1) Por qué se está judicializando la política –
2) Reflexiones al hilo de la crisis brasileña –
3) Encerrona para Estados Unidos en Puerto Rico –
4) Migrantes africanos varados en Costa Rica –
5) Europa en su laberinto
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 772 / Miércoles 4 de Mayo de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Por qué se está judicializando la política
Populismo judicial
José Natanson (Le Monde Diplomatique)
Aunque los motivos de la judicialización de la política son múltiples, quizás el principal sea la dificultad de dirigentes y partidos para encontrar respuestas políticas.
La judicialización de la política, en el sentido de la ampliación de la influencia de los tribunales a zonas antes reservadas a los otros poderes, es una tendencia mundial que, como tal, registra causas múltiples.
La primera, positiva, es la ampliación de derechos. En muchos países, sobre todo aquellos herederos de la tradición liberal, el Poder Judicial estuvo básicamente consagrado a proteger la libertad en sentido negativo, es decir la libertad individual y la propiedad privada. Pero en un movimiento que comenzó con el siglo XX y tomó impulso a partir de la segunda posguerra, se fueron sumando a estos derechos elementales los derechos de segunda generación, relacionados con las condiciones de vida, el trabajo y el bienestar de las personas, y luego, desde los ochenta, los llamados “derechos difusos”, aquellos que no refieren a los individuos sino a la sociedad como un todo (a un ambiente sano, a la cultura, etc). Con sus matices y destiempos, Argentina acompañó esta tendencia, primero a través de la “Constitución social” del primer peronismo y su principal legado, el artículo 14 bis, y después con la reforma menem-alfonsinista de 1994.
El nuevo catálogo de derechos habilitó litigios y demandas vinculados a cada vez más temas, sobre todo a partir de 1983, cuando la recuperación de la democracia abrió la oportunidad para un nuevo protagonismo de los tribunales. Se trata, como sostiene el sociólogo Javier Couso (1), de un fenómeno común a los países de la tercera ola de democratización: luego de años, y en algunos casos –como España, Portugal y, más entrecortadamente, Argentina– décadas de dictaduras, la sociedad comenzó a depositar en los “jueces liberales” la esperanza de una rápida corrección de los desbordes autoritarios de una clase política a la que todavía se consideraba contaminada por el autoritarismo y el populismo del pasado, en línea con la famosa celebración de Tocqueville acerca del poder de los magistrados como freno a la tiranía de las asambleas políticas.
Fortalecidos por una autoestima renovada y, a diferencia de otros poderes del Estado, con sus recursos institucionales intactos, los jueces se pararon sobre esta nueva “cultura de derechos” que crecía conforme se afianzaba la democracia para ampliar su radio de acción hasta abarcar cada vez más aspectos de la vida pública. No todas las consecuencias fueron negativas: un caso claro de activismo judicial positivo es el Juicio a las Juntas y el desborde posterior, que llevó al alfonsinismo a intentar frenar el afán justiciero de los magistrados mediante las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Cada país vivió el fenómeno de manera diferente. La tendencia a la judicialización se aceleró bajo diseños institucionales que propenden a dispersar el poder, por ejemplo con sistemas federales como el nuestro, o que incoporaron nuevos mecanismos legales, como el amparo elevado a rango constitucional en la reforma del 94. Y, más decisivamente, prosperó en aquellos lugares en los que se registró una movilización legal desde abajo, estructuras especializadas de apoyo para que los organismos de derechos humanos, las ONG o los movimientos sociales canalicen sus demandas ante el Poder Judicial, ya sea en clave progresista (como, digamos, el CELS) o conservadora (como, digamos, el Colegio de Abogados de la Capital Federal).
Efectos
El Poder Judicial tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos, por ejemplo los de las minorías impopulares frente a los rutinarios excesos de las mayorías: si el gobernador de una provincia argentina quisiera prohibir el acceso al sistema educativo o de salud a los bolivianos (o peruanos o judíos) probablemente todos coincidiríamos en que la justicia haría bien en prohibírselo. El problema aparece cuando los jueces avanzan más allá de la estricta protección de los derechos, cuando su rol de “legislador negativo”, en el sentido de anular decisiones consideradas inconstitucionales, se trastoca en “legislador positivo”; cuando en lugar de controlar las leyes tratan de moldearlas.
