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LOS LÍMITES DE LA ACCIÓN ELECTORAL

MUMIA:

1) Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
España, entre los países con más víctimas de desapariciones forzadas

2) Almagro, Israel y la mentira como política continental

3) El caos como apuesta para el nuevo Oriente Medio

4) Inteligencia artificial: ¿la nueva dependencia?

5) “Están a la vista los límites de la acción electoral”


COMCOSUR / POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 17 / Nº 835/ Miércoles 30 de agosto de 2017 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán

“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra y combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader

1) Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
España, entre los países con más víctimas de desapariciones forzadas
(Público.es)

Más de 100.000 víctimas del franquismo y la Guerra Civil continúan en paradero desconocido. Amnistía Internacional recuerda que lejos de buscar mecanismos de reparación, el Gobierno español ni investiga ni deja investigar los crímenes.

«Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron mientras mi hermano y yo dormíamos. A mi padre le habían matado un mes antes; hoy sigue enterrado en una fosa común». Antonio Narváez tenía tres años cuando su madre desapareció. Ahora, a sus 83, sigue pidiendo justicia: «A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno».

Los padres de Antonio forman parte de un registro fantasma, inexistente. No aparecen en ningún lado ni como víctimas ni como fallecidos. España tiene el dudoso honor de ser uno de los países con más víctimas de desapariciones forzadas. Según Amnistía Internacional, de los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.

Cifras que, según el investigador de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha Miguel Ángel Rodríguez Arias, sitúan a España en segundo lugar en número de desaparecidos, sólo por detrás del régimen de Pol Pot en Camboya. Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora este miércoles, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha convocado una protesta en Ponferrada a las 19.30 horas para denunciar que «no se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas asesinadas por los franquistas en las cunetas».

Por su parte, Amnistía presenta también este miércoles la campaña Nada es igual, si alguien desaparece con la que denuncia que en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. «En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo», destaca la ONG en un comunicado.

La organización recuerda que durante una visita a España en 2013, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas «se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones».

Con el Partido Popular en contra, el Congreso aprobó el pasado mes de mayo una Proposición No de Ley (PNL) con la que se instaba al Gobierno a “revitalizar” el contenido de la ley de la Memoria Histórica de 2007 y que, entre otros aspectos, asumiera las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de víctimas de desaparición forzada. Como todas las PNL, esta tampoco tiene fuerza jurídica.

Amnistía también destaca la querella contra el franquismo interpuesta en 2010 en Argentina y cómo España ha evitado colaborar con la justicia argentina. «En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos», denuncia la ONG.

Para dar cuenta de los efectos en los familiares de los desaparecidos, la organización ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si faltara alguno de sus personajes más emblemáticos, como Marge en Los Simpsons. Dentro sus acciones, Amnistía también ha puesto en marcha una recogida de firmas, que ya suma más de 189.000, para recordar al Gobierno y al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en particular que los casos de desaparición forzada siguen vigentes.

Con la campaña, la ONG también quiere poner el foco en otros países como Siria ─75.000 desaparecidos entre 2011 y 2016─ o México, donde, de acuerdo a datos del Gobierno, 32,096 personas se hallaban en paradero desconocido en junio de este mismo año. No son, ni mucho menos, los únicos con cifras alarmantes de desapariciones forzadas. Según datos de la ONU, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.

Manifestación ante el Congreso

Coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las víctimas de bebés robados y adoptados ilegales han convocado una concentración a las 10.30 horas ante el Congreso para reivindicar que su causa se convierta en una «cuestión de Estado» con el propósito de que prime «la verdad, la justicia y la reparación».

En un comunicado, la plataforma «Camino de la Justicia», la asociación AVIDNA y el Observatorio Internacional para la defensa de los Derechos Humanos «Nuevo Ágora», explican que es la segunda concentración que convocan y destacan que la de este miércoles se celebrará tras «un año muy duro», en el que no han dejado de trabajar para lograr que se escuche su voz.

Denuncian que han tenido que «ejercer de detectives privados» para recopilar los documentos sobre sus causas y critican que no sea el Ministerio de Justicia y la Iglesia los que les entreguen documentos relativos a «nacimientos, historias clínicas u otros asuntos». Además, reiterarán su demanda de que se cree un banco de ADN y un censo de afectados y de víctimas, según las diferentes situaciones, entre las que figuran las de bebés robados, falsos biológicos o adopciones ilegales.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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2) Almagro, Israel y la mentira como política continental
María Landi (Desinformémonos)

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, no contento con promover la intervención estadounidense en Venezuela -en lugar de tender puentes para reducir la polarización social-, recientemente ha sumado motivos para la indignación popular al visitar Israel y hacer declaraciones que nos ofenden.

