2) España: Violencia machista: Sin recursos ni participación del Estado
3) España: Formación obligatoria en género de todos los operadores de justicia
4) México: Víctimas de violencia sexual desconfían de autoridades
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 13 / No. 518/ Lunes 29 de mayo de 2017 / Producción: Beatriz Alonso
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” ― Rosa Luxemburgo
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1) Chile: Mujeres en Sintonía: el nuevo programa radial con enfoque feminista y comunitario
Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres
El 3 de mayo fue la primera edición de Mujeres en Sintonía, el nuevo programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que es transmitido por trece radios comunitarias y online del país semana a semana.
En un tono fresco, las conductoras Rocío Venegas y Antonia del Solar proponen un espacio de reflexión, conversación y encuentro para abordar las distintas manifestaciones de violencia hacia las mujeres, las maneras de identificarlas, enfrentarlas y la importancia de las redes de apoyo. En cada sesión semanal abordan temas contingentes afines y realizan una entrevista a una invitada para tratar en profundidad temas específicos, por ejemplo, educación no sexista, violencia hacia las mujeres en el sistema de salud, violencia en el pololeo, etc.
“Estamos muy contentas porque el proyecto ha tenido gran adherencia por parte de las radios comunitarias. Nos están transmitiendo no sólo en distintos puntos de Santiago, sino del país. La radio es una tremenda herramienta para poder llegar con un mensaje a más personas” indica Antonia. En esta misma línea Rocío afirma que “esto es fundamental porque la Red Chilena siempre ha estado apuntando a un cambio cultural. Es en la conversación, el cuestionamiento, la educación donde está el espacio para combatir el machismo”.
El programa es emitido todos los miércoles a través de la señal de Radio San Joaquín a las 12 hrs. Además, es re-transmitido en distintos horarios y frecuencias en diferentes radios comunitarias chilenas. También es transmitido en la página de Facebook de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, llamada de la misma forma, en formato streaming.
A continuación dejamos disponibles los podcast de los tres programas que ya han salido al aire:
Capítulo 1: Mujeres y mundo laboral
“Las mismas mujeres depositamos el trabajo doméstico a otras mujeres, no es sólo una cuestión de género sino también de clase. Eso es relevante ponerlo en el análisis”, señaló Carla Brega, mientras que Ruth Olate la complementó, refiriéndose a la invisibilización que existe en torno al trabajo doméstico, sea o no remunerado: “Si no fuera por las trabajadoras de casa particular sería muy díficil que las mujeres pudieran insertarse en el mundo laboral profesional”.
Capítulo 2: Ser mujer no es lo mismo que ser madre
“Ser mujer no es lo mismo que ser madre” fue la consigna que guío la conversación con nuestras invitadas Carolina Ibacache, activista feminista parte de la Red Chilena contra la Violencia haca las Mujeres, que ha trabajado en diversos proyectos que van desde la realización de talleres con mujeres, hasta la participación en programas de derechos sexuales y reproductivos, además de haber vivido la maternidad en Chile. Por otro lado, la periodista Belén Roca conversó sobre su reportaje “Maternidad obligatoria: el Estado de Chile no permite ser infértil”, que retrata las trabas que presenta el sistema público a las mujeres jóvenes que quieren acceder a métodos anticonceptivos permanentes o semi permanentes.
Capítulo 3: La publicidad sexista también es violencia!
Estuvimos con María jesús Ibáñez, periodista, feminista y autora de “La publicidad, un agente poderoso en la producción y reproducción del patriarcado”, un capítulo del libro “El continuo de violencia hacia las mujeres y la creación de nuevos imaginarios”. En la conversación, reconocimos los elementos que identifican la publicidad machista y cómo podemos enfrentarla para evitar que los estereotipos afecten de manera violenta y negativa en la vida de mujeres y niñas.
