1) Guatemala: Miles de niñas protestaron por los feminicidios y las desapariciones de menores
2) México: Congreso Nacional Indígena convoca al Tercer Encuentro Nacional de Mujeres
3) Paraguay: a las mujeres no nos cuida el Estado
4) Perú: Esterilizaciones forzosas: en Europa se aplaude que se busque justicia
5) Uruguay: Expresas políticas reclaman justicia por la denuncia colectiva de violencia sexual que presentaron hace diez años
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COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 675 – Lunes 1ero de marzo de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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1) GUATEMALA: MILES DE NIÑAS PROTESTARON POR LOS FEMINICIDIOS Y LAS DESAPARICIONES DE MENORES
Organizaciones sociales y una multitud de niñas manifestaron en el Centro Histórico en rechazo a la ola de hechos de violencia que ha causado la desaparición, lesiones y muerte de decenas de mujeres y menores de edad, en lo que va de este año.
La protesta partió del Ministerio de Gobernación, en la 6 avenida de la zona 1 capitalina, y las manifestantes se movilizaron en bicicletas hacia la Plaza de la Constitución.
“Debemos buscar respuestas sobre las niñas que han desaparecido, solo encontramos las ropas, cosas que ellas utilizan, pero lo que necesitamos es buscar el cuerpo”, dijo una de las niñas que participa en la manifestación frente al Palacio Nacional de la Cultura.
“Exijo jugar libre” y “ya no más daños a las niñas”, fueron algunos de los mensajes que portaron las niñas durante esta protesta.
Entre otros casos, las participantes mostraron su repudio por el reciente asesinato de Sharon Jasmine Figueroa Arriaza, de 8 años, cuyo cuerpo fue localizado el 10 de febrero en Melchor de Mencos, Petén. Sharon desapareció de su vivienda un día antes, mientras jugaba con su bicicleta.
Nodal / COMCOSUR MUJER Nº 675 – 01/03/2021
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2) MÉXICO: CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CONVOCA AL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES
Mujeres integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) lanzaron la convocatoria para el Tercer Encuentro de Mujeres; que se llevará acabo en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el próximo 6 y 7 de marzo, a partir de las diez de la mañana.
Para asistir al encuentro de mujeres se deberán registrar al siguiente correo encuentromujcni2019@gmail.com, la fecha de registro termina el jueves 4 de marzo a las 18 horas; en el correo se deben agregar los siguientes datos: nombre, edad, lugar de procedencia, organización, colectivo o pueblo al que se pertenece.
Ante la actual pandemia de la COVID 19, las integrantes del CNI informaron mediante comunicado “Hemos acordado que solo 2 compañeras por región asistan de manera presencial, por ello solicitamos realizar su registro antes de la fecha límite”.
Asimismo, se han dado a conocer los ejes que se abordarán durante el encuentro “Mujeres y territorio» a) análisis regional de la situación y b) análisis internacional. “Mujeres, resistencia y autonomía» y “Alternativas al sistema patriarcal».
Finalmente, se solicita a los asistentes portar cubrebocas y guardar sana distancia, además sugieren que lleven: plato, cuchara, vaso, cosas para pernoctar (cobijas, bolsas de dormir).
Dirección del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Av. México Coyoacán, número 343, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Metro Coyoacán.
Para mayor información pueden consultar el siguiente enlace wp.me/p8qHTQ-1IP
Somoselmedio.com / COMCOSUR MUJER Nº 675 – 01/03/2021
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3) PARAGUAY: A LAS MUJERES NO NOS CUIDA EL ESTADO
Vienen siendo semanas de histórico dolor en Paraguay. En un año que ya suma cinco feminicidios, el país se conmueve por los casos de violencia hacia las mujeres, que trascienden diariamente en los medios de comunicación.
Desde la semana pasada, la mayoría de los casos de intentos de feminicidios que tomaron estado público desnudó, una vez más, la violencia institucional. La omisión, negligencia, demora y hasta complicidad del Estado, no mantuvieron a salvo a las víctimas de violencia, que, en su mayoría, ya habían denunciado al menos una vez a su agresor. Para nosotras, esta situación trae, de nuevo, la pregunta: ¿cuántas denuncias son necesarias para poder salvar nuestras vidas?
