1) Solidaridad con Movimientos Sociales de Colombia /Sergio Ferrari
2) Argentina y el retiro de tropas en Haití
3) Plataforma de la Comisión por una Ley de Salud Mental en clave de DD.HH.
4) Precarios en la Universidad /Mariana Abreu
5) Denuncia sobre calidad del agua en el Río Santa Lucía
Foto del Río Santa Lucía (Carlos Casares)
COMCOSUR INFORMA AÑO 16 – No. 1734 – martes 21.06.2016
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2016 – 22 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis)
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.”
RADIO VENCEREMOS
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LÁGRIMAS
Por Kintto Lucas
El mundo todavía no se inunda de lágrimas,
no se cubren los continentes
ni los ríos, ni las plantaciones
ni las maquilas de lágrimas.
No hay tantas lágrimas como para crear un océano,
mucho menos un mar, o laguna, o pozo.
El naufragio de la humanidad no fue en un mar de lágrimas,
ni en el Mediterráneo, donde hoy mueren por miles.
Las lágrimas no provocan naufragios
ni siquiera olas,
mucho menos tsunamis.
Cada lágrima es diferente a la otra,
las de Palestina
no son iguales a las de Siria
o a las de Ayotzinapa,
y hay muchas que desaparecen,
se secan, pierden la sal,
el condimento de la vida y la muerte
que solo tienen las lágrimas.
Las lágrimas son como la mirada de Ibero
acusan y perdonan, viven y mueren
entre grandes edificios o entre montes y helechos
pero no sienten a modo de exorcismo
el aroma de la tierra
y el canto de los grillos.
Ricardo Reis no tenia lágrimas
porque no era quien creía ser
era y no era la misma persona
y sus lagrimas estaban confundidas,
no se atrevían
entonces no lloraba,
tal vez por eso pensaba
que incluso siendo luz,
las lágrimas nunca iluminarán la noche.
Kintto Lucas (Ecuador)
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) SOLIDARIDAD CON MOVIMIENTOS SOCIALES DE COLOMBIA
“No nos dejan cocinar la sopa de la paz” /Sergio Ferrari
2) ARGENTINA Y EL RETIRO DE TROPAS EN HAITÍ
Comité de solidaridad se pronuncia por el retiro inmediato de Argentina de la Minustah
3) PLATAFORMA DE LA COMISIÓN NACIONAL POR UNA LEY DE SALUD MENTAL EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS
Por este medio, “COMCOSUR – Comunicación Participativa desde el Cono Sur”, manifiesta su adhesión a la Plataforma de la Comisión Nacional Por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos.
4) PRECARIOS EN LA UNIVERSIDAD
Con la reestructura en Extensión universitaria, no se renovarán los cargos docentes interinos de ese servicio, que vencerán a fines de julio. /Mariana Abreu
5) DENUNCIA SOBRE CALIDAD DEL AGUA EN SANTA LUCÍA
Comunicado de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON MOVIMIENTOS SOCIALES DE COLOMBIA
“No nos dejan cocinar la sopa de la paz”
Entrevista con Naka Mandinga, dirigente de las comunidades afrodescendientes, de Sergio Ferrari*
La voz de los pueblos afrocolombianos debería ser escuchada en La Habana, donde representantes del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) avanzan en la negociación de un acuerdo de paz. Esta es la principal reivindicación que presentaron la segunda semana de junio en Berna, Suiza, Sara Quiñones y Naka Mandinga, dirigentes del Proceso de Comunidades Negras en Colombia (PCN) que reúne a numerosos pueblos afro descendientes. Los mismos representan el 90 % de la población de la región pacífica de ese país sudamericano.
“Sentimos una gran frustración porque nuestras propuestas para nuestros territorios, nuestra visión de desarrollo, en armonía plena con la naturaleza, no han sido escuchadas ni por el Gobierno ni por la guerrilla”, subraya Naka Mandinga, después de reunirse con parlamentarios suizos y funcionarios de la cancillería helvética.