Almagro no habló como el representante de un organismo internacional, sino como un simple propagandista de Israel, presentándolo como un Estado normal, progresista y moderno, respetuoso de la democracia y los derechos humanos. Curioso concepto de democracia tiene el Secretario General de la OEA, que según él es compatible con el nacionalismo religioso, la ocupación colonial y el apartheid.

Por contraste, esta semana en una conferencia en la UNAM de Ciudad de México, el historiador israelí Ilan Pappé dejó claro que el Estado de Israel, nacido de la destrucción del pueblo, el territorio y la cultura árabes de Palestina, se sostiene desde hace siete décadas en base a un régimen de limpieza étnica, ocupación militar, colonización territorial y apartheid jurídico.

Ese Estado controla por la fuerza la totalidad del territorio de la Palestina histórica, desde el Mediterráneo hasta el Jordán, manteniendo a la mitad de la población que vive en él (unos seis millones de personas) sin absolutamente ningún derecho (en los territorios ocupados) o con derechos limitados (dentro de Israel) por el simple hecho de no ser judía. Y al tiempo que promueve la inmigración de población judía de todo el mundo, le niega a otros seis millones de palestinos/as el derecho de regresar a su tierra, obligándoles a vivir en el exilio o en miserables campos de refugiados en los países vecinos.

Israel es el Estado que ha desconocido e ignorado más resoluciones de la ONU desde 1948 hasta el presente (incluyendo la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad). Además de las numerosas resoluciones incumplidas, Israel comete diariamente crímenes de guerra -según el Derecho Internacional Humanitario- contra la población palestina. Entre ellos, desplazamiento forzado, traslado de población ocupante al territorio ocupado, apartheid (como recientemente afirmó la CESPAO, un órgano de la ONU) y genocidio incremental, como llama Ilan Pappé a la combinación de limpieza étnica gradual (en Cisjordania y Jerusalén Este) con ataques y bombardeos periódicos (en Gaza).

Pappé dejó claro lo que hemos dicho en esta columna muchas veces: el llamado “conflicto” palestino-israelí no es una disputa entre dos pueblos por la misma tierra, sino el resultado de una ideología y un proyecto colonial surgidos en Europa a fines del siglo XIX (el sionismo), que se propuso apropiarse del territorio de Palestina, expulsando a su población árabe nativa para sustituirla por colonos (judíos) provenientes de otros países. Los colonos sionistas europeos y blancos que llegaron a Palestina no eran descendientes de las y los palestinos originarios de religión judía, que hasta 1948 convivían pacíficamente con sus compatriotas de religión musulmana y cristiana –en Palestina y en todo el mundo árabe.

En sus declaraciones Almagro afirmó también que los pueblos latinoamericanos tenemos “los mismos principios y valores de respeto a la democracia y los derechos humanos” que Israel. Palabras similares suelen estar en boca de diplomáticos y representantes del régimen sionista en nuestros países. Semejantes afirmaciones deberían ser respondidas categóricamente con una indignación generalizada, pero la verdad es que suelen pasar desapercibidas y hasta toleradas.

A menudo me pregunto por qué los pueblos latinoamericanos, que tenemos siglos de resistencia contra el racismo y el colonialismo, y varias décadas de lucha contra el autoritarismo militar y el terrorismo de Estado, nos dejamos insultar por representantes de un Estado que mantiene la ocupación colonial más larga de la historia moderna (la única que queda en la agenda de la ONU desde su creación) y nos la presenta como “la única democracia de Medio Oriente”.

La dura verdad es que América Latina -al igual que otras regiones del llamado Sur Global- se está convirtiendo en la retaguardia estratégica de Israel, ante el deterioro acelerado de su legitimidad en el hemisferio Norte como consecuencia del avance de la campaña mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). El sionismo está desplegando en nuestro continente una preocupante ofensiva diplomática, económica y mediática, buscando incrementar su influencia, especialmente a través de la OEA y el BID.

Detrás de su interés en “cooperar” con nuestros países en cuestiones como tecnología agrícola y de irrigación (desarrollada tras décadas de despojo de sus recursos hídricos a las comunidades palestinas, mediante un verdadero apartheid del agua), Israel esconde su codicia por nuestros recursos estratégicos (por ejemplo, el acuífero Guaraní en América del Sur) y también su intención de exportar a nuestros países su modelo de Estado segurocrático, militarizado y represivo.

Aprovechándose de una coyuntura mundial donde aumentan el miedo al terrorismo y la islamofobia, de la impunidad que le ofrece la Era Trump y del giro hacia la derecha en nuestros países, Israel ve una oportunidad única para vendernos su industria de seguridad y armamentística (con el valor agregado de “probado en terreno”, es decir, en los cuerpos palestinos), así como su experticia en la lucha contra “el terrorismo” -que no es otra cosa que la represión brutal de la población palestina, que resiste mayoritariamente por medios no violentos al despojo de su tierra.

