1) Uruguay: La desaparición de Eduardo Bleier y la Operación Morgan /Álvaro Rico
2) Uruguay: Interiores en red: verdad, memoria y justicia en el interior (o los interiores) /Luis Rómboli
3) Argentina: «La primera política del gobierno fue el desmantelamiento de las políticas públicas de comunicación» /Eliana Verón
4) Brasil: Un grupo interministerial estudia la apertura de tierras indígenas a la minería /Vasconcelo Quadros
______________
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2229 / Miércoles 16.10.2019
1) LA DESAPARICIÓN DE EDUARDO BLEIER Y LA OPERACIÓN MORGAN
Álvaro Rico*/ La Diaria /12 de octubre de 2019
En la noche-madrugada del 20-21 de octubre de 1975, la dictadura lanzó la Operación Morgan contra el Partido Comunista (PCU). Fue una operación de exterminio, coordinada por fuerzas militares y policiales, a gran escala y de larga duración. Por eso mismo, su reconstrucción abarca sucesivas oleadas represivas que tuvieron su epicentro entre octubre y diciembre, pero que se extienden hasta los primeros meses del año siguiente.
La Operación Morgan fue resultado de una decisión política adoptada en las más altas esferas de la cúpula militar y del gobierno, e intervinieron operativamente distintos organismos bajo la coordinación del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas I (OCOA I) de la División de Ejército I (bajo el mando del coronel Luis Queirolo y el general Esteban Cristi): el Servicio de Información de Defensa (SID), el Departamento II del Comando General del Ejército, la Prefectura Nacional Naval, el Cuerpo de Fusileros Navales y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).
El contexto regional
El 19 de octubre de 1975 comenzaron en Uruguay las maniobras militares hemisféricas llamadas Unitas, y al otro día se reunía en Montevideo la 11ª Conferencia de Ejércitos Americanos, con jefes militares de 15 países del continente. (1) En esa reunión se aprobó un documento que excluía de los organismos de seguridad hemisféricos a los países con regímenes marxistas y se reafirmaba la cooperación entre los ejércitos para combatir la subversión “generada en la acción del marxismo y el comunismo internacional”. El comandante en jefe del Ejército argentino, Jorge Rafael Videla, declaraba: “Si es preciso, en la Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”. (2) Mostrar en ese ámbito de calificadas visitas anticomunistas el potencial represivo local parecía asegurar el prestigio de la dictadura y los militares uruguayos entre sus pares continentales.
El 29 de octubre en Santiago, la Dirección de Inteligencia Nacional, al mando del general Manuel Contreras, invitaba a asistir a la Primera Reunión de Trabajo de Inteligencia entre el 25 y el 30 de noviembre a los efectos de establecer a escala regional “algo similar a lo que tiene Interpol en París, pero dedicado a la subversión”. El acta de clausura de esta reunión, encontrada en el Archivo del Terror de Paraguay, es un verdadero documento fundacional del Plan Cóndor; el nombre habría sido sugerido por el representante uruguayo en la reunión y miembro del SID, el coronel José A Fons. (3)
Los objetivos militares y políticos de la dictadura
La Operación Morgan contra el PCU tenía como objetivos principales la captura de la dirección clandestina, así como la desarticulación de los aparatos partidarios especializados. El libro publicado en 1978 por el Comando General del Ejército Testimonio de una nación agredida refiere a la existencia de esas estructuras: aparato armado (sanidad, comunicaciones, transporte), prensa (“Carta”), propaganda, finanzas y recursos directos, comisión de relaciones internacionales, fracción sindical.
El golpe recibido por los comunistas fue dirigido a desarticular aquellos núcleos claves de la organización que aseguraban el funcionamiento clandestino desde el golpe de Estado y la ilegalización de los comunistas en 1973, y aun aquellos militantes que lograron escapar del cerco represivo quedaron sin estructuras y “congelados” o “desenganchados” de la organización. Anotemos, también, que el inicio del exilio masivo de los comunistas uruguayos en el correr de 1976 es una resultante de Morgan. Por otra parte, la dictadura amplificó el “peligro comunista” y la magnitud de su acción buscando justificarla y darle continuidad, así como incidir en la opinión pública a través de los medios (comunicados de las Fuerzas Conjuntas, conferencia de prensa de “arrepentidos”, exposición del material incautado en el Subte, grandes titulares de los diarios afines al régimen).
Finalmente, el importante material documental incautado en el operativo permitió a los servicios actualizar listados de miembros de las direcciones, así como obtener datos del funcionamiento partidario contenidos en los informes del Comité Central, informes escritos que, a lo largo de la dictadura, resultaron ser uno de los “talones de Aquiles” de la resistencia clandestina.
La novedad
La novedad de la Operación Morgan consiste en que fue coordinada por el mando militar y en que también los organismos represivos que intervinieron fueron mayoritariamente militares. Hasta este momento el “peligro comunista” había sido mayormente una “cuestión policial”, salvo en las operaciones represivas en el interior del país. De ahora en más, se reorientarían militarmente las labores de inteligencia e información y los operativos contra el PCU, sin dejar de lado la importante participación de la DNII como organismo policial especializado en la represión contra los comunistas y el movimiento sindical.
Otra novedad de la Operación Morgan consiste en la brutalidad aplicada a gran escala por las fuerzas de seguridad del Estado, hasta llegar a la eliminación física del “enemigo comunista”. Ello implicó, también, otra economía de la represión y escala (infraestructura, logística, comunicaciones, personal, transporte) para asegurar la masividad, el secreto, la sorpresa y la simultaneidad de los procedimientos; los lugares para depositar a decenas de personas secuestradas; el carácter clandestino de los centros de detención ubicados en predios militares o bajo jurisdicción militar; la transformación de estos centros en “sitios de enterramientos” de personas.
