COMCOSUR INFORMA
AÑO 13 – No. 1518 / jueves 19 de diciembre de 2013
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Selección y producción:
Beatriz Alonso y Carlos Casares
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Luis Sabini y Claudia Korol
BRASIL: Carlos O. Catalogne y Jorge Rossi Rebufello / Mau – Mau
HOLANDA: Ramón Haniotis
SUIZA: Sergio Ferrari
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno),
Pablo Alfano y Kintto Lucas (Montevideo)
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” La patria que construimos es una donde quepan todos los pueblos y
sus lenguas, que todos los pasos la caminen, que todos la rían, que
la amanezcan todos.” SUB COMANDANTE MARCOS
«Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo
se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto
hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.» RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS
URUGUAY
1) SALUDO DE FIN DE AÑO DESDE LAS RADIOS COMUNITARIAS
Queremos saludar el trabajo que han hecho cada una de las radios, en
cada una de las localidades. Trasmisiones especiales, festejos de
cumpleaños, peñas, cursos, y el aire de siempre. Este año ha sido
intenso en la discusión de la TV digital y la Ley de Medios.
2) LEY DE FORMATOS ABIERTOS Y SOFTWARE LIBRE
Esta Ley es un pequeño paso hacia el objetivo del uso social del
conocimiento y la apropiación por parte de los trabajadores
informáticos del Estado y en consecuencia de toda la comunidad de
dicho conocimiento, para seguir construyendo el país soberano e
independiente que todos los uruguayos queremos.
3) PRESENTAN ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y MARIHUANA ENTRE
ADOLESCENTES
Según la “II Encuesta Mundial de Salud Adolescente”, dada a
conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSP), siete de cada
10 adolescentes de segundo, tercero y cuarto año de liceos públicos
y privados de todo el país, consumieron alcohol al menos una vez en
su vida. El consumo varía según las edades. Llega al 85.5% de los
adolescentes de 16 años o más; 79% en los de 15 años; 69.3% en los
de 14 y 48% en los de 13.
TEMAS DE COMCOSUR
I. QUE ESTA PASANDO EN URUGUAY
DESDE ALEMANIA Y CON GRAN PREOCUPACION
Estimado Embajador,
Somos personas nacidas en el país, otras que vivieron muchos años
allí o que simplemente han conocido Uruguay en alguna visita. Lo que
nos une es el hecho de haber aprendido a querer la región y de sentir
una conexión fuerte con ésta y con su gente. Por esta razón nos
preocupa mucho el rumbo que están tomando las políticas del gobierno
actual y las acciones que han sido llevadas a cabo por diversas
instituciones.
II. CÁRCEL Y DOLOR
PARECIDO NO ES LO MISMO
En su columna de opinión “Cárcel y dolor por error judicial” del
pasado jueves 12, en el semanario Búsqueda, el periodista Raúl
Ronzoni da muestras de escasa sensatez, suma manzanas con duraznos, y
de falta de información básica para una persona de su edad, que,
además, trabaja en un medio de prensa de los considerados
“serios”. Habiendo abordado en su nota la situación de dos
ciudadanos que estuvieron injustamente privados de su libertad debido
a errores judiciales, lamenta lo exiguo de las reparaciones
económicas que han de recibir por los daños sufridos, opinión
compartible, y lo compara con el resarcimiento recibido por los
expresos políticos de la dictadura. Comparando los montos le parece
que hay presos de primera y de segunda. / CRYSOL
III. EMPRESAS PÚBLICAS
CLIENTES
Desde el gobierno se escuchan reiteradas quejas por una supuesta
inconsciencia de la población acerca del cuidado y la marcha de las
empresas estatales. Sin embargo desde esas mismas empresas “que son
de todos” se nos denomina como “clientes” lo que implica que nos
consideran personas que utilizamos los servicios de la empresa; que
habitualmente “compramos” el servicio que ofrecen en el
“mercado.” / Jorge Marrero
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NOTICIAS
URUGUAY
1) SALUDO DE FIN DE AÑO DESDE LAS RADIOS COMUNITARIAS
Hola a todos y todas
Queremos saludar el trabajo que han hecho cada una de las radios, en
cada una de las localidades. Trasmisiones especiales, festejos de
cumpleaños, peñas, cursos, y el aire de siempre.