Quienes sufrimos el terrorismo de Estado reconocemos a un Estado terrorista, y debemos rechazarlo. Así como rechazamos la incitación de Almagro a la intervención externa en Venezuela, debemos rechazar su trabajo de blanqueo (‘whitewashing’) para normalizar los crímenes de Israel. No tiene nada de ‘normal’ un régimen que desde hace siete décadas viola sistemáticamente todos los derechos humanos del pueblo palestino, asesinándolo extrajudicialmente, encarcelándolo indefinidamente sin cargos ni juicio, apresando a sus niños por tirar piedras al ejército de ocupación y juzgándolos en tribunales militares, robándole y negándole su agua, expulsándolo de sus tierras, demoliendo sus casas, escuelas y hospitales como castigo colectivo o para vaciar la tierra y entregársela a colonos judíos, y permitiendo que éstos roben, destruyan y quemen cultivos, casas y propiedades palestinas con total impunidad.

Los pueblos latinoamericanos no tenemos ningún valor ni principio en común con Israel. Por el contrario, estamos por el fin de toda ocupación militar, de todo régimen colonial, racista y supremacista (basado en la superioridad de un grupo de población sobre otro, como es el caso de la etnocracia israelí), y por la autodeterminación de los pueblos, la misma que se le niega al pueblo palestino.

El paradigma de los derechos humanos y la democracia en el siglo XXI no admite que dos grupos de población viviendo en el mismo territorio sean gobernados por dos sistemas legales y jurídicos distintos en función de su origen étnico o religioso (civil para la población judía, militar para la población palestina), o que la población no judía sea discriminada por más de 50 leyes. Eso se llama apartheid, no democracia.

La mejor respuesta a las mentiras de Almagro como vocero del sionismo la dio Ilan Pappé al concluir su exposición en la UNAM: “Debemos entender que Palestina es un asunto de justicia social y moral. No es el peor conflicto que hay en el mundo, ni el movimiento sionista es el más cruel que ha existido en la historia. Pero es el relato más fabricado de nuestro tiempo. Es la historia más mentirosa del mundo. Y es la que muestra como ninguna otra la hipocresía y el doble rasero de Occidente. Hay muchos regímenes malos en el mundo, pero nadie los describe como positivos, o como “complejos”. El conflicto Palestina-Israel no tiene nada de complicado: es un caso clásico de colonialismo de asentamiento. Y la única solución es la descolonización de Palestina. Eso va a ocurrir cuando el mundo le diga a los sionistas: ‘No les creemos más su relato fabricado. Sabemos demasiado para creerles. ¡Dejen de mentir!’”

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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3) El caos como apuesta para el nuevo Oriente Medio
Olga Rodríguez (El Mundo)

¿A quién beneficia lo que ocurre?, es la pregunta que debemos hacernos en cualquier análisis de una realidad. ¿A quién beneficia la radicalización y el yihadismo en Oriente Medio?

La crisis europea, la corrupción en el seno de algunos Gobiernos de nuestro continente, el aumento de la desigualdad y de la pobreza nos dejan poco espacio para prestar atención a lo que ocurre en Oriente Medio. Y, sin embargo, deberíamos tener un ojo siempre puesto en la región vecina, pues en ella se viven algunos de los acontecimientos más convulsos de su ya de por sí agitada historia reciente, y en ellos participan e influyen, de un modo u otro, países occidentales.

Las alianzas tejidas en Oriente Medio son cada vez más complejas y enrevesadas. Siria, Libia, Yemen e Irak son los cuatro puntos más calientes. Libia es un territorio caótico en el que las fuerzas aliadas de la OTAN introdujeron armas y permitieron el descontrol durante su lucha contra el gobierno de Gadafi en 2011. No era dificil adivinar -y así lo advertimos muchos en diversos artículos o libros- que el reparto de armas entre grupos radicales, la intervención de ejércitos extranjeros y las luchas por el poder surgidas a raíz de la caída del régimen de Gadafi fueran a extender el caos y el belicismo más allá de las fronteras libias.

Irak representa el principio de esta nueva tragedia en la región. Desde la invasión y ocupación ilegal del país en 2003 el territorio iraquí se ha convertido en un infierno. El Ejército estadounidense ocupó territorios, allanó casas, humilló a familias, torturó a presos, arrestó a miles de inocentes, permitió los saqueos y el caos, y de hecho hizo de ello, del caos, su estrategia política para la región. Las consecuencias de la mal llamada guerra de Irak no son producto de errores militares y políticos, sino el resultado buscado en una región que, cuanto más débil y caótica sea, más controlable resultará para las potencias que quieren seguir aprovechándose de ella.