Finalmente, la Operación Morgan introdujo definitivamente en Uruguay el carácter grupal o colectivo del fenómeno de la desaparición forzada a través de casos conexos de personas detenidas dentro de un mismo operativo represivo que se concentra en corto tiempo y contra una sola organización política, con personas que son detenidas y desaparecen o son asesinadas en la tortura en una secuencia casi simultánea.
A partir de Morgan, la dictadura incorporará definitivamente la desaparición forzada ‒junto a la prisión masiva y prolongada, la tortura generalizada y el asesinato político‒, como parte de sus métodos de castigo, y este “giro” tendrá su confirmación definitiva en la coordinación del Plan Cóndor y la actuación de los servicios uruguayos en Argentina, en los operativos contra colectivos enteros de la izquierda uruguaya exiliados en la vecina orilla: Partido por la Victoria del Pueblo, Partido Comunista Revolucionario, Grupos de Acción Unificadora, Movimiento de Liberación Nacional (MLN), entre julio de 1976 y fines de 1979.
Los centros clandestinos de detención y enterramiento
Los centros clandestinos de detención utilizados durante la Operación Morgan fueron conocidos con el nombre de Infiernos. El 300 Carlos, Infierno Grande o La Fábrica fue el epicentro operativo del OCOA, emplazado en uno de los galpones del Servicio de Material y Armamento del Ejército, en los fondos del Batallón de Infantería Blindada Nº 13, en Avenida de las Instrucciones. El nombre 300 Carlos parece referir al número total de comunistas a ser detenidos (300), llamados Carlitos (por Carlos Marx).
La Casa de Punta Gorda, 300 Carlos R o Infierno Chico fue el otro centro clandestino que se utilizó en un comienzo de la Operación Morgan y hasta mediados de 1976 como “depósito” de detenidos y torturados hasta su traslado definitivo. La propiedad había sido incautada por el Ejército al MLN y estaba ubicada en Punta Gorda, al lado del hotel Oceanía, en Rambla República de México 5515.
El carácter “clandestino” de las operaciones en estos centros de detención se extendía a los represores de OCOA que actuaban de manera encubierta y compartimentada, utilizando el alias de “Óscar” acompañado por un número, según el grado militar y nivel de responsabilidad en las estructuras clandestinas del Ejército.
La sucesión de caídas
Si bien el éxito de la represión sobre los comunistas es proporcional al largo trabajo de inteligencia acumulado y el conocimiento que tenían del “enemigo”, así como a la cantidad de hombres y medios utilizados, en el PCU también se cometieron errores en la aplicación de los criterios de seguridad y se subestimó el poderío militar y policial, incluidos los efectos de la tortura para la obtención de información. A partir de 1976, el partido y su dirección entraron en una etapa de absoluta clandestinidad y compartimentación bajo la Secretaría General ocupada por León Lev, hasta su detención, en 1979.
Sería imposible dar cuenta de los cientos de personas secuestradas; no obstante, indicaremos las caídas de algunos dirigentes de primera línea: el 21 de octubre fue detenido Alberto Altesor, miembro del Comité Central. El 28-29 de octubre caen el ingeniero José Luis Massera, entonces secretario general del PCU, en la clandestinidad desde 1974, después de Arismendi; Wladímir Turiansky, vicepresidente de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) y miembro del Comité Central, que desde fines de 1974 era encargado de la Secretaría Nacional de Propaganda del PCU y de la CNT; Eduardo Bleier, miembro del Comité Central y en ese momento secretario departamental de Propaganda.
El 31 de octubre fue detenida Rita Ibarburu, integrante del Comité Central y secretaria de Redacción de la revista Estudios, responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales.
Para suplir a Massera, el PCU constituyó una dirección formada por un “Triunvirato” compuesto por Luis Tourón, Gerardo Cuesta y Jorge Mazzarovich quien, al caer detenido, fue sustituido por Rosario Pietrarroia. Sin embargo, poco después los tres fueron apresados con escasa diferencia de días en otra oleada de la Operación Morgan: el 12 de enero de 1976 cayó Cuesta, el 19 Pietrarroia y el 21 Tourón. El 2 de febrero fue detenido Edgar Lanza, secretario nacional de Finanzas, y el 21 Gerardo Cuesta, secretario del Comité Central y de la CNT.
El ruso Eduardo Bleier Horovitz
Bleier tuvo cuatro hijos de dos matrimonios y era integrante de una familia judía que había emigrado a Uruguay desde Hungría. Paradójicamente, en este país se exiliaría su propia familia bajo la dictadura uruguaya.
Cuando estudiaba Odontología, a principios de la década del 50, se afilió al PCU y era integrante de su Comité Central desde 1961. (4) Hasta marzo de 1972, estuvo al frente de la Secretaría de Finanzas del Partido y fue uno de sus dirigentes más emblemáticos. Por eso, su prontuario policial (Nº 116) fue iniciado tempranamente, el 14 de abril de 1959. Cuando se produce el golpe de Estado, ocupaba el cargo de secretario de Organización del Comité Departamental de Montevideo y, en 1974, asumió la Secretaría Departamental de Propaganda hasta caer detenido.
Pocos detalles se saben del momento mismo de su detención acontecida el día 29 de octubre de 1975 en horas de la noche. Estuvo recluido en la Casa de Punta Gorda (Infierno Chico) y en 300 Carlos. Si bien hay numerosos testimonios de su presencia allí y de su grave estado de salud causado por las torturas (lo refieren José Wolman, Sara Youtchak, Rita Ibarburu, Vilma Antúnez, Alcides Lanza y el soldado Hugo García Rivas), sus captores nunca reconocieron la detención. Según el informe del Supremo Tribunal Militar, “se le inició un presumario en el Juzgado Militar de Instrucción de 1er Turno el 27 de agosto de 1976, estando prófugo el citado sedicioso desde el 19 de mayo de 1976 [habiéndose librado] orden de aprehensión contra el mismo el 10 de junio de 1976”. (5) No obstante, su detención figura en la Ficha de Identificación Criminal confeccionada por la Policía de Montevideo donde consta textualmente: “27/11/75-Fichado a solicitud del Servicio de Material y Armamento-En esa unidad”. (6)
Desde 1972 la Secretaría de Finanzas del partido fue ocupada por Edgar Chumbo Lanza, quien logró escapar al cerco represivo. En sus palabras: “Bleier era un genio, fue el padre de las finanzas del Partido, el creador de todo eso”. Es decir, “una política financiera inteligente del Partido que abarcaba una concepción de masas (grandes campañas populares, festivales, cotización de afiliados, etcétera) con una línea de apoyo financiero directo a cargo de empresas y empresarios, algunos de la comunidad judía, que aportaban al Partido en calidad de comunistas”.