¿Por qué es un problema? En primer lugar, porque los jueces carecen de las herramientas adecuadas para dar respuesta a muchas cuestiones sobre las que suelen expedirse. Su cualidad contra-mayoritaria, en el sentido de que a veces deben ir contra la opinión prevaleciente, deriva del particular estatus que ocupan en el Estado: el Poder Judicial es, como se sabe, el único de los tres poderes cuyos integrantes no son elegidos democráticamente y por lo tanto no pueden ser castigados en la siguiente elección, y es también el único que garantiza estabilidad en el cargo y obliga a sus miembros a contar con un título universitario y manejar los rudimentos de una tecnojerga casi tan oscura e incluso más avinagrada que la de los economistas. Los jueces no están preparados, ni institucional ni doctrinariamente, para resolver muchos de los problemas que se les ponen enfrente: pueden fallar, en las dos acepciones del término, pero no gobernar.
Esto no quiere decir que no hagan política, en un sentido u otro. Provenientes en general de un mismo estrato social y a menudo portadores de una misma ideología, los jueces, como sostiene Lucas Arrimada (2), no son extraños al sistema político sino un producto de la política y de los consensos multipartidarios con los que han sido designados. Muchos de ellos tienen incluso una larga trayectoria política desarrollada tras bastidores, a punto tal que algunos partidos, como el radicalismo, se encuentran notablemente sobrerrepresentados en los tribunales.
Pero las consecuencias de la judicialización de la política no se limitan a los riesgos de delegar en el más aristocrático de los órganos de gobierno decisiones que deberían ser adoptadas por los representantes populares. Quizás el problema central radique en que la judicialización no resuelve sino que posterga los conflictos. Más que una consecuencia del afán de protagonismo de los magistrados, la judicialización es, en la mayoría de los casos, una reacción a la dificultad de los dirigentes y los partidos para encontrar respuestas: como sostiene Arrimada, es un resultado del silencio de la política.
Casos
Por la dispersión institucional que resulta de sus dimensiones continentales, la profundidad de su federalismo y una tradición liberal que ha derivado en una desconfianza casi genética en la concentración del poder, Estados Unidos arrastra una larga historia de activismo judicial, con momentos especialmente conflictivos durante el gobierno de Roosevelt, cuando la Corte Suprema intentó frenar buena parte de la legislación del New Deal hasta que el presidente, fortalecido tras su reelección, amenazó con removerla, y con ejemplos más positivos en los fallos de la “Corte Warren” contra la segregación racial en las escuelas y el transporte. La famosa “advertencia Miranda” –“Usted tiene derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra…”– es una garantía establecida en un fallo del tribunal.
En Argentina, luego de décadas en las que el Poder Judicial acompañó bastante pasivamente a los diferentes gobiernos, la judicialización de la política se ha convertido en un fenómeno cotidiano, comprobable con una rápida lectura de los diarios. Su cuantificación es difícil pero no imposible: en “La Corte Suprema frente al gobierno” (3), Gustavo Arballo analizó 502 casos “políticamente perfilados”, definidos como aquellos que forman parte de la agenda de debate público, resueltos por la Corte Suprema entre 1984 y 2013, y llegó a la conclusión de que se ha registrado un aumento significativo en la última década.
En todo caso, una simple revisión de la historia reciente confirma que iniciativas políticas del Poder Ejecutivo apoyadas por amplias mayorías legislativas pluripartidistas –el tratado del Beagle durante el alfonsinismo, las privatizaciones durante el menemismo y la Ley de Medios durante el kirchnerismo– terminaron definiéndose, en algunos casos por penales, en la Corte Suprema, lo que nos pone ante la situación un poco incómoda de aceptar la legalidad de decisiones que muchas veces no compartimos. Y en este sentido resulta interesante señalar que la impugnación judicial partió, en estos tres casos y en muchos otros, de los partidos que habían perdido el debate parlamentario, lo que confirma que los principales responsables de la judicialización de la política casi siempre son… los políticos.