En medio de la preocupación por la falta de respuestas del Estado para proteger a las mujeres en situación de violencia, Nilda Romero, titular del Ministerio de la Mujer, anunciaba, una semana antes del 24 de febrero, cuando se conmemora el “Día de la Mujer Paraguaya”, que el acto recordatorio se haría “en reconocimiento al presidente Mario Abdo Benítez”, el mismo que en 2021 encabeza uno de los recortes presupuestarios más importantes de los últimos años de dicha institución, equivalente al 11 por ciento (cerca de 380 mil dólares), mientras aumenta exponencialmente el presupuesto de otros entes públicos.
Este recorte significa menos recursos para programas vitales, como es el de “Atención Integral a la Mujer en Situación de Violencia y Trata”, que sufre un recorte del 15 por ciento (cerca de 85 mil dólares), en un año donde crecen las denuncias de violencia hacia las mujeres.
Solo en enero de este año, el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR) registró un total de 2.133 llamadas al Sistema Operativo de Seguridad (SOS 137), casi el doble de casos que enero del año pasado (1.202 llamadas) y el triple que enero de 2019 (725 llamadas).
Según datos de 2020 del Ministerio Público, cada 20 minutos se registra una denuncia por violencia familiar, un promedio de 70 denuncias diarias, siendo Central, Asunción, Alto Paraná y Caaguazú los departamentos más afectados.
El dolor y el olvido no se homenajean. En respuesta al acto oficial por el “Día de la Mujer Paraguaya”, la ciudadanía expresó rápidamente su rechazo a la iniciativa que colocaba en segundo plano el protagonismo de las mujeres en la lucha por la soberanía del país, motivo que impulsa la creación de esta fecha nacional en reconocimiento a la participación de las mujeres en la Guerra de la Triple Alianza.
Ante la organización de acciones de repudio, el Ministerio de la Mujer se vio obligado a “postergar el acto por aumentos de casos de la COVID-19”, escondiendo -detrás del falaz argumento- la impunidad de un gobierno que no hace nada para erradicar la violencia de género.
El Estado paraguayo no tiene nada que festejar. El 24 de febrero, el Ministerio de la Mujer amaneció con carteles de rostros de mujeres que representan en el país la lucha por la igualdad, la justicia, la libertad y la dignidad. Por iniciativa de la Plataforma Feminista de Paraguay, frente a la institución, se leyó un comunicado exigiendo a las autoridades acciones urgentes ante los casos de feminicidios y violencia hacia las mujeres.
Ese mismo día, campesinas del Partido Paraguay Pyahura distribuyeron 10.000 kilos de su producción agrícola a familias humildes de Asunción, en un acto de solidaridad y también de memoria, visibilizando el protagonismo que las mujeres tuvieron a lo largo de la historia del país en la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria.
La institución encargada de diseñar políticas públicas para erradicar la violencia de género, mostró, una vez más, ser una entidad pública destinada a defender intereses particulares de una minoría.
Si hay algo que reconocer al gobierno de Mario Abdo Benítez es la continuidad del terrorismo de Estado y de las prácticas de las épocas de Alfredo Stroessner, que encabezó un régimen que torturó y desapareció a mujeres, y violó sistemáticamente a niñas y adolescentes. Una expresión de esto es lo sucedido en setiembre pasado, cuando el presidente calificó de exitoso el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte del país y que culminó con el asesinato de dos niñas de 11 años en Yby Yaú. Fue el propio Estado el que quemó evidencias claves para el esclarecimiento de la causa y enterró a las niñas sin antes identificarlas. Es el gobierno que nada hace para encontrar a Cármen Elizabeth (14), conocida como “Lichita”, desaparecida desde el 30 de noviembre de 2020 tras un operativo de la FTC.