Uno de los objetivos centrales de la Operación Morgan consistía en desmantelar el aparato financiero del PCU y sus empresas comerciales, dado que constituían un medio fundamental para sostener materialmente las acciones partidarias en la clandestinidad y los cuadros rentados. En opinión de Edgar Lanza, la saña con la que torturaron a Bleier guarda relación directa con una confusión: “A Eduardo lo masacraron pensando que era el Secretario de Finanzas”.
La secuela de víctimas
El costo en vidas de la Operación Morgan y de los centros clandestinos de detención llamados Infiernos resulta revelador del grado de violencia aplicado por la dictadura, un verdadero “giro” no solamente de la metodología represiva, sino de la propia naturaleza del régimen, que llevó al PCU a redefinir lo que caracterizaba como “etapa de fascistización” (desde 1973) a “etapa fascista” (desde 1975-1979).
Los muertos fueron 22: ocho personas fueron detenidas desaparecidas (dos de ellas con restos recuperados e identificados: Miranda y Bleier), seis fueron asesinadas bajo torturas en el mismo momento de su detención o en meses inmediatos, y otras ocho personas murieron tiempo después en prisión o en el exterior por secuelas de torturas y enfermedades agravadas.
Los detenidos desaparecidos fueron Bleier, detenido el 29 de octubre de 1975; Lorenzo Julio Escudero Mattos, detenido el mismo día; Juan Manuel Brieba y Fernando Miranda, detenidos al día siguiente; Carlos Pablo Arévalo, el 15 de diciembre; Julio Gerardo Correa, el 16 de diciembre; Otermín Laureano Montes de Oca, el 17 de diciembre, y Horacio Gelós Bonilla, detenido el 2 de enero de 1976 por OCOA IV en el BI 4 Maldonado.
Detenidos asesinados fueron Óscar Olveira, apresado el 21 de octubre de 1975 y asesinado el 17-18 de febrero de 1976; Nuble Yic, detenido el 22 de octubre de 1975 y asesinado el 15-16 de marzo de 1976; Norma Cedrés de Ibarburu,
detenida entre el 28 y el 29 de octubre, fallecida en prisión el 16 de enero de 1978; Ruben Etchebarne, detenido, sin más datos, y asesinado en febrero de 1977.
Carlos Chassale fue detenido el 7 de noviembre de 1975, liberado en junio de 1976 por razones de salud, y falleció en Cuba en 1979 a consecuencia del agravamiento de su enfermedad por las torturas recibidas. Carlos María Argenta fue detenido el 9 de diciembre de 1975 y asesinado el 17 de diciembre del mismo año. Luis Pitterle fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 22 de agosto de 1979.
Emilio Fernández fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 24 de diciembre de 1980. Hugo Pereyra fue detenido el 16 de diciembre de 1975 y asesinado el 28 de agosto de 1977. Julián Basilicio López fue detenido el 31 de diciembre de 1975 y asesinado el 5 de enero de 1976. Silvina Saldaña fue detenida en febrero de 1976 y asesinada en prisión el 13 de junio del mismo año. Hilda Delacroix de Ormaechea fue detenida el 3 de febrero de 1976 y muerta el 1º de setiembre de 1976. Gerardo Cuesta fue detenido el 21 de febrero de 1976 y murió en prisión el 13 de setiembre de 1981. Nicanor Aldabalde fue detenido en marzo de 1976 y asesinado en prisión (en Minas) en la misma fecha.
*Álvaro Rico es docente de Ciencia Política. Ex decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ex coordinador del Equipo Universitario de Investigación Histórica sobre Detenidos-Desaparecidos.
Notas:
1. Cabe agregar que en los primeros días del mes de octubre se había realizado una conferencia de Inteligencia Militar presidida por el general Amaury Prantl.
2. Martínez, V. (2005). Tiempos de dictadura. Montevideo: EBO, p. 57.
3. Archivo del Terror de Paraguay. Ver Presidencia de la República. “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos”. Tomo I, sección 2. Coordinación represiva regional: “Operación Cóndor”. Montevideo: IMPO, julio 2007. p. 286. Documento 6, p. 308-317.
4. Fremd, A. y Kronfeld, G. (2011). (DES) APARECIDO. Vida, obra y desaparición de Eduardo Bleier. Montevideo: Editorial Estuario.
5. Informe Supremo Tribunal Militar referido a Eduardo Bleier.
6. Presidencia de la República. Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. Tomo III. Documento I, p. 655.
Álvaro Rico / La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2229 / Miércoles 16.10.2019
________
2) INTERIORES EN RED: VERDAD, MEMORIA Y JUSTICIA EN EL INTERIOR (O LOS INTERIORES)
Luis Rómboli /La Diaria /12 de octubre de 2019
Una red de organizaciones comenzó a reunir testimonios para impulsar la apertura de causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
No hay un interior. Hay interiores. Porque la represión de la dictadura cívico militar abarcó a todo el territorio del país, pero en cada departamento, ciudad, pueblo, villa fue distinta, dependiendo de múltiples factores: las dimensiones territoriales y demográficas, los mandos castrenses locales, los vínculos más cercanos, las infraestructuras y el poder político y de convocatoria de las organizaciones perseguidas, entre otros factores. Pero no fue menos cruel que en la capital. De hecho, la primera muerte de un militante de izquierda como consecuencia de la tortura, la de Luis Batalla, un albañil afiliado al Partido Demócrata Cristiano, ocurrió en 1972 en el Batallón de Infantería Mecanizada 10 en Treinta y Tres, y la última, la del médico de San Javier Vladimir Roslik, sucedió en 1984 en el Batallón de Infantería Mecanizada 9, en Fray Bentos, Río Negro.
