1) Sudamérica: la nueva derecha desafía la hegemonía progresista –
2) La violación a los derechos humanos hace crisis en México –
3) Estados Unidos agrava el drama centroamericano –
4) Niños trabajan en riesgo en plantaciones de tabaco en EEUU –
5) El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 753 / Miércoles 6 de Enero de 2016 / REVISTA SEMANAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Sudamérica: la nueva derecha desafía la hegemonía progresista
Gabriel Vommaro (Le Monde Diplomatique)
Las nuevas derechas regionales crecen a partir de una agenda institucional y anti-corrupción y la decisión de aceptar el piso de derechos sociales construido en la última década. Aunque incipiente, su ascenso obliga a repensar los modos de definirlas.
as derechas latinoamericanas debieron lidiar en estos años con importantes desafíos: si ya habían superado en buena medida el lastre de su pasado autoritario, la década del 2000 trajo una hegemonía de gobiernos de izquierda y nacional-populares poderosos electoralmente, que hicieron del neoliberalismo su principal antagonista. En este contexto, las derechas de la región, para ser competitivas electoralmente (1), debieron lograr al menos dos cosas: encontrar un espacio de representación bien definido, por fuera del proyecto que representaban las fuerzas de izquierda en el poder, y, al mismo tiempo, aceptar como piso los bienes colectivos conquistados por dichos gobiernos para proponer una redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad. En definitiva, debieron aceptar una cierta “derrota” en el plano de las ideas mientras ensayaban una crítica institucional capaz de construir mayorías.
Fue la agenda institucional – “republicana”, si reducimos el concepto a su interpretación más liberal– la que permitió elaborar una crítica más o menos consistente a esos gobiernos y la que también permitió delimitar los contornos de lo no representado por las fuerzas políticas de izquierda, que tendieron a concentrar el poder en los Ejecutivos y a reformar algunas instituciones con un sentido democratizador no siempre bien argumentado (los medios de comunicación, la Justicia). En muchos casos, como en Argentina, Ecuador y Venezuela, esto despertó el rechazo de los actores más poderosos de esas instituciones –lo que se suele llamar “intereses sectoriales”– y de buena parte de la ciudadanía.
Esta agenda institucional de las nuevas derechas servía también para hacer pasar la crítica al intervencionismo estatal como lucha contra el autoritarismo, en consonancia con un argumento clásico de los tiempos de la Guerra Fría. Asimismo, la agenda institucional encontró en las denuncias de corrupción uno de los pilares en los que asentar esa crítica a los abusos de un poder que se juzgaba demasiado concentrado. Si muchos partidos y líderes progresistas llegaron al poder con una crítica a la clase política en base a la idea de que su permeabilidad a los poderes económicos se traducía en prácticas corruptas, esta agenda se fue abandonando paulatinamente, de modo que quedó disponible para las fuerzas de oposición en general, y de centroderecha en particular. La agenda anticorrupción perdió sus aristas críticas a la connivencia entre actores políticos y actores económicos y fue redefinida como una lógica de construcción de poder estatal contra la sociedad.
De este modo, las fuerzas que desde el Estado avanzaban con estrategias de protección de los ciudadanos mediante la expansión de los derechos sociales y culturales comenzaron a aparecer como amenazas a esa ciudadanía, en su denunciada voracidad depredadora de lo público. Parte de esa narrativa alimentó el avance de las derechas y centroderechas de la región.
El segundo camino adoptado permite pensar alguna de sus novedades. La crítica a los gobiernos progresistas comenzó por aceptar ciertos bienes colectivos instituidos por ellos, de modo tal que dejen de ser “conquistas” asociadas a estas experiencias para volverse patrimonio de la sociedad. Las políticas sociales cuasi-universales, otrora denunciadas como estrategias de construcción de poderes clientelares, pasaron a ser derechos ciudadanos.
