1) Minería, militarización y criminalización de la protesta social en América Latina –
2) Nin dijo que “no hay ambiente” en el gobierno para avanzar en telecomunicaciones en el marco del TISA –
3) Primaria respeta uso de velo por parte de niñas sirias –
4) Puerto Rico en el huracán de la crisis –
5) Varias fosas comunes quedaron al descubierto en México
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COMCOSUR INFORMA AÑO 15 – No. 1659 – jueves 30 de julio de 2015 / Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Colaboran: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín); Eduardo Abeleira, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires); Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió); Kintto Lucas (Quito); Ramón Haniotis (Amsterdam); Itzel Ibargoyen (México DF); Sergio Ferrari (Berna); Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis)
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La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
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1) Minería, militarización y criminalización de la protesta social en América Latina
(César Padilla – OCMAL)
No es novedad que el extractivismo en América Latina ha ido imponiendo un modelo de extracción y exportación, cada vez más profundo. La competencia por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras es una característica de la mayoría de los países de la región. Sin embargo, el extractivismo recibe cada vez más críticas de amplios sectores de la sociedad incluida la academia y los movimientos sociales.
Entre las críticas más importantes se sitúa aquella que dice que el extractivismo no solo no sacará a los países de la pobreza y la dependencia, sino que los mantendrá en esa condición, que conocemos como “la maldición de la abundancia”.
Nada tiene que ver esta maldición con “vivir sentados en un saco de oro” siendo pobres. Lo que reina en los programas económicos de los gobiernos latinoamericanos es la profundización del extractivismo para lograr más crecimiento o para pagar deudas sociales a través de bonos de diversa índole. Esto último ha devenido en una forma de mantener eternamente en los gobiernos a sectores progresistas, que mediante la bonocracia han capturado la votación mayoritaria, despidiéndose, de esta forma, de apoyos ideológicos para hacerse del poder ejecutivo. Incluso en ocasiones, ha generado conflicto con los movimientos sociales, como es el caso del gobierno de Correa en Ecuador, quienes les llevaron inicialmente a gobernar.
Esta maldición de la abundancia se ha transformado en la maldición del extractivismo. La imposición de proyectos mineros por ejemplo, ha redundado en una creciente cantidad de conflictos con comunidades locales, tanto así que hoy en América Latina no se conciben nuevos proyectos mineros sin conflictos socioambientales y resistencia comunitaria.
Se dice que el sector minero afronta tres enfermedades principales: la dificultad de encontrar nuevos yacimientos, el aumento de los costos de producción y la creciente falta de licencia social y rechazo comunitario. El fracaso de esas estrategias llevó finalmente a empresas y gobiernos a imponer proyectos enfrentando la oposición social mediante la criminalización de la protesta. Son en la actualidad, constantes las denuncias de liderazgos antimineros con o sin fundamento, como fue el caso de Javier Ramírez, dirigente antiminero de la comunidad de Intag, al norte de Quito en Ecuador. Luego de ser apresado injustamente, la comunidad fue militarizada, infundiendo mediante las armas el miedo.
Pero la militarización no sólo es parte de las políticas de gobiernos progresistas sino también a países que se han transformado en modelos mineros como el caso de Chile. Aquí, un contingente policial ha mantenido virtualmente secuestrada a la comunidad de Caimanes, al este del puerto de Los Vilos, mientras ésta se movilizaba y tomaba los caminos de acceso a las instalaciones de minera Pelambres de Antofagasta Minerals, nada más que para exigir un fallo judicial que determinaba la restitución de las aguas intervenidas por la minera para la construcción y operación de un traque de relaves. En el último período del conflicto, el pueblo de Caimanes se ha mantenido movilizado por más de 3 meses exigiendo lo que el máximo tribunal les otorgó y que la empresa se niega a dar cumplimiento.
Tristemente célebre es también el caso de Máxima Acuña en la localidad de Celendín, Cajamarca Perú, donde la minera Yanacocha, conocida mundialmente por su atropello a los derechos humanos y el uso de la fuerza con su grupo de guardias privados “Forza”, ha logrado burlar fallos judiciales que han sido otorgados en reiteradas oportunidades a la familia de Máxima respecto de la propiedad de sus tierras. Máxima fue criminalizada por la fiscalía, a solicitud de Yanacocha (popiedad de las empresas Newmont Mining Corporation, el grupo nacional peruano Cía. Nacional Buenaventura y International Finance Corporation IFC), y condenada en primera instancia a cárcel y pago de una indemnización a la minera. Luego, en apelación fue absuelta de todo cargo, reconociendo los derechos sobre sus tierras.
