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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL
REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
AÑO 14 – Nº 671/ Lunes 19 de Mayo de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
http://nuevo.comcosur.org/
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HOY:
1) Mumia, una voz libre contra las prisiones
2) De Guatemala a Suiza, juicio contra Erwin Sperisen, exjefe la
policía
3) Masacre de Bagua desafía a la justicia peruana
4) Malí y R.C.A: Francia en un callejón sin salida
5) Ucrania cambia oligarquía
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que
niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo
hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese
monopolio es central.” Emir Sader
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1) Mumia, una voz libre contra las prisiones
Ana Martina (Radio Sonidera y Decarceratepa Radio – Desinformémonos)
Preso desde hace 32 años, el preso político continúa escribiendo y
es uno de los más importantes voceros contra el sistema de
encarcelamiento masivo, la pena de muerte, el aislamiento en solitario
y la violencia policiaca.
Los pasados 24 y 26 de abril, amigos y familiares por la liberación
de Mumia Abu Jamal se reunieron para celebrar el cumpleaños número
60 del prisionero político más conocido en los últimos años, quien
ha estado en el pabellón de la muerte y en aislamiento en solitario
por décadas, acusado del asesinato del policía caucásico Daniel
Faulkner.
Su juicio estuvo lleno de irregularidades, con testimonios
cuestionables y sin pruebas. Poco se habla de las razones detrás del
encarcelamiento de Mumia. Originario de la ciudad de Filadelfia, desde
muy joven se unió a las Panteras Negras, un frente de liberación de
la gente afroamericana en los Estados Unidos.
La Panteras Negras son un grupo que a través de los brigaderos
barriales, entre otras cosas repartía desayunos a niños
afroamericanos de los barrios segregados de la ciudad de Filadelfia.
Abu Jamal es un periodista que dio a conocer las injusticias y el
hostigamiento contra la población afroamericana por parte de la
policía de Filadelfia. También dio cobertura al caso de la
organización MOVE, fundada en 1972 como el “Movimiento Cristiano
por la Vida” por John África. Se trata de un grupo afroamericano
por la liberación negra y defensor de los derechos animales en el
oeste de Filadelfia.
MOVE causó la ira de la policía de Filadelfia, que en 1985 dejó
caer una bomba sobre la casa de la organización. Murieron 11 personas
incluyendo a cinco niños y al líder de la organización, John
Africa. Mumia dio seguimiento al arresto previo de nueve miembros de
la organización, muchos de los cuales aún siguen en la prisión.
Este caso representa una de las muchas injusticias cometidas contra
los representantes de la libertad de expresión. Dentro de la
prisión, Mumia continúa escribiendo y es uno de los más importantes
voceros contra el sistema de encarcelamiento masivo, la pena de
muerte, el aislamiento en solitario y la violencia policiaca contra
quienes se oponen al sistema capitalista encabezado por el gobierno de
los Estados Unidos.
Esta es una producción de Radio Sonidera y DecarceratePA Radio para
Desinformémonos desde Filadelfia
Para escuchar el podcast:
http://desinformemonos.org/2014/05/mumia-una-voz-libre-contra-las-prisiones/
LUNES 19 DE MAYO DE 2014 – COMCOSUR
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2) De Guatemala a Suiza, juicio contra Erwin Sperisen, exjefe la
policía
El represor que se inspiraba en su fe cristiana
Sergio Ferrari (Alai)
Es un personaje particular que fundaba en su creencia evangélica todo
el exceso de poder y represión, el que se sienta a partir de este
jueves 15 de mayo en el banquillo de los acusados. Erwin Sperisen, el
“Vikingo”, comparece en el Tribunal Criminal de Ginebra, acusado
de haber organizado diez ejecuciones extrajudiciales entre 2005 y 2006
en Guatemala.
Doble ciudadano suizo – guatemalteco, ocupó durante tres años la
jefatura de la Policía Nacional Civil (PCN) de aquel país
centroamericano y es acusado por diversas instancias –incluida una
Comisión de la ONU- por actos ilegales de extrema gravedad durante su
mandato.
Apenas con 34 años en el 2005, a la cabeza de 19 mil policías de la
Policía Nacional Civil (PNC), el “Vikingo”, conocido por su metro
noventa de estatura, por sus prédicas cristianas y sus prácticas
represivas, sobresalía en el escenario político-institucional del
país centroamericano. Estaba entonces en el máximo escalafón de
responsabilidad en un Estado con una amplia tradición represiva. Solo
el año precedente a su nominación, organizaciones de derechos
humanos contabilizaban 4.500 asesinatos –de todo tipo- en una
nación de apenas 12 millones de habitantes.
