1) Actor clave del juicio en Roma dice que Uruguay tardó en trabajar en conjunto con la Fiscalía
2) Lilián Abracinskas criticó a jueza que accedió a detener aborto por recurso del padre
3) El cierre de Fanapel – José López Mercao
4) Según expertos, el río Negro ya está en una situación ambiental “crítica” e impacto de planta de UPM sería “muy negativo”
5) Grupo coreano se lleva telares de Paylana
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2115 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 24 de febrero de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Actor clave del juicio en Roma dice que Uruguay tardó en trabajar en conjunto con la Fiscalía
Nadia Angelucci desde Roma, Italia (La Diaria)
“Estoy orgulloso de lo que logramos hacer con ese juicio, estoy orgulloso de haber ofrecido a las familias querellantes abogados que trabajaron en forma gratuita y estoy orgulloso de cómo se armó el listado de los testigos”, dijo a la diaria Jorge Ithurburu, integrante de la Asociación 24 de Marzo, que en los últimos días estuvo en el centro de polémicas y cuestionamientos. Quisimos tratar de entender en profundidad las críticas que se hicieron a su rol en el juicio por el Plan Cóndor en Roma y su relación con la Fiscalía italiana y los familiares querellantes.
–¿Cómo empieza su compromiso con los derechos humanos?
-Soy argentino y llegué a Italia en 1980, durante la dictadura en mi país. Empecé a militar en la Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, organismo fundado por Lelio Basso que tradicionalmente se había ocupado de la solidaridad hacia los latinoamericanos. En 1987 empezamos a tratar el tema de los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos en casos de desaparecidos italianos durante las dictaduras de los 70 y 80, cuando se aprobó en Argentina la Ley de Obediencia Debida. En ese entonces empezaron a trabajar con nosotros, gratuitamente, los abogados Marcello Gentili [parte civil para la chilena María Paz Venturelli en el juicio por el Plan Cóndor] y Gaetano Pecorella, quien luego fue sustituido por Giancarlo Maniga [que en el juicio representó siempre a Aurora Meloni].
Comenzó un período muy largo en el que intentamos abrir juicios para los desaparecidos de origen italiano; fue muy complicado, hasta que en 1998 asumió el caso un fiscal de Roma, Francesco Caporale, y se empezó a prosperar. En 1998 fue detenido en Londres [Augusto] Pinochet y se instaló un clima favorable de colaboración entre fiscalías de varios países. En ese entonces vivía en Milán y era un empleado municipal, luego me dieron un traslado a Roma para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia. En 1999, junto a Maniga y Gentili, decidimos actuar con dos denuncias: una por la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina], por tres italianos, contra cinco militares, y otra, que llevó solo Maniga, por el Plan Cóndor. Ayudé a Maniga a redactar la denuncia, concertamos una audiencia con el fiscal Giancarlo Capaldo para presentarla y logramos que vinieran los familiares. En el 2000 conseguimos las condenas de siete militares argentinos.
–Ese es el inicio del juicio por el Plan Cóndor, cuando presentaron una denuncia seis mujeres: Claudia Allegrini, Luz Ibarburu, María Bellizzi, Cristina Mihura, Aurora Meloni y Martha Gatti.
-Exactamente. Yo en ese momento era el intérprete de los familiares que no hablaban italiano. Ese fue un período muy corto porque Maniga fue sustituido por Paolo Sodani y, dado que yo colaboraba con Maniga, seguí solo el juicio por la ESMA. Mientras tanto, en 1998 también se había abierto en Roma un juicio contra Pinochet por los delitos de víctimas italianas en Chile. Se había presentado un chileno de Bologna, pero el juicio no prosperó porque ese chileno había obtenido la ciudadanía italiana, estaba vivo y denunciaba por delitos de tortura que en Italia no están codificados. Entonces Capaldo se encontraba con un juicio oficialmente abierto, y autorizado por el ministro, pero sin víctimas. Empezó a investigar, viajó a Argentina y logramos concertar un encuentro con familias chilenas en el consulado de Buenos Aires, y así entraron los casos chilenos.
A esa altura, el juicio por el Plan Cóndor lo seguía Cristina Mihura, y yo seguía el juicio a Pinochet, que en ese momento eran dos juicios separados. Son unificados por Capaldo en 2007 cuando él pide la orden de custodia cautelar en contra de 140 personas. Yo seguía, como siempre, la parte chilena y la de los argentinos. Entre 2007 y 2013 el trabajo fue sobre todo de comunicaciones judiciales entre los países y se tardó mucho por problemas burocráticos. La investigación estaba cerrada. En cambio, siguió el juicio por la ESMA que terminó en 2009 con la confirmación de las condenas en Casación.