La aceptación de estos bienes colectivos, e incluso de ciertos lenguajes de derechos de fuerte peso en el ciclo de gobiernos progresistas y nacional-populares, implicó, al mismo tiempo, la redefinición del proyecto político de las derechas regionales. Si tiene sentido hablar de nuevas derechas, con lo problemático del adjetivo “nuevas” (nada es del todo nuevo en la vida social, todo arrastra algo de lo viejo en su ADN), es porque construyeron una relación menos traumática con el Estado y con lo público. Desde luego, esta afirmación es aplicable a algunos casos, como el argentino o el chileno, y no tanto a otros, como el brasileño, en donde las derechas más tenazmente opositoras parecen haberse renovado poco respecto del repertorio discursivo y del repertorio de acciones políticas más clásico.
Por otro lado, aunque la nueva derecha propone una nueva definición de lo público-estatal antes que anatemizarlo, su relación con la igualdad sigue siendo problemática, al menos con el modo en que ésta fue definida durante el ciclo político progresista (2). Bajo la perspectiva de la nueva derecha, el Estado deja de ser el gran motor de la igualdad para convertirse en el promotor de la libertad: un “facilitador” de las energías emprendedoras presentes en la sociedad y ahogadas por las políticas populistas.
Fuentes
En la articulación entre la definición de un perfil propio y la aceptación de ciertos bienes colectivos del ciclo político nacional-popular y progresista, las nuevas derechas abrevan en tres fuentes que podríamos llamar culturales: la primera es el mundo de la empresa como espacio de gestión eficiente de los problemas, en el que la ideología deja paso a la flexibilidad y el pragmatismo propio de un emprendedorismo de nuevo cuño, que tiene a la innovación y el trabajo en equipo entre sus pilares. La ideología de este nuevo emprendedorismo fue descripta por Luc Boltanski y Eve Chiapello en su trabajo sobre los principios éticos –valores y principios de justicia para la acción– que promueven los libros de management y autoayuda empresaria (3). La promoción de la movilidad y la necesidad de evitar la pesadez de los conflictos políticos definen una “ideología del hacer” fuertemente arraigada en algunos de los partidos de centroderecha de la región, como el PRO en Argentina, Renovación Nacional en Chile o SUMA, la fuerza de Mauricio Rodas, en Ecuador.
La segunda fuente ideológica es el mundo de las ONG, donde la nueva derecha encuentra espacios de reclutamiento de cuadros técnicos para áreas “blandas” de gobierno, como justicia, educación, derechos humanos y desarrollo social. Formados muchos de ellos en una matriz católica, de tradición liberal-progresista algunos otros, proveen una faz sensible, abierta y social a gobiernos en los que los managers manejan las áreas estratégicas (financieras, económicas y productivas). El voluntariado como valor permite una relación con el otro social gobernada por una sensibilidad profesionalizada antes que por la militancia épica e ideológica. El mundo sin conflicto es posible no sólo por las bondades gestionarias sino también por la pluralidad cultural y la compasión experta.
La tercera fuente es el mundo de las nuevas espiritualidades y la autoayuda: en su construcción de un mundo plural y del hacer sin conflictos, el individualismo new age tiene su lugar: provee “bienes de salvación”, por citar al viejo Weber, a individuos que se ven a sí mismos como hacedores de su propio destino. La afinidad electiva entre cierta lectura hiperindividualista de estas nuevas espiritualidades y las nuevas derechas ha sido señalada, entre otros ejemplos, para el caso de PRO en Argentina (4).
Los tres recursos, que aluden a diferentes mundos sociales, tienen conexiones y ramificaciones, muchas veces de larga data: la relación de las ONG con el mundo de la empresa es conocida, y la construcción de prácticas de “responsabilidad social empresaria” le dieron nuevo empuje. Del mismo modo, buena parte de las nuevas espiritualidades actúan con la lógica de las ONG, y profesionalizan la provisión de estos bienes de salvación conectándolos, al mismo tiempo, con la provisión de bienes culturales y con la organización de las energías voluntarias en trabajos de contacto solidario con otros actores sociales. Por último, la autoayuda vinculada con el emprendedorismo retoma ciertos componentes de los repertorios morales y discursivos de las nuevas espiritualidades –el trabajo sobre sí, la autosuperación– como proyecto individual.