Y hay, finalmente, ejemplos de una extravagancia caribeña. En Brasil, la justicia se atribuyó el derecho a frenar una decisión tan ostensiblemente política como la designación de un ministro (Lula, que no pudo jurar como jefe de la Casa Civil) con el argumento de que el cargo le daría herramientas para evitar los procesos en su contra. En Argentina, ante la imposibilidad del kirchnerismo y el macrismo para coordinar de manera razonable la transferencia del mando, una jueza (Servini de Cubría) decidió que los constituyentes habían sido tan descuidados como para dejar acéfalo al país durante una noche, la que media entre la entrega del bastón presidencial y la jura del nuevo mandatario, lo que derivó en la festejada presidencia de ese ícono de las redes sociales en que se ha convertido el sereno, educado y sobrio Federico Pinedo.
Un juez ahí
Por estos días el activismo judicial encuentra su costado más melodramático en la corrupción, que reaparece crónicamente cuando un ciclo político se apaga con su minuto a minuto de denuncias, arrestos y confesiones. Es, en cierto modo, inevitable. Desde el momento en que la personalización de la política concentró el foco de la atención pública en los dirigentes antes que en los partidos o los programas, la reputación personal se transformó en un capital decisivo, y los esfuerzos por demolerla a base de escándalos, en un recurso esencial. Sin embargo, como demuestra la secuencia italiana de Mani Pulite-crisis de representación-Berlusconi, no siempre el ideal higienista conduce al destino esperado, lo que no implica desde luego que haya que evitar los procesos, sino simplemente prevenir sobre sus consecuencias. Porque si los jueces ganan poder entonces la reacción natural de los políticos será intentar influenciarlos. Las caras de la luna son dos: la judicialización de la política lleva a la politización de la justicia.
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1. “Consolidación democrática y Poder Judicial: los riesgos de la judicialización de la política”, Revista de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, Vol. XXIV, Nº 2, Santiago de Chile, 2004.
2. “Los jueces como actores estratégicos”, Infobae, 25-8-2014.
3. Ponencia preparada para el XII Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 12 al 15 de agosto de 2015.
MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016 – COMCOSUR
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2) Reflexiones al hilo de la crisis brasileña
Raúl Zibechi (La Jornada)
Las clases dominantes del mundo decidieron, hace relativamente poco tiempo, desatar una guerra contra los pueblos para mantenerse en el poder en un periodo de cambios agudos. Decidieron que para desatar esa guerra las democracias son un obstáculo, y necesitan, del modo que sea, neutralizarlas, ponerlas a su servicio, así como a los gobernantes electos. En este punto no admiten la menor fisura.
Para deducir el pensamiento estratégico de los de arriba hay que ponerse en su lugar, ya que no lo suelen formular de forma abierta. Debemos preguntarnos qué haríamos si formáramos parte del uno por ciento que tiene asegurada la dominación.
La primera respuesta es que hay demasiada gente en el mundo y que el planeta no admite tanta población, si es que todos quisieran vivir, no ya como vive ese 1%, sino, por ejemplo, a nivel del 20-30% de mayores ingresos. El mundo diseñado para el dominio del 1% apenas tolera la mitad de la población actual del planeta. El resto sobra y ya no cuentan siquiera como productores de plusvalor, porque el sistema acumula robando. La cuestión es qué políticas se derivan de esta constatación.
La segunda es que el 1% abandonó el Estado de bienestar (o sucedáneos similares como los que tuvimos en América Latina) y no entra en sus planes revivirlo. Por lo tanto, las democracias que conocimos ya no son necesarias ni útiles para el tipo de sistemas políticos funcionales a la acumulación por desposesión/despojo/robo que estamos padeciendo. Su lugar lo ocupa la creciente militarización de las zonas pobres, como las periferias urbanas y todos aquellos espacios que las grandes multinacionales colonizan, desplazando pueblos enteros.
Por supuesto, el 1% jura fidelidad a la democracia y a sus valores, porque necesita ilusionar a buena parte de los de abajo sobre la importancia del voto y del sistema de partidos. Pero, por encima de esto, requiere una camada de personas que se desempeñen como representantes y que actúen como intermediarios entre ellos y el resto de la población. Como señala Immanuel Wallerstein, la dominación es estable cuando se asienta en tres partes y es inestable cuando hay sólo dos. Los sectores intermedios son claves para el sistema: desde las clases medias hasta las academias, pasando por los políticos y los grandes medios de comunicación.