Se sabe poco de cómo accionó el aparato represivo en el interior del país, de que hubo una cárcel para presas políticas en Tacuarembó, y de que la Operación Morgan –la misma que tuvo como consecuencia el secuestro clandestino y la desaparición de Eduardo Bleier, cuyos restos fueron hallados el 27 de agosto e identificados esta semana–, también tuvo como objetivo a militantes comunistas de Canelones.
Pero la memoria es empecinada. Por eso, surgió Interiores en red, “una red de organizaciones y asociaciones” que trabaja “en diferentes partes del país en la defensa de los derechos humanos pero fundamentalmente vinculados al pasado reciente, en la época de la dictadura, y por verdad, memoria y justicia, contra la impunidad”, según explica María Julia de Izaguirre, integrante de la red, en representación del colectivo Ágora-Identidad, derechos humanos y memoria canaria, que junto con Corina Ferreira, en representación de un grupo que integra la misma red en Tacuarembó, dialogaron con la diaria.
A principios de setiembre, Interiores en red realizó su sexto encuentro, que fue en Bella Unión (Artigas). De Izaguirre cuenta que el proceso de elaboración del proyecto de ley de sitios de memoria histórica del pasado reciente (Ley 19.641), que se aprobó en julio de 2018, llevó a que los integrantes de esta organización se conocieran con diferentes organizaciones de Montevideo y de distintas partes del interior.
Historia
Por ahora tienen una frecuencia de encuentro semestral. El primero fue en Mercedes (Soriano) en 2017, el segundo en Salto, el tercero en Tacuarembó, el cuarto en Canelones, y el quinto de nuevo en Mercedes. “El de Tacuarembó, en abril de 2018, es sustancial porque es el que constituye Interiores en red, los encuentros anteriores fueron como pasos previos de acuerdos y de reafirmación de la importancia de trabajar en conjunto. Trabajamos mucho con las organizaciones de Montevideo, pero también es cierto que sentimos que tenemos particularidades que nos hacen más afines, que nos vinculan con mayor fluidez y con mayor naturalidad a las organizaciones del interior”, sostiene De Izaguirre. La iniciativa surge a partir de que “se establecen los Acuerdos Básicos”, un documento con el que se constituyen como red con el objetivo general de “sumar, de forma articulada, desde el interior, a la causa común y nacional de la lucha contra la impunidad, por verdad, memoria y justicia”. Este año en Bella Unión, se decidió que el próximo encuentro será en marzo de 2020, en de nuevo en Tacuarembó.
“La resistencia y la represión tuvieron prácticamente su máxima representación en Montevideo. Sin embargo, cuando entramos a profundizar vemos que la dictadura y la comisión de delitos de lesa humanidad se perpetró en absolutamente todo el territorio del país, y que, en las diferentes partes de eso que llamamos interior o interiores la represión fue terrible y que se sabe muy poquito de eso. El interior se trata de mostrar como algo homogéneo, pero en realidad tiene una gran diversidad, una gran riqueza y tiene mucho para decir y para construir. A partir de la recuperación de las memorias de cada uno de esos lugares del interior, hay que aportar a la verdad histórica, y desde la verdad histórica tratar de llegar a la justicia”, agrega De Izaguirre.
Ante la pregunta de si todos los integrantes de Interiores en red fueron víctimas directas de la dictadura, Ferreira aclara que “no, no todos”. “Tenemos, por ejemplo, abogados que no han sido objeto de represión, no han estado presos, antropólogos movidos por el interés de estudio, gente muy joven, y hay otros que sí que han estado presos”, añade. Para Ferreira, el surgimiento de la red y su integración se explica porque hay “como un despertar”. “Hemos visto que ha habido como una apertura, lenta, va apareciendo nueva información, se van abriendo nuevas investigaciones relacionadas con los hechos”, explica.
Canelones: “los vagones”
Uno de los objetivos de los grupos de Canelones ha sido “la visibilización y la preservación de los dos centros clandestinos de detención y tortura que operaron” en la capital departamental a los que se los conoce “como los vagones, porque utilizaron vagones del ferrocarril para la detención y la tortura”, cuenta De Izaguirre. Sobre lo ocurrido en los vagones “no existe ninguna denuncia”, agrega. Los vagones fueron instalados en el parque de Artigas de la ciudad de Canelones, conocido como Prado, “a la vista de todo el mundo”.
“En el parque, en la época de la dictadura funcionaba la fuerza de choque, en la parte de atrás, pero en un lugar a la vista de todos los vecinos porque había vecinos detrás, alrededor, y a su vez la gente que iba al parque en los costados. Colocaron tres vagones del ferrocarril que fueron utilizados, en una primera instancia para la represión de diferentes manifestaciones de protesta de movimiento sindical. Por ejemplo, en 1974 fue masiva la concurrencia obligada de los obreros de la industria frigorífica, porque hubo una gran huelga. Tenemos un testimonio de una persona que en ese momento era militante del sindicato que plantea que deben haber pasado unas 400 personas por los vagones. Se los interrogaban, a algunos los liberaban y a otros que no llegaron a procesarlos, los mandaron un tiempito al Cilindro [en Montevideo]. (1) Después los vagones se empezaron a usar para la represión política; en abril de 1975, ya aparece una represión masiva a militantes en su amplia mayoría del Partido Comunista, que a partir de lo que hemos podido recuperar de lo que está escrito sobre el período, fueron reprimidos en el marco de lo que se llamó la Operación Trabajo, que fue una parte de la Operación Morgan, y que pretendió evitar que se hicieran movilizaciones para el primero de mayo de ese año. Se llevaban presos allí a gente de Santa Lucía, Canelones, Progreso, La Paz, Las Piedras, Sauce, de Camino del Andaluz, y Toledo”, cuenta De Izaguirre.
