1) Homenaje a 42 años del crimen de las “muchachas de abril” –
2) Macarena Gelman y J.C.Barboza declararon en Roma –
3) Por falta de acuerdo, el Frente canceló declaración por Brasil –
4) La oposición llevó el tema Ancap ante el juez Valetti –
5) Organizaciones condenan crímenes sexuales de sacerdotes uruguayos
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2069 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 22 de Abril de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) A 42 años de la ejecución de las “muchachas de abril”, familiares volvieron a reclamar “verdad y justicia”
(La Diaria)
Ramos de claveles blancos fueron colocados ayer sobre la 15ª Marca de la memoria, que recuerda a Diana Maidanik (22 años), Laura Raggio (19) y Silvia Reyes (19), tres jóvenes que fueron acribilladas a balazos por militares el 21 de abril de 1974. Los tres bancos de piedra blancos y la placa que las recuerda están enfrente a donde ocurrió la masacre, en Mariano Soler 3098 bis. En el breve homenaje participaron un centenar de personas, que se mostraron un poco más acongojadas que siempre, debido a la ausencia de una de las principales luchadoras por mantener viva la memoria de este caso: Stella Reyes, hermana de Silvia, fallecida el 1º de marzo. Su voz igual se escuchó, como todos los años, desde los parlantes, contando cómo el operativo encabezado por los generales Juan Rebollo, Julio César Rapela y Esteban Cristi, y los mayores José Gavazzo y Manuel Cordero, entre otros militares, llegó sobre las 2.50 al apartamento del barrio Brazo Oriental, ubicado justo donde la calle Mariano Soler dobla y se convierte en Ramón de Santiago, para asesinar a las tres jóvenes, una de ellas embarazada.
Esa noche buscaban al esposo de Silvia, Washington Barrios Fernández, integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, pero no lo encontraron, porque se había ido a Argentina. Entraron al apartamento donde vivían el padre, la madre, un hermano de diez años y otro de 16 del buscado, y el padre les informó que su hijo no estaba, y que tampoco estaba en el apartamento del fondo, donde vivía la esposa. Sin embargo, los militares irrumpieron igualmente donde Silvia, Diana y Laura dormían, después de haberse quedado juntas a estudiar, y las ejecutaron, ametrallándolas con más de 150 balas. Esa misma noche, los mismos militares detuvieron en otro operativo a Stella, que fue torturada y permaneció presa durante ocho años.
En el homenaje, que fue conducido por el periodista Alberto Silva y terminó con un breve recital del dúo Larbanois-Carrero, hablaron el alcalde del Municipio C, Rodrigo Arcamone, y familiares de las tres muchachas. Arcamone, de 31 años, recordó que conoció la historia por “un compañero que vivía en el 3102”, y afirmó que “eso es lo que hay que seguir haciendo, reivindicando las Marcas de la memoria en los barrios donde sucedieron tantas historias de lucha”. El hermano de Stella y Silvia contó la anécdota de que iba regularmente a la Gruta de Lourdes, al lado del Batallón de Infantería Nº 13, donde estaba presa Stella junto con otras mujeres, y soltaba palomas mensajeras a la hora en que las detenidas estaban en el patio, para que las vieran y mantuvieran la esperanza.
Silva, por su parte, contó que después de masacrar a las muchachas los militares se quedaron en la casa, cenaron, y al otro día se llevaron todos los muebles y “hasta los tapones de la luz”. Todos los oradores reclamaron “verdad y justicia” para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado. El caso fue denunciado a la Justicia en 1985, pero se archivó cuando entró en vigencia la ley de caducidad. 20 años después se pidió su reapertura, pero en 2007 el juez Pablo Eguren dispuso el archivo del expediente, a pedido del fiscal Enrique Möller. El caso fue elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reabierto a pedido del Ministerio Público. Se tramita en el Juzgado Penal de 8º Turno.
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2) Macarena Gelman y Julio César Barboza declararon en el juicio por el Plan Cóndor en Roma.