En consecuencia, ocupar los escalones superiores del aparato estatal supone gestionar el modelo actual de acumulación/guerra contra los pueblos. De paso, conviene recordar que esta es una de las principales enseñanzas que nos dejan los gobiernos progresistas: dada la relación de fuerzas actual a escala mundial, desde los gobiernos se limitaron a gestionar el extractivismo desviando (en el mejor de los casos) recursos hacia los sectores populares sin tocar las bases del modelo.
El tercer gran objetivo del 1% es neutralizar todo movimiento de resistencia en su contra, desde los partidos de izquierda y progresistas hasta los movimientos antisistémicos. Aunque en periodos anteriores predominaba la negociación con los sindicatos y se toleraba que las izquierdas socialdemócratas ocuparan los gobiernos, en la nueva etapa que vivimos les parece necesario cerrar filas y evitar desviaciones en sus planes y proyectos de mantener a raya a los de abajo.
Cuando llegan al gobierno partidos o personas que –por su trayectoria o por los objetivos declarados– pueden salirse del libreto extractivista, crean las condiciones para neutralizarlos. Esto pasa por dos lugares. Uno es la domesticación, mediante la inserción de los nuevos gobernantes en las élites, algo que no es muy difícil de conseguir, ya que el sistema posee numerosas formas de cooptar/comprar a quienes se le resisten. La otra es la destitución de los gobernantes, en lo posible sin apelar a los clásicos golpes de Estado, sino a modos legales, aunque ilegítimos.
Estos días en Brasil podemos ver una combinación de ambas estrategias. Primero se domesticó, luego se destituye. El PT gobernó doce años aliado a multinacionales brasileñas súper explotadoras (como las grandes constructoras), que financiaron sus campañas electorales, viajes de sus dirigentes y numerosas prebendas.
Hacia los movimientos se aplican políticas sociales que buscan amansar a los de abajo con pequeñas transferencias monetarias que impactan en la pobreza, pero no en la desigualdad, y evitan la realización de reformas estructurales. El PT entregó menos tierras a los campesinos que el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso porque priorizó una alianza con el agronegocio que ocupa ahora el Ministerio de Agricultura.
¿Cuáles deberían ser las estrategias de los movimientos antisistémicos en vista de este panorama y a la luz de las experiencias de los últimos 15 años?
En primer lugar, pensar a largo plazo. Las pocas fuerzas que tenemos deben ser utilizadas con sentido estratégico, no para ganancias momentáneas y puntuales. Si concluimos que sufrimos una guerra contra los abajos, debemos pensar en cómo desgastar al sistema y evitar que éste nos desgaste. Es evidente que el ciclo progresista no los desgastó a ellos, pero debilitó a los movimientos.
Lo segundo es la convicción de que el peor camino que podemos tomar es gestionar las dificultades del sistema. No tengo dudas de que en algún momento habrá que apuntar hacia el Estado (para tomarlo o destruirlo, según las diversas posiciones existentes entre nosotros), pero, mientras el sistema sea fuerte, el gobierno es sinónimo de gestionar la acumulación por desposesión o la guerra contra los pueblos.
Creo que la mayor urgencia estratégica estriba en comprender el modelo extractivo de despojo. En ello hemos cometido gruesos errores (empezando por quien escribe), ya que hemos destacado apenas sus problemas ambientales y lo hemos abordado desde la economía y no desde la política. Si de verdad estamos ante una guerra, gestionar algunos aspectos del campo de concentración no es el mejor camino, porque debe ser destruido, ya que no es reformable.
MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Encerrona para Estados Unidos en Puerto Rico
Jesús Dávila (Alai)
A dos años de haber comenzado la ofensiva financiera para estabilizar el dominio colonial de Puerto Rico, basada en quitarle a los puertorriqueños la capacidad de resistir económica y políticamente, se acumulan errores que conducen a los propios Estados Unidos hacia una encerrona en el noreste del Caribe. Pero en Washington se sigue intentando salvar la estrategia y no se nota mucho interés en la evaluación de los eventos que se han sucedido desde mayo de 2014, que permitirían revisar si el objetivo estratégico es alcanzable o si es hora de tomar otro camino.
