COMCOSUR INFORMA
AÑO 15 – No. 1621 Jueves 12 de marzo de 2015
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014 – 20 años
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Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis) y Jorge Rossi Rebufello (Maceió)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
MÉXICO: Itzel Ibargoyen (México DF)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo)
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La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que la amanezcan todos. SUB COMANDANTE MARCOS
Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara. RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) AMÉRICA LATINA: ESTADOS REPRESORES ESTÁN EN LA BASE DEL CONTEXTO DE INSEGURIDAD
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó recientemente un informe que señala que, en el año 2014, América Latina sintió, profundamente, un aumento de la inseguridad y de los conflictos con práctica de violencia.
2) ARGENTINA: LLUVIAS DE FIN DE CICLO
Las grandes lluvias que cayeron en el centro del país y las inundaciones provocadas conforman una postal luctuosa que llega para socavar los buenos augurios de una cosecha que se anunciaba como récord. En medio, también, del llamado al paro de tres entidades de la Mesa de Enlace, solo con la abstención de la Federación Agraria. La discusión sobre las consecuencias del modelo agroexportador basado en el monocultivo.
3) URUGUAY: ANTE LA LEY
Vecinos de Neptunia y sus alrededores rechazan nueve procesamientos en una semana y persecución policial.
4) URUGUAY: COLONIZACIÓN CEDIÓ PREDIO EN VALIZAS A DEFENSA
El Instituto Nacional de Colonización (INC) entregó al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), en comodato por 30 años, una fracción de un predio en el paraje Rincón de los Olivera, ubicado entre los balnearios Aguas Dulces y Barra de Valizas, departamento de Rocha.
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1) AMÉRICA LATINA
ESTADOS REPRESORES ESTÁN EN LA BASE DEL CONTEXTO DE INSEGURIDAD
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional lanzó recientemente un informe que señala que, en el año 2014, América Latina sintió, profundamente, un aumento de la inseguridad y de los conflictos con práctica de violencia. Este contexto se agrava, especialmente, en las circunstancias de vulnerabilidad de las poblaciones de la región ante las redes criminales, que involucran, en muchos casos, la participación activa de los funcionarios públicos del Estado, que deberían garantizar los derechos de los latinoamericanos.
Para interpretar este contexto, Aditalentrevistó, con exclusividad, al politólogo y asesor de derechos humanos de Amnistía Internacional Brasil, Maurício Santoro. Él explica que existen puntos comunes entre las Naciones del continente—tales como la seguridad pública militarizada, las instituciones policiales marcada por la falta de transparencia, la impunidad y la represión selectiva a las minorías— estos son algunas de las razones que construyen el actual escenario.
Otro grave problema cada vez más presente en la región es la represión del activismo por los derechos humanos, que se manifiesta especialmente en la persecución a los militantes involucrados en la defensa de los recursos naturales de América Latina, a las minorías étnicas y sexuales. En este contexto, los Estados aparecen como represores de iniciativas populares, erosionando el espacio democrático en América Latina.
Por otro lado, Santoro, señala que los movimientos de derechos humanos en la región han conquistado más y más sofisticación y organización y han alcanzado mayor presencia en las instituciones públicas, una conquista reciente que ha llevado a más y más gente en las calles.
ADITAL- El informe recién publicado por Amnistía Internacional señala que en el año 2014 hubo un aumento de la inseguridad, los conflictos con violencia y la represión institucional en muchos países de América Latina, incluyendo Brasil, Venezuela y México. ¿Qué causas podemos observar en ese contexto de uso multilateral de la violencia y la falta de seguridad en la región?
Maurício Santoro-Existen varias razones, con diferentes pesos para cada país, pero uno de los puntos comunes es un modelo de seguridad pública militarizado, basado en el enfoque de la «guerra contra las drogas», con consecuencias muy negativas para los derechos humanos. Las fuerzas policiales de América Latina son, en general, las instituciones marcadas por la falta de transparencia, la impunidad y por varios episodios con la población más pobre, especialmente la de origen negro o indígena.
La región también destacase por un alto número de homicidios, de los cuales pocos son investigados en profundidad, terminando con el castigo a los responsables. Otra serie de problemas es una situación de persecución y violencia contra activistas pro derechos humanos, en particular aquellos cuya militancia se da en conflictos por los recursos naturales —tierra, minería— o la protección de las minorías étnicas y sexuales (véase la pregunta penúltima).
ADITAL – El Estado es señalado como represor de iniciativas populares. ¿Cómo viene realizando ese papel en los países latinoamericanos? ¿La democracia ha estado sufriendo por actuación de Estados truculentos de la región?
MS – Hay una erosión preocupante del espacio democrático en América Latina, impulsada por la represión de las protestas de parte de los Estados con intentos de criminalizar a activistas de derechos humanos y movimientos sociales.
ADITAL – Además de ese rol del Estado, ¿cómo éste colabora a la proyección y el mantenimiento de un contexto de inseguridad y violencia?
MS–Las políticas de seguridad pública de la región a menudo empeoran la situación de los derechos humanos, con la persistencia de detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos y desaparición forzada cometidos por policías y militares, en un contexto de gran impunidad. La forma de enfrentar la guerra contra las drogas lleva a violaciones cometidas contra los sectores más pobres de la población y discriminados, tratados como sospechosos por las autoridades, como ocurre con los pobladores de tugurios (favelas) y barrios de la periferia.
ADITAL – Para no generalizar en las afirmaciones sobre América Latina, ¿podemos señalar dónde las practicas apuntadas son observadas?
MS – Amnistía Internacional no elabora rankings de los derechos humanos en los cuales hay países, que supuestamente, tienen una situación, mejor o peor en comparación con los demás. Preferimos trabajar con casos individuales importantes. En este sentido, podemos señalar ejemplos de los dramas de los derechos humanos en América Latina: la desaparición de los 43 estudiantes en la ciudad de Iguala, en México; la persistencia del conflicto armado durante mucho tiempo en Colombia, con sus terribles impactos sobre la población civil; las múltiples masacres (Complexo da Maré [Rio de Janeiro], Belém do Pará, Cabula [Salvador]) ocurridas en Brasil; la persecución de líderes de la oposición en Venezuela; las consecuencias de la prohibición total del aborto en El Salvador y Nicaragua.
ADITAL- Sin embargo, ¿podemos decir que los movimientos sociales en defensa de los derechos humanos están más organizados?
MS-En comparación con el período autoritario, impresiona el nivel de desarrollo y sofisticación de los movimientos por los derechos humanos en América Latina; en gran parte, una conquista reciente, desde la democratización de la región comenzó a mediados de los 80.
ADITAL – ¿La población de la región está más en las calles?
MS-Sí. En los últimos años, hemos visto grandes manifestaciones en países como Argentina, Brasil, México y Venezuela, entre otros. Por desgracia, muy a menudo, estas protestas han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad, en una peligrosa erosión de las libertades democráticas.
ADITAL – ¿El debate sobre la defensa de los derechos humanos está ahoramás presente tanto en las instituciones públicas, como también en la sociedad civil?
MS – En gran medida, muchos países de América Latina, hoy en día, tienen Constituciones que dan gran espacio a los derechos humanos, las leyes sobre el tema han sido mejoradas e instituciones oficiales creadas para resolver algunas de las demandas en materia de derechos humanos. Sin embargo, hay varios puntos que siguen siendo muy frágiles, como la legislación sobre derechos sexuales y reproductivos —el tratamiento del aborto, la homofobia etc. En muchas naciones de la región, siguen impunes los crímenes de las dictaduras. Algunos líderes políticos incitan a la población contra los derechos humanos, fomentan la discriminación contra las minorías y tratan de aprobar leyes que restringen a los DD.HH.
ADITAL-¿Qué derechos humanos son violados en la región? ¿Podemos destacar el contexto político y económico que provoca esas violaciones?
MS-En nuestro informe, hemos enumerado una serie de casos de violaciones de los derechos humanos en América Latina, como las situaciones de violencia policial, represión a protestas, criminalización del aborto, persecuciones a defensores de DH, restricciones a la libertad de expresión, discriminación contra negros e indígenas, agresiones a los activistas LGBT [Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales]. Esas violencias fueron realizadas, incluso en el contexto de significativo crecimiento económico y de reducción de la pobreza en la región, en los últimos años.
ADITAL – Movimientos sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y comunicadores son blancos frecuentes de la represión institucional, ya sea por parte del Estado, sea del sector privado. ¿Este contexto todavía es silenciado para el resto de la población?
MS-Hay muchos intentos de silenciar a los defensores de derechos humanos en América Latina o de limitar su acción en pro de la sociedad. Esos ataques van desde condenas a su trabajo en declaraciones de las autoridades (con la intención de deslegitimarlos frente a la opinión pública), hasta actos de intimidación, amenazas y violencias. Crímenes contra ellos raramente son investigados y castigados.
ADITAL – ¿Cómo los movimientos sociales defensores de los derechos humanos deben actuar ante tales circunstancias?
MS-Nuestro trabajo consiste en exigir respeto de los derechos humanos por parte del Estado. Creemos que cada movimiento social debe elegir los caminos que consideran mejores.
Adital/ COMCOSUR INFORMA No. 1621 – 12/03/2015
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2) ARGENTINA: LLUVIAS DE FIN DE CICLO
Las grandes lluvias que cayeron en el centro del país y las inundaciones provocadas conforman una postal luctuosa que llega para socavar los buenos augurios de una cosecha que se anunciaba como récord. En medio, también, del llamado al paro de tres entidades de la Mesa de Enlace, solo con la abstención de la Federación Agraria. La discusión sobre las consecuencias del modelo agroexportador basado en el monocultivo.
Es una delimitación de los territorios de acción política y de las reivindicaciones particulares, bien distintas a las que enarbolan fundamentalmente los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas (Cra) y la Sociedad Rural. Esta primera separación desde la formación de la Mesa de Enlace (2008) en las medidas adoptadas marca dos modos diferentes de enfrentar la coyuntura y se inscribe en el revuelo político donde las circunstancias de crisis se intentan aprovechar para corregir los detalles fallidos de un modelo de producción que no se discute y que exhibe sus nefastas consecuencias y sus primeras limitaciones.
Las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, parte del corazón virtuoso de la pampa sojera exportadora, quedaron bajo el agua, provocando daños irreparables para cientos de familias, como si se tratara de una síntesis tétrica del proceso productivo que se desarrolló en esos territorios y que tuvo como elemento fundamental la desforestación ampliada de bosques y montes nativos, el allanamiento de los terrenos para el cultivo de cereales y la indiferencia absoluta –estatal y privada- respecto de las inversiones en infraestructura y conservación de bienes comunes.
El territorio ordenado y allanado
La catástrofe natural se dispara por la acción del hombre: las grandes precipitaciones cayeron ahí dónde el modelo productivo manifiesta su diseño organizativo. Entre los años 2011 y 2012 se liquidaron 10 mil hectáreas de bosques y montes nativos para el desarrollo de actividades ligadas al agronegocio. En 2013, Córdoba perdió cuatro mil hectáreas –entre 2006 y 2011, en la provincia se arrasaron 70 mil hectáreas de especies nativas-; Santiago del Estero, más de 84 mil. Si bien el ritmo de desforestación presentó detenimientos en los últimos años, la razón está más vinculada a variaciones especulativas en los inversores privados que a una mutación de la lógica que impera en la distribución de la geografía productiva.
Ese mismo 2013, el gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, dio movimiento al decreto 1.131 que había sido sancionado en octubre del 2012. De esa forma, contradiciendo el ambiguo concepto de “aprovechamiento sustentable” de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, de 2010, que permitía el avance de la ganadería sobre las áreas boscosas, el gobierno cordobés planteaba una disyuntiva con la legislación nacional: ese era el motivo manejado para no liberar los fondos federales correspondientes a la aplicación de la ley nacional de bosques. Sin ordenamiento territorial, Córdoba accedió al avance de las topadoras sin distinción entre zonas rojas, amarillas y verdes, categorizaciones establecidas en función del valor de la conservación y las restricciones para la actividad humana. Una postal que se resume en la destrucción de barrios y zonas sin agua potable, rodeadas de grandes emprendimientos inmobiliarios y barrios privados.
“El ordenamiento territorial se hizo para terminar de desmontar la provincia, y en eso avanzaron durante estos años. Luego (De la Sota) hace ese decreto, desprolijo, ya que no puede anular de esa manera una ley anterior. Y además observamos que antes de esa medida, aparecen picos de desmonte. Queda claro que hay connivencia entre funcionarios y productores”, decía Fernando Barri, biólogo docente de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Conicet.
La trama de intereses que determina las decisiones políticas en el centro de la ampliada pampa productiva queda en evidencia. El avance del capital privado vinculado a la gran producción sobre los territorios provinciales fue lográndose a partir de la delineación de un esqueleto institucional al servicio de sus necesidades: el Estado (nacional y provincial) en tensión permanente con los capitales productivos por el aprovechamiento de las grandes rentas exportadoras, de acuerdo en el mantenimiento de ese modelo productivo concentrado y agroextractivo, volcado a la provisión de materias primas al exterior, imparable en su generación de divisas.
Pastizales, edificios y villas miseria
En algunas ciudades de Santa Fe cayó en una semana la mitad del promedio de lluvias anuales. La inundación de las ciudades y pueblos confirma el fallo de los sistemas de desagües e inspira los mismos fantasmas de negligencia que la inundación de hace 13 años, bajo gobierno de Carlos Reutemann, un ícono de impunidad en la historia reciente de la provincia. No solo las obras de infraestructura estratégica nunca fueron realizadas, sino que se avaló un régimen de explotación de los recursos naturales que se volcó por entero al aprovechamiento de la rentabilidad sojera.
Durante este nuevo año legislativo, otra vez cobra vitalidad un proyecto -con media sanción del Senado provincial- para declarar el interés provincial en la conservación, defensa, preservación, mejoramiento, aprovechamiento y protección de los pastizales naturales que se encuentran bajo dominio público o privado.
Los pastizales del Cono Sur de Sudamérica, conocidos como “pampas”, ocupan una superficie de alrededor de un millón de kilómetros cuadrados e incluyen la jurisdicción de Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina. La mayor proporción de esa ecorregión se encuentra en la Argentina, con un 58% de los pastizales, cuya transformación y fragmentación implicó severos impactos sobre la biodiversidad y, consiguientemente, en las vidas de las poblaciones: las actividades llevadas a cabo transformaron un 68% de los pastizales de la región.
En esa zona, que aloja una población humana de 35 millones de habitantes, se da una densidad poblacional de 35 habitantes por kilómetro cuadrado -un nivel superior a la media de cada uno de los países-, las modificaciones y reformulaciones del mapa productivo repercuten en formas de acumulación de capital y, al mismo tiempo, en la imposición del hacinamiento en torno a las ciudades centrales donde circula y se concentra el dinero generado. El fenómeno de la migración interna, el amontonamiento en las periferias de las ciudades, el abandono de historias y tradiciones arraigadas a la tierra y los orígenes, el deterioro de las condiciones de vida en esos márgenes excluidos y las tensiones engendradas en esa dinámica de desplazamientos y usurpaciones, están anudadas a esa reconfiguración del panorama productivo: en las grandes ciudades de la región de pastizales (Porto Alegre, Buenos Aires, Montevideo y Rosario) se aglutina el 55% de la población; otro 30% se reparte en ciudades con más de 30 mil habitantes.
El enorme flujo de dinero ingresado a partir de las exportaciones de los productos del agro, el agua lo confirma, no derivó en inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de las ciudades, donde los barrios marginados crecen alrededor de grandes centros urbanos agigantados y embellecidos con el “boom” inmobiliario.
Agua que no ha de morir…
La intensa caída de agua hace estragos en los suelos que no cuentan con una justa cobertura vegetal: barre los nutrientes de la superficie y, sin encontrar absorción, se desplaza con violencia y provoca pérdidas irreparables en las poblaciones. La falta de previsiones, tanto en materia productiva como en los aspectos demográficos, genera un cuadro de riesgo permanente y consecuencias gravísimas en costos económicos y humanos. Más allá de la inevitabilidad de los fenómenos climáticos, las acciones específicas de los gobiernos y la apatía inversora de los agentes privados de la producción, contribuye a la profundización de la tragedia.
La erosión hídrica es un fenómeno que acontece particularmente en las tierras más fértiles de las zonas húmedas. Con sus efectos negativos sobre los rendimientos y la preocupación que instala en el sector (que discute alternativas de mayor fertilización, promovida por entidades vinculadas a las grandes empresas proveedoras de fertilizantes para conservar aumentando rendimientos) se agrega al cuadro de conflictividad que perturba al sector. Cuando el agua caída genera inundaciones, el deterioro del suelo se agrava por una mayor pérdida de nutrientes que se salinizan y compactan. Las intensas variaciones climáticas de los últimos años –con lluvias de 300 milímetros en pleno invierno, los intensos calores y sequías o violentas precipitaciones como las actuales- agregan un dato más al escenario de inquietudes y dejan en evidencia que la falta de reinversión en obras de infraestructura y medidas de sustentabilidad y buenas prácticas agronómicas –o la hegemonía de la lógica de la rentabilidad y el aumento productivo – llevan en germen su contradicción: es el mismo entorno natural el que plantea sus limitaciones.
Una lógica productiva que no solo se agota a sí misma en su propia expansión, sino que impone un marco de relaciones atadas a la dependencia exportadora y causa efectos catastróficos para las vidas de las poblaciones, que son las que pagan los costos de la gran producción concentradora.
Lucas Paulinovich / COMCOSUR INFORMA No. 1621 – 12/03/2015
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3) URUGUAY: ANTE LA LEY
Vecinos de Neptunia y sus alrededores rechazan nueve procesamientos en una semana y persecución policial.
Las Cumbres de Neptunia queda al norte de la ruta Interbalnearia, pocos metros al este del peaje de Pando. Predominan las colas de zorro y las calles que se han ido dibujando con el tránsito pero que todavía tienen pasto de base. Hay casas cada tanto. En una de ellas vive -vivía- Delma Castro, habitante del lugar desde febrero de 2014.
El martes 3 iba en moto a hacer un mandado cuando la detuvo la Policía y le pidió que la acompañara para ir a declarar. Preguntó si demoraría, porque de lo contrario iría a dejar la moto en su casa. Sin darle más información, le explicaron que estaba detenida. Los efectivos la acompañaron a dejar la moto. Ingresó a la Seccional 22ª de Salinas a las 13.30 y fue llevada al calabozo, donde quedó incomunicada hasta las 11.00 del miércoles. Fue derivada al Juzgado Letrado de Atlántida de 1er Turno y siguió incomunicada hasta que el juez Marcos Seijas le tomó declaración.
Castro, su esposo y sus dos hijos, de 19 y 16 años, se habían mudado a Las Cumbres de Neptunia un año atrás y construyeron una casa de madera en un terreno deshabitado, como hasta años atrás estaba toda la zona. El juez le preguntó la fecha en que había llegado al lugar. Ella no recordaba el día exacto, pero dio una fecha de febrero de 2014; paralelamente le tomaron declaración a su marido, quien también mencionó el mes de febrero, pero otra fecha. Pensaron que mentían y que era posible que no hubieran cumplido un año en el lugar. El dato era importante, porque entre las 48 horas de haber ocupado y la fecha en que se cumple el año se es ocupante precario; luego de transcurrido el año el ocupante adquiere el derecho posesorio del terreno. Aseguran que en esa situación se encuentra la mayor parte de las 150 familias que están en la mira.
A Castro y a su marido los procesaron sin prisión por delito de usurpación, y están estudiando el caso de su hijo mayor de edad. El lunes, el auto de procesamiento ordenó que desalojara la casa antes de las 24 horas, que se cumplieron ayer a las 16.00.
Sentados bajo la sombra de dos acacias estaba reunida ayer de tarde una treintena de vecinos de allí, del Remanso de Neptunia y de Neptunia; todos integran la Coordinadora de Vecinos contra los Desalojos, que incluyen también a pobladores de Marindia. En la última semana, nueve vecinos han sido procesados por delito de usurpación. “No somos usurpadores ni especuladores, no le arrebatamos el hogar a nadie, no le pedimos nada al Estado ni a los gobernantes, buscamos solucionar el problema de la vivienda desde el hacer cotidiano de los vecinos y no desde las políticas de arriba, vivimos en terrenos abandonados donde construimos nuestras casas y funcionan proyectos como plazas, comisiones de fomento, huertas, bibliotecas en donde creamos nuevos tipos de relaciones de convivencia comunitaria”, expresa un volante de la coordinadora. Señalan que algunos empezaron a pagar la contribución inmobiliaria, pero que todo quedó en suspenso cuando comenzó el proceso penal.
Denuncian “patrullajes continuos” y persecución policial con procedimientos inadecuados, como allanamientos sin orden del juez y por la noche. Según dijeron a la diaria, la Policía expresa que es por orden judicial pero nunca la exhibe, y cuando van al juzgado les dicen que la Policía actuó por medios propios. En contra de lo que entienden que son abusos policiales, se concentrarán el viernes a las 18.00 en el arco de Salinas, frente a la Seccional 22ª.
En las 24 horas que tuvo, Castro sacó todas las cosas de su casa y las llevó a las de personas conocidas; asegura que no tiene dónde vivir. Ayer a las 16.00 aguardaba a la Policía, que nunca llegó. Los vecinos identificaron en eso otra irregularidad, porque era de esperar que fuera a constatar el cumplimiento de la resolución judicial. Castro apeló el fallo; considera que el procesamiento se debió a la diferencia de fechas que manejaron ella y su esposo.
Despiole
Salvador Bernal, alcalde de Salinas, declaró a la diaria que se trata de terrenos privados, dijo que muchos de ellos pertenecían a la empresa Neptunia SA y otros a propietarios argentinos, pero que los predios “están todos embargados porque nunca pagaron a la intendencia”. El alcalde aseguró que la Intendencia de Canelones (IC) no tiene nada que ver con estas órdenes de desalojo. “Hay gente que agarró terrenos para vivir, hay un negocio inmobiliario trucho, gente que agarra cuatro, cinco terrenos y después los vende, hay comerciantes que han ocupado terrenos, es todo un despiole”.
El alcalde aseguró que el concejo del municipio le propuso a la IC que expropiara todos los terrenos que tienen deuda con la comuna y los pasara al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para que se formara “un barrio obrero”. Pero “la intendencia no nos dio bolilla, dice que es problema de privados y que no tiene nada que ver”. Sin embargo, señaló que hay “una empresa importante” ubicada sobre la ruta Interbalnearia que tiene camiones y vende caños, que hace dos años “agarró cuatro solares que eran públicos en Marindia y se quedó con los terrenos”. El municipio hizo la denuncia pero la empresa fue a la IC y arregló pagar la contribución. Agregó que hay una automotora, ubicada también sobre la Interbalnearia, “que ocupó como cuatro o cinco terrenos a metros del peaje, y no pasa nada”. Lamentó que la comuna no cuente con una reglamentación que le permita hacerse de terrenos de dueños morosos.
La Diaria / COMCOSUR INFORMA No. 1621 – 12/03/2015
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4) URUGUAY: LOS GUARDAPARQUES
COLONIZACIÓN CEDIÓ PREDIO EN VALIZAS A DEFENSA PARA LA INSTALACIÓN DE UN “CAMPING POPULAR”
El Instituto Nacional de Colonización (INC) entregó al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), en comodato por 30 años, una fracción de un predio en el paraje Rincón de los Olivera, ubicado entre los balnearios Aguas Dulces y Barra de Valizas, departamento de Rocha. Lo hizo con el fin de que se instale allí un parque “multipropósito” que tendrá un “camping popular” y en el que se proyectarán “actividades de producción, turismo, servicios ambientales, servicios sociales y culturales”, para que se convierta en “un lugar público que propenda al acercamiento y disfrute de la población en su conjunto”, según establece la resolución del directorio del INC del 27 de enero, de la que informó el viernes el semanario Brecha.