Nadia Angelucci, desde Italia (La Diaria)
María Macarena Gelman García Iruretagoyena se sentó en el banco de los testigos a las 10.50 de ayer, 21 de abril. Su testimonio en el juicio sobre el Plan Cóndor, que empezó en Roma en febrero de 2015, se concentró en contar la historia de sus padres y aclarar las circunstancias de su hallazgo. En ese camino doloroso de reconstrucción tuvo la posibilidad de referirse a hechos más generales, que le permitieron recuperar una parte del mundo que había estado oculta hasta sus 23 años.
Sus padres -estudiantes, trabajadores, militantes-, Marcelo Ariel Gelman, de 20 años, y María Claudia García Iruretagoyena, de 19, se encuentran entre las víctimas de Automotores Orletti, en Argentina. El cuerpo de Marcelo fue encontrado en 1989 en un tanque de 200 litros relleno de cemento y arena, junto con otros ocho cuerpos; María Claudia permanece desaparecida desde la última vez que fue vista, en la Casona del Servicio de Inteligencia de la Defensa (SID), en Bulevar Artigas esquina Palmar, por Julio César Barboza, un ya lejano 22 de diciembre de 1976.
El soldado Barboza, otro testigo del día de ayer, dijo haberse encontrado con esa muchacha muy joven en dos ocasiones: “Yo era un administrativo, pero cuando tenía faltas me tocaba hacer guardias en la cárcel de Bulevar y Palmar. Me acuerdo de que durante un tiempo había una muchacha embarazada y dos niños en el piso superior. Los niños eran una varón y una nena, el varón de tres años y la nena de poco más de uno. El niño me dijo que se llamaba Anatole y su hermanita se llamaba Victoria. Para mí fue aterrador ver niños en ese lugar. La mujer embarazada era una persona muy joven. Volví a verla cerca de fin de año, cuando ya había nacido su bebé, que estaba en una canastita. Esa noche, el teniente coronel [Juan Antonio] Rodríguez Buratti y el capitán Ricardo Arab se la llevaron; me acuerdo de que Arab me dijo: “A veces hay que hacer cosas jodidas”. “Con el correr del tiempo, supe que ese bebé era Macarena Gelman y que la muchacha era su mamá, que permanece desaparecida”.
Barboza, que trabajó en el SID entre febrero de 1976 y agosto de 1977 haciendo tareas de oficina, fue un testigo clave por la lucidez y prolijidad de su testimonio: reconstruyó el trabajo que se hacía en el SID y relató las funciones de cada uno de los cinco departamentos, enumerando los nombres de los responsables e insistiendo en los encargados del departamento 3 (Planes-Operaciones-Enlaces), donde él mismo trabajaba: José Nino Gavazzo, Gilberto Vázquez, José Ricardo Arab, Luis Alfredo Maurente. Otras personas a las que se veía con frecuencia en el SID eran Ernesto Soca, Ricardo Medina, Ernesto Rama, José Sande Lima y Pedro Antonio Mato Narbondo; muchos de ellos, según Barboza, viajaban a menudo a Buenos Aires para coordinar acciones represivas. Todos estos nombres figuran en el juicio en curso como acusados. “Gavazzo era el segundo en la línea de mando, aunque era el que tomaba decisiones”, dijo Barboza en su declaración.
Y continuó: “Luego fue jefe del departamento. Tenían números de identificación para comunicarse por radio; números de tres cifras que empezaban con 3. Por ejemplo, 301 era el jefe, y se seguía así en orden descendente. Yo era un administrativo, pero en el departamento 3 el resto del personal de tropa actuaba en la calle. Hacían seguimientos, vigilancias, detenciones. Durante el período en el que estuve se persiguió mucho al Partido por la Victoria del Pueblo [PVP]. Yo no participaba en el área operativa, pero por lo que me tocó ver cuando tuve que hacer la guardia, me di cuenta de muchas cosas. Conocí tres cárceles clandestinas en Montevideo. La primera era un chalet en la rambla de Punta Gorda; allí vi llegar de noche un camión con gente detenida en Buenos Aires.