El país con la tasa más alta de embarazo adolescente
Paraguay ocupa el primer puesto en el Cono Sur en embarazo de niñas y adolescentes. Cerca de 20 niñas, de entre 10 y 14 años, fueron madres por segunda vez en 2019, lo que desnuda la desgarradora desprotección en la que se encuentran las mujeres en situación de vulnerabilidad y abuso.
A las autoridades paraguayas les asusta más la palabra “género” que las ocho denuncias diarias de abuso sexual en niños y niñas que registró la Fiscalía durante el año pasado. Desde 2019, el Congreso Nacional se declaró pro vida y pro familia, como reacción a los debates sobre la urgente necesidad de incorporar en la educación una mirada que comprenda la realidad de las mujeres para erradicar prácticas que sostienen y legitiman la violencia de género.
En un nuevo intento por frenar la mirada integral al problema de la violencia hacia las niñas y adolescentes, en diciembre pasado, legisladores y sectores conservadores rechazaron el “Plan Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay” por incluir el concepto de género.
A pesar de la negativa del Estado de avanzar en este necesario debate, en las calles y en la lucha vamos comprendiendo la necesidad de ir derribando estereotipos en la educación de niñas, niños y adolescentes, para construir una sociedad libre, igualitaria y sin violencia contra la mujer.
¡Vivas y con derechos!
La Plataforma Feminista de Paraguay lanzó oficialmente ayer la convocatoria al 8 de marzo, cuando se cumple el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”. Con el lema “vivas y con derechos”, anunció caravanas y movilizaciones durante esa jornada.
Paraguay sigue siendo uno de los países con la mayor tasa de empleo informal, donde siete de cada 10 personas se encuentran trabajando en la informalidad, sin seguridad social y en condiciones precarias. Cifra que se eleva para el caso de las mujeres, como sucede con las trabajadoras domésticas, donde nueve de cada 10 están en la informalidad.
Esta situación de vulneración de derechos se agudizó con la pandemia, donde se cerraron puestos de trabajo y hubo miles de despidos y suspensión de contratos de trabajo.
Esto se refleja en la tasa de desocupación femenina, que aumentó del 7,9 por ciento, registrado en el último trimestre de 2019, al 10,2 por ciento en el mismo periodo de 2020. Si agregamos además la sub ocupación que afecta a las mujeres, la cifra aumenta al 21,5 por ciento, según datos del año pasado de la Encuesta Permanente de Hogares.
La brecha salarial de género en el país, que en promedio llega al 25 por ciento, también tiene un efecto diario en la desigualdad y estabilidad económica de todas las trabajadoras. Esta asimetría hace que una mujer gane en un año lo que un hombre gana en nueve meses por igual trabajo. En otras palabras, las mujeres paraguayas trabajamos tres meses gratis al año, desarrollando el mismo trabajo.
En Paraguay, además de vivas, las mujeres nos queremos con derechos: a un empleo digno y seguro, a salud de calidad, a seguridad social y a salario digno.
La Tinta / COMCOSUR MUJER Nº 675 – 01/03/2021
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4) PERÚ: ESTERILIZACIONES FORZOSAS: EN EUROPA SE APLAUDE QUE SE BUSQUE JUSTICIA
La justicia tarda, pero llega: que se inicien audiencias por el caso de las esterilizaciones forzosas en Perú se ve como una buena noticia también en Europa, donde también ha habido este tipo de crímenes.
Mientras en la Unión Europea se anuncia un redoblado énfasis en la lucha contra la violencia de género y la necesidad de acceso a la salud sexual y reproductiva, en Perú se inicia el juicio por las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2001. Las víctimas fueron mujeres, en su mayoría indígenas y pobres. Desde Europa se ha apoyado el largo camino de las víctimas a la justicia.
De acuerdo con normas internacionales, la esterilización forzada viola los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar -incluyendo el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos-, así como el derecho a la no discriminación. En el caso de Perú, se detecta incluso tortura, trato cruel, inhumano y degradante.
“Aunque el expresidente Alberto Fujimori esté condenado y preso por otros delitos, es extremadamente importante que se haga justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú. Es un tema histórico”, dice a DW Natalia Sobrevilla-Perea, catedrática de Historia Latinoamericana de la Universidad de Kent.