Mandinga reconoce la voluntad que tienen las instituciones helvéticas para “recibirnos y sensibilizarse sobre la situación, pero nos han expresado que no tienen ninguna posibilidad de injerencia en la política interna de Colombia”. Y valora positivamente la actitud de escucha e intercambio de los diputados nacionales que integran el Grupo Interparlamentario Suiza-ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
El sacrificio de los afros e indígenas
Naka Mandinga, 60 años, representa en carne propia ese sufrimiento. Una decena de miembros de su familia fueron asesinados o desaparecidos por grupos paramilitares como castigo a su compromiso como líder del Consejo Comunitario del Río Yurumanguí en el municipio de Buenaventura, en el Departamento occidental del Valle del Cauca.
Su militancia a favor de las comunidades afro e indígenas comenzó ya desde muy joven. En 1993 integró la comisión especial que creó la Ley 70, que aseguró territorios colectivos para esas minorías. Lo que les permitió recibir en el 2000, el título colectivo de 54 mil hectáreas.
Sin embargo, la presencia de multinacionales que promueven monocultivos como la palma y el intento de producción de coca en esos territorios, así como la presión de los grupos paramilitares les llevaron a asumir la resistencia –y el desplazamiento interno- con la correspondiente violencia represiva como única respuesta. Lo que obligó a Mandinga a recurrir a medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger su vida y poder seguir defendiendo los intereses de los pueblos afro e indígenas.
“Hicimos grandes esfuerzos para participar y hacer escuchar nuestras reivindicaciones. Por eso nuestra frustración de no ser tenidos realmente en cuenta por las dos partes en conflicto que negocian en La Habana”, retoma el dirigente negro.
Y aunque “seguimos apostando a la paz y a la salida negociada, es como que nos dejaron afuera de la cocina en esa negociación. Nos veremos obligados a tomar la sopa pero sin sentir que pudimos aportar nuestros ingredientes”, ejemplifica Mandinga.
Ante la perspectiva de un referendo para ratificar los futuros acuerdos de paz, “sin ninguna duda que vamos a apoyarlo y convocaremos a la población colombiana a sostenerlo”.
En cuanto al otro espacio de negociación que se abre, entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, las poblaciones afro tienen mayores expectativas de participación, señala el dirigente del PCN. “En el transcurso de su vida armada hemos notado que el ELN ha sido una guerrilla un poco más social que las FARC. Y esperamos que se involucre más a la sociedad civil”, señala.
Que hable la sociedad civil…
“Tuvimos un muy buen encuentro, muy informativo e interesante, con los representantes de los pueblos afrocolombianos”, afirma por su parte el diputado nacional Mathias Reynard (Partido Socialista/ Valais), co-presidente del Grupo Interparlamentario Suiza-ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América).
Este tipo de intercambio no solo es importante por el reconocimiento que tiene Suiza dada su neutralidad y competencias diplomáticas, sino también por la presencia activa de los países del ALBA que desde el inicio se implicaron en el proceso de paz de Colombia, enfatiza.
En ese sentido, subraya Reynard, es necesario que el mundo político no se limite solo a escuchar al Gobierno y a la guerrilla colombiana, sino también que se muestre receptivo a la sociedad civil.
“Tenemos en nuestras manos distintas maneras de actuar a favor de la paz en Colombia y soy optimista”, subraya el diputado nacional. Incluso pensando en la distribución de los recursos que la comunidad internacional va a destinar a ese país para la etapa post-conflicto. Y subraya, como factores facilitadores, la sensibilidad de la población helvética, la cultura diplomática suiza, y la apertura de la cooperación oficial para tener en cuenta las necesidades de la sociedad civil colombiana, “que es la que más ha sufrido las consecuencias de esa guerra que ya tiene más de 50 años”, subraya.
La solidaridad internacional
“Es fundamental que en las negociaciones entre el Gobierno y las guerrillas se incluyan las reivindicaciones de la sociedad civil, se escuche nuestra voz, que no se siente representada por ninguna de las partes”, reitera Mandinga. Y que la comunidad internacional, los parlamentos, los gobiernos europeos, la solidaridad en general, insistan para que “se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones”.
Hay países como Noruega – que integra la agenda en la gira europea de los dos dirigentes del PCN- que son garantes del diálogo y tienen una voz respetada. Por otra parte, es fundamental que cuando se discuta sobre los recursos para el post-conflicto las comunidades, los movimientos sociales, la sociedad civil, sean tenidos en cuenta y que no todo el apoyo internacional vaya exclusivamente a planes gubernamentales. “Es fundamental que por cada euro para Colombia, una parte sea destinada a la sociedad civil, que ha pagado el sacrificio mayor en este largo y crudo conflicto”, concluye.
