1) Fiscal de Corte cuestionó la sentencia de la SCJ sobre torturas y aseguró que incumple normas y fallos internacionales
2) Científicos: Aguerre usa "argumentos técnicamente equivocados para justificar" la Ley de Riego
3) FFOSE prepara recurso de inconstitucionalidad sobre Ley de Riego
4) Fiscal pidió el procesamiento de Francisco Sanabria por lavado de activos
5) Abuso policial en Cruz de Carrasco: nadie quiere esta policía
6) Los nombres del gobierno que aparecen en varios casos que favorecen a Casal
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2150 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 3 de noviembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Fiscal de Corte cuestionó la sentencia de la SCJ y aseguró que incumple normas y fallos internacionales
Natalia Uval (La Diaria)
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ) fue nombrada en forma recurrente ayer durante el seminario parlamentario “La Justicia internacional: herramienta fundamental para el desarrollo sostenible en las sociedades pacíficas e inclusivas”, que organizaron en conjunto la Cámara de Representantes de Uruguay y el grupo de Parlamentarios para la Acción Global (PAG).
Durante la actividad se habló del Estatuto de Roma, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman y de otras resoluciones y normas que, a entender de varios de los panelistas, la SCJ incumplió o ignoró en su sentencia de la semana pasada, cuando sostuvo que los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar no pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad.
“Uruguay tiene la costumbre de ratificar cuanto convenio internacional anda por la vuelta. Es una buena costumbre, […] pero el tema es la aplicación de esos instrumentos”, comenzó por señalar el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Recordó que en 1985 Uruguay ratificó la Convención Americana, por unanimidad, en el Parlamento, y luego, sin estar obligado a ello, reconoció la jurisdicción de la CIDH, pero el problema sobrevino a la hora de la aplicación.
“Durante mi experiencia de 20 años como juez, conocí jueces que decían: ‘acá [en ese juzgado] no se aplica el pacto de San José de Costa Rica [la Convención Americana]’”, contó Díaz. Además, cuestionó la última sentencia de la SCJ, que declaró inconstitucionales los artículos 2º y 3º de la ley interpretativa de la ley de caducidad, que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad para un caso de torturas cometidas durante la dictadura en el Regimiento de Caballería Nº 5 de Tacuarembó.
“La jurisprudencia de la SCJ no aplica la Convención Americana de Derechos Humanos y no cumple con el fallo de la CIDH”, sostuvo Díaz. El fiscal de Corte afirmó que hasta tanto los operadores judiciales “no entendamos que hay cosas que sí o sí rigen y que no se pueden plebiscitar, seguramente no habremos avanzado lo suficiente”. “Los tratados internacionales de Derechos Humanos son de cumplimiento preceptivo”, insistió.
Luego, en diálogo con la diaria, Díaz recordó que la sentencia del caso Gelman obliga al Estado uruguayo a reparaciones particulares a los demandantes, pero también a reparaciones generales. “Hay obligaciones que son generales para todos los casos de derechos humanos, así lo dice expresamente la Corte. Concretamente, dice que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el pasado no son aplicables las normas de prescripción y de caducidad, de cosa juzgada ni de ningún otro tipo, que impidan la persecución penal. Por tanto, esta es la posición de la Fiscalía y es la posición que Uruguay como Estado –porque el Estado no es sólo el Poder Ejecutivo, es todo el Estado uruguayo– está obligado a cumplir, y yo entiendo modestamente que no se está cumpliendo, en tanto la SCJ entiende que hay delitos que están prescriptos”, sostuvo.
Díaz aseguró que en su carrera judicial escuchó a juristas decir que la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene valor de ley, “cuando hoy está fuera de toda discusión que los derechos humanos consagrados allí tienen por lo menos rango constitucional”. Y comentó que Uruguay “no siempre ha estado tan avanzado como muchas veces se cree”.
En tanto, la diputada frenteamplista Macarena Gelman, presidenta del grupo nacional del PAG, evaluó que el mayor desafío no es la ratificación de los convenios internacionales, sino su implementación en los estados, y consideró que la sentencia de la SCJ no entiende la importancia de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos.
Fiscalía especializada
Díaz dijo a la diaria que mañana dictará el acto administrativo que constituye la fiscalía especializada en Derechos Humanos, que fue aprobada por el Parlamento la semana pasada. A su cargo estará la fiscal Ana María Tellechea. El jerarca agregó que se está buscando la forma de “reforzar” a la fiscalía en términos de recursos humanos. Destacó que Tellechea es la fiscal que tiene actualmente “la gran mayoría de los casos” vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, por lo que este cambio no generará demoras en la tramitación de los juicios.
