BOLIVIA 1) PRESENTAN POLÍTICAS PARA PROTEGER A LAS MUJERES / BRASIL 1) VIOLENCIA Y FALTA DE POLÍTICAS EN CIUDADES SATÉLITES / COSTA RICA 1) TIERRA, AUTONOMÍA Y DIGNIDAD. MUJERES EN LA LUCHA ESPAÑA / 1) EL SIGNIFICADO DE FEMENINO DEJA DE SER “DÉBIL, ENDEBLE” / MÉXICO 1) MUJERES RURALES: TRABAJADORAS INVISIBILIZADAS / PERÚ 1) DEBATIRÁN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL / TEMAS DE COMCOSUR MUJER I – VIOLENCIA ECONÓMICA: OTRA FORMA DE AGRESIÓN
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COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 – No. 431 / Miércoles 22 de octubre de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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«Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
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BOLIVIA
1) PRESENTAN POLÍTICAS PARA PROTEGER A LAS MUJERES
El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional implementarán unidades de género como una de las primeras acciones de la nueva política de género que fue presentada ayer y que entre otros aspectos busca fortalecer la equidad de género en las carreras judicial y administrativa, y crear un observatorio de género para buscar sanciones en los casos de hostigamiento y acoso laboral.
Las autoridades de las instituciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, al final del evento, se comprometieron a materializar desde sus salas plenas las unidades de género para una verdadera equidad, según declaró el magistrado Rudy Flores.
La presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, Cinthia Armijo, señaló que es una obligación legal incluir las políticas de género en las instituciones judiciales para un mejor acceso a la justicia y la protección de las mujeres y de los sectores más vulnerables.
Correo del Sur / Enviado por Red Ada / COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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BRASIL
1) VIOLENCIA Y FALTA DE POLÍTICAS EN CIUDADES SATELITES
Adolescentes del proyecto «Onda: adolescentes en movimiento por los derechos humanos», del Instituto de Estudios Socioeconómicos (INESC), dieron a conocer en Estrutural, ciudad satélite de Brasilia, los resultados de una investigación, que identifica las violencias y la falta de políticas públicas que sufre la población local.
La ciudad de Estructural está marcada por la exclusión social y tiene el más bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Distrito Federal. Se confirman los bajos ingresos, la falta de educación y de salud en la región. La falta de estructura social y económica sólo exacerba la violencia, en esa situación los derechos de los niños y adolescentes son puestos en riesgo.
Dada la falta de estructura social y económica, los jóvenes del proyecto Onda efectuaron una encuesta colectando opiniones de los pobladores de la ciudad, sobre loque es necesario hacer para combatir la violencia. La investigación se refiere a la primera mitad de 2014 y comprueba que las vidas de los jóvenes de la región está marcada por la inseguridad y los prejuicios.
Los datos expresan la percepción de la comunidad sobre los aspectos sociales y económicos, propiciando que los entrevistados, un universo de 106 personas entre nueve y 70 años de edad que viven allí, expongan sus opiniones sobre las posibles soluciones para hacer frente a los problemas sociales de la región.
Según la investigación, para el 27% de los adolescentes la violencia policial es su mayor preocupación, debido a violenta que sufren los jóvenes, en su mayoría negros, cuando son abordados por las patrullas policía; mientras que para el 50% de las adolescentes la mayor preocupación es la violencia sexual. Para 56% de las mujeres mayores de 19 años, la principal preocupación es con el tráfico de drogas, que provoca enfrentamientos y asesinatos en la región.
En entrevista con Adital, Israel Victor, 19 anos, habitante de Estrutural y participante del equipo de investigación, opina que el trabajo también aportó a un diálogo más estrecho con la comunidad.
Así mismo manifestó que la actuación de la policía es represiva y cargada de preconcepto contra los jóvenes y principalmente contra los jóvenes negros. “Para la policía un negro es siempre un sospechoso” manifestó.
Según él, los jóvenes sienten falta de la presencia de instituciones que ofrezcan cultura, recreación y educación. «No hay como cambiar la realidad de esta juventud sin la presencia efectiva de políticas sociales que modifiquen el comportamiento de la juventud de la comunidad. Es necesario que el Estado garantice el ejercicio de estos derechos”.
La investigación adquiere importancia para que la comunidad sea visualizada por el poder público. Los pobladores piden soluciones para combatir a las desigualdades sociales, por ejemplo la implementación de proyectos de inclusión social con actividades educativas y recreativas para los jóvenes.
El Proyecto ONDA
El proyecto Onda fue creado en 2008 con el objetivo de introducir el tema de los derechos humanos y del presupuesto público participativo en las escuelas del Distrito Federal, en su mayoría ubicados en regiones de elevada exclusión social.
