comisión. El Frente Amplio, bajo la voz cantante del presidente de la investigadora, Gerardo Núñez, y Unidad Popular, representada por su único diputado, Eduardo Rubio, creían que había que citar sin más a la jefa de la representación diplomática más nombrada en los cables.
Iván Posada, del Partido Independiente, planteó que esta convocatoria excedía el mandato de la comisión y planteó dudas acerca de la posibilidad de que una decisión de este tipo transgreda la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece un régimen de protección e inmunidades para el personal de embajadas y organismos internacionales. El nacionalista Jaime Trobo también puso objeciones. Mientras se espera la respuesta del Palacio Santos, Posada adelantó que su voto, en este caso, será “negativo”. “Para mí no esta en el marco de lo que fue el mandato de la Cámara de Representantes”, explicó a Caras y Caretas. Por lo bajo, varios integrantes de la comisión -incluidos los opositores- sostienen que es “una obviedad” que la CIA operó y sigue operando a través de la Embajada de Estados Unidos.
El espionaje del que da cuenta el “archivo Berrutti” recopila desde datos trascendentes de partidos y organizaciones sociales -discusiones ideológicas, virajes tácticos, posibles escenarios- hasta historias mínimas acerca de dirigentes y militantes. La catarata informativa incluye, por ejemplo, la recopilación de los matrimonios de personalidades identificadas con la izquierda anunciados a través del Diario Oficial. La lista confeccionada por el “agente 40” incluye, por ejemplo, al actual ministro de Economía, Danilo Astori. O un minucioso detalle acerca del avance en la recolección de firmas para habilitar el referéndum que, en 1986, dejó en manos de la ciudadanía la decisión de “confirmar” o “dejar sin efecto” la Ley de Caducidad, un tema que puso en verdadero estado de alerta a los espías.
Zerpa, uno de los directores de Inteligencia que la semana pasada se negó a declarar ante la investigadora, estaba entonces al mando de los servicios. Legnani, otro de los cuatro militares que no asistieron a la convocatoria, estaba en su lugar cuando en noviembre de 1990 los agentes se infiltraron en una caravana del FA. El “Memorándum 1388”, al que también accedió Caras y Caretas, consigna: “Se detecta a Tabaré Vázquez recorriendo la caravana por 18 de Julio en el coche matrícula 234.346 y atrás del coche del intendente se detecta el Fiat 147 azul en actividad de aparente custodia”.
Denuncia penal en puerta
Una mayoría de los integrantes de la comisión ya se decanta por la denuncia penal como broche de un trabajo que ha tenido no pocos obstáculos. Para empezar, el mutis de ministros de Interior y Defensa, así como jefes de los servicios, que poco o nada han dicho sobre toda la montaña de cosas que sí dicen los papeles del “archivo Berrutti”, la única materia prima con la que trabaja la investigadora, dado que la Justicia negó a los legisladores la posibilidad de acceder a la otra gran fuente de material: el “archivo Castiglioni”. Así lo dijo el presidente de la comisión, Núñez. En igual sentido se expresaron el representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio, y el diputado independiente Iván Posada ante la consulta de Caras y Caretas.
“Es obvio que a esto hay que llevarlo a la Justicia. A mí no me queda ninguna duda y creo que al resto de la comisión tampoco”, dijo Rubio. También fue contundente Posada: “Hay que darle paso a la Justicia”. Medido, Trobo explicó a Caras y Caretas que en el Partido Nacional aún no han tomado “ninguna definición”. “Veo que hay alguna gente que ya tiene definido qué es lo que va a hacer”, sostuvo, en relación a las expresiones públicas de Núñez acerca de su determinación de presentar una denuncia penal. “La de la comisión tiene que ser una tarea discreta, sin espectacularidad”, subrayó. El diputado nacionalista pidió “no andar por ahí anunciando” y cultivar “un talante, una forma de encarar los temas” más centrado en “el hacer” que en “el decir”.
Cuando quedan unos pocos meses más para terminar con el trabajo de la comisión investigadora, sus integrantes empiezan a afinar las conclusiones. Rubio, por ejemplo, subraya que “estamos confirmando algo que todos sabíamos y es que existe espionaje del aparato del Estado sobre los partidos políticos, organizaciones sociales y personas del común”. El diputado popular dijo a Caras y Caretas que es “muy pobre” el aporte de todas las autoridades civiles y militares que han comparecido ante la comisión. Sin embargo, aun frente a la escasez, Rubio toma nota de que “la Dirección Nacional de Información e Inteligencia era, en realidad, un lugar donde convergían los diferentes servicios, aunque se percibe que cada uno tenía su propia dinámica, y hasta parecen chocar en algunos aspectos”.
