NOTICIAS Y PENSAMIENTOS
COMCOSUR AL DÍA – AÑO 15 – Nº 1981
Viernes 18 de Julio de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014
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HOY:
1) Investigación judicial revela trama empresarial para defraudar en ASSE
2) Gallo: «La situación de Silva siempre fue polémica y un problema»
3) Almagro explicó pedido de ingreso de Uruguay al TISA.
4) Gobierno no informó pacto con López Mena porque era «un acuerdo
privado»
5) Guianze advirtió que hay que estudiar los nuevos códigos Penal y del
Proceso Penal y no aprobarlos “a tapas cerradas”
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades
para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas
contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa».
Noam Chomsky
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1) Investigación judicial revela trama empresarial para defraudar en ASSE
(El Observador)
Testigos relataron presiones de Alfredo Silva a jerarcas de hospitales. El
jerarca declara nuevamente esta mañana ante la Justicia
Testimonios de cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Administración
de Servicios de Salud del Estado (ASSE) revelaron a El Observador el modus
operandi por el cual se montó una ingeniería para imponer la
contratación de una veintena de cooperativas, entre ellas La Buena
Estrella, encargada de la limpeza del hospital Maciel, dirigidas por
dirigentes sindicales de la Federación de Funcionarios de Salud Pública
(FFSP). Las maniobras ejecutadas permitieron defraudar al Estado en
millones de pesos.
La modalidad básica de la estafa que se indaga era mediante el cobro de
horas no trabajadas por las cooperativas, o porque se les pagaba un
sobresueldo.
Entre los 26 indagados por la Justicia de Crimen Organizado figura el
director de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y
dirigente de la FFSP. Se indaga su vínculo con las cooperativas a raíz de
testimonios de jerarcas de los hospitales que declararon que los presionó
para que estas empresas fueran contratadas.
Según testigos que declararon en la indagatoria policial que estuvo a
cargo de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol y que ayer
lo ratificaron en el juzgado, Silva ejercía una presión permanente, sobre
todo a través de sus asesores para que estas empresas fueran contratadas.
“Llamá a la contadora y decile que efectúe ya el pago a La Buena
Estrella”, le decía el jerarca a su secretaria. Esto fue lo que declaró
ayer Loreley Rodríguez, su exsecretaria, dentro del juzgado al juez y
afuera a El Observador. Rodríguez también declaró que Silva y su abogado
se reunían habitualmente con los responsables de la cooperativa.
La exsecretaria de Silva relató además que el jerarca le ordenaba con
frecuencia llamar a directores de hospitales para amenazarlos. “Si no
haces tal cosa, te saco”, era el mensaje que debía transmitir la
secretaria. Ella se negaba a hacerlo y, como contrapartida, recibía
insultos de parte de Silva. La mujer lo demandó por acoso y maltrato. Un
juzgado civil desestimó su reclamo y ella apeló.
26 indagados
Por orden del juez Néstor Valetti, 20 indagados pasaron la noche detenidos
e incomunicados en la dependencia policial de la calle Maldonado esquina
Paraguay. Entre ellos, está Silva, quien declarará hoy por primera vez
ante la justicia de crimen organizado.
Otros seis indagados quedaron en libertad sin perjuicio de que la Justicia
los vuelva a citar. Se trata de los exdirectores del hospital Maciel, el
hospital de Rivera, el Centro Auxiliar de Pando y el Instituto Nacional del
Cáncer (INCA); del actual director del INCA y de la exadministradora del
hospital Maciel, que fue a declarar ayer en calidad de testigo y quedó
como indagada. La jerarca fue trasladada del Maciel, luego de que se
probara a nivel administrativo la sobrefacturación a favor de La Buena
Estrella, hacia el INCA, donde la cooperativa también estaba contratada.
El juez Valetti le tomó declaración ayer además a otros 11 testigos.
Además de la exsecretaria de Silva, declararon subdirectores, gerentes
financieros y administradores de los centros de salud que recibían
presiones de dirigentes de la FFSP para sellar los contratos con
determinadas empresas o agilizar los pagos.