Nota complementaria:
Paro agrario, victoria social
El PCN junto con decenas de otras organizaciones sociales promovieron entre el 30 de mayo y el 12 junio una gran protesta ciudadana denominada “paro agrario”.
Según diversas fuentes, más de 100 mil personas participaron en esta movilización. En algunas regiones, fue duramente reprimida.
El acuerdo – firmado en la ciudad de Santander de Quilichao- entre los participantes de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y el Gobierno colombiano, incluye diez actas específicas y una general. Establece la instalación de una mesa de negociaciones entre las partes para el próximo 17 de junio.
Define que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos así como la Defensoría del Pueblo asegurarán el seguimiento y verificación del mismo.
Según fuentes gubernamentales, los temas dialogados y acordados están relacionados con justicia, protección individual, paz, participación, garantías, derechos humanos, víctimas, pueblos indígenas, campesinos, comunidades afro descendientes, medio ambiente y relación del campo con la ciudad.
Un punto esencial del acuerdo: las partes revisarán cada una de las licencias para explotación minera que se han dado hasta ahora en ese país y además se harán más controles para que el Gobierno colombiano no siga entregando grandes extensiones de terrenos para la explotación minero-energética.
*Sergio Ferrari, en colaboración con swissinfo.ch
COMCOSUR INFORMA Nº 1734 – 21/06/2016
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2) ARGENTINA Y EL RETIRO DE TROPAS EN HAITÍ
Comité de solidaridad se pronuncia por el retiro inmediato de Argentina de la Minustah
Buenos Aires, 13 de junio de 2016
Argentina participa desde hace 12 años en el despliegue de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). Participa desde la creación de la misión siguiendo al golpe de Estado orquestado por el gobierno estadounidense, quien removió al presidente elegido de Haití de su residencia y país, en febrero 2004.
Instamos al Congreso de la Nación a respetar la soberanía de Haití y el derecho del pueblo a su autodeterminación, requiriendo al Poder Ejecutivo Nacional el retiro inmediato, total y definitivo del personal argentino aún desplegado en ese país [1] y el rechazo a cualquier prolongación del mandato de la MINUSTAH más allá del 15 de octubre de 2016, fecha en la cual actualmente caduca.Asimismo instamos al Congreso de la Nación requerir al Poder Ejecutivo Nacional que done al pueblo y gobierno de Haití, el hospital reubicable perteneciente a las FF.AA. argentinas y desplegado en Haití al servicio de la MINUSTAH, y que tome medidas concretas para lograr que las NN.UU. sean sancionadas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la MINUSTAH y que sus víctimas sean reparadas, incluyendo entre otras las familias y comunidades de las más de 9.000 personas muertas por causa de la epidemia de cólera.
Haití no es una amenaza hemisférica ni la MINUSTAH una misión de paz
Motiva nuestra solicitud el convencimiento expresado por numerosas organizaciones y movimientos populares de Haití, que la MINUSTAH es una fuerza de ocupación al servicio de intereses ajenos a los pueblos tanto de ese país como de la Argentina. Resaltan además el fracaso rotundo con relación a los objetivos establecidos formalmente para la misma, que incluyen la estabilización del país, el respeto de los derechos humanos, el fortalecimiento del estado de derecho y de la economía y la realización de elecciones [2].
Plantean incluso el agravamiento de las situaciones de crisis política-institucional, social, económica y humanitaria cuya existencia se suponía al origen de esta injerencia en sus asuntos internos bajo la repudiable afirmación que Haití es una amenaza a la paz y la seguridad hemisféricas.
Han sido denunciado reiteradamente una serie de hechos aberrantes directa o indirectamente atribuibles a la MINUSTAH y sus promotores a través del Consejo de Seguridad de la ONU; hechos que han vulnerado la soberanía, integridad territorial y la garantía y tutelaje de los derechos humanos fundamentales de la población haitiana incluyendo la profundización de políticas económicas de explotación y saqueo.