Aunque en los últimos años Occidente ha querido mirar más a Asia, lo cierto es que en Oriente Medio se siguen midiendo pulsos, marcando poderes, controlando bases militares y extrayendo petróleo. Su estratégica situación geográfica, entre Asia y Europa -imprescindible lugar de paso para gaseoductos y oleoductos- su riqueza en materias como el oro negro y el gas, la presencia en ella de bases militares clave, su cercanía geográfica con Rusia y China, la composición de su sociedades, llamativamente jóvenes, y la existencia en ella de un país como Israel mantienen esta zona como un perpétuo tablero de ajedrez que demasiado a menudo se transforma en campo de batalla abierta.

Sería un error simplificar análisis concluyendo que lo que ocurre en la actualidad es consecuencia de las revueltas en varios países árabes en 2011. Aquello fue, en varios casos, un genuino intento de irrupción social por parte de sectores que reclamaron pan, libertad y justicia social en naciones marcadas por políticas dictatoriales, injerencias extranjeras, medidas económicas impuestas por organismos internacionales ajenos a los intereses de estas sociedades y expolios causados primero por el colonialismo y después por el neocolonialismo. Pero rápidamente esas revueltas fueron secuestradas o reconducidas por actores interesados en mantener el statu quo anterior o, incluso, en aprovechar la situación a su favor para hacerse con más cuotas de influencia y poder en la región.

Es el caso de Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos desde hace décadas. La monarquía absolutista de Riad no ha dudado en extender sus tentáculos en Siria, Irak, Egipto o Yemen, con el objetivo de aplastar revueltas, controlar gobiernos y marcar influencia, sin importarle para ello apoyar a grupos fundamentalistas y distribuir armas entre combatientes radicales.

¿A quién beneficia lo que ocurre?, es la pregunta que debemos hacernos en cualquier análisis de una realidad. ¿A quién beneficia la radicalización y el yihadismo en Oriente Medio? A las dictaduras árabes. A quienes en nombre de la seguridad están dispuestos a sacrificar la posibilidad de libertad, democracia e independencia de los países de la región. Beneficia a las potencias extranjeras necesitan justificar sus intervenciones militares y sus injerencias políticas. Beneficia a quienes temen un Oriente Medio libre y democrático, con naciones árabes y musulmanas unidas trabajando por su bien común. Como suele decir un amigo palestino que vive en los territorios ocupados, “cada vez que Al Qaeda instrumentaliza nuestra causa hablando de Palestina, nos está disparando en la cabeza”.

Los países del Golfo han financiado a grupos fundamentalistas en Libia, Irak y Yemen, a milicias yihadistas enfrentadas en Siria y al sector golpista en Egipto. Arabia Saudí y Emiratos enviaron tropas a Bahrein para aplastar a los manifestantes que exigían libertad en las revueltas de 2011. Arabia Saudí contribuyó activamente a la represión de los Hermanos Musulmanes en Egipto pero ahora busca su alianza en Yemen. Estados Unidos permite la actuación de Irán en su lucha contra el Estado Islámico en Irak pero se posiciona a favor de Arabia Saudí en Yemen – facilitando armas a Riad- en su lucha contra las milicias hutíes que reciben aliento de Teherán. En cuanto a Siria, Washington ha jugado a mantener un peligroso equilibrio consistente en evitar el exceso de poder de los bandos implicados, para que nadie gane, para que todos se desgasten.

Por más guerras y contradictorios juegos de alianzas que se tejan, lo cierto es que el recorrido lógico -e inevitable, si no fuera por la contumaz apuesta por el caos de las potencias involucradas- en Oriente Medio exigiría dos medidas urgentes: la ruptura de las alianzas clave de Occidente con países como Arabia Saudí y el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos. Las negociaciones en Lausana de Estados Unidos con Irán -en las que han participado Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania- planean sobre todos los acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Medio. No es casualidad que Arabia Saudí, con el apoyo de varios países árabes, comenzara a bombardear Yemen mientras se desarrollaban las conversaciones con Teherán.

Yemen, el país árabe más pobre del mundo, en el que se calcula que hay 60 millones de armas, está siendo utilizado como uno de los elementos para condicionar las negociaciones con Irán, negociaciones que Arabia Saudí e Israel desearían sabotear. Ya sabemos por tanto para qué están “sirviendo” las armas que Estados Unidos ha vendido a la monarquía absolutista saudí, en una transacción a plazos que, si no se interrumpe, será la mayor venta de armas estadounidenses de la historia: Arabia Saudí emplea equipamiento militar estadounidense – y también europeo- para intervenir en otros países…árabes, contribuyendo activamente a una mayor desestabilización de la región.

