1) La múltiple discriminación de las madres solas
2) Desigualdad de género en Latinoamérica
3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”
4) Las sospechosas de siempre
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 545 / Lunes 18 de diciembre de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) La múltiple discriminación de las madres solas
Más de la mitad de las mujeres al frente de una familia monoparental son pobres, lo que termina por nutrir aún más la pobreza infantil
Rosana Saiz Villar (CTXT)
El dato habla por sí solo: más de la mitad de las mujeres responsables de familias monoparentales o madres solas son pobres, y con ellas sus hijos e hijas, y la mayoría de ellas no trabaja o lo hace en condiciones altamente precarias. La normativa a este respecto es insuficiente, no específica y no atiende a las peculiaridades, necesidades y demandas más significativas de estas mujeres y sus familias.
El contexto de crisis económica que venimos arrastrando ha complicado aún más su situación de precariedad, vulnerabilidad y exclusión, ahondando en la ya antigua y progresiva feminización de la pobreza, una feminización que acaba afectando a los menores que están a su cargo, y que alimenta y cronifica la espiral de pobreza y exclusión social en que están inmersas.
Según el Instituto de la Mujer, el 88,6% de las familias monoparentales están encabezadas por la figura materna, frente al 11,4% de hombres. De modo que nos encontramos de entrada ante una discriminación dual: la que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, y la que añade el hecho de conformar una familia de carácter monoparental. Como consecuencia de esta desigualdad y discriminación surgen brechas salariales injustificables, grandes problemas para acceder al empleo y para permanecer en él, pésimas condiciones laborales, economía sumergida, dificultades en los procesos de promoción, formación y reciclaje y, cómo no, el desempleo. Con este panorama tan poco alentador, el fenómeno de feminización de la pobreza se agranda, se agrava y, como consecuencia inmediata, acaba nutriendo la pobreza infantil. La envergadura de este problema viene siendo denunciada en diferentes informes de Save the Children (2015), UNICEF España (2014) o EAPN (2017), entre otros, y ha sido el foco de atención en un buen puñado de recomendaciones de organismos internacionales, en especial de la Unión Europea.
Desde el punto de vista de las políticas de empresa, se continúa discriminando a la mujer, más aún si es madre sola, ya que el empresario prejuzga su situación y acaba considerando, en no pocas ocasiones, que no va a ser capaz de atender a su familia y, al mismo tiempo, desempeñar el trabajo correctamente. Según la Fundación Adecco, el estigma social de las madres solas es aún muy considerable y se sigue observando prejuicios y falsas creencias en el seno de las empresas; así, se tiende a creer sin fundamento que su compromiso con la organización será menor, cuando lo cierto es que estas mujeres “desean trabajar y aportan fidelidad, estabilidad y motivación, valores que se convierten en garantía de éxito en el desempeño del puesto”.
El papel de los convenios colectivos
En el marco de nuestro trabajo de investigación (Workforall Project), se ha llevado a cabo un estudio específico, titulado Discriminación laboral de las mujeres responsables de familias monoparentales, en el que se analiza la Ley Orgánica de igualdad entre hombres y mujeres, la normativa sobre conciliación de la vida laboral y familiar, el Estatuto de Trabajadores, los convenios colectivos, así como los planes de empresa a fin de constatar objetivamente la discriminación que sufren las madres solas y subrayar la necesidad de contar con una legislación acorde a las demandas y la realidad de estas familias en el contexto actual.
Dado que, como hemos comentado, la situación de las familias monoparentales implica y atañe en mayor medida y de manera especial a las mujeres, resulta imprescindible la perspectiva de género en su consideración, tratamiento e intervención.
La principal particularidad de las fuentes del Derecho del Trabajo es el convenio colectivo y su fuerza vinculante; sin embargo, la Ley orgánica 3/2007 de igualdad ha querido otorgar un papel importe a los representantes de los trabajadores en materia de igualdad; entre sus facultades estarían la negociación con el empresario, información, consulta, vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, colaboración para implantar medidas de conciliación, así como la prevención y represión del acoso sexual y moral por razón de sexo y la información a sus representados.