En Durazno
El martes 8 se descubrió en el liceo Dr Miguel C Rubino, de Durazno, una placa en homenaje a dos detenidos desaparecidos de esa localidad: Héctor Giordano Cortazzo y Célica Gómez Rossano. Su desaparición tuvo lugar en Buenos Aires en 1978, en el marco del Plan Cóndor. El liceo, del que ambos fueron estudantes, quedó oficialmente incluido en la lista de Sitios de Memoria que dispone la Ley 19.641.
Giordano era abogado, se especializó en derecho laboral y defendió a varios sindicalistas y presos políticos. Fue parte del diario Época y militó en el gremio de abogados.
Entre setiembre y octubre de 1975, los testimonios recogidos por Interiores en red indican que los vagones fueron trasladados a la zona del barrio Olímpico. “Venía una grúa y llevaban los vagones hacia un lugar que quedaba a cuatro cuadras del inicial y los ubicaron donde funcionaba el Departamento 3 de Inteligencia y Enlace de la Jefatura de Policía. Las personas que allí estuvieron secuestradas, torturadas, coinciden en que quienes mandaban eran los militares de San Ramón [Regimiento de Caballería Mecanizada 6]. Claramente estaban operando como Fuerzas Conjuntas [Policía y Fuerzas Armadas], y creemos que a partir de octubre de ese año ya fue OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas] directamente”, sigue De Izaguirre.
Consultada sobre la posibilidad de que hayan existido desapariciones forzadas de detenidos como consecuencia de la Operación Trabajo, De Izaguirre expresa que “fueron lugares de secuestro, de detención prolongada, de meses, de tortura. Pero no, no hay ningún indicio ni ningún testimonio que haga suponer que ahí hubo desaparecidos”.
“Las personas que estuvieron en los vagones cuando estaban en el Prado pasaban a San Ramón, de San Ramón a juez militar, y de ahí, a algunos los liberaban y a otros los mandaban a [el penal de] Punta Carretas. A la gente del barrio Olímpico también la mandaba a juez militar, los liberaban a algunos, pero hubo una particularidad, y ahí empezamos a ver las particularidades del interior: los detenidos ya procesados fueron a parar a la cárcel de Canelones y estuvieron ahí tres años, conviviendo los hombres presos políticos con los presos comunes y las mujeres presas políticas con las presas comunes, en una experiencia que fue absolutamente interesante y que requiere un capítulo aparte, por lo que significó de aprendizaje, fundamentalmente de los presos comunes respecto de los presos políticos. Como forma de organización, de solidaridad, aprender a hacer cosas con sus manos, pensar en la familia que estaba afuera y hacer cosas para hacerle llegar a la familia y que esta las pudiera vender. Las compañeras que estuvieron presas ahí dicen que cuando llegaron, las presas comunes, por ejemplo, comían cada una en su cucheta y se tapaban con frazadas para que las otras no las vieran, y después de un tiempo de convivir con las presas políticas, terminaron preparando la comida y sentándose a la mesa todas juntas, y algo interesante: una de esas presas término casada con un preso político, en un matrimonio que aún se mantiene, con dos hijas, estudiantes universitarias ambas. Son historias muy fuertes, por los vínculos que se generaron, vínculos muy fuertes, muy humanos”, dice De Izaguirre. En 1979, los presos políticos de la cárcel de Canelones son derivados al Penal de Libertad, y las presas políticas al Penal de Punta de Rieles.
Tacuarembó: la primera cárcel de mujeres
Sobre las particularidades de la represión en Tacuarembó, Ferreira explica que “hubo detenidos en distintos centros: en el cuartel de Tacuarembó [Regimiento de Caballería Blindado 5], que tiene dos épocas, porque está el cuartel viejo, donde cayó toda la tanda de compañeros en el año 1972, y el nuevo cuartel, donde empezaron a llevar a otros compañeros a partir de 1975. También está la Jefatura de Policía y otros sitios que todavía no se han investigado”. Ferreira también menciona la cárcel de mujeres de Paso de los Toros, que fue “en su momento como el Penal de Libertad para los hombres, antes de que existiera la cárcel de Punta de Rieles”. “Fue el establecimiento militar de reclusión número uno femenino, así como el de Libertad era el número uno masculino. Las mujeres del interior fueron a parar ahí y después que se hizo Punta de Rieles, quedó como cárcel para presos comunes”.
Ferreira estuvo presa en Paso de los Toros: “La inauguraron unas cuatro o cinco compañeras de Paso de los Toros y después nos llevaron a las de Tacuarembó, y más tarde empezaron a llegar de todos lados”.
Interiores en red se incorporó recientemente al Observatorio Luz Ibarburu de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, y viene promoviendo en distintos puntos del territorio “la recuperación de información” y “la recopilación de testimonios” para abrir causas judiciales. “Tenemos que partir de que hay muy poco escrito”, dice De Izaguirre. “Entonces, lo que promovemos es la creación de las fuentes a través de la historia oral, recuperar los testimonios de las personas, conformar archivos orales. Se está grabando, filmando, el archivo nuestro es un archivo filmado y lo está procesado la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación [de la Universidad de la República]”, añade. Según describe, se prepara a las personas que van a dar testimonio en “un espacio de comodidad y de mucha empatía” porque probablemente “van a compartir las peores experiencias de su vida”.
Ferreira agrega que tratan de fortalecer el equipo desde “múltiples disciplinas, porque no alcanzan los historiadores, los arqueólogos, los psicólogos, los arquitectos, en realidad cada uno desde su lugar aporta saberes, aporta conocimientos y entre todos vamos tratando de construir”.