Trobo, por su parte, apunta a “identificar las responsabilidades” antes de tomar posición. “Hubo actividades prohibidas, ilegales en democracia, pero ¿estaban o no involucrados los mandos? De acuerdo a los elementos que tenemos, las actividades se realizaron, pero lo que no queda claro son las responsabilidades, si escapaba o no a su conocimiento”, indicó. Trobo apuntó a la actividad de los servicios como “una especie de inercia” que quedó encastrada desde la dictadura. Y dijo que hay cables que “parecen hechos por algún lelo”. “Desde el principio tuvimos los elementos de juicio suficientes para afirmar que el espionaje fue una práctica muy recurrente en el Uruguay de la democracia, un ejercicio que había que hacer”, sostiene Posada.
Más allá de las diferencias, todos los integrantes de la comisión coinciden en un punto: en un acto delictivo, preocupante y peligroso: hubo espionaje ilegal en democracia. También en una duda: ¿lo sigue habiendo?
El sistema solar del espionaje
Los meses pasan, el trabajo de la investigadora avanza y algo queda cada vez más claro: el descontrol de los servicios de Inteligencia derivó en un enorme aparato de espionaje, huérfano de controles. Ahora, cuando la investigadora intenta establecer las responsabilidades del espionaje clandestino y nadie se hace cargo de la criatura, políticos de distintos pelos empiezan a pensar en la necesidad de un marco que regule los servicios para, en palabras de Jaime Trobo, “asumir un compromiso hacia el futuro”. En enero de este año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que, en esencia, recoge el borrador elaborado por una comisión bicameral durante el período pasado.
Se trata de la “Comisión Especial con Fines de Asesoramiento Legislativo sobre Inteligencia de Estado”, que fue creada en noviembre de 2011 y estuvo integrada por los legisladores Ivonne Passada y José Bayardi (Frente Amplio), Jaime Trobo (Partido Nacional), José Amy (Partido Colorado) e Iván Posada (Partido Independiente). El proyecto que el gobierno envió en enero, sin embargo, difiere en un punto importante respecto al que redactaron estos cinco parlamentarios: el nuevo director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIEE) será designado por el Poder Ejecutivo y no requerirá venia parlamentaria, como sí postulaba el borrador elaborado por la comisión.
Este cambio disgustó a los blancos. Si bien el proyecto es, a juicio de los de Oribe, “muy moderno” y “el Partido Nacional tiene el propósito de aprobarlo”, Trobo remarcó a Caras y Caretas la importancia de que la designación cuente con la venia del legislativo. Desde el Frente Amplio, en tanto, estiman que el cambio en la presidencia de la Asamblea General -donde Lucía Topolansky ha pasado a ocupar el lugar de Raúl Sendic con la premisa de acelerar el tranco- puede llevar a que el proyecto sea aprobado en el correr de lo que queda del año. El proyecto enviado por el Ejecutivo está organizado en seis capítulos y proyecta, como objetivo fundamental, la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI).
El artículo segundo parece recoger las enseñanzas de tantos años de espionaje ilegal en democracia: “Los órganos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia desarrollarán sus actividades actuando bajo el más estricto cumplimiento de los principios del régimen democrático republicano de gobierno, en pleno respeto a los derechos humanos”. El proyecto contiene, en su interior, una especie de “diccionario de los servicios”. Términos como “contrainteligencia”, “fuentes”, “canal técnico”, son definidos con la precisión de un diccionario de la editorial Larousse. Más adelante, en su artículo 7, prohíbe a cualquier organismo de Inteligencia “intervenir en la actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos”. Los organismos involucrados en el SNI bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE) serán, principalmente, los ministerios de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores, y Economía y Finanzas.
El director de la SIEE será designado y cesado por el Poder Ejecutivo, por un plazo máximo de seis años consecutivos sin posibilidad de desempeñarse nuevamente hasta tres años después de ese período. Este cargo será de carácter exclusivo. También crea una “Mesa Coordinadora de Inteligencia”, presidida por el director de la SIEE. Y pone la mira de la Inteligencia en la detección de “grupos terroristas, nacionales o internacionales” y “organizaciones criminales transnacionales”. El artículo 19 establece, además, que “toda operación de búsqueda de información […] involucrando procedimientos especiales que puedan afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos deberá ser autorizada por el Poder Judicial”.
