1) Grupo Verdad y Justicia propone iniciar juicios civiles a militares por daños causados en dictadura
2) Lluvia de reclamos de los militares contra el IASS
3) Chediak considera que hay “dificultad” para avanzar en causas de la dictadura por “el tiempo que ha pasado”
4) Salario real “no creció tanto”, según el PIT-CNT
5) La guerra de Aguerre
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COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017AÑO 18 / Nº 2112 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / 3 de febrero de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es tarea central.” — Emir Sader
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1) Grupo Verdad y Justicia propone iniciar juicios civiles a militares por daños causados en dictadura
Natalia Uval (La Diaria)
El Grupo Verdad y Justicia (GVJ) remitió a organizaciones vinculadas a los derechos humanos un borrador con sugerencias a elevar al Poder Ejecutivo en materia de derechos humanos vinculados a la última dictadura. La intención del grupo es recibir comentarios y propuestas de los colectivos sociales. La organización de ex presos políticos Crysol ya redactó un documento de respuesta, al que accedió la diaria. Allí destacan la intención del GVJ de recomendarle al Ejecutivo que aplique el artículo 25 de la Constitución de la República, que faculta a los organismos públicos a hacerles pagar a los funcionarios a su cargo por el daño que hayan causado “en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo”.
El GVJ recomienda aplicar este artículo a los responsables de delitos de lesa humanidad; Crysol sugiere aplicarlo, en cambio, a los “procesados y condenados con sentencia firme por los delitos conexos y/o relacionados con el terrorismo de Estado”, ya que los jueces uruguayos no han tipificado como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos en dictadura. “Es lamentable y preocupante que ninguno de los gobiernos que se han rotado en la administración del Estado hasta el momento haya adoptado una decisión de este tipo. Valoramos muy positivamente vuestra recomendación y vuestro compromiso en este tema tan delicado”, destaca Crysol, en su carta dirigida al GVJ.
El coordinador del grupo, Felipe Michelini, dijo a la diaria que “no hay dudas” de que debería recurrirse al artículo 25 e iniciar un juicio civil a los militares que “actuaron con dolo” para que “tengan responsabilidad patrimonial”. “Y en este caso [el de los crímenes de la dictadura] se podría argumentar razonablemente que actuaron con dolo”, acotó Michelini, y sostuvo que se trata de un “tema de igualdad en las cargas públicas”. “Todos nos hacemos cargo como sociedad a través del Estado de reparar un daño, pero aquel que actuó con culpa grave o dolo debería contribuir más”, afirmó.
Otra propuesta del grupo es entender la reparación monetaria como un derecho que tienen las víctimas de la dictadura en todos los casos, independientemente de si perciben ingresos por otro motivo (actualmente, si superan determinados ingresos, no pueden percibir la pensión reparatoria). “Desde el punto de vista conceptual, es claro que lo reparatorio no es una cuestión de prestación de seguridad social”, afirmó Michelini.
Ayer el GVJ se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para proyectar el trabajo de los próximos meses. Michelini aseguró que el presidente les expresó su “respaldo total”. “Está consustanciado con la causa, apoyando en lo que se pueda hacer”, señaló el coordinador del grupo. Sobre el resultado del juicio en Italia por el Plan Cóndor, Vázquez sostuvo en la reunión que hay que esperar los fundamentos del fallo y llamó a realizar un seguimiento cercano de las instancias de apelación.
Por otra parte, ayer Presidencia informó que Mario Cayota, quien fue embajador uruguayo ante el Vaticano, fue designado para revisar los archivos de la sede católica sobre la dictadura uruguaya y que los trabajos comenzarán en estos días.
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2) Lluvia de reclamos de los militares contra el IASS
Daniel Isgleas (El País)
Pasivos castrenses y civiles buscan interpretar el art. 67 de la Constitución.
Cientos de juicios por inconstitucionalidad contra el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) han sido presentados ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por retirados militares, dijeron a El País miembros de esas organizaciones sociales. Se trata de personas que en el año 2011 no formaron parte de un grupo de más de mil reclamantes por la misma causa, que ahora tomaron la decisión de hacerlo. En diciembre de 2016 se presentaron unas 400 carpetas con el reclamo y ahora, a partir de la reanudación de la actividad judicial, se sumarán unas 300 más, dijo a El País el presidente del Centro Militar coronel retirado Carlos Silva.