Eso fue en mayo o junio de 1976. Eran militantes del PVP; en el grupo estaban Sara Méndez, Sergio López Burgos, Eduardo Dean, Margarita Michelini y otros. Todos estaban vendados y maniatados y no sabían quiénes los tenían detenidos. La segunda cárcel [que vi] fue en el local que antes era usado como sede oficial del SID, en Bulevar Artigas y Palmar. En el momento final de mi permanencia en el SID había sido adquirido otro local, en Millán y Loreto Gomensoro”.
Macarena Gelman, por su parte, contó las gestiones que hizo su abuelo Juan Gelman y de cómo este supo, por Eduardo Ruffo (de la Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE- de Argentina), que su nuera había sido trasladada a Montevideo. A raíz de esa información comenzó una campaña en Uruguay, con la que consiguió que una pareja de vecinos de los Touriño (padres adoptivos de Macarena) contara que entre diciembre de 1976 y enero de 1978, en el umbral de la casa del matrimonio Touriño había aparecido una canasta con una beba. En poco tiempo, se hizo la prueba de ADN y Macarena recuperó su identidad. “En la investigación que hizo mi abuelo se encuentran los nombres de las personas que me llevaron a casa de los Touriño: uno es Ricardo Medina; no hay certeza sobre la segunda persona, que puede ser el Pajarito Silveira o Ricardo Arab”, dijo la diputada frenteamplista.
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3) Por falta de acuerdo, el Frente canceló declaración por Brasil
Valeria Gil (El País)
En la bancada no todos denuncian un “golpe de Estado” contra Rousseff.
Por diferencias internas, la bancada del Frente Amplio de Diputados decidió ayer no aprobar una declaración que condenaba el «golpe de Estado» en Brasil. Antes, los sectores que integran el Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) habían marcado sus matices con la resolución aprobada por consenso en el Secretariado de la coalición el pasado lunes 18.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana el impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y en el Frente las miradas sobre el tema no son coincidentes. La resolución del Secretariado del FA denunció un «golpe parlamentario» con el objetivo de sacar a Dilma y al Partido de los Trabajadores (PT) de la Presidencia de Brasil, por parte de la derecha y sectores afines. En esa bolsa incluyeron a la Red O Globo, la Federación de industriales da São Paulo (Fiesp) y «sectores» del Poder Judicial.
El diputado Jorge Pozzi (Nuevo Espacio) dejó en claro en la bancada que en su opinión «no hay golpe de Estado parlamentario» en Brasil, tal como sostiene la declaración del Secretariado. Además manifestó sus discrepancias con la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur en el caso de Brasil, como se hizo con Paraguay luego de que el Parlamento de ese país destituyera al expresidente Fernando Lugo.
«Creo que hubo un ataque político rotundo contra Dilma, lo que sí repudio. Pero el Parlamento es electo en elecciones democráticas donde el pueblo brasileño eligió a sus representantes», había afirmado el legislador a El País. Su sector no estuvo presente en la reunión del Secretariado donde se consensuó la declaración.
Por su parte, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) comparte la orientación general de la declaración, pero entiende que el FA debe agregar un inciso que haga referencia a la corrupción, «venga de dónde venga». «Si hay algún episodio donde hay actores de izquierda y de derecha involucrados, no me refiero a Dilma, tenemos que decir que la corrupción es corrupción venga de dónde venga», acotó.
Consultado sobre si se sentía representado por la declaración del Secretariado, Mahía dijo que lo hubiese hecho «con matices o ajustes distintos», pero opinó que es una resolución que «no embreta a nadie y señala la gravedad de usar en extremo normas legales o constitucionales». Ayer en la bancada, y ante la diferencias existentes dentro del FA por la situación de Brasil, varios sectores entendieron que era mejor no aprobar ninguna resolución si lo que se resolvía no decía lo mismo que el Secretariado.