El proyecto también establece que los jerarcas del sistema podrán “autorizar en forma escrita y debidamente clasificada” que el personal de su dependencia “oculte su identidad oficial y actúe en forma encubierta para la obtención de antecedentes e informaciones”. El nuevo organismo estará bajo el control de una comisión parlamentaria bicameral, en la órbita de la Asamblea General, que se relacionará directamente con el director de ese nuevo sistema solar de la inteligencia que será la SIEE.
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2) UPM intentó definir condiciones de ferrocarril y vender energía por encima del precio de mercado
(Montevideo Portal)
La empresa finlandesa quiso venderle energía al gobierno por encima del precio del mercado y producida específicamente para esa venta. Además, intentó inmiscuirse en definiciones específicas de la inversión estatal. Los integrantes del equipo de gobierno que negocian con la empresa finlandesa pusieron en suspenso la negociación, ante lo que entienden como excesos por parte de UPM.
Según supo Montevideo Portal, la molestia no pasa tanto por las exigencias de exoneración fiscal, sino por el hecho de que la empresa aumentó sus requerimientos a medida que iban avanzando los acuerdos e intentó inmiscuirse en definiciones específicas sobre la inversión en el ferrocarril, que será pagado por nuestro país como forma de asegurar la infraestructura que precisa la fábrica de celulosa.
Otro de los puntos que puso a prueba la paciencia de los negociadores fue la intención de los finlandeses de obligar a Uruguay a comprar energía por encima del precio del mercado y producida específicamente para venderle al país. Esta iniciativa puso en cuestión la naturaleza del negocio; hasta ahora lo que se hacía era permitir a la fábrica de celulosa vender la energía que le sobraba del proceso de producción a un precio adecuado.
Si bien es cierto que existen aspectos vinculados a la carga impositiva de los recursos que están fuera de la zona franca -particularmente exoneraciones al impuesto al Patrimonio- lo que más molestó a los integrantes del gobierno fue el cambio y la falta de respeto a los ámbitos considerados de autonomía del país. Pese a la situación, en el ámbito de gobierno no descartan que el acuerdo se firme, dado que en anteriores negociaciones por inversiones de este tipo, también se llegó a momentos con niveles de conflicto similar.
La empresa juega con el potencial de su inversión que de concretarse aumentaría el Producto Bruto Interno del país entre un 1 y 2%.
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3) Los resultados de los análisis del agua de La Armonía son secretos
Bernardo Brongo (SdR)
Los resultados de los análisis sobre la contaminación del agua de una cañada en el paraje La Armonía, realizados por la Facultad de Química a solicitud de la Intendencia de Canelones, son conocidos únicamente por la comuna y los siete productores damnificados. Las muestras de agua fueron obtenidas el 31 de marzo luego de que un productor de la zona contaminara la cañada con un poderoso herbicida llamado Picloram, de donde pequeños productores tomaban agua para el riego de sus plantaciones de frutas y hortalizas, por lo que perdieron su cosecha.
Sala de Redacción procuró obtener información del director de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones, Matías Carámbula, sobre los resultados de los análisis, pero el director se excusó, ya que está a la espera de la autorización de la Facultad de Química para hacerlos públicos. Sin embargo, Eduardo Casanova, uno de los productores que perdió su cosecha por la contaminación de la cañada, manifestó que “las muestras obtenidas en el pozo que analizaron arrojan la existencia de Picloram por encima del 3.15 por ciento admisible, de 2,4,6-T por encima del 6.16 por ciento y de 2,4,5-T”.
Esta última sustancia es una auxina sintética con efectos plaguicidas, prohibida en todas sus formulaciones y usos por el Convenio de Roterdam, al que Uruguay adhirió en el año 2005, por ser dañina para el ambiente y la salud humana. Casanova agregó que la cantidad de Picloram detectada es similar en los productores damnificados, aunque en algunos casos se encontraron otras sustancias diferentes que no se pudieron especificar, por lo que “la facultad vendrá a tomar nuevas muestras del agua”.
En cuanto al proceder del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Casanova indicó que “miente cuando dice que nos dio los pozos de agua, lo que hizo fue habilitar el proyecto de riego y una empresa realizó los pozos”. Como es “habitual” en estos proyectos, el productor “se hace cargo del 20 por ciento del costo y el ministerio del 80 por ciento restante”, agregó.