En Ecuador por el contrario, la dependencia política y el temor infundido a la justicia por parte del gobierno central ha logrado que se encarcelen a dirigentes injustamente y que zonas sean militarizadas para imponer proyectos extractivos. La falta de dependencia de la justicia en Ecuador ha logrado un alto grado de auto censura y el incremento de los riesgos de oponerse al extractivismo generan mucha incertidumbre y temor en la población.
En Bolivia por su parte también han existido episodios de criminalización, especialmente en el caso de Cancio Rojas, dirigente de la comunidad Mallku Qota que se opone a un proyecto minero en Potosí, y que fue encarcelado injustamente. Pero tal vez lo más grave ha sido la estrategia de división por la fuerza de uno de los íconos del movimiento indígena del altiplano boliviano, nos referimos al Conamaq. Por medio de la violencia, y el uso de la fuerza pública provista de armas de servicio, el gobierno decidió quebrar la organización permitiendo el asalto a su sede y la agresión a sus dirigentes.
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2) Nin dijo que “no hay ambiente” en el gobierno para avanzar en telecomunicaciones en el marco del TISA.
(La Diaria)
Representantes de todos los partidos políticos y presidentes de las comisiones de Asuntos Internacionales del Parlamento se reunieron ayer en el Palacio Santos con el canciller Rodolfo Nin Novoa y su gabinete, en el segundo encuentro del Mecanismo de Diálogo y Consulta sobre Política Exterior. Uno de los temas de conversación fue el Acuerdo de Liberalización del Comercio de Servicios (TISA, por su sigla en inglés). Nin aclaró durante el encuentro que el gobierno todavía no tomó la decisión política de presentar ofertas de acceso a mercados o listas negativas en la próxima ronda de negociaciones, en setiembre. No obstante, los técnicos de la cancillería están trabajando en las ofertas, para el caso de que exista luz verde en el Ejecutivo.
Según informó a la diaria el diputado colorado Ope Pasquet, Nin comunicó que “no hay ambiente en el gobierno para avanzar” en materia de liberalización de telecomunicaciones en el marco del TISA. En cambio, Uruguay sí está dispuesto a negociar servicios financieros, para los que hay una propuesta de desregulación que, a juicio de varios analistas, supone volver al estado de liberalización previo a la última crisis financiera internacional. El gobierno también planea avanzar en comercio electrónico, movilidad de personas y servicios profesionales. Según un comunicado de la cancillería, durante el encuentro Nin “ratificó el compromiso de contemplar las distintas sensibilidades que despierta el tema, recordó la discrecionalidad existente para incluir limitaciones en las listas a presentar, como forma de estructurar una estrategia que refleje los distintos intereses ofensivos y defensivos de los países”. Al término de la reunión, el canciller declaró a la prensa que “Uruguay está participando, intercambiando con el resto de los países, observando cómo se desarrollan las negociaciones, pero todavía no ha elevado ninguna lista ni defensiva ni ofensiva”.
Nin realizó un informe de la última cumbre del Mercosur y destacó en particular la decisión del Consejo Mercado Común sobre “Perfeccionamiento del Mercosur comercial y económico”, que busca desarrollar un plan para revisar las barreras arancelarias y no arancelarias. El canciller también destacó como un logro, según el comunicado de la cancillería, los avances en materia de agenda externa, y en particular respecto de la negociación del bloque con la Unión Europea para lograr un acuerdo comercial. “Se ratificó la postura de los cuatro países de avanzar en la negociación con la Unión Europea, habiendo fijado una reunión técnica el 14 y 15 de agosto en Asunción, para considerar las listas que se presentarán en el último trimestre del año”, indicó el comunicado. En el encuentro, Nin indicó que en esa reunión de agosto Uruguay esperará las definiciones que tomen los Estados parte -en particular Argentina- para resolver si continúa defendiendo la postura de negociar en bloque o insiste con la posibilidad de las “dos velocidades”.
