ANDRES CAPELAN
Murió Andrés Capelán, cuesta mucho escribirlo…
Con Andrés caminamos un trecho importante de nuestras vidas, y por cierto dejó huellas en nuestros corazones. Humilde y profundo, nos enseñó a través de todo lo que aprendía y compartía sin egoísmo. Un trabajador de aquella estirpe que considera al Sindicato la Universidad de los obreros, y que hizo del libro y la biblioteca el arma de la liberación de hombres y mujeres, de su conciencia de clase.
Fue un buen tiempo gestor del periódico sindical “El Obnibusero” y de allí llegó al “Mate Amargo”. Sufrió el dolor de los demás en su propio cuerpo, en su piel solidaria y consiente, y durante la crisis que desmanteló industrias y que dejó a tantos trabajares sin empleo, pidió para cambiar la página sindical que dirigía en el “Mate Amargo”, por la de internacional (Mapamundi). El cambio no evitó el dolor, que se amplió por el mundo y también lo sufrió. Todo lo sentía cercano y la injusticia no la toleraba de ninguna forma.
En “Comcosur” nos planteaba año a año, una duda profunda: ¿Tiene sentido lo que hacemos? ¿Le llegará a alguien? ¿Servirá para algo? No eran preguntas fáciles, no teníamos respuestas fáciles. Creo que continuamos, convencidos que nuestra información viajaba en botellas tiradas al mar, tal vez alguien en algún lugar recogía esta botella y al leerla daba sentido a nuestra tarea.
Tuvo una capacidad formidable para aprender el uso de las nuevas tecnologías, y transformó su casa en una gran sala de comunicaciones y medios, desde esta especie de nave recorrió otras de sus pasiones, la literatura, la poesía, la música, el cine, nada le era ajeno. Mucho de todo esto lo aportó al programa de Pablo Silva y su “Máquina de pensar”.
No puedo ignorar su humor, especialísimo y vital que plasmó en diferentes blogs, que siempre comenzaba en la mirada crítica a sí mismo y desbordante de humor!
Allí donde hayas viajado Andrés, estamos seguros, debe haber mucho humor y mucho amor. ¡Gracias por tu vida!
Tus compañeros y compañeras de Comcosur.
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Hoy:
1) Argentina: El reencuentro de ellas, ex presas políticas
2) Colombia: alerta por violencia sexual en zonas de frontera
3) Colombia Organizaciones de mujeres entregaron informes sobre los actos de violencia sufridos en el conflicto
4) Chile: Protesta para exigir justicia sobre el crimen de lesboodio termina con violencia policial
5) México: Nueva política migratoria pone en peligro a mujeres
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COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 16 /No. 605 – Lunes 23 de junio de 2019 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) ARGENTINA: EL REENCUENTRO DE ELLAS, EX PRESAS POLÍTICAS
A veinte años del inicio de la experiencia en 1999, de recomponer la historia de lo que luego sería el libro “Nosotras, presas políticas”, decenas de mujeres presas políticas que estuvieron en cárceles de distintos puntos del país entre 1974 y 1983 se reencontraron en el Hotel Bauen. El evento se desarrolló entre una emotiva marea de abrazos y reencuentros.
La nuestra es una experiencia única en nuestro país: el momento histórico, la cantidad de mujeres detenidas por razones políticas y concentradas en un mismo penal y su resistencia, desde ese lugar, al plan de destrucción social imperante. Situación que, ojalá, no vuelva a repetirse. Aun así queremos transmitir sobre todo los valores que emergen de esa experiencia, que no tienen tiempo ni lugar, que pueden aplicarse y vivirse en cualquier circunstancia por más dura que ésta sea, y que permiten que, de todos modos, sea posible vivir con alegría»
No fue un evento más, ni tuvo la formalidad de “un simple acto recordatorio”. “A ver si nos sentamos que ya está el almuerzo” se escuchaba desde el micrófono, pero ellas no obedecían, y seguían de pie entre saludos, reencuentros y abrazos. Lo mismo había ocurrido minutos atrás cuando se estaba por proyectar un video que las homenajeaba. Entre sus sonrisas y abrazos el ambiente era festivo. De manera dispersa algunas de ellas en un rincón cantaban. Otras, en otra parte, minutos después se tomaban de las manos y bailaban. O se sacaban fotos grupales en las que los puños en alto se mezclaban con los dedos en “v”. “No van a hacer caso” decía la voz de una de ellas desde el micrófono… al parecer esos años de reclusión, de oscuridad, de horror, no habrían logrado el objetivo: ellas no obedecen.