Por su parte, los exdirectores de los hospitales responsabilizaron a estos
mandos medios de la contratación de las empresas cuestionadas.
El juez tiene plazo hasta hoy a la hora 17, cuando se cumplan las 48 horas
de detención de los indagados, para resolver a cuántos indagados procesa
y qué delitos les tipifica. Según dijeron fuentes del caso la
indagatoria gira en torno al delito de estafa cometido a través de la
sobrefacturación pero también por coimas y en el caso de Silva se indaga
si cometió conjunción del interés personal con el público, dado su
vínculo con los cooperativistas a quien facilitaba la contratación en
virtud del cargo que ocupa en ASSE.
Sindicalista cobraba coimas
En total, hay seis integrantes de la FFSP indagados. Uno de los dirigentes
del sindicato, que está muy comprometido en la causa judicial, es el
encargado de la Comisión de Tercerizados de la FFSP. Según las fuentes,
el hombre era “la cara visible” del director de ASSE y de la maniobra
que se investiga.
Este dirigente sindical viajaba de hospital en hospital “promoviendo” y
“presionando” para que los directores eligieran los servicios de las
organizaciones apadrinadas por la FFSP, que según una fuente son más de
20 aunque la investigación obtuvo pruebas de corrupción sobre La Buena
Estrella y cuatro empresas más dedicadas a servicios de limpieza y
seguridad. Seis representantes de La Buena Estrella y los responsables de
las otras cuatro empresas están entre los detenidos.
En el caso de este sindicalista hay pruebas contundentes de que cobró
coimas de parte de las empresas. Escuchas telefónicas con los empresarios
y con la oficina de la contaduría de ASSE y giros de dinero prueban la
corrupción.
La indagatoria de la maniobra comenzó centrada en el hospital Maciel, tras
probarse que La Buena Estrella cobró allí $ 2,5 millones por horas no
trabajadas, se amplió luego a otros hospitales como el hospital de Rivera,
el Centro Auxiliar de Pando y el INCA, donde la cooperativa también fue
contratada. En el caso de Pando para encargarse de la seguridad, sin estar
habilitada para esa tarea.
En el caso del INCA contrató a Buena Estrella a mediados de 2011, cuando
el director era Mario Varangot. Según fuentes de ese centro especializado,
la administradora Lilián Aristimuño fue quien eligió a la empresa junto
a una “comisión asesora” integrada por dirigentes de la FFSP que no
trabajaban en el INCA, entre ellos, el encargado de Tercerizados.
A sugerencia de esa comisión, Aristimuño optó por La Buena Estrella a
pesar de que cobraba por el servicio un 50% más que otros oferentes. El
argumento, de acuerdo a las fuentes de El Observador, fue que había “un
tema social a tener en cuenta”: la empresa se comprometía a capacitar a
su personal en cuestiones de limpieza, dado que la mayoría no tenía el
título de auxiliar de servicio.
La falta de formación de los trabajadores de las empresas tercerizadas
contratadas por ASSE ha sido una constante, según surge de los
testimonios. El Observador comprobó que en los reglamentos internos del
prestador de salud estatal, así como en los textos de las licitaciones,
establecen expresamente que todo el personal debe contar con el título de
auxiliar de servicio habilitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).
Un ex jerarca de un hospital del interior dijo que en ese centro de salud
se contrató a una empresa dependiente de La Buena Estrella tras la
actuación del mismo dirigente que actuaba presuntamente en nombre de
Silva. Ninguno de los 26 trabajadores de esa empresa era auxiliar de
servicio. La fuente relató que el contador del hospital insistió en optar
por ellos, a pesar de los reparos del resto del equipo de gestión. “Eso
(la falta de títulos) ya está arreglado a nivel de ASSE central”,
argumentó el profesional según relató la fuente.
El acuerdo implicaba un compromiso de la empresa de capacitar al personal,
pero eso, aseguró, nunca ocurrió. Además, cada vez que se evidenciaba
que alguien no era idóneo para el puesto, “significaba un conflicto
sindical en puerta” porque la gran mayoría de los tercerizados están
afiliados a la FFSP.