Resumimos algunos de ellos en la Carta-petición que dirigimos a la Cámara de Diputados de la Nación en septiembre 2014 [3], en vísperas del último debate sobre una nueva autorización de salida de tropas para participar en la MINUSTAH:
– represión y control social de la población;
– violación y abusos sexuales contra mujeres, jóvenes, niñas y niños;
– aumento del control externo sobre los ejes estratégicos de la economía y saqueo de la riqueza y bienes comunes del país junto a la súper explotación de la fuerza de trabajo a través del salario mínimo más bajo de la región;
– la introducción de la bacteria del cólera provocando una epidemia que ha matado a más de 9.000 personas y afectado a otras 750.000 personas [4];
– manipulación de los resultados electorales en 2010/2011 y apoyo incondicional a las políticas anticonstitucionales del gobierno resultante [5].
El pueblo de Haití lucha por su soberanía y autodeterminación
Durante los últimos meses, en el marco de la realización de elecciones ampliamente calificadas de fraudulentas (agosto y octubre 2015)[6], el pueblo de Haití se ha mostrado cada vez más decidido en su rechazo a toda forma de injerencia y ocupación extranjera en su país, incluyendo la presencia de la MINUSTAH. Se ha movilizado para frenar tres veces la imposición de fechas y pautas electorales desde el exterior, y ahora busca avanzar un proceso electoral democrático según las decisiones de sus propios órganos.
Ante esta situación, aumenta la presión del imperialismo estadounidense y sus aliados. Amenazan con cortar el apoyo financiero al país y promueven las movilizaciones organizadas por partidarios del ex presidente Martelly, buscando crear un escenario de violencia y caos como en tiempos del golpe de Estado en 2004. Sugieren además la necesidad de “reevaluar” la MINUSTAH, suspendiendo la reducción de tropas militares que se viene implementando y reconfigurando la ocupación bajo el mando de Canadá, país que se ufana de su disponibilidad para “proteger sus inversiones” en Haití, principalmente en el sector de la mega minería [7].
Mientras tanto, la población haitiana aún se encuentra intentando superar la devastación consecuencia del terremoto de 2010 y las políticas de “reconstrucción” diseñadas por y para las empresas y ONGs extranjeras; un 30% de la población sufren hoy el hambre y la desnutrición crónica; quienes luchan para que se aumente el salario mínimo a USD8 diario se enfrentan el despido y la represión; el Plan de Erradicación del Cólera y Provisión del Derecho Humano al Agua y el Saneamiento se encuentra gravemente desfinanciado.
Retiro inmediato de las tropas y fin de la MINUSTAH
Es hora de respetar el derecho y la capacidad del pueblo de Haití de determinar su propio futuro. Haití no necesita las tropas militares de la MINUSTAH ni cualquier otra forma de ocupación. Sí necesita que los crímenes y violaciones cometidos en contra de su soberanía y los derechos de su población sean sancionados y reparados, y que los gobiernos de América Latina y el Caribe, sobre todo, adopten políticas de solidaridad y cooperación fraterna.
Por lo que desde el Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití, y en el marco además del centenario del inicio de la primera ocupación estadounidense en territorio haitiano, nos unimos a las fuerzas populares de Haití y de nuestro continente para reclamar el retiro inmediato de todas las tropas extranjeras, el fin de la MINUSTAH y la sanción y reparación de sus crímenes y violaciones.
En otros países de nuestra región, como Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay en especial, son muchas las organizaciones y movimientos populares que impulsan las mismas demandas frente a sus gobiernos y Parlamentos. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador ya han retirado sus tropas de Haití y el gobierno de Brasil, hace ya mucho tiempo, ha anunciado el retiro de sus tropas cuando finalice el actual mandato el próximo 15 de octubre.
La rebelión de las y los esclavos haitianos, hace fines del siglo XVIII / principios del siglo XIX, dio lugar a la abolición de la esclavitud y el nacimiento de la primera república negra en nuestro continente y un firme apoyo solidario a la lucha independentista en todo las Américas. Pronto a conmemorar el bicentenario de nuestra proclama de independencia, 12 años después de Haití, cabe al Congreso de la Nación poner fin a la participación en esta ignominiosa ocupación y asegurar los pasos necesarios para que Argentina apoye la normalización político-institucional de acuerdo a las decisiones adoptadas por las autoridades y organizaciones político-sociales haitianas, sin injerencias que violen la autonomía del pueblo haitiano, y avance junto a sus pares en la región en la construcción de relaciones cooperativas y solidarias con el hermano pueblo de Haití.
¡Viva Haití Libre y Soberana! ¡Fuera YA la MINUSTAH! ¡Viva la Solidaridad de los Pueblos!
