1) Sin plata en la Udelar la enseñanza universitaria se verá resentida –
2) Gobierno respondió que planteo de financiamiento de la Udelar para reforma del Clínicas “no es viable”, y pide camino de PPP –
3) Panel ciudadano discutió junto a expertos alternativas de ingreso del Clínicas al SNIS –
4) Apoderado de Casal modificó datos en documentos por investigación de DGI –
5) Juntan firmas para prohibir el cultivo de soja transgénica en el departamento de Canelones –
6) La Junta Departamental de Paysandú aprobó un decreto de etiquetado de alimentos transgénicos
–
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2078 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 24 de Junio de 2016 / Producción: Andrés Capelán
_______________
«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
_______________
1) Sin plata en la Udelar la enseñanza universitaria se verá resentida
(Caras y Caretas)
La Universidad de la República no tiene los $ 649 millones prometidos para el proyecto de Rendición de Cuentas de 2017. Esta situación afectará la enseñanza en la mayor casa de estudios.
La postergación del gasto prevista por el Poder Ejecutivo en la Rendición de Cuentas de 2017, deja sin incremento presupuestal a la Universidad de la República (Udelar) a la que no se asignarán los $ 649 millones previstos, informó El Observador este sábado.
Tanto desde el rectorado, como desde el Consejo Directivo Central (CDC), como desde el sindicato de docentes (Adur) se advierte que esto afectará el crecimiento de la institución, que representa 80% de la enseñanza terciaria del país.
El rector Roberto Markarian dijo a El Observador que de ese total de dinero que prescindirán durante 2017, $ 544 millones tenían como destino la creación de cargos de dedicación total ($30 millones), el fomento de la investigación y de los postgrados ($ 117 millones), el Hospital de Clínicas ($ 60 millones) y retribuciones de docentes y no docentes ($ 337 millones). A esto, se le sumaban $ 55 millones para financiar convenios de ASSE con el Clínicas y $ 50 millones para unidades docentes asistenciales.
“Al no darnos ese dinero el crecimiento de la actividad de investigación y de cargos de dedicación total, así como la mejora salarial queda trunca”, afirmó el rector. Agregó que confiados en que iban a contar con esos recursos, en 2016 se decidió adelantar dinero de los posgrados en creación de cargos, con la intención de reforzar los primeros en 2017. Ahora, no se podrá hacer.
Semanas atrás, cuando el Ministerio de Economía dio a conocer los primeros lineamientos de la Rendición de Cuentas, el CDC emitió una declaración donde señalaba que “la postergación de los incrementos genera una gran incertidumbre y compromete asignaciones ya realizadas por la universidad, que se habían decidido en el contexto de conocerse los montos disponibles para 2017”. Se recuerda que ya en la Ley de Presupuesto votada en 2015, los montos asignados fueron “muy inferiores al pedido universitario”. Markarian manifestó que dicha ley otorgó a la institución solamente el 36% de lo que había pedido. “Vamos a ir al Parlamento para que se cumplan las promesas de gasto social. No hay más gasto social que la educación”, dijo el rector.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
_______________
2) Gobierno respondió que planteo de financiamiento de la Udelar para reforma del Clínicas “no es viable”, y pide camino de PPP.
CÁ (La Diaria)
El viernes hubo un encuentro clave entre el Comité por el Hospital de Clínicas (HC) y representantes de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Salud Pública, en el que se discutió la propuesta de financiamiento planteada por la Universidad de la República (Udelar) para la reforma del hospital universitario. Martín Vallcorba, asesor del MEF, explicó a la diaria que en la reunión se le planteó al comité que la alternativa presentada “no es viable”, que “no hay posibilidades de avanzar por ese camino” y que, en cambio, sí se puede avanzar en la obra si se recurre al mecanismo de participación público-privada (PPP) para financiarla. El movimiento Todos por el Clínicas y el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT ya manifestaron su rechazo.
