1) Ministerio del Interior investigará infiltración en grupo radical
2) Trabajadores rurales cumplen 10 días de huelga de hambre frente al Parlamento
3) Ex director del BCU, citado por la Justicia
4) Acusan a la IMM de subir el boleto para bajar su déficit
5) Uruguay buscará aumentar la inversión extranjera directa china organizando la Cumbre China-América Latina y el Caribe
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2120 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 31 de marzo de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Ministerio del Interior investigará infiltración en grupo radical
(El Observador)
Autoridades de la cartera consideran que se trató de un acto «ilegal»
El Ministerio del Interior quiere dar con los policías que se infiltraron entre 2011 y 2013 en el grupo radical Plenaria, Memoria y Justicia para investigar un acto que las autoridades de la cartera consideran «ilegal». Así lo afirmó a El Observador el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez, quien remarcó que «nunca existió una orden» de ese ministerio para infiltrarse «en un grupo social o sindical». «No hay ninguna dependencia que tuviera la orden. Si algún policía lo hizo, actuó sin autorización. Queremos saber quién fue porque lo vamos a sancionar», sostuvo el subsecretario.
En una línea similar el director general de secretaría, Charles Carrera, declaró ayer que «no tienen conocimiento», ni «existe una disposición ni autoridad de ninguna jerarquía policial que la haya dispuesto». Para el jerarca, la operación ocurrió «sin autorización» y «es una situación ilegal». De todas formas, Carrera afirmó que no saben si pueden «investigar un hecho» que para la cartera «es absolutamente falso».
El Observador informó el lunes 27 que al menos cuatro policías de diversas reparticiones especiales del Ministerio del Interior estuvieron infiltrados en la Plenaria Memoria y Justicia, a raíz de una denuncia del Comité Central Israelita por su preocupación porque grupos radicales estaban girando hacia posiciones favorables al islamismo.
La figura del agente encubierto o infilitrado está prevista en el artículo 7 de la Ley de control y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esa norma establece que solo podrán actuar con una orden expresa de un juzgado de Crimen Organizado a pedido de la Fiscalía. «La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad», indica la ley.
La infiltración en grupos radicales por parte de la Policía no es nueva. En 2013, un grupo de policías declaró ante la Justicia haberse hecho pasar por estudiantes en la marcha por la que todos los años se recuerda la muerte de Líber Arce. El objetivo, según informó El País en esa oportunidad, era identificar a grupos radicales que generaban incidentes.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 31 DE MARZO DE 2017
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2) Trabajadores rurales cumplen 10 días de huelga de hambre frente al Parlamento
(Caras y Caretas)
Los manifestantes presentaron ante el Instituto Nacional de Colonización (INC) un proyecto de producción de horticultura para un predio ocupado por 7 familias en el departamento de Artigas, aún no han recibido respuesta.
Este jueves se cumplen diez días de la huelga de hambre iniciada por dos trabajadores rurales de Artigas que permanecen acampados frente al Palacio Legislativo desde el 9 de marzo junto a más de una decena de compañeros. “Llevamos 22 días acampados acá, ya hemos avisado que a partir de mañana entran dos compañeros más a la huelga de hambre”, explicó a Caras y Caretas Portal Ricardo Ferreira, integrante del Grupo Seu Pedro Bandera Lima – Utaa.
Los manifestantes presentaron ante el Instituto Nacional de Colonización (INC) un proyecto de producción de horticultura para un predio ocupado por siete familias en el departamento de Artigas, el cual fue concedido anteriormente a un colono ruso que nunca lo explotó. Este lugar presenta inicialmente una situación de irregularidad que impide que a las autoridades judiciales expulsarlos de allí. Por ello reivindicaron la ley Nº 18.187 de Colonización por la que solicitan la adjudicación de la fracción 49B de la Colonia Eduardo Acevedo. Ante la falta de respuesta de las autoridades, los trabajadores decidieron acudir a Montevideo para manifestarse ante el Gobierno nacional.
“Los actuales solicitantes, en su mayoría trabajadores afiliados al histórico sindicato U.T.A.A. reivindicamos con este hecho la consigna que ha sido bandera de esa organización sindical “Tierra para el que la trabaja”, señalan en un comunicado emitido a través de la red social Facebook. Sin embargo, pasados 22 días de su acampe, Ferreira declaró a este medio que “no hemos tenido una respuesta positiva por parte de los legisladores que han venido a interesarse por el tema”. “Estamos preocupados porque hay un compañero que ha perdido 10 kilos y el otro 5 kilos, pero están anímicamente muy fuertes y están asesorados por el sindicato médico de la salud”, añadió.