En tanto, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, elogió la acción de la CIDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque les dio la posibilidad a las víctimas “de reclamar a los estados la justicia que les era negada”.
También destacó el rol que jugó la CIDH al emitir sentencias condenatorias de las leyes de impunidad en los distintos países. “Estos pronunciamientos oficiaron de guía para pronunciamientos judiciales posteriores y llevaron a modificaciones en las normativas internas”, resaltó Mota.
Sobre la actuación del Poder Judicial en Uruguay, afirmó que es “grave” que la acción judicial sea “obstaculizada”, pero también lo es “que se les niegue carácter de delitos de lesa humanidad” a los crímenes cometidos durante la dictadura. Sostuvo que la falta de eficiencia en la tramitación de las causas “es una forma de impunidad”, y cuestionó la ausencia en las sentencias judiciales “de un relato sobre la causa de muerte de los detenidos”, así como de medidas de reparación para las víctimas.
En cuanto a la sentencia de la SCJ, señaló que “si bien no es novedosa la posición, resulta preocupante que el máximo órgano del Poder Judicial persista en afirmar que los delitos cometidos durante la dictadura no son delitos de lesa humanidad”.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
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2) Científicos: Aguerre usa "argumentos técnicamente equivocados para justificar" la Ley de Riego
(Montevideo Portal)
La Ley de Riego aprobada en nuestro país, que propone realizar embalses y almacenar el agua para desde allí regar, continúa enfrentando al ministro de Agricultura, Tabaré Aguerre, con la comunidad científica y los ambientalistas de nuestro país.
Semanas atrás, la Sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias advirtió que la creación de estos embalses puede provocar no solamente pérdida de biodiversidad de flora y fauna, y de hábitats terrestres, sino que aumentarán el riesgo "de que se desarrollen floraciones algales y de cianobacterias potencialmente tóxicas", en momentos en que la calidad del agua uruguaya está en una situación delicada.
El viernes pasado, en un encuentro sobre conciencia agropecuaria, el ministro Tabaré Aguerre defendió la ley al asegurar que se tiene "falta de conciencia agropecuaria" cuando hay oposición a una ley que "promueve, facilita, estimula las construcciones que van a hacer más eficientes desde el punto de vista económico, más saludable desde el punto de vista ambiental".
"Porque los 35 tambitos, cada uno hace su tajamarcito, en el pedacito de la cañadita que tiene más baja, y termina siendo, dijera el expresidente Mujica, un revolcadero de chanchos. Porque esas son las que están verdes por cianobacterias. Porque tienen dos metros de profundidad. Ahora, recorran las 1200 represas que tiene este país construidas para regar arroz básicamente y me avisan y yo voy a ver si hay alguna represa que esté verde por cianobacterias. No están. ¿Y saben por qué no están? Porque como la inversión es privada y tiene que tratar de garantizar la rentabilidad, porque es una inversión privada, hay un mínimo de eficiencia entre metro cúbico embalsado y metro cuadrado inundado. Porque la tierra vale, y porque la obra es una inversión. Y eso garantiza una profundidad mínima, que hace que los rayos del sol no estén permanentemente llegando al fondo, que es lo que origina entre otras cosas las floraciones algales. Ahora, si discutimos estos temas sin saber de lo que estamos hablando, o con una visión estereotipada, es difícil", dijo Aguerre.
La respuesta de los científicos
Un grupo de científicos (cuyos nombres y títulos pueden leerse al final de la nota) escribió una carta abierta al ministro Aguerre y al público en general en respuesta a estas declaraciones, que a su juicio contienen "argumentos técnicos inexactos". La carta se titula "Conciencia agropecuaria, sin ciencia".
"Los científicos abajo firmantes reunimos una prolífica producción científica sobre temas de ecología de ecosistemas acuáticos y contaminación por nutrientes (eutrofización), siendo autores de cientos de artículos en revistas internacionales y de varios capítulos de libro en la materia. Además de nuestro rol como investigadores, nuestro compromiso con la sociedad se expresa en la participación, generación o coordinación de múltiples convenios de cooperación y asesoramiento a distintos organismos estatales con responsabilidad directa en la gestión de nuestros recursos naturales (intendencias, DINAMA, DINAGUA, OSE, etc.), así como participación en comisiones de cuenca, entre otras actividades", indican.
"Aunque lo desconozca el señor ministro, los lagos y embalses profundos sufren problemas derivados de la contaminación por nutrientes tanto como los poco profundos, e inclusive como los ríos grandes y profundos, estuarios y algunas regiones marinas. Cada ecosistema a su manera, con particularidades. Los lagos llanos son más vulnerables que los lagos profundos, y los lagos y embalses son más vulnerables que los cursos de aguas corrientes. Esto quiere decir que con menos nutrientes, experimentan el mismo proceso de deterioro", dicen.