“Se van abriendo como brechitas lindas, novedosas, como el Día del Patrimonio el año pasado en Tacuarembó, que fue histórico por los recorridos de la memoria que hicieron estudiantes que se interesaron en el tema. En el interior todavía hay muchísimo miedo, todavía se nota en los relatos y en las personas. No sé si es más intenso por el tema de que todo el mundo se conoce o es porque los represores están ahí en la vuelta. Es difícil para las personas convivir y a su vez atacar o denunciar. Es complejo. Y se me ocurre que cuanto más chiquito los pueblitos más complejo debe ser. Pero hay como un despertar”, concluye.
Nota:
1. El Cilindro Municipal, uno de los principales escenarios deportivos cerrados para básquetbol del país, colapsó el 21 de octubre de 2010, y dio lugar a la construcción del Antel Arena. Así como la dictadura de Augusto Pinochet utilizó el Estadio Nacional de Santiago de Chile como centro de detención masiva, la dictadura uruguaya utilizó el Cilindro, por donde pasaron miles de personas. En 2003 se instaló una placa de la memoria en el lugar.
Luis Rómboli /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2229 / Miércoles 16.10.2019
________
3) ARGENTINA: «LA PRIMERA POLÍTICA DEL GOBIERNO FUE EL DESMANTELAMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN»
En diálogo con Agencia Paco Urondo, Larisa Kejval, nueva directora de Comunicación Social de la UBA, hizo un balance de la gestión de Cambiemos sobre los servicios audiovisuales, las consecuencias para las trabajadoras y los trabajadores del sector, y el vínculo entre la academia y los medios populares, alternativos y comunitarios.
Por Eliana Verón | Agencia Paco Urondo
Agencia Paco Urondo: ¿Cuáles son los saldos políticos que deja el macrismo en materia de comunicación?
Larisa Kejval: No hay que olvidarse que una de las primeras políticas del gobierno de Cambiemos fue la intervención al AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual), en diciembre de 2015 y el desmantelamiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través del decreto 267/15. Es decir, sus primeras políticas fue el desmantelamiento de las políticas públicas de comunicación. Esto inaugura una política regresiva en términos de derechos comunicacionales, entre otros derechos. Y ello se expresa en varias cuestiones, quizá el ícono más emblemático fue la fusión de Telecom y Cablevisión porque lo que se profundizó más brutalmente durante estos cuatro años de macrismo fue el proceso de concentración de las comunicaciones tanto mediáticas como las telecomunicaciones convergentes. Al mismo tiempo hubo un desguace de los medios públicos, como por ejemplo, la parálisis de las filiales de Radio Nacional en muchas provincias. El vaciamiento de programación de la Tv Pública o de la política de Televisión Digital Terrestre o Abierta que, de alguna manera había empezado a alternativizar con la política del cable que es un sector arancelado. También se detuvo la política pública de implementación de las radios CAJ, Centros de Actividades Juveniles, llevado a cabo por el sistema educativo en todo el país. La modificación y desmantelamiento de los órganos de control, asesoramiento y diseño de política pública en comunicación. En lo que respecta a los medios comunitarios hubo una parálisis en la política de fomento con una aplicación a cuenta gotas y dilaciones del famoso FOMECA (Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual), y el desarrollo de una política de decomiso a los medios comunitarios que no se veían hace muchos años. Una creciente represión a los periodistas y reporteros gráficos que cubren los conflictos y las protestas sociales. Recuerdo la detención de los compañeros de FM La Patriada, La Garganta Poderosa, el reportero de Página/12, sólo por citar alguno. Y en este marco, también una fuerte discrecionalidad en la distribución de la publicidad oficial que favoreció a los medios concentrados, una creciente precarización laboral y aumento de los despidos en el sector de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación con un estimado de más de 3500 despedidos y despedidas.
APU: Se cumplen 10 años de la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y hace poco dijo que al kirchnerismo le costó comprender que debió fortalecer los medios comunitarios, ¿cree que hubo un aprendizaje en este tiempo macrista y de cara a un posible nuevo gobierno del campo popular y nacional?
LK: Creo que hubo aprendizaje, y eso se nota en quienes venimos pensando cómo deberían ser las regulaciones, entre algunas custiones, porque todos tuvimos muy en claro que el primer objetivo de aquí al 27 de octubre era ganar las elecciones. Por lo tanto, creo que venimos teniendo la madurez necesaria de no dar discusiones que nos dividan internamente. También pienso que los desafíos que tenemos ahora no se resuelven sólo con la restitución plena de la ley Servicios de Comunicación Audiovisual. Me parece que además del balance que nos deja el macrismo de estos cuatro años, tenemos una transformación muy profunda del modo en que se va dando la convergencia, los modelos de negocios y el desarrollo de las tecnologías que van transformando los hábitos de consumo y las lógicas de producción mediática. Entiendo que todo esto genera un nuevo escenario, requiere el diseño de política pública que restituya algo de lo anterior, pero que atienda los nuevos desafíos. El paradigma en el cual debemos pararnos sigue siendo pensar la comunicación como un derecho humano, y poder distinguir en la convergencia aquellas tecnologías que sólo transportan los contenidos de quienes los producen y tienen responsabilidad editorial. Esto será importante al momento de pensar una regulación, la promoción de trabajo, el federalismo, la diversidad y el pluralismo. Y por supuesto, pensar una comunicación soberana que es otro gran concepto que debemos recuperar, ya que cobra un nuevo valor conforme a los actores que tiene incidencia en las lógicas de producción y que son actores transnacionales o con poderes que van más allá de las fronteras nacionales. Este es el panorama. Igual veremos lo que suceda después del 10 de diciembre, que no va ser fácil justamente por este escenario complejo.
APU: ¿Qué tipo de articulación o espacio piensa para los medios alternativos, populares y comunitarios en su vínculo con la carrera de comunicación?