Yemen es el cuarto país árabe en el que Arabia Saudí actúa militarmente en menos de tres años. A estas alturas no cabe duda de que potencias regionales e internacionales apuestan no por políticas que desembocan en errores -como más o menos inocentemente afirman algunos analistas- sino por políticas que garantizan el caos, el debilitamiento, la división de Oriente Medio. Porque desde el caos se puede perpetuar el control de territorios ajenos. Porque desde el caos se pueden mantener gobiernos títeres. Porque el caos facilita la dominación y ‘justifica’ las dictaduras como mal menor. Porque el caos fragmenta Estados y crea territorios serviles, elementos clave del nuevo mapa de Oriente Medio.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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4) Inteligencia artificial: ¿la nueva dependencia?
Sally Burch (Alai)

Entre los cambios en curso en el mundo, uno que pronto será de los más ubicuos es la expansión de la llamada “inteligencia artificial” (IA) en un sinfín de áreas, que significará transformaciones significativas en la economía, el trabajo, el convivir social y muchos otros ámbitos. La IA implica básicamente la capacidad informática de absorber una enorme cantidad de datos para procesarlos –mediante algoritmos– con el fin de tomar decisiones en función de una meta específica, con una rapidez y en volúmenes que superan ampliamente la capacidad humana. Por ejemplo, ya se lo utiliza para optimizar las inversiones particulares en la bolsa de valores, o para ordenar mejor el tráfico vehicular al identificar, en tiempo real, las rutas más descongestionadas.

El discurso promocional busca vender la IA como respuesta a la mayoría de problemas; y sin duda, muchas aplicaciones pueden ser bastante provechosas, a nivel personal o social. No obstante, como toda tecnología, la forma cómo se desarrolla responde a intereses concretos; y actualmente casi las únicas entidades con capacidad de realizar la inversión y manejar las cantidades de datos requeridas para optimizar los sistemas, son grandes empresas transnacionales: principalmente estadounidenses, aunque también chinas y, en menor medida, de algunos otros países.

La hegemonía que han logrado estas empresas se debe, por un lado, a la posición clave que ocupan al controlar las plataformas que conectan los diferentes actores, hecho que se presta a la conformación de monopolios. Y esto a su vez les permite acumular más datos, insumo principal de esta nueva economía digital. Entonces, y sobre todo cuando se trata de transferir servicios públicos o funciones críticas a sistemas de IA manejados por estas empresas, surge una contradicción entre la meta de máxima ganancia de la empresa y las exigencias del interés público.

Uno de los riesgos más evidentes es una eventual falla o hackeo en un sistema vital (como la red eléctrica) o de alto peligro (como los vehículos de automanejo). Posibilidad que aumenta si la empresa responsable trata de aumentar su ganancia al reducir el gasto en seguridad.

Pero surgen serias implicaciones y desafíos en muchos otros aspectos, particularmente respecto a los derechos humanos o las zonas grises en lo jurídico; como también en materia de soberanía.

En los países desarrollados (en particular Europa), está abierto el debate sobre las implicaciones de la inteligencia artificial y se ha comenzado a elaborar marcos de principios y derechos, que contemplan cuestiones como:

– Los robots y sistemas de IA programados para tomar ciertas decisiones tienen a veces algoritmos complejos que resulta imposible saber exactamente cómo y por qué tomaron tal decisión y no otra. Entonces, ¿quién es responsable por las consecuencias de estas decisiones?

– ¿A quién(es) pertenecen los datos que los sistemas informáticos recaban de los sensores (por ejemplo, de una ciudad) o de los usuarios (con o sin su consentimiento o conocimiento)? ¿Qué implicaciones tendría en cuanto a quién(es) se benefician de los rendimientos económicos que producen?

– ¿Cómo evitar que los sistemas inteligentes profundicen las exclusiones y discriminaciones (intencionalmente o no)? De hecho ya existen muchos casos donde se evidencia que los prejuicios sociales se reflejan en los mismos algoritmos.

Posiblemente uno de los problemas más agudos sería el impacto sobre el empleo debido a la robotización o la automatización de la producción de bienes o servicios. Hay pronósticos de que el empleo en muchos sectores va a desaparecer, y que los nuevos empleos serían insuficientes para absorber a todas las personas desplazadas; entre los sectores más vulnerables se menciona a los choferes profesionales o el personal de venta de supermercados y almacenes. Por ello, hay cada vez más apoyo, en los países desarrollados, incluso entre el sector empresarial, a la idea de que será necesario establecer un ingreso básico universal para la población que queda sin empleo remunerado, que sería subvencionado mediante políticas de transferencia de ingreso de las empresas ultra-rentables del sector de la IA.