Pero "ningún ecosistema acuático se salva cuando el ingreso de nutrientes supera su límite de tolerancia". Mencionan como ejemplo el Lago Erie, que se encuentra en el límite entre Estados Unidos y Canadá, que mide 340 km de largo y alcanza profundidades de 64 metros. "Desde hace aproximadamente 50 años las cianobacterias dominan el funcionamiento del lago, debido a la falta de eficiencia del uso de nutrientes en su cuenca. Su situación ambiental es desastrosa y su calidad de agua, pésima. Sin duda, la comunidad científica internacional aprendió mucho de la experiencia del Lago Erie, y de los muchísimos lagos y ríos del mundo que sufren eutrofización. Lamentablemente, la mayoría de los gestores y tomadores de decisión en nuestro país, no parecen haber aprendido de la experiencia internacional", señalan los científicos.
"Tampoco se ha logrado aprender al respecto mirando más cerca. No se ha aprendido mirando el profundo embalse de Salto Grande, los embalses del Río Negro, lagos de canteras en Ciudad de la Costa, o el mismo Río de la Plata, sistemas con altos niveles de nutrientes y floraciones recurrentes de microalgas y cianobacterias potencialmente tóxicas", prosiguen.
Agregan que "se sabe desde hace décadas que muchas especies de cianobacterias controlan su flotación y pueden elegir la posición en la que se ubican en la columna de agua". "Es por esto que, el hecho de que la luz llegue o no llegue al fondo, poco tiene que ver con que las cianobacterias puedan desarrollarse. Son otros los mecanismos que explican este proceso", explicaron sobre lo dicho por el ministro.
"El problema ambiental que genera la actividad tambera, al igual que otras actividades agrícolas, no deriva de que los embalses sean poco profundos. Deriva de que los ecosistemas de agua dulce se encuentran entre los ecosistemas más frágiles del planeta y ya soportan décadas de modificaciones e impactos que han debilitado su resistencia natural a nuestras acciones. Deriva de que se usa más fertilizante del que se debería, de que éste se dispone sobre la superficie del suelo donde satura los primeros centímetros y es fácilmente transportado por el agua que escurre, de que el ganado accede a los cursos de agua y allí defeca y orina, y muchas otras razones, sobre las que abunda la literatura científica especializada. Y sobre todo, de que lo que es una pérdida de nutrientes casi despreciable para la actividad agropecuaria, es un problema serio para la calidad del agua", agregan, explicando que además de las floraciones de cianobacterias se registran mortandades masivas de peces.
Otros efectos
La eutrofización es solo una de las consecuencias ambientales que genera la construcción de embalses, aseguran. "Tanto la fragmentación longitudinal de los cursos de aguas corrientes (es decir, de las nacientes a la desembocadura), como la desconexión del curso respecto de su zona de inundación, generan pérdidas muy significativas de biodiversidad. La fragmentación de estos ecosistemas, seguida por la eutrofización, son los mayores impactos a los ecosistemas de agua dulce a nivel mundial. Esta ley promoverá ambos", concluyen.
"Las consecuencias de la contaminación por nutrientes se expresan frecuentemente en otros sitios y otros momentos (ej. aguas abajo del sitio de origen de los nutrientes, y en ocasiones mucho más tarde). Los cambios que generan en el funcionamiento de los ecosistemas se retroalimentan positivamente, haciendo que revertir la problemática, o incluso sólo tratar sus consecuencias, sea mucho más costosa o hasta inviable, a medida que avanza la gravedad de la situación. Como sociedad deberíamos ser más exigentes con el conocimiento que manejan nuestras autoridades a la hora de tomar decisiones tan trascendentales como la aprobación de esta ley. En las decisiones políticas pueden primar otros criterios por sobre los criterios ambientales, pero no es válido que se usen argumentos técnicamente equivocados para justificar esas decisiones", critican.
"Es preocupante darse cuenta que los impulsores de la modificación de la Ley de Riego, minimizan y desconocen las consecuencias ambientales de esta actividad, y ver que se pretende sustentar un proyecto de intensificación productiva con costos ambientales tan altos, sobre la base de argumentos errados. Aspiramos, desde nuestro rol como científicos, a aportar a la construcción de un modelo de desarrollo que se centre en la defensa del patrimonio colectivo de ésta y de las futuras generaciones. Una visión de largo alcance debe apostar fuertemente a la educación y a la ciencia, y lograr posicionar en la frontera del conocimiento a cada política que afecte la sustentabilidad de nuestro proyecto como país. Estamos de acuerdo con la última afirmación del señor ministro: si discutimos estos temas sin saber de lo que estamos hablando, o con una visión estereotipada, es difícil", concluye la carta de los científicos.