Digamos, antes de concluir este punto, que los tres componentes en los que abreva la nueva derecha –con diferente intensidad en cada caso– no son importados al mundo partidario o del Estado sin ninguna mediación. Son traducidos políticamente. Los propios cuadros que provienen del mundo de la empresa o de las ONG viven su ingreso a la política como un “salto” que supone una cierta conversión que les permite conservar lo mejor de ambos mundos. En definitiva, actores políticos fuertemente conectados con esos mundos sociales traen al espacio político repertorios de acción y visiones que traducen políticamente, es decir que convierten en recursos políticos. El hecho de poseer esas conexiones estrechas, que podemos llamar socioculturales, con esos diferentes mundos sociales, los dota de una enorme naturalidad en la movilización de esos recursos, que forman parte de un ethos político de nuevo tinte. Por eso no existe –así, sin más– un partido o un gobierno de managers ni de ONG ni de una nueva espiritualidad, sino una traducción política de estas fuentes culturales.
Experiencias
Los modos en que se combinaron estos elementos difieren de un caso nacional a otro en buena medida en virtud de la relación entre nuevas derechas y derechas establecidas. En Chile, por ejemplo, la renovación de la derecha se construyó en diálogo y en tensión con partidos hegemónicos que contaban con tradiciones ideológicas definidas y fuerte capacidad de movilización electoral, incluso en sectores populares. En Argentina, en cambio, la nueva derecha vino a ocupar un espacio vacante de fuerza electoralmente competitiva, frente a la extrema debilidad de las derechas liberal y conservadora, que aceptaron arriar algunas banderas ideológicas e integrarse más o menos orgánicamente al nuevo armado político, a cambio de gozar por primera vez en su historia de una fuerza propia con posibilidades de llegar al poder por medio de la conquista de mayorías electorales, primero a nivel subnacional y luego a nivel nacional (5).
Por último, la relación entre nuevas y viejas derechas también repercute en el plano más pedestre pero no menos fundamental de las estrategias electorales: la posibilidad de lograr la unidad del espacio político de la derecha y de sumar incluso a otras fuerzas como modo de construir sellos competitivos. En Argentina, el PRO logró el monopolio de su representación cuando absorbió a los partidos conservadores y los restos de la Ucedé primero y luego, a partir de 2007, a Recrear, la fuerza que había creado Ricardo López Murphy, para más tarde conseguir el apoyo de los conservadurismos provinciales. Pero lo que le permitió llegar al poder fue una coalición con otros espacios políticos –radicales y neorradicales–, que le dieron anclaje nacional y le permitieron reunir casi todos los votos opositores al peronismo en general y al kirchnerismo en particular.
Del mismo modo, la estrategia de unidad de la oposición venezolana fue saludada por la derecha regional: el ex presidente salvadoreño Armando Calderón celebró en el programa Dígalo aquí, transmitido por El Venezolano TV desde Miami, el triunfo opositor en las últimas elecciones legislativas: “La madurez de los políticos venezolanos nos está enseñando a los latinoamericanos lo que se puede hacer con unidad” (6). La nueva derecha chilena –representada por fuerzas como Evopoli y Amplitud–, precisamente por encontrarse en tensión con la derecha más tradicional, tiende a ser, por el momento, minoritaria. En Brasil, en tanto, la derecha tradicional parece más cerca de la moderación política, mientras que la nueva derecha se inclina por estrategias de desestabilización. Su dispersión favorece, hasta el momento, la supervivencia del PT en el poder.
Si los recientes logros electorales de las nuevas derechas son parte de una nueva oleada o no es algo que aún no podemos saber. Pero sí sabemos que su capacidad de renovación desafía al pensamiento a construir nuevas herramientas para comprender sus modos de construcción política y sus narrativas políticas y culturales.
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1. Para analizar otras estrategias de construcción política de la derecha más allá de la disputa estrictamente electoral, véase Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Kaltwasser (eds.), The Resilience of the Latin American Right, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2014.
2. Idem.
3. El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2002.
4. Véase al respecto el reciente editorial de José Natanson sobre el peso de la interpretación individualista del budismo en estilo new age de la cultura política de PRO, “Buda”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2015, así como Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti, Mundo PRO, Planeta, Buenos Aires, 2015 (capítulo 10).