“Los médicos esquivamos esa parte burocrática (de elegir la oferta
ganadora). Cometemos el error de firmar cosas consumadas por los
administrativos. Cuando tenés 500 temas, priorizás lo asistencial”,
reconoció a El Observador un médico que formó parte de la dirección de
otro hospital público. Lo habitual es que las licitaciones las resuelvan
los contadores o administradores de los centros aunque lleven la firma del
director del hospital, agregó el profesional.
Un cuarto testimonio reveló que en otra dependencia de ASSE hubo
“presión” de la dirigencia de la FFSP para conseguir un salario
superior al establecido en una licitación. Los involucrados en esa
instancia fueron dos adjuntos a la dirección de Silva, dijeron fuentes del
organismo. Ambos “presionaron” a un jerarca para aumentar el valor hora
del personal de una empresa tercerizada que ya había sido contratada.
Argumentaron que los trabajadores estaban muy sumergidos salarialmente. A
pesar de eso, el jerarca no cedió y alegó que la discusión salarial
debía darse en los Consejos de Salarios y no modificando ilegalmente una
licitación.
ASSE en silencio hasta que hable la Justicia
A través de un comunicado, ASSE aseguró que garantiza «que los Equipos de
Salud en los centros de todo el país cumplen en todos sus términos con su
misión de atender a la población usuaria», y advirtió que no se
pronunciará sobre el caso «hasta tanto no concluyan todos los
procedimientos judiciales en curso». El organismo indicó también que
colaborará con la Justicia «con todo aquello que se le pida, siempre
sujeto a las normas vigentes».
Dia y noche en una silla
Los 20 detenidos que vienen siendo indagados por la Justicia pasaron la
noche en la oficina de Crimen Organizado e Interpol porque volverán hoy al
juzgado. Según dijo una fuente del caso estuvieron sentados en sillas e
incomunicados cada uno con un policía en cada lado.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
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2) Gallo: «La situación de Silva siempre fue polémica y un problema»
(El País)
El senador de Asamblea Uruguay, dijo que «hubo planteamientos en la interna
del Frente Amplio» debido a algunas actitudes del director de ASSE que
ahora está detenido e investigado.
El senador de Asamblea Uruguay, Luis Gallo, es una de las primeras voces
del oficialismo en pronunciarse acerca de la detención e investigación
del director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE),
Alfredo Silva, por sobrefacturación en empresas contratadas. «La
situación de Silva siempre fue polémica y un problema; y hubo
planteamientos en la interna del Frente Amplio. Es evidente», dijo Gallo en
declaraciones a radio Carve.
El legislador reconoció que pese a la decisión del Frente Amplio de no
abrir una comisión investigadora cuando esa posibilidad fue planteada por
la oposición a partir de denuncias respecto a prácticas en las que
incurría Silva «probablemente si se hubiera investigado en el Parlamento,
se podría haber evitado parte del daño».
En una interpelación que realizó en noviembre de 2011 al exministro de
Salud Pública, Jorge Venegas, el senador nacionalista Luis Alberto Heber
preguntó: «¿El señor Alfredo Silva arma empresas sentado en el
directorio de ASSE?». El legislador también habló de «corrupción»,
«acomodo», «arreglo» y «abuso de poder». En esa oportunidad, Silva negó
las afirmaciones del senador Heber y señaló que no tenía «nada que ver
con Buena Estrella. Presentó una denuncia penal contra Heber por
«difamación e injurias». Sin embargo, Gallo añadió hoy que fue el Frente
Amplio promovió la investigación por parte de la Justicia.