Este año ha sido intenso en la discusión de la TV digital y la Ley
de Medios. Vino Natalia, la estudiante colombiana, hicimos la
trasmisión especial La Re Evolución de la Palabra. También se
desarrolló la página, iniciamos la idea del Boletín.
Tenemos que festejar que luego de tanto esperar los compañeros de
Palmira FM y de La Bruja tienen frecuencia asignada y están saliendo
al aire. También que La Bruja y La Heladera han sido ganadoras de uno
de los primeros llamados a promoción del sector comunitario, en este
caso para equipamiento.
Seguramente cada una de los colectivos tiene algo para contar, tal vez
podamos aprovechar este saludo de fin de año para contarnos un poco,
lo que hemos logrado, lo que nos falta.
Este fin de año no nos juntamos. Estamos realizando las visitas a las
radios en la que quedamos en la última asamblea. Así que nos estamos
viendo, les vamos avisando a medida que vayamos agendando por si
quieren sumarse.
Un saludo entonces por el trabajo del 2013 y que el año que viene nos
encuentre con más y mejor comunicación comunitaria.
AMARC Uruguay
COMCOSUR INFORMA Nº 1518- 19/12/2013
2) LEY DE FORMATOS ABIERTOS Y SOFTWARE LIBRE
Ante la aprobación definitiva de la Ley de Formatos Abiertos y
Software Libre, el Centro de Estudios de Software Libre saluda y
felicita a quienes dieron su tiempo y esfuerzos en las diferentes
etapas de este proceso.
Esta Ley es un pequeño paso hacia el objetivo del uso social del
conocimiento y la apropiación por parte de los trabajadores
informáticos del Estado y en consecuencia de toda la comunidad de
dicho conocimiento, para seguir construyendo el país soberano e
independiente que todos los uruguayos queremos.
El uso de formatos abiertos incrementará nuestra soberanía al
permitir que la utilización de los documentos institucionales del
Estado no dependan de formatos privativos que mantienen como rehenes
de las empresas privadas a los datos de todos los ciudadanos.
Esta Ley nace en el año 2003 como de Formatos Abiertos. Vuelta a
presentar en 2006 en la Cámara de Representantes, ya como de Formatos
Abiertos y Software Libre, estudiada en Comisión (especial de
Innovación, Ciencia y Tecnología) recién en 2008; estuvo varios
años archivada por falta de voluntad política para su aprobación.
En 2012, con el esfuerzo y la dedicación que le puso al tema el
diputado Julio Battistoni, con el apoyo de quienes hoy integramos
CESoL y de muchos otros compañeros (antes y después), finalmente fue
aprobada en primera instancia por dicha Cámara en diciembre de ese
año. Al inicio de 2013 comenzó su tratamiento a nivel de la
Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores.
En el período de estudio por parte de la Comisión de Ciencia y
Tecnología del Senado, habiendo sido recibidos defensores del
mantenimiento del texto votado por los Diputados (comunidades de
software libre, algunos organismos públicos) y detractores del mismo
(cámaras empresariales, algunos organismos públicos), se plantearon
modificaciones.
Durante este año las organizaciones más representativas de los
trabajadores y estudiantes uruguayos (PIT-CNT y FEUU, respectivamente)
emitieron comunicados apoyando el proyecto e instando a los senadores
a votar sin modificar lo aprobado en la Cámara de Representantes.
Ante dudas expresadas sobre el contenido del Art. 2, (rechazado por
algunos de los detractores del proyecto) que establecía que además
del software comprado, contratado o desarrollado, debía ser libre el
software necesario para su modificación, CESoL hace consultas sobre
el tema a la organización referente a nivel mundial: la Free Software
Foundation (FSF) presidida por Richard Stallman. Como respuesta la FSF
emite un comunicado apoyando el contenido propuesto en ese punto de la
Ley (http://www.gnu.org/philosophy/uruguay.es.html) e incluso
tomándolo como insumo para sus recomendaciones para las políticas
gubernamentales, sugiriendo que los contratos requieran que las
soluciones sean desarrolladas en ambientes que contengan software
libre.
Pese a esto, lamentablemente, el proyecto de Ley fue modificado y
(entre otros) se quita el punto referido anteriormente.
Saludamos a aquellos miembros del Senado que defendieron el texto de
2012 para que con esta Ley se pudieran profundizar la equidad social
del país, el trabajo de mejor calidad y la cultura de los uruguayos.