El diputado socialista Roberto Chiazzaro comparte plenamente la declaración del Secretariado. «Esto fue votado y se aprobó por consenso. Primero se habló de hacer una declaración de la bancada de Diputados, pero luego se vio que no era necesario porque se compartía la otra», explicó.
Chiazzaro consideró que en Brasil hay un «golpe suave» dado por parlamentarios y «donde no se usa la fuerza», ya que según él no se han encontrado pruebas que avalen la existencia de maniobras ilegales. «No han podido demostrarlo y lo que se busca es que los juicios de varios legisladores acusados de corrupción se paren (…) Creo que no tienen credibilidad los que van a llevar este juicio adelante», opinó.
En esta misma posición está el sector Casa Grande de la senadora Constanza Moreira, quien rechazó el proceso de golpe parlamentario que se gestó con el objetivo de destituir a Rousseff. «El recurso utilizado (impeachment), está viciado desde su origen al ser alentado por un presidente del Congreso acusado de ser responsable de graves delitos de corrupción, no es más que un proceso llevado a cabo sin garantías jurídicas reales», afirmó.
El Secretariado del FA se reunió el lunes, un día feriado, para aprobar una declaración denunciando un «golpe de Estado» en Brasil.
El exsenador Enrique Rubio, representante de la Vertiente Artiguista en el Secretariado, explicó que la declaración recoge lo hablado durante la reunión donde todos los sectores se refirieron a la existencia de un «golpe de Estado» en Brasil. «Nadie objetó esa tipificación. Creo que es un golpe parlamentario porque si bien el impeachment está previsto en la Constitución, los términos de la imputación se contradicen con la propia Constitución de Brasil», aseguró.
Luego de tratarse el tema en el Secretariado, en una reunión posterior de la que participaron miembros del terceto que dirige el FA, y parte de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA (Carifa), se acordó el tono de la resolución, aunque no se sometió a votación.
El Nuevo Espacio no estuvo presente en la reunión, a diferencia de la representante de Asamblea Uruguay, la senadora Daniela Payssé. En su muro de Facebook, la legisladora compartió una publicación del candidato astorista a la presidencia de la coalición, Javier Miranda, que rechaza «la situación generada en Brasil para derrocar a un gobierno democráticamente electo, siendo un golpe radical para la democracia de la región». Los otros tres candidatos a la presidencia de la coalición (Alejandro Sánchez, José Bayardi y Roberto Conde) se expresaron en los mismos términos que Miranda.
Payssé calificó de «patético argumento» al usado por una diputada de Brasil para justificar el voto afirmativo a Rousseff, al señalar que lo hacía para «impedir que los niños cambien de sexo». «¿Quedan dudas de que el impeachment fue por razones políticas?», preguntó la senadora en Twitter.
Por su parte, el diputado Gonzalo Mujica (Asamblea Uruguay) marcó matices con la posición asumida por el Secretariado del FA al denunciar el «golpe de Estado». Si bien no comparte las acusaciones contra Rousseff y defendió «los logros sociales del PT que sacaron a millones de personas de la pobreza», dijo que el impeachment es «un mecanismo previsto constitucionalmente» y que «la legitimidad del proceso ha sido reconocida por la presidenta».
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4) La oposición llevó el tema Ancap ante el juez Valetti
(La República)
Cuatro partidos de la oposición dieron por cerrada ayer a las 14 horas, la etapa política al trasladar a la Justicia Penal los antecedentes de Ancap tras 6 meses de investigación parlamentaria. Miles de carpetas conteniendo el resultado de la labor en el Senado ya están en manos del juez Nestor Valetti y la fiscal María de los Ángeles Camiño, confirmaron fuentes del Poder Judicial a LA REPÚBLICA.
