Hoy:
1) Lo que esconden UPM y el gobierno sobre la planta de celulosa en el Río Negro
2) Petrolera sancionada por Mvotma pretende seguir perforaciones en el norte
3) La fiebre de la soja enferma al Paraguay
______
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2189 / 17.10.2018
1) LO QUE ESCONDEN UPM Y EL GOBIERNO SOBRE LA PLANTA DE CELULOSA EN EL RÍO NEGRO
Los impactos sobre el Río Negro, las poblaciones y las actividades productivas de su zona de influencia, así como el monto de las inversiones y la renuncia tributaria que hará Uruguay para facilitar la instalación de la nueva planta de celulosa de UPM, son los dos aspectos más escandalosos, por sus efectos perniciosos para el país, del contrato firmado por el gobierno nacional con la multinacional finlandesa.
UPM entregó recién en setiembre de 2018 a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) donde se describen las características de su proyecto y las soluciones propuestas para mitigar sus impactos. Paralelamente, una amplia y costosa publicidad de UPM trata de convencer al pueblo uruguayo de los beneficios de la propuesta, pero esconde esos aspectos sustanciales.
A continuación, vamos a confrontar las afirmaciones de la multinacional y el gobierno nacional con datos y hechos que evidencian la falsedad de tales declaraciones. Una verdad a medias es la mejor manera de esconder una mentira.
El impacto sobre el Rio Negro
Dice el contrato ROU-UPM
ROU hará que se establezca un flujo mínimo en el Río Negro aguas debajo de la Represa del Rincón del Bonete… no estando obligada UPM a realizar ninguna compensación por dicho flujo mínimo.
No dicen el gobierno ni UPM
Esta exigencia de un flujo mínimo de agua revela la fragilidad del Río Negro para soportar la planta de UPM. El río no puede atender naturalmente el requerimiento de esa planta y deben recurrir a la reserva de agua de los embalses de Rincón del Bonete y Baygorria. Cuando la instalación de Botnia (hoy UPM) en Fray Bentos y de Montes del Plata en Conchillas no surgió esta condición porque ambas están sobre el Río Uruguay, que tiene un caudal 10 veces mayor que el Río Negro.
Dice UPM
El uso de agua en promedio anual a largo plazo es menor al 1% del caudal promedio del río en Paso de los Toros. Las operaciones requieren aproximadamente 1,5 m3 de agua por segundo. Cerca del 80% se devuelve al río y el resto se evapora.
Estas afirmaciones de UPM son falsas
Promedios anuales y a largo plazo del caudal del Río Negro no sirven para evaluar el uso del agua por la planta de UPM. Hay momentos -sequías cíclicas del país, como la de 2008- en que el caudal del Río Negro es mínimo o nulo. ¿De dónde extraerá UPM los 65 metros cúbicos por segundo (m3/s) de agua que requiere su planta?
UPM reveló la cifra de 65 m3/s de flujo mínimo (no esos 1,5 m3/s que dice) requeridos para la planta sobre el Río Negro en setiembre, cuando presentó el EIA a la Dinama. Esto equivale al consumo diario de agua de 44 millones de personas.
La planta de celulosa de UPM no devuelve al río el 80% del agua que toma todos los días, porque lo que retorna es un efluente con desechos químicos y orgánicos. El flujo mínimo de 65 m3/s es necesario, justamente, para diluir ese efluente.
Dice UPM
Con la planta proyectada y la implementación del caudal mínimo, la calidad del agua se mantendría en los niveles actuales.
No dice UPM
Los niveles actuales de calidad del agua del Río Negro son reconocidamente malos. O sea que, la planta de celulosa de UPM requerirá ese flujo mínimo de 65 m3/s de agua solo para no agravar esa situación, siempre que sea posible suministrárselo.
UPM ofrece ‘compensaciones’ por su proyecto, con lo cual está reconociendo que tiene impactos negativos. Pero contribuir con el saneamiento de Paso de los Toros y Pueblo Centenario, son acciones insignificantes al lado de la planta de celulosa.
Dice UPM
La contribución estimada de la planta a la carga de fósforo será cerca de 2 a 3% de la carga actual del río. El restante 97 a 98% se origina en otras fuentes.