Esa acumulación de errores y de obsesión por seguir adelante provoca que EEUU enfrente la posibilidad de salir derrotado, tanto si gana la desigual batalla de guerra financiera como si la pierde. Como ha ocurrido en tantas ocasiones con estrategias fallidas estadounidenses, el camino errado comenzó con una propuesta desde la comunidad de inteligencia dada a las preocupaciones en Wall Street.
Corría el mes de mayo del año 2014. Luego de que en febrero el crédito de Puerto Rico había sido degradado al nivel “basura” o especulativo, la intervención del gobierno autonómico contra el Banco Doral –que al final fue liquidado por las autoridades financieras estadounidenses- levantó alarma en inversores de Wall Street. Se desató una campaña intensa que denunciaba al gobernador colonial como un dictador corrupto latinoamericano.
Entró en escena el economista y analista internacional Arturo Porzekanski, de reputación en los mercados financieros y que ha tenido vínculos de asesoramiento al sector militar y a los servicios de inteligencia a través del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. En un estudio monográfico, Porzekanski hizo un llamado urgente a la Casa Blanca y pidió acción para poner en cintura al gobierno puertorriqueño por el caso Doral, lo que concretizó luego, en octubre, con la propuesta de que se impusiera en Puerto Rico una “junta de control” a la manera en que se hizo en el Distrito de Columbia en 1995.
Diversas instituciones civiles que recibían fondos de Wall Street propagaron con intensidad la propuesta hasta que en abril de 2015 el influyente periódico The New York Times apoyó que la misma fuese estudiada. Días después, la propuesta fue planteada formalmente ante el tribunal de apelaciones del Primer Circuito de Boston por abogados que defendían bonistas en el caso en que se paralizó la nueva ley de quiebras de Puerto Rico, caso pendiente aún en el Tribunal Supremo de EEUU.
La propuesta fue recogida el 19 de junio, en una carta a todos sus colegas del congreso por Jeff Duncan, miembro del subcomité de asuntos hemisféricos. Duncan afirmaba que Puerto Rico se había salido de la ruta de la descolonización y que había que corregir su rumbo con la imposición de la junta.
Ese mismo mes de junio de 2015, el portavoz de prensa del presidente Barack Obama evitó contestar si la Casa Blanca apoyaba la imposición de la junta en el caso de Puerto Rico y se concentró en otras alternativas para atender su descalabro económico y fiscal. La evasiva se tradujo que en que medios noticiosos interpretaron que Obama descartaba la junta, pero la realidad era otra y se conocería públicamente varios meses después.
El 8 de julio se hizo pública la posición de la Unión Nacional de Contribuyentes de EEUU, a favor de imponer la junta y cuatro días después, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, anunció en una reunión con bonistas en la sede de Citicorp en Nueva York que el gobierno autonómico puertorriqueño acogía la idea. La propuesta, cuyos detalles se conocerían en un plan que se hizo público en septiembre, fue que la junta fuese impuesta por el propio gobierno puertorriqueño, que aboliría así su propia democracia, pero reservaría poderes al gobernador, lo que resultó inaceptable para algunos vinculados a Wall Street.
Aún con esas objeciones, el gobernador Alejandro García Padilla reunió varias veces a los legisladores oficialistas para convencerles de que la junta era ya un hecho inevitable y que si Puerto Rico no la aprobaba, la impondría Washington. En esas reuniones, se llegó a decir que había que recordar que EEUU era capaz de invadir países para imponer su voluntad.
De hecho, poco después la Casa Blanca hizo pública su “hoja de ruta” sobre Puerto Rico y se incluyó la imposición de la junta por parte del Congreso, cuyos miembros se designarían en Washington. Ya en agosto, el Congressional Research Service había tomado nota de que se estaba planteando la designación federal de tal organismo.
En noviembre, las cámaras legislativas puertorriqueñas aprobaron la junta y el gobernador la convirtió en ley en diciembre, con lo que formalizó el derrocamiento oficial del sistema republicano de separación de poderes y gobierno electo, aunque hasta el día de hoy no ha designado a los miembros del nuevo organismo. Así pues, la ley sigue durmiendo, mientras en el Congreso se han presentado –desde ese mismo mes de diciembre- varios proyectos de ley para implantar la referida junta y la nueva posición pública del gobierno de Puerto Rico es que “los que plantean que se puede lograr la restructuración de la deuda sin algún tipo de junta, están vendiendo sueños”.