CESoL manifiesta que a su entender las modificaciones hechas por el
Senado de la República al proyecto aprobado por la Cámara de
Representantes originalmente, le quitan fuerza al Estado para actuar
en su papel de orientador y rector del desarrollo tecnológico
nacional, afectando negativamente la necesaria transformación de las
compras de software en sus dependencias y en consecuencia al
cumplimiento de los objetivos que explicitamos al comienzo.
Hacemos la autocrítica correspondiente por no haber podido y/o sabido
explicar a quienes apoyaron los cambios en el texto la necesidad de
que no se hicieran.
Creemos que, de todos modos, esta Ley es un aporte a la Libertad de
los uruguayos, por lo que nos congratulamos por su aprobación y
defenderemos su aplicación en todos los ámbitos donde sea necesario
y posible.
Queda en nosotros seguir luchando para que el Estado uruguayo se
libere completamente de la servidumbre del software privativo provisto
siempre por los mismos monopolios.
Seguiremos aportando al logro de estos objetivos, de manera continua y
permanente como hasta el momento.
Montevideo, 18 de diciembre de 2013
CESoL – Asociación Civil
Articulado
ARTÍCULO 1º.‑ Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los
entes autónomos, los organismos descentralizados, las empresas donde
el Estado posea mayoría accionaria, los Gobiernos Departamentales,
las Juntas Departamentales, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, la Corte Electoral y los organismos de contralor del
Estado, deberán distribuir toda información en al menos un formato
abierto, estándar y libre. Todo pedido de información deberá ser
aceptado en al menos un formato abierto y estándar.
ARTÍCULO 2º.‑ En las instituciones y dependencias del Estado
mencionadas en el artículo 1º, cuando se contraten licencias de
software se dará preferencia a licenciamientos de software libre. En
caso que se opte por software privativo se deberá fundamentar la
razón.
En caso de que el Estado contrate o desarrolle software, el mismo al
ser distribuido, se licenciará como software libre. El intercambio de
información realizado con el Estado, a través de Internet, deberá
ser posible en, al menos, un programa licenciado como software libre.
ARTÍCULO 3º.‑ Se considera de interés general que el sistema
educativo proceda a promover el uso de software libre.
ARTÍCULO 4º.‑ El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de 180
(ciento ochenta) días las condiciones, tiempos y formas en que se
efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga
las condiciones de la presente ley y orientará, en tal sentido, las
licitaciones y contrataciones futuras de programas de computación
(software) realizadas a cualquier título.
ARTÍCULO 5º.‑ Definiciones a los efectos de la presente ley:
A) El software libre es el que está licenciado de forma que cumpla
simultáneamente las siguientes condiciones:
1. Pueda ser usado para cualquier propósito.
2. Tenga acceso a su código fuente de forma que pueda ser estudiado y
cambiado para adaptarlo a las necesidades.
3. Pueda ser copiado y distribuido.
4. Sea posible la mejora del programa y la liberación de dichas
mejoras a la ciudadanía.
B) El software privativo es todo software que prive de alguna de las
cuatro condiciones o libertades inherentes al software libre.
C) Los formatos abiertos son formas de manejo y almacenamiento de los
datos en los que se conoce su estructura y se permite su modificación
y acceso no imponiéndose ninguna restricción para su uso. Los datos
almacenados en formatos abiertos no requieren de software privativo
para ser utilizados.
D) Formatos estándar son los que han sido aprobados por una entidad
internacional de certificación de estándares.
Enviado por CESoL – Asociación Civil
COMCOSUR INFORMA Nº 1518- 19/12/2013
3) PRESENTAN ENCUESTA SOBRE CONSUMO DE ALCOHOL Y MARIHUANA ENTRE
ADOLESCENTES
Según la “II Encuesta Mundial de Salud Adolescente”, dada a
conocer ayer por el Ministerio de Salud Pública (MSP), siete de cada
10 adolescentes de segundo, tercero y cuarto año de liceos públicos
y privados de todo el país, consumieron alcohol al menos una vez en
su vida. El consumo varía según las edades. Llega al 85.5% de los
adolescentes de 16 años o más; 79% en los de 15 años; 69.3% en los
de 14 y 48% en los de 13.
Seis de cada diez dijo haber consumido durante el último mes,
mientras que casi la tercera parte (28.9%) admitió haber tenido un
episodio de consumo abusivo al menos una vez.
