¿POR QUÉ URUGUAY SOLICITÓ INTEGRARSE AL TIFA?

1) ¿Por qué Uruguay solicitó integrarse al Trade in Services Agreement?

2) Una ojeada al uno por ciento

3) Naciente fondo monetario del BRICS puede repetir inequidades

4) El ‘fracking’ produjo miles de terremotos en EEUU

5) Los miedos de Aquafed, el principal lobby europeo del agua
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que
niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo
hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese
monopolio es central.” Emir Sader
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1) ¿Por qué Uruguay solicitó integrarse al Trade in Services Agreement?
Antonio Elías (Voces)

El 2 de mayo la Agencia EFE informó, desde Bruselas, queel comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht manifestó que "La Unión Europea celebra el interés de Uruguay por unirse a las negociaciones del TISA y respalda firmemente su participación de ahora en adelante". Afirmó, además, que el ministro uruguayo de Exteriores, Almagro Lemes, ha garantizado que su país "comparte los objetivos de las negociaciones del TISA" y que "respetará los resultados de la negociación logrados por otros participantes si se une" a ellas. Y continuó De Gucht "La Unión Europea y Uruguay esperan trabajar juntos para lograr un acuerdo ambicioso y abierto".

En el mismo informe de EFE se señala que Uruguay en septiembre del año pasado envió su solicitud para participar, algo que la Unión Europea espera que se concrete "rápidamente".

Inmediatamente surgen varias preguntas: ¿Qué es el TISA? ¿Quiénes lo integran? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué instrumento se han acordado hasta ahora? ¿Qué beneficios puede tener para el país este acuerdo? ¿En qué ámbito del Frente Amplio se resolvió la solicitud de integración al TISA? ¿Por qué este tema no es de conocimiento público?

1.- Saber que es el TISA (Trade in Services Agreement) no es una cosa fácil en la medida que lo que se está discutiendo entre los países que participan es secreto aunque existen, al menos, dos fuentes de información importantes que se utilizan en esta nota. El primero, es un informe especial de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), difundido el 28 de abril, titulado “El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa” (1); el segundo, que fue divulgado por WikiLeaks el 19 de junio, es el proyecto de anexo correspondiente al sector de servicios financieros (2).

A partir de esos documentos podemos decir que las conversaciones secretas para constituir este acuerdo comenzaron a principio de 2012, se oficializaron en marzo de 2013 pero lo que se está negociando sigue siendo secreto y que actualmente van en la séptima ronda de negociaciones. Si bien cualquier miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) puede integrar el TISA, el mismo se negocia al margen de la OMC evitando así que se discutan los reclamos históricos de los países más pobres, entre otros, la eliminación de los subsidios agrícolas que utilizan como política proteccionista los países centrales.

Los estados que actualmente elaboran el acuerdo son Australia, Canadá, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Paquistán, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, los 28 miembros de la Unión Europea y siete países de América Latina: Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. En 2013 solicitaron participar de las negociaciones China y Uruguay.

No es menor señalar que cuatro de los países latinoamericanos que integran actualmente el TISA confluyen en la “Alianza del Pacífico”, estos son Chile, Colombia, México y Perú, los cuales, al igual que Costa Rica, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos.

Queda claro, entonces, que en el marco de la crisis económica mundial continúa el proceso de eliminación de fronteras y de regulaciones. A pesar de que en 2005 se rechazó el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), el proceso impulsado por los Estados Unidos sigue avanzando de múltiples maneras, sea tanto a través de tratados bilaterales de libre comercio y de protección de inversiones, como en nuevas iniciativas regionales. Cabe preguntarse, entonces, por qué el gobierno uruguayo recorre el camino de los países más comprometidos con los intereses del capital y no el de los gobiernos progresistas que luchan por construir caminos alternativos.

2.- El objetivo de este acuerdo es liberalizar el comercio y la inversión en servicios, y aplicar normas regulatorias favorables al capital en todos los sectores, incluyendo servicios públicos. Con este nuevo acuerdo las Empresas Transnacionales buscan superar las limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) firmados en 1995, como parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El acuerdo incluye todos los sectores relacionados con los servicios, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la logística y el transporte, construcción, suministro de energía, distribución del agua, contabilidad, marketing, publicidad, el sector bancario y de seguros, educación, salud y mucho más.

Las negociaciones del TISA son parte del proceso de cambios institucionales impulsados por los países centrales para reducir al mínimo las fronteras económicas, los sistemas de regulación que protegen el desarrollo productivo nacional, los derechos de los trabajadores y la existencia de empresas públicas, todo lo cual facilita la penetración de las Empresas Transnacionales, principales beneficiarias de los tratados de libre comercio y de protección recíproca de inversiones.