En aquellos años les prohibieron la gimnasia, pero hicieron igual, y armaron cursos de historia, economía, inglés. Les habían prohibido los libros, pero escribían donde podían. Escribían cartas que eran un contacto con la libertad.
“Algunos debieron abandonar el país, otros fueron secuestrados y sumaron sus nombres a la lista de desaparecidos. A nosotras nos encarcelaron”, cuenta el prólogo del libro “nosotras, presas políticas” editado en 2006 y reeditado en 2012 en el que ellas cuentan su historia.
Entre la simbología que les mantenía vivos aquellos sueños de una Latinoamerica libre, sin explotación ni desigualdades, pero que también las mantenía vivas como mujeres. Las luchas de aquellos años se unieron a las de hoy: muchas de ellas tenían el pañuelo verde envolviendo sus cuellos o muñecas.
“Corríamos, a veces con suecos, corríamos para encontrarnos, para tener más tiempo para luchar por un mundo más justo, para tener más tiempo para encontrarnos, y también para hacer el amor” cuenta una compañera desde el micrófono, después de lograr que, al menos algunas de ellas y solo por un rato, se sienten.
Luego, tomaron el micrófono dos integrantes de la cooperativa del Bauen quienes manifestaron el honor por estar alojando este evento. Recordaron que ese hotel había sido construido durante la dictadura y que era un símbolo de la connivencia de sectores empresarios con el gobierno, y que en aquellos años el stablishment se reunía en ese lugar, y que luego de ser recuperado por sus trabajadores se convirtió en exactamente lo opuesto. Al finalizar recibieron un fuerte aplauso mientras se escuchaba la entonación de “olè olè ole olè Bauen, Bauen” cantando por ellas: las “desobedientes”
Luego llegó el almuerzo, algunas se fueron sentando… pero la calma no se mantuvo por mucho. Permanentemente la emoción de un encuentro, la sucesión de sonrisas y de abrazos emotivos que se sucedieron uno tras otro revolucionaba el orden permanentemente, como expresando desde la alegría esa revolución por la que todavía siguen luchando.
Ramiro Giganti /ANRed/ COMCOSUR MUJER Nº 605– 23/06/2019
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2) COLOMBIA: ALERTA POR VIOLENCIA SEXUAL EN ZONAS DE FRONTERA
Aunque la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc en un primer momento llevó a la reducción relativa de los índices de violencia en los territorios, también derivó en el surgimiento de otros fenómenos que se consolidaron especialmente en zonas de histórica confrontación entre grupos armados. El interés de nuevas organizaciones criminales, en su mayoría asociadas al negocio del narcotráfico, por controlar territorios claves para las economías ilegales ha llevado a la reconfiguración de poderes en escenarios en los que el sometimiento de la población, la revictimización de grupos sociales vulnerables, el incremento de la violencia contra líderes sociales, las amenazas, extorsiones y homicidios están a la orden del día.
Esa es, a grandes rasgos, la primera conclusión que se deriva del informe presentado esta semana al Congreso por la Defensoría del Pueblo sobre el balance que dejó 2018 en términos de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el país. Y al ver la panorámica completa, las preocupaciones son varias, sobre todo teniendo en cuenta que a la ya complicada situación que se vive en varias regiones del país se sumó el año pasado un elemento adicional: el incremento de migración de población venezolana expuesta a distintas clases de riesgos, abusos y violencias.