COMCOSUR MUJER Nº 518 – 29.05.17
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2) España: Violencia machista: Sin recursos ni participación no hay Pacto de Estado
Amecopress.
Treinta y cuatro mujeres asesinadas en 2017 y sólo 28 millones para combatir la violencia
Las organizaciones feministas exigen un incremento de los fondos para luchar contra la violencia machista. Recuerdan que con unos Presupuestos Generales del Estado que apenas contemplan 28 millones de euros para esta materia el “cacareado” Pacto de Estado no pasará de ser una mera declaración de intenciones, lejana al compromiso que se necesita para acabar con la violencia que ha acabado con la vida de 34 mujeres en lo que llevamos de año.
Las principales organizaciones feministas de nuestro país han convocado este jueves 25 de mayo una manifestación para reivindicar un Pacto de Estado contra la Violencia de Género y mayores partidas en los Presupuestos Generales del Estado para luchar contra el terrorismo machista. La convocatoria será a las 19:00 horas y tendrá su epicentro en Madrid (se iniciará en el Ministerio de Sanidad y acabará en Cibeles), aunque también habrá protestas en otras ciudades españolas.
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Convocada por la Plataforma Marcha7N, la manifestación exigirá al Gobierno un incremento de los fondos para combatir la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado, que se están debatiendo en el Congreso. Los presupuestos presentados por el Gobierno prevén una partida inferior a los 28 millones de euros para luchar contra la violencia de género y otra algo superior a los 19 millones para todo lo relacionado con Igualdad de Oportunidades. En conjunto las dos cifras suponen tan sólo el 0,01% de los PGE, una cantidad “vergonzosa”, según las organizaciones.
“Tampoco se pueden hacer políticas para las mujeres sin las mujeres y las organizaciones de mujeres. Para que las políticas públicas para erradicar las violencias machistas sean de verdad una Cuestión de Estado, no una foto de propaganda de nuestros gobernantes”, reclaman las organizaciones. Y es que asumir que la violencia contra las mujeres debe ser objeto de un pacto de Estado requiere recursos y voluntad política para comenzar a resolverlo.
Además, esta misma tarde, Madrid acogerá otra concentración convocada por organizaciones agrupadas bajo el Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres, en la puerta del Sol a las 19.30 de la tarde como suelen hacerlo el 25 de cada mes, para recordar a las víctimas. En lo que va de año son, según las organizaciones, 34 mujeres asesinadas y otros nueve menores. Aunque según las cifras oficiales manejadas por el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad, el número de asesinadas asciende a 24 mujeres y a cinco niños. Una diferencia que obedece precisamente a un criterio que expertas y organizaciones quieren ampliar en la actual ley: el concepto de violencia de género. El Ministerio sólo contabiliza a las mujeres que son pareja o expareja de los agresores y a los hijos e hijas que han sido asesinados en estos actos. Las organizaciones, sin embargo, recopilan todas aquellas víctimas de violencia machista, aunque el asesino no tuviera una relación de pareja con ellas.
Con esas cifras el Gobierno debería tener como objetivo prioritario combatir la violencia machista. Pero esto no es así. A la hora de priorizar –porque priorizar se traduce en aplicar recursos, también económicos-, el Gobierno se olvida de todo lo que tiene que ver con prevención y atención directa a las víctimas. No se ha planificado la aplicación de recursos a la prevención en el ámbito educativo, sanitario y de medios de comunicación; ni para aplicar lo exigido por el Convenio de Estambul, ratificado por el Estado español, ni para la formación permanente en sectores tan decisivos como el ámbito judicial.
COMCOSUR MUJER Nº 518 – 29.05.17
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3) España: Formación obligatoria en género de todos los operadores de justicia
Cimacnoticias
Gloria Poyatos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, apuesta por la educación transformativa, una herramienta de “ida y vuelta”, en el sentido de que produce cambios en quien imparte y en quien recibe la formación.