Los documentos elaborados por asesores y abogados de los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Asamblea Popular insumieron cuatro meses de clasificación. Estos partidos de la oposición aseguran que en esos archivos se esconden probables ilicitudes o delitos en la gestión pública pero están convencidos que hay irregularidades durante la gestión en el ente de los combustibles por parte del hoy vicepresidente Raúl Sendic. Ayer, tras efectivizarse la remisión de las denuncias al Poder Judicial, Sendic adelantó que “si me convoca la Justicia ahí estaré”, en medio de una recorrida por las zonas inundadas de los departamentos de San José y Canelones.
Los cuatro partidos de la oposición se coordinaron entre sí para presentar cada uno de ellos un paquete de denuncias y así evitar cruzamientos o superposiciones.
Los hechos aluden a las inversiones en publicidad; política de controles, el capítulo de la empresa Exor a la que se le debió abonar un monto de casi 4 millones de dólares por un juicio que entabló al Estado y ganó, las acciones de intermediación que llevó adelante la forma Trafigura; el capítulo de la construcción del remolcador “Kychororó” por parte de la Armada; las inversiones y la venta de cal a la planta de Candiota en Brasil son algunos de los temas principales.
La Unidad Popular también presentó un paquete de denuncias aunque tres horas más tarde, a las 17 horas, de lo que lo hicieron los blancos, colorados e independientes.
El diputado de este sector, Eduardo Rubio, contó a LA REPÚBLICA que Unidad Popular “presentó además un tema exclusivo de nuestro grupo como el referido a la planta de ALUR”.
Rubio detalló que en ese terreno productivo, su sector entiende que hay “muchos temas a investigar” ejemplificando con “la capitalización permanente de la planta por fuera del marco legal, el ajuste retroactivo de precios y la construcción de una planta de cemento en el departamento de Paysandú”.
Para Rubio, la acción concretada ayer a la tarde ante la dependencia del juzgado del crimen organizado “es el cumplimiento con nuestro sector de responsablidad política”. Unidad Popular no integró la comisión investigadora del Senado porque no tiene representación en esa rama del parlamento “pero tomamos la decisión de presentar los hechos ante la Justicia porque estamos en la primera línea en la defensa de las empresas públicas y de la transparencia en la gestión”, destacó.
Por su lado, los dirigentes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente estuvieron representados por los senadores Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Javier García y Álvaro Delgado; Pedro Bordaberry y José Amorín por los Colorados y por el Independiente, Pablo Mieres.
Los blancos se centraron en los temas referidos a la publicidad de Ancap, las inversiones en la planta de cal y en la fabricación del remolcador, los acuerdos internacionales petroleros. Los colorados se centraron también en la publicidad, la producción de cal y en el remolcador y el Partido Independiente en los mismos hechos pero agregó una denuncia aduanera.
El senador del Partido Nacional y promotor de la investigadora parlamentaria Álvaro Delgado destacó que en su denuncia “se apuntan a hechos y no personas” mientras que el colorado Pedro Bordaberry confesó que la acción desarrollada “no es agradable pero había que hacerla”.
Desde el Poder Judicial se evitó mencionar cuánto tiempo insumirá analizar el volumen de denuncias presentadas aunque se estima que llevará meses desentrañar todos los hechos.
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5) Organizaciones condenan crímenes sexuales de sacerdotes uruguayos
(Montevideo Portal)
Un grupo de organizaciones condenó los crímenes sexuales de la Iglesia Católica Uruguaya, que generan «alarma e indignación ciudadana» desde 1900 y pidieron que denuncias se hagan por canales oficiales.
La Iglesia Católica uruguaya pidió «perdón» a «las personas que han sufrido abusos por parte de algunos clérigos y religiosos en nuestro país» la semana pasada. A través de un comunicado, la Iglesia señala que desde hace cuatro años viene «prestando especial atención» al tema, y que ya elaboró un protocolo de acción frente a denuncias de abusos sexuales a menores por parte de clérigos.
Tras esta declaración, un grupo de organizaciones que abogan por el libre pensamiento y la laicidad en el Uruguay emitieron un comunicado de condena y de solidaridad con las víctimas.