–En 2013 empiezan las audiencias preliminares, y es ahí que se nombran los abogados. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué usted recibió el poder de algunos familiares?
-En primer lugar, era necesario definir las partes y muchos no tenían abogado. Algunos acordaron con Maniga, a quien ya conocían, y otros me dieron el poder a mí porque yo era la garantía de que ellos no tenían contrato con los abogados; yo era la garantía de la relación de patrocinio gratuito entre los abogados y las familias. Los únicos costos que cubrimos para esos abogados fueron los de traslado y hoteles para quienes viajaban de otras partes de Italia. Mientras tanto, en 2009, había nacido la Asociación 24 de Marzo y para cubrir esos gastos presentamos un proyecto a la Iglesia Valdense, que nos otorgó 25.000 euros, que fueron utilizados para gastos de transporte y estadía de 15 abogados. Los pasajes se sacaban en una agencia misionera, BBC Services, y se entregaban a los abogados, a los que vivían fuera de Roma, que son Maniga, Gentili, Nicola Brigida y Andrea Speranzoni. Utilizamos tres hoteles en Roma: la Casa Valdense, el hotel Napoleón y el hotel Lancelot, que además, hospedó gratuitamente a algunos familiares. Yo no toqué dinero: pedí una financiación a la Banca Ética, sobre la base del proyecto Valdense, y trabajé con ese dinero que, al final, fue cubierto con la donación valdense.
El otro mecanismo que utilizamos fue el de poner varios abogados para los mismos casos, nombrando abogados romanos que no tenían ningún costo de traslado y estadía, para evitar gastos excesivos. Si un abogado no podía seguir una audiencia debido a problemas de trabajo, siempre había otro que estaba en la sala preguntando a los testigos y siguiendo el desarrollo del caso. Estoy muy satisfecho con la colaboración que nació entre los abogados, también entre abogados de diferentes estudios legales. Traté de involucrar en el juicio no sólo a viejos abogados con los que ya colaboraba desde hace tiempo, sino también abogadas que estaban interesadas en derechos humanos y jóvenes, para que crezca una nueva generación de abogados comprometidos; para Marta Lucisano, Martina Felicori y Andrea Ramadori fue la primera vez en una corte de Asís. Estoy muy orgulloso de esa pluralidad.
–¿Cómo se decidió el listado de los testigos?
-Yo no firmo nada porque no soy abogado. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Derechos Humanos. Con los familiares había un acuerdo: las familias no iban a pagar abogado, no iban a pagar el viaje a Roma y tampoco lo iban a hacer para sus testigos. Entonces fue un proceso muy complejo, en el que participaron diferentes actores. Las familias y sus asesores fueron en primera instancia los que sugirieron testigos. Así se armó el primer listado para cada caso, que luego los abogados compartieron con la Fiscalía, que a la vez tenía su listado.
Se eligió un mecanismo de colaboración y se realizaron, a fines de 2014 y comienzo de 2015, reuniones formales e informales con ese objetivo. La Fiscalía pidió la lista a los abogados querellantes antes del 20 de enero de 2015, para poder tener el tiempo de trabajar y para que todos pudieran presentar su listado antes de la fecha límite, que era el 4 de febrero. El Frente Amplio no compartió su listado con la Fiscalía, y Uruguay lo hizo a último momento, en la mañana del 4 de febrero. La Fiscalía aceptó entre 80% y 90% de los testigos propuestos por los abogados querellantes, pagando de esa manera los pasajes y la estadía de los testigos.
Además, la Fiscalía renunció a unos testigos en favor de la Presidencia de Italia, que se hizo cargo de los gastos. Otro tema que se presentó fue lo de la ubicación de algunos testigos, ya que habían transcurrido muchísimos años de los hechos y de las denuncias. Para superar ese problema, la Fiscalía inició relaciones con el Ministerio del Interior de Chile, con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y con otras instituciones de derechos humanos, públicas y privadas, de las naciones involucradas, con el objetivo de ubicar testigos, conseguir material, documentos y pruebas. Colaboré en esa tarea por mi conocimiento del idioma. Eso ayudó a establecer relaciones con los gobiernos.