LK: Siempre hubo una relación. En todo caso hay que ver cómo se ha ido dando. Recordemos ejemplos como radio La Tribu, lugar donde no sólo trabajé sino que milité durante 16 años, que de algún modo es un medio hijo de esta carrera. No de manera institucional, pero sí fue fundada por alumnos de Comunicación Social. Y haciendo un poco de historia, es cierto que durante los años ´90 la comunicación comunitaria tenía un lugar periférico, pero también es cierto que esta carrera se inicia con una orientación en ese tipo de comunicación. Luego de debates y reflexiones que teníamos por entonces fue ocupando un lugar más central en la propia academia. Creo que se ha avanzado mucho desde esos momentos a esta coyuntura. Hay algunos indicadores, algunos hitos o acontecimientos que se pueden mencionar como el avance en investigación en ciencias sociales vinculada a la temática con docentes como Natalia Vinelli, Patricia Fasano en Entre Ríos, Claudia Villamayor en la facultad de La Plata, yo misma y un montón de colegas que hemos tomado la decisión de generar conocimiento y además jugar con el campo académico como un modo de legitimación y producción de conocimiento que nutra a los debates del sector.
APU: Hace muy poco se conoció el primer relevamiento sobre medios comunitarios, populares, alternativos, cooperativos y de Pueblos Originarios en Argentina ¿responde a esa vínculo con la academia?
LK: Es otro acontecimiento como resultado de la creación, en 2014, de la Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) que nuclea a compañeros y compañeras que venimos trabajando en espacios académicos y que tenemos un pie en las experiencias y en la militancia, en la que analizamos y vimos la falta de producción de conocimiento que pudiera no sólo visibilizar al sector, sino también contribuir con datos empíricos al debate público. Y el resultado es este primer relevamiento de casi 300 radios y televisoras de todo el país porque no existía. Iniciativa de la que participamos investigadoras e investigadores de 11 Universidades Públicas. Ni FARCO (Foro Argentino de Radios Comunitarias), ni AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitaria), ni la Red Nacional de Medios Alternativos tenía todo ese material sobre cuáles son, dónde están, cuáles son sus características técnicas, legales u organizacionales de todos estos medios. Entonces, ¿qué sabemos hacer? investigar, tenemos el vínculo con las redes y los actores, está faltando sistematizar esta información para poder incidir en el diseño de políticas públicas a partir de los datos producidos por las universidades. Ahí hay un indicio de cómo la academia puede relacionarse con el sector de manera complementaria y con acuerdos que nos permitan seguir construyendo otros modos de articulación estratégicamente en pos de objetivos comunes.
Eliana Verón | Agencia Paco Urondo
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2229 / Miércoles 16.10.2019
________
4) BRASIL: UN GRUPO INTERMINISTERIAL ESTUDIA LA APERTURA DE TIERRAS INDÍGENAS A LA MINERÍA
Vasconcelo Quadros /Agência Pública / La Diaria, 12 de octubre de 2019
El Ejecutivo se propone que un órgano de gobierno represente a los “intereses indígenas” en ámbitos de negociación sobre proyectos de minería en sus tierras.
La Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano gubernamental que “coordina y ejecuta la política indigenista” en Brasil, se está apartando de sus atribuciones legales para asumir un nuevo papel: el de mediadora en los desarrollos de minería en tierras indígenas. Así lo indica la información que obtuvo Agência Pública de uno de los integrantes del grupo técnico interministerial que discute el nuevo proyecto de ley de minería, que pidió no ser identificado, y que fue confirmada con otras dos fuentes.
La legalización de las minas y de las empresas mineras es parte de una ofensiva gubernamental y legislativa, patrocinada por la bancada ruralista en el Congreso, con la finalidad de abrir las tierras indígenas a desarrollos privados a través de un cambio constitucional que se tramita a ritmo acelerado. Parte de una propuesta original del gobierno anterior, de Michel Temer, que preveía sólo la participación de las empresas mineras. Al desencajonar el proyecto, el presidente Jair Bolsonaro puso la regulación de las minas clandestinas como prioridad.
Actualmente la Funai es el retrato de la fragilidad en la protección a los indígenas: sin recursos y con sus cargos de dirección ocupados por la extrema derecha ligada al ruralismo. Su nuevo papel en la apertura de las tierras indígenas para minería se está definiendo en las discusiones del grupo de trabajo interministerial, que tiene 30 técnicos y está integrado por las carteras Minas y Energía, Justicia, Medio Ambiente, Agricultura, Planificación y la Secretaría General de la Presidencia de la República. El esbozo del proyecto será enviado al Congreso por Casa Civil.
Uno de los integrantes del grupo, que pidió no divulgar su nombre, repasó los principales puntos que deben ser parte del proyecto. Para eludir la legislación –basada en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo– que obliga a consultar a las comunidades indígenas sobre asuntos que las involucren o afecten, la iniciativa incluiría una brecha para que, en los casos de recusación, el gobierno pueda autorizar unilateralmente los proyectos mineros bajo la justificación de que responden a intereses estratégicos nacionales. Los proyectos, uno por uno, tendrían que pasar por el tamiz del Congreso.
Las cuestiones centrales que están en discusión se vinculan con la exploración económica y de captación de las regalías como compensación financiera a las comunidades indígenas. Es allí que se inserta el papel de la Funai, que mantendría su atribución de tutora en esas negociaciones, ya prevista en la ley, pero llevaría adelante una mediación más intensa entre las etnias y los proyectos mineros, siempre según la misma fuente.
El grupo interministerial debe sugerir la creación de un consejo para gestionar los recursos indígenas mediante un fondo y acompañar la ejecución del proyecto minero, y retener, ya en el momento de la extracción de oro o diamante –por ejemplo–, un porcentaje estimado de 3% a 4% del volumen bruto extraído. Las comunidades crearían asociaciones que harían el enlace con el consejo, que estaría formado mayoritariamente por indígenas, dijo la fuente.