En cuanto a la forma en que los adolescentes consiguen el alcohol, el
41.2% dijo haberlo comprado por su cuenta en supermercados, almacenes
o estaciones de servicio, aun cuando la venta a personas menores de
edad está prohibida. Un 21.7% en tanto, dijo haber obtenido el
alcohol por intermedio de un amigo, el 18.8% por un miembro de su
familia, el 3.8% le dio el dinero a una persona adulta para que se lo
comprara y el 1% reconoció haberlo robado. Un 13.5% no especificó
cómo había conseguido alcohol.
En lo que respecta a la marihuana, su consumo por parte de
adolescentes fue significativamente menor, de acuerdo a los datos de
la encuesta. El 13.3% de los adolescentes dijo haber consumido al
menos una vez en su vida. También en el caso de esta sustancia, cuya
producción y venta será regulada por el Estado uruguayo a partir del
año que viene, el consumo varía según la edad. Entre quienes tienen
16 años o más, el 27.1% probó marihuana por lo menos en una
oportunidad; en los adolescentes de 15 años, la cifra baja a 16.7%,
continúa bajando para los de 14 años (9.1%), y llega al 3.8% entre
los adolescentes de 13 años.
Fuentes: El País / El Observador / Agencia Voz y Vos
COMCOSUR INFORMA Nº 1518- 19/12/2013
TEMAS DE COMCOSUR
I. QUE ESTA PASANDO EN URUGUAY
DESDE ALEMANIA Y CON GRAN PREOCUPACION
Berlín, 10.12.2013 “Día de los Derechos Humanos”
Estimado Embajador,
Con la presente queremos expresarle nuestra gran preocupación por el
curso que está llevando Uruguay.
Somos personas nacidas en el país, otras que vivieron muchos años
allí o que simplemente han conocido Uruguay en alguna visita. Lo que
nos une es el hecho de haber aprendido a querer la región y de sentir
una conexión fuerte con ésta y con su gente. Por esta razón nos
preocupa mucho el rumbo que están tomando las políticas del gobierno
actual y las acciones que han sido llevadas a cabo por diversas
instituciones.
Primero que nada queremos expresar nuestra disconformidad con la
criminalización actual de la manifestación como forma de expresión
de opiniones. Esta criminalización es a nuestro parecer inaceptable.
Siendo el Presidente de la República José Mujica, el Ministro de
Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro así como el Ministro
del Interior Eduardo Bonomi ex guerrilleros de losTupamaros – que
estuvieron presos durante años – quienes forman parte del gobierno
actual: ¿Quién hubiera creído posible hace cuatro años que bajo
este gobierno otros ex presos de la dictadura fueran a ser
criminalizados por manifestarse contra la impunidad?
Sobre todo tratándose de manifestaciones pacíficas como en el caso
de la Marcha contra el desplazamiento del fuero penal de la Jueza
Mariana Mota, quién pugnara por la revisión judicial de los delitos
contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura. La jueza
fue removida de su cargo por la Corte Suprema de Justicia del Uruguay.
La misma Corte Suprema que a la vez amparó la impunidad en Uruguay,
declarando inconstitucional la ley que fuera anteriormente aprobada
por el parlamento con el fin de facilitar el procesamiento penal de
las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
¿Va a seguir reinando la impunidad hasta que los responsables hayan
fallecido y el juzgarlos ya no sea posible? ¿Por eso se penaliza la
protesta?
Incluso el comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó
esa decisión y se mostró preocupado por la impunidad que parece
querer perdurar en el país. Según declaraciones del jurista Fabian
Salvioli, miembro del comité, el fallo de la Corte Suprema contradice
el compromiso de Uruguay a esclarecer, procesar y condenar las graves
violaciones a los derechos humanos cometidas en el tiempo de la
dictadura militar.
También queremos manifestar nuestro profundo desacuerdo con el
programa sacado adelante por el Ministro del Interior Eduardo Bonomi
en contra de los sectores más desfavorecidos de la población.
Queremos protestar contra la política de las razias, de la
criminalización, contra la baja en la edad de la imputabilidad penal.