Caído en desgracia poco tiempo después y consciente que algunos de
sus actos al frente de la institución podían acarrarle
complicaciones, buscó el “auto-exilio” en Suiza, aprovechando del
pasaporte de la cruz blanca, el apoyo de su familia adinerada y la
protección que la misma le aseguraba. Se instaló en Malagnou, barrio
ginebrino, cerca de su padre nombrado entre tanto representante de
Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A pesar de su “reconversión democrática” y su militancia activa
en el Partido Evangélico Suizo, el cerco comenzó a estrecharse
contra el Vikingo, debido a acusaciones de organizaciones de la
sociedad civil helvética. A inicios del 2007, Philip Alston, Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales,
había publicado un informe muy crítico acusando a la policía
guatemalteca de la “eliminación de individuos socialmente
indeseables”.
La detención de Sperisen en 2012 en Ginebra fue saludada por las
principales organizaciones de derechos humanos y de solidaridad. “Es
una prueba clara de que la justicia no conoce fronteras”. También
demuestra que con la cooperación de autoridades judiciales de todo el
mundo se puede conseguir “que los presuntos responsables penales de
cometer graves violaciones de los derechos humanos rindan cuentas”,
subrayaba entonces a este corresponsal Alma Noser, entonces
responsable para América Central en la sección helvética de
Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional Suiza junto con la organización TRIAL (Track
Impunity Always), están entre los principales denunciantes contra el
ex –jefe policial.
Previo a la detención de Sperisen en Ginebra, las autoridades
españolas habían capturado al ex ministro guatemalteco del Interior
de la época, Carlos Vielman, en octubre del 2010 y Austria había
hecho lo mismo en mayo del 2011 con Javier Figueroa, otros de los
acusados en el mismo caso.
Los delitos cometidos
El ex – jefe de la policía guatemalteca fue detenido el 31 de agosto
2012 en Ginebra luego de haber gozado de libertad total a partir de su
instalación en ese cantón en 2007. “El Vikingo”, es acusado
también por la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) de haber sido uno de los jefes de los escuadrones de
la muerte que operaron en el país centroamericano entre julio del
2004 y marzo del 2007.
Dicha Comisión es un organismo que fue establecido conjuntamente por
las Naciones Unidas y Guatemala en el 2007. La Comisión comprobó la
existencia en esos años de un “Grupo Criminal Autónomo”
integrado por 19 personas que operaba con total impunidad. Todos eran
funcionarios de los servicios de Seguridad del Estado o fuerzas
aparentadas y habrían implementado ejecuciones extra judiciales de
prisioneros.
Entres los hechos imputados a Sperisen y su grupo se encuentra la
masacre de una decena de campesinos en la comunidad Nueva Linda en
agosto de 2004, un mes después de su nominación a la jefatura
policial. En octubre del 2005, luego de la evasión de 19 presos de la
cárcel «Infiernito», Sperisen y sus colegas implementaron el Plan
Gavilán con el objetivo de atrapar a los evadidos y ejecutarlos,
disimulando pruebas. Tres de los recapturados corrieron esa suerte.
Un año más tarde, el doble nacional suizo –guatemalteco intervino
en la prisión de Pavón para retomar el control del centro
penitenciario en mano de los presos. La intervención se saldó con la
ejecución extrajudicial de siete detenidos, acción maquillada para
justificar el uso de la fuerza. En marzo del 2007 Sperisen debió
renunciar a su cargo dado que el cuerpo policial que dirigía se vio
involucrado en el escándalo resultante del asesinato en Guatemala de
tres diputados salvadoreños, miembros del Parlamento Centroamericano.
Dado que Sperisen cuenta con la doble nacionalidad, Suiza no acepta la
eventual extradición a Guatemala para un proceso. De ahí la
trascendencia del veredicto final del próximo 6 de junio que podría
implicar una pena en torno a los diez años de prisión si lo reconoce
culpable. Un desafío para la justicia helvética. Una señal
importante hacia la lucha internacional contra la impunidad.
Suiza y Guatemala: siete años de lucha por justicia y castigo
La organización TRIAL ha sistematizado la historia del procedimiento
contra Erwin Sperisen. En julio 2007, tres organizaciones suizas: la
Comunidad Ginebrina de Acción Sindical, la Acción de los Cristianos
por la Abolición de la Tortura y el sindicato rural UNITERRE,
presentaron una primera denuncia penal contra Sperisen por los
crímenes cometidos durante la evacuación de la finca Nueva Linda.
