1) PIT-CNT reclama al gobierno respuesta sobre desaparecidos –
2) Cancelación del proyecto de Aratirí –
3) Nueve empresas omisas en cuenca del Santa Lucía –
4) Amnistía Internacional: aborto clandestino predomina en Salto –
5) El Frente Amplio quiere tener su propio medio de comunicación –
6) Académicos de izquierda debatieron sobre riqueza y pobreza, y propusieron caminos para seguir redistribuyendo.
–
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2063 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 11 de Marzo de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
_______________
«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
_______________
1) PIT-CNT reclama al gobierno respuesta sobre desaparecidos
(El Observador)
La central afirma que el silencio es una muestra de la «falta de una política eficaz»
En su discurso de asunción, el 1º de marzo de 2015, el presidente Tabaré Vázquez mencionó especialmente a los derechos humanos como un «imperativo ético de la democracia», anunció la creación de un grupo de trabajo sobre verdad y justicia abocado a la búsqueda de información, y hacer un «seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado»; y llamó a las «personas y organizaciones que crean tener una propuesta mejor», a que la presentaran formalmente a Presidencia.
Así, el PIT-CNT y la asociación de expresos políticos, Crysol –que no fueron incluidos dentro del grupo de trabajo creado por el gobierno para trabajar en estos asuntos– presentaron en ese mismo mes sus medidas para trabajar con respecto a las investigaciones de crímenes perpetrados durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, un año después, critican al gobierno por no haber tenido respuesta.
Para la central de trabajadores, la falta de respuesta a las propuestas realizadas configura «un síntoma más de la ausencia, en casi todos los niveles del Estado, de una política eficaz y en tiempos razonables» respecto a las «gravísimas violaciones a los derechos humanos». A través de un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales de la central de trabajadores, fustigó entonces el «silencio» de las autoridades, lo que se interpretó como un rechazo.
Hacer una gestión eficaz de las políticas de «verdad, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado», hace «imprescindible» tener en cuenta la experiencia que han acumulado las diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos, estableció el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos de la central de trabajadores. Se criticó, por otra parte, el hecho de que tampoco se tiene conocimiento de un plan de trabajo «que apunte a resolver en su totalidad las obligaciones internacionales» formuladas por el relator especial de Naciones Unidas, Pablo de Greiff.
Esta no es la primera vez que el PIT-CNT hace un reclamo a las autoridades por verdad y justicia. Así, según se deja constancia en el comunicado, ante la falta de un pronunciamiento del Estado, en julio de 2015, el PIT-CNT ya había reclamado al gobierno, debido a que consideraba que «la larga postergación que sufre el proceso de verdad y justicia hace necesario que el Estado en su conjunto adopte las medidas necesarias». Sin embargo, tampoco se obtuvo respuesta, lo que según el PIT-CNT podría entenderse como un «rechazo».
La propuesta de la central
En el plan, presentado en conjunto por el PIT-CNT y la asociación de expresos políticos Crysol se proponía realizar desde una ceremonia oficial y pública en la que el gobierno asumiera la responsabilidad de los delitos hasta la creación de un plan que unifique las acciones realizadas tanto por los gobiernos departamentales como desde el gobierno central.
Además, se pedía que algunos jueces se dedicaran exclusivamente a estos temas, «hasta que se resuelvan las causas de los derechos humanos, dada la edad avanzada de las víctimas y presuntos victimarios». Según había explicado entonces a El Observador el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, a través de esa medida se buscaba»alivianar transitoriamente» a los jueces a cargo de las causas, que al mismo tiempo debían dedicarse a dictar sentencia sobre otro tipo de delitos.
Por otra parte,se proponía designar en los ministerios de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores «un funcionario responsable al que se dotará de facultades y los medios necesarios para recabar toda la documentación de interés» y que sería responsable de dar una respuesta en tiempo y forma a los pedidos de información. Además, se proponía que el equipo especial de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior tuviera expertos en investigación criminalística y otros especialistas.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
_______________
2) Cancelación del proyecto de Aratirí:
Victoria y alivio para el país; cuestiones pendientes
Con el término del plazo legal para la firma de un contrato de inversión entre Aratirí y el gobierno uruguayo, el proyecto de minería de gran porte para la extracción a cielo abierto del hierro de los yacimientos de Valentines ha sido cancelado. Sin embargo, esto no significa que las tierras afectadas por los títulos mineros de este proyecto se verán liberadas y que no puedan reaparecer en el futuro propuestas similares.
Saludamos este hecho como una victoria de todos los sectores sociales que lucharon contra el proyecto de Aratirí por considerarlo inapropiado para el Uruguay. Presentado como la mayor inversión en la historia del país y una panacea del futuro desarrollo nacional, el conocimiento de los graves impactos económicos, sociales y ambientales que traería su ejecución generó una resistencia social sin precedentes.
La realidad mostró que hoy no hay inversionistas privados interesados y confirmó que el proyecto Aratirí era solamente viable en medio de un alza extraordinaria del precio de los metales tras la crisis financiera de 2008. Era una coyuntura pasajera, no una tendencia normal de la economía, y no podía ser la base de sustentación de una minería responsable y el montaje de una industria siderúrgica nacional.
Uruguay se salvó de dejar un proyecto de esa envergadura en manos de una firma sin antecedentes ni garantías. Zamin Ferrous, la empresa madre de Aratirí, enfrenta hoy acciones en la justicia de Brasil y el Reino Unido por daños ambientales, deudas laborales y el incumplimiento de contratos, bajo la acusación de haber obtenido concesiones públicas y autorizaciones ambientales en forma fraudulenta.
El 24 de febrero pasado venció el último plazo legal que disponía Aratirí para presentar un nuevo inversor interesado en el proyecto y firmar el contrato para iniciar la actividad extractiva. Al no haber cumplido con este requisito, el artículo 38 de la Ley de Minería de Gran Porte establece que debe procederse “a inscribir las minas, áreas mineras y descubrimientos vinculados al proyecto en el Registro de Vacancias”.
A partir de entonces, por el artículo 37 de la misma ley, el estado tiene la prioridad y dispone de 180 días para decidir si compra o no la información generada por las actividades exploratorias de Aratirí. La minera ha alterado significativamente el valor de esa información, al punto que elevó sus declaraciones de costos de 60 a 300 millones de dólares luego de haber paralizado sus trabajos en 2011.
Se ha llegado a rumorear que la minera le haría un juicio al estado, para lo cual tendría que presentar pruebas de compromisos incumplidos. Si existieran, esos compromisos habrían sido hasta ahora secretos, pero pueden ser parte de una negociación. Lo que pueda llegar a pagar el estado por esa información es la última oportunidad de Zamin Ferrous para lograr una ganancia de su proyecto fallido en Uruguay.
El proyecto de Aratirí fue promovido con el argumento de generar fuentes de trabajo pero era solo un negocio de ocasión. En enero de 2012 la minera envió a sus empleados al Seguro de Paro y el gobierno prorrogó hasta hoy esta situación para facilitar la negociación del contrato. Vencidos todos los plazos, la empresa ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones legales de indemnización por despido.
Si el estado no los declara Reserva Minera, los títulos del Registro de Vacancias están a disposición de los interesados. Por la reforma del Código de Minería de 2011, la tenencia de los títulos de prospección y exploración puede llegar a un máximo de 12 años. Pero Dinamige admite que una misma empresa, con otro nombre, retenga sus derechos mineros, así que los títulos de Aratirí podrían volver al mismo dueño.
La minería a cielo abierto en yacimientos metalíferos de baja concentración, como es el caso de Uruguay, es la actividad más depredadora y contaminante de tierras y aguas en todo el planeta. Pretender desarrollar esa actividad en este país significa la destrucción definitiva del área de la explotación minera y la grave afectación adicional de una vasta área de nuestros suelos y recursos hídricos.
Las disposiciones del Código de Minería y la forma como son aplicadas por Dinamige han facilitado la especulación con los títulos mineros y con las tierras que se vuelven cautivas de los mismos. Como resultado, casi una cuarta parte del territorio nacional se encuentra afectada por pedimentos o títulos mineros y sus propietarios enfrentan dificultades para obtener créditos y planificar las actividades productivas.
La única manera de superar esta situación es con una enmienda constitucional que prohíba la extracción de metales a cielo abierto en el país. Hemos pasado las 100.000 firmas y seguiremos recogiéndolas para promover un plebiscito nacional donde sea el pueblo uruguayo debidamente informado el que decida esta cuestión.
Uruguay Libre de Megaminería
8 de marzo de 2016.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
_______________
3) Nueve empresas omisas en cuenca del Santa Lucía
(El País)
Hace tres años fueron intimadas por el gobierno; 14 se reconvirtieron.
Tres años después de que 23 empresas de la cuenca del río Santa Lucía fueran intimadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) a cumplir una serie de cambios para evitar la contaminación del agua, solo catorce de ellas finalizaron su reconversión.
El dato no es menor si se toma en cuenta que, a juicio de la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, el 90% de la contaminación en la cuenca del río Santa Lucía es responsabilidad de estas 23 industrias.
Por resolución ministerial, el 7 de agosto de 2013, luego de constatar la presencia de algas en agua de OSE consideradas «potencialmente tóxicas» y causantes de mal olor y sabor, se intimó a las 23 empresas a presentar antes del 31 de diciembre de ese año una nueva Solicitud de Autorización de Desagüe Industrial (SADI), además de un proyecto de planta de tratamiento. Además debían presentar la información complementaria acreditando el cumplimiento o las propuestas de ajustes. Asimismo se otorgaba plazo hasta el 31 de enero de 2015 para contar con una planta de tratamiento de efluentes construida y en operación.
Esta semana la ministra sostuvo que las obras encomendadas buscan reducir en el corto plazo un 60% los vertidos orgánicos en nitrógeno y fósforo. «A marzo de 2016 catorce industrias ya finalizaron sus obras, por tanto están en condiciones y están manteniendo muy buenos resultados con sus efluentes, y de las nueve restantes una está finalizando sus obras y las otras ocho están en construcción. En algunas de ellas para resolver el problema se aplicó restricciones en los vertidos mientras hacen las obras», informó De León.
La ministra dijo que «se está siendo muy didáctico con las agroindustrias, se habla con las industrias, se da plazo» dado que «el convencimiento es lo que nos va a ayudar, porque es imposible crear un control absoluto sobre todo».
La otra medida que se tomó en su momento fue la prohibición de laboreos y agroquímicos en una zona en el Santa Lucía. La ministra dijo que todos los padrones están informados al respecto y que existe un visualizador ambiental que permite ver si se respeta la zona de restricción en el laboreo; sin embargo, no informó de los resultados obtenidos.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, había anunciado que la ministra De León realizaría en las próximas semanas una cadena nacional para informar sobre los avances en las políticas vinculadas al agua y el medio ambiente.
Esta semana no hubo cadena, pero sí conferencia junto a los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, y Guillermo Moncecchi, de Industria, además del futuro titular de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce. Allí se dio cuenta del estado de situación de los controles de la calidad del agua en función de la batería de medidas que se implementaron.
De León dijo que desde julio del año pasado se realiza un «control satelital» del territorio, una salida con bomberos por semana con técnicos y científicos, y una salida en helicóptero y así se obtienen informes semanales. Afirmó que en estos operativos se han incautado 300 metros de redes de pesca que no contaban con autorización, y se han hecho más de 400 intervenciones que incluyen cazadores furtivos, monitoreo de areneras, control de actividades agrícolas y ganaderas y fumigaciones. A esto se suman las denuncias ciudadanas que, según la ministra, en 2015 se incrementaron un 50%.
«Todas las medidas de control se han agudizado dado que es muy importante que nosotros enfaticemos la situación dentro del Santa Lucía, Laguna del Cisne y Laguna del Sauce», dijo De León. En este sentido, la ministra informó que esta semana se instaló en la Laguna del Sauce «una sonda multiparamétrica que actuará como alerta temprana para la planta de potabilización», cuya «frecuencia de muestreo de la sonda es cada 10 minutos, con envío de datos en tiempo real».
La ministra De León sostuvo que la contaminación «no es algo que se retraiga rápidamente», pero aseguró que la situación está «bajo control».
Analizan Cuenca del Plata
Esta semana la Unidad Nacional del Proyecto del Programa Marco-Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata se reunió con el objetivo de priorizar acciones para incluirlas como estratégicas. La reunión fue presidida por Jorge Rucks, subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente. En el encuentro, técnicos de los cinco países de la Cuenca del Plata trabajaron en el diseño del Programa de Acciones Estratégicas. Rucks explicó que «el desarrollo de información es un tema central», y que se identifica otra serie de problemas vinculados al uso de los recursos, como los volúmenes de agua y los problemas de contaminación, «porque los países que generan contaminación la van trasladando a través del agua a los demás».
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
_______________
4) Amnistía Internacional: aborto clandestino predomina en Salto
(El Observador)
Los médicos de ese departamento presentaron objeción de conciencia
Todos los ginecólogos de Salto presentaron objeción de conciencia para evitar recetar un medicamento que interrumpe el embarazo. En ese departamento, muchas mujeres recurren a médicos o personas dispuestas a hacerlo por fuera del sistema de salud. «Testimonios recogidos señalan que ‘las mujeres acuden más para consultar por complicaciones de abortos realizados fuera del sistema de salud que para practicarse Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)'», dice el informe de Amnistía Internacional presentado ayer en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo.
El organismo cita en este aspecto un informe del colectivo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que agrega que «el desconocimiento de la legislación promulgada las expone a posibles medidas judiciales dado que cuando se practica fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud se comete un delito de aborto».
Aunque el informe no lo menciona, un médico fue procesado con prisión el mes pasado por practicar un aborto clandestino a una mujer en Florida. La mujer de 21 años murió tras una intervención realizada cuando cursaba la semana 19 de embarazo. También fue procesado con prisión la pareja de la mujer por acompañarla a practicarse el aborto aunque denunció el hecho ante la Justicia.
Amnistía Internacional destaca que las mujeres de Salto «no pueden acceder en condiciones de igualdad con las mujeres de Montevideo a un servicio garantizado en la salud pública uruguaya». Agrega que «es difícil imaginar un servicio de salud exclusivo para hombres, en ocasiones necesario para salvar la vida y la salud de ellos, que les sea denegado por razones de conciencia».
El informe asegura que «ante esta situación, el Estado buscó saldar este obstáculo con la presencia de una ginecóloga que se traslada desde Montevideo (a 500 kilómetros) una vez por semana para brindar el servicio de IVE tanto en un servicio privado como en el sector público del departamento». El Parlamento aprobó en 2012 una ley que permite la interrupción del embarazo por petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación.
El informe también advierte que las defensoras de derechos sexuales y reproductivos cuentan con custodia sindical por el hostigamiento de grupos que se oponen a los abortos. La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, responsabilizó a integrantes de la bancada evangelista. Sin embargo, uno de sus referentes, el diputado nacionalista Carlos Iafigliola dijo no saber «de dónde sale eso del hostigamiento». «He tenido muchísimas veces hostigamiento en la calle porque he sido un referente fuerte en el tema de la defensa de la vida, pero no recuerdo que haya tenido un ataque verbal –mucho menos de otro tipo- hacia nadie que esté en la vereda de enfrente en estos temas», dijo Iafigliola a El Observador.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
_______________
5) El Frente Amplio quiere tener su propio medio de comunicación
Leonardo Pereyra (El Observador)
Así lo creen en el MPP y el astorismo; hay peligro de que se convierta en un boletín aburrido
El nombre es lo de menos o, por lo menos, no es lo primero a resolver. Antes habrá que tomar una decisión política y económica, definir si será un diario –con su versión web-, una radio o, por qué no, un canal de televisión. Después, habrá que contratar periodistas capaces e izquierdistas y, por último, tratar de competir en audiencia o lectores con las empresas ya establecidas.
Así, o en una versión muy aproximada, se imaginan los dirigentes del Frente Amplio más optimistas la puesta en marcha de un medio de comunicación que represente oficialmente a esa fuerza de izquierda y que, consideran, cada día se hace más indispensable.
Por lo pronto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) de José Mujica quiere que la campaña electoral, que finalizará en mayo con la elección de un nuevo presidente del Frente Amplio, sirva también para instalar definitivamente la idea de que la izquierda necesita un medio a través del cual difundir sus propias noticias.
Una decisión similar, sostienen, podría haberle evitado problemas a otras fuerzas progresistas de la región. Fuentes del MPP dijeron a El Observador que, cada vez que una delegación mujiquista se reúne con sus pares del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil, los políticos norteños les aseguran que de haber tenido un medio de comunicación propio, las acechanzas que hoy se ciernen sobre Lula Da Silva o Dilma Rousseff serían menos peligrosas.
La senadora del MPP Lucía Topolansky dijo en El ObservadorTV que el Frente Amplio debe marcar su propia agenda antes de que al periodista ajeno se le ocurra preguntar.
«No podemos ser el partido político más grande del país y no tener un espacio radial, televisivo o un diario. El militante tiene que levantarse y tener la visión oficial», dijo Topolansky
El diputado del MPP Jorge Meroni explicó a El Observador que el MPP ha planteado ese asunto en varias oportunidades ante la Mesa Política del FA pero nunca fue abordado en profundidad.
Pero no solo el MPP siente que a la red de medios de comunicación uruguayos le falta una trama.
El presidente de la Departamental de Montevideo del FA, diputado Carlos Varela (Asamblea Uruguay) cree que «es necesario» que la izquierda «tenga un medio de comunicación para que se escuche su voz» sin depender de terceros. «La República, Brecha o la diaria no son representativos del Frente Amplio y está bien que así sea. Es claro que hay una dificultad para transmitir ciertos logros del gobierno y muchas veces no se tiene el espacio en los medios para explicarlos debidamente. Creo firmemente que es fundamental que el Frente tenga un medio de amplio alcance», dijo Varela a El Observador.
El fin de semana, el presidente Tabaré Vázquez opinó que «existe un poco de disparidad en la información que le llega a la población» y anunció que planifica «algún otro tipo de actividad» para «trabajar en profundidad el tema informativo con la población», aunque evitó dar detalles.
Militantes y boletines.
Pero, más allá de coyunturas y de intenciones, en el Frente también hay quienes piensan que el sueño de un medio propio puede tornarse medio pesadillesco. Así lo cree, por ejemplo, el ex secretario de Comunicación del Partido Socialista (PS) Marcelo Visconti.
«Si tenemos problemas para coordinar una declaración política, ¿te imaginás lo que puede ser coordinar un programa de radio o de televisión con 35 grupos que te piden un espacio para dar su opinión? Puede ser más aburrido que un boletín de campaña electoral, de esos que vienen en un paquete y el ómnibus de línea te los deja tirado al costado de la ruta», dijo.
En tanto, la secretaria de Comunicación del Frente Amplio, Jimena De Los Campos, está segura: si lo que se pretende es desarrollar una programación o escribir algunas páginas para consumo de militantes, entonces la tarea será sencilla pero inútil.
«Para tener un medio de comunicación, hay que hacerlo seriamente y eso tiene un costo importante. Hay que tener periodistas, editores, productores…no sirve eso de ‘le doy media hora a cada sector’ y ya está. La tarea debe quedar en manos de profesionales. No tiene sentido un programa conducido por un compañero de un comité de base o una noticia escrita por un militante. Eso no lo va a escuchar ni lo va a leer nadie. Eso va directo al fracaso», advirtió De los Campos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
_______________
6) Académicos de izquierda debatieron sobre riqueza y pobreza, y propusieron caminos para seguir redistribuyendo.
(La Diaria)
Dándole continuidad a un intercambio que se disparó con artículos publicados en La Diaria y en Brecha, el grupo frenteamplista Casa Grande organizó un debate bajo el título “Riqueza y pobreza en el Uruguay”, en el que participaron los economistas Andrea Vigorito, Rodrigo Alonso y Fernando Isabella, y el politólogo Gabriel Delacoste.
Vigorito comenzó afirmando que las políticas que permitieron la caída de la desigualdad en Uruguay y en América Latina “ya dieron todos sus frutos” y que para poder profundizar esa disminución es necesario determinar “a qué niveles” se pretende llegar y “pensar un nuevo conjunto de políticas”, pero en un período “de menor crecimiento”. Vigorito considera que hay que lograr un consenso en “un conjunto de indicadores” para determinar “cómo se está progresando”. “En este período de América Latina, en el que se habla de la caída de la desigualdad, casi en ningún país cayó la participación del capital en el producto. Una de las excepciones es Uruguay, donde la masa salarial aumentó proporcionalmente”, fruto de “la política de salarios mínimos, el fuerte aumento del empleo y los Consejos de Salarios”, aseguró. Luego afirmó que es “súper controvertido” asegurar que la caída de la desigualdad fue “producto de las políticas redistributivas de los gobiernos de izquierda”, ya que la desigualdad personal cayó en muchos países con gobiernos de distinto color político. Además, esa caída tuvo que ver con las políticas redistributivas, laborales y de transferencias, pero “también con el modelo exportador del período, que generó una fuerte demanda de empleo no calificado y eso hizo que cayeran mucho las diferencias salariales”.
Planteó que hay que pensar en la “imposición a la herencia”, algo que algunos países usan para crear fondos destinados a los jóvenes. Con respecto al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, dijo que la base del mínimo no imponible “genera que una proporción relativamente pequeña de los asalariados formales contribuya”, y eso determina que la efectividad redistributiva sea baja, por eso es importante “que los ricos contribuyan”, pero “también que la base imponible se ensanche”. Sobre las transferencias públicas expresó que la izquierda debe revertir el “creciente estigma de que los beneficiarios de las políticas sociales son villanos”, por ejemplo, pensando “el sistema de transferencias no contributivas con el sistema de deducciones impositivas”.
Delacoste mencionó una idea del teórico marxista estadounidense David Harvey, quien afirmó que “si todas las organizaciones antipobreza pasaran a ser organizaciones antirriqueza” se estaría ante “un mundo bastante diferente”. “Siempre pensamos cómo hacer a los pobres menos pobres y nunca pensamos cómo hacer a los ricos menos ricos, y de eso se trata el problema: no es tanto que hay pobres que tienen que ser menos pobres, sino que hay una forma de la organización de la sociedad que hace que haya gente que sea más rica y gente que sea más pobre”, añadió. Delacoste expresó que la primera de las miradas es la que está “asentada” en Uruguay, lo que trae “consecuencias políticas”, y que quienes piensan que “los ricos sean menos ricos” tienen “mucha menos acumulación intelectual y en el campo de las políticas públicas”. “Hay que admitir que el neodesarrollismo tiene una enorme capacidad de acumulación académica y un gran acceso al Estado, y el socialismo tiene muy poquito”, agregó.
El politólogo dijo que Uruguay tuvo un problema histórico crónico de falta de inversión, pero que en los últimos diez años parece haberse revertido, a partir de que el gobierno cree que se sale de los problemas “generando más inversión, más crecimiento y más desarrollo”. Para eso establece estímulos institucionales para mejorar la competitividad, asegurar ciertas rentas al capital e implementar proyectos de participación público-privada (PPP), en el entendido de que “si el crecimiento es suficiente no va a haber dilemas distributivos”. Pero Delacoste se preguntó si “vale todo para conseguir más inversión” y planteó el problema de cómo pueden impactar en el futuro determinadas decisiones políticas para atraer al capital. Puso como ejemplo la discusión sobre los tratados Transpacífico y TISA, la expansión del régimen de zonas francas, los proyectos de PPP y la búsqueda de petróleo. Finalmente cuestionó la idea de que “va a haber crecimiento para siempre” por razones ecológicas -“la Tierra no tiene recursos infinitos”- y humanas -“la gente no puede trabajar infinitamente”-, y afirmó que atraer inversiones “va a crear actores muy poderosos”, que pueden tener peso en las decisiones futuras del país. “Estamos generando una política cuyo ímpetu general para solucionar los problemas económicos y sociales del país es hacer un Estado que sea cada vez más amigable, más interrelacionado y más dependiente del capital, en particular del capital transnacional […] un Estado que no va a saber hacer otra cosa, y eso es un problema de responsabilidad política con las generaciones futuras”, opinó.
Alterar metabolismos
Por su parte, Alonso comenzó contando que Manolito, el personaje de Mafalda que tiene un almacén, decía que “nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás”, y agregó que “la riqueza tiene que ver con la apropiación del trabajo colectivo de otros sujetos”. Para Alonso, riqueza y pobreza “son como la fiebre” -es decir, “un síntoma” de algo más profundo- y, por lo tanto, la pregunta es: “¿Qué tipo de capitalismo tenemos hoy en Uruguay?”. Respondió a esto que es un país que no tiene los niveles de productividad de los países centrales, por lo tanto su capitalismo sobrevive gracias al “flujo de renta de la tierra” producto de la exportación de bienes primarios. “Este flujo de renta compensa capitales ineficientes que pueden emplear obreros que están sobrando para el capital”, agregó. Luego se preguntó qué pasa cuando el flujo de renta disminuye y no puede ser sustituido por flujos de capitales de inversión extranjera directa. En ese caso, se recurre al endeudamiento externo, y cuando esto no se puede continuar haciendo, el capitalismo compensa disminuyendo “el precio de la fuerza de trabajo”, bajando el salario real y el gasto público. Alonso sostuvo que el problema no son los gobiernos de turno, sino “la formación económica y social” capitalista, que “tiene a su fuerza de trabajo como rehén”. “Tenemos que pensar en la necesidad de alterar ese metabolismo del capital”, sentenció.
Isabella explicó que sus reflexiones tienen como punto de partida “el mundo y la realidad en la que estamos”, que “las alternativas de modo de producción no son demasiadas” y que los países “que tenían modos de producción alternativos al capitalismo están convergiendo a pasos agigantados en la peor versión del capitalismo”, como China y, “con menos fuerza”, Cuba. Añadió que el tema de que el crecimiento “no es para siempre” es importante, pero “recién se está planteando en algunos países europeos” con una renta per cápita que triplica a la de Uruguay. Isabella dijo que los procesos de redistribución profunda “son inviables en contextos en los que no hay crecimiento económico” y que en donde se redistribuyó sin crecimiento “un sector demasiado grande de la población se sintió perjudicado y votó por otra cosa”. “Cuando la riqueza crece, basta lograr que el ingreso de los más pobres crezca más rápido que el de los más ricos, para ya estar logrando una redistribución importante. Cuando uno está estancado, hay que sacarle a uno para darle al otro, y como en general los ricos son pocos y los pobres son muchos, hay que sacarles muchísimo. No me opongo a eso. A mi izquierda no hay nadie, pero es muy difícil hacer eso en esquemas democráticos, y nuestra Constitución nos pone un montón de límites a ese tipo de cosas”, aseguró.
Por último, dijo que el crecimiento democratiza las relaciones de trabajo y aumenta la recaudación fiscal, y opinó que el proyecto de la izquierda “es construir una sociedad de iguales, en un contexto de máxima expansión de los derechos […] La superación del capitalismo es instrumental. Hay que superarlo, pero no nos va a solucionar todos los problemas, como el patriarcado, la xenofobia, la homofobia, la esclavitud. Hay muchas cosas que van más allá del capitalismo, y la izquierda en su proyecto tiene que unir las distintas luchas en una única expresión. Reducirlas al anticapitalismo es una forma de achicar el proyecto”, expresó.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 11 DE MARZO DE 2016
_______________
COMCOSUR AL DÍA ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / blog: nuevo.comcosur.org/ contacto: comcosur@comcosur.com.uy / Y ahora puedes seguir a Comcosur también en Facebook
_______________