Una triste consecuencia de esto fue el asesinato del joven Sergio
Lemos a comienzos de noviembre por miembros de la policía. Su muerte
se hizo pública porque a pesar de la que la zona de Santa Catalina es
de bajos recursos, su gente es políticamente activa. Los vecinos
reaccionaron inmediatamente y no toleraron este caso como pasa
seguido, ellos salieron a la calle y protestaron.
Todo esto no es una política nueva, se conoce y reconoce de los
tiempos en que gobernaban Julio María Sanguinetti o Luís Alberto
Lacalle, o de otros países.
Nosotros creíamos que un gobierno del Frente Amplio no apostaría a
la represión como política, que un gobierno de izquierda partiría
de la base de que lo que hay que combatir son las causas de la
inequidad y la pobreza y no sus consecuencias. Lamentablemente hemos
tenido que constatar que nos equivocamos.
Queremos protestar contra el Proyecto de “mega minería a cielo
abierto“en Rocha, con el que se destruirá una región entera que
incluye reservas naturales y espacios de recreación, para extraer
hierro del suelo utilizando métodos devastadores y luego llevarlo al
exterior. Problemática no es sólo la forma de explotación de
recursos, que menosprecia al ser humano y a la naturaleza, sino
también la construcción en este lugar de un puerto de aguas
profundas como parte de un acuerdo estratégico militar. En el marco
de este acuerdo Uruguay se convertirá en una base para las fuerzas de
intervención norteamericanas. El Ministro de Defensa Nacional
Fernández Huidobro argumentó al respecto que Uruguay tendría que
protegerse de (los) piratas.
El ex presidente de la República Tabaré Vázquez, y previsiblemente
el próximo ha explicado esta política de una manera muy sencilla: El
mundo ha cambiado en las últimas décadas y hoy son los Estados
Unidos de América el mejor amigo de Uruguay en el mundo.
En un mundo en el que todos los días salen a la luz nuevas
Informaciones de cómo los gobiernos de los EEUU intentan defender su
hegemonía: Mandando aviones no tripulados a ejecutar personas blanco
y quiénes se encuentren en las cercanías en diversos países del
mundo, encarcelando y torturando a seres humanos en lugares secretos,
manteniendo a personas recluidas sin resolución judicial durante
mucho tiempo en Guantánamo así como en otros lugares, librando
guerras simulando hechos, siendo estos equívocos e incorrectos,
espiando, controlando y presionando a enemigos así como a aliados…
¿Cómo es posible que un gobierno con tal historia de lucha por
soberanía y libertad enceguezca ante estas evidencias y se aparte
tanto de sus orígenes?
Estamos preocupados por estos desarrollos y queremos expresar nuestra
preocupación en voz alta. Y quisiéramos que también en Uruguay se
nos escuchara.
Por estos motivos, Señor Embajador, le pedimos que haga llegar al
gobierno de la República Oriental del Uruguay, que usted en Berlin
representa, nuestra protesta.
Atentamente
Grupo de Amigos de Uruguay
Unterzeichnende/Firmas:
Thomas Grünewald
Margrit Schiller
Luis Drews
Tania Salas
Antje Vieth
Karen Francia
Carlos Ramos
Nicolas Coitino
Ute Löhning
Annette Eckert
Matthias Mirschel
Enrique Alemán
Alvaro Garreaud
Rolf Satzer
Pablo Paciuk
Alix Arnold
Britt Weyde
Peter Geertz
Grenzenlos e.V.
ILA (Informationsstelle Lateinamerika e.V.)
Malavidamusic, Agencia Cultural
Nachrichtenpool Lateinamerika e.V.
Red Ya-Basta-Netz
Grupo de Amigos de Uruguay
TEMAS DE COMCOSUR Nº 1518 – 19/12/2013
II. CÁRCEL Y DOLOR
PARECIDO NO ES LO MISMO
Opinando / CRYSOL
En su columna de opinión “Cárcel y dolor por error judicial” del
pasado jueves 12, en el semanario Búsqueda, el periodista Raúl
Ronzoni da muestras de escasa sensatez, suma manzanas con duraznos, y
de falta de información básica para una persona de su edad, que,
además, trabaja en un medio de prensa de los considerados
“serios”. Habiendo abordado en su nota la situación de dos
ciudadanos que estuvieron injustamente privados de su libertad debido
a errores judiciales, lamenta lo exiguo de las reparaciones
económicas que han de recibir por los daños sufridos, opinión
compartible, y lo compara con el resarcimiento recibido por los
expresos políticos de la dictadura. Comparando los montos le parece
que hay presos de primera y de segunda.