El documento de la Defensoría del Pueblo recoge los principales retos que enfrenta el país en materia de derechos humanos y entrega elementos y recomendaciones en busca de medidas estatales en asuntos clave, como la dinámica de la confrontación armada y la violencia sociopolítica, las víctimas del conflicto armado y de desplazamiento forzado, la migración forzada de población venezolana y la situación de grupos vulnerables como mujeres, niños, adolescentes, comunidad LGBTI y poblaciones étnicas.
Sobre el primer punto, por ejemplo, la entidad hace un mapeo de las principales amenazas y los rasgos diferenciados del escenario del conflicto de acuerdo con las características de las regiones del país. Así las cosas, señala, en los departamentos de la costa Caribe, la dinámica de la violencia estuvo determinada en 2018 por la consolidación del control social y territorial de grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) o Clan del Golfo, los Pachencas y, en menor medida, por los Costeños. “Estos grupos establecieron un control territorial indirecto a través de la subcontratación de delincuencia común y pandillas barriales. Se caracterizan por utilizar la violencia selectiva y el control social como mecanismo de represión e inhibición de procesos organizativos de defensa de los derechos humanos y por fracturar el tejido social comunitario”.
En la región compuesta por los departamentos de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Magdalena Medio, Arauca y Casanare, detalla el informe, el conflicto se caracterizó por la recomposición de fuerzas y el avance de grupos armados ilegales hacia territorios donde operaban las Farc en la disputa por el monopolio de las economías ilegales. En esta zona se destacan los casos de Norte de Santander, con presencia del Eln y el Epl, y Arauca, en donde se ha profundizado el sometimiento de comunidades campesinas y urbanas como consecuencia del proceso de expansión territorial del Eln y las disidencias de las Farc.
También sobresale la situación de la macrorregión suroccidental (Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Chocó, Huila, Putumayo, Caquetá y Amazonas), que ha registrado un alto grado de confrontación armada entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales, con importantes afectaciones a las comunidades y a líderes sociales. Puntualmente sobre ese fenómeno, la Defensoría recuerda que se han emitido dos documentos de advertencia sobre los riesgos a los que se enfrentan los defensores de derechos humanos y que se ven reflejados en los datos recopilados en terreno: 178 homicidios de líderes entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2018 —un incremento del 27 % con respecto a 2017, cuando se registraron 126 asesinatos—, que se presentaron en 27 de los 32 departamentos del país. El 70 % de los homicidios se concentraron en siete departamentos: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá y Nariño.
La Defensoría sostiene que existen tres rasgos estructurales que definen los escenario de riesgo para los líderes sociales que prevalecen incluso este año. La recomposición de dominios armados en territorios que durante décadas estuvieron bajo la influencia de las Farc, la persistencia de otros actores armados ilegales que usufructúan economías legales e ilegales y socavan los derechos de la población civil y la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Fenómenos que también están asociados a otra dinámica que alerta a las autoridades: el desplazamiento forzado. Según cifras de la Defensoría, durante 2018 hubo un incremento en el número de eventos de desplazamiento masivo frente a 2017, pasando de 51 a 95 casos. En total la afectación alcanzó a 33.127 personas, siendo Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó los departamentos más afectados.
Eso sin contar con los riesgos de vulneración de derechos en los procesos de retornos de comunidades campesinas en los Montes de María, Bajo Magdalena, Sucre, Córdoba, Magdalena Medio y departamentos como Risaralda, Quindío, Guaviare y Caldas. “En dichos territorios persisten intimidaciones y amenazas contra reclamantes de tierras, representantes de organizaciones de población desplazada y víctimas, líderes y autoridades étnico-territoriales”, refiere la Defensoría.
Un escenario al que habría que agregarle la situación de los pueblos indígenas desplazados (jiw, nukak, emberá, yukpa, sikuani, uitoto, wounaan, pijao, yanacona, inga, zenú, siona, eperara, camentasa y cuambiano o misak) y la de las comunidades negras y afrodescendientes en las que persiste la emergencia humanitaria, como en el Bajo Atrato antioqueño y chocoano, la cuenca del río San Juan, el Alto Baudó, Medio Baudó y Bajo Baudó.