Notas:
[1] La autorización de salida de esa personal vence el próximo 1 de julio de 2016, según la Ley 26.983, promulgada el12/9/14. A partir de la reducción de tropas decididas por el Consejo de Seguridad de NN.UU., desde mayo de 2015 se entiende que permanecen aproximadamente 60 efectivos, asignados a la atención del Hospital reubicable.
[2] El fracaso de la MINUSTAH en términos de su mandato formal también ha sido denunciado por uno de los Secretario-General adjuntos de la ONU, Anthony Banbury. New York Times, 18/3/16, https://haitinominustah.info/…/amo-a-la-onu-pero-esta-fall…/
[3] http://dialogo2000.blogspot.com.ar/…/peticion-al-congreso-q…
[4] Expertos en DD.HH. de la propia ONU se han sumado al reclamo hasta ahora infructuoso que la ONU su responsabilidad, indemnice a las víctimas y asegure la provisión de agua potable y saneamiento. https://haitinominustah.info/…/respuesta-de-la-onu-a-criti…/
[5] Entre otros, Ricardo Seitenfus, Entrevista, 7/5/14, https://haitinominustah.info/…/telesur-entrevista-a-prof-r…/
[6] Ver Informe de la Comisión Independiente de Evaluación y Verificación Electoral, 30/5/16, https://haitinominustah.info/…/haiti-elecciones-rehacer-el…/
[7] Ver pronunciamiento del Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití y otros, 25/4/16, https://haitinominustah.info/…/solidaridad-con-el-pueblo-d…/
Comité argentino de solidaridad por el fin de la ocupación de Haití / Enviado por Mónica Riet
COMCOSUR INFORMA Nº 1734 – 21/06/2016
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3) PLATAFORMA DE LA COMISIÓN NACIONAL POR UNA LEY DE SALUD MENTAL EN CLAVE DE DERECHOS HUMANOS
Por este medio, “COMCOSUR – Comunicación Participativa desde el Cono Sur”, manifiesta su adhesión a la Plataforma de la Comisión Nacional Por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos.
De esta forma, apoya y participa en las actividades desarrolladas de promoción hacia una Ley de Salud Mental en clave de DDHH.
Plataforma de la Comisión Nacional Por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos
Como es de público conocimiento en este momento hay una propuesta de Ley de Salud Mental en el Parlamento, presentada por el MSP que ha tomado aportes de diversas organizaciones sociales, pero la misma requiere ajustes necesarios para que sea coherente con el nuevo paradigma en Salud Mental que se propone.
En ese marco convocamos a crear una Comisión Nacional Por una Ley de Salud Mental en tanto un espacio político no partidario conformado por diversas y heterogéneas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, instituciones universitarias y personas que luchan por profundizar los derechos de las personas con padecimiento psíquico en nuestro país.
Tiene entre sus objetivos coordinar diversas acciones y actividades que colaboren a comprender y visibilizar la necesidad de cambios en nuestro país en lo que refiere a la Salud Mental.
Incidir en el proceso de construcción de un nuevo marco legal en Salud Mental en el Uruguay que implique un cambio de paradigma y de modelo de atención que respete los derechos humanos, que actúe sobre los determinantes sociales de la salud y que cumpla con los compromisos internacionales que el país ha asumido en la materia.
Esta Comisión se propone trabajar para concretar una ley Justa, Inclusiva y Humanizadora.
Para esto hará énfasis en el trabajo sobre los siguientes puntos fundamentales que debe incluir la ley, así como el proceso de aplicación de la misma.
Puntos:
1. Respeto a los Derechos Humanos, la dignidad y el buen trato hacia las personas con problemáticas en Salud Mental.
2. Creación de un Órgano de Revisión y supervisión independiente y autónomo que vele y garantice los DDHH.
3. Promover políticas activas de educación, comunicación y cultura que promuevan procesos de desestigmatización y despatologización.
4. Por un modelo no sanitarista de abordaje integral e interdisciplinario.
5. Acceso y goce efectivo de los derechos universales, civiles, políticos, económicos y culturales de las personas con padecimiento psíquico. Vivienda, trabajo, educación, cultura con nuevas políticas intersectoriales e interinstitucionales que den respuesta a estas problemáticas.
6. Cierre de todas las instituciones asilares y hospitales monovalentes públicos y privados a nivel nacional, con un cronograma y plan de cierre.