5. Véase “De la UCeDe al PRO. Un recorrido por la trayectoria de los militantes de centro-derecha de la ciudad de Buenos Aires”, en Gabriel Vommaro y Sergio Morresi (editores), Hagamos equipo. Pro y la construcción de la nueva derecha en Argentina, UNGS, Buenos Aires, 2015.
6. Disponible en http://upla.net/modules/smartsection/item.php?itemid=1098
MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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2) La violación a los derechos humanos hace crisis en México
Guadalupe Fuentes López (Sin Embargo)
Alguna vez Nelson Mandela dijo: “negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad”, una frase que los gobiernos de todo el mundo deberían adoptar como propia para que prevalezca la justicia y la paz entre sus gobernados. En el año que está por concluir, el Gobierno mexicano fue señalado por diversas organizaciones nacionales y extranjeras por negar estos derechos y hacer oídos sordos a los reclamos de miles de mexicanos indignados por la impunidad que se vive en todo el territorio nacional.
Esta crisis de derechos humanos no sólo se concentró en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluyó la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas. Este 2015 no fue un año bueno para México en materia de derechos humanos, y, como sucede en la mayoría de las veces, los niños, mujeres e indígenas fueron la población más lacerada ante la indiferencia del Estado mexicano para hacer frente a esta “grave crisis”, como lo calificó la CIDH.
Un país donde existen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, represión, censura, detenciones arbitrarias, migrantes maltratados, un sistema de salud obsoleto, una educación precaria, presos políticos, presos por hambre… El quebranto de los derechos humanos en todo su esplendor, así es como diversas organizaciones nacionales e internacionales calificaron a México este 2015.
Un año antes, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, México atrajo la atención internacional porque durante las investigaciones salieron a la luz ligas de autoridades con el crimen organizado y violaciones a la integridad de los estudiantes por parte de éstas.
Antes de Ayotzinapa, también Tlatlaya, en el Estado de México, levantó la indignación. En ese municipio, más de una decena de personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, y la manera en que el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de voluntad política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.
Estos hechos no escaparon de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos y se pronunciaron al respecto con informes, recomendaciones y documentos que demuestran con cifras y testimonios que México se ha convertido en un país peligroso para quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.
Pero este 2015 la crisis de los derechos humanos estalló, las protestas que surgieron en todo el territorio nacional se extendieron fuera del país, no sólo se escuchó el eco de los miles de mexicanos reclamando justicia y cese a la impunidad en las calles, ahora se escuchó la voz, una voz que llegó a oídos de organismos internacionales ante el silencio del Estado mexicano.
Diversos organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que vive el país y han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.
La crisis de derechos humanos no sólo se concentra en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluye la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas en diversas partes del país. Además, los crecientes ataques a la libertad de expresión, reflejados en asesinatos y secuestros de periodistas, y atentados contra medios de comunicación, han situado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
De 2006 hasta el pasado 9 de octubre, el Gobierno de México sumó 548 recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”. De acuerdo con el recuento, la CNDH es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.
El pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU lamentó observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones que realizó al gobierno de México tras su visita efectuada en 2011 y se dijo especialmente preocupado por el deterioro que prevalece en el país desde que presentó su informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. El pasado 28 de septiembre cuestionó a diversos funcionarios del Gobierno federal sobre los crímenes contra periodistas y ataques a migrantes, durante el inicio de su visita de una semana a México.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, reclamó a México la falta de atención a periodistas. Dijo a los funcionarios federales que en México “hay una brecha entre medidas de protección, y violencia y asesinatos contra periodistas”. Por otra parte, el Comisionado Felipe González sostuvo que en materia de migración, se ha visto en México “un grave incremento en la violación de los derechos humanos”.
El Comisionado James Cavallaro sostuvo que la CIDH estaba “preocupada por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales” en el país, entre ellas citó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el Estado de México, a manos de militares y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales en Tanhuato, Michoacán.
Este último caso ocurrió este año, el 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, donde un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres muertos, tres más detenidos y un policía federal caído.