El TISA es el resultado de la presión sistemática de las corporaciones de servicios a través de grupos de presión como, principalmente, la “Coalición de Industrias de Servicios” de Estados Unidos y el “Foro de Servicios Europeo”.

A título de ejemplo véase la posición de la “Coalición de Industrias de Servicios”, la cual sostiene que “Algunas barreras al comercio de servicios incluyen: movimiento limitado de información a través de las fronteras, competencia injusta de empresas estatales, falta de transparencia y debido proceso además de derechos de propiedad y discriminación en la obtención de licencias y permisos que favorecen a las empresas locales. Por lo cual un acuerdo de servicios internacionales tiene el potencial de crear condiciones de comercio que permitan a las industrias de servicio alcanzar su máximo potencial. El TISA puede ser una de las más importantes contribuciones económicas de este siglo para los Estados Unidos y el mundo.”(3)

La Unión Europea, interpretando los intereses del “Foro de Servicios Europeos”, ha defendido que las negociaciones vayan más allá de la mera apertura de sus mercados de servicios y que sirvan asimismo para desarrollar nuevas normas comerciales en esta área. Considera el comercio de servicios de una "importancia estratégica", dado que el sector acumula unos tres cuartos del PIB y de los empleos de la Unión Europea.

Estas normas tienen como objetivo conceder a los proveedores extranjeros acceso libre en condiciones no menos favorables que las de los nacionales y restringir la capacidad de los gobiernos para mantener o adoptar normas proteccionistas. Lo cual podría cambiar en forma drástica la regulación de los servicios públicos que sustituirían las “regulaciones estatales” por las “leyes del mercado”. El interés de lucro de las corporaciones privadas extranjeras se impondría sobre el interés social.

3.- Los principales instrumentos del TISA buscan promover la inversión privada en todos los sectores, así como perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones ya realizadas. A esos efectos se propician fusiones y, adquisiciones de empresas locales y la eliminación de aquellas regulaciones que ponen límites a la penetración transnacional, asegurando a estas empresas un mayor control y extracción de ganancias de las economías nacionales y la economía mundial.

Reseñando nuevamente, los principales objetivos que buscan los países centrales con este acuerdo son: a) Libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) Trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) Trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen tres “blindajes”:

– uno, el “statu quo”, que “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos” (4). Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado.

– dos, las “disposiciones de trinquete”, que implica que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos” (5). Esto significa que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional. Si un gobierno favorable al capital toma medidas que eliminan regulaciones y liberan mercados, un gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales medianas o pequeñas no podría modificarlo.

– tres, en el artículo X.20: Arreglo de diferencias, la Unión Europea y los Estados Unidos, proponen que “el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia” (6). Lo que implica que las condiciones que se establecen serán reguladas y arbitradas, como en todos los acuerdos internacionales por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país y librando los resultados de las controversias al interés de los sectores dominantes. Existen múltiples experiencias que demuestran que estos tribunales, tales como el CIADI, favorecen los intereses de las Empresas Transnacionales en detrimento de los Estados que reciben las inversiones.

Además el TISA establece por definición que todos los mercados existentes son parte del mismo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TISA. En contraste con el Acuerdo General de Comercio y Servicios, aprobado en 1995, que les permite a los países elegir cuáles servicios quiere liberalizar en lo que se denomina “lista positiva”.

4.-Este acuerdo que libera el comercio de servicios reducirá la soberanía nacional, porque se perderá control de la economía y se afectará la democracia, porque los acuerdos adquieren carácter supra constitucional. Los inversores extranjeros obtendrán de esta forma protección respecto a las reglamentaciones restrictivas del “libre” comercio, no importa si las mismas estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, seguridad pública, estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios. Los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, también podrán ser puestos en cuestión generando un deterioro significativo los mismos.

El TISA, además, debilita la posibilidad de mantener y ampliar un sistema de empresas públicas, que actualmente se caracteriza por: preservar la soberanía nacional en importantes ámbitos económicos; ser democrático en tanto depende plenamente de la legislación nacional; mantener en manos del estado servicios que atienden las necesidades sociales; prestar servicios universales de alta calidad para la población.

Téngase en cuenta que si bien “el texto básico del TISA excluye los servicios suministrados ‘en ejercicio de facultades gubernamentales’ del ámbito de aplicación del acuerdo. (…) los servicios prestados en el ejercicio de dichas facultades están estrictamente definidos como ‘todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios”. (7) Lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos que presta el estado uruguayo quedarían incluíos en la liberalización del TISA.