Adital / COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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COSTA RICA
1) TIERRA, AUTONOMÍA Y DIGNIDAD. MUJERES EN LA LUCHA
La Red de Mujeres Rurales, el proyecto Interuniversitario “Fortalecimiento de la organización de las mujeres del campo para la soberanía alimentaria y la nutrición”, las Asociaciones de Estudiantes de la Universidad Nacional de las Escuelas Ciencias Ambientales, Estudios de la Mujer, Ciencias de la Educación y Filosofía, tenemos el gusto de invitarles al “Foro Mujeres en la lucha: tierra, autonomía y dignidad”, en conmemoración de Día Internacional de las Mujeres Rurales.
El campo costarricense está viviendo los estragos de una creciente concentración y un manejo altamente contaminante de la tierra, el agua y los alimentos.
Recientemente hemos conocido los hechos deplorables derivados de la apropiación ilegal de tierras por parte de finqueros en los territorios indígenas, entre otras acciones que deterioran el acceso a los recursos de las comunidades indígenas y campesinas.
Las mujeres organizadas en sus comunidades y en su articulación nacional quieren dar a conocer y discutir las condiciones que viven en el campo.
Por ello junto con los otros entes organizadores nos hemos planteado dialogar sobre temas de trascendental importancia para el campo costarricense, sus habitantes, y particularmente para las mujeres campesinas e indígenas.
Queremos hablar de La Ley Indígena, la autonomía, la cultura, la relación tierra y soberanía alimentaria, las luchas de las mujeres, nuestra organización y la dignidad en nuestras luchas.
El Foro se realizará en la Universidad Nacional, Heredia, el día 21 de octubre de 2014, de 8 a.m. a 4 p.m. El acto inaugural en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras a las 8a.m, y hemos propuesto mesas de discusión sobre diversos temas que se realizarán a partir de las 9:30 en las aulas del primer piso del edificio de la misma facultad.
Temáticas para los conversatorios:
1. Ley indígena y derechos de los pueblos
2. Los intereses detrás de los territorios y el acaparamiento de la tierra
3. Tierra, autonomía y cultura indígena.
4. El racismo en Costa Rica. Estatal y cultural
5. Medios comerciales de desinformación vrs nuestros medios.
6. Ley SENASA contra la soberanía alimentaria.
7. Nos cuidamos, como mujeres, como organización, como pueblo.
8. Resistencias en América Latina y el mundo. Luchas sin fronteras.
9. Soberanía alimentaria: producción, mercado economía solidaria.
Surcos Digital / COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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ESPAÑA
1) EL SIGNIFICADO DE FEMENINO DEJA DE SER “DÉBIL, ENDEBLE”
Ha sido en la sexta revisión del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) cuando ha desaparecido la acepción de “femenino” que lo vinculaba a “débil, endeble”.
La nueva edición del Diccionario incluye correcciones que las asociaciones de mujeres y expertas llevan años reclamando para fomentar el lenguaje no sexista. Aunque todavía hay cambios que se resisten.
Otro de los significados eliminados ha sido la definición de “masculino” como “varonil” y “enérgico”, a la vez que se incorpora la palabra “feminicidio”, un neologismo creado a través de la traducción del vocablo inglés femicide que se refiere al asesinato de mujeres por razón de género.
En esta nueva edición de la RAE la palabra maricón dejará de significar “sodomita” y “hombre afeminado” para ser un “insulto grosero”. “Sodomita” no será aquel que “comete” sodomía, sino el que la “practica”, y se incorporará al diccionario la palabra homófobo: “Dicho de una persona que tiene o manifiesta homofobia”.
Cristina P. Fraga, de la Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación (AMECO) y experta en lenguaje no sexista recuerda que “el lenguaje construye la realidad y que lo que no se nombra no existe”. Las palabras y sus significados contribuyen a perpetuar la desigualdad y la violencia o por el contrario, a superarlas.
Se trata de un punto de vista que no acaban de compartir todos los académicos. Si bien en la nueva edición hay menos palabras de carácter machista, “seguirá habiendo casos que a algunos les parecerán ofensivos, machistas”, señaló Pedro Álvarez de Miranda, académico director de la obra en la presentación de la nueva edición.
“Hay verbos que, nos guste o no, tienen un componente masculinista, como galantear, que siempre se ha utilizado para cortejar a una mujer”, comentó. También “ha existido siempre” la definición de “mujer pública” como prostituta. “Puede que sea lamentable que así haya sido”, señaló este experto en lexicografía, antes de afirmar que el Diccionario “no es más o menos machista por reflejar los usos que están en la sociedad”.