No dice UPM
Este es el típico argumento por el cual se justifican todos los proyectos. Tomados por separado, cada proyecto aporta una pequeña cuota de la contaminación y desliga su responsabilidad. De esta manera, la situación del río sigue empeorando.
El uso de porcentajes, otra vez, es técnicamente incorrecto, el río no es un canal recto y uniforme. El Río Negro es una sucesión de meandros donde el agua se enlentece o incluso se detiene. Es aquí donde se generan los focos de contaminación.
Además, la prioridad del agua para UPM le quita a UTE el manejo de las represas y esto conlleva pérdidas económicas, por las cuales la multinacional no paga. En 2017 las represas del Río Negro generaron electricidad por 185 millones de dólares.
Beneficios económicos para el país
Dice UPM
El proyecto significará un 2% de aumento permanente en el PBI, unos USD 120 millones generados en impuestos a lo largo de la cadena de valor y un 12% de aumento en las exportaciones (USD 1100 millones). De concretarse el proyecto, la celulosa sería el principal producto exportador
.
Lo que no dice UPM
Más importante que el PBI, cuyo cálculo no refleja el bienestar de la población, es cuánto queda en Uruguay de la actividad de UPM. La multinacional invierte 2.480 millones de dólares y en 20 años se lleva 16 mil millones de dólares. Luego de aportar agua, suelo y trabajo, lo que llega a los bolsillos de los uruguayos es ínfimo.
UPM y el gobierno repiten que la planta generará un “aumento permanente de 2 por ciento en el PBI”, pero el escaso empleo directo, una parte menor del indirecto, unas pocas actividades menores vinculadas, algunos impuestos, pago de ciertos insumos y otras actividades de poco impacto minimizan las cifras tan difundidas.
Otra falsedad reiterada por UPM y el gobierno son las supuestas exportaciones de celulosa. Uruguay no exporta celulosa, exporta troncos a una zona franca. La celulosa que sale de la zona franca no aporta nada a la economía uruguaya.
¿Qué impuestos pagaría UPM?
No sólo la fabricación estará en zona franca (Uruguay es el único país con plantas de celulosa en zona franca), sino que las plantaciones forestales serán desgravadas por la cláusula que obliga a firmar un acuerdo de precios de venta anticipada de madera a la zona franca. En suma, una zona franca de 255 mil (o más) hectáreas.
Esto implica la constitución de un oligopolio gigantesco, ya que UPM absorbería tres importantes empresas (Cofusa, Forestal Río de los Pájaros y Elmadur). Las fusiones de la multinacional también estarán libres del pago de impuestos.
La empresa dice que abonará 120 millones de dólares anuales a partir de la “cadena de valor”. UPM se atribuye la generación de una serie de actividades ya existentes. Al no ser esto así, este cálculo de impuestos pierde toda relevancia.
El régimen de zona franca y las exoneraciones tributarias adicionales constituyen unos privilegios extraordinarios y generan una grave inequidad, si se compara con la carga tributaria que soportan los demás productores y trabajadores del País.
¿Cuánto ganaría UPM?
UPM invertiría 2.000 millones de euros (2.480 millones de dólares de hoy). Por más más de dos años el gobierno dijo que eran 4.000 millones de dólares, con el fin de generar una percepción favorable al proyecto (al igual que con otras cifras).
El costo de producción de celulosa en Uruguay ronda los 300 dólares por tonelada. De 2000 hasta 2018, el precio internacional ha oscilado entre 400 (punto más bajo, en la crisis financiera de 2009) y 800 dólares la tonelada, hoy está en torno a 700 dólares. Dos millones de toneladas al año significan unos 800 millones de dólares de ganancia; en 20 años suman 16.000 millones de dólares.
En tres años UPM desquita la inversión. Por cada dólar que trae se lleva cinco. Es un negocio espectacular, con pagos mínimos por concepto de cánones y algunos aportes al desarrollo tecnológico, que no pasarán de 8 millones de dólares anuales.
La experiencia de las pasteras existentes indica que el canon abonado por ellas es menor a los gastos anuales de la Dinama por las inspecciones.