En este tiempo se han reunido con la Comisión de Asuntos Laborales y la semana que viene se reunirán con su homóloga de ganadería. Según el entrevistado, los integrantes de la mencionada comisión manejaban información imprecisa sobre su caso, que ellos tuvieron que desmentir. “Nosotros tenemos proyectos mínimo que, como nosotros no tenemos la asesoría profesional se puede arreglar, pero es un proyecto bueno, desde el Instituto mismo nos dijeron que era bueno”, explicó Ferreira.
En Bella Unión se ha dado un agravamiento importante de las condiciones de vida de la población, ya que la producción de caña de la que vive una buena parte de la población local se ha disminuido en los últimos años. Esto ha provocado la desocupación de cientos de trabajadores y la crisis de alrededor de 500 familias.
“En Uruguay la disputa por la tierra siempre se arregló políticamente. Se arreglo mal a nuestro entender, pero se hizo. Sin embargo, el campesinado de todos países como Paraguay, Argentina o Brasil vivió una lucha terrible por la tierra. Por tanto nosotros apostamos a la gente que tiene la capacidad de dialogar”, señaló el entrevistado.
“Nosotros no pedimos ni un peso al Estado, queremos el predio porque es el lugar ideal, está cerca del Río Uruguay y el arroyo en el cual nosotros podemos pescar y tenemos la compra segura del pescado. Al lado nuestro hay gente que nos presta maquinaria, es una zona que fue destinada para arroz hace mas de diez años, ya era arrocera, se pueden hacer cultivos de diferente maneras. Se puede producir verdura, queso, ganado…”, añadió.
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3) Ex director del BCU, citado por la Justicia
(La Diaria)
Humberto Capote, contador de Cambio Nelson, fue citado para prestar declaración ante el juez penal Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli.
Capote fue presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) en 1998, durante el segundo gobierno del colorado Julio María Sanguinetti. Además de ser contador del cambio de Francisco Sanabria Barrios, Capote era el responsable de firmar los balances de la empresa. Según información difundida por Subrayado, Capote fue quien, en 1998, cumpliendo funciones como presidente del BCU, autorizó el funcionamiento del negocio financiero, y años después se incorporó a la empresa. Paula Sanabria, hermana de Francisco y heredera de Wilson Sanabria (fallecido en 2015), también fue citada por la Justicia.
Ya desfilaron por el juzgado el gerente general, Nelson Calvete, quien dio el nombre de fantasía a la empresa, y las contadoras María Soledad Ubilla Moraes y Beatriz Silva. Calvete era el operador de cambios y responsable ante el BCU. En su declaración dijo que no tenía ninguna vinculación con el manejo del cambio y que se limitaba a las operaciones de compra y venta de moneda, incluso desde el mostrador del negocio. Aseguró, además, que su relación era con el fallecido líder colorado Wilson Sanabria, y no con su hijo.
Afirmó que pensaba presentar su renuncia el 28 de febrero, pero todas las sucursales del cambio cerraron unos días antes, el 22 de ese mes. La contadora Ubilla, por su parte, es quien figura ante el BCU como responsable del sistema de información para que se cumpla la normativa antilavado. Ubilla no confirmó que Sanabria Barrios hubiera retirado dinero antes de huir. En tanto, la contadora Silva era un mando medio en la estructura del negocio. Los indagados no pudieron responder si Sanabria Barrios, que se fue a Estados Unidos, desviaba fondos hacia otras actividades. La sospecha del juez Souto es que el empresario prófugo incurría en el delito de lavado de activos.
Mario Bergara, actual presidente del BCU, presentó ante el juez la información hallada en el sistema informático del cambio, que hace concluir al organismo que hay indicios de lavado de activos en las operaciones de esa empresa. El BCU halló 22 cuentas de clientes que concentraban 80% del dinero depositado en el cambio; curiosamente, estos clientes no formularon denuncias ante la Justicia tras el cierre de la empresa y la fuga del país de su propietario, Francisco Sanabria Barrios.
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4) Acusan a la IMM de subir el boleto para bajar su déficit
(El País)
Según la Intendencia, el precio del transporte “bajó en términos reales”.
Tras cinco horas y media de permanecer en sala, el intendente Daniel Martínez se retiró ayer de la Junta Departamental con el respaldo de sus ediles luego de explicar la última suba del boleto y los planes que tiene la administración para contener el precio e intentar mejorar el servicio. Desde la oposición, el edil convocante, Javier Barrios Bove, quedó insatisfecho por las respuestas y molesto porque el jerarca abandonó la sala antes que terminara la sesión.
Según el edil de Alianza Nacional, la Intendencia de Montevideo recortó el subsidio al boleto para paliar su déficit, producto de la «mala gestión de los gobiernos frenteamplistas. «En 15 meses en la administración Martínez el boleto ha tenido aumentos sin precedentes en la historia. Quitó $ 73 millones al subsidio entre 2015 y 2016. Esto representa el 50% del déficit», declaró Barrios, destacando que el intendente «se ha encargado en estos días de recorrer los medios diciendo que los próximos números de la Intendencia ya no serán rojos, sino negros».
