1) Excavaciones: denunciante recorrió área –
2) Informe anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos –
3) El 47% de la faena de bovinos está en manos de extranjeros –
4) «No copien a Noruega», dijo experto en petróleo –
5) La película Clever se retira de las salas de Grupocine
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2072 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 13 de Mayo de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Excavaciones: denunciante recorrió área
(La República)
El abogado Oscar López Goldaracena, patrocinante de una denuncia ante la jueza Isaura Tórtora, recorrió por segunda vez el área de excavaciones en el predio del Grupo Antiaéreo de Artillería de Defensa Nº1.
También se entrevistó con integrantes del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (Giaf). El equipo de arqueólogos lleva excavada un área de unos 1.500 metros cuadrados de terreno y de 2 metros de profundidad, de un total de 10.000 cautelados por la Justicia, en busca de indicios de enterramientos clandestinos en la unidad del Ejército ubicada en Empalme Olmos. Hasta el momento, no se han encontrado elementos que prueben que existieron remociones de tierra.
No obstante, López Goldaracena quien también se desempeñó como legislador en el período legislativo pasado, afirmó que ya se localizaron las trincheras que se excavaron la vez anterior y que ahora se trata de avanzar hacia una cañada donde un informante anónimo precisó los posibles lugares de enterramiento. “Aún no sabemos si están o no están. La única forma de saber es excavando”, afirmó el abogado.
Para los trabajos arqueológicos, se cuenta con una retroexcavadora cedida por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El factor clima, con las lluvias, ha sido un factor de distorsión de los trabajos. Hay terrenos anegados, lo que dificulta el acceso a los sitios de interés.
La jueza declaró en su momento que el área delimitada sería la misma en la que se trabajó en 2008, “aunque difiere en unos metros de las últimas excavaciones”. “Se presentaron dos fotografías aéreas, con un nuevo lugar de posibles enterramientos. No es el mismo lugar que se excavó la otra vez, es un lugar nuevo”, señaló la magistrada.
La información en poder de Madres y Familiares señala que en esa zona se habrían realizado cinco enterramientos clandestinos: “cuatro hombres y una mujer”. Sobre este punto, Tortora explicó que esa información surge del expediente judicial abierto en 2008, pero que en esta oportunidad se trata de información “más genérica” y que refiere únicamente a la posibilidad de la existencia de los enterramientos, pero no la cantidad de personas. La fecha aproximada de los mismos sería entre 1973 y 1975.
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2) Informe de INDDHH indica que aumentaron las denuncias contra el MI, que sigue siendo el más denunciado.
(La Diaria)
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó ayer su informe anual a la Asamblea General. Al igual que en años anteriores, en 2015 el Ministerio del Interior (MI) fue el organismo más denunciado por presuntas violaciones de los Derechos Humanos. En cifras, más de la cuarta parte de las denuncias le conciernen. Respecto de los derechos más vulnerados, 14,6% refiere a daños a la integridad personal (física, psíquica, moral), 13,4% al trabajo, 8,6% a la niñez y adolescencia; esta proporción se mantiene igual respecto de otros años.
La INDDHH emitió 83 resoluciones; 22% fueron con recomendaciones, de las que sólo 11% se cumplieron y 39% no, cuestión que “preocupa”. Los datos de 2015 también indican un menor porcentaje de denuncias resueltas si se comparan con 2014: 22,4%, contra 51,7% del año anterior; 75% están en trámite, y sobre el 2,6% restante “no hay datos”.
A su vez, aumentaron las denuncias contra el MI, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). En orden descendente, pero lejos del 28,7% que incumbe al MI, siguen el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Poder Judicial (PJ), el MGAP, ASSE y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Todos estos organismos aparecen de manera reiterada en los informes anuales, y en 2015 representaron 30,6% de las denuncias. En total, la INDDHH tuvo 568 casos en 2015, de los que sólo 152 fueron denuncias: bajó el número de denuncias y subió el de asesoramientos y consultas. Respecto de estas últimas, las que refieren al MI también ocupan el primer puesto, con 16,5%, pero las referentes al PJ, el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Banco de Previsión Social (que representan 15%, 13,1% y 10,2%, respectivamente) conforman un segundo grupo, que difiere en cuanto al orden de importancia de las denuncias. Se destaca que del total de consultas, 12% refirieron a personas privadas de libertad.