Los firmantes
-Dr. Guillermo Goyenola (Doctor en Ciencias Biológicas. Máster en Ciencias Biológicas. Licenciado en Ciencias Biológicas. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Franco Teixeira de Mello (Doctor en Ciencias Biológicas. Máster en Ciencias Ambientales. Licenciado en Ciencias Biológicas. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Carlos Iglesias (Doctor en Ciencias. Máster en Ciencias Ambientales. Licenciado en Ciencias Biológicas, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dra. Mariana Meerhoff (Doctora en Ciencias. Máster en Biología. Licenciada en Ciencias Biológicas. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dra. Cecilia Alonso (Doctor en Ciencias Naturales. Master en Biotecnología. Licenciada en Ciencias Biológicas)
-Dra. Natalia Venturini (Doctora en Oceanografía Biológica. Master en Oceanografía Biológica. Licenciada en Ciencias Biológicas, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Hugo Inda (Doctor en Ciencias Biológicas. Máster en Ciencias Biológicas. Licenciado en Antropología. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-MSc. Jun Pablo Pacheco (Máster en Biología. Licenciado en Ciencias Biológicas).
-Dr. Danilo Calliari (Doctor en Oceanografía, Licenciado en Ciencias Biológicas. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-MSc. Federico Quintans (Máster en Ciencias Ambientales. Licenciado en Ciencias Biológicas).
-MSc. Lucía Gaucher (Máster en Biología. Licenciada en Ciencias Biológicas).
-Dr. Sylvia Bonilla (Doctora en Ciencias Biológicas, Máster en Biología, Licenciada en Ciencias Ambientales, Investigadora Asociada del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Dermot Antoniades (Doctor en Geología, Licenciado en Ciencias Ambientales, Investigador Asociado del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Daniel Conde (Doctor en Ciencias Biolo´gicas, Licenciado en Oceanografía Biológica, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Rafael Arocena (Doctor en Ciencias Naturales, Magister en Biología, Lic. en Ciencias Biológicas, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dra. Gissell Lacerot (Doctora en Ciencias, Master en Ciencias Ambientales, Licenciada en Ciencias biológicas. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores)
-Dra. Laura Rodríguez-Graña (Doctora en Oceanografía, Licenciada en Ciencias Biológicas, Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores).
-MSc. Anahí López (Master en Geociencias, Licenciada en Ciencias Biológicas).
-Lic. Claudia Fosalba (Licenciada en Ciencias Biológicas).
-Dra. Carolina Crisci (Doctora en Oceanografía, Licenciada en Ciencias Biológicas).
-Dr. Nicolás Vidal Carcavallo (Doctor en Ciencias. Ma´ster en Ecología. Licenciado en Ciencias Biolo´gicas, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
-MSc. Juan Clemente. (Master en Biología, Licenciado en Ciencias Biológicas).
-Dr. Iván González. (Doctor en Ciencias, Master en Biología, Licenciado en Ciencias Biológicas. Investigador Activo del Sistema Nacional de Investigadores)
-Dra. Lorena Rodríguez Gallego (Doctora en Biología. Máster en Ciencias Ambientales. Licenciada en Ciencias Biológicas. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dr. Luis Aubriot (Doctor en Ciencias Biológicas, Máster en Biología, Licenciado en Ciencias Biológicas, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores)
-Dra. Carla Kruk. (Doctora en Ciencias de la Vida. Magister en Biología. Licenciada en Bioquímica. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores).
-Dra. Claudia Piccini. (Doctora en Ciencias Biológicas. Máster en Ciencias Biológicas. Licenciada en Ciencias Biológicas. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores)
-Dr. Javier García (Doctor en Ciencias Naturales, Máster en Biología, Licenciado en Ciencias Biológicas, Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores).
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3) FFOSE prepara recurso de inconstitucionalidad sobre Ley de Riego ante SCJ, porque “deteriorará aun más la calidad del agua”
(La Diaria)
Después de la aprobación “de urgencia” de la Ley de Riego con Destino Agrario, el 19 de octubre, las repercusiones fueron diversas. La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), que desde un principio se mostró contraria a una ley de este tipo, anunció que promoverá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y que, de ser necesario, convocará a la población a votar un referéndum.
La solicitud de intervención de la Justicia obedece a que la federación considera que la ley contradice el artículo 47 de la Constitución. “Este artículo dice que el agua es un derecho esencial para la vida, un recurso público que se debe gestionar por el Estado, y principalmente apunta a que ningún agente privado pueda tener manejo sobre esta”, explicó el presidente de FFOSE, Gustavo Ricci.