De acuerdo con las autoridades, el tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Otra organización que realizó recomendaciones al Estado fue Amnistía Internacional. El pasado 7 de octubre expuso que México debe cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y dar pasos firmes para pasar del discurso al desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos humanos.
En materia de violaciones a los derechos humanos a los presos, el gobierno mexicano también recibió regaños.
El 15 de octubre la CIDH advirtió que en los reclusorios federales y estatales de México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente.
Por su parte, la CNDH denunció en un documento que existe un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.
Si se considera que no todos los presos son culpables, la cifra de violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones se duplicarían para el Estado.
De acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer.
Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de personas respecto al 2012.
El grupo más vulnerable que el Estado ha descuidado y donde se han cometido severas violaciones a los derechos humanos es la niñez.
En octubre pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que en la grave crisis de derechos humanos que vive México, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer.
Juan Martín Pérez García, director REDIM señaló que en el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles por parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son el Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero.
NO OIGO, NO OIGO…
A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de diversas instancias internacionales.
“Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, señaló el pasado 7 de octubre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein.
Entre las propuestas que hizo el funcionario del organismo internacional para superar la crisis de derechos humanos en México fue el adoptar las recomendaciones del GIEI de la CIDH, fortalecer las procuraduría estatales y la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en un marco de respeto de los derechos humanos y sobre el uso de la fuerza, y adoptar un programa de medidas para desmilitarizar las tareas de seguridad pública del país.
La grave crisis de derechos humanos por los que atraviesa México y que las autoridades no reconocen, o al menos no públicamente, ya le pegó a México en lo económico.
El pasado 18 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a “las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas”.
Como era de esperarse, el Gobierno federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en voz de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, lo calificó como “insignificante”, además de señalar que no impactará en las acciones de seguridad ni en la relación con ese país.
Para analistas y organizaciones, el Gobierno de los Estados Unidos mandó un mensaje contundente a México: que en el país no hay avances en materia de derechos humanos.
Ese mismo mes, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones a los mismos.
MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Estados Unidos agrava el drama centroamericano
Nils Castro (Alai)
Tras algunos días de “drama humanitario”, se le reabrió el camino a unos 6 u 8 mil migrantes cubanos atascados en Costa Rica. Un drama menor si se compara a los peligros que plagan la ruta de sus análogos centroamericanos y, ni qué decir, del millón de hijos del Oriente Medio que últimamente logró cruzar el Mediterráneo. Privilegiados, los cubanos migran con la certeza de que podrán atravesar México sin grandes percances y establecerse enseguida en Estados Unidos. Si bien el acuerdo entre los gobiernos centroamericanos establece que estos viajeros pagarán sus boletos aéreos a El Salvador y los autobuses de ahí hasta la frontera estadunidense, ellos tienen cómo costeárselos, como le consta a los coyotes que los condujeron hasta Costa Rica.
Todo lo contrario ocurre a los cientos de miles de mexicanos y centroamericanos que cada año enfrentan múltiples infortunios intentando llegar a Estados Unidos, o incluso después de lograrlo. Janet Murguía, la presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) informa que durante la administración del presidente Obama 2 millones y medio de extranjeros han sido deportados, un promedio de 650 diarios o casi 2 por minuto.
Reconocidas personalidades mundiales intercedieron por los cubanos encallados en Centroamérica. Sin embargo, generalmente sus llamados pasaron por alto la situación de los millares de migrantes centroamericanos, cuyo trayecto está brutalmente sujeto a vejámenes, atracos y asesinatos, a los que luego se agregan las deportaciones. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el año fiscal que terminó en septiembre de 2015, las autoridades estadunidenses capturaron y deportaron a unos 462 mil inmigrantes indocumentados. En lo que toca a los latinoamericanos, principalmente mexicanos (146,132), guatemaltecos (33,249), salvadoreños (21,920) y hondureños (20,309), en su mayoría gente que al arribar presentó una petición de refugio que después algún juez rechazó.
Eso representó una reducción de las deportaciones respecto al año anterior. Los funcionarios y expertos la explican observando que ahora México ataja y deporta ‑‑a sus expensas‑‑ mayor cantidad de migrantes centro y sudamericanos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana, una de las ventajas de esta colaboración es que en 2015 Estados Unidos “solo” detuvo a 39,970 menores sin acompañantes que buscaban entrar al país, 42% menos que el año anterior. De enero a noviembre de este año la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación detuvo a 32 mil 293 centroamericanos menores de 17 años, superando los 23 mil 96 capturados en 2014.
Incluyendo a los adultos, en los primeros 10 meses de 2015 México deportó 130,826 centroamericanos que pretendían llegar a la frontera estadunidense, 41% más que en 2014. De estos, 60,120 eran guatemaltecos, 44,696 hondureños, 24,887 salvadoreños y 1,123 nicaragüenses. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en el verano de 2014 el gobierno mexicano puso en marcha el Programa Frontera Sur, con el cual incrementó un 73% la detención de migrantes. Según WOLA, la presión sobre los migrantes los ha forzado a buscar rutas alternas, más peligrosas, haciéndolos más vulnerables ante los abusos tanto de los traficantes y los delincuentes locales como de las autoridades.
Hace poco el Washington Post informó que en enero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (DHS) de Estados Unidos iniciará redadas para deportar a miles de menores y familias que ingresaron irregularmente al país. Esto afectará a muchos millares adicionales de personas. No sorprende, pues, la renuencia con que varios gobiernos centroamericanos ahora accedieron a resolver ‑‑por esta sola vez‑‑ el tránsito de los migrantes cubanos a través de sus países.
Carlos Raúl Morales, canciller de Guatemala ‑‑el país más castigado por las deportaciones estadunidenses y mexicanas‑‑ transparentó el asunto al aclarar que su gobierno cooperará a condición de que se respete la legalidad, la seguridad y las limitaciones materiales de cada país, permitiendo el paso gradual de quienes ya estaban varados en Costa Rica. Pero reclamó que otros asuman el gasto logístico, que México confirme que franqueará el paso de estos migrantes, que se garantice que no habrá retorno y que con esto no se mande un mensaje equivocado a los tratantes de personas que después dé ocasión a otras oleadas de migrantes. En ese caso, advirtió, “pudiéramos estar terminando el trabajo que inició el coyote”.
Importantes funcionarios señalaron que esta situación ‑‑que ahora se regionalizó al involucrar a Ecuador y Colombia, a siete países centroamericanos y a México‑‑ no es generada por los centroamericanos sino por la persistencia de la política estadunidense de hostigamiento a Cuba, con su Ley de Ajuste Cubano y su política de “pies secos‑pies mojados”. Por consiguiente, insistieron en que el gobierno de Washington debe asumir su responsabilidad, no solo aportando facilidades y asumiendo costos, sino eliminando cuanto antes esas políticas, que ya se ha convertido en una causa regional de conflictos.
MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Niños trabajan en riesgo en plantaciones de tabaco en EEUU
(EFE)
Pasan hasta 12 horas en los campos, expuestos a los efectos de la nicotina
Las plantaciones de tabaco de EEUU y sus niños de 16 y 17 años trabajando más de 12 horas al día, soportando náuseas y mareos por los efectos de la nicotina, ofrecen una imagen impropia de la primera potencia mundial, que se resiste a renovar las leyes de trabajo infantil en la agricultura.
«Cuando llego al campo, me pongo una camisa de manga larga, unos guantes y un sombrero para protegerme. Me tapo la boca porque, a veces, el agua que está en las plantas entra en la boca», explicó a la agencia EFE, Ana Flores, de 17 años e hispana, como la mayoría de los adolescentes que trabajan en las plantaciones de tabaco.
Flores, que empezó a trabajar en los campos cuando tenía 13 ó 14 años, acudió esta semana al Congreso de EEUU para presentar un informe de Human Rights Watch (HRW), grupo que entrevistó a 26 adolescentes de 16 y 17 años de Carolina del Norte para documentar las condiciones en las que trabajan.
Los estados de Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia son responsables de la producción del 90% del tabaco del país y, en ellos, se ubican grandes granjas que emplean a adolescentes para cortar las hojas de las que luego saldrán los cigarrillos.
Hasta hace poco, las granjas también daban trabajo a niños de 11, 12 o 13 años, pero en 2014 dos grandes compañías de tabaco de EEUU, Altria (productor de Marlboro) y Reynolds American (conocido por Camel), decidieron que no comprarían tabaco de aquellas granjas que emplearan a niños de menos de 16 años.
Pero jóvenes que todavía están creciendo, como Flores, siguen trabajando en los campos de tabaco entre 11 y 12 horas al día y, muchas veces, sin la protección adecuada, con dificultades para utilizar el baño y con insuficiente acceso al agua, según el nuevo estudio de Human Rights Watch.
«Me empiezo a sentir mal cuando estoy trabajando porque el campo está muy caliente. Siento náuseas, como que quiero vomitar pero no vomito. Me siento débil, cansada, me duelen los músculos. Llego a casa y, cuando me baño, los químicos que están en mi cuerpo, se van, entran en mis ojos y me duele», cuenta Flores.
«Me salen granitos», dice la joven, que empezó a trabajar porque sus padres se divorciaron y tuvo que apoyar económicamente a su madre y a sus tres hermanos más chicos.
En su informe de 73 páginas y titulado «Un trabajo que intoxica: adolescentes en las plantaciones de tabaco», Human Rights Watch denuncia que los adolescentes absorben la nicotina por la piel y, además, están en contacto con pesticidas, lo que puede causar depresión o problemas reproductivos futuros.
«Necesitamos disposiciones expresas en la ley que deben proteger a los menores de los peligros de este trabajo. La ley federal prohíbe a los niños de menores de 12 años comprar tabaco, pero les permite trabajar en el campo. La incongruencia es clara», denunció esta semana en el Congreso el legislador David Cicilline.
Cicilline y otros congresistas, como la representante de California Lucille Roybal-Allard, han hecho diferentes propuestas legislativas para que el Congreso cambie las leyes laborales y evite que los niños trabajen en la agricultura con 12 años y se expongan a trabajos calificados como «peligrosos» con 16, como ocurre ahora.
Los legisladores, Human Rights Watch y la joven Ana Flores unieron sus voces para pedir al Congreso y al gobierno que no dejen la ley laboral en manos de las compañías tabacaleras –las únicas que han introducido límites de edad– y prohíban que adolescentes menores de 18 años trabajen en los campos.
Los efectos a largo plazo de los pesticidas y la exposición a la nicotina son todavía desconocidos, pero Flores no para de hacer planes para el futuro.
«Este es mi último año de instituto y quiero estudiar, ir a la universidad y hacer algo para ayudar a los demás. Los estudios son muy caros, así que voy a pedir becas y también trabajar. Pero, ya no en el tabaco», comenta la muchacha, que no quiere que sus hermanos menores vivan su experiencia.
«No, no, de ninguna manera –destacó la joven–. No quiero que mis hermanitos trabajen. En el siglo XXI los niños no deberían trabajar en campos».
Sin embargo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 168 millones de niños trabajan en todo el mundo y algunos de ellos, como revela Human Rights Watch, viven en países del primer mundo, donde la imagen de un niño que corta plantas que le doblan en tamaño parecía cosa del pasado.
MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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5) El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar
Jordi Calvo Rufanges (War Resisters International)
El ciclo económico militar responde al punto de vista económico de la economía de defensa, también llamado “ciclo armamentista”. En cualquier caso, ambos nombres se refieren al ciclo que describe la ruta de la producción de armas desde la decisión de invertir presupuesto público militar para cubrir la supuesta necesidad de armas y su uso final.
El principio real del ciclo comienza en los argumentos y discursos que legitiman la necesidad de armas y de los ejércitos, los que dependen de la identificación de las amenazas a la seguridad de un país y la defensa de justificar altos niveles de militarización y armamento. De este modo, las doctrinas de seguridad desarrolladas por los gobiernos –directamente influenciadas por los informes de defensa, seguridad, conflictos y centros de paz; popularmente conocidos como think tanks establecen un cierto nivel de armamento y desarrollo militar de una determinada sociedad.