Quienes más denunciaron fueron las personas físicas individuales (71%); las organizaciones representaron 18%. El 58,5% de las denuciantes fueron mujeres y 5%, personas trans -lo que, aunque la cifra es pequeña, representa un leve aumento respecto de años anteriores-. También se constató un aumento en las denuncias que provienen del interior del país, que llegaron a 44%.
Tortura en el encierro
El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) del INDDHH constató que en las cárceles de adolescentes “se siguen produciendo situaciones que potencialmente pueden ser generadoras de abuso y malos tratos”. En ese sentido, confirmaron 26 situaciones de malos tratos durante el año: tres el 24 de julio en el Ceprili, 18 en el traslado del centro Burgues durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de agosto, y cinco en el ex Centro Ser, actual CMD-1, durante una de las intervenciones del Grupo de Estrategia y Contención (Greco), que se encarga de la represión en las cárceles del Sirpa. Respecto de este último episodio, ocurrido el 8 de diciembre, la Comisión Delegada del Sirpa, integrada por Gabriela Fulco y Eduardo Katz, contestó a la MNP, por escrito, asegurando que la actuación del Greco se “ajusta a las reglamentaciones y normativas vigentes”; que “es común que los adolescentes realicen denuncias contra la imagen de quienes participan en procedimientos de seguridad”, y “que este tipo de prácticas está controlada por el propio procedimiento, como por el grado de compromiso y responsabilidad de cada uno de los funcionarios que integran el área de seguridad”. El MNP considera que “la respuesta minimiza considerablemente las posibles denuncias que puedan realizar tanto los adolescentes como sus familiares, al partir de la premisa de que los funcionarios cumplen su función y los adolescentes mienten e inventan denuncias para menoscabar la operatividad y eficiencia del personal”. Además, señalan que este hecho contradice directamente los anuncios realizados por la Comisión Delegada en cuanto a la “recepción e investigación de las denuncias que pudieran hacer los adolescentes y la forma de preservar su integridad y anonimato, como forma de velar por la protección de los derechos humanos de los detenidos”.
Agresor
La INDDHH hace hincapié en que en los centros de reclusión la violencia no sólo se manifiesta en la agresión entre personas, sino que otra de las formas “más comunes” son las autoagresiones. Explican que “quienes se sienten amenazados ven en la autoagresión una posibilidad de escape de la violencia que sufren, el descuido o las condiciones en las que deben vivir”. Al respecto, señalan que en el Sirpa estas situaciones “son tratadas generalmente como intentos de manipulación por parte de los adolescentes, o bien como un problema psiquiátrico, sin tener en cuenta nunca el detonante que realmente contribuyó a deteriorar la salud mental y aumentar el riesgo de autoagresiones”. Por lo tanto, sostienen que “el abordaje técnico debe de ser prioridad frente al de seguridad” para prevenirlas, ya que “resulta preocupante el aumento sistemático de violencia interna y la falta de actividades tendientes a la rehabilitación efectiva”. Otra de las formas de violencia que constataron fueron las agresiones sexuales como “prácticas de imposición de poder” entre los adolescentes, y que ocurren incluso entre menores de 15 años, tanto varones como mujeres. La INDDHH considera “oportuno” que se establezcan “criterios claros y protocolizados” para la atención de eventuales urgencias psiquiátricas, “que determinen condiciones de atención y sujeción en casos excepcionales, como pueden ser situaciones de exaltación o excitación violenta, pérdida de conciencia por abuso de sustancias o de medicación controlada”. Además, aseguran que todas las medidas que puedan adoptarse deben ser supervisadas por profesionales médicos y controladas por personal de la salud.