En el encuentro participaron el rector de la Udelar, Roberto Markarian, el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, los representantes de los órdenes universitarios y los trabajadores del HC, junto al subsecretario del MEF, Pablo Ferreri, la subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, y Vallcorba. La propuesta de la Udelar implica que la construcción de la obra esté a cargo de un privado y que se comience a pagar en 2023, con fondos que provendrían de la reducción de los aportes patronales que paga la Udelar (actualmente paga 19,5% y se propone que pase a pagar 10%, mientras que las instituciones educativas privadas no hacen aportes patronales).
Según Vallcorba, la diferencia principal radica en que la propuesta de financiamiento de la Udelar “no contempla las preocupaciones planteadas por el Ejecutivo ni las posibilidades que tiene en cuanto a la financiación”. “Dada la situación económica del país y las prioridades en infraestructura, las posibilidades de financiamiento de una obra de este tipo eran por medio de mecanismos de PPP. Eso se le planteó desde un primer momento, no había posibilidades de financiar esta obra con recursos presupuestales”, argumentó.
Explicó que el mecanismo de PPP se había planteado porque transfiere los riesgos al privado y se le empieza a pagar una vez que este brinda el servicio en las condiciones pautadas, lo que implica hacer el pago no en el momento de inversión sino cuando el HC esté en funcionamiento. Según entiende, la propuesta que presentó la Udelar en términos fiscales “tiene las mismas consecuencias que un préstamo: no se transfiere ningún riesgo al privado, se compromete a pagarle independientemente de cómo esté la obra y se registra el pago en el momento en que se produce la inversión”. Añadió que la propuesta universitaria “sólo posterga el pago; desde el punto de vista de las reglas de registro del gasto, tiene un impacto inmediato”.
Sobre el planteo de reducir los aportes patronales, Vallcorba dijo que esa discusión “excede largamente el proyecto del Clínicas”. Se preguntó por qué si la Udelar logra utilizar aportes para financiar obras de inversión “no podrían hacer lo mismo las intendencias, ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] o ASSE [Administración de los Servicios de Salud del Estado]”, y que esa discusión implicaría “fragilizar el régimen de seguridad social de nuestro país, cuestionando las propias bases de financiamiento de la seguridad social”. Vallcorba defendió el camino de la PPP que, aseguró, “no es un esquema ideológico, es una alternativa de financiamiento”.
“Hace diez años se rechazó un proyecto de reforma porque era con un préstamo de fondos internacionales, y hoy plantean que esa es una de las alternativas”, se quejó, y detalló que los servicios que podría brindar el privado son la construcción, el mantenimiento, la provisión de tecnología de alto porte, el mantenimiento de los equipos, la limpieza y eventualmente la seguridad, “no los servicios asistenciales”, que la ley deja fuera de los contratos. Afirmó que el hospital “seguiría siendo universitario, los pliegos los definiría la Udelar, por lo que no hay violación de ninguna autonomía. Es una lástima que esté trancada la discusión sobre un nombre”. Además, añadió que en la reunión se le transmitió al comité que actualmente hay un cupo reservado para la PPP del HC que, de no utilizar la Udelar, “el gobierno tiene la voluntad de utilizar para desarrollar otra inversión en el área de salud pública”, probablemente, con ASSE.
Que no
El movimiento Todos por el Clínicas, integrado por la intergremial universitaria, emitió una declaración contraria a la respuesta del gobierno. “Nos oponemos fuertemente a que en pos de ‘una mayor rentabilidad’ y de ‘disminuir el riesgo’ para un eventual inversor, desde el MEF se realicen presiones para que la Universidad de la República modifique su proyecto edilicio, en vulneración flagrante de la autonomía universitaria”, señalan en el texto, en el que aseguran que se “desoyó la propuesta universitaria”. “La posición intransigente del MEF hace retroceder la discusión sobre la reconversión del Hospital de Clínicas a un punto que se entendía superado, poniendo en riesgo el futuro del proyecto de reconversión”.