«El Frente Amplio no quiso o no pudo ir más allá en la investigación por
las actitudes del representante de los trabajadores (…) Hubo una defensa
del PIT CNT de las actuaciones de Silva, y eso dejó de lado actuación
política y por eso se fue al camino judicial», aseguró. Y añadió: «Si
hay responsabilidad políticas, las afrontaremos en el Parlamento, pero
antes esperaremos el pronunciamento de la justicia». Silva, declarará hoy
ante el juez especializado en crimen organizado Néstor Valetti y el fiscal
Gilberto Rodríguez por la causa que indaga la sobrefacturación en los
servicios de limpieza de al menos cuatro hospitales públicos dependiente
de ese organismo.
Silva permanece detenido e incomunicado desde el pasado miércoles en la
Dirección General del Crimen Organizado e Interpol y ayer no concurrió al
juzgado. Por esta investigación sobre maniobras de sobreprecios, coimas
para acelerar pagos y amañar licitaciones en ASSE fueron detenidas un
total de 26 personas, de las que aún restan declarar ante el juez un total
de 14 implicados.
Ayer, Silva fue señalado por algunos testimonios de haber ejercido
presión sobre directores de hospitales para hacer las contrataciones con
la asociación civil Buena Estrella, que se ocupa del servicio de limpieza
en el hospital Maciel, el Instituto Nacional del Cáncer y los centros de
salud pública de Pando y Rivera.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
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3) Almagro explicó pedido de ingreso de Uruguay al TISA.
(La Diaria)
En setiembre de 2013, Uruguay solicitó ingreso al Acuerdo de
Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en
inglés). El tema tuvo escasa difusión en Uruguay, al punto de que los
senadores frenteamplistas de la comisión de Asuntos Internacionales y el
asesor de la presidencia del Frente Amplio en política exterior se
excusaron de opinar, por no tener información. La semana pasada, un
integrante de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu) cuestionó la
incorporación de Uruguay a la ronda de negociaciones porque, a su
entender, el acuerdo “reduciría la soberanía nacional” y los
intercambios son “secretos”. El canciller Luis Almagro dijo a la diaria
que Uruguay pidió incorporarse al acuerdo por la importancia que el
comercio de servicios tiene para el país, pero aclaró que siempre hay
margen para no suscribirlo.
El TISA surge a partir de una iniciativa de un grupo de países miembros de
la Organización Mundial de Comercio (OMC), autodenominado Verdaderos
Amigos de la Liberación del Comercio de Servicios, que propusieron generar
un acuerdo en la materia por fuera del ámbito de la OMC, dado el
estancamiento de las negociaciones de la Ronda de Doha.
Almagro enfatizó que las negociaciones en el TISA tienen como objetivo
“establecer un régimen de comercio más amplio, flexible y
predecible”, que sea “lo suficientemente claro para no impedir que cada
gobierno ejerza su propia soberanía para regular ciertos sectores”.
“De hecho, las disposiciones del acuerdo estarán sujetas a excepciones
generales, a excepciones relativas a la seguridad y a excepciones
prudenciales en el caso de los servicios financieros”, señaló Almagro.
El canciller sostuvo que la conveniencia del acuerdo para los intereses
nacionales fue analizada en el ámbito de la Comisión Interministerial
para Asuntos de Comercio Exterior (Ciacex). “Se consideró la incidencia
de los servicios en el conjunto de la economía uruguaya y, en particular,
en su comercio exterior, los efectos directos que puede llegar a tener el
acuerdo en el comercio internacional de servicios, así como los efectos
indirectos que puede generar en la negociación global final de la Ronda
Doha de la OMC”, indicó el ministro. Señaló que se tuvo en cuenta el
peso de los servicios en la economía uruguaya, que representan 54% de la
producción nacional y 66% del valor agregado nacional. Las exportaciones
de servicios crecieron a una tasa promedio anual mayor a 8% en los últimos
cinco años. En 2013, las exportaciones por este concepto superaron los
3.200 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 6% del
Producto Interno Bruto de Uruguay.
La Ciacex concluyó que es “oportuno y conveniente ingresar a la
negociación, para poder asumir un papel más directo en ella, incidir en
sus resultados y, de esa manera, posicionar los intereses de Uruguay de la
mejor forma posible”, declaró el canciller. Estas conclusiones se
presentaron en un Consejo de Ministros en el que se resolvió la
participación de Uruguay en el acuerdo. Almagro aclaró que la
participación en las negociaciones es “voluntaria” y que cuando
concluyan, “Uruguay puede aceptar o no la fórmula a la que se llegue”.