En el Sirpa, la mayor acumulación de recomendaciones refiere a las condiciones de trabajo, la falta de capacitación y la falta de personal, tanto en lo que respecta a quienes desempeñan funciones de trato directo como a los equipos técnicos. Por otro lado se mencionan los problemas de infraestructura y mantenimiento en las construcciones. En cuanto a estas últimas, aseguran que “tanto las viejas estructuras como las nuevas construcciones inauguradas durante 2014 y 2015 presentan aspectos deficitarios, que las hacen inconvenientes para el tratamiento de los adolescentes y para el cumplimiento de las medidas socioeducativas previstas legalmente”. En conclusión, del análisis del nivel de cumplimiento hay 18 recomendaciones que automáticamente quedaron sin efecto frente a la decisión de cerrar los centros afectados, en 11 de las cuales la INDDHH no pudo obtener información posterior que indique cuál fue su nivel de cumplimiento. Otras 18 no fueron cumplidas (fundamentalmente, en las áreas de personal y edilicia), diez fueron cumplidas parcialmente y diez fueron cumplidas. “Comparativamente, se puede establecer que la mayoría de las recomendaciones no cumplidas se encuentran bajo la órbita de la Comisión Delegada”, señalan.
También recomiendan “poner a estudio y dar una solución legislativa” a la situación planteada por los adolescentes mayores de 18 años que ingresan al sistema penitenciario de adultos y posteriormente deben regresar al sistema penal juvenil.
A lo grande
Sobre el sistema carcelario para adultos, la INDDHH constató problemas en la clasificación, evaluación, diagnóstico y derivación, así como de hacinamiento, tratamiento penitenciario y progresividad. También en la división de la población por antecedentes y por situación judicial, principalmente en los regímenes de aislamiento y seguridad. “Un régimen especial de separación para las personas catalogadas como peligrosas (sin criterios más concretos y definidos) puede alentar la estigmatización y, en definitiva, impedir un tratamiento progresivo racional y efectivo”. Además, se asegura que la referencia a la “peligrosidad” puede constituir un “obstáculo para recibir un tratamiento adecuado”, por lo que se sugiere una modificación legal. Por otro lado, la INDDHH está “preocupada” por “los problemas referidos a la falta, forma y contenido de información brindada por el MI”.
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3) El 47% de la faena de bovinos está en manos de extranjeros
(180.com)
Casi la mitad de la faena de bovinos en frigoríficos de Uruguay está concentrada en ocho plantas con capitales extranjeros, según el anuario del INAC.
Los tres grandes grupos económicos brasileños instalados en el país fueron en 2015 responsables por el 39% de la faena de bovinos en Uruguay. Si se agrega al grupo Breeders&Packers Uruguay (BPU), de origen estadounidense, más de un 47% de la faena de ganado estuvo en manos de grupos extranjeros que controlan las cuatro principales plantas frigoríficas del país.
Estos datos se desprenden del anuario de INAC que fue presentado este lunes. De las 12 plantas principales del país, ocho pertenecen a estas cadenas extranjeras.
Este escenario de concentración coincide con la imagen dada por el informe de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en octubre de 2014. En ese momento la Comisión resolvió archivar su investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas de los frigoríficos en la compra de ganado.
La investigación se inició en junio después de que varios actores, incluido el gobierno de José Mujica, expresaran su preocupación sobre el tema.
La sospecha planteada fue que a través del alto nivel de concentración de la industria frigorífica y la coordinación entre los principales actores se había generado una disminución artificial de la demanda de ganado para bajar el precio que se le pagaba a los productores.
Además del presidente, el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, había mostrado a mediados de 2014 su preocupación por el nivel de concentración de los frigoríficos en Uruguay y la región.
En ese informe, entre 2008 y comienzos de 2014 los cuatro grupos extranjeros que son Marfrig (con cuatro plantas), Minerva (con dos plantas), JBS (Frigorífico Canelones) y Breeders&Packers (BPU, que instaló su planta en Durazno en 2006) concentraban el 45% de la faena. Para el período 2011-2013 el dato fue que los cuatro grupos concentraban el 48% de la faena. Si se toman los datos de 2015 ese porcentaje disminuye un punto.
Los principales frigoríficos que no forman parte de estos grupos son frigorífico Las Piedras (quinta planta de 2015 en el ranking de faena con 145 mil), frigorífico San Jacinto-Nirea (122 mil), Ontilcor (111 mil) y Casablanca (85 mil). De las 12 plantas principales del país en 2015, sólo estas cuatro no pertenecen a los grupos que lideran la faena. Las otras ocho pertenecen a Marfrig, Minerva, JBS o BPU.
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4) «No copien a Noruega», dijo experto en petróleo
(El Observador)
El británico The Financial Times lo bautizó «el iraquí que salvó a Noruega del petróleo». Farouk al–Kasim es un geólogo señalado como el responsable del modelo que llevó adelante el país nórdico para explotar sus yacimientos y administrar la riqueza resultante.
Al-Kasim dio una conferencia ayer en el Club de Golf, organizada por el estudio Guyer & Regules. Durante su presentación, el exdirector en el Instituto Noruego de Petróleo (NPD) y actual consultor privado ofreció una radiografía de la política petrolera del país.
Pese a enumerar en detalle las bondades del modelo del cual se lo considera padre, al-Kasim lanzó una advertencia: «No copien a Noruega». En vez de tratar de replicar este modelo o el de cualquier otro país, continuó, Uruguay debe diseñar su propio camino.
También resaltó el rol de las autoridades en este proceso que, entre otros, deben diseñar la política, supervisar a los privados, mitigar los impactos negativos, optimizar la recuperación de los recursos y manejar las expectativas. Es su tarea, asimismo, alentar el crecimiento de empresas no relacionadas con el petróleo –para evitar caer en la primarización de la economía– y rendir cuentas a la población acerca de qué se está haciendo con los recursos: «Los políticos creen que no le tienen que explicar a la población», dijo.
Noruega –que hizo su primer descubrimiento petrolero de porte en 1969, empezó a producir en 1972 y hoy es el 14° productor mundial con cerca de dos millones de barriles por día– confeccionó un modelo mediante el cual otorga concesiones a las empresas interesadas. Los ingresos para el Estado adquieren la forma de impuestos y regalías. La concesión de las licencias, explicó el experto, siempre se realiza a través de rondas «competitivas» y no existen las subastas. La fase de exploración para las firmas oscila entre los seis y los 10 años, mientras que la de producción asciende a entre 30 y 50 años.
El Estado «debe estar en control» de este proceso y decidir hacia dónde va y cuán rápido, señaló al-Kasim. El objetivo número uno de la extracción de estos recursos, dijo, es crear valor para el país, asegurando que no se dañen otros valores; operaciones eficientes y valor sostenible.
El geólogo destacó tres elementos fundamentales a la hora de administrar la extracción de petróleo: tener los recursos; poder venderlo (los mercados del petróleo y del gas son muy «complicados» y sufren muchas veces coletazos de los conflictos geopolíticos, explicó); y en tercer lugar, tener capacidad de empresa.
Al-Kasim indicó que Noruega evitó la «maldición del petróleo» al no usar la ganancia petrolera dentro del país. Por el contrario, en la década de 1990 se creó un fondo donde inyectar la renta resultante de esa industria, pero que solo puede invertir fuera de fronteras.
El rol del regulador
Hoy Noruega tiene una sola empresa petrolera estatal, Statoil, que tiene una participación de 15% en el bloque marítimo que lleva adelante la francesa Total en aguas uruguayas y en el que empezó a trabajarse a fines de marzo. Las tareas en el pozo –sobre el cual también tiene participación la estadounidense Exxon Mobil, con 35%– se extenderán por 100 días, había explicado la empresa en ese momento.
Sobre las petroleras públicas, apuntó que tienen que competir con las mismas reglas de juego que las privadas. A su vez, hizo hincapié en el rol de regulador: «¿Quién va a confiar en un árbitro que empieza a patear la pelota?», se preguntó, para ilustrar que el ente que controla no puede tener una pata de negocios sino que ambas facetas deben recaer sobre actores diferentes.
Hacer un descubrimiento «comercial», advirtió al-Kasim, no garantiza el éxito, sino que la clave es lograr que los recursos sirvan al país, a las compañías petroleras, y que entre estos dos haya una buena sociedad.
En relación a las compañías internacionales del sector, el referente dijo que son necesarias y que proveen el capital de riesgo y el costo-eficiencia a través del benchmarking (punto de referencia) competitivo.
La recompensa que reciban estas firmas, añadió, debe «compensar» todos los riesgos que enfrentan en este negocio. La buena gobernanza de las fases de exploración y producción, sostuvo al-Kasim, debe ofrecer «mecanismos de flexibilidad controlados y transparentes» para lidiar con los elementos de riesgo, tanto a nivel de régimen fiscal como de los procesos de aprobación.
El régimen fiscal de un país no debe detener estos emprendimientos. La factibilidad de un proyecto debe ser la misma después de los impuestos a como era antes de ellos, explicó en este terreno. «Si no hacen esto van a matar al ganso que pone los huevos de oro», dijo el experto, alterando levemente el dicho.
Cosse: proceso noruego fue «serio»
La ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo que «los modelos no son copiables», pero que sí se debe estudiarlos para luego adaptarlos a la realidad local. «Noruega llevó adelante un proceso realmente serio, transparente, responsable, donde tuvieron una cantidad de descubrimientos descomunales de hidrocarburos y no se marearon con eso, actuaron con seriedad», añadió.
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5) La película Clever se retira de las salas de Grupocine por considerar que recibió un trato “injusto y deshonesto”
Débora Quiring (La Diaria)
Ya hace un buen tiempo que el medio cinematográfico uruguayo acusa de un trato desigual a las salas exhibidoras, sobre todo frente a las grandes producciones internacionales, generalmente estadounidenses, que coarta cualquier permanencia u horario razonable de las producciones nacionales en esas salas. En relación con esto, el año pasado el director Pablo Stoll afirmaba: “El fortalecimiento [del sector] es exigir a las salas que mantengan determinado tiempo en cartel a las películas nacionales, y eso sería generar políticas que, todavía, siguen siendo un gran debe”.
Lo antedicho viene a cuento de que hoy -a las 17.30- se producirá la última función de la película Clever (de Federico Borgia y Guillermo Madeiro) en las salas de Grupocine, debido a que su productora, Montelona Cine, considera que la película y el público “han recibido un trato totalmente injusto y deshonesto” en esas salas. El martes de noche, un comunicado de la productora Montelona Cine revolucionó las redes, cuando anunció que la película se bajaría de la cartelera de esa distribuidora, poco tiempo después de haberse estrenado. Su productor ejecutivo, Francisco Magnou, dijo a la diaria que, desde que presentaron el proyecto, Movie Center les “ofreció todo el apoyo, y dos horarios centrales”, mientras que Life Cinemas “la vio con cierto cuidado y explicó que, en un principio, la exhibirían en el horario de las 22.20. Pero, como le fue muy bien en la primera semana, a la siguiente nos ubicaron a las 20.00”.
En cambio, “Grupocine en ningún momento nos comentó el horario. Después de mucha insistencia a lo largo de tres semanas para conocer el horario de estreno, ya que necesitábamos comunicarlo, finalmente, 48 horas antes del estreno, nos informaron que el horario sería a las 22.45, marginando a la película de la posibilidad de un buen comienzo. Cuando intentamos contactarnos con ellos para conocer el porqué de esa decisión, nos respondieron que ese era un buen horario para una película de estas características, que respondía a un público más juvenil. La primera semana funcionó bastante bien, con un muy buen rendimiento tanto en Life como en Grupocine, donde figuraba entre las tres más vendidas de esos días, algo muy aceptable para el horario en el que estábamos”, añadió.
Según el comunicado de Montelona, durante la segunda semana, “sin previo aviso” y más allá “del buen rendimiento en un horario tan difícil para el público”, Clever se programó en Grupocine sólo a las 17.30, y “lo realmente grave sucedió el miércoles 4: cuando el público fue a ver la película a esa función se encontró con la desagradable sorpresa de que en Grupocine habían decidido no proyectarla, aunque esa función había estado confirmada en cartelera durante toda la semana. Al día siguiente, el informe de venta de entradas en esa sala marcaba cero. Ante nuestra consulta sobre qué había sucedido, Grupocine simplemente respondió que la película no vendió entradas”, cuando había un grupo de 15 personas que “se quedó en la puerta sin poder ver esa función que se decidió suspender sin ninguna explicación”. Magnou fue más allá y sostuvo que existía un acuerdo comercial en el que “éramos socios, pero si no hay una mínima cuota de confianza para poder creer en los datos que nos mandan, es imposible mantenerlo”.