Tal vez los usos a los que se refiere el académico solo estén en “una parte” de la sociedad. Que las mujeres no ocupen cargos de responsabilidad y poder en los distintos ámbitos, no quiere decir que no existan ni que sean menos. Y desde luego, no significa que eso esté bien, aunque sea.
Amecopress/ COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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MÉXICO
1) MUJERES RURALES: TRABAJADORAS INVISIBILIZADAS
De acuerdo con una nota informativa publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a propósito del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el 22 por ciento de la población femenina en México habita en ámbitos rurales.
Si bien estas mujeres participan en la producción de bienes y servicios para el mercado, subsisten las condiciones críticas debido a la pobreza que padecen por la baja escolaridad, las malas condiciones laborales, y la falta de acceso a servicios públicos que afrontan niñas y mujeres de estas comunidades campesinas.
El “analfabetismo funcional” (no comprenden lo que leen, no se dan a entender por escrito y se les dificultan operaciones matemáticas básicas) en las mujeres rurales de 15 y más años de edad es el doble de lo que ocurre con las mujeres urbanas.
A pesar de carecer de instrucción formal básica, tradicionalmente las mujeres realizan actividades que contribuyen a la economía del país (19 por ciento del Producto Interno Bruto), pero no reciben por ello ninguna remuneración ni reconocimiento.
Seis de cada 10 mujeres rurales no tiene contrato por escrito, 31 por ciento recibe el salario mínimo (en el caso de las mujeres en las ciudades este porcentaje es del 15 por ciento), y el 18 por ciento tiene una jornada semanal de más de 48 horas.
Estas condiciones educativas y laborales profundizan la pobreza y brecha de desigualdad que experimentan las mujeres del campo, ya que cerca de dos terceras partes de la población en pobreza en México habitan en ámbitos rurales.
No obstante la condición de pobreza, las cifras revelan que dos de cada 10 hogares rurales tienen jefatura femenina en familias de hasta seis integrantes, lo cual también duplica la cifra de hogares citadinos encabezados por una mujer.
Síntesis de Comcosur Mujer en base a Cimac Noticias / COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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PERÚ
1) DEBATIRÁN DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN CASOS DE VIOLACIÓN SEXUAL
El Congreso de la República del Perú debatirá la Ley que plantea despenalizar el aborto en los casos de violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentida.
Según el actual Código Penal peruano, el aborto por violación sexual es un delito. Por ello, diversas instituciones han presentado esta iniciativa ciudadana al congreso.
Actualmente, el Perú es el país con la mayor tasa de denuncias por violación sexual en Sudamérica.
Solo en 2013, se registraron más de 17 mil casos de violación, es decir, que ocurren al menos 50 violaciones al día.
Por su parte, la Ong Amnistía Internacional expresa su aprobación y saluda este proyecto de ley que cuenta con el respaldo de más de 60 mil firmas de todo el Perú.
El proyecto también plantea anular las condenas de cárcel a las mujeres peruanas que abortan en caso de una violación.
La futura Ley, además, permitiría el acceso a servicios de atención para las víctimas de una agresión sexual de ese tipo.
Sin embargo, esta propuesta no incluye casos de aborto eugenésico o por malformaciones.
“No hay nada más ajeno a la democracia que forzar las mujeres a continuar un embarazo producto de una violación sexual”, asegura el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales (Promsex).
Este proyecto de ley fue asignado a la comisión parlamentaria de Justicia y Derechos Humanos, explicó la legisladora Verónika Mendoza, quien apoya esta iniciativa.
El Congreso de la República tiene 120 días a partir de la fecha para debatir la propuesta en el Pleno.
Agencia Púlsar/ COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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TEMAS DE COMCOSUR MUJER
I – VIOLENCIA ECONÓMICA OTRA FORMAS DE AGRESIÓN
“Es la casa de mi papá y tú no tienes nada que hacer aquí, en cualquier momento saldrá la orden de desalojo y te vas a ir”, fue lo que A.C.C. le dijo a su esposa N.M. después de que ella decidió separarse al enterarse de la traición de su pareja con una adolescente de 17 años, quien se encuentra embarazada.
La pareja se casó hace 20 años y producto de esa relación tienen tres hijos. En ese tiempo lograron adquirir dos bienes inmuebles, cuatro vehículos y consolidar dos negocios.
Para sorpresa de la mujer, la vivienda donde se encuentra su fuente de ingresos y donde vive desde hace varios años está a nombre del papá de su esposo.