El PIT-CNT también se pronunció ayer sobre la respuesta del gobierno. El Secretariado Ejecutivo de la central resolvió ratificar el apoyo a la propuesta universitaria, “condenar la posición del Gobierno de priorizar la ganancia y el lucro del gran capital sobre un Proyecto Universitario y Nacional” e “invitar al gobierno a aceptar la Propuesta Universitaria de financiación de obras en el Hospital de Clínicas”. Advirtió que “cualquier intención de continuar este ataque sin sentido a nuestra aliada, la Universidad de la República, será objeto de la toma de medidas por parte de nuestra central en defensa de nuestro Hospital de Clínicas”.
En tanto, Tomasina planteó que, a título personal, considera que se debe “defender el proyecto acorde a las necesidades académicas y asistenciales del hospital; la forma de financiamiento no debería condicionar el proyecto, sea la que sea. Mientras que se respete este aspecto no deberíamos discutir tanto la forma de financiamiento”. Reconoció que esta respuesta del Ejecutivo genera un nuevo escenario, y que se deberá discutir profundamente el tema en el demos universitario. El decano dijo que sigue siendo “crítico al modelo de PPP para salud y enseñanza, pero desde una postura práctica y si es la última alternativa” la considera, ya que la “peor situación para el hospital es la de estancamiento y no poder invertir; por lo que han expresado los docentes, tenemos la responsabilidad social de asistir en condiciones dignas”.
En dos semanas el tema será discutido en el Consejo Directivo Central de la Udelar.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
_______________
3) Panel ciudadano discutió junto a expertos alternativas de ingreso del Clínicas al SNIS.
(La Diaria)
Ayer terminó su trabajo el panel ciudadano encargado de analizar la situación del Hospital de Clínicas (HC). El jurado, integrado por cinco personas de distintas profesiones, no dio un dictamen, sino que presentó públicamente la investigación sobre el derrotero del hospital para llegar a su situación actual, convocó a una gran variedad de actores involucrados en la vida del centro de salud y analizó posibles alternativas a futuro sobre la pertinencia de que ingrese al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).
La iniciativa fue del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar) y se adoptó como metodología el juicio ciudadano, que tiene dos antecedentes en Uruguay, aunque estos no estuvieron vinculados a temas de salud: hubo uno sobre energía nuclear y otro sobre minería a cielo abierto. 26 personas se presentaron a la convocatoria, diez de las cuales finalmente integraron el panel ciudadano. En los seis meses de trabajo, cinco desistieron (la participación no incluía ninguna retribución a los jurados). Rodolfo Levin, director del Instituto de Higiene, destacó que los jurados eran “legos” en relación con el conocimiento específico sobre el HC, pero tras el estudio de materiales, entrevistas en profundidad con actores claves, un seguimiento estricto de las noticias de prensa y varias jornadas de debate llegaron a elaborar un documento en el que vertieron sus opiniones.
Debate abierto
En la audiencia realizada ayer en la sala del Impo participaron 20 expositores de diversos ámbitos. Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), hizo una autocrítica respecto de por qué no se incorporó, desde su creación, en 2007, el HC al SNIS: “Haber dado por sentado que el HC formaba parte del sistema por una cosa implícita de la ley fue un error, habría que haber escrito dos o tres artículos explícitos”. En cambio, Daniel Olesker, que era director general de Secretaría del MSP cuando se creó el SNIS, dijo que no se sentía culpable: “Peleamos por estos mecanismos [de inclusión del HC] y hubo una discusión fuerte con la conducción de la política económica y con la conducción del HC y de la Facultad”. Martín Rebella, que concurrió en representación del MSP, dijo que “no hay responsabilidades únicas, sino que son compartidas entre el Ejecutivo y la Udelar, que no hemos logrado concretar la inserción del hospital”, pero reafirmó el compromiso de la cartera por “integrar el HC”.
Desde el panel plantearon que 95% del presupuesto del hospital proviene de la Udelar y el restante 5% del convenio de complementación de servicios con ASSE; que 90% de los pacientes del HC son usuarios de ASSE, y que, si bien 60% de la planta física del edificio está dedicada a servicios asistenciales, 77% del presupuesto se destina a ellos y 23% a tareas de formación e investigación. Entre las alternativas previstas para que el HC integre el SNIS plantearon que el hospital brinde el primer nivel de atención y que reciba cápitas del Fondo Nacional de Salud como el resto de los prestadores, o que se convierta en un prestador de servicios (para otras instituciones públicas o privadas) de interconsultas y servicios altamente especializados, por medio de los centros de referencia.