Con Uruguay no se logró tener una relación directa entre Fiscalía e instituciones, porque a todos los pedidos se contestaba: “Hablen con el abogado de Uruguay”. Cuando se armó la lista de testigos de Uruguay, Capaldo, por una relación de conocimiento que tenía con Mirtha Guianze, le pidió ayuda a ella para integrar informaciones. En todo caso, los otros países lograron trabajar directamente con la Fiscalía, pero Uruguay, por lo menos hasta octubre de 2016, cuando vino [el secretario de la Presidencia], Miguel Ángel Toma, a reunirse con Capaldo y Tiziana Cugini, no tomó parte de ese trabajo colectivo. De hecho, no sé qué pasó, pero Uruguay quedó aislado y se generó cierto malestar.
–¿Cuál fue su rol en ese juicio?
-Además de todo lo que ya conté, lo que hice fue realizar llamadas para ubicar testigos y mantener vivos los contactos con las familias; también me ocupé de los testigos, de asegurarme de que llegaran, de que se encontraran en el hotel y de que tuvieran una reunión con sus abogados la noche anterior a la declaración. Hice todo esto porque tenía un compromiso moral con esas personas, que habían sido contactadas por mi intermedio. Además, tenía que asegurarme de que el testimonio iba a salir bien. Eso me costó 34 días de vacaciones, y, en cierto punto, cuando terminó la parte del juicio de la que me había ocupado, no fui más al Aula. Mi perspectiva es la de la sociedad civil, mis interlocutores son los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017
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2) Lilián Abracinskas criticó a jueza que accedió a detener aborto por recurso del padre
(Montevideo Portal)
La abogada de Mujer y Salud Abracinskas dijo a Radio Carve que el hecho de que se busque forzar a la mujer a tener al hijo es una forma de violencia contra las mujeres y recordó que la ley prevé que el padre sea consultado pero que la decisión final es de la mujer. “Si uno quiere tener un hijo, tiene que aprender a negociarlo previamente. Una diferencia imposible de transferir es que los embarazos transcurren por los cuerpos de las mujeres”, afirmó.
La abogada lamentó la actitud de la jueza Pura Concepción Book Silva señalando que basándose en sus concepciones ideológicas, cree que puede interpretar la ley y reabrir el debate. “Hemos tenido todo el proceso democrático, se intentó derogar y aquellos que están en contra perdieron. Es como si reabriera el debate parlamentario, está creando jurisprudencia a partir de sus creencias”, afirmó. “Esto está dirimido, podemos estar en desacuerdo o no, pero tenemos procedimientos democráticos, no se puede reabrir una ley en función de si me gusta o no me gusta”, agregó.
Abracinskas informó que la mutualista apelará el fallo porque rechaza los argumentos dados por la jueza, que señala que no se cumplió con los procedimientos que deben realizarse en el centro asistencial. El hecho ocurrió en la ciudad de Mercedes donde la jueza actuante ordenó a una mujer que había resuelto interrumpir su embarazo continuar con la gesta.
Uypress informó que la resolución judicial fue tomada el 21 de febrero, y se trata de una situación única en el país desde la aprobación de la Ley 18.987. Según trascendió, una pareja, en el marco de relaciones consentidas, produjo el embarazo, pero la mujer decidió abortar, decisión no compartida por el hombre, que interpuso una acción legal «que lo ampare en su derecho y en el derecho de niño/a en gestación», consigna el portal. La jueza hizo lugar a la demanda de amparo, y dispuso la suspensión por parte de la mutualista a la que pertenece la mujer que solicitó la interrupción de su embarazo del proceso previsto en la Ley 18.897.
La demanda presentada por el hombre contempla, por un lado, el amparo, y por el otro la inconstitucionalidad de la citada normativa, conocida como Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. «El encuadre jurídico del tema por el que presenta la acción de amparo, analiza sus elementos, plantea también la acción de inconstitucionalidad, y solicita la adopción de medidas cautelares de protección para salvaguardar la vida de su hijo prohibiendo continuar procedimientos tendientes a poner fin al embarazo de la accionada, teniendo presente que el bien supremo a proteger es la vida, derecho superior e inalienable, que se encuentra por sobre cualquier otro derecho de terceras personas y que como tal debe de prevalecer», expresó la magistrada. Por ese motivo, el recurso de inconstitucionalidad fue remitido a la Suprema Corte de Justicia.