Además, la ley establece la posibilidad de formar asociaciones agrarias y habilita la participación de privados en estas asociaciones para la acumulación del agua y su futura distribución bajo el concepto multipredial, lo que para los funcionarios de la empresa estatal implica “la creación de un mercado paralelo que les da lugar a los privados a comercializarla, algo que está expresamente prohibido en la Constitución”, enfatizó Ricci.
Por otro lado, el sindicalista sostuvo que hay “otras cuestiones más científicas” que incitan a la federación a manifestarse en contra de la ley; por ejemplo, el hecho de que habilita la realización de represas a grandes escalas para acumular el agua, lo que “favorece el deterioro de la calidad del agua”. Según explicó, este sistema “acumula el caudal de agua y no permite su flujo normal, lo que genera un aumento de la temperatura en embalse y dificulta la oxigenación, generando las condiciones ideales para que se produzcan algas y cianobacterias, que son las especies que contaminan los cauces en el país”. Además, sostuvo que si bien esas represas tienen previsto un control, se establece que será para aquello que quede después del riego, y que lo que se utilice con este último fin –sin controles– irá a parar finalmente a los cauces, “estropeando aun más las fuentes que usa OSE para potabilizar”.
El presidente de FFOSE también sostuvo que si bien la ley establece controles por parte del Estado, “ni la Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] ni la Dinagua [Dirección Nacional de Aguas], escasísimas de recursos humanos, tienen el personal suficiente para controlar las superficies a grandes escalas que permite la ley”.
“Ya tenemos los principales ríos del país en un estado grave de contaminación, producto de las actividades agropecuarias y de los escasos controles del Estado sobre estas. Hoy es claro que la cuenca del río Santa Lucía tiene importantes niveles de contaminación, y es una realidad que OSE incrementó sustancialmente sus costos para potabilizar el agua; esta ley viene a entorpecer aun más este proceso”, afirmó el funcionario.
Preguntas para responder
El Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (SARAS, por sus siglas en inglés), centro de investigación interdisciplinario en el que participa la Universidad de la República, comenzó a hacer una serie de aportes para contribuir al análisis de las modificaciones a la Ley de Riego y a su reglamentación y ayer publicó la primera entrega. En ella se advierte que “la gestión de los cuerpos de agua corrientes no se restringe, por tanto, únicamente a los cauces superficiales y a la cantidad de agua que circula en los mismos”, y que gestionar los componentes de manera independiente o fragmentada puede generar “múltiples limitaciones y fallas”. Se agrega que las obras de canalización y las represas “representan perturbaciones” que afectan el régimen de caudales y los componentes del sistema. El texto aporta definiciones para evaluar la afectación de los cursos de agua, como el régimen de caudales y el “caudal ecológico o ambiental”.
Aclara que “los ríos y arroyos no son simplemente sistemas de transporte de agua hacia el océano”, sino que conforman servicios ecosistémicos y que, para que no sean afectados por las modificaciones a la Ley de Riego, se requiere una gestión basada en el conocimiento detallado del régimen de caudales y su impacto en la estructura y funcionamiento de los sistemas naturales. Según los autores, se cuenta con “un conocimiento aceptable de los regímenes de caudales en los ríos y arroyos de Uruguay”, pero faltan estudios que permitan “determinar cuáles son las características fundamentales del régimen de caudales a ser preservadas”. “Por lo tanto, se debe pensar en regulaciones y sistemas de gestión que permitan modificaciones de acuerdo con la información generada y la experiencia acumulada, evitando caer en sistemas no flexibles sin capacidad de ajuste y corrección de errores”, agregan. Para futuras entregas proponen responder qué capacidades de monitoreo, control y fiscalización tiene el Estado uruguayo.
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4) Fiscal pidió el procesamiento de Francisco Sanabria por lavado de activos
(Caras y Caretas)
El fiscal Carlos Negro imputó al ex propietario de Cambio Nelson por la operativa irregular de la casa cambiaria; también pidió el procesamiento de la contadora del cambio.
El fiscal Carlos Negro solicitó este martes el procesamiento del empresario y ex diputado –suplente- Francisco Sanabria (Partido Colorado) por lavado de activos, en atención de los ilícitos cometidos durante su gestión al frente de Cambio Nelson (Camvirey SA). La maniobra ilícita rondó los 3.000.000 de dólares. Asimismo, el fiscal solicitó el enjuiciamiento de la oficial de cumplimiento del cambio, Soledad Ubilla, por un delito de asistencia al lavado de activos.