Esa es la experiencia que la asociación está teniendo en Lanzarote y por la que ha sido invitada a participar en una conferencia internacional que tendrá lugar en Bruselas el 12 de junio, centrada en la utilización de los Convenios Colectivos para erradicar la violencia contra las mujeres en el trabajo y en el hogar.
“La clave para acabar con los estereotipos y prejuicios machistas que contaminan la justicia y toda la sociedad es la formación obligatoria de todos los operadores que intervienen en la lucha contra la violencia de género y desde luego, de las generaciones más jóvenes”.
Si bien convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado español y la propia Ley Integral de violencia de género contemplan la formación obligatoria de todas las personas que intervienen en un proceso de violencia de género, en nuestro país esto no se lleva a cabo correctamente.
Esta carencia, tiene importantes consecuencias. El porcentaje de mujeres que denunciaron y que a pesar de ello no fueron protegidas adecuadamente y acabaron siendo asesinadas a manos de sus parejas o exparejas roza la mitad de los asesinatos por violencia machista en España. En lo que llevamos de año, 37 mujeres fueron asesinadas por violencia de género. De ellas, solo 18 se reconocen oficialmente en el marco de la ley. De las 18, la mitad había denunciado.
“Se producen errores y descoordinación entre los distintos estamentos que intervienen en el proceso” -asegura la jueza- algo que atribuye a la “ausencia de coordinación en la formación”, lo que implicaría una dotación económica. “Lo cómodo y fácil es sostener una formación superficial y una visión fragmentada de los agentes que forman parte del proceso”.
Poyatos asegura que “no hay voluntad política” y un claro ejemplo es la poca partida presupuestaria destinada a la prevención y lucha contra la violencia machista en los Presupuestos Generales del Estado.
La actuación de juezas y jueces sigue siendo cuestionada. Sus errores pueden tener consecuencias gravísimas en la vida de las mujeres. Pero “no solo es una cuestión de jueces y juezas”, asegura Poyatos, “son muchos los operadores que comparten responsabilidad”.
“Si la acción de un juez es arbitraria e injusta se pueden ejercer acciones contra el juez que hace mal su trabajo, quejas, recursos por vía legal que pueden llegar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero también es importante reclamar responsabilidad estatal en la protección de las víctimas”, explica Gloria.
La presidenta de la Asociación de Mujeres juezas de España, insiste en que la formación tiene que ser transversal y no por categorías, porque “este es un mal que se persigue entre todos y todas”. “Hay que educar en igualdad si queremos un mundo libre de violencia”, concluyen.
COMCOSUR MUJER Nº 518 – 29.05.17
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4) México: Víctimas de violencia sexual desconfían de autoridades
Cimacnoticias
Las personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo, no denuncian ante los Ministerios Públicos especializados en violencia sexual, ya que desconfían de las instituciones de justicia y temen ser revictimizadas, pero sí acuden a organizaciones civiles, que se han vuelto una opción para que sean atendidas ante un Estado que incumple.
En una de esos organismos civiles es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), que atiende 500 casos semanales de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito sexual. Su directora, Laura Martínez Hernández, explicó a Cimacnoticias que esta cifra es el subregistro de quienes no denuncian debido a “la burocracia y a la falta de una atención de las autoridades responsables”. Por eso, llegan aquí, dijo, a instancias que no tienen nada que ver con la Procuraduría”.
De las 10 personas que denuncian una violación u otro delito sexual ante las Procuradurías de Justicia locales, en 2 casos sí procede el delito y tal vez, dijo la especialista, en uno hay sentencia. Este índice demuestra la falta de justicia para las víctimas, indicó Martínez.
La fundadora de la Asociación, señaló en entrevista que desde los 27 años de experiencia que tienen la organización en el tema, observan que el problema empieza desde que las personas acuden al MP a levantar una denuncia. El tiempo mínimo para que esto suceda es de 8 horas, el máximo 12. “Este no es un procedimiento que sea corto, ni que esté tomando en cuenta que la persona se encuentra mal emocionalmente”, indicó.