7. Creación de unidades de Salud Mental en Hospitales Generales y de dispositivos sustitutivos y alternativos a los abordajes tradicionales.
8. Participación activa de los trabajadores, que incluya espacios de formación y cuidado, desde una perspectiva de derechos humanos.
9. Participación de usuarios y familiares en el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas en salud mental y del nuevo Plan Nacional de Salud Mental.
10. Garantías y plazos para internaciones involuntarias. Revisión de todas las terapéuticas, particularmente de aquellas que pueden ser iatrogénicas o coercitivas, como uso indiscriminado de electrochoques, medidas de sujeción y sobre medicación, entre otras.
11. Promover la incorporación de contenidos de salud mental y ddhh en los diferentes niveles educativos y el cuidado en el ejercicio de las situaciones de formación profesional, evitando prácticas que acentúen efectos de vulnerabilidad.
Comisión Nacional Por una Ley de Salud Mental en clave de Derechos Humanos
COMCOSUR INFORMA Nº 1734 – 21/06/2016
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4) PRECARIOS EN LA UNIVERSIDAD
Con la reestructura en Extensión universitaria, no se renovarán los cargos docentes interinos de ese servicio, que vencerán a fines de julio.
Por Mariana Abreu / Brecha, 17 de Junio de 2016
Al debate sobre la precarización del trabajo universitario que plantea Adur se agrega un condimento más: la ausencia de políticas de género en el ámbito universitario.
“¿Precarización laboral en la Universidad?, sin duda”, dice un profesor grado 3 que lleva años dictando clases en Humanidades.
El último día de mayo el Consejo Delegado Administrativo (Cda) de la Udelar (1) rechazó extender la contratación en el cargo interino de una docente embarazada, que cesará en el período correspondiente a su licencia maternal. La situación no está comprendida en el reglamento y tampoco se estimó pertinente realizar una excepción.
La docente en cuestión es grado 2, con diez horas semanales en la Facultad de Ciencias Sociales y es grado 2 en el Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio (Sceam). En este último la mayoría de los cargos son interinos y se renuevan anualmente sin mayores inconvenientes, pero la reestructura (2) de Extensión, aprobada en el marco del cambio de rumbo del nuevo rectorado, establece el cese de los cargos interinos el próximo 31 de julio. La decisión afecta a 43 docentes del servicio. Otros 15 son efectivos.
A raíz de la controvertida reforma votada el año pasado por el Consejo Directivo Central (Cdc), a pesar de la oposición de los estudiantes y los docentes de Extensión y otros servicios, varios funcionarios de la unidad se marcharán a casa, entre ellos la pareja de la docente y papá del bebé por nacer. Otros podrán postularse a nuevos cargos, es el caso de la muchacha que, cuando falta poco más de un mes para el parto, se encuentra concursando por uno de igual remuneración y similares tareas al actual.
Cuando se les pregunta por el trasfondo del caso, los profesores de la Udelar mencionan las frágiles condiciones de trabajo. Entre otros factores, denuncian la significativa cantidad de cargos interinos, el 40,2 por ciento de los docentes, según el censo de funcionarios de 2015.
En la Universidad todos los cargos son a término, pero a diferencia de los efectivos, los interinos duran sólo un año, pueden renovarse o no. “Muchos cargos están apegados a proyectos que tienen determinada duración y luego caen. Después hay interinatos con una permanencia de años, te estoy hablando de 20 años, y por más que uno sepa que en general se hace la recontratación, siempre estás en la cuerda floja”, señala una profesora adjunta de Ciencias Sociales.
Otra docente de menos edad apunta que “un grado 1 con 20 horas semanales gana cerca de 8 mil pesos, son personas con formación de grado, y posgrado en muchísimos casos”. “Acceder a cargos de más horario es muy difícil, la mayoría de los docentes jóvenes, que somos grado 1 y 2, tenemos que trabajar de otra cosa para vivir”, dice.
Una resolución embarazosa
“¿Cómo podemos decir que esto es una excepción?, ¿entonces si alguien tiene una hepatitis tendríamos que hacer la misma excepción?”, argumentó el decano de la Facultad de Odontología y representante del Área de Salud, Hugo Calabria, cuando el Cda resolvió no extender el cargo de la docente embarazada.