La denuncia es interpuesta ante el Procurador General del Cantón de
Solothurn, lugar de origen del acusado. Luego de una primera
investigación, esa autoridad judicial transfiere el caso al Cantón
de Ginebra, donde residía Sperisen. Dada la pasividad de la justicia
ginebrina, TRIAL y la Organización Mundial contra la Tortura se
asociaron a otras entidades y ONG para movilizar la causa.
En 2009, las mismas organizaciones presentaron una denuncia penal
complementaria que incluía casos de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, torturas y violencias sexuales cometidas por
miembros de la Policía Nacional bajo la dirección de Sperisen. El 3
de septiembre 2010, como consecuencia de un mandato de detención
internacional emitido en julio del mismo año por las autoridades
judiciales guatemaltecas contra Sperisen, la denuncia es enviada a un
Juez de Instrucción.
En septiembre 2010, TRIAL y Amnistía Internacional Suiza relanzan el
caso.
En abril 2011, una comisión de investigación internacional viajó a
Guatemala tras de lo cual aporta nuevos datos a las autoridades
ginebrinas en el tercer trimestre del mismo año. El 31 de agosto del
2012, Sperisen fue detenido en Ginebra y su prisión prolongada en
varias ocasiones ante el riesgo real de evasión del inculpado. Este
jueves 15 de mayo del 2014, se abrió la fase final del proceso con la
comparecencia del acusado ante el Tribunal Criminal de Ginebra, quien
se pronunciará el próximo 6 de junio.
LUNES 19 DE MAYO DE 2014 – COMCOSUR
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3) Masacre de Bagua desafía a la justicia peruana
Milagros Salazar (IPS)
El juicio oral que acaba de abrirse a 52 indígenas y mestizos por la
masacre de 2009 en la noroccidental ciudad peruana de Bagua pone a
prueba la independencia y la capacidad de impartir justicia de los
tribunales de este país.
La fase oral comenzó el miércoles 14 en la Sala Penal de Apelaciones
y Litigadora Transitoria de Bagua, en el norteño departamento de
Amazonas, y la próxima audiencia será el día 26. Los acusados son
dirigentes indígenas y pobladores que tuvieron alguna participación
en el enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y manifestantes el 5
de junio de 2009, que derivó en la muerte de 34 personas, 24
policías y 10 civiles, y unas 200 heridas.
Los indígenas de esa región amazónica llevaban 60 días ocupando
una vía para exigir la derogación de decretos del segundo gobierno
de Alan García (2006-2011), que violaban derechos consagrados en la
Constitución y amenazaban la propiedad de sus territorios. Varios de
esos decretos fueron derogados más tarde. Pero los incidentes
ocuparon los títulos de la prensa nacional y tuvieron resonancia
internacional.
Las actuaciones se iniciaron contra 53 nativos y mestizos. Uno de
ellos falleció el año pasado. El resto enfrentan cargos penados
desde seis años de reclusión hasta cadena perpetua, según explicó
a IPS uno de los abogados defensores, Juan José Quispe, del no
gubernamental Instituto de Defensa Legal (IDL).
Hasta ahora, la fiscalía no ha formulado acusación contra 12
policías imputados también por los enfrentamientos, dijo Quispe.
Pero sí llegó a solicitar prisión perpetua para siete de los 52
civiles, entre ellos el dirigente indígena Alberto Pizango,
presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (Aidesep), que convocó la movilización amazónica.
“Nosotros acatamos el mandato de los pueblos”, dijo Pizango a IPS
días antes del inicio del juicio oral.
Después de la masacre, Pizango se exilió en Nicaragua, pero regresó
en mayo de 2010. Los otros acusados que se juegan la posibilidad de
ser condenados de por vida son Santiago Manuim, Héctor Requejo,
Ronald Requejo, Danny López, Feliciano Cahuasa y Joel Shimpukat.
Según el abogado Quispe, desde el inicio se evidenciaron
irregularidades en el proceso. La justicia no aceptó el pedido de la
defensa de interrogar al expresidente García y a varios de sus
entonces ministros. “La Sala dijo que no los citaban porque no eran
testigos presenciales de los hechos”, dijo Quispe. “Pero este es
un caso que tiene implicancias políticas”, aseguró el abogado.
Un aspecto clave es indagar si el gabinete de ministros sabía que, un
día antes de la masacre, los dirigentes indígenas enviaron una carta
a la comisaría de Bagua informando que se retirarían pacíficamente
de la zona denominada Curva del Diablo, agregó Quispe.