Desde el MGAP se afirmó que en el caso de La Armonía se trató del “uso irresponsable de un agroquímico”, ya que “la dosis usada de Picloram fue ocho veces mayor a la recomendada por la etiqueta”. Sala de Redacción consultó al director departamental de Canelones del MGAP, Gustavo Moratorio, quien expresó que si bien se trató de un accidente, “hay planes de uso y manejo de suelos para cada cultivo agrícola que requieren la autorización del ministerio”. En cuanto al control del cumplimiento de la normativa vigente relativa al empleo de agroquímicos, manifestó que se procede tanto por denuncia como de oficio, y agregó que si bien hay reglamentaciones nacionales para el uso y manejo de suelos, los gobiernos departamentales tienen autonomía respecto del ordenamiento territorial.
El daño a los pequeños productores de La Armonía representó un punto de inflexión y tuvo importantes derivaciones en el discutido tema del uso de agrotóxicos en Canelones. En búsqueda de una solución, Carámbula dijo a Sala de Redacción que existe un documento en proceso de elaboración relativo al plan de ordenamiento territorial de ese departamento, y adelantó que “no se plantea prohibir cultivos sino que se busca incorporar normativa complementaria a la normativa nacional que tenga en cuenta las particularidades de Canelones”. La reglamentación incluirá las distancias que los cultivos deberán tener en determinadas zonas respecto a los cursos de agua, los centros poblados y educativos. También informó que se buscará recuperar la vegetación como zona de amortiguación para evitar la erosión.
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4) Muerte de abejas en Salto y Paysandú: apicultores apuntan a la empresa de mandarinas
(180)
Néstor Causa, vocal de la Sociedad Apícola del Uruguay dijo esta mañana a No toquen nada que no se descarta la hipótesis de que la muerte de unas 1.800 colmenas de abejas en Salto y Paysandú fue causada intencionalmente por una empresa. La motivación sería evitar la polinización de las mandarinas para evitar que tuvieran semillas utilizando un producto ilegal como el Fipronil que, según el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), fue el que causó la muerte de las abejas.
“Hay un punto de partida que es la mandarina sin semilla que se tiene que producir para exportar a Estados Unidos. De hecho, estas aplicaciones si bien se atribuía que se efectuaban por un determinado pulgón que las afecta, estaban más relacionadas con el control de las abejas para que no llegaran a las plantaciones. Yo no estaría buscando ni sospechando de otra fuente sino directamente apuntar a la empresa que estaba aplicando el producto para que las abejas no polenizaran”, dijo.
“Desde mi punto de vista no lo descarto”, agregó al ser consultado sobre si pudo haber sido intencional. Causa dijo también que la explicación que dio en primera instancia el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, no coincidía con las características de la situación que se presentó a fines de agosto en Paysandú y Salto.
“El ministro de esa situación de chlorpyrifos y la propia empresa manifiesta estar usando esa droga. Pero las abejas morían de una forma que no coincidían con eso que generalmente si agarra a la abeja en vuelo no vuelve a la colmena. Pero en este caso particular, las abejas llegaban a la colmena y generaban todo un proceso en el que la abeja vuelve, regurgita el néctar que trae envenado y es consumido por otra abeja y se genera una muerte en cadena. Después si esa colmena que murió es pillada por otra abeja, también va a morir”, explicó.
El integrante de la directiva de la Sociedad Apícola del Uruguay también cuestionó aspectos de la investigación que realizó el Ministerio, cuyos resultados presentó ayer en conferencia de prensa. Uno de los detalles fue que las muestras en busca de Fipronil en los mandarinos se tomaron 15 días después de las muestras en las abejas. Afirmó que las muestras debieron realizarse en el mismo momento.
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5) Se vaciará el lago del Parque Rivera y se limpiará a fondo.
Juan Pablo De Marco (El País)
Al igual que en el Parque Rodó, la Intendencia de Montevideo desagotará y limpiará en el Parque Rivera el fantástico lago que hoy tiene en su fondo toneladas de basura, anunció a El País el alcalde del Municipio E, Francisco Platero. El reacondicionamiento del Parque Rivera exige eliminar los asentamientos del entorno. En efecto, atrás del Parque Rivera hay unas 10 familias instaladas en un asentamiento. Los inodoros de esas viviendas dan hacia una cañada que desemboca en el lago. "Ese es el problema más grave", aseguró a El País Santiago Aznárez, concejal vecinal e integrante de la comisión Pro Parque Rivera, creada a fines de 2015 para mejorar la situación del lugar.