Los reclamantes son representados por el exvicepresidente blanco Gonzalo Aguirre. Los recursos «son por la inconstitucionalidad del IASS», confirmó a El País el general retirado Hebert Fígoli, que es el coordinador de las entidades militares que reclaman contra la aplicación de un nuevo impuesto sobre sus pasividades como quiere el gobierno para reducir el déficit operativo del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM), llamado Caja Militar.
Los retirados pertenecientes a estos clubes de oficiales retirados y en actividad están «expectantes» por la posible reanudación de los intentos del Ministerio de Economía por aplicarles un impuesto que grave sus pasividades. Ellos protestan y reclaman ante la SCJ porque consideran que no se puede gravar dos veces el mismo bien, que es su pasividad. «Seguimos la estrategia de considerar que hay una inconstitucionalidad por la doble imposición. Redoblaremos esfuerzos si se insiste con esto», anunció Fígoli.
En la reunión que el presidente Tabaré Vázquez celebró son sus ministros en la estancia de Anchorena el fin de semana pasado, el ministro de Economía Danilo Astori reiteró la necesidad de que el Senado apruebe el impuesto a las pasividades militares, dado que su cartera cuenta con los US$ 40 millones que reportaría a las arcas del Estado.
Astori dijo que enviará en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de ley de reforma de la Caja Militar por lo que los legisladores podrían aunar ambas iniciativas lo que facilitaría que el impuesto sea aprobado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo perdió la mayoría parlamentaria, explicaron a El País participantes del encuentro. A mediados de enero, Astori había insistido en reclamar que el Parlamento apruebe el proyecto de ley que dispone la aplicación de un impuesto a los retiros y pensiones que cobran los militares.
La iniciativa es rechazada por blancos y colorados y el diputado independiente Gonzalo Mujica ya anunció que no cambió su posición y por lo tanto no votará el impuesto. Tampoco lo hará Unidad Popular. El vicepresidente del partido que tiene una banca en Diputados, Gonzalo Abella, dijo a El País que el sector del diputado Eduardo Rubio está «a favor de la reestructura militar y en contra del doble impuesto al salario de los militares porque hay convicción de que es inconstitucional».
El proyecto está en comisión del Senado. Y fue retirado de la agenda sobre fines de 2016 para evitar que se aprobara en el Senado y fracasara en Diputados. A su vez, el coronel Silva contó a El País que hay una «movida» de organizaciones de retirados militares y de otras asociaciones de jubilados y pensionistas del ámbito civil para promover una ley interpretativa del alcance del artículo 67 de la Constitución.
El mismo establece que «las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc.; y a sus familias, en caso de muerte, la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales».
Lo que los retirados pretenden aclarar es el alcance de la parte donde dice que el Estado deberá garantizar «retiros adecuados», lo que consideran que no se cumpliría si se les aplicara el impuesto que Economía pretende, explicó Silva. Esos sectores recolectan firmas para convocar a un plebiscito con el fin de interpretar el artículo 67 de la Carta Magna.
LOS NÚMEROS DE LA REFORMA
Déficit.
Desde hace un tiempo, el Poder Ejecutivo piensa en la reforma de la llamada Caja Militar, como se la conoce, porque anualmente demanda una financiación de unos US$ 400 millones de Rentas Generales. Por eso, como primer paso, se intenta la creación de este impuesto que afectará a los retiros y pensiones y cuyo objetivo es equilibrar las finanzas del Servicio antes de reformarlo, algo en lo que el gobierno piensa llevar adelante a futuro.
Caja.
El gobierno piensa recaudar por este impuesto unos US$ 40 millones anuales. Según los cálculos, la tasa gravaría a unos 5.000 pasivos que perciben mensualmente más de $ 50.000 por concepto de haber de retiro.
Dos por uno.
En Uruguay hay actualmente 53.197 retirados militares y solamente 27.247 cotizantes, lo que equivale a dos pasivos por cada activo.