Los medios noticiosos en Puerto Rico han desatado por su parte una fuerte campaña sobre la junta, que se considera inevitable y sobre la que se asegura tiene el apoyo de la inmensa mayoría del país, aunque no se ha presentado una sola encuesta ni se ha producido consulta alguna al electorado. La campaña periodística, en la que se evita hablar de “dictadura”, es la otra cara de la moneda de la que se ha desatado en los propios EEUU en contra de la junta y de las demás medidas propuestas en el Congreso para atender la crisis de Puerto Rico. La propuesta ha fracasado en tres intentos en el Congreso y ya se forma oposición popular en Puerto Rico.
MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Centenares de migrantes provenientes de África permanecen en Costa Rica.
Fernando Francia, desde Paso Canoas, Costa Rica
(La Diaria)
Vinieron de lejos. Son centenares ya. Acostumbraban a migrar hacia Europa, pero en la actualidad, cientos de personas provenientes de África cruzan en avión o en barco hacia América del Sur, a veces de polizones o en embarcaciones precarias. Una vez que llegan, atraviesan Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, y finalmente quedan varados en Costa Rica.
Hace pocos meses estaban en una situación similar miles de cubanos; finalmente, en su mayoría partieron en avión hacia el norte de México, donde Estados Unidos los recibe con frontera abierta por la Ley de Ajuste Cubano. Pero a los migrantes llamados extracontinentales nadie los espera con los brazos abiertos ni hay planes para su evacuación por avión. Algunos tienen familia en Estados Unidos o Canadá, quizá personas que hicieron esta misma ruta años antes.
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) muestra que desde el 2000 hasta 2010 las autoridades habían detectado el paso de cerca de 4.000 migrantes provenientes de África. Sólo en lo que va de 2016 llegan a 1.000 quienes esperan noticias en un albergue improvisado del lado costarricense de la frontera con Panamá.
Es el caso de Tony Wasy, originario de Costa de Marfil, que explicó a la diaria acerca de su situación: “Por un lado está la guerra, que genera miles de desplazados; por otro lado, la situación económica. Yo por eso tuve que salir de mi país”.
Él, como tantos otros, no tiene pasaporte ni papeles que demuestren su procedencia. Dicen haberlos perdido en los tantos robos que sufrieron en el camino. Algunos reconocen que la falta de pasaporte podría brindarles mayor seguridad para no ser deportados. Tony aguarda con paciencia a que las autoridades de Costa Rica les permitan transitar libremente por el país y buscar la forma de pasar la frontera nicaragüense. Su hermano ya lo hizo y ahora se encuentra en Estados Unidos.
Los migrantes provienen también de Malí, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Congo, Angola y Nigeria, entre otros países. El senegalés Cheikh Fall está enojado con el gobierno costarricense. Dice que en Nicaragua y Estados Unidos los dejarán pasar. “Yo he pasado por muchas fronteras. Vengo desde Argentina, pasé por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. En la frontera de Colombia estuvimos tres horas; en Panamá, tres días, y en Costa Rica, un mes”, se quejó Cheikh en un español que parecía una mezcla con francés y portugués.
Las autoridades costarricenses saben que si los dejan pasar el problema quedará en su territorio, porque la frontera de Nicaragua también está cerrada para los llamados migrantes irregulares. Por eso el tema será colocado por la cancillería costarricense en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se reúne en Washington esta semana. Buscan que la región entera, incluido Estados Unidos, se haga cargo del tema.
Muktar Mbali también es de Senegal. Cuenta que hizo la travesía por barco de forma muy precaria, con tramos a pie por montañas y selvas durante días, y ha tenido que enfrentarse a autoridades policiales corruptas, así como a timadores y personas que ofrecen hacerte pasar por las fronteras sin problemas y luego huyen con el dinero pagado. “Nosotros sólo queremos pasar por aquí. Pero ahora no podemos ir ni para adelante ni para atrás. Nos quieren llevar a un lugar de detención para luego darnos un papel, pero no sabemos si es verdad”, dijo Muktar.
Son pocos los que quieren hablar con la prensa. Muchos de ellos llegaron con bandas de tráfico ilegal de personas y la visibilización de esta ola migratoria obliga a esas bandas a hacerse a un lado y dejarlos solos. Se trata de un negocio ilegal que mueve 32.000 millones de dólares al año, el tercero en importancia luego de la venta de armas y drogas.