¿Cuánto gastaría Uruguay?
El Estado uruguayo se hace cargo de la construcción de obras muy costosas (vías férreas, puerto, viaducto, carreteras, líneas de alta tensión, etc.) sin que UPM asuma ninguna obligación correlativa, al punto que podría desistir del acuerdo aunque Uruguay hubiese cumplido ya todas las condiciones pactadas.
Uruguay se compromete a: 1) construir un ferrocarril para UPM desde la planta hasta la terminal portuaria, que le costaría 2.200 millones de dólares; 2) comprar la energía eléctrica producida por UPM; otro subsidio encubierto a de 1450 millones de dólares; en los plazos planteados el país no necesitará esta energía; 3) construir un viaducto a la entrada del puerto de Montevideo a un costo de 144 millones de dólares, junto con un nuevo puerto pesquero, otros 103 millones de dólares.
Aún no se ha cuantificado la inversión en obras complementarias; el reforzamiento de las capacidades de la Dinama; así como “servicios externos” de asesoría ferroviaria que UPM contratará y deberán ser pagados por Uruguay.
El costo de las obras a cargo de Uruguay supera los 3.900 millones de dólares, un aumento de la deuda pública que deberemos pagar todos los uruguayos. Pese al monto de su inversión, el Estado uruguayo no tendrá ninguna participación en las acciones de la empresa ni en las utilidades del proyecto.
Generación de fuentes de trabajo
Dicen UPM y el gobierno
En la Cámara de Industrias, UPM dijo que generará “4.300 empleos directos e indirectos, más 2.700 inducidos”, y agregó “8 mil puestos de trabajo adicionales en la cadena de valor”, o sea, en las operaciones industriales, plantaciones, cosecha, operaciones portuarias y servicios relacionados.
Lo que no dicen
Por los propios informes de UPM a la Dinama, durante la construcción de la planta el promedio será de 2.850 puestos de trabajo, con picos de 4.500 obreros. Con la planta funcionando, difícilmente se necesiten más de 500 trabajadores.
El cálculo de los empleos indirectos tiene un serio problema: prácticamente toda la forestación para abastecer a la planta ya existe. Lo mismo ocurre con los servicios a estas plantaciones y el transporte requerido para su producción.
En cuanto a los “inducidos”, UPM habla de “600 empresas pequeñas y medianas adicionales”. ¿Serán los camioneros? ¿Unipersonales de servicios? Las dos plantas existentes no generaron prácticamente ninguna empresa adicional.
Para que se instale la planta de UPM, Uruguay estaría pagando durante 15 años 277 millones de dólares anuales. Los trabajos generados por este proyecto serán los más caros en la historia del país. Con esa inversión se podrían construir 3.400 viviendas por año y se generarían 5.000 puestos de trabajo permanentes.
Transformación de la matriz energética
Dice UPM
La proyectada planta de celulosa también contribuirá a consolidar la transformación de la matriz energética, al aumentar la producción de «energía limpia» en un 10%.
Lo que no dicen UPM y el gobierno
Las plantas de celulosa funcionan con Fuel Oil, no se autoabastecen de la energía que precisan. Botnia (UPM) y Montes del Plata le compran Fuel Oil a ANCAP y le venden a UTE el excedente de electricidad generado con el desecho de la madera.
Al hacer la equivalencia entre la energía del fuel oil consumido y la generada a partir de los desechos, se deduce que UPM y Montes del Plata consumen más energía fósil que la que producen en forma de electricidad con biomasa.
Desde el punto de vista del país el balance energético de esas plantas es negativo, por lo que se puede concluir que no agregan al sistema energético nacional.
Desarrollo de la región centro-noreste
Dice UPM
La base forestal que abastecerá de materia prima a la nueva planta se encuentra en la región centro-noreste del país, la que tiene «menor desarrollo relativo en términos de competitividad regional y proporción de hogares por debajo de la línea de pobreza», con deficiencias en la infraestructura (caminos y rutas). «La modernización del ferrocarril, rutas y puerto contribuiría a un desarrollo general, al mejorar el acceso a la educación, trabajo y servicios de salud en las comunidades rurales», asegura.