No solo en Perú
“Es muy importante que también se tenga conciencia de que no son crímenes limitados al Perú: en Europa han sucedido hasta no hace demasiado tiempo”, enfatiza Sobrevilla-Perea. Hace referencia a las esterilizaciones de mujeres con discapacidad que, hasta finales del 2020, estaban incapacitadas judicialmente, de modo que sus padres o tutores podían decidir por ellas el esterilizarlas.
También se recuerda que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos han llegado reiterados casos individuales de esterilizaciones forzosas o no consentidas a mujeres romaníes en la República Checa, Eslovaquia y Hungría. El Tribunal Europeo falló contra los Estados por violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En las sentencias se dictaminó una compensación monetaria a las víctimas.
¿La justicia no es para pobres?
En el caso de las casi de 270.000 mujeres y unos 30.000 hombres esterilizados sin consentimiento en Perú entre 1996 y 2001 se ha ido avanzando muy lentamente. Apenas en 1999 comenzó a cuestionarse el programa de políticas pública de control poblacional porque el primer caso de víctima mortal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Aunque el Estado peruano se comprometió a tomar medidas para garantizar la justicia, reparación y garantías de no repetición, la investigación no avanzaba. Varias organizaciones de la sociedad civil -apoyadas por la cooperación europea- lograron que en 2010 la CIDH emitiera una denuncia.
“El tema fue clave en las elecciones de 2011. A partir de allí, el caso se hizo internacionalmente conocido”, agrega Sobrevilla-Perea. La recopilación de evidencias para poder afirmar cuántas víctimas hubo y que se estaba ante un delito tomó muchos años.
“Lo que sucedió no fue un hecho aislado. Estamos ante un hecho generalizado, en todo el país en todas las comunidades pobres”, puntualiza Sobrevilla Perea, integrante de Perú Support Group, una organización de la sociedad civil que forma parte de la Red EU-Lat.
Aunque el expresidente Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por graves violaciones a los derechos humanos, “esos crímenes contra las mujeres no fueron contemplados en el proceso de la Comisión de la Verdad, tampoco se incluyeron en el Museo de la Memoria. Y el tema se hizo muy fuerte para las elecciones de 2016, también internacionalmente”, sigue Sobrevilla Perea.
En un informe del año 2017, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendaba al Perú, por primera vez, que reformara su legislación electoral para garantizar la representación de mujeres y comunidades indígenas.
“Si se avanzaba en la conciencia de lo que había sucedido, en cuanto a hacer justicia se avanzaba muy lentamente: el caso fue desestimado en muchas ocasiones aduciendo, por ejemplo, que no era posible determinar cuántas de las víctimas habían sido esterilizadas sin consentimiento”, explica Sobrevilla Perea, añadiendo que, en el fondo, subyacía la percepción de que por ser mujeres pobres, no hay por qué hacer justicia.
Cuando en 2018 el gobierno peruano concedió una amnistía general al expresidente Fujimori, Inés Condori, representante de las víctimas, trajo el caso al Parlamento Europeo. En nombre de las miles de víctimas, Condori solicitaba apoyo para acceder a la justicia.
“Los dramáticos hechos del Perú, nos recuerdan dolorosos episodios de la época más negra del continente”, recalcó en ese momento la eurodiputada Izaskun Bilbao, vicepresidenta de la Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, refiriéndose a lo “molestas” que resultan ciertas minorías para algunos Estados.
25 años después, que el expresidente recluso vuelva al banquillo y que se empiece a juzgar a los tres ministros de Salud de aquel entonces, se percibe como una buena noticia también en Europa, que con programas de cooperación ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las víctimas en el largo proceso.
“Los casos de lesa humanidad no prescriben”, afirmó la eurodiputada Izaskun Bilbao. “Es muy importante reconocer el crimen que se cometió”, concluye Sobrevilla Perea.
