NOTICIAS Y PENSAMIENTOS
COMCOSUR AL DÍA – AÑO 15 – Nº 1976
Viernes 13 de Junio de 2014
Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / 1994 – 19 de junio – 2014 /
HOY:
1) Tribunal de Apelaciones niega clausura del caso Piegas
2) Vázquez no quiere que se apruebe ley de medios durante la campaña
3) Contratista preso por lavado recibió dinero de grupos terroristas
4) Gobierno habilitó a UPM a aumentar su producción
5) Se mantiene pareja la venta de autos 0km
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"Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.
Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades
para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas
contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa".
Noam Chomsky
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1) Tribunal de Apelaciones niega clausura del caso Piegas
Mauricio Pérez (Caras y Caretas)
Los delitos cometidos durante la dictadura no prescribieron, por lo que los jueces deben seguir investigando y, eventualmente, condenar a los responsables. Un tribunal de Apelaciones ordenó la reapertura de una indagatoria judicial, con el argumento de que el período de vigencia de la ley de caducidad no puede incluirse dentro del plazo de prescripción.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal (TAP) de 4º Turno aseguró, en sucesivos fallos judiciales, que el período de vigencia plena de la Ley 15.848 (de caducidad de la pretensión punitiva del Estado) no puede ser considerado dentro de los plazos de prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura. En consecuencia, pueden seguir siendo investigados.
La Sala, con el voto conforme de todos sus integrantes (Ángel Cal Shabán, Jorge Catenaccio y Luis Charles) ordenó entonces, el lunes 19, la reapertura de la investigación por el homicidio de Enrique Piegas Cavalheiro, cuyo plazo de prescripción aún no se habría cumplido.
Piegas, funcionario aduanero y dirigente sindical en Salto, fue detenido por efectivos del Fusna en Montevideo, por motivos que aún se desconocen. Falleció el 8 de febrero de 1978 en el hospital de su departamento, como consecuencia, aparentemente, de las torturas a las que fue sometido durante su detención, según señala la denuncia penal presentada por su familia.
En abril de 2013, semanas después de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declarara la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 para el caso de Piegas, el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal, dispuso el archivo de la indagatoria penal. El magistrado consideró que ese fallo, que favoreció a dos capitanes de Navío en situación de retiro que fueron citados a declarar por la Sede, desechaba la tesis de la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura y categorizaba al crimen como un delito común. Con estos argumentos, el caso estaba prescrito desde el 28 de octubre de 2011. El caso de Piegas fue el primero que se archivó a raíz de la resolución de la Corte.
Sin embargo, el TAP rebatió estos argumentos y consideró que el caso debe reabrirse. Argumentó que “no es jurídicamente admisible” que el período de vigencia de la ley de caducidad se incluya dentro de los plazos de prescripción ya que, en los hechos, las víctimas de los delitos o sus familiares no pudieron acudir a la Justicia. La postura del TAP fue reiterada en otro expediente: la indagatoria penal por el homicidio del maestro Julio Castro.
Reapertura
En línea con la jurisprudencia establecida en los tribunales uruguayos, el TAP consideró que el tiempo que duró la dictadura (27 de junio de 1973 al 1º de marzo de 1985) no puede contabilizarse a la hora de computar los años de prescripción para los delitos cometidos por policías o militares, ya que las víctimas o sus familias estaban, en esos años, imposibilitadas de acudir a la Justicia. El retorno a la democracia hizo posible que las víctimas acudieran a la Justicia y presentaran las denuncias con la “correlativa posibilidad, efectiva y concreta” de que los hechos fueran investigados “con las garantías del debido proceso”. Pero esa situación cambió el 22 de diciembre de 1986, cuando fue promulgada la ley de caducidad.
La norma “supuso ineluctablemente, que las víctimas, o sus causahabientes, o cualquier persona con un interés directo en que se investigaran eventuales hechos delictivos ocurridos en el período dictatorial, se tuvieran que enfrentar nuevamente a la paradojal situación de que la Justicia carecía de autonomía funcional para desarrollar su específica labor institucional”, en virtud de la necesaria intervención del Poder Ejecutivo para definir qué casos podían investigarse y qué casos no.
Por este motivo, para el caso Piegas “no es jurídicamente admisible pretender computar el término de prescripción, de manera conjunta, simultánea, o superpuesta con la caducidad operada legalmente”, ya que ambos son “institutos excepcionales” y “no admiten ser aplicados respecto del ejercicio del mismo derecho, en un plano temporal idéntico”. Por ende, “el término de prescripción no puede jurídicamente computarse durante el lapso [en] que operó la caducidad, esto es, a partir de la vigencia de la Ley 15.848, sin perjuicio de ser computable el período anterior a la promulgación de la misma”, concluyó el TAP.