Lo que no dice UPM
En los diez años de experiencia de las otras plantas de celulosa en el país, casi nada de esto sucedió. Para la instalación de Botnia se consideró un éxito establecer que un emprendimiento nacional tendría prioridad para adquirir hasta un 15 por ciento de la celulosa producida, para fabricar cartón, papel o similares. Hoy el contrato con UPM establece que el 100 por ciento de la celulosa será exportada.
Impacto global
Dice UPM
La nueva planta «no tendrá impactos negativos sobre la salud de las personas, las condiciones de vida, la estructura urbana y el uso de la tierra, el entorno cultural, la vida silvestre y sitios de conservación, suelo, y aguas subterráneas».
«Todos los potenciales impactos son admisibles y manejables de implementarse las medidas de mitigación identificadas. El cumplimiento de las BAT (mejores técnicas disponibles) asegura el mejor desempeño ambiental posible».
Lo que no dice UPM
Las BAT (Mejores Técnicas Disponibles) son solo eso, las mejores técnicas conocidas hasta este momento, pero ello no quiere decir que sean suficientes para garantizar que no ocurra algo grave y la reproducción del ecosistema. Infligiendo el mínimo daño puedo acabar igual con la capacidad de restauración de la Naturaleza.
Ni la aplicación de las BAT ni la buena intención de «minimizar los daños» son criterios suficientes para garantizar que el daño ambiental no sea insustentable.
Lesiones a la soberanía nacional
Dicen el gobierno y UPM
Según el Contrato ROU-UPM: «Las partes reconocen y acuerdan que la decisión final de inversión de UPM sobre si procede o no con el proyecto de planta de celulosa quedará sujeta a la sola discreción de UPM, aun cuando cada una de las condiciones necesarias hayan sido satisfechas y el contrato suplementario haya sido suscrito”.
Lo que no dice el gobierno
El Artículo 168 de la Constitución prevé que el Poder Ejecutivo firme tratados de paz, alianza, comercio y convenciones o contratos de cualquier naturaleza con potencias extranjeras y éstos deben ser ratificados por el Poder Legislativo.
En este caso no es un estado, es una empresa multinacional, el acuerdo no fue comunicado y, por lo tanto, no fue ratificado por el Parlamento.
El Contrato ROU-UPM es inconstitucional, no cuenta con sustento legal ni cumplió el proceso administrativo para los contratos del estado. Los beneficios otorgados a esta empresa son un privilegio absoluto frente al resto de la Nación.
El acuerdo prevé una inaceptable injerencia de UPM en la definición de la legislación laboral nacional y en los programas de enseñanza técnico profesional.
Finalmente, en caso de conflicto, el Estado uruguayo podría quedar sometido a la decisión de un tribunal supranacional, con serio desmedro de su soberanía.
Petición
Todo ciudadano/a del Uruguay debe considerarse lesionado en sus legítimos derechos e intereses por los compromisos asumidos por el gobierno nacional con la empresa multinacional finlandesa UPM. Es por eso que estamos firmando una petición al presidente de la República para que anule los términos de ese acuerdo.
«No venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad», José Artigas.
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
Enviado por: Luis E. Sabini Fernández COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2189 / 17.10.2018
______
2) PETROLERA SANCIONADA POR MVOTMA PRETENDE SEGUIR PERFORACIONES EN EL NORTE
Sin dar importancia a los impactos ambientales de dos grandes derrames de lodos y sin aceptar la sanción impuesta, Schuepbach anunció la reanudación de perforaciones en Uruguay.
Víctor L. Bacchetta / Sudestada 12/10/2018
«Nos encontramos más cerca de reanudar el programa de perforaciones en Uruguay», anunció Petrel en un comunicado el 9 de octubre último. La petrolera australiana tuvo sus actividades suspendidas en diciembre del año pasado por el desmoronamiento de la perforación en Cerro de Chaga, en el departamento de Salto, donde se produjo un derrame de 220 mil litros de lodos químicos a 485 metros de profundidad.