Comunicado
Ante el conocimiento público de los abusos sexuales hacia menores de edad cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en los últimos años y el reconocimiento de tales aberraciones, violatorias de los Derechos Humanos, por parte de esa institución, a través de documentos emitidos por la Conferencia Episcopal del Uruguay el día 13 de abril, las organizaciones firmantes manifiestan:
1- Su solidaridad con las víctimas, ofreciendo lo que esté a su alcance respecto al asesoramiento en diferentes áreas, contribuyendo a la recomposición personal, y al esclarecimiento de los crímenes por la vía judicial.
2- Su repudio y condena ante los reiterados actos de abuso sexual a menores y otros actos de violencia, física o psicológica, por parte de numerosos sacerdotes católicos y al encubrimiento sistemático e institucional de las jerarquías de la Iglesia Católica -tanto en el territorio nacional como en el Vaticano- a través del tiempo. Hacen suyas las declaraciones de condena a iguales actos delictivos en el mundo entero, realizadas por la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) y otras instituciones defensoras de los DDHH.
3- Preocupación ante los reiterados crímenes sexuales y actos delictivos en el mundo entero perpetrados por sacerdotes católicos, que emergen a la luz pública en las últimas décadas a través de investigaciones periodísticas. Uruguay no es ajeno a tales aberraciones, presentes a lo largo de toda nuestra historia, habiendo motivado alarma e indignación ciudadana en el 1900, antes de la consagración del Estado Laico por la Constitución de 1917, donde se establece la separación de la iglesia católica del Estado, con el voto afirmativo de prácticamente todos los partidos políticos de entonces y la aprobación de la ciudadanía en un plebiscito. Hoy como ayer salen a luz estos actos, al desafiar el ocultamiento de las altas jerarquías católicas.
4- Reivindicar a las instituciones estatales -representativas de toda la sociedad y garantes de los derechos de la ciudadanía- como la vía de canalización de las denuncias de abuso sexual: tanto a través de la policía como del poder judicial. En consecuencia, manifestamos el más absoluto y contundente rechazo a la estrategia implementada por la Conferencia Episcopal del Uruguay de convocar a las víctimas a que realicen las denuncias ante un organismo creado en su seno a tales efectos. La actuación de esta oficina eclesial «ad hoc» de las instituciones estatales, estará inevitablemente signada por la parcialidad, como la experiencia lo indica.
Según el órgano católico de referencia estará integrado por personal «idóneo», que tendrá que informar a las autoridades eclesiásticas, las que tienen control sobre la misma, resultando de ello que las autoridades se transforman en juez y parte. Actuará como un «filtro» ante el Estado, cuando en realidad la institución que representa debe ser indagada. Este ensayo de privatización de la justicia o derecho paralelo, consagra en los hechos la división de la sociedad en categorías de triste memoria en la historia reciente: por un lado el conjunto de los ciudadanos y por otro los sacerdotes católicos que gozan de privilegios especiales. Un derecho paralelo, inadmisible para la institucionalidad republicana y la definición de Estado Laico, evocador de otras modalidades de corporativismo que han sido nefastas en la historia reciente del país, y que nos han agredido hace poco, como sociedad, con el robo de materiales relativos a la búsqueda de desaparecidos. Distintos corporativismos, similares ocultamientos.
5- Denunciar el encubrimiento de los casos de pedofilia a lo largo del tiempo. Como lo demuestran las investigaciones periodísticas, los casos en los últimos años no fueron denunciados ante la justicia por las autoridades eclesiásticas. Tal es el caso notorio del ex arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, que integró la Comisión Para la Paz y otros organismos para el esclarecimiento de violaciones a los DDHH, y sin embargo -como se ha comprobado- encubrió a sacerdotes pedófilos durante los años de su gestión. El mencionado jerarca actualmente integra la Conferencia Episcopal del Uruguay como obispo emérito y por lo tanto es miembro activo -con voz y voto- de ese organismo. Iguales consideraciones pueden realizarse en los casos de violación y abuso sexual en el mismo tiempo y posterior, incluyendo el presente, en los departamentos de Montevideo y Treinta y Tres, involucrando a otros jerarcas.
