1) Conahoba, es en serio pero parece en joda –
2) Robo de municiones: justicia militar procesa con prisión a jefe de base aérea –
3) El Frente Amplio tratará mañana cinco casos del Tribunal de Conducta Política: Puig y Semproni en el banquillo –
4) Aduanas solicitó apoyo a Philip Morris para atacar el tabaco ilegal –
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2030 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 24 de Julio de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Conahoba, es en serio pero parece en joda
Bienestar animal: una ley que favoreció el despilfarro
J.L.Aguiar (El País)
La comparecencia de la Conahoba ante los integrantes la Comisión de Educación de Diputados, el pasado 15 de julio, terminó en algo parecido a una pelea de perros y gatos, y dio motivo a un pedido de informes al Ministerio de Educación, del que depende aquella institución.
Hubo salidas de tono y agravios a media voz. Uno de los representantes de la Conahoba se levantó y abandonó la sesión. Como es probable que muchos lectores no sepan qué es la Conahoba, habrá que explicarlo en el siguiente párrafo.
Se trata de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, organismo robustamente poblado por delegados de los ministerios de Educación y Cultura (que la preside); Salud Pública; Ganadería, Agricultura y Pesca; Ministerio del Interior; Mvotma; el Congreso de Intendentes, la Universidad de la República, la Sociedad de Medicina Veterinaria y organizaciones protectoras de animales. Vale aclarar que no contaba hasta ahora con Presidente, porque el anterior —Homero Cabanas— renunció apabullado por la burocracia. Los heterogéneos representantes de Conahoba fueron convocados a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes a instancias del diputado Martín Lema (PN), ante las certezas de que no se cumple con los cometidos de la Ley de Bienestar Animal (un voluminoso texto de 298 artículos aprobado en 2009 y reglamentado el año pasado).
La ley da respuesta a una inquietud ciudadana canalizada por agitados defensores de los animales y a un panorama que parece dantesco, tal como lo describió en la comisión el representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria, Pablo Ocampo: carpinchos matados a patadas, peleas clandestinas de perros, animales sueltos que causan accidentes de tránsito —»como la chica que, andando en moto, se dio contra un perro en Caraguatá»—, y otros casos como el del perro «matado a puñaladas por su dueño», que denunció Ana Rita Colombo, defensora de los derechos de los animales.
Caja de sorpresas.
Todos los participantes de la reunión, diputados y miembros de la Conahoba, coincidieron en el dramatismo de la situación. Pero las diferencias afloraron cuando los legisladores inquirieron qué se había hecho —o, más bien, por qué no se había hecho nada— para remediar ese drama. Los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal se quejaron de que no cuentan con presupuesto ni inspectores para hacer frente a las denuncias que reciben. «Tenemos dos funcionarios que están siendo entrenados, y ayer ingresó el tercero «, relató la presidenta interina, Sonia Sosa. «Y tenemos, además, un vacío presupuestal», añadió.
Despilfarro.
Ahí saltó Jorge Papadópulos, director de secretaría del MEC, para revelar un dato sorprendente: el año pasado se destinó para la Conahoba una partida de $ 1.500.000, «de los cuales se ejecutaron $ 423.000. Hubo un muy bajo nivel de ejecución por parte de la Comisión». Los primeros sorprendidos fueron los integrantes de la Conahoba, entre ellos su presidenta interina. «Las autoridades de la comisión nunca tuvimos conocimiento de esa partida de dinero», dijo. Y Ana Rita Colombo lo corroboró: «Nosotros nos enteramos ahora de que teníamos disponibilidad de dinero».
Pero Papadópulos —que tiene su cuota parte de responsabilidad en la gestión de la Conahoba— fue más claro al explicar en qué se gastó el dinero destinado a la institución honoraria: «Se usaron $ 48.000 en un fondo fijo; $ 32.940 para la apertura de una pared, colocación de tabla de mostrador y dos tapones de luz; $ 8.000 en una limpieza del apartamento del edificio Germán Barbato, en agosto y septiembre; $ 310.000 en implantación de formularios; $ 2.114 en el arrendamiento de un dispensador de agua; $ 4.463 en calculadora y teléfonos inalámbricos; y $ 15.650 en la licitación de un lunch».
Lo del lunch hizo que varios diputados, entre quienes se encontraban Martín Lema, Graciela Bianchi y Gastón Cossia, se cruzaran miradas. «¡Esto es el quincho de Varela!», rezongó Bianchi. (Aquí, alguien murmuró que la diputada decía «estupideces», y el debate se acaloró). «¡Usted no me diga que digo estupideces!», bramó Bianchi. «¡Es la presidenta interina de la comisión la que dice que nunca supieron de la plata. No se administra así el Estado!».
Y Martín Lema, también estupefacto, pidió la versión taquigráfica de la sesión. «De ese dinero que se gastó, no hay nada destinado al bienestar animal. Se supone que los recursos son para bienestar animal. Se habló de $ 15.000 para un lunch. ¿Me podría decir por qué se gastó ese dinero en un lunch?» «No podría decir para qué», respondió Papadópulos, en medio de un cruce de diálogos e interrupciones que la versión taquigráfica, lamentablemente, no describe con el debido detalle.
Nuevo presidente es docente de filosofía
No fue, el referido al presupuesto, el único incidente que se produjo en la acalorada sesión. El otro, por desgracia, lo protagonizó también el Sr. Papadópulos, cuando presentó ante los legisladores a quien ocupará la Presidencia de la Conahoba por el próximo período: no será un veterinario, ni un militante de los derechos de los animales, sino el señor Jaén Motta, docente de filosofía de Secundaria.
Ahí, los que intercambiaron miradas sorprendidos fueron los otros miembros de la Conahoba, que acababan de enterarse de la noticia. El representante de la Sociedad de Medicina Veterinaria en la Conahoba, Pablo Ocampo, se levantó de la sesión y se fue, no sin antes expresar: «No tengo nada contra el Sr. Motta, pero este no es su cargo. Yo no lo acepto como presidente de la Conahoba».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JULIO DE 2015
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2) Robo de municiones
Justicia militar procesa con prisión a jefe de base aérea
Daniel Isgleas (El País)
El excomandante de la Base Aérea II de Santa Bernardina, Durazno, fue procesado con prisión por la Justicia Militar por dos delitos militares, «desobediencia» y «omisión en el servicio», a consecuencia del robo de 18.000 municiones del arsenal de dicha unidad.
El hecho fue denunciado por el diputado nacionalista Jaime Trobo el 21 de junio en El País, cursando ese día un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional, que se enteró del robo de la munición en ese momento. A partir de entonces se disparó una investigación de la Fuerza Aérea, la Justicia Militar y la Justicia ordinaria (sede de Crimen Organizado), que tiene en el procesamiento del coronel aviador la primera consecuencia. Precisamente, el juzgado de Crimen Organizado que analiza el caso, citó a declarar en su momento a este mismo oficial de la Fuerza Aérea.
El presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general Julio Halty, confirmó a El País el procesamiento del coronel aviador, y explicó que el delito de «desobediencia» se le aplicó porque contravino órdenes ya dadas en cuanto a la obligación de informar al mando superior en diciembre sobre la constatación de la desaparición del material militar. Y la «omisión en el servicio» se configuró porque el oficial, en su condición de comandante de la Brigada Aérea duraznense, fue hallado responsable de no cuidar el material de guerra robado, tal como debía hacerlo.
Indagatoria.
Halty indicó que la Justicia Militar continúa investigando el caso, instruyendo el presumario, por lo cual se excusó de dar otros detalles. La Justicia Militar solamente analiza el delito desde el punto de vista militar, por lo cual en la sede de Crimen Organizado también se avanza en la investigación.
El oficial superior está detenido en una unidad de la FAU en Montevideo. Había asumido el cargo en enero de 2014. Desde el punto de vista personal, el procesamiento del oficial implica en los hechos el fin de su carrera militar. Otras consecuencias dependerán de cómo evolucione la situación procesal.
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, encabezó ayer la ceremonia oficial por el 108 aniversario del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. El acto contó con la presencia del subsecretario Jorge Menéndez y de decenas de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas. Asistieron los jefes del Ejército, general Hugo Manini Ríos, y de la Armada, almirante Leonardo Alonso. Pero nadie de la cúpula de oficiales generales de la Fuerza Aérea se hizo presente. Tampoco el comandante en jefe general del aire Washington Martínez.
«Un golpe».
En un apartado con la prensa luego de la ceremonia, el ministro Fernández Huidobro contó que en cuanto se enteró del robo por el pedido de informes de Trobo y la información de El País del 21 de junio, dio la orden de iniciar una investigación interna a cargo de la Fuerza Aérea, y que a la vez puso en conocimiento del hecho a la Justicia ordinaria y a la Justicia Militar.
La indagatoria de la FAU arrojó que la desaparición de las 18.000 municiones se había constatado ya en diciembre de 2014, pero nunca fue informada a los mandos por lo que las autoridades aeronáuticas y el propio ministro de Defensa se enteraron cuando se conoció la denuncia. «Quiero investigar hasta las últimas consecuencias», anunció Fernández Huidobro. «Fue un golpe para mí, una cosa grave», añadió.
«Yo no estaba informado. Me enteré (de la desaparición de las municiones en Santa Bernardina) por el pedido de informes del diputado Trobo, el día después que lo publicó un diario. Constatado el hecho desatamos todas las investigaciones habidas y por haber», recalcó Fernández Huidobro. A comienzos de la década del 2000, el entonces senador frenteamplista Fernández Huidobro había interpelado al ministro de Defensa colorado de la época, Luis Brezzo, por la desaparición de municiones del arsenal de la Armada.
Huidobro interpelado el lunes 27 por Trobo.
El lunes 27 desde las 14 horas, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro será interpelado por el diputado blanco Jaime Trobo. Colorados e independientes acompañaron una propuesta del Partido Nacional en este sentido presentada por la desaparición de la munición de guerra del arsenal de la base de Durazno. La instancia será breve, el planteo de Trobo será conciso, adelantó, porque conociendo las investigaciones en curso, le interesa que el ministro se responsabilice por desconocer el hecho ocurrido en Durazno. Para Trobo hubo fallas en la verticalidad de la institución.
Claves: seguridad y controles en la base.
La investigación que comenzó la Fuerza Aérea a partir de la denuncia del diputado nacionalista Jaime Trobo se hizo sobre aspectos concretos. En su pedido de informes a la FAU, preguntó sobre qué tipo de procedimientos de registro de armamento y municiones se llevan en las distintas unidades de la Fuerza Aérea. Además, «con qué regularidad se realizan controles de stock de armamento y municiones», y «si se realizan auditorías a los mencionados controles, a cargo de quién y qué procedimientos se realiza en caso de revelarse inconsistencias».
En otra pregunta, Trobo inquirió «si se realizaron inventarios y controles en los polvorines o depósitos» de la Base Aérea de Santa Bernardina en los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. También preguntó «qué seguridades y sistemas de control, electrónicos, cámaras, etc., hay en la base, y qué tipo y cantidad de personal está a cargo de los mismos». Consultó si los sistemas de control de seguridad se han mantenido en funcionamiento sin contratiempos y en caso de haberse dañado o interrumpido su funcionamiento, preguntó qué medidas se tomaron. Pidió «establecer las circunstancias y fechas en las que alguna de estas situaciones se verificaron, así como el tiempo en que se resolvieron». Otra pregunta fue: «¿Qué controles de stock y verificación de existencias de municiones y armas se realizaron entre los meses de noviembre de 2014 y febrero de 2015, en la totalidad de los depósitos o polvorines de la citada unidad militar». Para el legislador, la clave de los fallos en la base aérea duraznense está en las cámaras de seguridad y en los controles.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JULIO DE 2015
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3) El Frente Amplio tratará mañana cinco casos del Tribunal de Conducta Política: Puig y Semproni en el banquillo.
Ricardo Scagliola (La Diaria)
Además de hacer una evaluación del último ciclo electoral y decidir sobre la continuidad de Mónica Xavier en la presidencia del Frente Amplio (FA), el sábado el Plenario Nacional del FA examinará cinco expedientes a estudio del Tribunal de Conducta Política (TCP). Algunos casos son conocidos, como el del diputado Víctor Semproni, que en las últimas elecciones departamentales presentó una lista alternativa a la del FA para el Municipio A de Montevideo. O el de otro diputado, Luis Puig, que desobedeció el mandato partidario al votar contra la permanencia de las tropas militares uruguayas en Haití.
Pero otros son menos sonados. Es el caso de la convención de Flores, que en febrero de este año desacató la resolución del Plenario Departamental de proclamar tres candidatas a la intendencia. Fue la primera vez en la historia del FA que una convención desobedeció a un plenario. Una regla no escrita sostiene que las decisiones de los plenarios nacionales o departamentales deben ser acatadas sin más por la convención semejante. En diciembre, el Plenario de Flores había habilitado las candidaturas de Ana Calzada (Movimiento de Participación Popular, MPP), Sara Suárez (lista 871) y Daniela Silva (Liga Federal Frenteamplista). Por razones personales, Silva se bajó de la candidatura, y el Plenario designó a Magdalena Villaamil (Partido Socialista, PS). Sin embargo, el 5 de febrero, en el órgano deliberativo departamental, Suárez no obtuvo 30% de los votos de los 48 convencionales presentes, y la propuesta del plenario naufragó. El presidente de la Departamental del FA de Flores, Julio Lerena, elevó el caso al TCP.
Distinto es el caso de la ex edila de Treinta y Tres Rosario Ledesma, que desacató varios mandatos de la bancada de ediles y resolvió actuar en forma independiente, aun manteniendo su escaño en la Junta Departamental. Los debates sobre la minería de gran porte y las directrices departamentales que habilitan la instalación de megaemprendimientos mineros fue uno de los temas que llevaron a la curul a votar a contracorriente de su bancada, pero la costumbre se fue extendiendo con el paso del tiempo. Antes de las últimas elecciones, Ledesma resolvió desafiliarse del FA, con lo que no hay posibles sanciones para esta edila. De todas formas, el TCP elevará su informe.
Un caso similar ocurre con el expediente elaborado tras el procesamiento sin prisión de Alfredo Silva, entonces director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de los trabajadores, luego de que el juez de Crimen Organizado, Néstor Valetti, le imputara el delito de conjunción del interés público con el privado al comprobar el pago de coimas y sobrefacturación por los servicios que la empresa de limpieza Buena Estrella brindaba en hospitales públicos. En este último caso, los integrantes del TCP (Jaime Igorra, Nicolás Grab, Enio Martínez, Juan Carlos Ferreira, María Elena Martínez y el ex presidente del FA Jorge Brovetto) se encontraron con que Silva ni siquiera estaba afiliado al FA en el momento en que se lo denunció ante los estrados frenteamplistas.
Los dos casos que más atención concitan son los de Semproni y Puig, quienes actualmente se desempeñan como diputados. Ambos prestaron su declaración ante las autoridades del tribunal. El primero sostuvo que su agrupación no fue la que presentó la lista, sino “un grupo de vecinos”. El diputado alegó que “no puede haber ningún acuerdo de partes que prime sobre las disposiciones legales vigentes” y consideró que la resolución del FA fue “autoritaria, discriminatoria y es además antidemocrática, porque impidió la libre expresión de los vecinos”. En su momento, Semproni aseguró a la diaria que si el tribunal falla en su contra apelará la decisión, “y si es necesario voy a ir a la Justicia”. La lista alternativa a la del FA para el Municipio A de Montevideo, la 6009A, repetía la serie de numeración de la agrupación de Semproni, Congreso Frenteamplista, pero finalmente fue retirada de la Corte Electoral.
En el caso de Puig, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) declaró haber votado contra el mantenimiento de las tropas uruguayas en Haití como parte de la misión de paz de las Naciones Unidas porque consideraba que esa resolución estaba “reñida” con principios éticos y políticos. En diciembre de 2014, luego de alzar su mano en contra del mandato de la bancada de su fuerza política, Puig renunció a su banca como diputado -cuando de hecho a los dos meses reasumiría como legislador- y pasó a ser examinado por el TCP. En su momento, la actitud de Puig generó malestar entre sus compañeros de bancada, que entendieron que su actitud quebró una forma de actuar del FA en el Parlamento, donde se respetan los mandatos más allá de las posiciones personales.
Entre el castigo ejemplarizante o el sobreseimiento a conciencia, los integrantes del Plenario deberán decidir la suerte de Semproni, Puig y los integrantes de la convención departamental de Flores. En los otros dos casos, será como arar en el mar. Los guardianes de la ética frenteamplista ya hicieron lo suyo: elaboraron un informe con el desarrollo de cada caso y lo entregaron en un sobre lacrado al Plenario, que deberá proceder ahora a su consideración, lo que en términos judiciales equivaldría a la sentencia.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JULIO DE 2015
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4) Aduanas solicitó apoyo a Philip Morris para atacar el tabaco ilegal
Lucía Núñez (El Observador)
La Dirección Nacional de Aduanas elabora un estudio sobre la situación del contrabando de cigarrillos en el país con la intención de definir acciones de control que permitan minimizar el impacto. Para eso acudió a los sectores involucrados, tanto públicos como privados, en la búsqueda de apoyo para la concreción de una estrategia de control. Uno de estos actores fue la tabacalera Philip Morris, con la que el Estado uruguayo mantiene un litigio por la publicación de advertencias sanitarias en las cajas de cigarrillos y las distintas imposiciones de la ley antitabaco.
El ingreso ilegal de cigarrillos es un tema que preocupa a la Aduana desde hace un largo tiempo. Si bien se han realizado operativos de incautación, la situación prevalece y así lo informan las encuestas.
El contrabando de cigarrillos aumentó 6% de 2010 a 2013. Hoy su incidencia es de 31,2% en el país. Eso significa que uno de cada cuatro fumadores consumen cigarros ilegales. Además, la tercer marca más vendida es 51, la cual es ilegal y de origen paraguayo. Los datos se desprenden de un estudio de la encuestadora argentina IPSOS realizado en 2014 al que tuvo acceso El Observador.
Con el estudio para el que le pidió asesoramiento a Philip Morris, la Aduana espera saber cuánto es la evasión tributaria y cuánto es realmente el consumo de cigarrillos ilegales en la actualidad, dijo a El Observador el gerente de control y gestión de riesgo del organismo, Jorge Iribarnegaray.
Sin embargo, sostuvo que «el combate contra el ingreso ilegal de cigarrillos no compete solo a la Aduana». Dijo que para definir una «estrategia de control es necesario sumar a los privados» dado que tienen «sus propias opiniones de lo que pasa, de lo que ellos ven, tienen sus propia información, encuestas, mediciones, insumos que tenemos que tener en cuenta».
Por esa razón, la Aduana mantuvo reuniones con todos los sectores involucrados, públicos y privados, incluyendo ONG y tabacaleras como Montepaz.
A pedido de la Asociación de Kioscos, Salones y Sub agentes de Quinielas del Uruguay, la Aduana accedió a reunirse con miembros de Abal Hermanos (representante de Philip Morris en Uruguay) para anunciarles su trabajo y ofrecerles ser parte, confirmaron a El Observador fuentes de la tabacalera.
El grado preliminar de la reunión no permitió que se definieran vías concretas de apoyo. Aún así, la tabacalera se mostró a favor de la iniciativa dado su preocupación por el tema y quedó a las órdenes para colaborar en lo que fuera necesario.
«La mejor manera de encarar esto es comprometer a la sociedad en su conjunto, el Estado tiene responsabilidad del control pero todos tenemos responsabilidad», opinó Iribarnegaray . Se estima que el estudio esté pronto dentro de un mes.
Cifras
La Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas realizada este año reveló que 7,9% de la población representada accedió al tabaco de manera ilegal en el último año. La mayoría de esos productos ingresan al país por la zona fronteriza con Brasil, donde se registra 78,2% de contrabando en la zona de Artigas y Rivera. Allí, 8 de 10 fumadores consume marcas ilegales, según la encuesta de IPSOS.
El consumo diario de cigarrillos es mayor en fumadores de marcas ilegales, razón por la cual la incidencia es mayor. En los sectores socioeconómicos bajos la situación empeora ya que uno de cada dos cigarros fumados es de origen ilegal.
El precio promedio pagado por marcas ilegales es un tercio de las legales. En el caso de la marca 51, el costo de los cigarros es 28,5% del precio de Nevada y Coronado. Según IPSOS, Philip Morris y Richmond son las únicas marcas de cigarrillos legales que no presentaron consumo por medio del mercado ilegal.
Comisión
Ayer jueves comenzó a sesionar la comisión interinstitucional para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco que el Ministerio de Salud Pública (MSP) aprobó en junio. La comisión estará integrada por otros siete ministerios, la Dirección General Impositiva, el Poder Judicial, la Sociedad Uruguaya de Tabacología, el Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo y la Dirección Nacional de Aduanas. Los sectores industriales no fueron convocados.
En diálogo con El Observador, el exvicepresidente de ASSE, Enrique Soto, dijo que el principal cometido de la comisión será el de aplicar el protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco promovido por la Organización Mundial de la Salud al que Uruguay adhiere.
Ante eso, en una primera etapa se prevé realizar «políticas localizadas hacia determinados sectores, sobre todo sociales, donde el comercio ilícito tiene más inserción. Son los sectores de bajos ingresos y áreas en las que ha sido difícil el control como ferias, etcétera», agregó Soto.
Si bien algunas de las normas que incluye el protocolo se aplican desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez (como la prohibición de fumar en espacios públicos) aún quedan puntos por cubrir tales como: fijar un precio mínimo de productos de tabaco, prohibir la venta de cajas de menos de 20 unidades y prohibir la venta de cigarrillos libres de impuestos. La suba de precios que Vázquez estableció en junio era uno de los puntos pendientes.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE JULIO DE 2015
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