Sin embargo, a pesar de que los convenios colectivos estatales de sector hacen referencia en muchas ocasiones a cláusulas genéricas que intentan respetar el principio de no discriminación, en los casos analizados no dejan de mostrarse como medidas de buena voluntad que bien pudieran cumplir una labor de sensibilización pero que en la práctica poseen poca repercusión normativa, y, por ende, no están surtiendo efecto.
En relación con la distribución de la jornada y la organización del trabajo, la negociación colectiva de sector la atribuye en todos los convenios colectivos estudiados al empresario, sin tenerse en cuenta ninguna medida específica de conciliación para las mujeres. Las familias monoparentales, por su parte, no son tenidas en cuenta, ni mencionadas, ni tan siquiera con intención de visualizarlas. Por tanto, los avances en este ámbito y para estas mujeres son nulos.
Los convenios colectivos de empresa analizados reflejan aún menos avances en este sentido, ya que el proceso regulador sobre igualdad y conciliación es menor que en los convenios colectivos del sector, con un panorama todavía peor en lo que se refiere a las madres solas. Con respecto a los planes de igualdad, en aquellas empresas obligadas a ponerlos en marcha, todos los casos analizados han reproducido estrictamente, en total o en parte, lo que indica la ley.
En definitiva, los convenios colectivos de sector no están obligados a la negociación de los planes de igualdad, con lo cual estos remiten a los convenios de empresa, que, o no mencionan nada, o se remiten a la ley, o, para aquellas empresas obligadas, delegan en los planes de igualdad, los cuales a su vez se llenan de medidas programáticas y de buena voluntad, de información, concienciación, etc. Se trata, como puede observarse, de un círculo vicioso del que resulta imposible salir. Y dentro de todo ese complejo proceso, las madres solas, pese a ser un grupo vulnerable, y desoyendo las recomendaciones de la UE y otros organismos internacionales, no son consideradas por la normativa laboral en ninguna de sus fuentes.
Por todo lo señalado, consideramos necesaria una ley estatal sobre estos nuevos modelos familiares que considere de manera integral y específica sus características, necesidades y demandas actuales. La ley debería partir de los principios fundamentales recogidos en la Constitución española y desarrollar normativamente toda una serie medidas que contemplen, en primera instancia, la naturaleza actual, distintiva y plural de estas estructuras familiares: la responsabilidad de cuidado, atención y crianza de los hijos centrada en una única persona. La evolución socio-histórica y la realidad actual han propiciado que esta responsabilidad única recaiga principalmente en las mujeres. En ese sentido, la ley estatal debería partir y contemplar la cuestión laboral como eje central sobre el que desarrollar medidas que den respuestas efectivas a las necesidades de estas mujeres y sus hijos. Estas medidas, sustentadas en la perspectiva de género, deberían diseñarse desde la integralidad y la transversalidad, con el objetivo final de hacer real la inclusión social plena de estas familias.
Para ello se propone la implementación de medidas que contemplen y hagan posible la no discriminación laboral, con todo lo que ello implica en la introducción de cambios significativos en materia normativa laboral: cláusulas sociales para entidades del tercer sector social que desarrollen proyectos de apoyo e intervención social con este tipo de familias; medidas de sensibilización y bonificación para las empresas que contraten a estas mujeres; medidas que pongan en marcha estrategias activas de empleo que desarrollen las habilidades y competencias de las madres solas y mejoren su empleabilidad; programas formativos específicos pre-laborales y de reciclaje profesional; programas personalizados de inserción socio-laboral; medidas de conciliación laboral y familiar concretas, flexibles y adaptables a las circunstancias específicas de cada familia; medidas de coordinación de los servicios sociales y servicios de empleo para generar dispositivos integrados que actúen atendiendo a las necesidades y demandas de estas familias de una manera rápida y sostenida en el tiempo; programas de apoyo educativo para acompañar, asesorar y tutorizar a los hijos en cada nivel formativo; medidas que faciliten el acceso y el uso de calidad de los servicios sanitarios (con especial atención al seguimiento pediátrico de los menores); medidas de acceso y utilización de viviendas adaptadas a sus necesidades específicas (proximidad a los colegios y centros sanitarios, etc.) y que les proteja en caso de impagos y desahucios; medidas de fomento de redes sociales y participación social en la comunidad; medidas fiscales que contemplen las distintas necesidades, perfiles y momentos por los que atraviesan estas familias.
En definitiva, una ley estatal que se desarrolle y se aplique en todo el territorio nacional, haga efectivos en la práctica los principios de igualdad y no discriminación, y establezca las herramientas jurídicas necesarias y suficientes para que estas familias dejen de ser contempladas como grupos vulnerables.
-Rosana Saiz Villar, investigadora de Workforall Project, Universidad de Oviedo.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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2) Desigualdad de género en Latinoamérica
Si eres hombre te pago 15, si eres mujer te pago 10
Lucía Converti (CELAG)
El Foro Económico Mundial elabora desde 2006 un informe anual[1], que evalúa la diferencia de género existente en cada país (fueron evaluados 144 países en el último informe). Con estos datos elabora un índice que cruza variables tanto de ingresos como de participación y oportunidades, educación, empoderamiento político, salud y supervivencia. Para el 2017 el informe muestra una brecha de desigualdad promedio de 68 %, sin embargo, este índice disminuye a 58 % cuando se considera el subíndice relacionado con la participación económica y las oportunidades.
En el análisis de temas económicos, el indicador de desigualdad del ingreso es uno de los más importantes para evaluar cómo se distribuyen los recursos en las sociedades que estudiamos y sus posibilidades de desarrollo. La desigualdad de género, sin embargo, no se utiliza con tanta frecuencia. Su estudio es mucho más frecuente en el campo de la sociología, la ciencia política o la antropología, aún cuando el tema se supone parte de la agenda económica regional desde hace cuatro décadas.[2]
Esta nota evidencia la importancia que la desigualdad de género ejerce sobre la estructuralidad de la pobreza en la región. Es importante aclarar que se hará énfasis en la diferencia entre el género femenino y masculino exclusivamente, sin embargo, la desigualdad se extiende y hasta se agrava si se considera otras identidades de género. Asimismo, se estudiará la desigualdad de género en el ámbito laboral, dejando pendiente el análisis de otras desigualdades existentes.
Las cifras de la desigualdad
Del total de la población en edad de trabajar, el 52,1 % son mujeres. Sin embargo, sólo la mitad trabaja o está buscando trabajo y del total empleado solo el 41,1 % son puestos ocupados por mujeres[3].
En el mercado laboral, los varones cobran 50 % más que las mujeres.[4]
El 53,7 % de las mujeres tiene un empleo informal mientras que los varones llegan hasta un 47,8 %.
Mientras que el 22,8 % de las mujeres tienen trece o más años de educación, solo el 16,2 % de los varones alcanza o supera este resultado, sin embargo, el 78,1 % de las mujeres ocupadas trabajan en sectores de baja productividad y tienen poco acceso a los cargos de mayor jerarquía.[5]
El 26 % de las mujeres mayores de quince años reciben como remuneración menos de un salario mínimo.[6]
El desempleo de las mujeres alcanza el 9,1 %, mientras que la de los varones es de 6,3 %.[7]
La proporción de mujeres sin ingresos propios (es decir, sin trabajo ni trasferencia del estado) asciende a un 28,9 % en 2014[8].
Teniendo en cuenta estos números puede entenderse el fenómeno de feminización de la pobreza. Mientras que ésta cayó de un 43,9 % en 2002 a un 28,2 % en 2014, el índice que mide la proporción de mujeres que viven en hogares pobres aumentó 1,1 puntos entre 2002 y 2013[9]. Esto ocurrió especialmente en los países de mayor ingreso per cápita (Argentina, Chile y Uruguay).
Una sociedad hecha a la medida de los varones
Así como podemos definir al sistema económico en el que vivimos como capitalista, debemos definir a nuestras sociedades como patriarcales. Se entiende como sociedad patriarcal aquella en la que los varones dominan a las mujeres.
A este dominio se debe que la mujer esté un 40 % menos escolarizada en la etapa preescolar que los varones, siendo discriminada desde su educación, en la niñez, hasta en el trabajo, en su adultez. Esta discriminación se ve reflejada, como muestran las cifras mencionadas, en el bajo nivel de acceso al trabajo, en la desigualdad de remuneración por igual trabajo, en el tipo de trabajo y en el nivel de precarización. Cada una de estas formas de discriminación se acentúa si son mujeres trabajadoras rurales, indígenas, afrodescencientes o migrantes.
Debido a la división sexual del trabajo establecida internamente en nuestras sociedades existe un tipo de actividad donde la mujer se inserta mayoritariamente. Este trabajo es el relacionado con el cuidado del hogar y de la familia. Según la OIT (2012), el mismo concentra el 15,3 % de la ocupación femenina en el mercado de trabajo.
En la mayoría de los países la legislación laboral a la que están sujetas las empleadas domésticas es más limitada que las que regulan el resto de las actividades asalariadas, dejando a esta actividad prácticamente por fuera de los derechos laborales. Esto evidencia el desprecio social y económico que se asigna a esta ocupación. Sin embargo, en Ecuador, por ejemplo, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados alcanza el 15,2 % del PIB, compitiendo con cualquier actividad económica del país.
Asimismo esta ocupación no sólo la ejerce el 15,3 % de las mujeres mal remuneradas por esta labor, sino también el resto. La equidad en el trabajo doméstico en el hogar, aún deja mucho que desear.
Un estudio realizado en 2014, en cinco países de la región, demostró que la suma de la cantidad de horas remuneradas y las no remuneradas (dedicadas al cuidado y la reproducción del hogar) es mayor en las mujeres que en los varones. En algunos países la cantidad de horas de trabajo no remunerado es equivalente o mayor a una jornada laboral completa, y estas siguen concentradas en manos de las mujeres de la familia.
Siguiendo con esta línea, el 30 % de las mujeres que no tienen ingresos también dedican su tiempo al trabajo no remunerado en el hogar. Esa condición libera a la mujer de la suma de ambos trabajos pero condiciona su libertad, pues se genera una subordinación y dependencia del varón que limita su capacidad de decidir cómo o con quién vivir, lo que las hace más vulnerables al abandono del jefe del hogar e incluso a la violencia.
Estas mujeres representan el porcentaje de población más vulnerable a caer en la pobreza o incluso en la indigencia de un momento a otro. A la vez, esta condición de vida – tanto en la pobreza del abandono como en la de la violencia- se extiende a los hijos, lo que reproduce el círculo de exclusión y vulnerabilidad social.
Conclusiones
Los números presentados reflejan una fotografía estática: la brecha de desigualdad está cerrándose continuamente, debido a las constantes luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos en igualdad con los de los varones. De no poder estudiar a ir a la universidad libremente y compartir aula con los varones hay un gran paso, pero las diferencias persisten y si se mantienen en la invisibilidad de lo “natural” y no se observan sus consecuencias, se limita el avance.
En la última década la brecha disminuyó, pero también volvió a agrandarse en cada crisis o caída de la actividad, situación que refleja lo casual y no del cambio. La condición de doble opresión que viven las mujeres del mundo y de la región, es un problema estructural ya que son las prácticas cotidianas las que estigmatizan y discriminan.
Según el foro mundial global la paridad se alcanzará en cien años, pero el año pasado eran ochenta y siete. Es esencial avanzar en la aplicación de políticas públicas con perspectiva de género para poder combatir efectivamente la pobreza y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria en el menor tiempo posible.
Notas:
[1] The Global Gender Gap Report 2017, Foro Económico Mundial.
[2] Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres en Naciones Unidas.
[3] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONU Mujeres y OIT en noviembre de 2013.
[4] La matriz de la desigualdad social en América Latina. CEPAL, 2016.
[5] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[6] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[7] “Trabajo Decente e igualdad de género” elaborado conjuntamente por CEPAL, FAO, PNUD, ONUMujeres y OIT en noviembre de 2013.
[8] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
[9] Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible, CEPAL, Octubre 2016
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Lucía Converti, @ConverL, investigadora CELAG.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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3) Graciela Rodríguez, activista brasileña: “La desigualdad de género es estructurante del mercado laboral”
Mariana Carbajal.(Página 12)
“El feminicidio en Ciudad Juárez es un producto de la globalización financiera”, sostiene la activista brasileña Graciela Rodríguez y explica esa relación en una entrevista con Página/12. Integrante de la Red de Género y Comercio, Rodríguez fue pionera en analizar y denunciar en la región el impacto diferencial del libre comercio en la vida de las mujeres y en particular en advertir cómo configura las violencias que las afectan. Fue una de las oradoras del Foro Feminista frente al Libre Comercio, que se realizó en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y cerró con una conmovedora asamblea de mujeres, lesbianas y trans.
En diálogo con este diario, Rodríguez destacó la importancia de la perspectiva feminista para analizar el tema, frente a otras miradas más tradicionales, “porque tiene una visión del trabajo, que es ampliada, que incluye el económico y remunerado, el invisible, el informal. Justamente la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres tiene que ver con eso, con esa nueva perspectiva del trabajo, que nos da una explicación mucho más acabada de cómo el capital crea mecanismos de control”, señaló la activista, que también forma parte de la Articulación de Mujeres Brasileras y del Instituto Equit, de Río de Janeiro, que trabaja por los derechos de las mujeres.
Al ser consultada sobre la decisión del Gobierno de Cambiemos de rechazar el ingreso al país y deportar a activistas que viajaban a la Argentina para participar de las actividades paralelas a la cumbre de la Organización Mundial del Comercio, la brasilera fue muy crítica: “Ha sido una actitud absolutamente autoritaria del gobierno argentino pero no ha sido una decisión aislada. En esta ola neoliberal conservadora que estamos viviendo, es una punta de lanza para disminuir la participación de la sociedad civil en los espacios multilaterales, donde hemos logrado influir con nuestras posiciones”, denunció.
En América Latina, la apertura comercial y la inserción subordinada en la globalización profundizaron las desigualdades de género, sostiene Rodríguez: se instalaron industrias que utilizan trabajo precario preponderantemente femenino, como las maquiladoras, al tiempo que las privatizaciones redujeron la calidad de los servicios públicos y obligaron a las mujeres a extender aún más sus dobles jornadas de trabajo.
-¿Cómo se involucró con esta temática?
-Empecé a trabajar con el tema de la violencia hacia las mujeres en una organización feminista en Brasil a finales de los ’80 y decidimos analizar el tema de las políticas económicas porque nos dimos cuenta de que la situación de las mujeres estaba ligada a su desigual incorporación al mercado de trabajo. Nos fuimos dando cuenta de que las desigualdades de género como las de raza son estructurantes del mercado de trabajo, porque son eficientes y funcionales al capital. Y al ser funcionales nos hemos dado cuenta que había que meterse a pensar las políticas macro, las negociaciones internacionales de comercio, de inversiones, para ver cómo eso tenía impacto en la vida de las mujeres y en esa situación de fortalecimiento de la desigualdad como un elemento del beneficio de las empresas. Y en la globalización se vio claro, cada vez se fue poniendo más evidente. Usaban a la mano de obra para bajar la tasa salarial, porque era más barato contratar mujeres o gente discriminada, en algunos países las personas negras, en otros de alguna etnia. Fuimos viendo como eso iba definiendo el mercado. Nos fuimos incorporando por ahí. Estuvimos primero en la negociación contra la incorporación al ALCA, contra la OMC después. Fuimos parte de la creación de la Red de Género y Comercio, que fue muy activa en los años en que fueron parando las negociaciones de la OMC en 2009.
-¿Por qué relaciona la globalización del comercio con los feminicidios en Ciudad Juárez?
-La globalización financiera trajo la incorporación de grandes contingentes de mujeres al mercado de trabajo en México, China, Indonesia, India. El caso de México en la maquila ofrece un ejemplo muy evidente de lo que ha sido el impacto de la liberalización comercial. Esta liberalización fue imponiendo una migración de las personas del área rural hacia otros lugares buscando empleo, hacia asentamientos urbanos o Estados Unidos, desagregando los tejidos sociales de las comunidades rurales, campesinas, indígenas y en el caso de las maquilas, particularmente, llevando a las mujeres a esos territorios sobre todo del norte del país, en donde están aisladas, separadas de sus comunidades y su entorno de seguridad y expuestas a vulnerabilidades. El feminicidio fue un producto de ese fenómeno, se dio en esos territorios, y se dio por la expansión del libre comercio que destruyó la producción agraria. Mexico pasó de ser exportador de maíz a ser importador de ese mismo producto de EEUU. Y destruyó los tejidos sociales. Esa es la relación que pensamos.
El foro y la asamblea feminista fueron parte de la Cumbre de los Pueblos, que sesiona en paralelo con la XI Reunión Ministerial de la OMC. Rodríguez participó del panel “Las tramas de la violencia económica y el impacto del libre comercio”, junto a la uruguaya Alma Espino, de la Red de Género y Comercio – CIEDUR y las argentinas Corina Rodríguez Enríquez, investigadora del CIEPP-CONICET y Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era (DAWN, por sus sigla en inglés) y Verónica Gago, investigadora del Conicet, docente de la Unsam e integrante del Colectivo Ni Una Menos.
-¿Por qué este foro feminista en el marco de las discusiones de la OMC?
-Estuvimos discutiendo justamente cuánto tiene que ver la OMC con nuestras vidas, con la vida cotidiana de la gente y particularmente de las mujeres. El tema de la producción alimentaria y de la soberanía alimentaria, o sea la capacidad que tienen los países de garantizar la llegada de alimentos de calidad a la mesa de las personas, es un tema que está extremamente afectado por las negociaciones de la agricultura de la OMC. Este tema ha sido el más central. Porque se le viene prometiendo a los países desarrollados una solución, frente a la falta de apoyo que tiene y que no puede tener –por las reglas de la OMC—la agricultura de los países más pobres. Este tema está profundizando la desigual distribución del trabajo en el mundo, la migración de millones de personas de los territorios más pobres de África, Asia, India, América latina, hacia los países del norte, con toda la problemática que eso significa. Pero ahí no terminan. En la OMC se negocian todos los temas de servicios, y ahí tenés millones de cuestiones, los servicios de acceso a agua, a la educación, a la salud, telecomunicaciones, turismo, transporte, servicios financieros. Algunos hablan de servificación de la economía, en el sentido de que cada vez más son los servicios los que ocupan gran parte del PBI de los países, entre el 60 y el 80 por ciento de las economías están destinadas a un conjunto de los servicios. De alguna forma eso feminiza el mercado de trabajo porque los servicios tienen mucha presencia de mano de obra femenina. Ya el empleo y el salario está siendo cada vez menos importante como categoría de inclusión al mercado y está siendo mucho más relevante todo el aspecto de financierización extendida de la vida cotidiana de las personas y su endeudamiento. Hablamos también de los flujos ilícitos de capital que también están proponiendo gran parte de los entretejidos de esta vitalidad económica que tienen los territorios y que está impactando directamente en las mujeres.
-¿A qué se refiere?
-Un ejemplo es lo que está sucediendo en Rio de Janeiro donde el tráfico de drogas y toda la circulación de ese recurso ilegal ha cambiado la cara de la economía local con el apoyo también del lavado de flujos ilícitos que hacen las iglesias pentecostales de mercado, como las llamo, que en alianza han creado toda una perspectiva económica muy activa en las favelas. Y tiene importancia cómo impactan en la vida de las mujeres, en las violencias que ellas sufren, en las redes de trata.
-¿Qué otros temas no se pueden dejar afuera?
-La expansión agrícola en la Amazonia o la Patagonia argentina, que impone una lucha de resistencia de los pueblos indígenas, que son los que han conservado esos territorios, vinculada a la especulación inmobiliaria y de tierras que tienen que ver con los agro-negocios. Le ves la ligación a todo. Otro tema que no se puede dejar afuera en esta negociación de la OMC es el debate sobre el comercio electrónico y esa discusión también tiene que ser central para pensar cómo se expande la sociedad del control de los datos de la población. Está en juego cómo se crean reglas para esa liberalización que en la práctica significa las grandes empresas transnacionales que tienen el control Amazon, Apple, Facebook Microsoft y Google y hay que mencionar también a la plataforma de comercio on line china Alibaba. Los datos van a ser el nuevo petróleo de la economía mundial, como dicen algunos economistas. ¿Cómo le impacta a las mujeres? Hasta lo ahora hemos estudiado relativamente poco. Vemos que las mujeres tienen un dominio digital menor y esto significará ampliar la brecha de desigualdad de las mujeres pero tenemos que empezar a hilar más fino.
-¿Cuáles son las alternativas en este escenario de Latinoamérica con gobiernos que giran a la derecha?