«No cabe duda que la mujer tiene derecho a decidir sobre su capacidad o autonomía reproductiva, como planear su familia, a estar libre de interferencias al tomar esas decisiones. Y todos esos derechos pueden ser ejercidos en plenitud antes del embarazo, al tener la mujer a su disposición cada vez con mayor amplitud», indica la sentencia.
Y añade: «Una vez producido el embarazo la situación es otra porque al haber un ser humano nuevo con derechos inherentes a su condición de tal protegidos legalmente, la decisión de interrumpir el embarazo no atañe solo a su cuerpo sino que realmente también afecta a otro ser humano, con vida, la vida que tutela en sus principios generales la misma ley 18.987».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017
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3) El cierre de Fanapel
José López Mercao (Caras y Caretas)
El pasado 13 de febrero, la Fábrica Nacional de Papel (Fanapel), radicada en Juan Lacaze (Colonia), anunció su cierre definitivo. De esa manera, 300 trabajadores se verán privados de su fuente de trabajo dando a su vez un duro golpe a una localidad que supo ser uno de los pulmones industriales de nuestro país.
La de Juan Lacaze es una historia amarga. La supo describir como nadie José Carbajal, el Sabalero, que saltó a la celebridad con temas como ‘A mi gente’ y resumió la decadencia que avizoró en ‘Blues de los pequeños deshollinadores’, compuesta sobre texto del poeta argentino Raúl González Tuñón.
Es además una historia de larga prosapia. En 1787, Francisco de Medina ‘fundó el primer saladero de América Latina, que exportaba con destino a Brasil, Cuba y las Antillas. Su emplazamiento, donde el arroyo del Sauce desemboca en el Río de la Plata, es precursor de lo que sería la futura localidad industrial de Juan Lacaze.
Muerto prematuramente De Medina, el saladero quedó en estado de completo abandono, hasta que en 1792, el porteño Manuel de Labardén lo refundó, procesando carne de tipo irlandés de primer nivel. Simultáneamente, Labardén introducía en la Banda Oriental los primeros ejemplares de ganado ovino, esquivando la vigilancia de las autoridades virreinales, que desaprobaban esa modalidad de pastoreo.
Hasta 1840, la industria saladeril, cambiando de propietarios, siguió dominando la geografía de Puerto Sauce. Por entonces, el establecimiento pertenecía a Blanco, un emprendedor de cuyo nombre no poseo más datos, salvo el que rememora la cañada de Blanco, que discurre a la entrada del barrio lacacino de Villa Pancha.
Hacia 1886, las tierras adyacentes a Puerto Sauce (o Puerto del Sauce) son adquiridas por Juan L. Lacaze y Cía. Allí, en 1885, se emplaza la Compañía de Piedras y Arenas, dirigida por el constructor italiano Juan B. Medici, quién también construyó una trocha angosta para traer piedras en tren desde Minas. Los insumos cruzaban el río en barcazas y eran utilizados para la expansión edilicia de la ciudad de Buenos Aires.
La génesis de Fanapel no se produce precisamente en Puerto Sauce, sino en 1883, en Montevideo, ubicándose en primera instancia en el predio que hoy ocupa el Club Atlético Trouville, en Pocitos, más concretamente en la calle Chucarro, entre Martí y avenida Brasil. Allí comienza a producir papel en 1885, pero el déficit de aguas dulces la obliga a buscar otra locación.
La genealogía de un polo industrial
En 1898, con un capital inicial de $ 72.000, Fanapel se instaló en Puerto Sauce, produciendo en sus inicios entre 4.000 y 5.000 kilos de papel diariamente y empleando a 180 operarios. En 1903, se establece en la localidad Campomar & Soulas, que estaría llamada a ser la principal firma textil de Uruguay.
La concentración obrera a la que dieron lugar las industrias llevó al incremento de la población y a que en 1909 el poblamiento creado en torno al Puerto del Sauce adquiriera el rango de pueblo con el nombre de Juan Luis Lacaze. En 1920 sería declarado villa y en 1952 se le otorgaría el estatuto de ciudad.
Hasta el año 2013, Fanapel empleaba más de 1.000 operarios, exportando a 22 destinos, pero comenzó a entrar en un acelerado proceso de contracción. Se deshizo de su área forestal, vendiendo más de 7.000 hectáreas de eucaliptus en el departamento de Colonia y dejó de producir celulosa para pasar a comprársela a UPM, argumentando razones de costo. Simultáneamente cerró dos plantas, prescindiendo de 200 trabajadores.