Las hipótesis
Con esta línea argumental, el TAP establece que el plazo de prescripción de los crímenes de la dictadura debe computarse desde el 1º de marzo de 1985 hasta la promulgación de la ley de caducidad, detenerse durante el período de vigencia plena de esa norma y reiniciarse con base en alguna de tres hipótesis legales, cuya aplicación depende de cada caso. En la primera hipótesis se cuenta a partir de la fecha en que, eventualmente, el Poder Ejecutivo hubiera emitido un informe considerando que el caso estaba excluido de la ley de caducidad. En la segunda, se cuenta a partir del 30 de junio de 2011, cuando el Poder Ejecutivo aprobó la resolución 322/2011 (por la que todos los casos fueron excluidos del amparo de la polémica norma). Y en la tercera, a partir del 27 de octubre de 2011, cuando entró en vigencia el artículo 1 de la Ley 18.831.
La Sala consideró que ese artículo, que restableció la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares, no fue declarado inconstitucional por la Corte, así que está vigente y debe aplicarse: “La precitada norma no modificó un ápice la situación legal preexistente a su sanción, en cuanto sus efectos se proyectan hacia el futuro, al carecer de efecto retroactivo, y por tanto su eventual aplicación al caso que pudiera corresponder, se efectúa con absoluta prescindencia de los arts. 2 y 3 del mismo texto legal” (que fueron declarados inconstitucionales).
Estos sucesivos fallos del TAP de 4º Turno son relevantes, ya que se trata del segundo tribunal de Apelaciones que, con base en estos argumentos, niega el pedido de clausura de indagatorias penales por delitos cometidos durante la dictadura. En abril de 2013, el TAP de 1º Turno desestimó la clausura de varias causas al considerar que “la Ley de Caducidad se erigió en obstáculo a la investigación” de estos ilícitos, puesto que “ni las víctimas ni el titular de la acción pública estuvieron en plenas condiciones de perseguir los delitos encapsulados por el artículo 1º de la Ley 15.848”.
Desde entonces se aguardaba con expectativa qué postura asumirían los demás tribunales de alzada, ya que su posicionamiento sería clave para definir la continuidad de los procesos por violaciones a los derechos humanos de la dictadura. En todo caso, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia (o en su defecto, los fiscales que no compartan estos argumentos y consideren que los delitos están prescriptos). Empero, la famosa “muralla” de la que habló el ministro de Corte Jorge Ruibal Pino comenzó a mostrar algunas grietas, y existen argumentos jurídicos para atravesarla.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014
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2) Tabaré Vázquez no quiere que se apruebe ley de medios durante la campaña electoral.
Natalia Uval (La Diaria)
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) enfrenta dos obstáculos dentro del Frente Amplio (FA) en su pasaje por el Senado: la posición reticente de por lo menos un senador del Frente Liber Seregni (FLS) y la postura del candidato del FA a la presidencia de la República, Tabaré Vázquez. El ex presidente transmitió a su entorno, según confirmaron a la diaria fuentes cercanas al candidato y del Ejecutivo, que la aprobación de la ley SCA en el Senado antes de las elecciones complicaría al FA en la campaña electoral, y que él es partidario de que no se apruebe en este momento.
A principios de año, la bancada de senadores del FA incluyó entre sus prioridades legislativas para este año la ley SCA y acordó votarla luego de las internas de junio. Cuando se conoció la novedad, todos los dirigentes de la oposición reclamaron a la coalición de izquierda que no aprobara la ley durante la campaña electoral y que la postergara para el próximo período de gobierno, en declaraciones que recogió el diario El País. Los tres partidos de la oposición con representación parlamentaria -Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente (PI)- manifestaron su oposición a la ley ni bien se presentó el proyecto en Diputados, y votaron negativamente el texto en la cámara. El dirigente nacionalista Jorge Larrañaga dijo que es una “imprudencia democrática” aprobar la ley SCA en campaña electoral porque hay “cierta amenaza a los medios de comunicación en plena campaña y eso no es aceptable”. El candidato blanco, Luis Lacalle Pou, opinó que “la mejor ley de medios es la que no existe”; el candidato del PI, Pablo Mieres, reclamó “debate”; y el candidato colorado, Pedro Bordaberry, consideró que es “absolutamente inoportuna” la aprobación del proyecto “en la mitad de la campaña”.
Vázquez transmitió una opinión similar a sus allegados, pero los legisladores frenteamplistas que integran la comisión de Industria del Senado, que tiene a estudio el proyecto, continúan trabajando normalmente, ajenos, por el momento, a esta visión del candidato frenteamplista. El gobierno de José Mujica defiende la aprobación de la norma en este período y recientemente propuso algunos cambios al texto para dar mayores garantías en materia de regulación de contenidos -que en la ley SCA se limitan a la regulación de las imágenes violentas o pornográficas en horario de protección al menor, y a la regulación en materia de no discriminación-.