DW/ COMCOSUR MUJER Nº 675 – 01/03/2021
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5) URUGUAY: EXPRESAS POLÍTICAS RECLAMAN JUSTICIA POR LA DENUNCIA COLECTIVA DE VIOLENCIA SEXUAL QUE PRESENTARON HACE DIEZ AÑOS
En octubre de 2011, un grupo de 28 mujeres expresas políticas denunciaron haber sufrido violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Una denuncia sin precedentes por su perspectiva de género, que aún no ha conseguido justicia. El 18 de marzo van a elevar esta denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ivonne, Luz y Ana cuentan cómo han vivido este proceso que ya lleva diez años.
El cuerpo tiene memoria.
Bien lo saben Ivonne Klingler, Luz Menéndez y Ana Amorós, tres de las 28 mujeres que denunciaron haber sufrido violencia sexual durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Ellas forman parte de las más de 60 mujeres que se reunieron para consignar la denuncia en los años previos a su presentación, y de los cientos de mujeres y varones que sufrieron violencia sexual en ese período.
El cuerpo tiene memoria y no olvida; lo reviven cada vez que narran la violencia ante la Justicia. Rearmaron el puzle de la memoria instalada en los cuerpos después de 30 años de silencio. Narraron una y otra vez lo vivido, con la esperanza y la convicción de difundirlo y de conseguir justicia. Quieren traspasar el doble muro reforzado de la impunidad que existe en Uruguay: el de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura y el de la violencia sexual en toda época.
Las 28 mujeres se unieron para hacer una denuncia colectiva porque “no se podían morir sin contarlo” y porque como mujeres expresas han hecho un recorrido posdictadura muy diferente del de sus pares hombres: “En las organizaciones en que nosotras militamos hubo un minimizar el papel de las mujeres presas. En este país todo el mundo sabe que hubo rehenes, pero la mayoría ignora que hubo rehenas. Eso no es casualidad, como tampoco lo es que la mayoría de las historias que se conocen son las de los hombres. Este es un problema de la sociedad patriarcal”, contó Luz en entrevista con la diaria.
Diez años sin justicia
La violencia sexual que ejercieron los agentes del Estado contra las expresas políticas durante la dictadura fue a través de la desnudez forzada, la humillación con connotación sexual, la violación, la amenaza de abuso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, el acoso sexual, los embarazos y abortos forzados, y el forzamiento de exhibicionismo, entre otras formas de cometer este delito. Así quedó consignado en la denuncia que presentaron ante la Justicia en 2011, mientras se discutía públicamente la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Hacer una denuncia colectiva les permitió detectar que la violencia sexual no se ejerció contra cuerpos aislados, en la esfera de lo íntimo e individual, sino que fue parte de una estrategia estudiada y planificada, que se ejerció de forma sistemática y coordinada en por lo menos 20 centros de todo el país durante todo el período dictatorial. “Fuimos botines de guerra”, repiten estas mujeres. Pero además, les permitió demostrar que “la tortura nunca es neutral y tiene una cuestión de género”. Ellos saben, porque estudian y se especializan en el tema, qué hacer para lastimar más a una mujer”, explican.
En estos casi diez años, de las 28 mujeres fallecieron dos: Mirta Macedo y Angélica Montes. Además, otra compañera apoyó al grupo pero nunca llegó a hacer la denuncia. Del otro lado, de los 100 agentes denunciados, ninguno ha sido detenido. El único detenido fue el excapitán Asencio Lucero, pero por privación de libertad y no por violencia sexual. Ellas dicen que “la denuncia sigue en etapa de presumario, como si la hubiésemos presentado anteayer. No ha avanzado nada, y no hay perspectivas de que esto cambie”.
Según Luz, desde las primeras declaraciones ante la Justicia, “el juez nos hacía preguntas insólitas, que demostraban la falta de empatía y evidenciaban que no se había tomado la molestia de informarse un poco del contexto”. Para las expresas, la revictimización fue constante durante todo el proceso. Plantean que los denunciados y sus defensas siguen usando “las mismas chicanas y postergaciones de siempre: lo que se hizo había que hacerlo; en realidad no era tan grave, ellas exageran; yo cumplí órdenes y por eso no tengo responsabilidad”.