En mayo de 2007, el grupo forestal Tapebicuá –un grupo argentino que maneja una tercera parte de ese mercado– adquirió 97,6% del paquete accionario de Fanapel por US$ 45 millones. La compra involucró también a otras dos empresas radicadas en Argentina, que junto a Fanapel conforman el Grupo Celulosa Argentino.
El mismo está conformado por la papelera de Juan Lacaze y por las empresas Centro Industrial Virasoro y Centro Industrial San Charbel, emplazadas en la orilla vecina. El hecho de que Fanapel integrara este grupo impidió que se le cerrara el mercado argentino durante el gobierno de Cristina Fernández, que en su empeño por proteger la producción nacional impidió la introducción al país de papel de origen chino y europeo.
La conmixtión con el Grupo Celulosa Argentino permitió a Fanapel, que coloca más de 90% de su cupo exportable en el mercado argentino, beneficiarse con ese régimen. Más allá del impacto negativo que implicó en su mano de obra –no en sus ganancias– la irrupción de UPM, los años 2014 y 2015 fueron de excepcional bonanza. En ese bienio se marcaron niveles récord de exportación a Argentina con una versatilidad productiva que abarcaba papeles para impresión y escritura (estucados y no estucados), papeles tissue y papel para embalaje, a lo que se agregaba el tradicional papel para fotocopiado (Fanacopy).
Entre Cristina y Mauricio
Pero la asunción de Mauricio Macri cambió por completo los ejes de la política comercial argentina, abriendo las puertas del país a las exportaciones chinas, que con precios de dumping (por debajo de los costos de producción) irrumpió en el mercado barriendo con la competencia vernácula.
En la tríada que compone el Grupo Celulosa Argentino, el principal damnificado fue Fanapel, que en el ejercicio cerrado el 31 de mayo registró una caída de 9% en su producción.
Las señales que emitió su directorio no pasaron inadvertidas para el sindicato. En mayo de 2016 comienzan a instrumentarse seguros de paro rotativos, se suprimen turnos y la empresa da cuenta del déficit que amenaza con volverse crónico. Las pérdidas, según la misma, ascienden a US$ 450.000 por mes y Fanapel amenaza con no estar en condiciones de cumplir con el convenio suscrito con el sindicato por el período de tres años (hasta 2018). El mismo contempla incrementos salariales entre 10% y 12% para las distintas categorías de operarios. En ese lapso, además, se pierden 100 empleos directos y 60 indirectos.
Si bien el mercado argentino es excluyente, Fanapel también pierde el chileno –al que exportaba fundamentalmente papel estucado– por idénticas razones por las que fue borrado del argentino. Empero, durante 2016, siguió exportando pequeños volúmenes a Brasil, Paraguay y la zona franca de Nueva Helvecia.
En diciembre, la crisis se precipita y todo el personal es enviado a seguro de paro. Para justificar la medida, Fanapel publica la relación de costos exigida para producir una tonelada de papel, que está en el orden de los US$ 988 dólares, muy por encima del precio con el cual China vuelca su producción al mercado argentino. De ese monto –siempre de acuerdo a la empresa–, US$ 150 millones son destinados a salarios, US$ 179 millones se gastan en energía y el resto se reparte entre materia prima y productos químicos.
Frente a la inminencia del cierre, UTE ofrece a Fanapel eximirlo del pago del 25% de los costos energéticos, pero con eso no alcanzaba.
El sindicato no cuestiona las cifras que aporta la empresa ni niega que el cierre tenga que ver con esas contingencias. No obstante, denuncia que Fanapel paraliza la planta, pero al mismo tiempo importa papel desde Argentina. Alega además que la empresa ignora al sindicato y apela al doble discurso, diciendo una cosa ante las autoridades en la capital y comunicando otra a los trabajadores. Insta al Estado, del cual Fanapel es uno de los proveedores más importantes, a no comprar el papel para fotocopias que importa y exige que las negociaciones con el MTSS se realicen de manera tripartita y no en régimen de cuarto intermedio. Percibiendo a dónde llevaría el declive, insta al Estado a subvencionar la celulosa utilizada por Fanapel en el proceso productivo. Pero todo es inútil.
El 13 de febrero se comunica el cierre y los consecuentes despidos, que llegarían a ser 300, incluyendo 260 empleos directos y 40 indirectos. Poniendo la frutilla en el postre, la papelera anuncia su intención de pagarlos en doce meses. Reunido en Asamblea, el sindicato declara a Juan Lacaze en estado de “emergencia social”.