Intereses y roles
El productor señaló que, más allá de su incomodidad, esto vuelve a poner sobre la mesa el complejo tema de que las salas asumen los roles de distribuidores y exhibidores, lo cual implica que “los realizadores uruguayos competimos con nuestros propios socios”. En otras palabras, “los intereses de las salas generalmente se corresponden con el cuidado de sus películas”, lo que, en cierta medida, podría explicar el cambio imprevisto de Grupocine, que ahora, en lugar de Clever, suma una exhibición más de Capitán América: Civil War.
Magnou también dijo que poco después del estreno, la productora que dirige se comunicó con el director del Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay (ICAU), Martín Papich, para plantearle que la programación en horarios poco atractivos le quitaba a Clever, “de entrada, la posibilidad de competir”, por lo que el ICAU “mostró cierta preocupación por la película” y el viernes se reunió con algunos directivos del Centro Cinematográfico del Uruguay (CCU).
En la página del ICAU se explica que el motivo de esa reunión fue conversar sobre la necesidad de establecer acuerdos formales que garanticen “mínimos de permanencia” de los films uruguayos en las salas y horarios iniciales para su trayecto comercial, “luego siempre sujetos al desempeño”.
Consultado por la diaria, Papich indicó que después de aquella reunión han vuelto a mantener contacto telefónico con el CCU. “Hay una transmisión de la preocupación”, aseguró, y no “de lejos”, sino tomando partido para solucionar la situación, más allá del problema específico de Clever. “Es tener las vacunas vigentes”, graficó, y agregó que la respuesta del CCU había sido bastante positiva, considerando que “todo el mundo sabe y conoce cuál es el abanico de posibilidades: de un ambiente desregulado a otro regulado hay toda una escala. Eso fue lo que planteé a principio de año, y seguimos cerca de esto. Hoy la situación es la que tenemos, pero nada indica que vaya a ser así para siempre. Si hay datos de la realidad que indican que tenemos que sumar un acuerdo que establezca compromisos escritos del cumplimiento de ciertas garantías para la producción nacional, se puede hacer. También se puede, no llegado ese punto, adoptar otro tipo de normativas que existen a nivel internacional, de modo que si no hay acuerdos se buscarán otras posibilidades”, aseguró.
Magnou, por su parte, recordó que el ICAU cuenta con potestades para regular el mercado, y que las salas de cine en Uruguay “están amparadas por una cantidad de beneficios por, supuestamente, ser una actividad cultural. Eso les genera muchos beneficios fiscales, pero, a su vez, su manejo de las salas es netamente económico. Y todas sus ecuaciones son en virtud de los números, no de los valores culturales que puedan presentar los contenidos”.
Libre mercado
En cuanto a la reiteración de estos hechos (uno de los casos más sonados se dio con El padre de Gardel -2014-, de Ricardo Casas), el responsable de Montelona apuntó que no se trata de problemas de “acuerdo entre privados”, porque “los exhibidores son distribuidores, y ahí existe un oligopolio de tres empresas [Movie, Life y Grupocine] que son las que tienen todas las salas importantes del país. Que, además, están asociadas con los grandes estudios, y son las distribuidoras de esos estudios en Uruguay”, de modo que “no sólo el productor uruguayo compite con Hollywood, sino que además se suma lo ridículo, cuando te dicen ‘vos vendiste 40 entradas y Capitán América 200, ya que a Capitán América la pasaron cinco veces y a Clever, una’, así que la relación no es proporcional a cuántas personas fueron por función”.
Para Magnou, hace tiempo que el ICAU debería haber tomado una postura mucho más firme, “cuidando tanto los procesos de producción como los de exhibición. El tema es cuando se deja que el mercado se regule a sí mismo. Los productores no tienen ninguna herramienta para negociar con las salas para protegerse de ellas, y ni siquiera para competir en igualdad de condiciones”, lamentó el productor de esta película, que cuenta la historia de un profesor de artes marciales y un fisicoculturista unidos por el tuning, una trama que se distancia de lo presuntamente típico en el cine uruguayo.
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