“Hay cosas más graves que un embarazo y que deberíamos contemplar”, afirmó el delegado del orden de egresados, Federico Kreimerman, según los representantes de la Asociación de Docentes de la Udelar (Adur) que presenciaron la reunión.
La resolución se votó cuatro a tres. Quienes decidieron que la docente permanezca en el cargo sólo hasta el 31 de julio, y no hasta terminar su licencia maternal, fueron el rector de la Udelar, Roberto Markarian; el decano de la Facultad de Arquitectura y representante del Área Tecnológico-Agraria, Gustavo Scheps, Calabria y Kreimerman.
Votaron para que el cargo se extendiera tres meses más el decano de la Facultad de Humanidades y representante del Área Social-Artística, Álvaro Rico, Santiago Pérez, delegado del orden estudiantil, y Estela Castillo, del orden docente, la única fémina presente con potestad de alzar la mano.
Antes de votar Kreimerman manifestó “preocupación” por “el antecedente que puede ser invocado” si se consideraba la excepción. “En todo caso estamos sentando un precedente de lo que queremos, un precedente positivo”, replicó Pérez. El representante estudiantil y la delegada docente argumentaron que “es necesario separar la maternidad de otros asuntos”. Rico, también partidario de asumir la excepción, propuso encomendar al Área Jurídica de la Udelar una norma específica sobre maternidad.
Pocos días después del fallo, Adur Oficinas Centrales emitió un comunicado expresando su “profundo repudio a los argumentos con los que algunas autoridades universitarias resolvieron el cese” del cargo de la funcionaria “sin considerar su situación de embarazo y los derechos laborales vigentes en Uruguay”.
Quienes mantienen la postura contraria se afirman en el carácter interino del cargo, argumentando que una vez que cesa, no hay normas estatutarias ni nacionales que exijan que su plazo se deba extender, independientemente de la situación en la que se encuentre el o la funcionaria.
Formalidades irrenunciables
“Me parece bastante poco ético, más allá de lo legal, dejar a un trabajador o trabajadora en circunstancias de desamparo”, dice Mariana Viera, coordinadora de la Red Temática de Género (Rtg).
Fuentes de Adur que solicitaron no ser identificadas señalan que más allá de “la reglamentación de la Universidad, es común que los servicios extiendan los cargos en situaciones especiales”. “La diferencia es que antes había una voluntad política que resolvía los problemas y en esta coyuntura no”, dicen apuntando al rectorado.
Viera señala que “hay un apego a las decisiones tomadas, como si éstas no las tomaran las personas y fueran irrenunciables”. “Habría que ser un poco más humanistas, atender más a las personas y no tanto a las formalidades”, afirma.
Las fuentes del sindicato sostienen que las autoridades están presionadas para que el caso se resuelva “a raíz de que tomó estado público” y afirman que ya han ocurrido situaciones de este tipo.
El año pasado la Udelar rechazó el pedido de extender una beca de posgrado a una docente que a raíz de un embarazo riesgoso había tenido que tomar licencia médica (y luego maternal), argumentando que la situación no estaba prevista en las bases. En esta oportunidad tampoco se consideró una excepción. El mismo Markarian, el 31 de mayo en el Cda, reivindicó el antecedente de un caso similar, también desestimado, para negar el pedido de extender el cargo de la docente de Extensión.
Sobre por qué no se ha modificado aún el Estatuto del Personal Docente, desde Adur sostienen que “hay fuerzas internas contrapuestas que no permiten que se logre una síntesis”. “Hace seis años que se está discutiendo el estatuto, pero a partir de este caso hay un compromiso para que la discusión que tiene que ver con los derechos de las mujeres se salde urgentemente”, explican.
“En el Cdc, el órgano máximo de la Udelar, se puede revocar la decisión, pero no darían los votos”, sostienen las fuentes. La Rtg y el sindicato continúan buscando alternativas para la docente, que se encuentra concursando por el cargo.
Recientemente discutieron una propuesta con Hugo Rodríguez, pero las partes involucradas no llegaron a un acuerdo. El pro rector dice estar abierto a analizar otras posibilidades.
En caso de no hallarse una salida institucional y de que la funcionaria no ganara el llamado, Adur definió que se hará cargo de su sueldo durante tres meses, y, en cualquier caso, del de su compañero.