Toda vez, otros analistas consideran que se exagera el peligro de pérdida de empleos al menos en el corto plazo, (tal vez por motivos políticos: un trabajador con miedo de perder su empleo será más dócil), ya que si fuera cierto que los robots están remplazando masivamente a trabajadores, se estaría produciendo un fuerte crecimiento en productividad, lo que, al menos en el caso de EE.UU., no se registra.[1] El crecimiento promedio es de apenas 1.2% anual en la última década y solo 0.6% en el último quinquenio.

Pero no cabe duda que hay una transferencia de riqueza hacia las empresas que concentran poder en el sector IA (a veces conocido como GAFA –Google, Apple, Facebook, Amazon–, o GAFA-A, incluyendo a la empresa china Alibaba); enriquecimiento basado en la acumulación y procesamiento de datos,

El impacto en el Sur

En América Latina, hasta ahora, hay poco debate sobre estos temas. Sin embargo, podemos estimar que los impactos serán importantes y a relativamente corto plazo. Por un lado, los cambios en el Norte tendrán sin duda secuelas en el Sur. Por ejemplo, a medida que avance la robotización y automatización, ciertas líneas de producción que fueron desplazadas a países del Sur para beneficiarse de la mano de obra barata, regresarían al Norte. De hecho ya está ocurriendo: en India, por ejemplo, se han reducido fuertemente los empleos en el sector de tecnologías de la información, en particular los centros de llamadas. Por otro lado, la contratación en el Sur de sistemas de IA de proveedores del Norte, por ejemplo para mejorar los servicios públicos, significará nuevas formas de extracción de riqueza y datos y por ende nuevas formas de dependencia, mayores brechas entre Norte y Sur, etc. Sería importante realizar estudios que midan las repercusiones reales en nuestros países y para estimar el impacto potencial.

En un artículo de opinión publicado hace poco en el New York Times[2], Kai-Fu Lee, (quien encabeza una empresa china de capital de riesgo y preside su Instituto de Inteligencia Artificial), presenta las perspectivas en términos bastante crudos: para el futuro previsible, si bien la IA está muy lejos de poder competir con la inteligencia humana, él reconoce que tiene la capacidad de reconfigurar el sentido del trabajo y de la creación de riqueza, lo que desencadenará la eliminación a amplia escala de empleos, conllevando a desigualdades económicas sin precedentes. Por ello, considera inevitable introducir políticas de transferencia de ingreso de las empresas de IA con alta rentabilidad hacia los sectores sin empleo, lo que será factible –dice– en países como EEUU o China, que tienen el potencial de dominar el sector. Pero, siendo la IA una industria donde la fortaleza engendra mayor fortaleza, la mayoría de países quedarán fuera de esa posibilidad, por lo que “enfrentan dos problemas infranqueables. Primero, la mayoría del dinero que produzca la inteligencia artificial irá a Estados Unidos y China”. Y segundo, tener poblaciones en crecimiento se convertirá en una desventaja, por la escasez de empleos.

Entonces, pregunta qué opciones quedarán para la mayoría de países que no podrán cobrar impuestos a empresas de IA ultra-rentables: “Solo puedo predecir una: a menos que deseen hundir en la pobreza a su gente, se verán obligados a negociar con el país que les proporcione la mayor cantidad de software de inteligencia artificial —China o Estados Unidos— para que en esencia sea dependiente económico de ese país y acepte los subsidios de asistencia social a cambio de que las empresas de inteligencia artificial de la nación ‘madre’ sigan obteniendo ganancias de los usuarios del país dependiente.” El autor estima que las empresas estadounidenses dominarán en los países desarrollados y en algunos en desarrollo, y las empresas chinas en la mayoría de países en desarrollo, arreglo económico que “transformarían las alianzas geopolíticas”.

Sin duda, es un pronóstico influenciado por la perspectiva geopolítica china, pero lo destacamos aquí porque es poco frecuente que el sector empresarial quiera reconocer esta realidad. Se puede pensar que habría otras salidas; no obstante, con la actual inercia en la mayoría de países del Sur frente a esta realidad, aún poco entendida, un escenario parecido al que prevé Kai-Fu Lee parece bastante probable. El Sur permanecería en su rol de proveedor de alimentos y materias primas y se ahondaría su dependencia del Norte.

