1) Observatorio Luz Ibarburu: sólo 10 personas cumplen condenas con prisión efectiva por violaciones a derechos humanos
2) Se instaló memorial en ex centro de secuestro de “La Tablada”
3) El lunes se votará el Comité Ejecutivo de un nuevo movimiento de retirados militares que busca tener representación parlamentaria
4) Directores de DNII fueron citados a comparecer por espionaje en democracia
5) Ancap licita transporte fluvial de combustible; crítica sindical
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2153 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 24 de noviembre de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Observatorio Luz Ibarburu: sólo 10 personas cumplen condenas con prisión efectiva por violaciones a derechos humanos
(La Diaria)
El Observatorio Luz Ibarburu (OLI), que da seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante el período de terrorismo de Estado, elaboró un informe en el que incorporó datos de la respuesta proporcionada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a un pedido hecho por la ley de acceso a la información. La organización pudo acceder a información actualizada de la situación de las personas procesadas y condenadas por causas vinculadas a la violación de derechos humanos durante el período mencionado, y pudo constatar quiénes cumplen prisión domiciliaria, quiénes son objeto de vigilancia por medios electrónicos (tobilleras o pulseras electrónicas) y quiénes están beneficiados con salidas transitorias.
El OLI informa que hay 20 personas condenadas –varias fueron condenadas más de una vez–, de las cuales una cumplió la condena (Tranquilino Machado, condenado a cuatro años por el delito de homicidio intencional de Ramón Peré), tres fallecieron (los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, y el general Miguel Dalmao, único militar que estaba en actividad cuando fue procesado) y 16 están detenidas. Sin embargo, según la información aportada por el INR, sólo diez están en prisión efectiva (siete en la Unidad Nº 8 Domingo Arena y tres en la cárcel de la Guardia Republicana) y seis gozan del beneficio de la prisión domiciliaria (el ex canciller Juan Carlos Blanco, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez –prisión domiciliaria y vigilancia con dispositivo electrónico–, José Gavazzo –también vigilado con tobillera–, Nelson Bardesio –prisión domiciliaria con pedido de libertad anticipada en trámite– y José Uruguay Araújo).
Pero, además, por la información proporcionada por el INR, se supo que de las diez personas que están presas, por lo menos dos tienen el beneficio de las salidas transitorias, aunque son vigiladas con dispositivos electrónicos.
En la cárcel de Domingo Arena están presos Jorge Silveira (dos veces condenado), Ricardo Medina (dos veces condenado, uno de los que gozan de las salidas transitorias), Felipe Sande, José Arab (dos veces condenado), Pedro Freitas Martínez (tiene pedido de libertad anticipada en trámite), Enrique Rivero y Ernesto Soca (otro de los que gozan de salidas transitorias). En tanto, en la Guardia Republicana cumplen condena Juan Carlos Larcebeau, Luis Maurente y Arturo Aguirre.
En porcentajes, está en prisión efectiva sólo 50% de los condenados, mientras que 30% goza del beneficio de la prisión domiciliaria y 5% ya cumplió la condena. A los 10 condenados que cumplen prisión efectiva hay que sumarles dos personas procesadas más: José Tomás Puigvert y Rodolfo Gregorio Álvarez (primer procesado por el delito de torturas), que están detenidos en la cárcel de la Guardia Republicana.
Por otra parte, el informe del OLI destaca que, de las 46 causas que patrocina la organización, hay 29 pedidos de procesamientos pendientes en siete expedientes, “algunos de hace más de un año, sin respuesta, excluyendo a los que fallecieron en este tiempo”. “De información periodística surge que existen otros diez pedidos de procesamientos sin resolver, por lo cual totalizarían aproximadamente 38 pedidos de procesamientos pendientes en casos en los que la Justicia no se ha expedido aún”, agrega el OLI.
Otro de los datos del informe que llaman la atención es la cantidad de procesamientos por violaciones a los derechos humanos por año. El primer procesamiento fue el de Juan Carlos Blanco, en 2002. Recién en 2006, durante el segundo año del primer gobierno del Frente Amplio (FA), volvió a haber más procesamientos (hubo 12 y fue el año de mayor cantidad). Luego hay una caída: en 2007 hubo dos; en 2008, ninguno; en 2009, dos; en 2010, siete y en 2011, otra vez durante el segundo año del segundo gobierno del FA, 11. Después, la caída fue más significativa: en 2012 hubo uno; en 2013, ninguno; en 2014, uno; en 2015, tres; en 2016, uno y en 2017, uno.