Varios especialistas afirman que el aumento en el fenómeno tiene que ver con el cierre de fronteras en Europa. Karina Fonseca, directora del Servicio Jesuita para las Migraciones, tiene claro que la elección de Estados Unidos y Canadá como destino se debe a esa política europea. “Es una consecuencia de esas acciones de control y restricción que se vive en Europa. Las personas tienen que salir y ahora tratan de llegar a Estados Unidos como alternativa”, afirmó.
Amiyiube Caloumga, de Senegal, tiene una razón de peso para no ir a países europeos. “No queremos cruzar a Europa. Somos de pueblos que fueron esclavos de los franceses, de los españoles, de los europeos. Son países que están más cerca, pero nosotros estamos buscando otros que tiene más trabajo para nosotros, como Canadá”, explicó a la diaria.
Al cierre de esta edición las autoridades habían reconocido la existencia de 800 migrantes. Ellos mismos dicen que son más de 2.000. Lo cierto es que el número crece día a día. Para Guillermo Acuña, director del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional en Costa Rica, la crisis migratoria actual apenas está comenzando y será de grandes magnitudes. “Se necesita un acuerdo regional para dar atención a estos flujos. Las necesidades de estas migraciones son múltiples, pues se trata de grupos mixtos: migrantes económicos, solicitantes de asilo, mujeres, niños, afectados por los impactos de las dinámicas naturales en sus países de origen”, opinó Acuña.
En Costa Rica se generó un grupo de solidaridad con los migrantes. Sus integrantes se organizan para llevarles comida, ropa y artículos de aseo personal, y piensan que las migraciones enriquecen a los pueblos y que deberían abrirse las fronteras. Si esto no ocurre, nadie sabe cómo va a terminar esta nueva crisis migratoria. De los 8.000 cubanos varados el año pasado apenas la mitad salió mediante los operativos dispuestos por el acuerdo regional. La otra mitad lo hizo de forma irregular.
Por ahora, las autoridades se apegan a “cumplir la ley migratoria”, dijo a la diaria Mauricio Herrera, ministro de Comunicación y comisionado especial para atender esta crisis. La ley obliga a detener por 30 días a quienes hayan ingresado de forma irregular. Pasado ese plazo, deberán quedar en libre tránsito por el territorio costarricense, y firmar cada 15 días. Si no se crea un corredor humanitario en acuerdo entre los países de la región, incluido Estados Unidos, la opción de los migrantes tendría que ser la salida, irregular, del territorio costarricense para seguir su camino.
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5) Europa en su laberinto
Guadi Calvo (Rebelión)
La crisis de los refugiados sigue profundizando las diferencias europeas y con los meses estas diferencias están dando frutos cada vez más amargos.
Al son de la monumental crisis económica que comenzó en 2009 y que todavía no ha podido ser dominada, los partidos de ultraderecha han tenido un crecimiento exponencial. Los partidos euroescépticos, xenófobos y de ultra derecha, ya no luchan por escaños en las cámaras o alguna alcaldía, sino que se están convirtiéndose en una opción real de poder.
La última gran bofetada a la Unión Europea (UE) la acaba de recibir por parte de las mayorías austriacas, que este último domingo han puesto al neonazi Norbert Hofer, candidato del partido ultranacionalista FPÖ, a la cabeza de la primera vuelta en las elecciones presidenciales con un 35,4% de los votos, por lo que deberá enfrentar en la ronda definitiva, el 22 de mayo, al ecologista Alexander Van der Bellen, que llegó con un 21,3%. Según el recuento casi completo de los votos, de no producirse modificaciones de último momento, sería la primera vez en la historia democrática de Austria que no será un socialdemócrata o un democristiano, el que ocupe la presidencia.
La victoria de Hofer, ha desautorizado a la totalidad de las encuestas de las últimas semanas que daban por ganador a Van der Bellen. Hofer, la noche del domingo, se apuró a declarar, por si a alguien le quedaban dudas de su catadura: “El islam no es parte de Austria”. En consecuencia al ánimo reinante en Austria, el actual gobierno anunció la construcción de una valla en el paso fronterizo de Brennero, en la frontera italiana. A la que se le sumarán 250 policías, para el control de refugiados que desde Italia quisieran pasar a Austria. Como para profundizar el armado anti refugiados el parlamento austriaco aprobó una ley que permite declarar el estado de emergencia, en donde se limita el derecho de asilo, convirtiéndose de hecho en uno de los más restrictivos de Europa.