En un año y medio que lleva Martínez al frente de la Intendencia de Montevideo, el boleto del transporte colectivo tu-vo cuatro correctivos al alza, aumentando en total $ 9. El último ajuste de $ 3, es el más alto aplicado en los 27 años que lleva la administración frenteamplista en la capital. Sin embargo, la Intendencia tiene una visión diferente. Según Martínez, el boleto «ha bajado en términos reales», lo cual fue explicado con cifras por el economista Gonzalo Márquez, director del Servicio de Transporte de la comuna.
Márquez dijo que «en términos reales la tarifa en los últimos 10 años ha disminuido 20%» en relación al IPC. Y que «se ha más que duplicado el poder de compra» de los ciudadanos, tomando en cuenta la evolución del Salario Mínimo Nacional y que los hogares «promedio» pueden comprar ahora «un 80% más de boletos».
El economista aclaró a su vez que «no hay forma de ba- jar de forma indefinida el precio del boleto» y que esto «solo se podría hacer con infinitos aumentos de la demanda o con infinitos aumentos de los subsidios». En este sentido, indicó que $ 9.000 millones son los ingresos totales del sistema de transporte de Montevideo, de los cuales casi $ 3.000 millones representan varios subsidios y $ 6.000 millones corresponden a la venta de pasajes.
Tanto Márquez como el intendente Martínez dijeron, en más de una oportunidad, que los números presentados por Barrios Bove eran incorrectos, o directamente equivocados. A lo que el edil respondió: «Si bien los números fríos no mienten, el tema es cómo se construyen para que lo beneficien a uno».
Topeado.
Martínez aseguró que no tiene «ninguna intención maquiavélica» de bajar el subsidio social, pero aclaró que topeó la ayuda para mejorar el precio en unos $ 600 millones, lo cual representa aproximadamente el 4% del presupuesto municipal. También dijo que se venden anualmente 272 millones de boletos, aunque se hacen 350 millones de viajes por la posibilidad de combinar líneas con un mismo pasaje. «Si esto no es una política social… Esto no lo hizo este gobierno, pero lo hizo el gobierno del Frente Amplio», anotó.
De todos modos, Martínez se manifestó «preocupadísimo» y reconoció enfrentarse a «un grave problema» por la caída en la venta de boletos, cercana al 12%. «Nos enfrentamos a un desafío muy complejo. Los montevideanos tenemos un problema, la caída se ha ido acentuando», destacó. «En ningún momento dejó de haber subsidio social. Pero nos parece inconveniente subsidiar en más de un 4%», indicó el intendente.
Ante la queja del edil convocante sobre la «falta de resultados» en las mejoras del transporte en un año y medio de gestión, Martínez respondió que «el problema de Raincoop bloqueó los debates de fondo» durante prácticamente 10 meses. «Magia no va a haber. El que crea que esto se soluciona de un día para el otro…. Nadie asegura que bajar el precio va a aumentar la venta de boletos. Y para hacer eso se necesita mucho dinero», sostuvo.
La inflación.
Según el edil Barrios Bove, en lo que va de la actual administración municipal «el precio del boleto ha subido muy por encima de la inflación, que fue de casi 15% en estos 15 meses, contra 33% de la suba del boleto. La diferencia es más del doble».
«Otro elemento no menor es que el aumento del boleto también genera inflación, estos $ 3 (del último ajuste) van a generar inflación, porque el precio del transporte es uno de los elementos que se toman en cuenta al analizar la variación del IPC. Por lo antedicho, la inflación no debió ser uno de los elementos esgrimidos por la administración como motivo del ajuste», reprochó el legislador de Alianza Nacional.
Barrios Bove recalcó que muchas veces la Intendencia «ha hecho pensar a la población que si no se sube el precio del boleto no se pueden pagar los laudos que fija el sector», lo cual indirectamente termina enfrentando «a trabajadores contra trabajadores».
«Son los trabajadores del transporte que tienen derecho a su ajuste de salario, y los que ven encarecido su medio de transporte. Desgraciadamente no es un invento. Nadie desconoce el peso de la masa salarial en el costo del boleto, pero tampoco es justo atribuirle a los salarios el 100% del valor de los ajustes que se han realizado en esta administración», destacó el edil nacionalista.
«Olivera ajustaba $ 1 por año y ahora subió $ 9 en año y medio».
Al inicio de su administración, Ana Olivera se comprometió a aumentar el boleto $ 1 por año (era 2010 y costaba $ 17). La exintendenta logró cumplir con su palabra, pero hasta 2013. En un año y medio que lleva Daniel Martínez al frente de la IMM, el boleto del transporte colectivo ya tuvo cuatro correctivos al alza, aumentando en total $ 9. Esto fue destacado por el edil Javier Barrios: «¿Por qué antes se podía subir el boleto $ 1 por año y ahora en un año y medio subió $ 9?», se preguntó el legislador de Alianza Nacional.