Progresivo.
El subsecretario de Economía Pablo Ferreri dijo en el Parlamento que el impuesto a los retirados busca generar una reducción del 10% del déficit y afectará solo al 20% de los pasivos. Ese 20% tendrá tasas progresivas que van del 2% al 20%.
Aporte.
Según Ferreri, actualmente el Estado aporta US$ 700 por cada jubilado de la Caja Bancaria, US$ 1.600 por cada jubilado del BPS, US$ 3.500 por cada jubilado de la Caja Policial y US$ 8.100 por cada jubilado de la Caja Militar.
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3) Chediak considera que hay “dificultad” para avanzar en causas de la dictadura por “el tiempo que ha pasado”
(La Diaria)
Solucionar el conflicto salarial con el Poder Ejecutivo e implementar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) serán las dos prioridades del ministro Jorge Chediak en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En una ceremonia pletórica de autoridades gubernamentales, parlamentarias, judiciales y militares, en la que también participaron los ex presidentes de la República Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, Chediak asumió ayer la titularidad del máximo organismo judicial, que ejercerá hasta el año próximo. En la entrada de la sede de la SCJ, un grupo de militares desfilaron bajo los acordes de la marcha militar “25 de agosto” -la que sonaba antes de cada comunicado de la dictadura militar- y de la marcha “Mi bandera”, para rendir homenaje al nuevo presidente de la SCJ.
Tras la ceremonia, Chediak convocó una conferencia de prensa en la que afirmó que lo que más le preocupaba a la SCJ era la salida del diferendo salarial con el Poder Ejecutivo y dijo que es “muy optimista en que este larguísimo diferendo, que debe ser para el Libro Guinness de los récords, se pueda terminar este año”. En 2010, el Poder Ejecutivo resolvió aumentar los sueldos de los ministros del Estado, sin notar que estos estaban enganchados con los salarios de los funcionarios del Poder Judicial. En diciembre del año pasado, el Poder Ejecutivo acordó con los jueces pagar de ahora en más el aumento que reclamaban, y además hacer un pago retroactivo desde diciembre de 2012 a 2016 de 16,4%, que se hará efectivo en dos cuotas, en 2017 y 2018. Esto implicará un desembolso de 9,5 millones de dólares. Chediak destacó que 93% de los jueces se acogieron a esta solución y firmaron un compromiso de no iniciar acciones judiciales contra el gobierno.
El Ejecutivo también acordó una fórmula de pago con los fiscales y los defensores públicos, y le resta acordar con los actuarios y con los funcionarios judiciales, “a quienes se les ha hecho una propuesta más beneficiosa que la que se hizo a jueces, fiscales y defensores”, sostuvo Chediak. Los funcionarios resolverán el 8 de febrero si aceptan la propuesta del gobierno. El nuevo presidente de la SCJ sostuvo que el conflicto salarial es una “amenaza, una espada de Damocles que estaba pendiente sobre el CPP”, ya que “sin los técnicos y funcionarios no podemos poner en funcionamiento” el nuevo código, señaló.
Nuevas lógicas
La implementación del nuevo CPP, a partir del 17 de julio, también será una prioridad de la presidencia de Chediak. El ministro dijo que el actual código, “que se aprobó en la dictadura, no es malo, pero es absolutamente demodé, incumplidor del estándar mínimo de protección de los derechos humanos”. Sostuvo que el nuevo permitirá tener una Justicia penal que dé garantías, ya que la actual “no es transparente”. “La Justicia penal no es transparente, nadie entiende mucho cómo funciona. Y cuando se ve que entre rapiñas parecidas, unas terminan en procesamiento con prisión y otras en un emplazamiento, que no se sabe qué es, y no hay una explicación de qué paso, esa opacidad genera desconfianza en el funcionamiento del sistema”, consideró Chediak.
Agregó que el nuevo código permitirá una mayor celeridad en las condenas. Aseguró que aunque actualmente más de 85% de los delitos son flagrantes, la condena llega en promedio 18 meses después, y se condena “con exactamente la misma prueba que teníamos a las 48 horas”. El objetivo es llegar a una sentencia en un plazo de uno o dos meses en promedio, explicó el jerarca. Por otra parte, anunció que se incorporarán al Poder Judicial 60 defensores y 30 magistrados.