Otro escollo que deberá enfrentar el proyecto en el Senado es la reticencia del senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio) a votar la ley, aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo y parlamentarias a la diaria. Consultado por este medio, Michelini aseguró que él no dijo en ningún ámbito que no fuera a votar la ley. Cuando se le preguntó si la votará, respondió que “habrá que esperar a ver las modificaciones” que se introduzcan en comisión y en ese momento “se verá”. El senador ha cuestionado públicamente la Ley de Servicios Audiovisuales de Argentina, similar en varios aspectos a la uruguaya.
Si los legisladores del FA se alinean con la visión de Vázquez y resuelven no votar la ley durante la campaña, tienen chance de hacerlo luego de las elecciones y antes de que culmine el período legislativo, convocando a una sesión extraordinaria del Senado -y luego de Diputados, porque si el texto se modifica debe volver a esa cámara-, o de lo contrario, dejar la consideración de la ley para un próximo período legislativo.
De concretarse la postergación, no sería la primera vez que una política pública en materia de comunicación tuviera marchas y contramarchas en los gobiernos del FA. Durante la administración de Vázquez sólo se avanzó en legislación vinculada al sector comunitario. Durante el gobierno de Mujica, el proceso de adjudicación de frecuencias de televisión digital tuvo contramarchas. El proyecto de ley SCA, en tanto, se envió al Parlamento más tarde de lo previsto, con un trabajo intenso de búsqueda de consensos internos que aún no ha concluido.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014
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3) Contratista preso por lavado recibió dinero de grupos terroristas
(El Observador)
La investigación probó que mantenía reuniones con integrantes de organizaciones islamistas
El contratista y dirigente de básquetbol Sergio Hermida recibió giros de organizaciones terroristas afines a Líbano y además mantuvo contactos con integrantes de esos grupos en sus numerosos viajes que realizaba al exterior, dijeron a El Observador fuentes de la investigación que se centra ahora en tratar de definir su vínculo con esas organizaciones.
Así lo estableció en el auto de procesamiento el juez Néstor Valetti quien decidió formar un presumario nuevo para investigar el vínculo del empresario “con personas presuntamente relacionadas en el financiamiento del terrorismo”.
Hermida fue procesado con prisión el pasado viernes por lavar dinero proveniente del narcotráfico de los negocios de Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial del expresidente peruano Alberto Fujimori. También fue procesda su esposa por cooperación con el lavado.
La investigación realizada por la Dirección Nacional de Inteligencia constató “la realización de frecuentes viajes al exterior, fundamentalmente a Venezuela, Panamá y Miami, algunos de placer y otros de negocios, vinculados al tránsito de divisas de dudosa legalidad, incluso con vínculos de personas presuntamente relacionadas en el financiamiento del terrorismo, extremo este último que deberá ser objeto de una mayor investigación reservada en pieza separada”, escribió Valetti en su fallo.
Entre marzo del año 2006 y mediados del 2007, Hermida recibió en su cuenta del Nuevo Banco Comercial más de 250 transferencias y/o giros por sumas de dinero que rondaban entre los US$ 15 mil y los US$ 160 mil, procedentes de empresas constituidas en Perú, para el lavado de activos, producto de las actividades criminales vinculadas al narcotráfico.
Algunas de las empresas que enviaron numerosos giros, sin ninguna justificación, se dedicaban al transporte fluvial. Se trataba de empresas fantasma instaladas a los efectos de lavar fondos.
“El dinero así recibido era movilizado por el titular hacia otras cuentas, desconociéndose el destino de los mismos”, agregó Valetti.
El empresario negó su vínculo con las personas y las empresas peruanas implicadas pero al juez y al fiscal no le pareció creíble su versión. “También niega tener conocimiento de las sumas de dinero acreditadas en su cuenta bancaria personal, pretendiendo involucrar en dicha maniobra a su exsocio en la casa de cambio, así como a su exsecretaria, aduciendo que él no controlaba su cuenta bancaria y dejaba firmados los cheques en blanco”, aseguró el juez.
La investigación profundizará además la falta de controles de los oficiales de cuentas que no reportaron de las transferencias recibidas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central.
El magistrado dispuso un “embargo genérico” sobre Hermida y su esposa por US$ 1 millón y un embargo específico como medida cautelar sobre un 90% de las sumas de dinero provenientes del crédito ante la Cooperativa de la Previsión Social, en la que era inversor.
“La documentación agregada revela su participación en empresas en las que, razonablemente, puede sostenerse que pretendían ocultar bienes habidos con el resultado de su actividad ilícita”, concluyó Valetti.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014
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4) Gobierno habilitó a UPM a aumentar su producción
(El País)
Astori dijo que la reacción que pueda tener Argentina es "impredecible"
A menos de un año de que Argentina y Uruguay se enfrascaran en una dura polémica cuando el gobierno de José Mujica autorizara a UPM a incrementar su producción de celulosa de 1,1 millones a 1,2 millones de toneladas ahora la empresa finlandesa recibió permiso para incrementar su producción a 1,3 millones.