Distintos actores sostuvieron que el HC está llamado a cumplir el rol de ser una institución con varios centros de referencia, institutos con alta tecnología altamente especializados, por su carácter de formador de recursos humanos y por pertenecer al sector público. También llegó ese reclamo desde los usuarios. Marta Pérez, de la Asociación de Trasplantados, señaló: “No gasten en pintar las paredes. Capaz que nosotros las pintamos, pero queremos que el hospital se convierta en centro de referencia. No hay médicos que sepan tratar con trasplantados. Quienes tienen enfermedades raras o son trasplantados no precisan medicamentos de miles de dólares, sólo conocimiento”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
_______________
4) Apoderado de Casal modificó datos en documentos por investigación de DGI
(El País)
El semanario Búsqueda publicó ayer que Julio Szafrán, apoderado de Francisco Casal, tramitó ante la panameña Mossack Fonseca algunos cambios en los registros de las empresas indagadas por la DGI con el fin de ocultar que su directorio estaba integrado por él y algunos familiares.
El apoderado del contratista de futbol Francisco Casal, Julio Szafrán, mintió en sus declaraciones a la Dirección General Impositiva (DGI) y modificó documentos que luego presentó como pruebas, según informó ayer el semanario Búsqueda.
Szafrán tramitó ante la panameña Mossack Fonseca (MF) algunos cambios en los registros de las empresas indagadas por la administración tributaria, con el fin de ocultar que su directorio estaba integrado por él y algunos familiares. Esos documentos fueron los que el apoderado de Casal modificó luego y los utilizó en la defensa de éste ante la Justicia.
Según informa Búsqueda, Szafrán se presentó en 2005 ante la DGI para declarar en representación de Casal y fue entonces que debió dar detalles sobre los negocios de éste. En su declaración, Szafrán aseguró que «el Grupo Casal» no existía «como tal» y que las compras de futbolistas se realizaban a través de “sociedades extranjeras no radicadas en el país, con domicilio en el exterior”.
Según el acta del expediente judicial, Szafrán dijo que los inversores, el origen de dichos capitales y la manera en que ingresaban a Uruguay eran “del exterior”. Cuando los inspectores de la DGI preguntaron quiénes eran los directores, los representantes legales y los asesores contables, Szafrán dijo que eran “del exterior” y que él era su apoderado en Uruguay.
El semanario informa que el interrogatorio siguió con preguntas relacionadas a estos inversores extranjeros y sobre algunas sociedades en particular que estaban vinculadas a la venta de futbolistas: las off shore Darrel Equities SA, Domex Associates Inc. y Mikron Consulting SA.
Pero al otro día de haber concurrido a declarar, el estudio Rozemblum & Asociados (que era el que desarrollaba la operativa en Uruguay) envió un correo electrónico al estudio MF solicitando solucionar un problema: Szafrán había dicho a la DGI que los directores de las sociedades investigadas eran extranjeros, pero no era así. En realidad el directorio estaba integrado en varios casos por él y en otros por sus familiares.
Es así que se solicitó a estas tres sociedades «dar de baja» a Szafrán del directorio y a sus familiares, pero con fecha retroactiva, que iban de los cuatro a los dos años anteriores. Desde MF respondieron que los pedidos se podían procesar pero con algunos cambios y aclararon que la emisión de poderes “con fecha retroactiva” era posible, aunque el “acta tendrá fecha retroactiva pero la escritura pública tendría fecha actual”.
La opción que sugirió MF al estudio uruguayo fue que el cliente podría «no protocolizar mediante escritura pública los poderes y hacer los mismos mediante documento privado, los cuales reflejarían” la fecha deseada. Según constató Búsqueda, a pesar de que ese año, en 2005, llegaron los documentos solicitados al estudio de Uruguay, los Panama Papers revelaron los documentos originales en los que aparece Szafrán y sus familiares integrando los directorios de las sociedades.