Los indígenas aducen que había un acuerdo previo con los jefes
policiales de que, si llegaba de Lima la orden de desalojo, habría un
aviso para permitir que los manifestantes se fueran en paz. Pero a las
cinco de la mañana del 5 de junio, 600 policías emprendieron el
desalojo por la fuerza de la Curva del Diablo, el tramo de la
carretera que une la costa con las principales localidades selváticas
del norte de este país.
Enterados de que la represión estaba causando muertos en la Curva del
Diablo, los nativos awajún que ocupaban la cercana Estación de
Bombeo de Petróleo Número 6, decidieron tomar represalias contra un
grupo de policías apostados en el lugar. En la primera audiencia del
juicio, la Sala Penal no facilitó intérpretes de la lengua awajún.
“Se necesitaba registrar los nombres completos, lugar de nacimiento,
cuántos hijos tienen, cuándo dinero ganan…”, dijo Quispe a IPS.
Al final, uno de los dirigentes nativos, Merino Trigoso, “tuvo que
hacer las veces de intérprete”, agregó. Pero la falta de
intérprete determinó que se suspendiera la lectura de la acusación
fiscal, pues los casi 14 defensores –facilitados por el IDL, el
católico Vicariato de Jaén y Aidesep— exigieron que ese documento
escrito fuera traducido al awajún.
Según Quispe, el presidente del tribunal, Gonzalo Zabarburu,
incurrió en otra falta al fijar el arresto domiciliario de uno de los
acusados, Feliciano Cahuasa, en una ciudad distinta de la que ya le
había establecido otro juez. “Esta arbitrariedad afecta al
procesado, que ya había hecho sus trámites para acatar la orden del
otro juez y ahora debe buscar un nuevo domicilio donde cumplir su
arresto”, explicó Quispe.
Cahuasa, acusado de la muerte del mayor Felipe Bazán durante los
hechos de Bagua, pasó casi cinco años detenido sin sentencia, cuando
la ley dice que nadie puede permanecer más de tres años en esa
condición. La defensa logró que pasara a prisión domiciliaria.
El tribunal también incurrió en una decisión riesgosa al ordenar
que se trasladara a uno de los acusados, Trigoso, hasta la comisaría
durante un receso de la sesión, en lugar de dejarlo en alguna sala de
los juzgados hasta la reanudación de la audiencia. Trigoso salió
custodiado por varios policías mientras fuera de los tribunales una
multitud de indígenas aguardaba ansiosa.“Pudo haberse ocasionado un
hecho lamentable por una absurda disposición de los jueces”, dijo
Quispe. Pero no hubo incidentes.
Una de las primeras lecciones que Bagua dejó a los indígenas es la
necesidad de “pasar de la gran protesta a la gran propuesta, y de la
gran propuesta a la gran acción, que consiste en el ejercicio pleno
de la libre determinación de los pueblos”, aseguró Pizango a IPS.
“Los pueblos ya nunca más tomarán carreteras, porque ahora conocen
la trampa del Estado peruano. Si sales a defender la voz de los
pueblos, lo que recibes es agresión, bala y todo un sistema de
desinformación”, añadió.
LUNES 19 DE MAYO DE 2014 – COMCOSUR
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4) Malí y R.C.A: Francia en un callejón sin salida
Paul Martial (Viento Sur)
Los ardientes partidarios del intervencionismo militar francés en
África que hacen estragos en nuestros medios se están volviendo más
discretos. Es fácil de entender si se ve la situación que reina
tanto en Malí como en República Centroafricana.
Un año después del lanzamiento de la operación Serval en enero de
2013, la situación en Malí se deteriora. Los recientes ataques con
cohetes contra las ciudades del norte, en particular Gao y sobre todo
Kidal, demuestran que los yihadistas han logrado abrirse un pasillo
entre el sur de Libia y el norte de Malí que les permite el
transporte de armas y hombres. Esta situación de inseguridad sigue
impidiendo el funcionamiento normal de los servicios públicos, en
particular la salud y la enseñanza.
Las negociaciones entre el gobierno maliense y los tuaregs no han
empezado en realidad y la multiplicidad de mediadores, Burkina-Faso,
Argelia, Marruecos y… Suiza, no facilita las cosas. Además, el
gobierno maliense de Boubacar Keita (IBK) ha declarado en repetidas
ocasiones su descontento respecto a las presiones de Francia para la
conclusión rápida de un acuerdo de paz con el MNLA tuareg. La
posición de IBK se debilita: decepción de la población que ve sus
condiciones de vida deteriorarse, nepotismo del clan IBK, corrupción
con el escándalo revelado por el periódico Le Monde de los lazos
entre IBK y la mafia corsa francoafricana no son ciertamente extraños
a la remodelación ministerial que ha tenido lugar estos últimos
días.