De todos modos, el ingreso de Uruguay al acuerdo aún no fue aceptado,
aclaró el canciller. Cuando se acepte, se tomará conocimiento “del
material de base sobre el cual se está negociando y de las respectivas
ofertas”, y se estará “en condiciones de evaluar la conveniencia de
entrar”. Uruguay podrá, además, incluir sectores que quieran proteger
“en listas de excepción” y siempre tendrá la posibilidad de no
aceptar “el paquete final” y no ratificar el acuerdo, aclaró Almagro.
Finalmente, aseguró que el ingreso de Uruguay a estas negociaciones no
implica un abandono del ámbito multilateral de la OMC.
In Luis we trust
En el Frente Amplio (FA) no se dispone aún de “toda la información”
sobre el pedido de ingreso al TISA. El tema no se discutió en la
coalición, aclaró a la diaria el asesor de la presidencia del FA en
asuntos internacionales, José Bayardi. Los senadores Enrique Rubio y
Alberto Couriel también se excusaron de opinar, por el mismo motivo. El
senador comunista Eduardo Lorier dijo no tener información, pero aseguró
que “confía” en Almagro y recordó que el canciller tuvo “una
participación muy activa” en contra de la firma de un Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Dijo
que le preocupa, en cambio, que dirigentes frenteamplistas, como el
vicepresidente Danilo Astori, estén proponiendo que Uruguay se integre
como miembro pleno de la Alianza del Pacífico, iniciativa a la que
calificó como un “operativo de Estados Unidos que busca contrarrestar el
Mercosur”.
Una fuente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló a la
diaria que la intención de integrar el país al TISA surgió de esa
cartera y ahora está en la órbita del Ministerio de Relaciones
Exteriores. La fuente del MEF dijo que aún no hay novedades respecto de la
aceptación de la incorporación de Uruguay al acuerdo, pero apuntó que
existiría “cierta reticencia” de Estados Unidos, dado que la solicitud
de Uruguay se produjo inmediatamente después de la de China, algo que,
indicó la fuente, no fue “intencional”.
Las negociaciones del TISA tienen lugar en Ginebra, con carácter secreto.
Sin embargo, en junio WikiLeaks hizo público un borrador de acuerdo que
abarcaba a 50 países y a la mayoría del comercio mundial de servicios.
Según señaló este domingo Slavoj Žižek en el periódico inglés The
Guardian, el borrador de acuerdo establece normas que favorecen la
expansión de las multinacionales financieras, al impedir el
establecimiento de mayores regulaciones a los servicios financieros.
Žižek también sostiene que Estados Unidos está particularmente
interesado en establecer intercambios de información financiera e
información vinculada a las personas. El filósofo y sociólogo esloveno
cuestiona en el artículo que “las decisiones económicas claves” sean
negociadas “en secreto” y guiadas por “la norma del capital”. “De
esta forma, el espacio para la toma de decisiones de los políticos electos
democráticamente se ve severamente limitada”, advierte.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
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4) Gobierno no informó pacto con López Mena porque era «un acuerdo
privado»
(El Observador)
«No es algo que le interese a doña Tota”, dijo Pedro Apezteguía, asesor
del Ministerio de Economía
El gobierno no informó acerca de su compromiso de no demandar al
propietario de Buquebus y BQB Líneas Aéreas, Juan Carlos López Mena, por
el caso Pluna porque entendió que era “un acuerdo privado” que no
genera interés en la ciudadanía. “Esto es un acuerdo privado; no es
algo que le interese a doña Tota”, dijo Pedro Apezteguía, exdirector
general de Secretaría y actual asesor del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF), a Montevideo Portal. Apezteguía también ofició como
director de Pluna cuando se desplazó de la firma a Matías Campiani y su
grupo.