“Democratizada esa información, quienes desde la Suprema Corte de Justicia expresan satisfacción por el desempeño del sistema judicial tendrán que justificar en qué se fundan para ello”, concluye el OLI.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
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2) Se instaló memorial en ex centro de secuestro de “La Tablada”
(Caras y Caretas)
Más de 200 personas fueron detenidas en la ex cárcel de La Tablada; a finales de octubre víctimas y familiares lograron evitar que el centro se reformase en un centro para jóvenes privados de libertad, alterando las pruebas de los crímenes allí cometidos.
El pasado miercoles se instaló una placa recordatoria en la ex cárcel de “La Tablada” a cargo de la Comisión Especial de Reparación, en memoria de los centenares de secuestros, torturas y asesinatos que allí tuvieron lugar durante la dictadura militar entre los años 1977 y 1983.
En la ceremonia participaron el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, e integrantes del colectivo de denuncia en la causa “La Tablada”, compuesto por ex víctimas del terrorismo de Estado y familiares. El acto se realzó, según lo estipulado en los artículos siete y ocho de la Ley Nº 18.596 de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado.
En el centro, ubicado en Camino Melilla 6227 esquina Luis Eduardo Pérez, permanecieron detenidas más de 200 personas. Trece de ellas permanecen hoy desaparecidas.
Un hecho especial
Este acto tuvo una importancia especial, ya que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa, ex Sirpa) y el Ministerio del Interior proyectaron reciclar este edificio en un nuevo centro de rehabilitación para adolescentes privados de libertad. A esto reaccionaron víctimas y familiares del terrorismo de estado, señalando que las reformas edilicias previstas en el predio modificarían parte importante de las pruebas, dificultando la investigación de los hechos denunciados allí.
A finales del pasado mes, el juez Hugo Rundie –subrogante en el Juzgado Penal de 23º Turno- atendió a la demanda solicitada formalmente por el Observatorio Luz Ibarburú, disponiendo una medida de no innovar en la ex cárcel de La Tablada para poder continuar con las investigaciones.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
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3) El lunes se votará el Comité Ejecutivo de un nuevo movimiento de retirados militares que busca tener representación parlamentaria
(La Diaria)
“No está conformado sólo por militares retirados, también hay civiles. Y si esto evoluciona bien, se piensa incorporar a cualquier tipo de compatriota que se adhiera. No es un partido político distinto de los que hay, sino un movimiento. Después, las circunstancias dirán hacia dónde se encamina”, señaló a la diaria el general retirado Hebert Fígoli acerca del novel Movimiento Unidos Podemos. El lunes a las 18.00 habrá una asamblea en la que se votará el Comité Ejecutivo provisorio del movimiento, en la que Fígoli probablemente sea electo presidente.
El militar retirado explicó que el impulso del que surgió el movimiento es el de tener un representante en el Parlamento para que “vele por los intereses de la familia militar”. Agregó que no se trata de que los militares no se sientan representados en el Parlamento, ya que han tenido “excelente comprensión y entendimiento con muchos senadores y diputados”, sino de tener un militar retirado que pueda “recoger inquietudes” e interpretar “con conocimiento técnico”. “Sin perjuicio de reconocer que hay partidos con los que ha existido una natural amistad cívica a lo largo de los años. Hemos encontrado el oído que nos escucha y han salido a hablar en favor de las estructuras militares. Pero pensamos: ¿por qué no tener a un militar dentro de un espacio republicano y democrático, como podría ser un veterinario, un ingeniero o un albañil?”, señaló Fígoli.
El militar retirado también subrayó que hubo dos temas “detonantes” por los que “la gente empezó a manejar” la idea de crear este movimiento. El primero fue el proyecto de ley que establece impuestos a las jubilaciones militares más altas, que para Fígoli es “inconstitucional” (fue aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado, solamente con los votos del Frente Amplio, y será tratado por la Cámara de Senadores el 29 de noviembre), y por último, el proyecto de ley de reforma de la Caja Militar. No obstante, Fígoli indicó que su equipo también va a trabajar en torno a “otros problemas nacionales” que hacen a “la vida del país”, como “la salud, la educación y la seguridad”.
El militar retirado señaló que luego de que se establezca el Comité Ejecutivo provisorio del nuevo movimiento, empezarán a “recorrer el país y hablar con la gente, con los retirados, con sus familias, también para incorporar a los compatriotas civiles”. Además, se conformarán equipos de trabajo “para empezar a hacer un análisis de la situación”. “Todo lo que puede hacer cualquier movimiento político”, finalizó Fígoli.
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4) Directores de DNII fueron citados a comparecer por espionaje en democracia
(La República)
La Comisión que investiga el espionaje en democracia citó a Directores de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, mientras que a su vez se espera para los primeros días de diciembre la comparecencia de “algunos de las agencias de Inteligencia Militar”, dijo a LA REPÚBLICA el presidente de la Comisión en cuestión, Gerardo Núñez.