A raíz de este derrame y otros incidentes, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), el 7 de agosto pasado, con la firma de la ministra Eneida de León, multó a Petrel en 1.500 Unidades Reajustables (unos 50 mil dólares estadounidenses) y le exigió, como condición para proseguir, “una evaluación de tercera parte para valorar la significancia de la pérdida de lodo».
El monto de la multa corresponde a una infracción considerada «grave», aunque no de las más graves previstas. De acuerdo con la resolución ministerial, la empresa violó las condiciones de la autorización según las cuales la empresa debía «comunicar de forma inmediata a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) cualquier incidente ambiental» que ocurriera durante la ejecución del proyecto.
Sin embargo, la petrolera desconoce las decisiones del gobierno uruguayo. Cuestionó por una parte la multa aplicada e inició un recurso legal en contra de la decisión del Mvotma. Por otro lado, el informe presentado de la «tercera parte» que debía evaluar el potencial alcance de la infiltración de lodos y su conexión con el Acuífero Guaraní, es de una empresa directamente asociada a Petrel.
En efecto, Netherland Sewell & Associates, Inc (NSA) es la firma consultora que, en base a los estudios que precedieron al plan de perforaciones exploratorias propuesto, realizó para Petrel unas proyecciones extraordinarias de las reservas de gas y petróleo que podrían encontrarse en el subsuelo uruguayo.
Proyecciones sin base real que le sirvieron a Petrel para impulsar sus acciones especulativas en la Bolsa.
Víctor L. Bacchetta / Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2189 / 17.10.2018
______
3) LA FIEBRE DE LA SOJA ENFERMA AL PARAGUAY
Por Sandra Weiss * / abril 2018 / Traducción del alemán: Joanna Höglund
La soja transgénica destinada a la exportación está invadiendo el Paraguay y cambiando al país. Los perdedores son los campesinos y los consumidores. Esta es la historia de un despojo.
San Juan, Puente Kyhá.
El ojo humano se pierde en un mar verde. Los monocultivos de soja alrededor de esta pequeña localidad en el Este del Paraguay se extienden hasta el horizonte. El sol quema, y el vehículo levanta polvo rojo mientras recorre los típicos caminos de tierra de la región. Un desagradable olor a pesticidas irrita las mucosas mientras un tractor con una aspersora está fumigando con glifosato. Los grandes productores no pierden ni un centímetro. Sus plantaciones empiezan directamente al lado del camino, aunque por ley, las calles y los asentamientos deberían estar protegidos por barreras de árboles.
Actualmente se cultivan 3.2 millones de hectáreas de soja en Paraguay. La cosecha de 2017 promete un nuevo récord. Desde su oficina climatizada en Asunción, José Berea, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), luce contento. “No hubo sequía y muy pocas plagas”.
En 2016, la exportación llenó los bolsillos de los barones de la soja con más de tres mil millones de dólares, prácticamente libres de impuestos. Recién en 2012 se implementó el impuesto a la Renta. Los exportadores agrícolas generan 1/4 del PIB, pero según cálculos del economista Víctor Raúl Benítez, solo pagan el 2 % de los ingresos fiscales del Estado.
La soja es un gran negocio que implicó una profunda transformación del campo paraguayo. El paso de un modelo de agricultura familiar al modelo agroexportador con elevada capitalización de las unidades productivas por mecanización y uso de transgénicos, no deja lugar para pequeños agricultores como Alcides Ruiz (33 años) de San Juan.
La soja transgénica por sus altos costos, no es rentable en propriedades menores a 150 hectáreas. Muchos campesinos han cedido, vendieron sus tierras y se mudaron al “cinturón de pobreza” en los alrededores de la capital, el mismo afirma con determinación, su negación de salir de su territorio, “Yo no quiero lustrar zapatos en Asunción”, razón por el cual, se unió a la Federación Nacional Campesina (FNC), el núcleo de la resistencia pacífica.
Sin embargo ¿Qué chances tienen las 20.000 familias campesinas organizadas contra la fuerza combinada de las multinacionales que se esconden detrás del negocio de la soja, que vale miles de millones de dólares?
¿Contra empresas como Monsanto y Syngenta, que dominan el mercado de la soja transgénica y los pesticidas que la acompañan? ¿Contra los grandes terratenientes locales o contra agroexportadores como Cargill o Bunge?