El economista Gonzalo Márquez, director del Servicio de Transporte de la comuna, explicó que el boleto es la tarifa pública «más visible», porque nadie sabe cuál es la tarifa de UTE o la de OSE, sino cuánto paga por estos servicios. Y que por eso, cada aumento tiene una gran repercusión pública. Durante el llamado a Sala de ayer, estuvo sobre la mesa el uso de la tarjeta STM. En este caso también hubo discrepancias entre los números manejados por el edil Barrios y los representantes de la Intendencia de Montevideo.
La masificación de los puntos de recarga de la tarjeta (se pasó de 40 en octubre de 2016 a 2.200 en la actualidad) no deja por el momento los resultados anhelados por la Intendencia de Montevideo. Sin tomar en cuenta los boletos de estudiantes (que ya estaban incluidos dentro del sistema electrónico al igual que los prepagos), solamente 3 de cada 10 usuarios utilizan el plástico para pagar sus viajes en ómnibus.
CONVOCADO Y CONVOCANTE
«Lo hizo el FA» – Daniel Martínez – Intendente de Montevideo. El intendente dijo que se venden anualmente 272 millones de boletos, aunque se hacen 350 millones de viajes por la posibilidad de combinar líneas. «Si esto no es una política social… Esto no lo hizo este gobierno, pero lo hizo el gobierno del FA», destacó.
Inflación vs. suba – Javier Barrios Bove – Edil del Partido Nacional: «En lo que va de la administración de Daniel Martínez el precio del boleto ha subido muy por encima de la inflación, que fue de casi 15% en estos 15 meses, contra 33% de la suba del boleto. La diferencia es más del doble».
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5) Uruguay buscará aumentar la inversión extranjera directa china organizando la Cumbre China-América Latina y el Caribe
(La Diaria)
Este año Uruguay será sede de la 11 a Cumbre empresarial China-LAC (América Latina y el Caribe), considerada «una oportunidad estratégica y una muestra tangible del rol primordial que Uruguay está llamado a desarrollar en esta ecuación comercial», según destacó el canciller Rodolfo Nin Novoa. Se llevará a cabo del 30 de noviembre al 2 de diciembre en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Ayer, a la presentación de esta actividad, que reunirá a 500 empresas, asistieron el vicepresidente Raúl Sendic; Nin Novoa; el intendente de Maldonado; Enrique Antía; el director de Uruguay XXI, Antonio Carámbula; el embajador de China, Dong Xiaojun, y la directora de Relaciones Internacionales del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, Lei Hong.
Sendic dijo que Uruguay tiene «una posición geográfica privilegiada en América y, lamentablemente», aún no ha «alcanzado los niveles de inversión en infraestructura» que permitan «aprovecharla al máximo, por lo cual hay una oportunidad enorme en sectores como puertos, carreteras, vías férreas, aeropuertos». Ayer se tocaron temas como el turismo, las nuevas tecnologías, los agroalimentos y la seguridad alimentaria.
Carámbula dijo en rueda de prensa que la actividad «es la principal cumbre empresarial entre China y América Latina; ha ido creciendo en tamaño, pero también en calidad». Agregó que «ahora está siendo incluida por el gobierno de China entre las prioridades». El director de Uruguay XXI, institución encargada de la implementación de la cumbre, contó que fue «un trabajo duro» conseguir que Uruguay fuera sede: «El canciller [Nin Novoa] firmó el acuerdo y después con la visita del presidente [Tabaré Vázquez a China] se hizo el traspaso formal, y ahora estamos en la etapa de organización». «Es importante que vengan empresas de peso a Uruguay. China es el principal socio comercial del país, por eso tenemos que aumentar el comercio, pero además es uno de los principales emisores de inversiones hacia el mundo, y en ese sentido tenemos un debe. Así que esta es una gran vidriera para Uruguay y para Latinoamérica», dijo Carámbula.
El jerarca expresó que «Uruguay ha crecido mucho en los últimos tiempos», aunque entre 2015 y 2016 «tuvimos una baja de casi 7%»; sin embargo, «en los últimos cuatro meses hemos tenido crecimiento en relación a los años anteriores». «El crecimiento se explica por la llegada de inversión extranjera directa, la estabilidad política, económica, social, la seguridad jurídica, el hecho de tener grado inversor y una ley de promoción de inversiones que fomenta la llegada de inversión extranjera directa, que se resume en una sola palabra: confianza. Hacemos un seguimiento de la reinversión de utilidades que hacen las empresas extranjeras instaladas en el país, y en el caso de Uruguay más de 60% de las utilidades son reinvertidas. Somos el segundo país después de México en América Latina», concluyó Carámbula.
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