Investigadores de la sección de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias investigaron la calidad del agua del lago y encontraron en 2016 que el cuidado hecho por la Intendencia resultó "precario" en función del aumento de población que hubo en la zona que comprende la cuenca del lago. Eso tuvo "una afectación negativa sobre la calidad ambiental", se afirma en el estudio. Ahora el compromiso de la comuna es realojar a esas familias antes de que termine el 2017. Luego se pasaría a realizar una evaluación técnica del lago para desagotarlo y limpiarlo a carta cabal.
Con un calderín.
En 2012, cuando el Estadio Charrúa fue cedido a la Unión de Rugby del Uruguay (URU), se le exigió a esta como contraprestación la limpieza del lago. Fuentes de la URU aseguraron a El País que el texto firmado no dice cuánto se debe limpiar. Según Aznárez, la limpieza la hacen dos personas con un calderín de 40 centímetros de diámetro. Es una "formalidad con resultados nulos", comentó.
A mediados de 2016, la URU pidió permiso a la Intendencia para colocar una reja debajo del puente que une la cañada de los asentamientos con el lago del Parque Rivera. El objetivo es que no pasen bolsas de basura, carritos de bebés o colchones. "Hasta el momento no se nos respondió", comentó un directivo de la URU a El País.
Por insistencia de la comisión para mejorar la calidad del agua, la comuna otorgó una partida de dinero a la cooperativa de cuidaparques para que en abril de 2017 se hiciera una limpieza superficial del musgo. Además, los vecinos vienen reclamando desde hace 6 meses a la Intendencia que se retiren ramas incrustadas en el fondo del agua tras la caída de un árbol después de un temporal. Hasta ahora no obtuvieron respuesta.
Cogestión.
En febrero de este año, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, emitió una resolución en la que obliga el departamento de Acondicionamiento Urbano de la comuna a convocar a todos los actores interesados en participar en un "Plan Maestro del Parque Rivera", con el objetivo de formar una comisión provisoria que "cogestione" el lugar.
Martínez, que había visitado el sitio en septiembre del año pasado, señala en esa resolución que desde hace algunos años se realizan experiencias "positivas" de cogestión en los espacios públicos, y que este tipo de acciones ayuda a valorizarlos. La idea era que la Intendencia convocara a todos los actores en octubre, pero se pospuso la fecha porque una directora de la comuna se fracturó una pierna.
Desde esta nueva comisión buscarán además el retiro de unos 100 gansos que tiene el parque, uno de los principales atractivos de los visitantes, que los fotografían y les dan alimentos. "Tienen un pico que come y depreda", indicó Aznárez. Su movilización en grupo ha generado problemas en el tránsito de las calles aledañas al parque y asustan a las aves migratorias.
Mucho tránsito.
Los vecinos del parque señalan que la calle Benito Cuñarro, una angosta vía interna que pasa por encima de la cañada y conecta la calle Alberto Zum Felde con Bolivia, se convirtió en una avenida abierta a demasiados vehículos que van de este a oeste y viceversa. "En las horas pico es impresionante la cantidad de autos que circulan. Esto afecta también la calidad del parque", manifestó Aznárez.
Este espacio público tiene una superficie de 65 hectáreas y cuenta con algunos parrilleros. El problema es que cuando llueve esa zona se inunda. "Hay que hacer todo un rediseño de todo el parque y ahí definir dónde ubicar los parrilleros", señaló Aznárez. La intención es que el parque también sea "disfrutado" en la noche. Los vecinos que integran este movimiento han constatado que hay personas que duermen en el predio. Desde el mes de mayo la comuna resolvió que el servicio deje de brindarse en la noche, por un tema de "optimización de recursos".
Considerando que en la zona sur del parque está la jefatura policial de la zona II se piensa que, cuando se formalice la comisión de cogestión, el Ministerio del Interior colabore en la seguridad del sitio. "Lo que nos importa a nosotros, y pensamos que es el gran desafío, es recuperar el parque, que sea mejor usado. Queremos que sea habitable y no una tierra de nadie", concluyó el concejal Aznárez.
La mayor colección de eucaliptus de Montevideo.
El Parque Rivera cuenta con la mayor colección de eucaliptus de Montevideo. "Se mantiene como uno de los principales parques de nuestra ciudad, con una variada gama de especies arbóreas, entre las que se cuentan pinos marítimos al sur, cipreses calvos ubicados en las islas y bordes del lago, olivos que bordean un camino", señala un documento realizado por la comisión Pro Parque Rivera. En el lugar también es posible avistar "la garza bruja, la garza blanca chica, las gallaretas de cresta roja y de cresta amarilla", entre otras especies.
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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