A finales el año anterior, y como consecuencia de la divulgación del “archivo Castiglioni” que está en manos del Poder Ejecutivo, el cual dejó en evidencia la impunidad con la que los militares continuaron realizando espionaje después de la dictadura, se formó una Comisión Investigadora en Diputados que está tras estas irregularidades.
El archivo Castiglioni, al cual no tiene acceso la Comisión, tiene documentos oficiales, notas de Elmar Castiglioni (coronel fallecido) y registros de seguimiento y espionaje a dirigentes, partidos políticos y organizaciones. Lo que sí se encuentra en poder de la Comisión Investigadora son los “archivos Berruti”, que constan de documentos encontrados por la ex ministra de defensa, Azucena Berrutti y están en análisis, tanto de dicha Comisión como de la Universidad de la República para su análisis técnico.
La comisión avanza en su análisis, y según dicen desde la Comisión, hay datos para que el tema esté en la justicia. De todas formas se continúan recabando datos, juntando información pero sobretodo buscando a los responsables. De quiénes partían las órdenes para estos hechos ilegales, llegar al fondo del asunto, es la prioridad de la Comisión.
Según informó a LA REPÚBLICA el diputado comunista Gerardo Núñez, “esperamos que en los primeros días de diciembre comparezcan algunos de los directores de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia”, para hablar sobre estos temas. Además se convocaron a “algunos de las Agencias de Inteligencia Militar”, para saber que sabían sobre el espionaje en democracia.
Saravia
La consecuencia de la comparecencia del ex capitán de navío, Jorge Saravia, que fue jefe entre 1996 y 1997, admitiendo ante la Comisión que investiga el espionaje desde 1985 a la fecha haber recolectado información de todos los partidos políticos en democracia, siendo la cerrada suministrada por una Agencia, señalando que “seguramente” esta sea la DirecciónNacional de Inteligencia, la Comisión analiza llamar a los directores de la DNII de esa época.
Saravia señaló en el principio de su comparecencia que la información que le llegaba era exclusivamente abierta (publicado en medios de comunicación). Tras la presentación de documentos con su firma que tenían su firma conteniendo información cerrada. Entre otras situaciones se le indicó sobre algunos documentos con su firma sobre un comité de base del Frente Amplio, en donde se da cuenta de un camión para tareas organizativas.
De este camión se tenían datos de la matrícula, del padrón y hasta del número del motor. De la misma forma se detallaba el sistema de seguridad del Partido Comunista, lo cual dejaba en evidencia que la información de abierta tenía poco.
La reacción de Saravia fue señalar que posiblemente esa información, la cual tenía su firma, haya sido otorgada por otra agencia, lo cual generó un revuelo por demás importante. Ante las consultas sobre qué Agencia fue la que les hacía llegar información cerrada, sin asegurarlo ante la Comisión, el ex militar apuntó a la DNII.
Esta situación derivó en que integrantes de la Comisión que investiga el espionaje en democracia analice actualmente llamar a quienes manejaban a la policía entre 1996 y 1997 para analizar el accionar y las declaraciones de Saravia en Comisión.
Extienden período
Como resultado de la cantidad de información que maneja la Comisión que investiga el espionaje en democracia, se decidió extender el funcionamiento de la misma hasta junio del 2018. “Es consecuencia de todo lo que tenemos que analizar, que es mucho”, dijo Gerardo Núñez, sin contar la cantidad de personas que continuarán pasando por la Comisión para comparecer en torno a esta investigación.
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5) Ancap licita transporte fluvial de combustible; crítica sindical
Juan Pablo Correa (El País)
Ancap llamó a licitación para contratar una empresa naviera que brinde el servicio completo de fletes de combustibles automotrices (gasolinas y gasoil) desde la refinería de La Teja a los centros de distribución de Juan Lacaze y Paysandú (hoy lo llevan a los puertos del Litoral el buque “Ancap IX” y el cuestionado remolcador “Ky Chororó”), y esto puso en alerta al sindicato de la empresa pública que denuncia que está en marcha una privatización. El gremio se reunió este mes para analizar el punto con el directorio y, por separado, con la ministra de Industria, Carolina Cosse, que prometió estudiar el punto y dar una respuesta antes del día 28 cuando el sindicato realizará una Asamblea Representativa para considerar el tema, dijo a El País el dirigente Gerardo Rodríguez.
Este ha sido un año particularmente complicado en la relación entre la Federación Ancap y el directorio que ha llevado a dos grandes conflictos. Por un lado, Ancap logró reformar el sistema médico de la empresa que generaba, a su juicio, sobrecostos, lo que generó la furia del sindicato y un prolongado conflicto. Luego vino otro desencuentro porque el sindicato no aceptaba la reducción de las guardias mínimas en la refinería de Ancap. Al final se llegó a una fórmula intermedia, pero la reapertura de las instalaciones, que este año estuvieron cerradas varios meses por mantenimiento, se retrasó sensiblemente.