Asimismo, en un capítulo aparte, la Defensoría documenta la situación de vulnerabilidad y privación de derechos de la población migrante venezolana que ha llegado a Colombia huyendo de la crisis social, política y económica del vecino país y que en las zonas más convulsas del territorio nacional está en riesgo de ser sometida a la trata de personas, tráfico de migrantes, reclutamiento, vinculación a actividades ilícitas, xenofobia y explotación laboral. “Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las muertes violentas de venezolanos se incrementaron en un 244,4 % (310 casos) entre enero y septiembre de 2018, comparado con el mismo período del 2017 (90 casos), siendo el homicidio la principal causa.
Estas expresiones de violencia también están asociadas a otra problemática que va en aumento y preocupa a las autoridades: el incremento de riesgo para las mujeres en las zonas de frontera, en donde la violencia sexual se asocia a las dinámicas de las economías ilegales. “La combinación de una serie de fenómenos presentes en estas zonas, como la existencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería ilegal, la migración irregular y la cultura de la ilegalidad, entre otros, ha generado impactos para las mujeres por su relación con dinámicas de violencia sexual, prostitución, extorsión, trata de personas, así como la explotación sexual de mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, revela el documento de la Defensoría.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 605– 23/06/2019
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3) COLOMBIA ORGANIZACIONES DE MUJERES ENTREGARON INFORMES SOBRE LOS ACTOS DE VIOLENCIA SUFRIDOS EN EL CONFLICTO
Muchas defensoras de DD.HH. estamos solas: Red Nacional de Mujeres
Organizaciones de mujeres entregaron informes sobre los actos de violencia sufridos en el conflicto a la JEP y la Comisión de la Verdad.
María Eugenia Cruz, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, explicó en RCN Radio los alcances y el propósito de los siete informes que presentan varias organizaciones no gubernamentales, sobre violencia contra mujeres indígenas, afrodescendientes, exiliadas y defensoras de DD.HH.
Los documentos recogen más de 900 testimonios que radican ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad y a la Corte Constitucional.
Cruz señaló que esperan que, por ejemplo, a partir de los informes se estudie la forma más indicada para atender e indagar los diferentes actos de violencia contra mujeres que la justicia ordinaria no judicializó.
Dijo, incluso, que en esta lucha «muchas defensoras de derechos humanos estamos solas, sin pareja, porque muchos hombres aún no apoyan estas batallas».
En el caso de la JEP, María Eugenia Cruz explicó que se pusieron a disposición de sus magistrados dos primeros informes sobre violencia sexual y violencia de género en la zona de los Montes de María, ubicada entre los departamentos de Sucre y Bolívar.
También indicó que a la Comisión de la Verdad le serán entregados otros informes: impacto del desplazamiento en las mujeres de las comunidades afro; el impacto del desplazamiento y la violencia enfrentadas por las mujeres indígenas y la violencia ocasionada a las mujeres exiliadas en el marco del conflicto.
Agregó que la idea es que las mujeres sigan uniéndose para exigir justicia, porque en la actualidad la política esta utilizando a las víctimas de estos delitos con el fin de generar sensibilidad y compasión, pero con el único objetivo de tocar las fibras humanas en busca de populismo.
La coordinadora de la Red Nacional de Mujeres señaló que, igualmente, será presentado a la Comisión de la Verdad y la Corte Constitucional un informe sobre las agresiones de las que han sido objeto las defensoras de derechos humanos.
Ir al audio de la entrevista en RCN Radio: www.rcnradio.com/colombia/muchas-defensoras-de-ddhh-estamos-solas-red-nacional-de-mujeres
COMCOSUR MUJER Nº 605– 23/06/2019
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4) CHILE: TOMA DE FISCALÍA EN QUILLOTA PARA PEDIR JUSTICIA POR NICOL SAAVEDRA TERMINA CON VIOLENCIA POLICIAL
En Quillota se han reunido hoy 22 de junio de 2019, cerca de 700 mujeres para exigir justicia y avances en la investigación sobre el crimen de lesboodio de la joven Nicol Saavedra Bahamondes, quien fue secuestrada, torturada y asesinada en Limache, V región hace 3 años.