Se plantean otros reparos. La docente no concursa en igualdad de condiciones, ya que puede parir en un mes. “Más allá de cómo se resuelva la situación, ya se está atentando contra la posibilidad de que viva plenamente una situación deseada que debería ser totalmente un goce. Es inevitable que esto le esté repercutiendo, al menos en lo psicológico”, dice Viera.
Más difícil para las mujeres
En 2012 la Udelar creó la Comisión de Género con el cometido de incorporar esa perspectiva en las políticas universitarias. Un año después comenzó a implantarse en siete facultades el modelo de “calidad con equidad de género”, una certificación del Instituto Nacional de las Mujeres, para diagnosticar y contrarrestar las desigualdades existentes.
La economista Andreina Moreira, que trabaja en el proyecto, asegura que la resolución sobre la funcionaria embarazada “fue muy negativa desde la perspectiva de género”. “Algunas resoluciones que se toman en el casco central de la Universidad parece que van en contra de cualquier política de equidad que se pueda llevar adelante en un servicio concreto”, dice.
La Rtg, creada hace década y media con miras, también, de incluir la perspectiva de la mujeres en la Udelar, siguió el caso de cerca. Viera sostiene que el grupo ha estado en contacto con Adur y el pro rector del Sceam, a quien envió una nota manifestando que “más allá de las decisiones tomadas a nivel de política universitaria, la situación merecía ser atendida”.
Viera y Moreira coinciden en que la precariedad laboral que existe en la Universidad está atravesada por la cuestión de género. “Parece que las desigualdades no están, pero en las oportunidades de capacitación y desarrollo son muy claras, o en cómo van ascendiendo las personas en las carreras docentes, los grado 5 básicamente son varones”, explica Moreira. El censo de funcionarios indica que el 53 por ciento de los docentes son mujeres, pero éstas representan solo un 34,1 por ciento de los grado 5.
“Los varones tienen mayoritariamente el acceso a las dedicaciones totales, a las compensaciones de mayor horario y horas extra”, dice la economista. Por su parte, el Informe de Diagnóstico del modelo de Calidad con Equidad de Género de 2014 revela que “los cargos de decisión política están ocupados en su amplia mayoría por hombres”, “los docentes varones ganan más” y “las posibilidades de conciliación de roles académicos y roles familiares, en especial en torno a los trabajos de cuidados de sus hijos, son diferentes para varones y mujeres”.
“En una institución en la que nos jactamos de ser el centro del conocimiento y la producción de saber es un poco perverso no cuestionar las desigualdades y trabajar para transformarlas”, sostiene Viera acerca de la resolución del Cda.
En los últimos días se difundió en las redes sociales un afiche color violeta, el de la lucha de las mujeres. “Que la Universidad se pinte de mujer, la licencia maternal es un derecho conquistado”, dice jugando con las palabras que el Che pronunció al recibir el doctorado honoris causa en la Universidad de Las Villas. “Que se pinte de negro, que se pinte de mulato (…) de obrero y de campesino”, había dicho entonces.
Notas:
(1) Órgano delegado del Cdc.
(2) Véase Brecha del 27-II-15.
Mariana Abreu, Semanario Brecha / Enviado por María Echeverriborda
COMCOSUR INFORMA Nº 1734 – 21/06/2016
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5) DENUNCIA SOBRE CALIDAD DEL AGUA EN SANTA LUCÍA
Comunicado de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía
Santa Lucía, 19 de junio de 2016
El día 17 de junio de 2016, en la ciudad de Santa Lucía – Canelones, el agua de la canilla brindada por OSE salía de un color blanco intenso, con burbujas y vapores, que luego de un rato quedaba traslúcida con un tono amarillento. Se puede acceder al video a través de la página de Facebook de Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.
Reclamamos explicaciones de los organismos competentes: OSE, URSEA y MVOTMA.
Entendemos que ante estas situaciones las autoridades deben informar qué es lo que sucede con el agua, por qué sale así, y cuándo se volvería a una situación normal, cabe destacar que por definición el agua del 17 de junio no era potable.
Si la información sobre la calidad del agua se hiciera pública en tiempo real, como hemos reclamado a las autoridades en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, seguramente no tendríamos que pedir explicaciones, como ahora, y la población podría acceder a alarmas ante problemas en la calidad del agua, derecho humano fundamental.
Asamblea Por el Agua del Río Santa Lucía
COMCOSUR INFORMA Nº 1734 – 21/06/2016
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