Pasquet le planteó al canciller la inquietud del Partido Colorado por hechos que están sucediendo en Venezuela, como la inhabilitación de la dirigente opositora María Corina Machado para ejercer cargos públicos durante un año. El senador colorado le recordó que existe un proyecto de declaración a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, con la firma de todos los partidos de oposición, que repudia lo sucedido con Machado y reclama el cumplimiento de las cláusulas democráticas vigentes de la Organización de Estados Americanos, la Unión de Naciones Suramericnas (Unasur), el Parlasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. “Sin dejar de entender la delicadeza del tema, por los acuerdos comerciales que Uruguay tiene con Venezuela, le planteamos que para nosotros es importante que de alguna manera expresemos nuestra preocupación como país”, señaló Pasquet. Nin evitó pronunciarse sobre la situación de Machado y destacó durante el encuentro que la Unasur estará presente en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela por medio de una misión electoral.
Por otra parte, ante consultas de la oposición, Nin informó que Argentina sigue sin responder el pedido de información que le realizó el gobierno uruguayo sobre la instalación de una tercera central nuclear a pocos kilómetros de la costa uruguaya, y que ni siquiera acusaron recibo de la solicitud.
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3) Primaria respeta uso de velo por parte de niñas sirias
(Caras y Caretas)
Para las autoridades de Primaria el uso del velo por las niñas sirias escolarizadas no contradice la laicidad.
El uso del velo (hiyab) en las escuelas, por parte de las niñas sirias que llegaron con sus familias el año pasado, y que fuera cuestionado entre otros por el ex presidente Julio María Sanguinetti, es considerado como un simbolo cultural por las autoridades del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). “Debemos pensar que la laicidad es una forma de democracia institucionalizada. No podemos estar discutiendo esto en una escuela cuando lo que importa es respetar al otro”, indicó la titular del Consejo, Irupé Buzzetti, en alusión a la polémica. “Hay que convivir en el sentido abierto, que otra persona puede utilizar un símbolo y aceptar sus creencias”, agregó.
La directora general del CEIP recordó que se trata de un “un tema que lo abordaba Reina Reyes en la década del 60 cuando decía que debemos pensar que la laicidad es, en cierta medida, una forma de democracia institucionalizada. Nosotros no podemos estar discutiendo esto hoy en una escuela cuando realmente lo que importa es respetar al otro. Ser laico no es la neutralidad”, indicó.
Buzzetti entiende que en la escuela existen libertades: “Un niño va con una cruz, un niño va con una estrella de David, un niño es Testigo de Jehová y sus padres nos dicen que no será abanderado porque no quieren que su hijo porte la bandera, y en la escuela lo permitimos, aceptamos que tengan su creencia, porque la cultura es eso, es tener sus tradiciones y creencias, y tener símbolos que los identifican”.
En el programa educativo de 2009, dijo Buzzetti, se incluyen aspectos vinculados a “construcción de ciudadanía” y lo que debe aprender un alumno es que la democracia institucionalizada es lo que nos permite dos tipos de libertades, lo que hace a nuestra libertad como persona y lo que hace a la libertad social: solidaridad, tolerancia, respecto al otro”.
Buzzetti insistió en que en el programa escolar tiene bien claro cómo trabajar sobre estos temas, sobre todo en un documento donde se refiere a “La relación entre identidad y etnia en la construcción de la identidad nacional. La diversidad de creencias y sus orígenes indígena, afrodescendiente, europea y asiática”. También agregó “El derecho a la libertad de cultos”.
La jerarca entiende que la verdadera laicidad pasa por aceptar que un niño o niña pueda tener otras creencias u otras tradiciones. “Este es un problema de debate de adultos, no de niños”, indicó. Aseguró que dentro de la identidad de ser uruguayo está el respetar a los inmigrantes, a los indígenas y a los afrodescendientes. “Esto está acuñado en la identidad del uruguayo”, enfatizó.
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4) Puerto Rico en el huracán de la crisis
Ariel Noyola Rodríguez (Alai)
Por todos los medios posibles, los dirigentes políticos de Estados Unidos pretenden hacer invisible la crisis económica que tienen ante sí. Mientras que hace apenas unas semanas la presidenta del Sistema de la Reserva Federal (Fed), Janet Yellen, insistía que el incremento de la tasa de interés de los fondos federales (federal funds rate) se llevaría a cabo finalmente durante el año en curso (tightening), ahora todo parece apuntar a que no será sino hasta el primer trimestre de 2016 cuando la Fed comience a cerrar el grifo de la liquidez global.