Con la información de la que se dispone hasta el momento cabe preguntarle al Frente Amplio, al gobierno y, en particular, al Ministro Luis Almagro: ¿Qué es lo que motiva a Uruguay a vincularse a este engendro que es el TISA y cuáles serían las ventajas para el país, los trabajadores, su gente en general si se limitan en forma dramática las potestades de decidir del gobierno y la soberanía del país todo?

Antonio Elías
Docente universitario, asesor sindical y miembro de la REDIU.

(1) Elaborado por Scott Sinclair del Centro Canadiense de Alternativas Políticas y Hadrian Mertins-Kirkwood del Instituto de Economía Política de la Universidad de Carleton.
www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos
(2) wikileaks.org/tisa-financial/. Publicado el 19 de junio de 2014.
(3)servicescoalition.org/negotiations/trade-in-services-agreement
(4)“El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”, p.14.
(5) Idem, p. 14.
(6) Trade in Services Agreement (TISA),Financial Services Annex, WikiLeaks release: June 19, 2014, p. 16.
(7)“El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa”, p.6.

LUNES 14 DE JULIO DE 2014 – COMCOSUR
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2) Una ojeada al uno por ciento
Raúl Zibechi (La Jornada)

La crisis actual está profundizando la polarización social y económica entre un pequeño puñado de multimillonarios y buena parte de la humanidad que se hunde cada vez más en la pobreza y la desesperación. Los ricos son cada vez más ricos, algo que sabemos por decenas de trabajos que se han venido difundiendo en los últimos años. Sin embargo, los ricos de la acumulación financiera son diferentes a los de otras etapas del capitalismo, cuando la hegemonía correspondía al capital productivo.

Son perros de presa, "grandes predadores" como los definió Fernand Braudel. En este periodo de declive del imperialismo estadunidense y de caos geopolítico, han adquirido un perfil adicional: son guerreros, del tipo de los mercenarios despiadados de las peores guerras civiles; no acatan reglas ni tienen el menor respeto por los seres humanos. El economista Michael Hudson, quien los conoció de cerca, destaca que profesan valores feudales y pretenden retroceder a la servidumbre por deudas de la población trabajadora.

La tesis de maestría de Marco Bulhões Cecilio, que integra el equipo del economista brasileño José Luis Fiori (Poder global y geopolítica del capitalismo, en el marco de la Universidad Federal de Río de Janeiro), señala que "en el sistema financiero actual, los mayores ganadores son la élite de la clase dirigente y no los accionistas". Como hemos señalado en otras ocasiones, la burguesía se ha bifurcado entre los propietarios y los gestores del capital, que son los que toman las decisiones y están situados en los escalones donde fluye el dinero.

La tesis de Cecilio recupera el trabajo de Braudel en el periodo de "acumulación acelerada de riquezas", y somete algunas de sus tesis a severo escrutinio, entre ellas la que postula que la economía de mercado y el capitalismo son opuestos (www.poderglobal.net/category/ 3_teses-e-dissertacoes/).

Entre la clase de los gestores que se hacen con ganancias descomunales, pone de ejemplo algunos presidentes (CEO) de grandes empresas, que ganaron en plena crisis remuneraciones hasta de 162 millones de dólares, como Stanley O’Neal, de Merril Lynch. Es un caso excepcional, en un medio donde muchos ejecutivos ganan más de un millón de dólares anuales. En 2007, la empresa pagó bonos a sus ejecutivos por 4 mil millones de dólares y en 2008 las empresas de Wall Street pagaron 18 mil millones de dólares a sus ejecutivos, cuando el sistema financiero fue salvado por el gobierno.

Siguiendo con las remuneraciones, en 2014 la consultora Robert Walters estudió los salarios medios fijos de los ejecutivos en 27 países, en particular aquellos que tienen más de 12 años de experiencia. Sin incluir los bonos, después de la crisis de 2008 un director financiero (CFO) percibe 360 mil dólares anuales en Shanghai, apenas por encima de sus colegas en Nueva York y Londres. En São Paulo el mismo cargo recibe 250 mil dólares anuales. Los gerentes de contabilidad, situados en la parte baja del escalafón, obtienen en torno a los 100 mil dólares ( Valor, 12/2/14).