"Vemos con preocupación esto porque habría una especie de privatización de lo que es buena parte de la logística de Ancap. Todavía no nos han dado respuestas concretas de si se transitaría ese camino. Puede haber detrás de esta licitación una intención de ese tipo", dijo Rodríguez.
Ancap tiene una embarcación de 39 años, el "Ancap IX", que lleva combustible de La Teja hasta Juan Lacaze y Nueva Palmira. Si la profundidad del río Uruguay lo permite, continúa hasta Paysandú y, en caso contrario, dos barcazas de Ancap, arrastradas por el remolcador "Ky Chororó", siguen hasta el puerto sanducero con el combustible. El remolcador y los defectos en su construcción fueron estudiados por la comisión parlamentaria que investigó la gestión de Ancap.
"El problema mayor es la gestión de la logística. En 2009 el Ancap IX hizo ochenta viajes. Pero en 2016 y en lo que va de 2017, solo llegó a 30. Hay un tema de gestión debilitada, que va a encarecer los costos cuando no se utiliza la disponibilidad que tenemos en su máxima capacidad. Se llevó menos combustible por ineficiencia de la gestión. Habría que preguntarle a las autoridades de Ancap por qué se hicieron contrataciones a privados cuando se podría haber hecho con nuestros barcos", señaló Rodríguez.
"Hemos denunciado varias ineficiencias en la gestión de la logística, no sólo en el tema del barco que está subempleado. Los camiones de Ancap venían cargados de etanol del norte y volvían vacíos y detrás de ellos iba un camión privado llevando nafta a Paysandú. Nosotros planteamos en más de una oportunidad a la administración que los camiones que venían con etanol podían volver con nafta para Paysandú y los que venían con biodiesel, con gasoil", dijo Rodríguez. El gremio entiende que es "muy provechoso desde el punto de vista de la autonomía y económico contar con flota propia", sostuvo el sindicalista. Según Rodríguez, el remolcador tiene un funcionamiento adecuado.
El directorio le dijo al gremio que buscará la solución más barata.
El directorio de Ancap le dijo al sindicato que adoptará la solución que resulte más barata. Fuentes del directorio explicaron a El País que se están evaluando "varias opciones" respecto a cómo mejorar el transporte de combustible a los centros de distribución, que no se tomó ninguna decisión definitiva y que también se decidió llamar a licitación para reparar el Ancap IX que tiene 39 años y que requiere un mantenimiento cada vez más frecuente. Se entiende que esta embarcación está cerca del final de su vida útil.
El pliego de condiciones para la contratación de una empresa naviera establece que las ofertas deben asegurar un transporte mínimo anual de 230.000 metros cúbicos y un máximo de 360.000 metros cúbicos. Un mínimo de 100.000 metros cúbicos deben ir a Juan Lacaze y el resto a Paysandú. Las ofertas se abrirán el día 29 de este mes. Los interesados deben ofrecer prestar el servicio con por lo menos dos buques que no tengan más de 15 años de construidos. Las embarcaciones deberán ser de bandera nacional. Si ante una contingencia el principal buque contratado no estuviese disponible, la empresa adjudicataria tiene que poner a disposición otro en un plazo no mayor a 60 días.
Por otro lado, Ancap llamó a licitación abreviada sin pliego para la contratación del servicio de asistencia a los buques tanque y convoyes de barcazas que operan en el amarradero de la planta en Paysandú. Los servicios se desarrollarían durante un año y Ancap asignará a la tarea $ 1,2 millones. El centro de distribución de Paysandú atiende todos los departamentos al norte del río Negro.
Aceptan pago en cuotas por división de alcoholes.
Ancap recibirá hasta el 15 de diciembre las ofertas por Caba S.A., su división de bebidas alcohólicas, geles y solventes que puso a la venta, y permitirá que los eventuales interesados paguen hasta el 70% del monto que oferten en cuotas que no podrán ser más de 36 ni exceder el plazo de 3 años. Hoy los interesados podrán visitar las instalaciones de Caba, en el Parque Industrial del Cerro. Algunas de sus marcas son Mac Pay, Añejo, Golden King, Salerno, Aleksin, Juanicó, Espinillar, De los 33, San Remo, Cardiff, Del Navegante y Zen. Si bien la división de alcoholes de Ancap no arrojaba pérdidas tan importantes como la división cemento, el directorio de Ancap decidió de manera unánime que el negocio no es central para la empresa que debe centrarse en otros rubros.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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