No hay mucho tiempo para reaccionar, como lo destacó, en su reciente visita a Ecuador, el ex ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, quien advirtió que el modelo económico actual de ese país suramericano apenas podrá durar unos cinco años más y luego –si no hay un recambio tecnológico–, quedará fuera de la cadena de creación de valor. “El cambio tecnológico se está moviendo rápidamente contra los productores primarios: los países de ingreso bajo o medio que dependen del comercio físico”. A la vez que alabó la sofisticación de la política financiera ecuatoriana frente a la dolarización y la deuda externa y para la redistribución de la renta, consideró que el reto actual es encontrar una sofisticación similar en el sector tecnológico, emulando, por ejemplo, a Estonia o Islandia, con una política de soberanía tecnológica, para que se vuelva un ejemplo para la región y para el proceso de integración regional.

Mientras tanto, las transnacionales del sector se apresuran a derrumbar cualquier barrera que pueda subsistir para su dominio global sobre los mercados y los datos. Avanzaron su agenda, con muy poca resistencia, en los capítulos sobre comercio electrónico de los acuerdos comerciales TPP (Tratado Transpacífico – ya difunto) y TISA (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios – por ahora congelado); entonces la apuesta ahora es abrir negociaciones sobre “comercio electrónico” en la Organización Mundial del Comercio (OMC)[3].

Sin duda, el reto de la nueva economía digital apela a una voluntad política clara y contundente, pero también a buscar alianzas. Por el tamaño de las inversiones que requiere, es poco pensable que cualquier país latinoamericano por sí solo pueda encontrar una salida adecuada; pero un bloque de países –como UNASUR– tendría mayor capacidad de desarrollar niveles de respuesta, por lo menos para afirmar soberanía regional en algunas áreas críticas. Le permitiría asimismo acumular más poder de negociación frente a las potencias en IA y sus empresas, como en las instancias globales donde se definen políticas de gobernanza.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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5) “Están a la vista los límites de la acción electoral”
Leonardo Rossi (La Tinta)

Raúl Zibechi habló del libro escrito en colaboración con Decio Machado “Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo”

‘Cambiar el mundo desde arriba. Los límites del progresismo’ es el nuevo libro escrito por Decio Machado (Brasil-Ecuador) y Raúl Zibechi (Uruguay), una lectura necesaria para pensar el campo popular de la región, en tiempos donde el minuto a minuto electoral parece licuar las perspectivas críticas. De paso por Córdoba, invitado por el Colectivo de Investigación ‘El llano en llamas’, Zibechi repasó algunas observaciones del libro y otros análisis de coyuntura.

“Con el progresismo hubo más capitalismo”, plantea el colaborador de La Jornada, Brecha y La Vaca, entre otros medios del continente, y uno de los autores-activistas referente de las luchas de los movimientos antisistémicos. La frase no es mera provocación, tiene un sentido profundo en torno a la construcción de historias de vida en grandes masas de la población, con hondo alcance en el tipo de valores colectivos e individuales que este sistema configura y que pareció sorprender a más de uno a partir de los resultados de las elecciones de 2015.

El libro, editado por Autonomía-Pié de los hechos, “es un intento de hacer balance del periodo progresista y por otro lado desarmar algunas ideas falsas”. “Sostengo que en Cuba hubo una revolución, no sé si en Bolivia o en Venezuela hubo revolución ¿Pudo haber revolución que no haya tocado uno de elementos centrales del aparato estatal como las Fuerzas Armadas? Ahí comparamos los debates y procesos que hubo en Cuba con los que hubo en Bolivia y Venezuela. Queda para mí claro que no hubo proceso revolucionario”, señala el autor.

A eso agrega otro ítem, “el famoso tema de la desigualdad”. “En el periodo progresista disminuyó la pobreza, pero también disminuyó con los gobiernos conservadores. Pero no disminuyó la desigualdad, porque el extractivismo es una máquina de generar desigualdad. Entonces el trabajo busca poner en diálogo esos temas y mostrar que el progresismo tuvo cosas interesantes, como el empoderamiento de sectores populares, que es un efecto indirecto, pero que no todo lo que dice el progresismo de sí mismo es como lo dice”. Y además, resalta los “efectos negativos, como el consumismo o la dependencia de las políticas sociales del capital financiero, algo demostrado”. “Con un dinero del Estado por política social tengo una tarjeta con la que puedo comprar una moto o un plasma, eso es una expansión y profundización del capitalismo”.

El trabajo repasa, por ejemplo, el crecimiento del endeudamiento de los sectores populares en Brasil al tiempo que los bancos hicieron jugosos negocios durante el lulismo, como nunca antes. El trabajo se orienta a debatir dentro del propio campo popular y de las izquierdas acerca de los horizontes emancipatorios lejos de miradas posibilistas.

Frente a las urgencias que marcan los voceros del sistema de partidos, reacomodando nombres propios frente a cada elección, Zibechi deja un mensaje acerca de los caminos de emancipación colectiva que, entiende, serán duraderos si surgen de abajo, sin tener base en la tutela del Estado ni política social alguna, por más progresista que sea, en contextos donde “el modelo extractivo deja afuera a la mitad de la población”. “Debemos insistir, promover y fortalecer las alianzas urbano-rurales, la recuperación de tierras, la soberanía alimentaria como camino hacia la autonomía”.

Apuntes del libro

Entre las líneas de trabajo, el texto intenta pasar a discutir a partir de las diversas experiencias revolucionarias del siglo XX, y qué tipo de subjetividad han promovido las izquierdas en el poder. Con una marcada crítica a la visión teleológica del marxismo ortodoxo que confió ciegamente en la apropiación de los medios de producción controlados por Estados centralizados, sin cuestionar el productivismo irracional ni la persistencia de la monetización de la vida, el trabajo va pasando por textos surgidos al calor de la truncada sovietización rusa, los ricos debates de la revolución cultural china y las reflexiones sobre los objetivos que debiera tener la economía en la incipiente Cuba revolucionaria de la década del sesenta. Cuestiones como el trabajo voluntario, la relación campo-ciudad y la organización horizontal de la producción van siendo revisadas con profundas críticas y valiosos rescates en torno a textos de Lenín, Mao y Guevara, entre otros.

El libro recuerda las revueltas frente al neoliberalismo que atravesaron el continente en la larga década del noventa, para luego centrarse en analizar los progresismos, y compararlos en perspectiva histórica y coyuntural. Observar que bajo los gobierno del PT la parte más rica de Brasil concentra más recursos que durante el neolierbalismo, que la Colombia derechista redujo más la pobreza que la Revolución Ciudadana de Ecuador en el mismo período o el sensible aumento de las muertes a manos de la policía en Argentina durante el kirchnerismo comparado con la década anterior son datos que se van entremezclando con análisis de fondo acerca de los ‘límites del progresismo’.

El eje central del trabajo pasa por revindicar el conflicto social nacido desde abajo como motor de las grandes transformaciones estructurales de la sociedad en contraposición a las democracias electoralistas, que si bien han reducido la pobreza no han sacudido las estructuras profundas de la desigualdad en el continente: basta ver la situación de vivienda, salud pública y educación en las diversas geografías. Asimismo no han alterado las fuerzas de seguridad ni los mecanismos de participación y financiamiento de la política, aspectos clave en la construcción de otros horizontes emancipatorios.

Sin dejar de reconocer logros de estos gobiernos, el libro apunta a mantener vivo el sentido crítico en el campo de los ‘abajos’ o de los ‘movimientos antisistémicos’ contra cierta intelectualidad que “olvida los protagonistas populares que hicieron posible el ciclo progresista y sólo atienden al papel de los dirigentes que, en sintonía con toda tradición del pensamiento crítico, debemos considerar que juegan un papel secundario” (162). En América Latina, plantean los autores, la contra-hegemonía “significa poner en cuestión los componentes sustantivos de la modernidad: el predominio de la razón científica, el pensamiento ilustrado, el concepto de desarrollo y acumulación, así como nuestra relación de control y dominio de la naturaleza” (100).

Punteo de la coyuntura

Consultado sobre el actual escenario en la región, específicamente sobre Colombia y Venezuela, Zibechi reflexiona: “En algunas zonas campesinas, las FARC era un principio de orden y freno al narco aliado a los paramilitares. Esta transición fortalece el campo paramilitar. Veremos qué sucede. Pero la guerra contra los de abajo sigue, en forma de goteo, porque no cesa la muerte de dirigentes populares”. Mientras que en Venezuela observa “una puja muy fuerte de poder, donde el madurismo mantiene un apoyo electoral importante, pero también lo tiene la oposición”. “Es una sociedad partida al medio, y eso hace que sea cuestión de tiempo que estalle en un conflicto”. Zibechi expresa su rotundo rechazo y llama a “impedir la injerencia de Estados Unidos y las empresas extranjeras” y aclara que “eso no implica apoyo al madurismo, que entiendo está derivando en un creciente militarismo, donde el núcleo del poder está en las Fuerzas Armadas, lo cual significa un problema”.

En torno a este escenario, dice: “sin dejar de poner la mirada en la realidad local y el análisis de clase, hace falta prestar mucha más atención en el crecimiento exponencial de las tensiones internacionales. Hace diez años no me hubiese imaginado la situación actual de Siria ¿hoy es tan loco pensar esa situación en Venezuela donde Estados Unidos, Rusia y China tienen intereses? El escenario se está moviendo muy rápido, y nuestra capacidad de comprensión de la realidad internacional no se está moviendo tan rápido. Hago un llamado a pensar geopolíticamente desde los movimientos”.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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