La irresponsabilidad de la potencia francesa
República Centroafricana sigue confrontada a la peor crisis que haya
conocido en su historia, la irresponsabilidad de Francia apoyando a
los peores dictadores ha hecho de ese país un estado fallido, mucho
antes de la desastrosa toma de poder de la Seleka. Los enfrentamientos
entre poblaciones, exacerbados por las facciones de la clase
dominante, se desarrollan en una región en la que los dictadores
dictan su ley. Todos esos poderes son apoyados por Francia y hacen
ilusoria una solución democrática en República Centroafricana. La
reciente dimisión del Tchad de la Misca, la fuerza de la Unión
Africana, como consecuencia del informe de Rupert Colville sobre la
matanza provocada por los soldados tchadianos que acabó en una
treintena de muertos, acentúa esas dificultades.
A esta crisis de seguridad en la que actúan devastándolo todo las
milicias armadas, se perfila otra crisis menos mediática pero
ciertamente más costosa en vidas humanas, la de la penuria
alimentaria provocada por la desaparición de los circuitos de
reavituallamiento, la ausencia de semillas y la destrucción de los
rebaños, la huida de los pastores esencialmente Peuls, víctima de
los anti-Balaka porque les asimilan a los musulmanes.
Diplomacia económica
El anuncio de la llegada de 11.800 cascos azules de las Naciones
Unidas en septiembre tiene muchas probabilidades de activar los
conflictos, al querer reforzar cada una de las milicias en presencia
su correlación de fuerzas militar sobre el terreno.
En Malí, como consecuencia de la decisión sobre la ayuda al
desarrollo económico del país, se han concedido préstamos que la
gente deberá devolver a los bancos. En ese marco, las empresas
francesas son concesionarias a dedo de importantes trabajos para el
norte de Malí de un valor de más de 37 millones de euros. Y esto no
es más que el comienzo.
La diplomacia económica reivindicada por el nuevo gobierno de
Hollande y de Valls está ya en marcha, verificando la nueva fórmula
del adagio: “la desgracia de los pueblos constituye la dicha de las
multinacionales”.
Hebdo L’Anticapitaliste, 238:
http://npa2009.org/content/mali-et-centrafrique-impasses-francafricaines
Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR
LUNES 19 DE MAYO DE 2014 – COMCOSUR
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5) Ucrania cambia oligarquía
“No todas las rebeliones son revoluciones”
Jean-Arnault Derens y Laurent Geslin (Le Monde Diplomatique)
Tras la secesión de Crimea, el nuevo poder ucraniano debe enfrentar
una situación económica, demográfica y social desastrosa. El
sistema oligárquico construido desde hace veinte años alimenta la
pobreza, el rencor y el miedo. Y nada indica que será realmente
puesto en tela de juicio.
Muy cerca de la Plaza Lenin de Donesk, el Donbass Palace es el hotel
más lujoso del este de Ucrania. La habitación cuesta 350 euros la
noche, mucho más que el salario mensual promedio, en esta vidriera
del imperio de Rinat Ajmetov. El hombre más rico del país formó
parte del entorno de Viktor Yanukovich, el presidente depuesto, y hoy
apoya con prudencia al poder surgido de la insurrección en Kiev.
Además de este hotel y de numerosos inmuebles, el millonario es
dueño del club de fútbol de la ciudad, el Shajtar Donesk, y sobre
todo de minas, acerías, fábricas. Entre los clanes de la oligarquía
nacional, las más grandes fortunas nacieron en esta cuenca industrial
y minera del Don. Estas tierras que corresponden a los oblasts
(regiones) de Donesk y Lugansk constituían ya uno de los centros
industriales y mineros de la ex Unión Soviética.
Donbass aún provee la cuarta parte de los ingresos en divisas de
Ucrania, aunque oficialmente no queden más de noventa y cinco minas
en actividad, contra doscientas treinta hace veinte años. Durante el
mismo período, el país perdió siete millones de habitantes.
Inmediatamente después del acceso a la Independencia, a fines de
1991, frente al caos económico y al cierre de las primeras minas
estatales, los hombres comenzaron a escarbar el suelo para sobrevivir.