“La hemos comprado yo y mi esposo, no sé que pasó, todo está desapareciendo”, contó.
De las movilidades tampoco sabe nada, solo que dos de ellas “desaparecieron”. Ya no están en su garaje. Y es que el esposo administra todos los recursos y los bienes.
En represalia a la decisión de la mujer de separarse y una reciente denuncia por violación en su contra, A.C.C. además les dejó sin agua, teléfono y cerró con llave el baño de la casa. Los hijos de 17, 16 y 8 años también sufren las consecuencias de los actos de su padre.
LA VIOLENCIA
Este es un caso típico de violencia económica establecido en el artículo 7 de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
Se define la violencia patrimonial y económica como toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.
De acuerdo al artículo 250 bis del Código Penal, este delito tiene una pena de dos a cuatro años de cárcel.
LA PROTECCIÓN
Pese a que la ley obliga a la atención y protección a mujeres en situación de violencia, y a los integrantes de su familia en situación de riesgo, bajo responsabilidad penal, civil y administrativa, en este caso se cumple a medias, solo está en los papeles.
En la Fiscalía especializada para víctimas de atención prioritaria (FEVAP), se interpuso el 24 de septiembre una denuncia por violencia familiar o doméstica y el inicio de las investigaciones. Dos días después, el 26 de septiembre, la fiscal Noemí Cossío dispuso medidas de protección como la prohibición de que se acerque, encuentre o ingrese al lugar que frecuenta la víctima. A su vez prohibió que le intimide o moleste por cualquier medio o a través de terceras personas, así como a cualquier integrante de su familia.
Pese a las advertencias de ser procesado por obstaculizar el proceso, recibir una multa y llegar hasta la reclusión, sigue viviendo en la misma casa. La víctima y su agresor solo están separados por unos dos o tres metros entre el patio, habitaciones y los negocios de ambos.
El acusado asegura que vive en otra casa y así hace constar en su declaración del 3 de octubre ante el Ministerio Público donde niega las acusaciones de violación.
Sin embargo, la víctima asegura lo contrario. Acudió a la Policía ante el incumplimiento de las medidas de protección, pero no le hicieron caso.
“Ya no vienen, un día llegaron y vieron que el baño estaba cerrado con llave, le dijeron que no debía hacer eso, pero todo sigue igual”, relató.
El año pasado, el primer caso de violencia económica que atendió la Fiscalía tuvo un procedimiento distinto. La fiscal de entonces Cinthia Prado, dispuso que el agresor, un abogado, abandone la vivienda.
N.M. pide una acción similar tomando en cuenta que su vida está en riesgo, al igual que la de sus hijos. Contó que está desesperada porque no tiene dinero para cubrir su alimentación. Uno de los negocios con los que se quedó, de venta de lonas y carpas, no es rentable. Según explicó, hay días en que no logra vender nada y el dinero escasea. Recordó que por muchos años su esposo le advertía que iba a dejarla sin nada, pero nunca pensó que esta amenaza se cumpliría, más aún porque tienen tres hijos por quienes ambos deben velar, a pesar de los problemas de pareja.
N.M. aguantó todo, desde que su esposo le engañara con su empleada doméstica, hasta que realice viajes al campo por días y volviera con imágenes en su celular de las muchachas que frecuentaba, todas adolescentes. En su última imagen se ve a una adolescente detrás de unas rejas a quien pide que se le acerque “para poder tocar a mi hijo”. También le propone irse a la ciudad para realizarse todos los análisis y controles del embarazo.
Prioridad
El Estado asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
Medidas de protección
Tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente. Son de aplicación inmediata para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicas y laborales.
Tipos de violencia
Están la violencia física, la feminicida, psicológica, mediática, simbólica y/o encubierta, contra la dignidad, la honra y el nombre, sexual, contra los derechos reproductivos y en los servicios de salud. También la violencia patrimonial y económica, laboral, en el sistema educativo plurinacional, en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, institucional, en la familia y contra los derechos y la libertad sexual.
Una aplicación que es a medias
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, reconoce que la aplicación de la Ley 348 sufre algunos contratiempos porque no se está dando el trámite que corresponde.
Considera que las autoridades deberían contribuir y reasumir sus facultades asistiendo desde el primer momento a las víctimas, algo que no ocurre.
Según Gonzales es urgente esta atención porque la mujer no solo sufre un tipo de violencia, sino que al ser sistemática afecta su seguridad emocional, física, sexual, su patrimonio y otros.
Pero este daño no solo es a la mujer sino a sus hijos.