Paraguay es, según BASE Investigaciones Sociales -apoyada por MISEREOR- uno de los países con la concentración de tierra más alta a nivel mundial. Un 2.6 % de propietarios de tierra, controlan 85.5 % de la superficie apta para la agricultura. Desde el Estado, los sojeros, muchos de ellos colonos brasileños, tienen todo el apoyo.
Sin embargo, no siempre fue así. Después de su independencia, hace más de 200 años, el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia decidió seguir un camino diferente para desarrollar al Paraguay económicamente. El Estado controlaba la economía y con excepción de máquinas, no se importaba nada, pero sí se exportaba yerba mate y madera. Los extranjeros no podían entrar al país. Promovió la producción doméstica y posicionó al Paraguay como uno de los países económicamente más avanzados de Sudamérica.
Este éxito, basado en un modelo proteccionista, era contrario a los intereses comerciales de los Estados Unidos y el Reino Unido, por lo cual intentaron desestabilizar al Paraguay con la ayuda de los países vecinos aliados. Los intentos culminaron hace 150 años en la Guerra de la Triple Alianza, en donde Paraguay luchó solo, contra una alianza compuesta por Uruguay, Brasil y Argentina. Fue una de las guerras más sangrientas de Sudamérica. Paraguay perdió la mitad de su territorio y tres cuartos de su población murió.
Desde ese momento, nunca más pudo deshacerse de la influencia extranjera. También el auge de la soja vino de afuera. Se planificó en las oficinas de las multinacionales. En 2003, la corporación suiza Syngenta publicó un aviso en el cual alababa sus semillas transgénicas y en el que hablaba de su visión de una “República Unida de la Soja”, una zona de cultivos de soja de un tamaño de 46 millones de hectáreas entre Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Uruguay. Monsanto -apenas unos años antes- había desarrollado la famosa soja transgénica resistente al glifosato: la Soja RoundupReady (RR). La visión de Monsanto y Syngenta se convirtió en una realidad. Una gran parte de la Región Oriental del Paraguay fue despojada de sus bosques y se ve hoy convertida en sojales. Máquinas gigantes están operando día y noche durante la temporada alta de cosecha entre noviembre y marzo. Una flota de camiones transporta la carga a los silos de los compradores multinacionales como Cargill y Bunge, o hasta los puertos de carga privados, desde donde se llevan los granos de soja a Europa para ser procesados como pienso. El avance de la soja ha devorado todo en su camino: bosques, animales silvestres, zonas protegidas de población indígena y el negocio familiar de los campesinos. Los trabajadores agrícolas han sido reemplazados por máquinas. La diversidad dio paso a un desierto verde, sobre el cual llueven anualmente 20.5 millones de litros de pesticidas. Hoy en día, el Paraguay tiene que importar la mayoría de sus alimentos.
El campesino Alcides Ruiz está sentado en una silla de plástico, a la sombra de una morera y toma un trago largo de tereré antes de empezar a contar: “En 1999 todo esto era todavía un pequeño paraíso. Tierra fértil, bosque, un río cristalino. En aquél entonces podíamos todavía cazar armadillos”. Hoy en día le prohíbe a su hijo Igor de un año, bañarse en el rio. Y sus gallinas mueren cada vez que el viento, con los pesticidas de los campos vecinos de soja, sopla hacia su vivienda.
Funcionarios del gobierno se excusan diciendo que puede ser culpa de algún virus. Ruiz no les cree, pero es difícil demostrar lo contrario. No hay ningún veterinario en San Juan. Las estadísticas de los Centros de Salud locales son imprecisas. “Solo urgencias y casos con signos claros son declarados como envenenamiento por pesticidas”, cuenta el enfermero Carlos Acosta. Problemas muy comunes acá como erupciones cutáneas, infecciones respiratorias o enfermedades renales, que pueden ser relacionados con el uso de pesticidas, no están incluidos en esta categoría. Científicamente, es complicado determinar las causas exactas.