Tanto la caída de los precios (deflación) –consecuencia de la caída en la rentabilidad capitalista–, la extrema debilidad en las expectativas de inversión, como la volatilidad de los mercados financieros, producto de la debacle económica en Grecia y los países más castigados por la crisis de la Eurozona, y el desplome de la bolsa de valores de China, son los determinantes que, según Yellen, postergan la decisión para el próximo año.
Es evidente que Estados Unidos se inclina más en buscar culpables en el exterior que en mirar a sus adentros para resolver su propia crisis. El deterioro industrial de Silicon Valley, Detroit, Virginia occidental, Misisipi, Alabama, así como el atolladero fiscal de la isla de Puerto Rico son signos sintomáticos de la decadencia económica estadounidense, que aunque se han mantenido poco atendidos por Washington en los últimos años, ahora empiezan a ganar presencia mediática.
El caso de Puerto Rico es, por mucho, el de mayor notoriedad. Incluso, voces como la de Hillary Clinton (precandidata a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata) buscan sacar ventajas electorales haciendo eco de una crisis que, según sus palabras, debe resolverse urgentemente a través del apoyo solidario de la llamada Unión Americana.
Desde hace ya casi 10 años la isla de Puerto Rico se hunde en un mar de deudas. Ahora suman aproximadamente 70,000 millones de dólares, monto que equivale a más del ciento por ciento de su producto interno bruto (PIB).
¿Cuáles son las causas que explican ese alto nivel de endeudamiento? Más que por ser un centro turístico de prestigio mundial, la economía de Puerto Rico venía sobreviviendo gracias a la actividad manufacturera, sobre todo de la industria farmacéutica. Sin embargo, el protagonismo de Puerto Rico en el sector comenzó a disminuir una vez que sus contrincantes asiáticos y del Este de Europa se adelantaron en términos de productividad laboral y desarrollo científico, desde mediados de la década de 1960.
Ya en la siguiente década, las crisis petroleras provocadas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llevaron a que Estados Unidos obligara a la isla a aplicar leyes fiscales que permitieran incrementar la rentabilidad de las empresas estadounidenses. De esta manera, a partir de 1976, las corporaciones multinacionales instaladas en la isla estuvieron exentas de pagar impuestos sobre sus beneficios económicos, situación que marcó el principio de su debilidad fiscal.
Sin embargo, la mundialización capitalista a lo largo de la década de 1990 terminó por socavar todavía más la manufactura del país. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) precipitó la salida masiva de capitales hacia México y Canadá, países que se mostraron dispuestos a otorgar mayores condiciones de explotación a los capitalistas norteamericanos en comparación con Puerto Rico: disminución de impuestos, estancamiento de los salarios, desregulación ambiental, etcétera.
De manera paulatina, la economía puertorriqueña comenzó su largo declive. Para colmo de males, a principios del siglo XXI, la isla atravesó por una grave crisis inmobiliaria producto de la desregulación estatal, ya ni qué hablar de las consecuencias de la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001, acontecimiento que terminó por socavar la competitividad de la actividad productiva de la isla del Caribe.
Así, en 2006, bastante agobiado por la desaceleración del crecimiento del PIB, el gobierno de Puerto Rico se decidió finalmente a eliminar el sistema de exenciones fiscales. No obstante, la cura resultó peor que la enfermedad. Ese mismo año la economía se sumergió en la recesión. Desde entonces el país se ha convertido en víctima de una crisis fiscal de enormes proporciones, producto tanto del cierre de empresas como de la emigración masiva de personas hacia Estados Unidos “continental” en busca de oportunidades.
El desempleo en Puerto Rico ya es alarmante. Actualmente la tasa se ubica en un máximo de 14%, casi tres veces el promedio nacional (5.5%). Ante las débiles perspectivas de la economía, las personas emigran a razón de 50,000 por año. Actualmente, la isla apenas posee 3.5 millones de habitantes, en tanto que en territorio estadounidense viven cerca de 5 millones de puertorriqueños (una quinta parte de ellos en el estado de Florida). No hay duda de que cada vez menos personas creen en un futuro promisorio para el país.
Ante el desplome de la economía y la menor captación de impuestos, el gobierno de Puerto Rico optó –de manera equivocada– por incrementarlos, disminuir el gasto público y aumentar las emisiones de bonos. Es evidente que resultaría imposible mantener esa estrategia de manera indefinida. Las medidas sólo contribuyeron a aumentar la deuda, socavar la economía y contraer aún más los recursos a disposición del gobierno.