En cuanto a otros aspectos, la empresa está al día con los salarios y los aguinaldos y tiene tiempo para pagar licencias y otros beneficios aún no erogados. Pero al margen de ese prolijo estado de cuentas, el trabajo se va y Juan Lacaze recibe el tiro de gracia.
Tabaré y UPM
Prácticamente en el mismo momento en que se comunicaba el cierre de Fanapel, el presidente Tabaré Vázquez, en el curso de su gira europea, se entrevistaba en Helsinki con la gerencia de UPM para negociar la instalación de una tercera pastera en suelo uruguayo.
De concretarse el acuerdo, seguramente la construcción de la planta insumiría –por un tiempo limitado– un contingente importante de operarios e induciría una fugaz prosperidad en la zona en que se emplazaría (según lo estimado, en el centro del país, en las cercanías de Paso de los Toros). Luego, el panorama sería similar al que hoy se advierte en Fray Bentos, a saber, que la planta opera con un mínimo de personal y que las plazas de trabajo se perderían con la misma rapidez con que se crearon.
El curso que van tomando los acontecimientos convoca a la reflexión. Se busca atraer inversores que por su actividad exportable inducen alguna mejora en los saldos exportables y, por añadidura, un pequeño porcentaje de incremento del PIB, pero al mismo tiempo se matan industrias nacionales que absorbían idénticas –o mayores– dotaciones de personal que los foráneos y que además seguían paso a paso todos los tramos de la cadena productiva, generando valor agregado al producto. Al operar en condiciones de monopolio, contar con exenciones fiscales que no poseen las empresas nacionales (para las cuales no existen cláusulas de salvaguarda) y operar también –aunque no principalmente– en el mercado interno, arrastran en su expansión a las industrias nacionales, a las que condenan al cierre, a la primarización o a reconvertirse, dejando de ser usinas de producción para pasar a engrosar la ya nutrida lista de importadores. Por el camino queda el trabajo.
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Agolán: ni el tiro del final
La otra industria que dinamizó la actividad industrial de Juan Lacaze fue la textil Campomar & Soulas. Instalada en 1903 tuvo tanta o mayor importancia que Fanapel en el desarrollo del polo industrial que hizo del poblamiento de Puerto del Sauce uno de los orgullos nacionales del siglo XX. Tras atravesar las penurias comunes al sector durante la década del 80 y comienzos de los 90, Campomar & Soulas cerró en 1993. Notablemente disminuida en personal respecto a tiempos mejores y con graves problemas de competitividad, su gestión pasó a la órbita de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), adoptando en este nuevo ciclo el nombre de Agolán. Logró mantener mercados en Brasil, en Chile y en Argentina, siendo la única fábrica de la zona que producía lana cardada. Pero sus debilidades de gestión eran notorias. Por ejemplo, tenía una estructura directriz encabezada por cinco gerentes que cobraban US$ 8.000 per cápita. Una remuneración que parece un chascarrillo para una empresa a la que se había puesto bandera roja.
Difiriendo en el tiempo su inexorable decadencia, en 2010 se le concedió un préstamo de US$ 2,4 millones y el año siguiente se redobló la apuesta inyectándole US$ 4,5 millones. En 2013 el entonces presidente José Mujica resolvió cerrarla. Quedaron 206 operarios en la calle. Los restos de aquella industria emblemática comenzaron a ser gestionados, con poco personal y mucho empeño, por la Cooperativa Textil Puerto Sauce (Cuopyc), a la que se otorgó un préstamo de US$ 1,69 millones y que viene remando contra la corriente desde entonces.
Con el cierre de Fanapel y Agolán, la situación de Juan Lacaze se volvió dramática. De acuerdo al censo nacional de 2011, tenía 12.816 habitantes, 3.000 de ellos jubilados, con pasividades por encima del promedio, por ser herederos de los tiempos en los que el trabajo y las buenas remuneraciones eran marca distintiva de la ciudad industrial.
Parte del contingente de los desocupados de Agolán hoy trabajan en la construcción de la planta de Montes del Plata, en Conchillas, distante 70 kilómetros de Juan Lacaze. Pero es un empleo a término.
Hoy en Juan Lacaze la preocupación ha dado lugar a la desesperación. Sus habitantes, que durante un siglo generaron la riqueza y los valores de la localidad y del país, ven que su ciudad pronto se convertirá en un pueblo fantasma. No le faltan razones para pensar que en breve sólo la Fiesta del Sábalo será el melancólico testimonio de esplendores pasados.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017
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4) Según expertos, el río Negro ya está en una situación ambiental “crítica” e impacto de planta de UPM sería “muy negativo”
(La Diaria)
El límite máximo de fósforo que fija la normativa uruguaya para los ecosistemas acuáticos es de 25 microgramos por litro. El río Negro tiene una concentración de entre 80 y 90 microgramos por litro. Las cianobacterias, que tienen efectos tóxicos para animales y humanos, se forman cuando hay concentraciones de fósforo de entre 30 y 50 microgramos por litro. Esto explica la fuerte presencia que tienen estas sustancias tóxicas en el río Negro, que han determinado incluso la muerte de ganado por beber agua. Luis Aubriot y Guillermo Chalar, científicos de la sección Limnología del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, advierten que el río Negro está en una situación ambiental “crítica”.
Los expertos fueron convocados por el Proyecto UPM del media lab de la diaria (ver recuadro) para estimar el impacto que tendría la instalación de una pastera como la que proyecta la empresa finlandesa a orillas del río Negro, a partir de la información de la que se dispone: una producción anual de dos millones de toneladas de celulosa, y una ubicación estimada aguas arriba de la represa de Baygorria.
En primer lugar, los científicos puntualizaron que la planta de UPM de Fray Bentos es la industria que tiene los mayores controles del país y la que utiliza tecnología más avanzada. A la pastera finlandesa se le permite verter 74 kilos de fósforo por día, mientras que a la planta de Montes del Plata se le permite verter 140 kilos. Al resto de las industrias del país, en base a una normativa de la década del 70 alejada de los estándares actuales a nivel internacional, se les permite cinco miligramos por litro, independientemente del volumen de sus efluentes.
Se estima que UPM aporta al río Uruguay 0,02% del fósforo total. Aubriot explicó que su aporte es tan escaso porque el factor de dilución en el río Uruguay “es enorme”, pero que a nivel local, el impacto sería el equivalente a una ciudad de 34.000 habitantes sin saneamiento (Fray Bentos tiene 19.000 habitantes). Por otra parte, la planta ha superado en varias instancias los límites permitidos de fósforo en sus efluentes. Por ejemplo, en la media anual de 2016 superó los límites establecidos, señalaron Aubriot y Chalar. La empresa se comprometió a implementar un sistema de tratamiento adicional para mejorar su capacidad de depuración del agua y así cumplir con los estándares. También proyecta incorporar un sistema de medición continua de fósforo.
Sin embargo, hay diferencias relevantes entre la planta de celulosa de UPM instalada en Fray Bentos y la planta que se ubicaría próxima a Paso de los Toros. La primera de ellas tiene que ver con el caudal de dilución de sus efluentes. La planta de Fray Bentos diluye en el río Uruguay, que posee un caudal diez veces mayor al del río Negro. A esto se suma que el río Negro tiene numerosos embalses, y la retención de agua favorece la reproducción de las cianobacterias. A la vez, tiene un trazado sinuoso, con zonas con muy escaso caudal.
La concentración actual de cianobacterias en el río Negro es un efecto combinado de la producción agropecuaria y los vertidos industriales, y el incremento en las concentraciones se empezó a notar a partir de mediados de la década pasada. Chalar, que realizó estudios sobre el agua del río Negro en convenio con UTE hasta hace dos años, señaló que hay registros y estudios de mortandad del ganado por tomar agua de la orilla. Indicó que en el embalse de Baygorria “han muerto vacas” a las que se les han hecho estudios y “tienen la toxina en la sangre”.
Un problema adicional del modelo forestal en cuanto a su impacto en el agua tiene que ver con los lugares en los que se foresta. La cuenca del Santa Lucía, de donde se extrae la mayor cantidad de agua para consumo humano, está forestada en sus nacientes, y entre 10% y 25% del agua de la cuenca se la llevan los árboles. Esto, que puede parecer un porcentaje menor, en el estiaje es “la diferencia entre tener o no tener agua”, señaló Chalar. Aubriot sostuvo que en 2015, durante una sequía en invierno, Montevideo vivió un fenómeno de escasez de agua. “En Montevideo hemos pasado por puntos críticos de escasez de agua, cuando los niveles de los embalses llegaron a su cota más baja”, recordó.