“Aquí basta con cavar un metro para encontrar carbón”, desliza
un viejo minero de Thorez, la ciudad industrial vecina, que aún lleva
el nombre del ex dirigente comunista francés (1). En las galerías
artesanales, mal apuntaladas por troncos de madera, los accidentes
abundan. Empujados por la esperanza de ganar 200 o 300 euros por mes,
los mineros aceptan el riesgo de desaparecer en las entrañas de la
tierra. Con la llegada de Yanukovich al frente del Estado en 2010, la
red de kopanki, esas minas ilegales, se estructuró y organizó.
“El carbón extraído de las kopanki se cedía a bajo precio a las
minas públicas, que luego lo revendían a precio de mercado”,
cuenta Anatoly Akimochin, vicepresidente del Sindicato Independiente
de Mineros de Ucrania. A estas ganancias se sumaban los subsidios
otorgados por el gobierno para mantener artificialmente la solvencia
de las minas públicas. “Buena parte de estas sumas desaparecía en
los bolsillos de los hombres del régimen”, desliza Akimochin.
Según los expertos nacionales, el 10% del carbón producido estos
últimos años en el país provenía de estas explotaciones ilegales.
Detrás de esta red se perfila la sombra de Alexandre Yanukovich, el
hijo mayor del ex presidente, quien había asumido así el riesgo de
competir con los propietarios de las minas privatizadas, a la cabeza
de los cuales se encontraba Ajmetov.
Más de lo mismo
“¿Una revolución? No, simplemente, un nuevo reparto de cartas”.
El sociólogo Volodymyr Ishchenko, director del Centro de
Investigación Social de Kiev, no oculta su amargura, unas semanas
después de la huida de Yanukovich y la instauración de un nuevo
régimen. “Este gobierno defiende los mismos valores que el
anterior: el liberalismo económico y el enriquecimiento personal. No
todas las rebeliones son revoluciones. Resulta poco probable que el
movimiento de Maidan permita cambios profundos y pueda así aspirar al
rango de revolución. El candidato más serio para las elecciones
presidenciales del 25 de mayo no es otro que Petro Poroshenko, el
‘rey del chocolate’, uno de los hombres más ricos del
país…”. Mientras aún caían manifestantes bajo las balas en
Maidan, la Plaza de la Independencia, epicentro de la ira popular
desde el 22 de noviembre pasado, una extraña transición se negociaba
en algunas antesalas con los poderosos hombres de negocios que tomaron
el control de Ucrania.
Estos últimos veinte años, la república vivió una forma particular
de desarrollo, a menudo calificada de “pluralismo oligárquico”.
Muchos hombres de negocios, que amasaron inmensas fortunas adquiriendo
a precio vil las minas o las fábricas privatizadas tras el fin de la
URSS, se involucraron en política. Comerciantes de petróleo o gas
pueden convertirse así en ministros, o asumir la dirección de
grandes organismos de la administración pública. La propia ex
primera ministra Yulia Timochenko, figura de la “Revolución
Naranja” de 2004, elevada por los occidentales al rango de mártir
tras su encarcelamiento en agosto de 2011, hizo una fortuna en la
industria gasífera.
Se hace carrera entre los negocios y los cargos públicos. Otros
poderosos empresarios se conforman con una posición más discreta,
financiando las campañas de políticos encargados de representar sus
intereses, que se convierten así en sus servidores. Este sistema, que
se formalizó bajo la presidencia de Leonid Kuchma (1994-2005), supone
una recomposición permanente, en función de los intereses opuestos
de estos poderosos, sus alianzas y rupturas.
A pasos del Donbass Palace, en el último piso del señorial edificio
que alberga las sedes de Metinvest y DTEK, dos de las empresas de
Ajmetov, se exhibía el cartel luminoso de Mako, el holding creado en
Suiza por Yanukovich hijo para exportar el carbón ucraniano. Pocos
días después de la caída del padre, fue discretamente desmantelado,
señal de que la alianza que unía al dueño del Donbass y los hombres
del presidente había fracasado.
En 2010, el presidente Yanukovich, considerado desde los años 1990
como el representante político de los intereses del clan de Donesk,
había decidido adquirir cierta autonomía frente a su poderoso
protector. Ubicó a sus hombres de confianza –los miembros de su
“familia”, como la llamaron rápidamente los ucranianos– en
puestos clave del Estado. Entre ellos, Serhiy Arbuzov, considerado su
banquero personal, asumió la dirección del Banco Nacional a fines de
2010. Fue designado por corto tiempo primer ministro en el momento
más álgido de la crisis, el 28 de enero pasado, tras la partida de
Mykola Azarov. El presidente se apoyaba también en Vitali
Zajarchenko, un amigo cercano de su hijo Alexandre, a quien designó
al frente de la administración impositiva en diciembre de 2010, antes
de catapultarlo como ministro de Relaciones Exteriores en noviembre de
2011. Finalmente, al asumir el poder, decidió favorecer los negocios
de otro hombre de influencia, Dmytro Firtash, quien detentó durante
un tiempo el monopolio de la importación de gas ruso, antes de
diversificarse en la química y el sector bancario. Zajarchenko huyó
a Rusia, mientras que Firtash fue detenido en Viena el 13 de marzo.