Los documentos solicitados por Rozemblum & Asociados para sus clientes en 2005 y en 2007 fueron presentados ante la DGI. Además, también fueron utilizados en los juicios que la administración tributaria entabló contra Casal, algunos empresarios y sociedades anónimas. El caso en la Justicia civil se cerró luego de que en noviembre de 2013 el entonces presidente José Mujica firmara una resolución en la que daba la razón a Casal con la contrapartida de que el empresario desistiera de iniciar un juicio contra el Estado.
Mujica tomó esa decisión luego de recibir un informe del fiscal de gobierno Daniel Borrelli, quien concluía que el expediente administrativo de la DGI tenía al menos 2.000 vicios de forma, lo que exponía al Estado a un derrota casi segura.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
_______________
5) Juntan firmas para prohibir el cultivo de soja transgénica en el departamento de Canelones.
AM (La Diaria)
Aprovechando los festejos en Sauce por el aniversario del natalicio de José Artigas, vecinos de diferentes zonas del departamento canario (Cuchilla de Rocha, La Armonía, La Rosada y Sauce) crearon la Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua Potable. El movimiento -que se define como “totalmente independiente de banderas político-partidarias”- inició ayer una campaña para recolectar 10.000 firmas que respalden el planteo y las entregarán a la Junta Departamental de Canelones.
“Decir soja transgénica es decir asfixia de la mejor historia granjera del departamento por cuenta del agronegocio; es la destrucción de la diversidad productiva, la contaminación de todos los cursos hídricos, la depredación del medioambiente y, por sobre todas las cosas, significa enormes e irreparables daños humanos”, explica el comunicado de prensa.
Hablan de “invasión sojera”, porque este cultivo, que en el año 2000 ocupaba 28.000 hectáreas, ocupó en 2015 1.334.000. Javier Risso, productor de Cuchilla de Rocha, dijo a la diaria que Canelones “es el departamento que produce más alimentos” y que son parcelas chicas de cinco a 15 hectáreas que quedan rodeadas de soja y de un paquete de agroquímicos que no tiene ningún otro cultivo. Criticó el modelo y los beneficios para el país: “No paga impuesto porque se exporta toda por zona franca, contamina y no es compatible con los predios hortícolas, frutícolas, con apicultores, porque manejan el suelo de otro manera. No son productores, yo los llamaría oportunistas de un negocio que les da rédito, y sólo da trabajo a dos o tres personas cada 1.000 hectáreas”. De acuerdo al Anuario Estadístico de 2015 del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en la zafra 2014-2015, 70% de la soja fue plantada por productores que tenían más de 500 hectáreas.
Risso señaló que uno de los predios que había comenzado a plantar soja en 2008, en Cuchilla de Rocha, ya no lo hace: “Lo deterioraron tanto que hoy no da frutos, quedó menguado”, comentó.
Según Diego Jaume, productor ganadero de Sauce y también integrante del grupo, la propuesta tuvo una aceptación muy grande en el día de su lanzamiento; dijo que hay una conciencia muy grande sobre el tema y que la gente se arrimaba para firmar. Pueden firmar mayores de 16 años, y no necesariamente tienen que residir en Canelones; la comisión entiende que es un tema que trasciende límites departamentales, entre otras cosas porque el agua potable que se bebe en el área metropolitana se ve afectada por esta producción. También está la finalidad con que se planta: la mayoría de la soja transgénica se exporta como grano para el mercado chino, como alimento animal o biocombustible, señalaron en el comunicado.