El presidente de la República, José Mujica, apeló a este recurso hace un
año y medio para minimizar el escándalo político en torno al caso Pluna.
“Es un problema que no existe para la inmensa mayoría de la gente”
porque “es probable que menos del 1% de la gente de este país viaje con
cierta regularidad en aviones”, dijo el 2 de noviembre de 2012.
En la resolución ministerial firmada por Lorenzo el 19 de marzo de 2013, a
pedido de López Mena y el BROU, y que reveló ayer El Observador, el MEF
se comprometió a “no tener más nada que reclamar al BROU ni a ninguna
otra persona física o jurídica por ningún concepto, directa o
indirectamente, vinculado con el otorgamiento del título referido ni de la
subasta extrajudicial antes mencionada”. El Observador se comunicó con
Lorenzo para consultarlo acerca del asunto. “No tengo nada para decir”,
respondió.
Apezteguía fue quien redactó la resolución en marzo de 2012 cuando era
el tres del MEF y casualmente fue el único que salió ayer a explicar la
resolución. “Simplemente lo que se hace es, en el momento del cobro, se
emite un recibo que dice ‘por este tema, por el cobro de eso, no tengo
nada más que reclamar a ninguna de las personas involucradas en este
tema’. No es ningún tipo de indemnidad, sino que dice: ‘Si usted me
paga, yo por esto no tengo nada que reclamarle’”, afirmó a El
Observador .
Y agregó: “Es de una normalidad absoluta. No tiene nada raro, no hay
nada oculto”, añadió, y aclaró que “las resoluciones ministeriales
no se publican en el Diario Oficial ni en Presidencia, forman parte de
expedientes y actuaciones administrativas”.
A su vez, fuentes allegadas a López Mena dijeron a El Observador que la
resolución fue la salida que el MEF encontró en un momento de
desesperación. Por su parte, López Mena asumió hacerse cargo de una
deuda “pese a no tener obligación”, ante lo cual era lógico que
exigiera que no se le hicieran reclamos directos ni indirectos, para evitar
que, por ejemplo, se demandara a Boston y, luego, la aseguradora fuera
contra el titular de BQB, explicaron.
Las fuentes agregaron que no se trata de una indemnidad por cuanto no
abarcó a toda la administración pública. De hecho, este acuerdo no
acotó “el derecho del BROU a reclamarle a López Mena” el pago del
aval.
“Llamativo”
Carlos Labaure, profesor grado 4 de derecho administrativo, dijo a El
Observador que este tipo de acuerdos se realizan en transacciones en las
que se llega a un consenso frente a una deuda, pero en este caso resulta
llamativo que sea unilateral porque solo el Estado se compromete a no
demandar a los privados, pero no sucede lo mismo al revés. “Llama la
atención que el Estado no se cubrió para evitar ser demandado”,
afirmó.
Según Labaure, también es llamativo que se diga que es una cláusula
“anodina” cuando se está exonerando de responsabilidad civil a varias
personas físicas y jurídicas. En el considerando IV se afirma que se
“reputa anodina la solicitud de renunciar a promover cualquier tipo de
reclamo” (lea la resolución del MEF en la web www.observador.com.uy).
En tanto, el doctor en derecho administrativo Daniel Martins señaló que
este tipo de negociación con el Estado “es algo fuera de lo común”. A
su juicio se utiliza ese tipo de acuerdo en el derecho comercial entre
privados, pero “no puede ser algo habitual que se exonere a privados de
cumplir con la ley”.
El senador del Partido Nacional Carlos Moreira señaló que “esto es una
demostración más de la turbiedad, la oscuridad y la reserva que es
precisamente contraria a la transparencia que tiene que tener cualquier
gestión de gobierno y administrativa”. “Acá se quiso mantener la
reserva de forma deliberada, no tengo duda”, dijo.
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5) Guianze advirtió que hay que estudiar los nuevos códigos Penal y del
Proceso Penal y no aprobarlos “a tapas cerradas”
(La Diaria)
La presidenta del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), Mirtha Guianze, expuso ayer en
una mesa redonda denominada “La justicia uruguaya como desafío y derecho
ciudadano”, organizada por la asociación de ex presos políticos Crysol.