Una de las pocas personas que investigan las consecuencias de los pesticidas sobre la salud humana en Paraguay es la Dra. Stela Benítez Leite, pediatra del Hospital de Clínicas en Asunción. Hace un par de meses ella estuvo en San Juan examinando a los niños. Lo que para la doctora es preocupante, son los posibles daños a largo plazo. Su estudio -en el cual se está analizando la sangre de niños buscando marcadores tumorales- todavía no está terminado. Sin embargo, Benítez Leite ha encontrado números alarmantes en las estadísticas oficiales: “Paraguay tiene una mortalidad infantil elevada, con 19 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Esas defunciones son en primer lugar causadas por infecciones, y en segundo lugar por malformaciones que hace algunos años estaban en cuarto lugar”.
Alcides Ruiz llegó a San Juan en 1999 cuando fue expulsado del Departamento vecino de Alto Paraná, en donde la soja comenzó su avance. El glifosato de los campos de soja sopló sobre su propiedad, marchitó su maíz y mató sus animales. Él fue uno de los últimos que dejó Alto Paraná y depositó su esperanza en ese nuevo pedazo de tierra intacta. Junto con otras 500 familias se establecieron en San Juan, en 5.000 hectáreas entregadas por el Estado. La Constitución del Paraguay y el Estatuto Agrario conceden diez hectáreas de tierra para uso agrícola a cada familia campesina. Pero entre la Constitución y la realidad, hay un abismo. A la par que Ruiz, los sojeros también habían puesto sus ojos en las tierras fértiles de San Juan. Los campesinos trasladados de Alto Paraná, fueron desalojados de manera violenta. Cuando se resistieron, 64 terminaron en la cárcel, uno fue asesinado, las viviendas y la escuela fueron quemadas y su cosecha destruida. A pesar de eso, Ruiz y otros campesinos volvieron un par de días después y empezaron a sembrar de nuevo.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) había cedido el derecho de uso a cada familia, con vistas a obtener un título diez años después, algo que está esperando Ruiz todavía. En lugar de recibir los títulos de sus tierras, vinieron los barones de la soja acompañados por la policía, y el mismo juego de expulsión y ocupación se volvió a repetir.
Sin embargo, los campesinos de la FNC no se dan por vencidos. “En 25 años hemos logrado obtener más de 300.000 hectáreas de tierra para los pequeños pro-ductores”, dice la Secretaria General de la FNC, Teodolina Villalba, con propiedad. “Pero esto no es suficiente en absoluto, todavía queda mucho por hacer. Según nuestras estimaciones hay cerca de 327.000 campesinos jóvenes sin tierra que siguen trabajando en la tierra de sus padres, pero esta situación no es sostenible a largo plazo”.
La FNC organiza ocupaciones de tierra y ayuda con la formación y la construcción de bancos de semillas comunitarios. Villalba sabe que los pequeños productores solo pueden sobrevivir si logran transmitir a la sociedad paraguaya por qué los productos de la agricultura campesina son mejores. Es una difícil batalla contra el Estado, los sojeros y el marketing de las grandes transnacionales de la alimentación. Pero para Alcides Ruiz vale la pena para que su pequeño hijo Igor tenga en el futuro un pedazo de tierra donde producir alimentos saludables.
* Sobre la autora: Sandra Weiss es politóloga y trabaja desde hace 18 años como periodista independiente en América Latina.
* Sobre el fotógrafo: Luis Vera nació en Asunción, Paraguay. Trabaja con fotoperiodismo y fotografía documental, y colabora con pueblos indígenas y campesinos de Paraguay y América. Vera estudió Comunicación, obtuvo una maestría en Antropo-logía Social y un diploma en fotografía artística.
Fuentes: www.alainet.org/es/articulo/193646 / BASE Investigaciones Sociales / Red Latina sin fronteras
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2189 / 17.10.2018
______
“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos Marx
_______
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano.
Colaboran:
ARGENTINA y URUGUAY: Luis E. Sabini Fernández
CENTROAMÉRICA y URUGUAY: Gustavo González
URUGUAY: Pablo Alfano – Jorge Marrero – José Antonio Rocca – Jorge Zabalza.
DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/
Blog: nuevo.comcosur.org
Contacto: comcosur@comcosur.com.uy
Puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______________
—