La contención emocional y el chequeo de la salud de una persona que acude a las Agencias especializadas es fundamental, explicó Martínez Hernández. El primer paso –e inmediato- es que a se les brinde a las víctimas anticoncepción de emergencia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y constatar que no tiene lesiones físicas.
A largo plazo se debe continuar el acompañamiento y seguimiento del protocolo de atención, continuó la también psicóloga. El chequeo de que la víctima no le fue transmitida alguna enfermedad sexual debe ser a partir de una revisión periódica (cada tres meses durante un año). Al término se debe proseguir con la atención psicológica, indicó.
Pero esto no sucede, aseguró la especialista, “no se hace, no se les da como atención urgente, las dejan esperando por mucho tiempo”. Para quienes sean atendidas, serán transferidas a una clínica de salud, después tendrá que regresar a continuar con la declaración. “Es la burocracia lo que hace que las personas se cansen de continuar con la denuncia”, señaló Hernández.
Una solución, propuso la especialista, es que los servicios jurídicos y legales se concentren en una sola instancia, que sea capaz de brindar un modelo de atención integral; médica, legal, psicológica y atención a familiares.
“Eso es lo que se necesita una institución que brinde todos estos espacios en el mismo lugar, para un buen abordaje real”, y no de manera diferenciada y descoordinada como se tiene hasta ahora, añadió.
DESESTIMAN DECLARACIÓN
El siguiente obstáculo se presenta cuando las víctimas dan su declaración, porque “es muy difícil que se levante bien la denuncia”, dijo la directora de Adivac, la falta de conocimiento, estigmas y sensibilización por parte del personal de las Agencias Especializadas, hace que muchas denuncias sean desestimadas y no procedan, dando paso a la impunidad.
Por ejemplo, comentó Laura Martínez, cuando declaran las mujeres que vivieron una violación sexual no se interpreta y contextualizan la situación que enfrentaron, “declaran cosas como ‘dejé que me bajaran los pantalones o el vestido” cuando se están dejando porque las están amenazando”.
“Los funcionarios públicos deben de tener una sensibilización y capacitación que realmente les muestre a ellos cómo atraviesa una persona la violencia sexual, si no lo identifican ellos, entonces no van a poder dar una buena atención”, declaró la especialista.
PRUEBAS
Pero la falta de especialización no sólo se da en el rubro de atención, dentro de los MP continua al momento de la investigación. La directora de Adivac dijo que a partir de los casos que han acompañado, observan que las personas encargadas en investigar que se cometió el delito no están especializadas, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
El personal encargado de realizar el peritaje médico y psicológico que compruebe que la mujer o niña fue víctima de algún tipo de delito sexual, no está especializado “Al hacer el peritaje te piden una cierta especialización en el tema y nadie la tiene. Por ejemplo, igual un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violencia sexual, atiende a menores de edad, no hay manera de que estén especializados”.
La misma organización, ha brindado capacitaciones a funcionarios y el personal público, incluso ha tratado que su personal colabore en las Agencias, destacó Martínez Hernández. Pero las autoridades se niegan a dar continuidad a los modelos de atención, se transfiere el personal con cada cambio de gobierno, lo que impide tener avances reales en la materia, señaló la especialista.
Ante este contexto y un Estado que no invierte en la atención a víctimas de delitos sexuales, se plantea como clave el trabajo de instituciones como Adivac, afirmó su directora, y pese a la falta de recursos para atender a familias enteras y además pagar a su personal, “sigue existiendo”.
“Por eso nosotros no hemos desaparecido, porque es un delito que sucede, porque la misma gente es la que hace que sigamos trabajando aún sin el apoyo del sistema”, concluyó Laura Martínez.
COMCOSUR MUJER Nº 518 – 29.05.17
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
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