“Familias” de magnates
La “familia” favoreció también la aparición del llamado grupo
de los “jóvenes oligarcas”, cuya estrella en ascenso era Serhiy
Kurchenko. Este hombre muy joven (nació en 1985 en Járkov),
calificado de “revelación” del mundo de los negocios en 2012, es
el propietario de la compañía Gas Ucrania, que controlaba el 18% del
mercado de gas líquido, con un volumen de negocios global de 10.000
millones de dólares. Kurchenko adquirió en 2012 la refinería de
Odesa, así como el club de fútbol de su ciudad natal, el Metalist
Járkov. Este fulgurante ascenso se basa ante todo en las estrechas
relaciones que mantenía con el hijo del ex fiscal Viktor Pchonka,
otro miembro eminente de la “familia”. Al adquirir la refinería
de Odesa, el joven propietario de Gas Ucrania se convirtió
abiertamente en rival de Igor Kolomoisky, considerado la tercera
fortuna del país, muy presente en el mercado del petróleo. “La
competencia estaba desvirtuada, explica la periodista Anna Babinets,
ya que Kurchenko tenía el apoyo del régimen.”
Tras la caída de la “familia”, Kurchenko, al igual que los
Pchonka padre e hijo, huyeron a Rusia. El 2 de marzo de 2014, su
rival, Kolomoisky, fue designado gobernador del oblast de
Dnipropetrovsk por las nuevas autoridades. El mismo día, Serhei
Taruta, actor central de la siderurgia, propietario de la Unión
Industrial de Donbass (IDS), fue designado gobernador del oblast de
Donesk. El hombre fue uno de los financistas de la “Revolución
Naranja”, pero se cuidó siempre de exponer demasiado sus
compromisos políticos. “Taruta y Ajmetov nunca fueron amigos. Pero,
después de muchos conflictos, supieron celebrar una suerte de acuerdo
para controlar nuestra región –explica el politólogo Valentin
Kokorski, profesor de la Universidad de Donesk–. Resulta
inconcebible que Ajmetov no haya avalado la designación de su
rival.” Sin embargo, entre ambos hombres, la batalla fue feroz
durante mucho tiempo; Ajmetov aumentaba sus precios para llevar a
Taruta a ceder el control de su empresa.
Una de las pocas ventajas del sistema oligárquico fue quizás
preservar al país de la influencia de los capitales rusos (2). “Sin
embargo –precisa Kokorski– sería ilusorio imaginar que la
economía ucraniana, especialmente en Donbass, pudiera prescindir de
Rusia. Todas nuestras industrias de transformación están orientadas
hacia ese mercado y, con mucha frecuencia, no se ajustan a las normas
de la Unión Europea. Nuestros oligarcas saben muy bien que Ucrania
sólo puede encontrar su salvación cumpliendo plenamente su función
de puente entre la Unión Europea y Rusia.” Por ejemplo, la fortuna
de Ajmetov se arraiga en la tierra de Donbass, pero se extiende a
Rusia y varios países de la Unión (Bulgaria, Italia, Gran Bretaña).
El oligarca posee allí fábricas, así como una serie de empresas
fantasma y participaciones cruzadas.
Por su parte, Taruta surgió de la minoría griega de las costas del
mar de Azov. Su ciudad natal, el gran puerto de Mariupol, es un
bastión del grupo Ajmetov. Éste posee los complejos metalúrgicos
Azovstal e Illich, así como la fábrica de vagones y locomotoras
Azovmach, que exporta casi la totalidad de su producción a Rusia.
Unos días después de su designación, Taruta viajó a Mariupol para
encontrarse con los representantes de los sectores económicos. “La
reunión fue fructífera. A nadie le interesa el estallido de
Ucrania”, asegura Nikolai Tokarskyi, director del influyente diario
local Priazovskii rabochii, quien participó del encuentro. El diario
pertenece al holding SKM de Ajmetov. Tokarskyi es también diputado en
el Parlamento del oblast de Donesk donde, bajo la etiqueta de
“independiente”, representa directamente los intereses de los
oligarcas. A riesgo de disgustar a su electorado, muy sensible a las
sirenas rusas, el Priazovskii rabochii milita por la “integridad
territorial” de Ucrania, expresando así la adhesión de Ajmetov a
las nuevas autoridades de Kiev.