“Las conductas de Francisco Sanabria y su colaboradora (Ubilla), encartan por tanto en las hipótesis legalmente previstas como lavado de activos, en las modalidades de transferencia y conversión del producto de la apropiación indebida de la que aquel fuera provisoriamente responsabilizado en calidad de autor”, señala el dictamen del fiscal Negro, publicado en el portal web de la Fiscalía.
El representante del Ministerio Público sustentó su pedido en las pruebas recopiladas durante la indagatoria penal sustanciada por el Juzgado Letrado de Maldonado, en el que se constató la operativa ilegal realizada por Camvirey SA, en cuanto a la captación de fondos de clientes y el desvío de esos fondos para financiar a otras empresas de la familia Sanabria o cuentas particulares de sus integrantes.
“Del relato fáctico que se propone en el auto de procesamiento de la sede penal de Maldonado, resulta suficientemente acreditada la participación de Ubilla asistiendo a Sanabria en la conversión de activos provenientes de la apropiación de fondos, por lo menos, en su calidad de sujeto obligado a la evitación del daño generado por las maniobras delictivas constatadas”, señala el dictamen.
“De esta forma, el indiciado al destinar los fondos pertenecientes a los clientes del cambio que regenteaba a cuentas y emprendimientos comerciales propios, a la vez que se los apropiaba, los transfería y/o convertía sea en dinero que se destinaba a pagos de salarios, gastos personales, o inversiones en sus diversas empresas y negocios”.
“De esta manera también, con su accionar lesionó dos bienes jurídicos, a saber por un lado la propiedad privada de los clientes del cambio, y por el otro introdujo importantes sumas de dinero en el mercado de capitales en forma de inversiones inmobiliarias y pagos de deudas de otras empresas, alterado así el orden socio-económico del Estado, sin dudas a nivel de la localidad esteña, pero también a escala nacional”, agrega el dictamen.
El fiscal analizó el informe de la Secretaria Nacional Contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y el dictamen de su colega, el fiscal de Maldonado Rodrigo Morosoli, y consideró probada la existencia de un auto lavado de activos, es decir, el blanqueo de capitales por parte de la misma persona que realizó el delito base. De estos informes, “se destacan innumerables movimientos y transferencias bancarias por cuantías muy elevadas, así como que, con tal finalidad ilícita, se realizaron inversiones importantes en sociedades y propiedades de Punta del Este, y se adquirieron incluso vehículos de alta gama”.
“El blanqueo de más de 3,0 millones de dólares apropiados a diversos clientes del Cambio Nelson tiene a nuestro juicio, la entidad suficiente para considerar que el disfrute de las ganancias menoscabó el orden socioeconómico como bien jurídico tutelado por los artículos 54 y siguientes de la Ley 14.294 y sus modificativas. Pues introdujo en el circuito económico una suma de dinero que aminoró el control por el Estado del flujo de capitales procedentes de una importante actividad delictiva, menoscabando así el buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles, con una segura repercusión en la economía de todo el departamento de Maldonado”, señaló Negro.
El expediente pasará ahora a estudio de la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, quien deberá dilucidar la responsabilidad de Sanabria y Ubilla en las maniobras. En tanto, la indagatoria continuará en relación a los otros integrantes de la casa cambiaria, Nelson Calvette y Humberto Capote. En estos casos, el fiscal Negro no adoptó resolución ya que sus situaciones procesales están a estudio de un Tribunal de Apelaciones. A partir de este miércoles 1, el caso pasará a estudio del fiscal Luis Pacheco, que asumirá competencia en todos los procesos penales de la Justicia Especializada en Crimen Organizado que se tramiten bajo las normas del CPP 1980.
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5) Nadie quiere esta policía
Valentina Machado (Radio Pedal)
“Esto es el cante y en el cante mandamos nosotros”, gritaba uno de los policías en medio de un operativo irregular y violento que tuvo como protagonistas a Rodrigo González, Roberto Arellano y Erik Sáez, trabajadores comunitarios del centro cultural La Casucha, espacio que funciona desde el 4 de marzo y es gestionado por jóvenes del barrio.
La Casucha está ubicada sobre la calle Cambay y tiene historia en La Cruz de Carrasco. Fue fundado por el Sindicato de Ladrilleros, funcionó un jardín de infantes y aún resiste la biblioteca popular Pepita Mendizábal. El lugar físico fue cedido por el SUNCA al centro educativo La Pascua -institución referente en la zona, que nuclea 200 niños y adolescentes- que impulsó la creación del centro cultural para los gurises egresados de sus programas.