La nueva ley permitirá instaurar el “estado de emergencia” por un periodo de seis meses, prorrogable en tres ocasiones, y bloquear la entrada de refugiados al igual que las solicitudes de asilo, si proviniesen de países vecinos como Italia o Eslovenia, aunque los refugiados fuera de países en guerra como Siria o Irak. La nueva norma limita el asilo a tres años, lo que permitirá revisar la situación de cada demandante, según la situación de su país de origen. También se impedirá la reagrupación familiar y los beneficios sociales que gozaban los refugiados. Las deportaciones serán agilizadas y la policía aumentará poder de acción.
A partir de la nueva ley la frontera es vigilada por patrullas italo-germano-austríacas que exigen la documentación a todos los que la atraviesan, enterrando por lo menos en ese punto el famoso espacio Schengen de libre circulación en la U.E. Italia, convertida nuevamente en el puerto de arribo más importante del Mediterráneo tras los acuerdos entre la Unión Europea y Turquía, solo en un mes cerca de 40 mil refugiados han arribado a las costas del sur. Roma ha protestado por las medidas austriacas, ya que por esa frontera circulan el 40% de las importaciones y exportaciones. El primer ministro italiano Matteo Renzi, ha dicho que: “El cierre del Brennero va descaradamente contra las reglas europeas, además de ir contra la historia, la lógica y contra el futuro”.
Austria ya había demostrado en octubre pasado, su falta de voluntad respecto al tema de refugiados cuándo se conoció el escandaloso tránsito de refugiados que hizo desde la frontera con Eslovenia, en micros especialmente contratados para trasladar rápidamente a miles de refugiados hasta la frontera con el sur de Alemania. La flota de micros circula con un cartel que los consignaba como “Sonderfahrt” (Traslado Especial), solo el 28 de octubre se habían detectado 75 unidades que tras cruzar los 350 kilómetros por territorio austriaco desde la frontera eslovena a la alemana que llevaron cerca de 3 mil refugiados, lo que provocó las protestas de Ángela Merkel.
Más y más barreras
Cada vez está más lejana aquella aspiración europea de conformar un territorio libre de barreras, dejando en evidencia que la estrategia de la unidad es tan artificial como endeble y que ha fracasado al primer sobresalto importante. Cada día nuevas barreras, vallas, cerco y muros se levanta en el continente, Turquía ya en 2013 levantó un cerco de 13 kilómetros en Erdine, en la frontera con Grecia, para impedir el tránsito terrestre, lo que obligó a los refugiados a optar por el mar, provocando innumerables naufragios con miles de muertos.
Tras aquella primera valla replicaron prácticamente en cada frontera de los países balcánicos, para impedir el paso de los refugiados. La valla de Erdine desvió en un primer momento el tráfico a la frontera búlgara con Turquía, por lo que 2014, con ayuda de la U.E., Bulgaria comenzó la construcción de una alambrada de 30 kilómetros la que fue aumenta a 82 entre las localidades fronterizas de Lesovo y Kraynovo.
El gobierno húngaro, del ultra derechista Viktor Orbán, levantó una valla de 135 kilómetros y 4 metros de alto en su frontera con Serbia. Macedonia a su vez está haciendo lo mismo en su frontera con Grecia. Además, existe un muro natural en la frontera norte de Francia frente al canal de la Mancha que impide que miles de refugiados varados en Calais, donde se ubica uno de los extremos del Eurotúnel, llegar a el Reino Unido.
En las proximidades de la boca del túnel se han levantado vallas con alambre de púas y cámaras y guardias para evitar que los refugiados, que allí se hacinan, puedan arriban a un Reino Unido cada vez más cerrado y a punto de abandonar a la Unión Europea. El mito de la Unión Europea parece estar desvaneciéndose cada día, ya no solo por el fracaso de sus naciones en lo económico y lo político, sino, y mucho más grave, en su fracaso moral.
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Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.
MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org / contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
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