De acuerdo a la edición 2015 del Anuario Estadístico del MGAP, de 2005 a 2014 la superficie de hectáreas cultivadas con manzana, pera, durazno, nectarina, ciruela y membrillo cayó de 7.834 hectáreas a 5.586 hectáreas; la producción de uva cayó de 133.000 toneladas en 2007 a 94.939 toneladas en 2014; la producción de frutas cítricas descendió de 346.238 kilos en 2007 a 287.341 en 2014. Las plantaciones de papa ocupaban en 2006-2007 7.925 hectáreas y en 2013-2014, 4.441 hectáreas. En 2006-2007 las hortalizas se plantaban en 12.620 hectáreas y en 2013-2014 en 7.974 hectáreas.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
_______________
6) La Junta Departamental de Paysandú aprobó un decreto de etiquetado de alimentos transgénicos
María Nan (Sala de Redacción Julio Castro)
El pasado jueves 26 de mayo se aprobó por unanimidad de la Junta Departamental de Paysandú un decreto que establece el etiquetado de los productos que contienen elementos transgénicos, es decir, que poseen o son producidos mediante organismos genéticamente modificados. Sala de Redacción se comunicó con el edil frenteamplista y miembro del Grupo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, Marcelo Fagúndez, quién contó la experiencia que atraviesa el departamento litoraleño en materia de regulaciones y brindó su perspectiva acerca de cuáles serán los desafíos que deberá atravesar la administración para lograr una correcta aplicación y seguimiento del decreto.
-¿Cómo surgió la iniciativa del Grupo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales de impulsar un decreto sobre el etiquetado de productos transgénicos?
-Surge tratando de seguir a Montevideo y Lavalleja. Tuvimos el acompañamiento de Claudio Martínez Debat y Pablo Galeano -quienes son docentes de la Universidad de la República e integran el colectivo Cultivos Transgénicos en Uruguay-, realizaron distintas charlas y colaboraron en la elaboración del proyecto de decreto que se votó. Pero hay un reclamo que viene desde hace años por parte de las organizaciones de la sociedad civil, apuntando como primera medida a que la ciudadanía y el consumidor puedan saber qué alimento están consumiendo, y tengan la posibilidad de identificar aquellos que son elaborados con transgénicos o que tienen trazas de transgénicos.
-¿Qué resultados obtuvo la votación?
-Se aprobó por unanimidad, 30 en 30 en el legislativo departamental. Ahora, el camino para su aprobación final continúa, y el paso siguiente es la aprobación del Intendente, quién lo puede promulgar o realizar algunas observaciones. Nosotros creemos que está muy bien elaborado, ya que prácticamente el modelo corresponde con el decreto aprobado en Lavalleja. Vamos a trabajar en la aplicación en Paysandú.
-¿El decreto que se implementaría en Paysandú toma como base que los alimentos que contengan más de un 1% de organismos genéticamente modificados deberán etiquetarse con esa información?
-Sí, toma como margen a partir del 1% de los componentes de ese alimento. Este porcentaje es un margen que se deja por alguna contaminación que se pueda dar.
¿El decreto se elaboró en base al aplicado en la Intendencia de Lavalleja o en la Intendencia de Montevideo?
-Es el modelo que se está comenzando a aplicar en Lavalleja. En Montevideo hay una discusión con la etiqueta, ya que el decreto habla de colocar en los productos una etiqueta formada por un triángulo y una letra “T”. Entonces se creía que podía ser un poco discriminatorio y que el consumidor iba a pensar que era un producto nocivo y por eso ellos están trabajando en implementar otro tipo de leyenda. El de Paysandú es semejante al de Lavalleja.
-¿Cree que debería existir una reglamentación nacional sobre este tema?
-Sí, por supuesto. Esa es la meta y esos son los objetivos que han planteado la mayoría de las organizaciones e instituciones que han venido reclamando esta normativa. Que estos sean mojones de una ruta que nos conduzca a una ordenanza u normativa nacional, como existe en más de 60 países; incluso en Brasil es obligatorio el etiquetado hasta en los alimentos para mascotas.
-Luego de que el Intendente apruebe o modifique el decreto, ¿cuáles serían los pasos para implementar el etiquetado?