El 12 de octubre luego de planificar una actividad y cenar juntos, los tres coordinadores caminaban por Hipólito Irigoyen cuando se les encima una camioneta del PADO (Programa de Alta Dedicación Operativa del Ministerio del Interior), bajan tres policías, una mujer y dos hombres, y les ordenan ponerse contra el vehículo. Ante el cuestionamiento de Rodrigo y la invitación al diálogo, las respuestas fueron gritos y los carné de identificación contra su rostro. Al intentar alejarlos con sus mano, recibió golpes, lo tiraron al piso en medio de la calle y un policía se abalanzó sobre él.
Dos móviles y una camioneta se sumaron a los abusos, entre tres policías lo patearon, lo levantaron de la nariz y le apretaron los testículos. Cuando Roberto reacciona, al segundo paso, otro policía lo reduce. Con los brazos doblados y una rodilla sobre la espalda escucha los gritos de su compañero. Roberto y Erik son chilenos. No parece ser un dato relevante, sin embargo, al escuchar sus acentos, los policías comenzaron a lanzar frases xenófobas. De la misma manera, cuando Rodrigo dijo conocer sus derechos y el código policial, le dijeron “comunista de mierda” y “tupamaro asqueroso” entre otros insultos de odio político.
Los agravios verbales y morales siguieron en el camino a la comisaría y dentro de esta. Las irregularidades son incontables: ni siquiera fueron sentados en los patrulleros, los tiraron y como cayeron quedaron, con las manos esposadas y el cuerpo dolorido de los golpes, aun sin saber porqué estaban siendo arrestados. Los llevaron en autos separados a una policlínica en el Prado para constatar las lesiones, mientras por la radio avisaban que había policías lesionados. A Erik lo dejaron irse.
Según la ley 18.315 –marco normativo para el procedimiento policial– solo algunas razones permiten a la policía el uso de la fuerza: si están en riesgo derechos de terceros, si está en peligro la integridad física de alguna persona, si la persona resiste un allanamiento u otra diligencia, cuando un vehículo no se detiene a la voz de alto y para disolver una manifestación no pacífica.
“Lo primero es que no quede impune”
Luego de la peripecia dentro de la comisaría, los malos tratos, la incomunicación, las dificultades para declarar, la presión para firmar documentos, y el encierro en el calabozo, al salir se dirigen a constatar de nuevo sus lesiones y a Asuntos Internos del Ministerio del Interior para denunciar el accionar policial.
Antes habían pasado por un Técnico Forense solicitado por el juzgado de 4to turno. Cuando pidieron una copia del informe forense, se enteraron que por la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal dicho juzgado ya no existía como tal y ahora quedaba en manos de la Dra. Urioste.
Realizaron la denuncia en el Observatorio Luz Ibarburu del PIT-CNT y también en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Concurrieron a la Embajada de Chile y al Consulado. Recibieron una llamada del Cónsul Eugenio del Solar poniéndose a disposición. También recibieron un correo del Ministerio de Relaciones Exteriores en que se informa que el caso será puesto a disposición del Departamento de Acción Social.
“Nos preocupa que esto sea una práctica cotidiana contra una población entera que forma parte de nuestro pueblo”, comenta Rodrigo, y se pregunta: “Esto que nos pasó, puede pasar sin ningún tipo de respuesta posible. ¿Estamos en un estado de derecho?”.
No es noticia cuando la violencia policial cae sobre jóvenes de barrios pobres. Es sabido, existen informes de organizaciones de derechos humanos, como SERPAJ e IELSUR que lo constatan. Esta fue la respuesta de un joven del barrio al enterarse de la situación: “No sabía que esto le pasaba a las personas normales también”.
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6) Los nombres del gobierno que aparecen en varios casos que favorecen a Casal
Emiliano Zecca (180)
El expediente con la denuncia a la directiva de la Mutual en el MEC, donde se pide la intervención del gremio, está en manos de María Inés Da Rosa, una fiscal de gobierno que fue cuestionada en el Senado por no tener independencia de criterio y responder al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma. A su vez, Toma fue cuestionado dentro del propio gobierno por enviar un proyecto de ley que favorecía al empresario Francisco Casal en su pelea por los derechos de los partidos de la selección. Y esta no fue la primera vez.
Cuestionamientos al MEC
Los jugadores de Más Unidos Que Nunca pidieron la intervención de la Mutual en febrero con el objetivo de remover a la directiva del gremio, que hoy es cuestionada por los futbolistas. El reclamo tiene más de un año y llegó a su punto más alto en los últimos días con la medida de paro tomada por los jugadores. Además, el pedido se da mientras se discute la renovación hasta 2032 del contrato que une a Tenfield con los derechos del fútbol local y en el medio de esta negociación está el uso de la imagen de los jugadores. Monica Ivaldi, abogada de Más Unidos Que Nunca, dijo a 180 que el expediente tardó demasiado tiempo en el MEC. Eso llevó, incluso, a que los jugadores vayan a la justicia para reclamar.