La empresa informó escuetamente que tras haber cumplido los requerimientos ambientales que se le pidieron puede aumentar su producción a los niveles que había pedido originalmente en 2011.
De esta forma, la planta producirá aproximadamente un tercio de los 3,3 millones de toneladas que produce en todo el mundo cada año. El grupo emplea en la fabricación de pasta de celulosa en todo el mundo unas 1.500 personas, de las cuales unas 200 trabajan en la fábrica de Fray Bentos. Tiene tres plantas en Finlandia además de su fábrica uruguaya. En total la empresa tiene 21.000 empleados y sus ventas anuales se ubican en alrededor de US$1.353 millones.
Se está esperando que en estos días comience su producción en Conchillas la otra planta de celulosa existente en Uruguay, perteneciente al grupo sueco-finlandés Stora-Enso y al chileno Arauco que también tendrá una capacidad de producción máxima de 1,3 millones de toneladas. Montes del Plata recibió este mes las correspondientes autorizaciones ambientales y es inminente que comience a producir.
La autorización a UPM se da en la misma semana en que visitó Uruguay el subsecretario de Relaciones Comerciales de Finlandia, Matti Anttonen.
El vicepresidente de la República, Danilo Astori, comentó ayer a El País que la empresa había pedido originalmente en 2011 1|,3 millones de toneladas. Aseguró que Argentina estaba al tanto de la intención del gobierno de permitir un nuevo incremento de la producción. Cuando se le consultó si esperaba nuevos problemas con el país vecino consideró que eso es "impredecible". "La autorización concedida previamente era una parte de lo que se había acordado. Sabemos que hemos tenido dificultades (con Argentina) y no solo por este tipo de cosa, también por decisiones argentina que terminan afectando directa o indirectamente los intereses de los uruguayos", señaló. El gobierno lidiará con cualquier situación que se presente con "paciencia, profesionalismo y perseverancia" y también con "diálogo".
Para permitirle producir 1,2 millones de toneladas anuales el gobierno le pidió a UPM diversas inversiones de mejoramiento ambiental por US$6 millones. La empresa también tuvo que adecuar en un plazo de tres meses las instalaciones del patio de almacenamiento de la planta, para evitar que en caso de lluvias se produzca arrastre de lodos de cal que se puedan producir desde ese espacio cuando llueve.
Asimismo, debió instalar un sistema de control diario de la carga de fósforo que ingresa al sistema de tratamiento biológico y de la que se vierte con el efluente final. También debió realizar la instalación de un sistema de enfriamiento a 30 grados de los efluentes.
En aquel momento, el canciller Luis Almagro, dijo que como consecuencia de la autorización a UPM "se pudrió todo" en la relación con Argentina. Este país amenazó con volver a plantear el tema en la Corte Internacional de la Haya. Luego se reavivaron las protestas de los ambientalistas de Entre Ríos contra la fábrica pero el tema parece haberse calmado recientemente. UPM está analizando la posibilidad de construir una tercera planta en el este del país.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014
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5) Se compraron 23.393 autos 0km en lo que va del año
(180)
El mercado total de automotores cero kilómetro vendidos en los primeros cinco meses del 2014 fue de 23.398 unidades, informó la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU). Esta cifra “preliminar” se ubica 44 unidades por debajo del 2013, que se vendieron 23.442 autos cero kilómetros entre enero y mayo.
“El acumulado de los primeros cinco meses de 2014 es muy similar al registrado en el mismo período del anterior. La situación se explica por mayores ventas en las categorías de automóviles, que compensan el retroceso verificado en Utilitarios y Camiones”, señala la ACAU. Las cifras globales del mes de mayo marcan un retroceso de las ventas, del orden del 9%.
En lo que respecta a automóviles vendidos en el mismo período del año anterior se registró un aumento de un 4%, con 16.340 ventas este año y 15.658 el año pasado. En camiones, el aumento alcanzó un 11% respecto al mismo mes del año anterior, aunque se ubica un 5% debajo en el acumulado de meses.
En utilitarios, mayo registró una “caída importante”, del orden del 32%, en comparación con un mes excepcional que se registró el año pasado. "Debido a meses anteriores con mejores niveles de comercialización, el acumulado de los primeros cinco meses de 2014 resulta ser un 11% inferior al registrado en 2013", aclara el informe.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 13 DE JUNIO DE 2014
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COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY
E mail: comcosur@comcosur.com.uy – WEB: www.comcosur.com.uy
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Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes
y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal.
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Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)
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Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín,
no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre
los temas en cuestión.
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