Fosforados
Los científicos estiman, en base a las variables que se conocen, que una pastera con las condiciones establecidas a orillas del río Negro aumentaría en promedio entre 4% y 8% el nivel de fósforo del río, y en el estiaje -en momentos en que las aguas están en su nivel más bajo-, lo aumentaría entre 20% y 30%. Chalar enfatizó que se deben disminuir los vertidos que ya realizan las industrias y las ciudades al río Negro, y que “cualquier aporte” adicional de fósforo “va a ser malo”. “Si ustedes me preguntan cuál va a ser el impacto que va a tener [la eventual instalación de la pastera en esa zona], contesto que va a ser horrible, malo, porque el río ya está mal, y cualquier cosa que se le agregue es comida para que crezcan las cianobacterias”, advirtió.
Aubriot complementó que los embalses del río Negro potencian este efecto perjudicial. “El río Negro tiene niveles de fósforo muy bajos en comparación con el Santa Lucía, pero tiene efectos totalmente amplificados, y eso se da por la presencia y el funcionamiento de los embalses: son muy irregulares, retienen el agua mucho tiempo, y ahí es donde crecen las microcistinas”, afirmó.
Chalar sostuvo que ya se registró la presencia de algas “altamente tóxicas, particularmente en el embalse que va a recibir todo [los efluentes], que es Palmar”.
Aubriot advirtió que el impacto de una pastera con ese volumen de producción en el río Negro sería “muy significativo, muy negativo”. “Dada la carga de organismos que hay en el agua y su estado fisiológico, habría una amplificación del fenómeno [de las cianobacterias]. Eso es un problema para los pobladores de las ciudades y para el ganado. Va a haber más floraciones y su biomasa, va a ser más difícil potabilizar el agua, el ganado no va a poder acceder a tomar agua”, sostuvo Aubriot.
Un experimento
El media lab de la diaria busca, por medio de la interacción con los suscriptores del diario y la comunidad, intercambiar visiones y generar conocimiento. Pretende ser un laboratorio para la investigación y producción de nuevos formatos periodísticos, en un entorno colaborativo. El proyecto que analiza los efectos de la eventual instalación de una segunda pastera de UPM en el país tuvo una primera instancia el año pasado, centrada en temas de infraestructura, en particular en los impactos y alternativas del trazado férreo para transportar la producción de la pastera. El jueves, en la diaria, la discusión con suscriptores y expertos se centró en las consecuencias de la instalación de una planta de este porte para las aguas del río Negro.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017
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5) Grupo coreano se lleva telares de Paylana
(El País)
Un grupo textil coreano compró una treintena de telares de la antigua Paylana, parte de la maquinaria de la fábrica que está vendiendo el Fondo de Desarrollo (Fondes) para recuperar el dinero invertido en la compra de la maquinaria luego de un remate realizado el 3 de septiembre de 2012, informó el diario «El Telégrafo» de Paysandú.
Se cargaron algunos telares en camiones que llevarán la maquinaria hacia Montevideo, donde será embarcada con destino a India, según supo ese diario. Los 16 telares más modernos que tenía Paylana, del año 2005, quedaron para ser utilizados por el emprendimiento cooperativo Tacuabé, integrado por varios de los extrabajadores de Paylana y Cotrapay, la cooperativa que recibió recursos del Fondes y que fracasó.
Tampoco se venderán los equipos de terminación, ya que la sección entera fue arrendada por un empresario textil de Montevideo. La semana próxima saldrán en oferta otros lotes, unas 250 máquinas de diverso tipo que componen el resto del equipamiento que se utilizaba en la planta de la desaparecida textil sanducera.
La mayor parte del predio de la textil tendrá un destino inmobiliario. Está previsto que la Intendencia de Paysandú le compre al Fondo de Desarrollo (Fondes)- Inacoop la mayor parte del terreno. Se calcula que el costo de la operación sea de unos US$ 1,5 millones. El predio tiene unos 40.000 metros cuadrados y se construirían allí entre 300 y 500 viviendas con la participación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
El Fondes le prestó US$ 6 millones a Cotrapay durante el gobierno del anterior presidente José Mujica y no los recuperó. La cooperativa también le quedó adeudando a UTE US$ 250.000. En julio del año pasado el Fondes admitió formalmente su inviabilidad. En el proyecto de Cotrapay participaron inicialmente unas 180 personas. Paylana fue durante décadas una empresa emblemática de Paysandú pero finalmente cerró, al igual que otras muchas empresas textiles como Campomar en Juan Lacaze e ILDU.
Estaba previsto que los trabajadores de Cotrapay recibieran capacitación del Instituto Nacional de Empleo y Capacitación Profesional (Inefop).
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017
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