Cientos de lesbianas y feministas de diversas regiones viajaron hasta Quillota para manifestarse pacíficamente en la demanda de justicia. Desde el mediodía se realizó una masiva marcha, llena de colores, de música, de arte callejero para denunciar el caso de Nicol, y también para visibilizar otros dos asesinatos lesboódicos que han sido cometidos en Limache y San Felipe, configurándose así en la zona más peligrosa del país para las lesbianas. Hace 10 años María Pía Castro fue asesinada y quemada, y hace 2 años Susana Sanhueza fue asfixiada en dependencias de la Municipalidad de San Felipe.
A la fecha no hay avance alguno en la investigación sobre el crimen de Nicol Saavedra, dejando en evidencia no sólo la negligencia de las instituciones de justicia, sino también la indiferencia y desprecio ante el caso de una lesbiana empobrecida, joven y rural. Esta inaceptable situación levanta sospechas entre las feministas y lesbianas, sobre actos de corrupción entre las distintas instituciones involucradas como es fiscalía, carabineros y policía de investigaciones.
La inoperancia del aparato judicial además se evidencia en que a la fecha han tomado el caso 3 fiscales. El primero fue Juan Emilio Gatica, quien no tuvo problemas en demostrar su total desidia ante el caso. Fue removido después de 2 años de nulos avances. Posteriormente vino Ymai Ortega, designada por el Fiscal Nacional Abbott luego de una manifestación que realizara María Bahamondes junto a lesbianas y feministas en la Fiscalía Nacional. La segunda fiscal era encargada de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, sin embargo, rápidamente fue trasladada a otro cargo dentro de la Fiscalía Nacional. El tercer y actual fiscal es Ulises Meneses Bermúdez, quien no ha informado avances en la investigación.
Luego de la marcha del día de hoy, un grupo de mujeres junto a la prima de Nicol Saavedra, se tomaron la fiscalía de Quillota, para exigir la presencia del fiscal Meneses. Sin embargo, lejos de acceder al llamado a presentarse para dar explicaciones del caso, el referido decidió enviar a la fuerza policial para que las manifestantes fuesen desalojadas, lo cual marca un precedente no sólo de soberbia, sino que también de menosprecio hacia el caso y la familia de Nicol.
Lo que vino posteriormente fue una violencia desmedida de parte de carabineros, quienes como ya es costumbre hicieron destrozos de mobiliario, e incluso las manifestantes denunciaron por redes sociales que algunos de ellos tenían hálito alcohólico.
A las 19 hrs ya había 15 detenidas, quienes han sido trasladadas a la comisaría después que un desproporcionado contingente policial no sólo las reprimiera, sino que las agrediera. Por tanto, otras manifestantes constataron lesiones de manera independiente. Estas consecuencias ponen en cuestión al fiscal Meneses por su falta de competencia e idoneidad ante el caso, sobre todo, luego que ha enviado a procesar a María Bahamondes, prima de Nicol, por tomarse la fiscalía y es el responsable de toda la violencia ejercida contra las activistas el día de hoy. Organizaciones lesbianas feministas comienzan a pedir su inmediata renuncia.
Se ha informado a estas horas de la noche, que 5 de las detenidas pasaran a control de detención por el cargo de daños, los que evidentemente fueron realizados por la agresión e impunidad con la que suele actuar carabineros de Chile, una institución desprestigiada en el país por corrupta, torturadora y cómplice en la impunidad de este caso.
Radio humedales/ COMCOSUR MUJER Nº 605– 23/06/2019
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5) MÉXICO: NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA PONE EN PELIGRO A MUJERES
Una nueva medida restrictiva en la política migratoria del gobierno mexicano podría poner en peligro la integridad de las mujeres migrantes, advirtió el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) luego del oficio girado por la Secretaría de Gobernación (Segob) donde solicita a las compañías de autotransporte que controlen los documentos de identidad y estatus migratorios de las y los pasajeros.
De acuerdo con el oficio No. INM/DGJDHT/213/2019, las compañías deben “apoyar el cumplimiento de la Ley de Migración”, bajo el argumento de que muchos traficantes ocupan “los servicios de transportación terrestre de pasaje y turismo”.