Que 20 años no es nada
Lo primero a tener en cuenta es que la Ley 18 033 de reparación para
los expresos políticos, que el columnista menciona explícitamente,
fue promulgada el 13 de Octubre de 2006, durante el gobierno del Dr.
Tabaré Vázquez. Fue sancionada a más de 20 años de que Uruguay
hubiese retornado a la vida democrática, cuando el promedio de edad
del colectivo que fue amparado por ella superaba ya los 63 años de
edad. Al ser sumamente tardía, la ley debió abordar el daño
original, las secuelas y los daños emergentes, que se originaron por
la omisión estatal de cumplir con su obligación de reparar en el
debido momento. Por ese motivo, la ley debió ser sumamente particular
y al resarcir tuvo que hacerlo de una manera acorde con la realidad.
Quienes habían recuperado la libertad en la madurez se habían
transformado, ya, en sexalescentes.
Ni errores ni excesos individuales
La prisión de los expresos políticos de la dictadura no se debió a
errores judiciales ni fue producto de un exceso individual de algunos
militares y/o de funcionarios policiales. La detención multitudinaria
de ciudadanos, la privación de la libertad en forma ilegal e
ilegítima, la aplicación masiva, sistemática, generalizada, de
torturas horrorosas durante los interrogatorios a todos los
prisioneros y la reclusión prolongada en verdaderos campos de
concentración fue la metodología represiva por excelencia. Fue
deliberadamente escogida por quienes usurparon el poder para destruir
a los opositores, para gobernar y mantenerse en el mismo. Como lo
señalara en su momento Wilson Ferreira Aldunate, Uruguay fue una
enorme prisión, el país con la mayor cantidad de presos políticos
en proporción a su población.
A diferencia de los presos sociales injustamente procesados por
errores de la justicia, todos los presos políticos de la dictadura
fueron procesados por tribunales militares al amparo de la Ley de
Estado de Guerra interno aprobada el 15 de abril de 1972 por el
Parlamento a instancias del Poder Ejecutivo encabezado por Juan María
Bordaberry.
Todos, absolutamente todos, los procesados por la “Justicia
Militar”, sometida jerárquicamente a los mandos golpistas de las
fuerzas armadas, fueron procesados sin pruebas, en base a testimonios
propios o de terceros arrancados bajo torturas y tormentos, luego de
semanas y meses de incomunicación, sin que fuera conocido su paradero
por sus familiares, sin garantías de ningún tipo, sin asistencia
legal, prestando declaraciones, incluso encapuchados y esposados, al
borde del “tacho”, ante los jueces sumariantes que integraban el
equipo de interrogadores en todas las unidades militares del país y
cuerpos represivos de la policía. Estadísticamente, la cifra no
impacta, pero más de 30 uruguayos fallecieron durante sesiones de
tortura o a consecuencia directa de ella en dicho período.
En el paroxismo del terrorismo de Estado, la justicia militar llegó
incluso a procesar formalmente a menores de edad. Según estudios
llevados a cabo por Serpaj, en promedio, los presos políticos
uruguayos demoraron 100 días en comparecer ante un juez militar y el
promedio de años de reclusión según la misma fuente, y
contradiciendo al Gral. Daniel Castellá, dijo en el libro de Amado
tres años y salían, fue de 6,6 años de prisión, aunque un 25% de
ellos estuvo más de 10 años.
Las generalizaciones son peligrosas
Raúl Ronzoni está mal informado. No todos los expresos políticos de
la dictadura perciben el beneficio que él señala. Hay expresos
políticos que llegaron a estar más de nueve meses en el “300
Carlos”, incomunicados, desaparecidos, sufriendo atroces torturas y
no perciben la Pensión Especial Reparatoria (PER). Hay expresos
políticos que luego de semanas de torturas en unidades militares,
fueron formalmente procesados por la Justicia Militar y tampoco la
perciben pues recuperaron su libertad antes del 9 de febrero de 1973.
Hay expresos políticos que permanecieron más de 12 años en prisión
y tampoco acceden a ella. Además, para percibirla, todos los expresos
políticos, deben renunciar a sus legítimas jubilaciones y pensiones,
incluso las que generan los cónyuges cuando fallecen. Los cónyuges
de los expresos políticos que fallecen, deben renunciar a sus propias
jubilaciones para percibir la “pensión de sobrevivencia” que
ellos generan. Si Ronzoni leyera habitualmente el semanario en que
escribe estaría mejor informado y esta acotación no sería
necesaria.