-Pensar las alternativas es muy complejo porque hay todo un debate sobre las posibilidades de transición, cómo disputarle al capital esta mercantilización de la vida. Mucha gente la está encontrando al salir de los circuitos, otros lo piensan en controlar a las corporaciones o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estamos en un momento histórico civilizatorio donde es importante decir cómo el capitalismo se ha separado de cualquier regulación que lo controle y está autonomizando su forma más salvaje. Hay otros que pensamos que dentro del capitalismo no hay solución para este tema. ¿Cómo haces para construir procesos alternativos? Creo que el feminismo tienen mucho que aportar: nuestra posición viene a partir de la sustentabilidad de la vida y de un trabajo pensado en términos amplios y en cuestionar la división sexual del trabajo. Tenemos que disputar mucho ahí. Pero va a ser un trabajo arduo. No va a ser de un día para el otro.
COMCOSUR MUJER Nº 545 – 18.12.17
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4) Las sospechosas de siempre
Entre las múltiples agresiones enfrentadas por las mujeres, está esa duda constante…
Carolina Vásquez Araya (Rebelión)
Tenía 18 años y un embarazo complicado. Doloroso y cargado de riesgos. Mi médico luchó por evitar un aborto, pero al final terminó llevándome al hospital a punto de morir desangrada. Era finales de los años sesenta en un país conservador apegado a la iglesia como la manera más sólida de validar sus prejuicios, y las instituciones del Estado no se libraban de esa visión fundamentalista. Recuerdo muy bien la mirada de la enfermera que me recibió en la sala de emergencia: dura, inclemente, acusadora, cargada de desprecio… “¿te lo provocaste, jovencita?”. La rabia y la impotencia de la agresión en un momento tan crítico para una mujer como es perder un embarazo, es inimaginable. La imposibilidad de defenderse cuando estás más vulnerable que nunca y dependes de otros, de su atención profesional y objetiva, de su empatía, de su sensibilidad humana, se agolpa en la garganta impidiendo pronunciar palabra.
Recordé este episodio casi olvidado pensando en cuánta violencia enfrentan las mujeres en Guatemala y otros países de la región y el mundo, en todos los estadios que rodean su vida sexual y reproductiva. Víctimas de un sistema patriarcal tan inclemente y duro como la enfermera de mi historia, cualquier manifestación relacionada con su capacidad reproductiva es objeto de duda y desconfianza. Las mujeres somos sospechosas desde el nacimiento y, a pesar de cuánto hemos avanzado en la defensa de nuestros derechos, esa nube gris posada sobre nuestra cabeza permanece inalterable. Es así como miles de mujeres alrededor del mundo sufren condenas de prisión por haber abortado, no importando si la pérdida fue voluntaria o espontánea, porque la culpa se instala a priori sin mayor investigación.
Este castigo, injusto pero tolerado por amplios sectores de la sociedad, se aplica con especial saña contra las mujeres más pobres, aquellas cuya falta de información y acceso a los servicios de salud y educación las condenan al silencio y a la resignación. Para ellas hay violencia incluso cuando dan a luz, porque ese procedimiento se realiza en las condiciones sanitarias menos apropiadas, enfrentando en cada parto un peligro de muerte. El Estado, cuya obligación es proporcionarles una atención digna y adecuada, está ausente para la mayor parte de ese sector de escasos recursos y, por ende, condenado a embarazos y partos de alto riesgo.
La actitud de desconfianza está también firmemente instalada en el momento de denunciar una violación sexual, favoreciendo la impunidad de quienes cometen este vil crimen contra niñas, niños y mujeres adultas. Considerada por algunos como “una falta” cometida bajo la influencia del alcohol, las drogas o el “entusiasmo del grupo”, la violación sexual representa una de las mayores amenazas contra la integridad física y psicológica de millones de mujeres alrededor del mundo. Sin embargo es a ellas a quienes se les exige revivir el episodio una y otra vez, ilustrando los detalles de su dramática experiencia frente a policías, investigadores y juzgadores insensibilizados por un sistema permisivo y machista.
Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido ignorados de manera deliberada por aquellos Estados sometidos a las presiones de la iglesia, pero sobre todo aliado de un sistema político y económico que mantiene a la población en la ignorancia, desinformada y sumisa con el fin de impedirle alcanzar el empoderamiento ciudadano indispensable para exigir el respeto de todos sus derechos. En este escenario, las mujeres enfrentan la doble tarea de romper los estigmas y demandar justicia.
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Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com
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