A ellas les queda un siguiente paso: trasladar la denuncia al exterior y traspasar el muro sobre el que les alertó el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, allá por 2011: “Hagan la denuncia que se van a estrellar contra un muro”. El 18 de marzo a las 11.00 tienen una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estarán presentes Flor de María Meza, su abogada defensora, y María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, además de dos de las expresas, que van a narrar su historia una vez más.
El alivio de hablarlo
Pasaron 30 años en los que casi no hablaron sobre la violencia sexual que sufrieron durante la dictadura, ni con sus parejas ni con sus familias: “A mí me pasó por años aquello de ‘no me cuentes porque te hace mal’. Y a mí lo que me hacía mal era que no me quisieran escuchar”, recuerda Luz. Durante los dos años previos a la denuncia se reunieron en el local de AEBU. Un viernes cada 15 días, con el apoyo de una psicóloga y una trabajadora social, se reunían para compartir vivencias, ensayar cómo contárselo a sus familias y redactar la denuncia. “Sin ellas no hubiésemos podido salir adelante, hubo mucho movimiento emocional”, dicen.
Ivonne rememora, con la mano en la frente y los ojos vidriosos, una escena repetida: “Había una compañera que siempre llegaba a la reunión con la hoja escrita y al rato se ponía a llorar y la rompía. Y así cada viernes. Decía: ‘No puedo hablar de esto’. Y no pudo”. Estiman que en aquellas primeras reuniones eran más de 60 compañeras, pero sólo presentaron la denuncia 28 de ellas.
Ivonne, Luz y Ana se toman su tiempo para narrar cómo fue contárselo a sus hijas e hijos: algunos las entendieron, apoyaron y acompañaron; otros parecen haberlo entendido, pero jamás volvieron a hablar del tema. Cuentan la historia de Mirta Macedo, una de las mujeres que fallecieron, que escribió la denuncia y la dejó arriba de la mesa de la cocina para que su esposo y su hijo la leyeran y supieran lo que le había pasado. Ana agrega que fue reparador poder hablarlo con la familia y que luego de presentar la denuncia, compañeros del partido la llamaron para decirle que estaban orgullosos: “Eso fue un abrazo”, explica.
Una vez hecha pública la denuncia, para ellas fue bastante complicado lidiar con la respuesta de los vecinos del barrio y de la sociedad en general. En un ómnibus, Ana escuchó a dos mujeres que hablaban entre ellas decir que las expresas “eran unas taradas por denunciar” y que los hombres que las abusaron eran “unos necesitados”. Ivonne, por su parte, presenció cómo un vecino le decía a su esposo que “la tenía que perdonar, si le pegaron tanto era porque ella tenía que ofrecerles algo”.
Las expresas concuerdan en que es muy complicado hablar de violencia sexual en el contexto de la dictadura. Ivonne lo explica así: “Vos capaz que entendés que nos lastimaban y pegaban porque éramos su enemigo, pero que abusaron sexualmente de nosotras, que éramos muchachas jóvenes, es más difícil de entender. A veces, hasta para mí es difícil de entender cómo pudieron ejercer tanto horror. Imaginate que ellos trabajaban con nosotros para sacarnos información, y esto la gente no lo une con satisfacción sexual. Por eso es doblemente ocultado, porque algo se habla del submarino y de la picana [métodos de tortura], pero de esto no se habla nada, nada”.
Ellas también son conscientes de que el muro de impunidad que graficó Ruibal Pino se le pone enfrente a cualquier mujer que denuncia violencia sexual en cualquier época. En un país con cerca de 1.900 denuncias por delitos sexuales por año (esa cifra corresponde al período entre enero y octubre de 2020), “esta impunidad es muy negativa y repercute en el resto de las mujeres que presentan denuncias de violencia sexual”. Ivonne agrega: “La mujer tiene muchísimas dificultades para denunciar esto. Porque para qué te vas a reventar haciendo una denuncia que es dolorosa y difícil si muchísima gente no te va a entender y además la Justicia es la primera en cerrarte la puerta en la cara”.