“Más allá de la demora de la tramitación, también nos ha llamado la atención algún tipo de irregularidad con la prueba que ha presentado la contraparte y más que nada con los libros de comisión directiva, que en su momento se había dicho que los habían entregado, pero cuando fuimos a tomar vista de lo que era el expediente no figuraban. No se presentó en tiempo y forma, pero el MEC igual certificó que sí. Así mismo, tampoco tomamos conocimiento de los informes de Fiscalía de Gobierno, cosa de deberíamos haber podido hacer para, en todo caso, poder presentar nuestros descargos a lo actuado”, explicó Ivaldi. Esos informes a los que no tuvieron acceso los jugadores son de la Fiscalía de Gobierno y están firmados por María Inés Da Rosa.
“¿Quién es esta doctora María Da Rosa Callorda?”
Cuando el senador Pedro Bordaberry interpeló al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, por la compra del avión presidencial cuestionó un informe técnico realizado por la fiscal de gobierno. El presidente Tabaré Vázquez usó ese informe para fundamentar su decisión de reiterar el gasto en el avión ante la observación que le hizo el Tribunal de Cuentas.
“¿Quién es esta doctora María Da Rosa Callorda? Uno tiene la maravilla de poder entrar en LinkedIn hoy en día, ¿con qué me encuentro? En el año 98 fue secretaria de Miguel Ángel Toma en el Ministerio de Salud Pública. Después de eso, de ser secretaria y abogada del actual secretario de Presidencia, en 2005 entra de abogada, ¿dónde? En la Secretaría de la Presidencia de la República ¿Cuando asume quién? El doctor Toma. Y en 2010, cuando el doctor Toma deja la Secretaría de la Presidencia y se va a la Oficina de Servicio Civil, ¿a dónde va la doctora Da Rosa Callorda?
A la Oficina de Servicio Civil con el doctor Toma. Y después de eso, cuando Toma vuelve a la Secretaría de Presidencia, ¿a dónde va la doctora Da Rosa? A la Presidencia de la República. Y el año pasado, ¿a dónde la nombran? En la Fiscalía de Gobierno de Primer Turno, de adjunta, y justo nosotros le votamos la venia al doctor Daniel Borrelli, que va a la JUTEP, y con este expediente queda Da Rosa y hace un informe independiente, que así se le presenta a todos”, dijo Bordaberry en febrero.
Esta opinión de Bordaberry es compartida por integrantes del gobierno y es algo que molesta a algunos a nivel interno, según dijeron fuentes del Ejecutivo a 180. Sobre todo porque Da Rosa responde a Toma, que promovió un proyecto de ley que iba en paralelo al trabajo de la Secretaría Antilavado y el Parlamento, y favorecía a Casal en su disputa por los derechos de los partidos de la selección.
El proyecto de ley de Toma
En mayo de este año, la Presidencia de la República envió al Parlamento un proyecto de ley que, de haberse aprobado, hubiera tenido incidencia directa en la causa contra los dueños de la empresa Full Play ya que se podía mantener por tiempo indeterminado el embargo que impedía el pago del contrato de televisación a la AUF por los partidos de la selección en Eliminatorias. Esto beneficiaba directamente a Casal. Finalmente, la iniciativa no se trató y, además, el embargo se levantó después a pedido del fiscal Luis Pacheco. Pero el proyecto salió directamente de la Secretaría de Presidencia sin tener en cuenta que había otro, que también envió el Poder Ejecutivo en noviembre de 2016, para modificar la ley Anti Lavado.
La calesita de nombres alrededor de Casal
Daniel Borrelli y Miguel Ángel Toma fueron los fiscales que decidieron el archivo del caso Casal ante la Dirección General Impositiva (DGI). Esa decisión se dio ante la oposición de Danilo Astori, el exministro de Economía Fernando Lorenzo y el titular de la DGI de ese entonces, Pablo Ferreri. El informe de los fiscales fue el argumento que utilizó el presidente José Mujica para tomar su decisión y así dejar de lado la opinión del equipo económico.
Los nombres de Borrelli y Toma vuelven a aparecer en el caso de la Mutual, donde Casal defiende a la directiva de Enrique Saravia. El actual Fiscal de Gobierno es Daniel Borrelli, que dejó su cargo en reserva porque pasó al directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública. En su lugar quedó María Inés Da Rosa.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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