Justamente ayer, el semanario Búsqueda publicó que el ministro de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) Julio César Chalar realizará una denuncia
penal contra Guianze porque “habría agredido el honor” del magistrado
en declaraciones al semanario Voces. Consultada sobre el anuncio, la ex
fiscal se limitó a decir que todas las personas están “sujetas a
críticas” y cada cual “tiene su criterio” sobre cuál es el límite.
“Si ponen mi nombre en Google van a ver las cosas lindas que se dicen de
mí”, ironizó Guianze. “El tema de la crítica para un funcionario
público yo lo he sufrido y lo he tolerado, pero cada uno sabe lo que tiene
que hacer”, agregó.
Guianze comenzó planteando que “el conocimiento de la verdad y el
juzgamiento de los responsables” de violaciones a los derechos humanos
“sigue siendo una condición ineludible para asegurar la convivencia
futura en paz”. Señaló que el esclarecimiento de los hechos y los
juicios a militares en la región estuvieron sometidos a decisiones
políticas de gobiernos que abarcaron aspectos judiciales, pero también a
los “entornos sociales y a grupos de poder”. “De acuerdo a esa puja
de fuerzas hubo avances y retrocesos. En Uruguay la verdad fue escamoteada
desde el comienzo. El tema fue inexistente para los gobiernos de turno y
para la mayoría de los medios de comunicación. Esa neutralización se
revela como un instrumento de poder”, agregó.
Guianze señaló como un punto de inflexión en la “neutralización de
los sistemas judiciales” el caso presentado por el abogado Pablo
Chargoñia en 1999 por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que
permitió enjuiciar al canciller del gobierno de la dictadura Juan Carlos
Blanco. Guianze expresó que en 2005, cuando comenzó el primer gobierno
del Frente Amplio, “el primer caso que se presentó” ante el Poder
Ejecutivo para que se expidiera sobre los alcances de la Ley de Caducidad
fue el de Nibia Sabalsagaray, y la respuesta fue que “los militares
estaban amparados” por la norma. “Hay que desmitificar” que fue en
2005 cuando empezó a cambiar el rumbo de los procesos, opinó Guianze.
Luego, la ex fiscal dijo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
está haciendo un seguimiento del cumplimiento de la sentencia del caso
Gelman por parte del Estado y que “va a ser un resultado muy desfavorable
para Uruguay”. Para Guianze, “la interpretación” que hace la SCJ del
“control de convencionalidad” es violatorio de “las obligaciones
contraídas” por Uruguay y, “como Estado”, lo “expone a
sanciones”. “La postura actual de la SCJ nos pone en una situación de
total contradicción con la jurisprudencia, no sólo del continente sino la
universal”, añadió. Guianze leyó luego dos recomendaciones de la
INDDHH sobre la materia, así como sobre el traslado de jueces y la
tipificación del delito de tortura en el nuevo Código Penal que se
discute en el Parlamento. También se refirió a la reforma del Código del
Proceso Penal y opinó: “Hay que tener cuidado con la aprobación de
estos códigos”.
“Están diciendo que los van a aprobar rápidamente. No nos pidieron
opinión, pedimos ser recibidos y no tuvimos respuesta. No se pueden
aprobar a tapas cerradas”, dijo. Sin embargo, consideró que varias de
las modificaciones incorporadas en estos nuevos códigos son necesarias.
Contó que recibió a una madre cuyo hijo fue muerto en un procedimiento
policial y que el caso fue archivado por el fiscal, aunque el juez no
estaba de acuerdo. Guianze dijo que tuvo que explicarle a la mujer que es
una potestad del representante del Ministerio Público y que “no se puede
hacer más nada”. “Si el fiscal va a ser el dueño de la acción y no
hay nadie que pueda apelar, es algo un poco autoritario y estamos
retrocediendo”, añadió.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 18 DE JULIO DE 2014
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