Uno de los grandes desafíos apuntados en los debates es el control de las minas clandestinas, que con frecuencia están relacionadas con delitos ambientales y conflictos con los habitantes de los territorios que invaden, como sucede a gran escala en la tierra yanomami en este momento. Se estudia extender la exigencia de permisos para todos los tipos de minería y la aplicación de una norma, que puede ser una especie de depósito de garantía que se utilizaría en casos de abandono del proyecto para corregir eventuales pasivos ambientales.
Según el integrante del grupo, hay acuerdo en que en el caso de las concesiones para grandes proyectos les correspondería a las empresas mineras expulsar a los mineros irregulares de la zona y evitar nuevas invasiones, ya que el gobierno no tendría estructura de fiscalización para eso. Un ejemplo de esta situación sería el caso, citado en las discusiones, del probable emprendimiento minero de la firma canadiense Belo Sun, en Volta Grande do Xingu (en el estado de Pará), una tierra indígena que es habitada por las etnias arara y juruna. Se trata de un área ya tomada por mineros irregulares. La empresa Belo Sun quiere hacer en Xingu, cerca de la central hidroeléctrica de Belo Monte, inversiones por el orden de 1.220 millones de reales (unos 300.000 millones de dólares) para extraer, en 12 años, 60 toneladas de oro.
Un relevamiento del Instituto Socioambiental señala que existen 4.181 pedidos de permisos de exploración minera en tierras indígenas aguardando la decisión de la Agencia Nacional de Minería. En la mitad de los casos se pide autorización para extraer oro. Juntas, esas áreas totalizan 28 millones de hectáreas, el equivalente a 25% de la superficie y áreas consolidadas como tierras indígenas.
Funai sin aire
Entidades indigenistas alertan que las posiciones públicas asumidas por Bolsonaro están funcionando como autorización a invasores y fomentando conflictos que han terminado con muertes en las regiones más desprotegidas de la Amazonia. El presidente brasileño ha dicho que no va a demarcar más tierras indígenas e incluso que va a revisar la extensión de las que ya están consolidadas, y además ha criticado a los órganos de fiscalización ambiental y a la propia Funai.
Javari, la segunda mayor tierra indígena de Brasil, con 8,5 millones de hectáreas y el área de mayor concentración de pueblos desconocidos del mundo, fue blanco de cuatro ataques a tiros este año contra las bases de Ituí y Curuçá, a las que llegan más invasores.
“El gobierno de Bolsonaro siembra la idea de que el indígena es un estorbo para el desarrollo y extiende la idea de que la Funai está repartida y comprada por organizaciones civiles. Es una tentativa de matar a la Funai de inanición, cortando recursos y desmontando estructuras, sobre todo las que protegen a los pueblos aislados, en clara opción por el abandono”, afirma Wino Beto, indígena de la etnia marubo, coordinador de la Unión Nacional de los Indigenistas del Valle de los Javari, que emitió un comunicado sobre este asunto.
Incluso sin participar en las discusiones que involucran el destino de sus tierras y sus pueblos, los indígenas siguen de cerca los movimientos del gobierno. “Los interesados [en el proyecto de minería] son grandes empresas mineras que financiaron campañas electorales. Es el papel de la Policía Federal investigar, así como hizo en la operación Lava Jato, lo que está detrás de todo eso”, dijo la diputada Joênia Wapichana, de Rede Sustentabilidade, presidenta del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas. “La intención es abrir grandes minas. No se trata de un pobre con una batea”, alerta.
“El discurso del presidente da fuerzas a los hacendados y sufrimiento a los indígenas”, dice Wiliam Rodrigues, líder de la etnia mura. “Es como un decreto de exterminio. No queremos minería. La tierra es nuestra madre: nadie la da, vende o entrega”. “¡Ayúdennos! Si no hay autoridad para hacer cumplir la ley, vamos a reaccionar. Basta de invasiones y amenazas”, dijo Rodrigues, y señaló: “Si nuestra situación está así, imagine los aislados, que no saben qué es la ley”.
De acuerdo con Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del Consejo Indígena Misionario, hay una nueva “fiebre del oro” con respecto de las tierras indígenas, estimulada por el gobierno, que ha provocado “un aumento de cerca de 40% en el número de invasiones en comparación con el mismo período del año pasado”.
El mayor foco de invasión está en el área de los yanomami, en Roraima, donde el número de mineros que trabajan por su cuenta, llamados garimpeiros, subió de 4.000 a 15.000 desde que el presidente declaró que regularizaría la actividad. “Bolsonaro está creando fuerzas antagónicas dentro de la Funai con el objetivo de vaciar la estructura de protección para atender el negocio agrario y las empresas mineras”, sostiene Buzatto.
En la evaluación del Consejo Indígena Misionario, en caso de que los otros poderes no adopten medidas urgentes, los conflictos entre indígenas y garimpeiros pueden llegar a niveles extremos. Con ese panorama, a fines de agosto, en medio de la repercusión de los incendios en la Amazonia, un grupo de nueve ex ministros de Medio Ambiente llamó al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a que bloquee los proyectos legislativos que abren las tierras indígenas a la minería.
Vasconcelo Quadros /Agência Pública /Traducción: Diajanida Hernández /La Diaria
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 20 / Nº 2229 / Miércoles 16.10.2019
________
“La izquierda no puede pensar sólo en ganar elecciones. Necesita tener como meta fundamental organizar al pueblo, y recuperar la hegemonía de las ideas de la clase obrera en la sociedad. Recuperar los valores humanistas y socialistas, y practicarlos, como la solidaridad, la defensa de la justicia social y la igualdad entre todos los seres humanos.”
Joao Pedro Stedile – MST (Brasil)
_______
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL.
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sergio Ferrari (en colaboración con swissinfo.ch)
Kintto Lucas (Ecuador)
Gustavo González – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza
Con noticias de: Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org
Contacto: comcosur@comcosur.com.uy
Puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______________
—