Se trata de una parte del padrón Nº 1.645, de 831 hectáreas, que fue transferido por ley por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) al INC en 2012. En la misma norma se obligó también al INC a transferir 300 hectáreas a la Intendencia de Rocha (IR) las fracciones más cercanas a los centros poblados de ambos balnearios y una franja para trazar un camino que las una. La resolución del INC establece que la tierra debe mantenerse en manos del Estado para ser usada con “fines sociales” y posteriormente “ser incluida en la planificación del desarrollo de toda esa área costera, en el marco de un proyecto de país pensado en forma integral y estratégica”. La presidenta del INC, Jacqueline Gómez, explicó a la diaria que se trata de “un lugar en la zona costera”, donde el turismo está “en expansión”, y que “la unión de ambos balnearios por un camino” que está proyectado cambiará aun más la zona. “Dentro de unos años, cuando estén más urbanizados los balnearios y consolidada la zona, serán otras las decisiones que habrá que tomar, porque va a cambiar el valor de ese bien. Dividirlo y venderlo hoy no deja que se pueda pensar en ese campo, más con una perspectiva de ordenamiento territorial. Resolvimos que por ahora lo pueda usar la gente y le pedimos ayuda al MDN”, puntualizó.
La presidenta del INC sostuvo que se le solicitó a ese ministerio colaboración para “la gestión y la administración” de un camping “popular” que tendría “similares características” que el de Santa Teresa, que administra el MDN, para que “lo puedan usar familias y jóvenes de todos los sectores sociales”. Gómez dijo que el de Santa Teresa es un camping accesible desde el punto de vista económico y que lo que sale más caro “es llegar” al lugar. El plan es que el proyectado tenga características similares y que “cualquier ciudadano de este país que pueda llegar a Valizas también pueda disfrutar de ese espacio”, remarcó. Además de la “experiencia” que tiene el MDN en Santa Teresa, también “tiene la infraestructura necesaria para llegar a un territorio como ése, para hacer la caminería, las construcciones, y para cuidar el lugar”. “Todas ellas son capacidades que el INC no tiene y que, además, no le corresponden”, agregó. Por otra parte, la idea es que las actividades turísticas puedan combinarse con las productivas.
Gómez también defendió el proyecto con el argumento de que el comodato que se firmó el 27 de enero establece que todo lo que invierta el MDN en el predio quedará luego para el INC. “El instituto no pierde patrimonio, y el predio se va a valorizar. El plazo es de 30 años, porque las actividades tienen que tener un tiempo y porque dentro de 20 años esa zona habrá cambiado mucho, así como el valor del propio campo”, opinó.
El MDN y el INC acordaron que a fines de este mes comenzará a funcionar una comisión integrada por representantes de ambos organismos para “pensar el proyecto productivo”. “Hoy en el terreno hay un grupo de productores a los que se autorizó el pastoreo, que están vinculados al Movimiento por la Tierra e hicieron en octubre una propuesta al INC”, contó Gómez.
Para la presidenta del INC, el primer trabajo que se debe encarar es el acceso al campo y después “evaluar cuál puede ser el área productiva y cuál la del camping”. La jerarca dijo que seguramente se invite a “organizaciones del territorio” e instituciones de la zona, así como a aquella “institucionalidad pública” que se pueda involucrar, como los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Turismo y Deporte, y la IR. “Parte de esta idea surge de propuestas que se hicieron desde el propio territorio”, explicó.
El predio no está alambrado, es utilizado por los vecinos para recolectar leña y es vigilado por la Guardia Republicana por un acuerdo con la IR, que ya tomó posesión de las 300 hectáreas que le transfirió el INC. El MGAP también había transferido predios en Aguas Dulces que el INC remató en 2008. Consultada sobre si el proyecto fue una decisión del entonces presidente José Mujica, Gómez dijo que no y que “el tema se fue conversando” con él y fue “surgiendo la idea”.
La diaria intentó, sin éxito, comunicarse con jerarcas del MDN para conocer su opinión. En Santa Teresa el Ejército tiene cinco oficiales, entre ellos un coronel que está al mando, y 100 personas de personal subalterno, más unos 35 que se suman durante la temporada veraniega -dependen del Servicio de Parques del Ejército del Comando de Apoyo Logístico-. El parque se mantiene con una partida del MDN y las ganancias generadas van a Rentas Generales. El arma también administra el parque ubicado en Parador Tajes, sobre el río Santa Lucía, en Canelones, que es gestionado por el Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas.
La Diaria / COMCOSUR INFORMA No. 1621 – 12/03/2015
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
Correspondencia y/o envíos: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera)
11400 MONTEVIDEO – URUGUAY
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Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC
COMCOSUR se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo Institucional ni personal.
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