Después de la bancarrota de Detroit, los inversionistas se desprendieron de los títulos municipales y, con ello, las primas de riesgo (prime interest risk) de los bonos de Puerto Rico aumentaron, limitando severamente su acceso a los mercados de crédito.
Aunque en los últimos meses las autoridades han demandado una reestructuración de la deuda, hasta ahora nada indica que se llevará a cabo. Detrás de la negativa de la Casa Blanca se encuentran los intereses económicos de poderosos fondos de inversiones (Franklin Templeton, Oppenheimer Funds, etcétera), que se dedican a poner contra la pared a gobiernos a través de la especulación financiera, conocidos con el nombre de fondos buitre.
Entre 2006 y 2013, la isla emitió más de 60,000 millones de dólares en bonos, mismos que derivaron en cerca de 1,500 millones de dólares en honorarios para los banqueros de Wall Street y en un gran negocio para los despachos de abogados que defienden el cobro de deudas fraudulentas.
En suma, a Puerto Rico de poco le ha valido la fraternidad del gobierno estadounidense, más dispuesto a salvaguardar las ganancias de los banqueros que apoyar el alivio de la deuda y la recuperación económica en sus municipios y colonias más castigadas por la crisis.
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Ariel Noyola Rodríguez es economista, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Contacto: noyolara@gmail.com. Twitter: @noyola_ariel.
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5) Varias fosas comunes quedaron al descubierto en México
(Caras y Caretas)
Durante la búsqueda constante de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se encontraron 129 cuerpos en fosas comunes según informaciones oficiales.
Se han cumplido diez meses desde la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Durante la búsqueda desesperada y constante de familiares y varias personas involucradas comprometidas con la causa, se encontraron 129 cuerpos en fosas comunes según informaciones de la Procaduría General .La cantidad hallada triplica el número de los estudiantes pero no tiene que ver con ellos, si con el crimen organizado que opera en el estado de Guerrero.
Desde octubre 2014 según datos oficiales, se encontraron los cuerpos de 92 hombres y 20 mujeres mientras se montaban diferentes operaciones intentando encontrar restos mortales de los estudiantes que pudieran identificarse. Otros 17 cuerpos aún no se sabe ni a que género pertenecen.
De los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa solo un cuerpo fue encontrado aunque no existe una seguridad completa de que pertenezca al normalista dadas las innumerables irregularidades registradas durante toda la investigación con una inoperancia gubernamental importante.
La cantidad de fosas comunes encontradas aún pueden ser mayores ya que las referidas son aquellas en la que los peritos federales participaron de la exhumación .Los cuerpos hallados parecen tener más de tres años según las investigaciones de carácter preliminar.
La búsqueda de los estudiantes continúa, la lucha no cesa ni existe amedrentación posible aunque se considera que los estudiantes podrían haber sido asesinados y luego quemados. La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara –Rosas considera la revelación macabra para nada inesperada. La magnitud de la crisis suscitada por las desapariciones en el estado de Guerrero es alarmante. “Si no hubiera sido por la determinación de los familiares de los estudiantes , defensores de derechos humanos y periodistas comprometidos, posiblemente nunca se hubieran conocido la cantidad de fosas con cadáveres sin nombre” afirmó Guevara.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México denunció por intermedio de un documento las fallas y omisiones en la investigación oficial de las desapariciones. De acuerdo con lo expresado las autoridades mintieron sobre el destino de los jóvenes en uno de los casos más movilizadores para la sociedad en años.
El documento tiene 32 recomendaciones y propuestas para las autoridades con el fin de alcanzar la verdad jurídica en nombre de los familiares de las víctimas .El presidente de la Comisión, Luis González Plasencia afirma que quedó en evidencia una alianza entre las fuerzas de seguridad locales en el estado de Guerrero y el narcotráfico.
La comisión acusa a la investigación oficial de no haber sido clara ni dar detalles certeros sobre las once personas que se encuentran involucradas en el caso y solo identificarlas por el apellido. Existe también una acusación de efectuar detenciones arbitrarias con torturas sin obtener declaraciones de personas clave, citadas en la investigación la que en absoluto está cerrada.
COMCOSUR INFORMA Nº 1659 – 30/07/2015 ______________________________________
Dejen la memoria ahí / donde se olvida el olvido, para que el verdugo sepa / que donde vaya lo sigo. No importa que yo no esté / soy un silencio testigo, si soy recuerdo y recuerdas / no olvides que no hay olvido.
Armando Tejada Gómez
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