Además del motivo de la influencia permanente de los grupos de presión en las políticas de un país, la necesidad de mantener las fuerzas armadas depende de la cultura de defensa, la educación militarizada, la historia y la tradición armamentística-militar, y la tolerancia de las armas en la sociedad. También tenemos que considerar el rol de la sociedad civil y el hecho de que los movimientos sociales pueden determinar los niveles de armamento y militarismo.
El supuesto de necesitar mantener las fuerzas armadas abre el camino a decisiones políticas estrictamente relacionadas con el ciclo económico militar o armamentista, así como decisiones en los presupuestos militares que vienen determinadas por discursos, doctrinas y otros puntos de vista militares sobre las necesidades de defensa de un país. El gasto militar incluye investigación y desarrollo (I+D militar) de las nuevas armas y su producción en la industria de defensa, que está financiada en parte por el presupuesto público. Por lo tanto, cuando se trata de gasto militar, I+D militar e industria militar, tenemos que prestar atención no sólo a los presupuestos de los estados, sino también a los presupuestos de otros ministerios como el de industria. En conjunto, estos financian todo el negocio del ciclo económico-militar. Otros elementos que forman parte de este ciclo son el comercio de armas y las entidades financieras que financian todo el ciclo económico-militar, teniendo un rol destacable los accionistas de empresas de armamento y los bancos que financian las exportaciones de armas y la producción militar en general.
Por otra parte, el término “complejo militar-industrial” procede del discurso de despedida del presidente Eisenhower en 1961, quién lo utilizó para referirse a los lobbystas con mayor influencia en la Casa Blanca. El llamado complejo militar-industrial está formado por un conjunto de personas y de organizaciones empresariales y políticas, entre ellos, oficiales militares de alto rango de los departamentos y/o ministerios de defensa, que tienen el deseo de influir en las decisiones sobre la política militar, incluyendo la compra de armamento.
Una serie de empresas, así como gran cantidad de individuos, incluyendo políticos y personal de los departamentos gubernamentales relacionados con las empresas militares, están involucrados en el llamado complejo militar-industrial, que puede influir desde la industria de defensa a los departamentos de Interior y comercio exterior. En el ámbito de la Administración, pueden formar parte del complejo militar-industrial los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes disfrutan de estrechas relaciones con la industria armamentística. Estos ejercen influencia y presión en relación al incremento de arsenales, número de armas y el equipamiento militar. Tienen, por tanto, la habilidad para incidir en la política nacional e internacional de un país determinado. Cuando se da el caso en que un miembro de las Fuerzas Armadas o un ejecutivo de la industria militar accede a responsabilidades políticas o viceversa (incluso algunas veces puede ser la misma persona), se da lo que ha sido denominado como el fenómeno de las puertas giratorias en el sector de defensa.
El ciclo económico-militar puede generar dinámicas políticas y económicas que pongan a un país y a su economía en una situación ideal para quien obtiene beneficios de este ciclo, en el que la economía de defensa se convierte en una economía de guerra permanente. Es importante analizar y entender el ciclo económico como tal: gasto militar, industria de armas, exportaciones y financiación de armas. Las compañías y los individuos que forman parte activa del ciclo económico-militar componen el complejo militar-industrial, el cual se beneficia principalmente de las guerras.
En definitiva, el negocio de la guerra se explica con el ciclo de economía militar que se basa –como muchos sectores de la economía– en la lógica neoliberal, el mercado libre, la privatización y la reducción de las regulaciones. Esto causa actitudes estrictamente relacionadas con el enriquecimiento personal y la maximización del beneficio económico de la industria de defensa, formando el llamado militarismo neoliberal. Además, el negocio de la guerra va más allá de las armas y del sector de defensa. La guerra necesita muchos recursos, no sólo armas y ejércitos, también logística, transporte, alimentos, limpieza, servicios de interpretación y seguridad privada. También existen guerras de codicia, las cuales no sólo se basan en el poder sino también en los recursos: petróleo, coltán, diamantes y cualquier material que se pueda comprar y vender en el mercado. Los beneficios económicos son parte de la guerra y las guerras se producen para extraer beneficios.
MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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