Pese a que el documento existe desde abril de este año, la presión sobre las líneas de autobuses incrementó desde que se firmó el “acuerdo migratorio” con Estados Unidos para contener el flujo migratorio, el pasado 7 de junio.
En esta semana, las empresas Flecha Amarilla, ADO, y ETN anunciaron a sus clientes que el requisito para abordar el autobús sería presentar un documento de identificación. Esta medida, explicó la coordinadora de políticas públicas del Imumi, Berenice Valdez Rivera, es inconstitucional, ya que de acuerdo con el artículo 11 de la Constitución, todas las personas tienen el derecho a entrar, salir, viajar y mudarse por el territorio nacional, sin la necesidad de contar con un pasaporte.
El peligro para las mujeres, tanto para migrantes como para mujeres mexicanas sin documentación, consiste en que se verán obligadas a buscar transportes informales, lo que supone más riesgo. Las mujeres generalmente viajan por la vía terrestre, manifestó Valdez, porque ellas consideran que conlleva menos riesgos.
Al aplicar las restricciones, va a haber más violaciones a los derechos de las mujeres y más abusos, explicó la experta, “porque la estructura en México sigue siendo corrupta, operan grupos del crimen organizado, a ellas se les va complicar muchísimo más migrar. Entonces, lamentablemente se van a ver expuestas a más violencia, más coerción.”
Por todo ello, el Imumi revisa medidas judiciales, aparte de que actualmente ya hay un caso sobre controles en la carretera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en sus recomendaciones 58/2015 y 22/2016 dice que ninguna autoridad mexicana debe preguntar la nacionalidad de las personas de México para transitar.
Hasta la fecha, el Imumi no ha visto indicios que la medida esté permeando en las terminales de autobuses. “La gente en México sabemos que es muy complicado conseguir un documento de identidad”, por consecuencia, la medida afectaría a una gran parte de la clientela de los transportistas.
En muchos casos, dijo Valdez, sería justo la población desfavorecida, como menores de edad o personas jornaleras que no tienen documentos. “Esta medida es contraria al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que su política va dirigida a los pobres. Afecta a la población más pobre, a migrantes, y población indígena”, constató.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte; y 1 por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.
Valdéz criticó que la nueva política migratoria, que según los primeros anuncios del gobierno y los discursos durante la campaña de AMLO estaría basada en Derechos Humanos “¡duró un mes!”.
El Imumi ha observado que desde febrero, mucho antes de las amenazas de Donald Trump, se fueron prolongando los procesos de visa humanitaria para las personas de Centroamérica, y que también se restringió la otorgación de documentos y visas. Al mismo tiempo, hubo más rechazos en los aeropuertos y más controles en las carreteras.
Desde inicios de junio, se suma el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, y la criminalización de personas defensoras de Derechos Humanos migrantes, como en el caso de la detención de Irineo Mujíca y Cristóbal Sánchez. Pero a pesar de los aparentes intentos de apaciguar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y evitar el aumento de aranceles, “no sabemos qué va pasar después de los 45 días”, opinó Valdez.
El acuerdo migratorio tiene como plazo para ver si se contuvo o no el flujo migratorio hacia Estados Unidos el 22 de julio. La idea de un “tercer país seguro” constituiría el intento de desviar el flujo de migrantes y obligar a las personas de pedir asilo en México en lugar de Estados Unidos.
Para Valdéz, esto podría desencadenar una política mucho más amplia que afecta al país: “Literalmente vamos a ser una extensión, una gran estación migratoria de Estados Unidos. Ellos lo tienen sobre la mesa, y el 22 de julio, lo van a presionar. Es ahí donde México tendría que decir, ‘No’, por ningún motivo”, advirtió.
La defensora dijo que el Imumi ya está buscando el acercamiento con las empresas de autobuses y de otras organizaciones de la sociedad civil para generar respuestas, y no permitir que estas medidas sean coerción del Estado.
Cimacnoticias / COMCOSUR MUJER Nº 605– 23/06/2019
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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