Las expresas van más allá y alientan la unión de esfuerzos y apoyos: “Que se junten las mujeres que vivieron experiencias traumáticas y violencia sexual, eso es lo que tenemos que lograr que se multiplique. Es la única forma de hacer una presión tan grande como para que se empiece a romper el muro de impunidad. Nuestra sociedad no condena estos hechos con la suficiente fuerza; si no, no tendrían tantas posibilidades de repetirse”.
Un idioma común
Para las expresas políticas, el proceso de la denuncia en colectivo fue y es “una experiencia inigualable”. Un proceso duro y difícil, pero reparador. Luz lo ve como “una reedición, en otra etapa y por otras razones, de lo que fue la convivencia en la cárcel”. Donde estuvo presa, en la cárcel de Punta de Rieles, que sigue abierta y ahora es para varones, no había cabida para la imagen de “la pobre presita sufriente” que tiene la mayoría de la sociedad: “En el colectivo de mujeres que formamos en la cárcel nos apoyamos y contuvimos, nos formamos y crecimos. Hicimos muchísimas cosas maravillosas”. Por eso, cuando caminan juntas entre compañeras que vivieron las mismas experiencias, se habla “un idioma común, surge una comprensión, el entender cosas que no hay que hablarlas demasiado”.
En su caso, Ana considera que les debe la vida a las compañeras que la ayudaron y cuidaron cuando estaba enferma en la cárcel. Y para Ivonne fue clave escuchar las vivencias de las otras en aquellas reuniones previas a la denuncia: “Lo mío ya lo resolví: tengo hijos, como, vivo, respiro. Pero por lo que le pasó a la otra no me puedo quedar callada. Te identificás mucho con la denuncia de la otra, tomás la bandera y decís: ‘Tengo que salir a hablar por esa compañera que muchas veces no pudo hablar’”.
Quienes vivieron en la clandestinidad con seudónimos o en una cárcel identificadas con un número o sin identificación, como pasaba en La Tablada, sienten que la identidad propia se vuelve muy difusa. “El rearmarla se logra a través de esto que estamos haciendo ahora: la charla, recordar cosas buenas y lindas que hicimos. Es la única forma. Si no, creo que seguiríamos en una zona muy fea y negativa, muy metidas para adentro”, explica Ivonne.
También están la culpa y la vergüenza por cargar con el horror. Recomponer el cuerpo dañado fue un “collage” que les costó mucho, contó Ana: “Creer en los afectos, pensar ‘¿Se lo cuento o no lo cuento? ¿Me entenderá?’. Siempre tener el miedo de que les pase algo a tus hijos. Fue muy jorobado todo eso, a mí me ayudó empezar a hacer todo esto con las compañeras. El poder hablarlo para no sentir más vergüenza de mí misma”.
Por eso, Ivonne rescata las primeras reuniones posdictadura de las expresas, que “eran para la alegría, cantar, joder, contar las anécdotas”. “En esas reuniones, según los números que teníamos en el penal, las pares llevaban la comida y las impares, la bebida. Cantábamos las canciones del penal como si fueran el himno patrio. Esas alegrías y reencuentros nos ayudaron. Fue todo un proceso en el que hay que aceptarse: éramos bichos peludos, sucios, arrugados, metidos en un rincón de la celda temblando de miedo, que si sentíamos pasos decíamos ‘que no entren acá., pero sabíamos que iban a ir a torturar a otra compañera o compañero. Es terrible ese terror. Poder entender que esa también soy yo, pero que no soy sólo esa, me llevó mucho tiempo y mucha ayuda de las compañeras y de mi familia”.
Las expresas coinciden en que la sociedad ha logrado escucharlas, pero no entenderlas aún: “Nos están escuchando mucho más, están creyendo que es cierto lo que decimos. Pero es muy difícil entender esto que pasó, porque cualquier mente común y corriente no entendería tanto horror”.
La Diaria / COMCOSUR MUJER Nº 675 – 01/03/2021
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“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
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