6- El reconocimiento a la revocación del decreto de la Intendencia de Treinta y Tres, que declaraba como ciudadano ilustre al sacerdote Francesco Zapella (22 de setiembre de 2014), de nacionalidad italiana, pero de actuación en Uruguay por largo tiempo, debido a «las informaciones emitidas» por la prensa (decreto revocatorio del 14 de abril de 2016). El sacerdote Zapella había llegado a Uruguay con una causa abierta en Italia en 1991 por abuso sexual a menores y en la actualidad tiene causa abierta en Uruguay imputado por los mismos motivos. Finalmente la verdad salió a luz, pese al empecinado ocultamiento de las jerarquías eclesiásticas
7- Reconocer la labor periodística y de investigación, como factor fundamental en el conocimiento de los hechos y de información a la ciudadanía, evitando de esa forma, la invisibilización de los mismos y en consecuencia el encubrimiento de los criminales. Lo mismo ha sucedido en diversas partes del mundo, recientemente relatado por la película «Spotligh», inspirada en la investigación periodística que da cuenta de los casos de pedofilia en la ciudad de Boston, estado de Massachussets (USA). La Conferencia Episcopal del Uruguay y su vocero Milton Tróccoli (obispo auxiliar de Montevideo) reconocen su salida a la opinión pública «frente a las resonancias generadas por el film Spotlight, que ha llevado a varios medios de comunicación a realizar investigaciones sobre este asunto.» (13 de abril de 2016)
8- Llamar a la ciudadanía a estar atentos, a custodiar los derechos de nuestros niños y niñas, y a denunciar a las autoridades estatales todos los actos que supongan la vulneración de derechos, sea maltrato o violencia física, emocional, o sexual. No permitir que estas aberraciones continúen sucediendo. Recomendar a las víctimas y a sus familiares o allegados, a realizar las denuncias correspondientes a través de los mecanismos legales vigentes.
9- Preocupación ante la injerencia y protagonismo de la Iglesia Católica en los asuntos públicos, permanentemente convocada por las autoridades estatales como un actor de consulta, por ser -según se dice- un referente moral, vulnerando y violentando la institucionalidad republicana y laica del Uruguay, que en el art. 5º de su Constitución establece que «el Estado no sostiene religión alguna», así como las elementales reglas de convivencia tolerante. Los sacerdotes católicos y de otros credos deben estar fuera de las instituciones estatales, y en particular fuera de la escuela pública y del cuidado de menores. Tal como lo demuestran los hechos del presente y la historia, la Iglesia Católica no puede arrogarse ser el reservorio de las virtudes morales, ni enarbolar las banderas de exclusivismos anacrónicos y autoritarios.
10- Rechazar, por las razones jurídicas, políticas y morales expuestas, todo intento de colonización e invasión del Estado y del espacio público, incluyendo la instalación de símbolos o imágenes religiosas (valga como ejemplo el proyecto de erigir un monumento a la virgen María en la rambla del Buceo en Montevideo) por parte de las organizaciones religiosas, así como la transferencia de recursos estatales a las instituciones educativas privadas, en particular las religiosas. Uruguay es un Estado Laico y sus instituciones democrático-republicanas son garantía de tolerancia, convivencia pacífica e igualdad ante la ley, sin privilegios de ninguna naturaleza. Del celo y compromiso de los ciudadanos en su defensa depende que lo siga siendo».
Firman el comunicado:
Apostasía Colectiva Uruguay
Asociación Civil Trazos
Asociación Civil 20 de Setiembre
AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)
AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)
AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional
Círculo Escéptico Uruguay
Club Teresita Garibaldi
MySU (Mujer y Salud en Uruguay)
SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)
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