-Hay mas de 500 productos en Uruguay que tendrían organismos modificados genéticamente. Además, en nuestro país hay dos elementos autorizados como transgénicos, que son la soja y el maíz, y sobre éstos, los alimentos que se producen en base a esos cultivos. En cuanto a los productos importados que llegan al departamento, habría que ver de qué manera lo implementará la Intendencia. Al ser una ordenanza y una obligación, seguramente las empresas y las distribuidoras van a tener que comenzar a etiquetar esos productos. En Paysandú existe un polo tecnológico y una Dirección de Bromatología que tendrá que adquirir la tecnología necesaria para realizar los análisis de trazabilidad en los alimentos. Montevideo está seguramente más avanzado en este tema. Nosotros estamos viendo de tener en la próxima semana una reunión con la Dirección de Bromatología de la Intendencia de Montevideo para ver en qué etapa están ellos y cómo han manejado los análisis en los alimentos.
-¿La Intendencia aplicará sanciones a las empresas que no apliquen el etiquetado?
-Sí, por supuesto. Seguramente se aplicarán sanciones. En Montevideo hay un digesto, en Paysandú aún no hay, pero al transformarse en ordenanza la Intendencia tiene herramientas y mecanismos para poder aplicar las sanciones correspondientes. Pero, bueno, eso será lo que se vendrá en los próximos meses. Entre todos tendremos conjuntamente que trabajar en la elaboración de la fiscalización, en la forma de aplicar esta medida que creemos que es sumamente importante para el departamento y para el país, porque Paysandú sería el tercer departamento que está alcanzando esta norma.
-¿Cree que las personas, al saber que los alimentos que compran contienen transgénicos, van a dejar de consumirlos? ¿Esta medida creará mayor conciencia?
-Seguramente van a tener la oportunidad de saber qué es lo que consumen. Esto creará mayor conciencia y las personas van a visualizar alternativas como son los alimentos orgánicos.
-¿Qué importancia cree que tiene en la vida cotidiana para los ciudadanos este cambio en la legislación?
-Son caminos nuevos, donde tendremos que acostumbrarnos a poder ver en las etiquetas los elementos con que son elaborados los alimentos que consumimos. En este caso vamos a poder identificar aquellos que contengan organismos genéticamente modificados y vendrá seguramente más adelante la discusión y el debate sobre si los transgénicos ocasionan problemas en la salud. Ese es otro tema, y el decreto será el puntapié inicial para esa discusión que creemos se debe dar.
-¿En qué aspectos de la salud cree que repercute el uso de transgénicos?
-Apoyándome en las palabras de Claudio Martínez, que es un profesional en la materia en todo este tema de biología molecular, diría que los pesticidas que se utilizan en los cultivos transgénicos quedan en el producto final, en los granos, en la polenta. Existe una gran discusión en la comunidad científica sobre el tema.
-¿Qué opinión tiene la gente, el ciudadano común en Paysandú, sobre este tema? ¿Ha mostrado interés?
-Sí, era una demanda, preocupación y exigencia de organizaciones de la sociedad civil desde hace años, que nosotros trasladamos a la Junta. El fundamento de este decreto apunta a profundizar y ampliar los derechos de los consumidores. Que podamos saber qué alimentos les estamos llevando a la mesa a nuestros hijos. Separamos la discusión, dejamos la parte -que vendrá más adelante- sobre si lo transgénico es bueno o es malo y ahora el fundamento se dio ahí, nos centramos en el derecho al consumidor que es a lo que apunta este proyecto de decreto.
-¿Qué actividades realiza el Grupo de Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la comunidad?
-Nosotros este año venimos trabajando sobre la problemática del agua, la preocupación por nuestras fuentes de agua en nuestra localidad y en el departamento. Creemos que la calidad y potabilidad está en riesgo. Ahora estamos trabajando en actividades periódicamente, en intercambios con la ciudadanía, jornadas donde se trata de generar conciencia con los vecinos sobre la problemática del agua y que todos tenemos que ser guardianes de ese elemento. Estamos viendo las posibilidades, también, de trabajar en una normativa y trasladarla a la Junta Departamental para que prohíba las fumigaciones de las plantaciones en principio a 500 metros de las unidades potabilizadoras, norma que no existe a nivel nacional tampoco.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JUNIO DE 2016
_______________
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______________