Pero… ¿quién manda?
El gobierno cuenta con los oligarcas para tratar de paliar la quiebra
y la casi desaparición del aparato estatal. Trata sobre todo de
involucrarlos en la defensa contra la “amenaza rusa”, considerando
que un conflicto duradero sería desastroso para sus intereses.
Ajmetov y Taruta parecen muy conscientes del peligro, y multiplicaron
los llamados a la calma. Tras las violentas refriegas del 13 de marzo,
que costaron la vida de un manifestante en el centro de Donesk,
Ajmetov emitió finalmente un comunicado para decir que “Donbass es
una región responsable”, donde vive un “pueblo valiente y
trabajador”, y que no podría ceder a los demonios de la violencia.
Durante el mes de marzo, una extraña batalla enfrentó a
manifestantes prorrusos y fuerzas del orden por el control de los
edificios públicos en el Este. Ocupados por los contestatarios,
fueron recuperados por la policía unos días más tarde. Cuando la
sede de la administración regional de Lugansk fue sitiada, el 9 de
marzo, trescientos policías equipados con escudos antidisturbios, en
lugar de defender el edificio, salieron aclamados por una multitud de
dos mil personas, en su mayoría mujeres y jubilados. Muchos policías
mostraban una sonrisa de connivencia con aquellos que acababan de
desalojar. Este escenario se repitió en varias ocasiones en Donesk.
“Los policías ya no saben a quién obedecer. Sus jefes servían a
las anteriores autoridades”, señala Denis Kazantski, célebre
bloguero de Donesk.
Las cadenas de mando son inciertas en todos los escalones de las
fuerzas de seguridad. La administración central, donde se nombraron
nuevos directivos, apenas funciona: “Respecto de la corrupción, el
Ministerio Fiscal sólo cuenta con los datos que nosotros, los
periodistas, podemos brindarle, ya que los archivos desaparecieron”,
explica Anna Babynets. Mientras que el ejército ucraniano, según
Oleksandr Turchinov, presidente interino de la República, sólo
contaría con “seis mil hombres preparados para combatir”, el
Parlamento votó, el 13 de marzo, la creación de una guardia
nacional. Esta tropa, que podría estar integrada por los
nacionalistas más radicales, como los del grupo de extrema derecha
Praviy Sektor (3), tiene pocas posibilidades de responder a los
desafíos securitarios, pero corre el riesgo de seguir aumentando la
desconfianza de las poblaciones del Este. El 14 de marzo, un altercado
mortal enfrentó, en la ciudad de Járkov, a militantes de Praviy
Sektor con prorrusos.
En realidad, mientras el Estado parece desmembrarse, la historia de la
“revolución” ucraniana es quizás ya la de una oportunidad
perdida. Responsable del Partido de las Regiones en la ciudad de
Lugansk, a unos treinta kilómetros de la frontera rusa, Alexandre
Tkachenko reconoce haberse escandalizado, “como todo el mundo”,
con las imágenes de la lujosa mansión de Yanukovich, con sus famosos
baños de oro macizo: “Cuando éramos jóvenes, nos enseñaron el
viejo lema: ‘Paz a las chozas, guerra a los palacios’, suspira.
Pero la corrupción socavó al conjunto del país”.
Sin duda, las poblaciones del Este habrían podido unirse a las del
Oeste en un movimiento común contra la oligarquía y la corrupción.
Pero la exaltación del nacionalismo ucraniano desempeñó un papel de
contrapunto para los rusófonos de la parte oriental, mientras que los
partidarios del ex presidente Yanukovich responden agitando el
espantajo de una “amenaza fascista”. Bastaron unas pocas semanas
para que la manipulación de los miedos y los sentimientos
identitarios condujera al país al borde de la guerra civil.
1. Maurice Thorez fue secretario general del Partido Comunista
francés de 1930 a 1964.
2. Sławomir Matuszak, “The oligarchic democracy: the influence of
business groups on Ukrainian politics”, Center for Eastern Studies,
Varsovia, 2012.
3. Véase Emmanuel Dreyfus, “Las múltiples rebeldías”,
Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, marzo de 2014.
LUNES 19 DE MAYO DE 2014 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las
ideas
dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante
en
la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual
dominante, la
clase que controla los medios de producción intelectual, de tal
manera que
en general las ideas de los que no disponen de medios de producción
intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos
Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este
boletín,
no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur
sobre
los temas en cuestión.
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