Pero hay una segunda cuestión tan importante como los ingresos. El perfil de este grupo indica que 80 por ciento son varones blancos, egresados de universidades de élite, preparados para una competencia feroz, que no tienen la menor fidelidad a nada que no sea ellos mismos. Una encuesta de la consultora brasileña Talenses, entre 620 ejecutivos de alto nivel de São Paulo, reveló que para los directores y gerentes el factor decisivo a la hora de decidir un lugar de trabajo es sentirse desafiados, y sólo en segundo lugar aparecen las remuneraciones y bonos (Asociación Brasileña de Recursos Humanos, 29/1/14).

Lo que más los motiva son los desafíos, la conquista de nuevos logros, el reto permanente para ir más allá. Cambian constantemente de empresa: sólo 6.6 por ciento de los entrevistados llevaban más de 10 años en la empresa, 29 por ciento entre dos y cinco años y 52 por ciento menos de dos años. El cambio de empresa es parte del desafío de estos ejecutivos que tienen entre 24 y 40 años. Los altos salarios buscan retenerlos.

Como señala Braudel, son personas que tienen el privilegio de poder escoger, libertad de movimientos, no se aferran a las actividades anteriores, no se especializan en una sola actividad, de modo que pueden entrar en juegos inaccesibles para los demás. Tienen acceso a información privilegiada que les permite, por un lado, eludir los controles, y por otro, apropiarse de las innovaciones que nacen casi siempre en la base de la sociedad, ahorrando las más de las veces en desarrollo tecnológico.

"Parasitismo de larga duración", le llamaba a esa actitud vital. Un parasitismo activo, destructivo, arrasador. Este modo de actuar, esta cultura empresarial, tiene enormes similitudes con la que promueven los think tanks militares. Hoy más que nunca, los ejércitos actúan como los CEO del sector financiero, y viceversa.

William McNeill, en La búsqueda del poder, sintetiza estas características de modo brillante: "Nuestros únicos macroparásitos significativos son otros hombres, que, al especializarse en la violencia, se muestran capaces de asegurarse la vida sin tener que producir por sí mismos el alimento y otros géneros que consumen" (Siglo XXI, 1988, Prefacio). Continúa destacando que los cambios en el armamento de los ejércitos se parecen a las mutaciones genéticas de los microorganismos para "abrir nuevas zonas geográficas de explotación, o destruir algunos límites mediante el ejercicio de la fuerza dentro de la propia sociedad que los cobija".

Capital financiero y fuerzas armadas (estatales o paraestatales) son los grandes parásitos-predadores que se comportan como plagas esquilmando a la humanidad. Es la lógica del uno por ciento, que no va a cambiar por voluntad propia. Como sabemos, con las plagas no se puede negociar. Se las frena o nos destruyen. Es necesario tener claridad sobre los modos del uno por ciento. Pero debemos reconocer que aún no tenemos una estrategia para frenarlos.

LUNES 14 DE JULIO DE 2014 – COMCOSUR
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3) Naciente fondo monetario del BRICS puede repetir inequidades
Mario Osava (IPS)
Las primeras instituciones comunes del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) son financieras y nacen como sucedáneo de reformas en un sistema internacional donde persisten desequilibrios de poder, ignorando el nuevo peso de los países emergentes. Pero el Acuerdo de Reservas de Contingencia (CRA, en inglés), el fondo monetario de los países del BRICS, también se creará con un desbalance en la composición de sus recursos, que puede repetir hegemonías corrosivas.

El CRA y un banco de desarrollo se establecerán durante la Sexta Cumbre del BRICS, que sostendrán sus cinco gobernantes en Brasil, el martes 15 en esta ciudad nororiental de Fortaleza y el miércoles 16 en Brasilia. El lunes 14 se realizarán reuniones preparatorias de ministros, empresarios y bancos centrales del grupo.

De sus 100.000 millones de dólares de fondos para socorrer alguno de los cinco miembros que sufra una crisis cambiaria, China aportará 41 por ciento, Sudáfrica, el socio menor, contribuirá con cinco por ciento y los demás con 18 por ciento cada uno. Los porcentajes reflejan el tamaño de la economía de cada país, pero en el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), el otro instrumento que se establecerá en la cumbre, la participación será igualitaria: 10.000 millones de dólares e igual poder de voto para cada miembro.

Esa es su gran diferencia en relación al Banco Mundial, de que es un espejo. “El NBD es democrático”, observó a IPS el investigador del Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales, Christopher Wood, en Johannesburgo. Es muy distinto también del CRA, donde China, como mayor país del grupo “tendrá probablemente una influencia desproporcional”, pero se puede esperar que el diseño de la institución evite un predominio, sostuvo Wood.

En negociación desde 2012, los acuerdos para la creación del banco de fomento y del mecanismo monetario están listos, solo pendientes de una revisión jurídica para la firma de los cinco gobernantes de los países del BRICS en Fortaleza, anunció el subsecretario general político del brasileño Ministerio de Relaciones Exteriores, José Alfredo Graça Lima.

BRIC, una sigla creada en 2001 por el economista estadounidense Jim O’Neill para indicar cuatro potencias emergentes que alteran el cuadro mundial, empezó a reunir sus jefes de Estado y de gobierno en 2009, componiendo “una coalición”, a la que se juntó Sudáfrica en 2011.

“Es distinto de un bloque”, que adopta políticas comunes de comercio y otros sectores, aclaran diplomáticos brasileños, ante observaciones críticas sobre las discrepancias entre países del grupo en distintos foros internacionales, sean económicos o políticos. Son países muy grandes, o “ballenas”, que se están conociendo mutuamente y que ampliaron su diálogo y ejercen “un papel positivo en la democratización de las relaciones internacionales”, definió Graça Lima.

Ya está en marcha la cooperación entre sus cinco países en más de 30 aéreas y sus sociedades también se acercan a través de foros, como el empresarial y el académico, destacó Flavio Damico, director del Departamento de Mecanismos Interregionales de la cancillería brasileña. Pero la demanda por más poder en las instancias económicas internacionales es el cemento que une al BRICS. El sistema financiero y político mundial tiene “congelada su estructura de poder y privilegios” desde 1945 y tendría que reformarse “para ajustarse a la realidad actual”, explicó.

El bloqueo de una reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el parlamento estadounidense estimuló a los países del BRICS a avanzar en soluciones propias. El CRA poco influirá en la economía mundial a corto plazo, pero “seguramente erosionará la centralidad del FMI a la larga”, evaluó Wood. Surge en un contexto en que persisten los efectos de la crisis financiera de 2008 y los “sistémicos desequilibrios perpetuados por las políticas monetarias de las economías avanzadas, como Estados Unidos y Unión Europea”, recordó a IPS en Nueva Delhi el economista Vivan Sharan, experto en el BRICS de Observer Research Foundation de India.

Con esa “red de seguridad monetaria” el BRICS señala su “menor nivel de dependencia con las instituciones de Bretton Woods, como el FMI, que necesita urgentemente una reforma estructural y de gobernanza”, evaluó. Pero, matizó, el grupo no pretende un reordenamiento económico global.

Pero el economista brasileño Fernando Cardim, profesor jubilado de economía en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, duda del éxito del CRA. Sus recursos serán insuficientes, ya que todos sus fondos no alcanzarían siquiera para defender a Brasil de una masiva fuga de capitales, arguyó a IPS. Además no evita potenciales conflictos internos, al tener China un peso dcisorio “similar o más grande aún que Estados Unidos en el FMI” y al ejercer el poder con menos sutileza, acotó.

En cualquier caso, las instituciones del BRICS no buscan substituir ni confrontar el FMI o el Banco Mundial. EL CRA tiene por fin “complementar”, como una “línea de defensa adicional” de los cinco países, en cuyo horizonte no aparecen amenazas a sus balanzas de pagos, según Graça Lima. Los recursos del FMI suman 937.000 millones de dólares, más de nueve veces los del CRA. Por ello, el Fondo seguirá siendo clave incluso para el CRA y otros mecanismos monetarios creados para enfrentar crisis financieras, matizó Wood.

La Iniciativa de Chiang Mai, un mecanismo similar adoptado por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático tras la crisis en el área del bienio 1997-1998 y que cuenta con el respaldo de China, Corea del Sur y Japón, exige que el país que necesita grandes préstamos recurra primero al FMI, ejemplificó. El NDB es menos polémico, aunque llega precedido de críticas de los activistas sociales y ambientales. Se espera que empiece a financiar proyectos de infraestructura y el desarrollo sostenible dentro de dos años, porque exige la aprobación parlamentaria de los países miembros.

Su capital inicial de 50.000 millones de dólares es limitado en comparación con las necesidades de los miembros del BRICS y otros países en desarrollo que podrán beneficiarse de sus créditos e incluso asociarse al banco. Es menos de lo que presta anualmente el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, de Brasil. El gobierno de India, por ejemplo, estima que la infraestructura nacional requiere un billón (millón de millones) de dólares en los próximos cinco años, la mitad a ser financiada por el sector privado.

Pero contar con nuevas fuentes de recursos es importantes porque los proyectos en esa área sufren graves problemas de liquidez, por depender demasiado de los bancos, ante “la inexistencia de un robusto mercado de títulos” en la nación asiática, señalo Sharan en Nueva Delhi. Sudáfrica “tiene mucho que ganar”, porque el foco del NDB serán los grandes proyectos de infraestructura, una carencia común en los países del grupo, con financiamientos de muy largo plazo, que escasean en otras instituciones, especialmente en el sector privado, destacó Wood en Johannesburgo. Además apoyará la preparación de los proyectos, que representa costos cuando aún no se tiene acceso al crédito.

El NDB está autorizado a doblar sus fondos, pero lo importante es que su cofinanciación de los proyectos opera como catalizador, al reducir riesgos y costos y así atraer recursos que abundan entre los inversionistas privados y los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo existentes en el mundo, según Wood y los diplomáticos brasileños.

Con aportes de Ranjit Devraj (Nueva Delhi) y Brendon Bosworth (Johannesburgo)

LUNES 14 DE JULIO DE 2014 – COMCOSUR
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4) El ‘fracking’ produjo miles de terremotos en EEUU
Nuño Domínguez (Materia)

Un trabajo con participación del Servicio Geológico de EEUU desvela una relación “probable” entre la inyección de agua residual en el subsuelo y un espectacular aumento de los terremotos en el estado de Oklahoma.

Un estudio científico en EEUU culpa a varias explotaciones de fracking de causar más de 2.000 terremotos en Oklahoma. Este estado destaca entre los que más operaciones tienen de fractura hidráulica o fracking en todo el país y ha experimentado un espectacular aumento de los seísmos en los últimos cinco años. Los geólogos han bautizado a la serie de terremotos como el “enjambre de Jones” por el nombre de la pequeña localidad cercana a la capital del estado donde, desde 2008, se han registrado 2.547 terremotos de magnitud tres o superior, casi uno por cada uno de sus 2.692 habitantes, según recalca la revista Science, que ha publicado hoy el estudio.

Hasta ahora ha sido difícil asegurar hasta qué punto las explotaciones de gas y petróleo que usan la fracturación hidráulica, o fracking, provocan seísmos, resalta el estudio. Este también parecía el caso del enjambre de Jones, pues el pueblo está a más de 20 kilómetros del pozo de fracking más cercano. Pero los nuevos datos muestran cómo la inyección de agua sobrante en el subsuelo que realizan las explotaciones de fracking generan una creciente presión subterránea que, en el caso de Jones, “probablemente” está causando el pronunciado aumento de terremotos.

Desde 2008, la zona ha pasado de experimentar una media de dos terremotos de magnitud tres o mayor al año a sufrir 145 en lo que va de 2014, todo un récord desde que hay registros. Dicho de otra manera, desde 2008 la zona ha multiplicado por 40 su número de seísmos, según el trabajo en Science.

Oklahoma registró en 2011 el que, hasta ahora, es el mayor seísmo relacionado con la inyección de fluidos en el terreno: un temblor de intensidad 5,7 que destruyó 14 casas y una autopista dejando dos heridos.

España también es uno de los focos de atención ante este problema. Un tipo de inyección en el subsuelo similar, pero con gas en lugar de agua, el almacén Castor, ha provocado una serie de terremotos en el área de Vinaroz, en Castellón. La explotación está paralizada, su concesionaria quiere desistir y es posible que el estado tenga que pagar una compensación millonaria a las empresas promotoras, lo que ha intensificado la polémica en torno a este tipo de explotaciones, en parte porque ni Gobierno ni empresas supieron comunicar a tiempo lo que cualquier experto sabe desde hace décadas, que este tipo de explotaciones puede provocar pequeños seísmos, la inmensa mayoría sin peligro.

El trabajo actual se centra en los llamados pozos de inyección que van asociados al fracking. Esta técnica consiste en la inyección de agua, arena y productos químicos a presión para romper la roca en el subsuelo y liberar el gas o el crudo que está impregnado en ella y que no sale si no se le empuja. En las explotaciones de petróleo, una vez la mezcla sale a la superficie es necesario separar los hidrocarburos del agua. Después, parte de los desechos se dejan en balsas para que se evaporen y otra parte va a esos pozos mencionados que inyectan el agua en capas profundas del subsuelo, una técnica común en las explotaciones de EEUU.

Pozo Garganta Profunda

El trabajo en Science, en el que ha participado el Servicio Geológico de EEUU (USGS), una agencia del Gobierno, es el primero que combina datos sísmicos con un modelo que calcula la presión ocasionada por la inyección de agua sobrante. Los resultados muestran que los terremotos de Jones coinciden con una creciente oleada de presión en el subsuelo achacable a cuatro de los mayores pozos de inyección del estado, a pesar de estar a unos 20 kilómetros. Estos pozos de inyección a gran escala llegan a necesitar 1.000 barriles de agua por cada uno de petróleo que se obtiene, según el estudio.

Los cuatro pozos en cuestión han sido bautizados con nombres como “Flower Power” y “Deep Throat” (Garganta Profunda). La empresa propietaria, New Dominion, ha dicho que el estudio se basa en “asunciones falsas”, según Science, pero se ha negado a responder preguntas.

Los autores abogan por aumentar los controles sobre este tipo de explotaciones. “En los pozos que inyectan agua a mayor escala sería deseable que hubiese un mayor control para determinar la presión del fluido y cómo se expande por el subsuelo”, explica a Materia Barbara Bekins, hidróloga del USGS. Es importante tener en cuenta que este problema no parece ser la norma, sino la excepción. En el estado de Oklahoma hay unos 10.000 pozos de inyección, resalta Bekins, y, por ahora, solo esos cuatro que funcionan con un mayor volumen de agua han resultado ser problemáticos, según el análisis.

Evaluaciones más estrictas

“Este estudio es importante porque cuantifica algo que ya se sabía”, opina José Martínez Díaz, geólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y experto en peligrosidad sísmica. “La relación entre las inyecciones y los microterremotos era conocida, pero hasta ahora no se sabía hasta qué magnitud llegaban esos terremotos”, comenta. “El problema”, añade, “llega cuando hay una falla activa, que es lo que ha pasado en Oklahoma y en Valencia con Castor”.

El trabajo alerta de que se trata de un fenómeno gradual y que si se ven afectadas fallas mayores son posibles terremotos de magnitudes más elevadas que podrían afectar incluso a la ciudad de Oklahoma, con una población de unos 600.000 habitantes.

“Este es un tema equiparable al cáncer, sabemos mucho, pero es mucho más lo que desconocemos, por eso es muy difícil predecir qué sucederá hasta que las explotaciones ya estén en marcha”, reconoce Luis González de Vallejo, catedrático de ingeniería geológica de la UCM. En su opinión, las evaluaciones necesarias antes de abrir una explotación de fracking deberían ser más estrictas a la luz de estudios como este y, sobre todo, dice, “ser encargadas a un organismo independiente, y no a la empresa que quiere la concesión como hasta ahora”.

Desde la asociación de empresas de fracking en España, Shale Gas España, señalan que la “reinyección no es una técnica que se vaya a utilizar en los proyectos de exploración de gas no convencional en España porque en nuestro país no existen este tipo de depósitos asociados a la producción de hidrocarburos”.

LUNES 14 DE JULIO DE 2014 – COMCOSUR
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5) Los miedos de Aquafed, el principal lobby europeo del agua
Pablo Elorduy (Diagonal)

Dos documentos enviados a la Comisión Europea por Aquafed, federación que une a Suez y Veolia, muestran su inquietud ante la iniciativa por el derecho al agua.

Hay palabras que se gastan con el uso y otras que nunca acaban de popularizarse. Si hablamos de la Unión Europea, lobby es el primero de esos casos y el neologismo “comitología” está en la segunda categoría. Dicen que el primer Conde de Romanones dijo aquello de “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, y eso da muestra de la importancia que tiene el desarrollo que sigue a una ley –o directiva, en el caso de la Comisión Europa–, en la que “expertos” o comitólogos, ponen la letra que acompaña a la música que propone la Comisión Europea.

Dos documentos enviados a la Comisión Europea por Aquafed, la federación internacional de operadores de agua privada, que agrupa a los dos gigantes internacionales del sector, Suez y Veolia, muestran el impacto que una Iniciativa Ciudadana Europea ha tenido a la hora de plantear cómo se gestiona y cómo se garantiza el derecho al agua en la Unión Europea. Pero la batalla del agua en Europa aún no se ha terminado, y a partir de septiembre se decidirá quién pone la letra al cambio de ritmo propuesto por la sociedad europea en una consulta sin precedentes que, a decir de Aquafed, tambalea las bases del Tratado de Lisboa de 2007.

Dicha iniciativa, que se cerró en septiembre de 2013, llegó a la Comisión Europea gracias a que más de 1.880.000 personas de los distintos Estados europeos pusieron su firma en una campaña, Right2Water (derecho al agua), que ha obligado a las instituciones a tomar en cuenta las demandas de la sociedad civil, especialmente de la Europa central, respecto al agua. Lo que se pretende con ella, según explica Pablo Sánchez Centellas, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, es conseguir una directiva vinculante que dé garantías sociales, como el acceso a un mínimo vital de agua por persona, y que ésta no se pueda cortar a personas en situación de pobreza.

La Comisión ha abierto un periodo de consultas a la ciudadanía, que comenzó el 23 de junio y terminará el 23 de septiembre, que se utilizará “como base para decidir si es necesario mejorar la Directiva 98/83/CE sobre el agua y qué aspectos en particular”. De este modo, la iniciativa ha acompañado un debate de actualidad en países como Alemania, donde el Ayuntamiento de Berlín optó por la remunicipalización del agua a pesar de que tendrá que pagar cuantiosas indemnizaciones, o Grecia, donde, en mayo, el Gobierno central prohibió una consulta sobre la privatización del agua impulsada por la ciudad de Tesalónica.

Aunque no se propone un único modelo, la iniciativa recoge los casos de aumento de tarifas tras el paso de un operador público a uno privado, así como la “trampa” de los cánones concesionales, el elemento “que más limita a los ayuntamientos”, según explica Eloi Badia, de la plataforma Aigua és Vida. Cánones que han supuesto la subida del recibo del agua, por medio de la “ingeniería en el recibo”, como la califica Badia, destinada a asegurar un beneficio que ronda, según los casos, entre el 10 y el 20% de la factura y que han servido también para usar el agua “como un activo financiero” de los ayuntamientos.

Como recuerda Badia, en las elecciones del 25 de mayo, cinco de los seis candidatos a la presidencia de la Comisión se posicionaron a favor del derecho al agua. Antes, en 2013, la sociedad civil obtuvo una victoria con la exclusión del agua y el saneamiento de la directiva de concesiones. Una retirada de calado, ya que, según se calculó entonces, el 50% de las concesiones afectaban al agua. Para Sánchez Centellas, esta decisión, que fue calificada como “vergonzosa” por Aquafed, llevó al principal lobby del agua a “activar su batería de vínculos en la Comisión Europea”.

El tono es distinto en los dos documentos enviados por Aquafed a la Comisión Europea, publicados por la organización Acces Info Europe. El primero, de fecha 31 de enero, es un análisis legal de la Iniciativa Legislativa Popular, de la que dice que puede llevar a procesos “opacos y discriminatorios”. Aquafed muestra su inquietud con la Iniciativa Legislativa Popular y recuerda en varias ocasiones que “la iniciativa no crea una obligación de actuar” sino que es una mera “invitación” y que “crearía un precedente peligroso que puede suponer la desintegración del mercado interno”. Además, instó a Eureau, una plataforma técnica a atacar la iniciativa, lo que generó una fuerte controversia, y los representantes de Aquafed denunciaron que la iniciativa es un “mecanismo de los lobbies del agua pública de Alemania”.

El segundo informe de Aquafed, en febrero, es un cambio de tercio ante la exitosa trayectoria de la iniciativa. Para Sánchez Centellas, es una muestra de que “la ola les sobrepasa”. Así, el informe considera que es “muy difícil interpretar” qué querían decir los casi dos millones de personas que firmaron la declaración cuando dice que “el suministro y mantenimiento de los recursos hídricos no debe sujetarse a las reglas del mercado interno y que el agua debe excluirse de la liberalización”.

En vista de eso, Aquafed ha optado por una jugada propia de la “comitología”, en primer lugar pide la inclusión del derecho humano al acceso al agua potable y sanitaria segura en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, algo para lo que se necesita mayoría en el Parlamento y unanimidad en el Consejo Europeo –lo que parece difícil dada la posición de Reino Unido respecto al acceso al agua–. Además, Aquafed pide la creación de un comité de expertos o “terceras partes” para el debate en el Parlamento y la Comisión.

Pero hay otro punto de apoyo para Aquafed y es que, aunque de momento el tema del agua se mantiene bloqueado en las negociaciones del acuerdo comercial entre EE UU y la UE (TTIP, por sus siglas en inglés), su liberalización puede reactivarse en el futuro. Esto acarrearía dificultades ya que las empresas tendrían derecho a exigir indemnizaciones por beneficios no obtenidos o ­demandar en un mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado a las localidades que opten por la remunicipalización de su servicio de aguas. Decisiones recientes como las del Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia), donde la presión ciudadana terminó con la concesión a Aquarbe, del grupo Agbar, o Montpellier, donde se ha remunicipalizado el servicio, dependerían aún más de las decisiones políticas de municipios, regiones y mancomunidades para mantener en un nivel de gestión democrático un recurso común y básico como el agua.

LUNES 14 DE JULIO DE 2014 – COMCOSUR
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en general las ideas de los que no disponen de medios de producción
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