Chediak comentó que los actores judiciales deberán adquirir experiencia en la litigación oral y también vestirse de manera más formal, porque las audiencias serán públicas. “Hay otro código de vestimenta, no se puede ir totalmente descontraído. El juez no puede ir con la corbata desabrochada, los abogados no pueden ir de campera, la actitud no puede ser la misma. Y la dinámica es distinta porque es más rápida”, apuntó el ministro.
Además, afirmó que puede haber “problemas de coordinación”, porque “la Policía tiene claro que recibe órdenes de los jueces penales, pero nunca ha recibido órdenes de los fiscales”. Según el nuevo código, la función de investigación estará a cargo de los fiscales y no de los jueces, como sucede actualmente. La SCJ coordinará con la prensa un protocolo para preservar las identidades de víctimas, testigos y victimarios en el juicio.
El nuevo presidente también comentó que se seguirá esperando la aprobación de un nuevo Código Penal. Recordó que este iba a aprobarse en 2014, pero entonces “surgió el problema [de la tipificación] del femicidio, y eso, que seguramente sea una cosa buena, tiene un epifenómeno que no es bueno, y es que el código no salió”. Se refería a que en diciembre de 2014, un grupo de organizaciones feministas y vinculadas a grupos de defensa de los derechos humanos hicieron pública una carta en la que denunciaban que el proyecto de nuevo Código Penal significaba un “retroceso” en la agenda de derechos y conservaba “una raíz androcéntrica y patriarcal que contribuye a la reproducción de las desigualdades”. La bancada del Frente Amplio resolvió frenar la aprobación de la iniciativa, que ya había sido votada por la Cámara de Senadores, y ahora el proyecto permanece a estudio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Cosas del tiempo
El Parlamento tiene a estudio un proyecto de ley que crea una fiscalía especializada en los crímenes cometidos en la dictadura de la década de 1970. Chediak dijo que no tiene “observación ninguna” al respecto; en cambio, afirmó que en su momento objetó la creación de un juzgado especializado en el tema. “Lo que señalamos es que eso violaba el principio de juez natural: no se puede crear un juzgado especializado después de generados los hechos, se puede crear lo que uno quiera para el futuro, pero para hechos pasados no, por el principio de juez natural”, argumentó. Respecto de la falta de avance en estas causas, Chediak opinó que se trata de temas que “no son fáciles”. “Creo que quienes han estado en los últimos años en las sedes penales con este tipo de causas tienen ese sentimiento de la dificultad para avanzar en esta temática, sobre todo por el tiempo que ha pasado. A veces la voluntad política va creciendo con el transcurso del tiempo, pero la posibilidad material de investigar va decreciendo”, evaluó.
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4) Salario real “no creció tanto”, según el PIT-CNT
(180)
El salario real no creció «tanto» como informó el INE sino que hubo «una desaceleración fuerte del salario real que venía creciendo en tasas de 3 o 4%», dijo a No toquen nada el economista del Instituto Cuesta Duarte, Hugo Bai.
En 2016 el dato de diciembre de aumento del salario real fue de 0,4% por debajo del 3,5% con el que había cerrado 2014. La evolución podría verse como una recuperación del ritmo de crecimiento del salario. Sin embargo, Hugo Bai, economista del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, explicó a No toquen nada que si se observa el promedio de aumento en el año el crecimiento del salario real fue superior al 3% en 2014 pero se desalaceró a menos de la mitad en 2015 y 2016.
«Para la medición del salario real preferimos manejarnos con la comparacón de promedios, que evitan una volatilidad muy fuerte que tiene la medición interanual, que solo compara diciembre contra diciembre del año anterior, y lo que nosotros hacemos es comparar todo lo que ocurrió en 2016 contra los 12 meses del 2015», señaló.
«El aumento del salario real se ubica en el entorno del 1,6% y es similar al del año 2015. Nos parece que esa medida muestra mejor lo que ha venido pasando con el salario real en el sentido de que ni había crecido tan poco en 2015 ni ahora creció tanto como un 3,3% sino que en realidad lo que hemos tenido es una desaceleración fuerte del crecimiento del salario real», afirmó.
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5) La guerra de Aguerre
Lucas Silva y Marcelo Pereira (La Diaria)
Columna de opinión.
Empecemos por lo más importante: en la conferencia de prensa que realizó ayer el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, para referirse a la información publicada por la diaria el lunes 30, no desmintió absolutamente nada, y no podría haberlo hecho porque esa información es cierta. Las afirmaciones que Aguerre hizo acerca del modo en que se integra el fondo arrocero, los requisitos para acceder a sus préstamos y el papel del MGAP en la adjudicación de estos ya estaban en la nota de Santiago Sánchez.
Que Aguerre sea “beneficiario” de ese mecanismo -el término entrecomillado se utiliza en la resolución del MGAP, no es una licencia periodística- plantea un problema ético y también uno político, porque involucra el modo en que el oficialismo afronta las cuestiones éticas relacionadas con el ejercicio del gobierno. O sea, entre quiénes, de qué modo y con qué grado de transparencia se considera que hay que considerar esas cuestiones y fijar criterios para resolverlas.
Aguerre aseveró que no hubo en este caso conflicto de intereses ni dilemas éticos, pero no por ello se debe descartar la existencia de tales conflictos y dilemas. El fondo arrocero, como bien explicó Santiago en su nota, es administrado por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y otro del MGAP. Este último ministerio, además, tiene a su cargo el contralor de la aplicación de la norma que creó el fondo, debe asegurar el cumplimiento de sus objetivos y puede sancionar a los productores que incumplan sus disposiciones. Dado que el ministro Aguerre cuenta con todas esas potestades y que el productor arrocero Aguerre es uno de los beneficiarios, ¿se puede concluir ligeramente que no hay nada discutible? Es una opinión respetable (y esperable de un involucrado), pero no la compartimos.
Durante su desempeño como ministro, Aguerre fue beneficiario del fondo en dos ocasiones: en 2014 se le otorgaron 84.934 dólares y ahora, en el segundo préstamo -tampoco es una licencia periodística, dijo “préstamo” el director de Rentas, ante una consulta efectuada el 20 de enero acerca de las características del fondo-, 180.978 dólares. Ninguna de las dos resoluciones llevó la firma de Aguerre; se hizo responsable de ellas el subsecretario Enzo Benech. Ayer, cuando le preguntaron al respecto, el ministro dijo que en la primera ocasión estaba de viaje, y en la segunda, de licencia. Es un dato llamativo cuando se asegura que esas decisiones no tenían nada de conflictivo.
Durante la conferencia de prensa, con una soberbia indeseable en un jerarca del Estado, Aguerre, además de descalificar todo el proyecto periodístico de la diaria, le recomendó a nuestro compañero Santiago Sánchez que leyera un poco más, y en particular le recomendó el libro El hombre mediocre (1913), de José Ingenieros. En realidad, “el hombre mediocre” del que habló Ingenieros es el que forma parte del rebaño y no cuestiona lo establecido; o sea, alguien que sería muy mal periodista, porque no se le ocurriría poner en duda los actos de un ministro, pero no parece que Aguerre se refiriera al contenido de la obra, sino que sólo mencionó su título en un intento de descalificar a Santiago. En todo caso, fue una falta de respeto hacia un trabajador que no queremos dejar pasar. Es improcedente que un gobernante reaccione así, desde su posición de poder, cuando se siente expuesto.
En el degradado intercambio que está tomando el lugar de los debates políticos, se tiende a olvidar las diferencias entre información y opinión, o entre lo verificable y lo que no lo es: sólo hay mensajes, asumidos como recursos en una batalla para formar opinión, con miras a fortalecer la posición propia y descalificar a las demás. Ojalá Aguerre comprendiera que aquí no hay una maniobra para combatir las orientaciones que ha llevado adelante desde el MGAP o para perjudicar su futuro político: sólo se trata de periodismo.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 3 DE FEBRERO DE 2017
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