“Cuando la mujer rompe el silencio, dentro la investigación se evidencia que la violencia es sistemática. La más visible es la física porque hay certificados médico forenses en el acto, no así la psicológica porque los estándares no están establecidos o la económica que requiere una investigación profunda”, sostuvo.
Lamentó que la violencia económica aún no sea visibilizada objetivamente en las investigaciones y que constituya una base de imputación formal.
“Es muy difícil analizar de manera aislada la violencia económica”, agregó.
La venta de un bien sin autorización de la pareja se anula o paga el 50 por ciento
El juez sexto de partido de familia, Marcelo Balderrama, explicó que la venta o transferencia de un bien inmueble que se adquirió dentro del matrimonio, es nula de pleno derecho si está realizada solo por uno de los cónyuges y no tiene la autorización o consentimiento del otro.
Advirtió que en estos casos, lo que normalmente se hace es entregar a la parte que desconoció o no participó de la transacción el 50 por ciento del valor total.
Por su experiencia, aseguró que el que pierde es el cónyuge que procedió -de buena o mala fe- en la venta o transferencia porque al momento de definir el valor, éste ya se incrementó.
“Por ejemplo, si un auto costó 10 mil dólares y un año después se anula la venta, su valor ha subido a 12 mil dólares, entonces el que vendió sin consentimiento debe pagar 6 mil, es decir, mil dólares más a su pareja”, explicó.
Recordó también que la ley permite la transferencia, pero debe ser del 50 por ciento de las acciones y derechos, en los casos de los bienes inmuebles.
“Todo lo que se compra dentro del matrimonio es un bien ganancial y corresponde a cada uno de los cónyuges el 50 por ciento ”, acotó.
El jurista recomendó en estos casos, el inicio de un proceso de interdicto para recordar la posesión toda vez que el Estado protege a la familia y el derecho a contar con todos los servicios básicos.
Con referencia a los casos que conoce, estimó que en el 20 por ciento , uno de los esposos pone a nombre de sus familiares o de terceras personas sus bienes para evitar compartirlos con su pareja. Esta es una especie de “castigo” dentro de los procesos de divorcio y se les atribuye en su mayoría a los varones. En el caso de las mujeres, deciden tomar represalias “utilizando” a sus hijos y evitando que su padre los pueda frecuentar mientras están en proceso de separación hasta que el juez emita una sentencia o resolución.
Al Juzgado Sexto de Partido de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba llegan un 40 por ciento de casos de divorcio donde la pareja tiene documentos transaccionales, definida la tenencia de los hijos, asistencia familiar y distribución de los activos y pasivos. Por otro lado, de 100 casos de divorcio que se recepcionan, 40 están relacionados con violencia y malos tratos, los otros 60 son separaciones voluntarias.
Vacío en norma deja impunes a los agresores
La Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia define la conducta violenta y el Código Penal la sanciona. Sin embargo, estas normas no coinciden al momento de su aplicación, lo que puede atentar contra una justicia pronta y oportuna para las mujeres y deja en la impunidad a los agresores.
Instituciones y organizaciones que trataban con temas de violencia han detectado este vacío legal. Y es que en el artículo 250 ter. sobre la violencia patrimonial solo hace referencia a la afectación a los bienes propios de la mujer, que son los que tiene antes del matrimonio y no así a los gananciales que son los que logra con su pareja y también llega a formar parte de su patrimonio.
Según la representante de la Oficina Jurídica para la Mujer, Julieta Montaño, ante esta situación, muchas mujeres prefieren denunciar a sus parejas por violencia psicológica o doméstica y no así por violencia económica. Prueba de ello es que en el Juzgado contra la violencia, desde su creación, hace un mes, de los 83 procesos que atienden, ninguno es por este tipo de violencia.
“No se animan a denunciar por sufrir violencia patrimonial y económica, sino que buscan otro delito. Este vacío legal puede llevar a una serie de interpretaciones que atentan contra los derechos de la mujer y deja impunes a sus agresores”, aseguró.
VIOLENCIA ASTUTA
Para la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, la violencia económica es astuta y tiene el objetivo de hacer sentir a la mujer sin salida y orillada a medidas extremas porque ha perdido todos sus bienes y recursos.
Recordó que los bienes gananciales están dentro del régimen de comunión, es decir en el matrimonio y cada una de las partes puede reclamar el 50 por ciento de ellos en el marco del Código de Familia. Considera que si existe este problema se debe acudir al ámbito civil para recuperar estos bienes que son patrimoniales.
Opinion.com.bo Enviado por Red Ada / COMCOSUR MUJER No. 431 – 22/10/2014
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de
quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
(Tomado del libro A campo traviesa. Los caminos de Mario Costa)
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