Sobrevivientes del terrorismo de Estado
Aprobada tardíamente, la ley 18 033 fue un gran avance en el camino
de profundizar la transición democrática iniciada en marzo de 1985.
El Estado uruguayo, a través de ella, reconoció formalmente la
ilegalidad de lo actuado en el período pre dictatorial y dictatorial
por las fuerzas armadas y los servicios represivos. En base a ella
adoptó medidas de resarcimiento para los expresos políticos, los
exiliados, los clandestinos y los despedidos durante la huelga general
de 1973 que los trabajadores y los sectores populares llevaron
adelante enfrentando la disolución del Parlamento. Al hacerlo, dio un
paso adelante en el cumplimiento de lo estipulado por las normas de
DDHH y las disposiciones constitucionales. La ley 18 033 no consagró
ciudadanos de primera categoría: reparó, en parte, el daño
ocasionado por la dictadura militar y las omisiones de los gobiernos
democráticos que se sucedieron desde 1985 al 2005.
El 6 de diciembre de 2012, la Institución Nacional de DDHH y
defensoría del pueblo (INDDHH), órgano que tiene el cometido de
velar por el respeto de las normas, señaló que la Ley 18 033 tiene
múltiples carencias e insuficiencias que aún están pendientes de
resolución por parte del gobierno. Es un debe del actual mandatario y
del partido gobernante hasta el momento para un colectivo que al día
de hoy tiene 69 años de edad.
En igual sentido se pronunció el Relator Especial de las Naciones
Unidas, Pablo de Greif, en su visita reciente a nuestro país. No hay
ninguna restricción legal, además, que impida al Estado aprobar ya
mismo una nueva ley que consagre el beneficio para todos los expresos
políticos sin restricciones ni discriminaciones y restablezca los
legítimos derechos jubilatorios y pensionarios como acaba de hacerlo
el Parlamento argentino para dicho país.
La obligación de reparar adecuadamente: en forma integral
Coincidimos totalmente con Ronzoni en que el Estado tiene que reparar
adecuadamente a todas las personas a las cuales se les han violentado
sus derechos y que los montos indemnizatorios, morales y materiales,
deben ser adecuados a la gravedad y a la magnitud del daño
ocasionado. Es más, deben ser reparadas tal como lo establece la
Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de
manera integral en base a los principios de restitución,
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición. Lo hemos planteado como colectivo organizado que sabe muy
bien de que se habla cuando se trata de graves violaciones a los
derechos humanos.
En esta perspectiva, la creación de la Institución Nacional de
Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) ha sido uno de los
avances más importantes en la materia desde que asumió el actual
partido gobernante. Para su concreción hemos trabajado intensamente.
La INDDHH es una herramienta institucional especializada para
garantizar los derechos básicos de la gente, de los ciudadanos de a
pie, pues los poderosos, los que tienen medios económicos, políticos
y legales, no necesitan recurrir a un órgano como la INDDHH para
defenderlos. Ahora se trata de apoyarla, consolidarla y fortalecerla
con el conjunto social ya que sus resoluciones no tienen carácter
vinculante u obligatorio y se necesita una importante fuerza moral a
nivel de la sociedad que obligue a los funcionarios del Estado a
acatarla.
La reforma del Código del Proceso Penal
Los expresos políticos estamos comprometidos con la democracia
reconquistada, la libertad, los derechos humanos y la profundización
de la institucionalidad. En su momento expresamos nuestra
preocupación por el estado de las cárceles, en dos oportunidades,
ante Manfred Nowak, Relator Especial de las Naciones Unidas. También
hemos expresado nuestro reclamo, coincidimos con Ronzoni, en que es
necesario aprobar a la mayor brevedad un nuevo Código del Proceso
Penal para modernizar la justicia y dar mayores garantías a todos los
ciudadanos. Promovemos al respecto, como aporte a dicho proceso, la
creación de la figura del querellante para dar mayor participación a
las víctimas, evitando la intermediación del Estado, tal como lo ha
planteado el ex juez Dr. Federico Álvarez Petraglia.
La justicia: