Hoy:
1) Uruguay: Ley de Riego, ¿Quién cosecha los beneficios de regar?
2) Uruguay: Contraimpunidad, Carlos Alfredo Rodríguez Mercader
3) Uruguay: La corporación /Samuel Blixen
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2186 / Miércoles 26.09.2018
1) URUGUAY: LEY DE RIEGO, ¿QUIÉN COSECHA LOS BENEFICIOS DE REGAR?
Editorial /Hemisferio Izquierdo, 07.09.2018
En octubre de 2017 se aprobó la “Ley de Riego con Destino Agrario” (N°19553). La misma modifica una ley más antigua, vigente desde 1997 y que tiene como antecedente anterior el Código de Aguas de 1980. La actual ley, última gestión de Aguerre como responsable del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, parte del supuesto de que el agua que escurre y no se embalsa no tiene utilidad, que se duplicará la productividad en algunos rubros agropecuarios, que todos ganarán con esto y que los impactos ambientales son mitigables o minimizables. Además, en sus intervenciones en defensa de las modificaciones al riego, queda en evidencia su compromiso a rajatabla con el modelo de los agronegocios vigente (en particular para soja y maíz).
A pesar de que la nueva ley trata sobre algo tan vital como el agua, la misma no prevé la participación ciudadana en “las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos” prevista en el Art 47 de la Constitución votado en el Plebiscito del 2004. Esta es una de las razones por las que desde diciembre del año pasado, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) lanzó una campaña de recolección de firmas para su derogación, contando con el apoyo de varias organizaciones sociales.
Desde Hemisferio Izquierdo, entendemos fundamental poder informarse para decidir y además, consideramos pertinente acompañar con la firma y la recolección de firmas a la campaña por el agua basándonos en cuatro tesis para discutir la “ley de riego”:
1. Mercantiliza el agua, privatiza la gestión
El principal impacto de la ley es que establece un mercado de aguas al crear el “operador del sistema de riego”: una figura económica privada, de origen nacional o extranjero, que será la gestora del recurso agua. No solo controla los ríos y arroyos, sino que también implica en los hechos una privatización, tanto de la construcción de los embalses, como de la distribución y la comercialización del agua.
Además, el “operador” será “la persona física o jurídica encargada […] del cobro del precio de los servicios correspondientes a los usuarios”, dando espacio a la especulación en un bien tan elemental como el agua. Incluso, faculta a que el agua que no se use para regar pueda usarse para la generación de energía hidroeléctrica, a comercializar a nivel mayorista.
2. Privatizan ganancias, socializan costos
El artículo 14 de la nueva ley de riego incorpora la posibilidad de que las obras hidráulicas para riego se realicen vía Participación Público-Privada (PPP), lo cual otorga garantías a los inversores en detrimento de mayores costos para el Estado. De hecho, se modificó la ya controvertida ley de “PPP” para habilitar la inversión en riego.
Además, el art 15 permite que las empresas inversoras puedan descontar el pago de impuestos de inversiones en otro rubro mediante la Ley de Promoción de Inversiones. Al habilitar la inversión de empresas no agropecuarias, puede llevar a que una cadena de supermercados, un estudio jurídico o hasta un banco puedan invertir en riego y descontar impuestos en sus actividades principales. No solo se favorece con la inversión un nuevo negocio, sino que se verán beneficiados en su negocio original con descuento de impuestos. De esta forma, el riego pasa de ser una necesidad para la producción agropecuaria a convertirse en un negocio en sí mismo, que puede estar desvinculado de los productores: el agua pasa de ser un bien vital y productivo, a ser un medio para capturar rentas.
3. Profundiza la concentración de la riqueza
Al fomentar un negocio en manos de privados, la nueva Ley no garantiza el acceso al agua para todos los productores agropecuarios, en especial para los familiares. Por esto accederán al agua solo los que puedan pagarla: esto profundiza la concentración de los recursos productivos, que en nuestro país es altísima. Según el Censo de 2011, mientras los productores familiares -siendo 25.000-, controlan sólo el 15% de la tierra productiva, las 4.167 empresas con más de 1000 hectáreas controlan el 61,4%. Y entre estas, los 40 grupos empresariales más grandes controlan el 11,7%. Así las cosas, el riego lejos de cortarle el chorro a los privilegiados de siempre, los benefician.
4. Genera alta incertidumbre ambiental
Existe evidencia de que el problema de la contaminación difusa de nuestros ríos se ha agudizado y los nuevos embalses ciertamente no lo van a solucionar. La tendencia del negocio del agua, al aumentar la escala de los embalses lleva consigo un aumento de los riesgos de accidentes, procesos de eutrofización, emisiones de gases de efecto invernadero y modificación en los ciclos reproductivos de peces y otros seres vivos. Así lo han alertado numerosos investigadores, expertos en las problemáticas ambientales, en una carta pública. La actual propuesta tiene como supuesto de base una confianza desmedida en las soluciones técnicas y en los débiles mecanismos de control vigentes en la actualidad.
Si se aplicase el principio de precaución, debería evitarse llevar adelante aquellos emprendimientos cuyo impacto no puede conocerse a priori según el nivel de desarrollo actual de la investigación científica. A su vez, la ley no prevé la reserva de fuente de agua para consumo humano. No establece especificaciones sobre el modo de evitar los impactos negativos en la dinámica de la hidráulica de las cuencas. Y, por si fuera poco, con el Decreto 115/018 promulgado recientemente, se pone una “mordaza” a la investigación y difusión sobre el estado de situación de las aguas en nuestro país. ¿Ud no desconfiaría?
A ello se suma que el control en nuestras aguas y las prácticas asociadas a las mismas admiten el escepticismo o la incredulidad. Solo para ejemplificar, en 2011 se modificaron las exigencias para considerar el agua apta para consumo humano por parte de la OSE, volviendo la normativa más laxa. Y, en el 2016, ante el aumento de costos en la potabilización de la cuenca del Santa Lucía, el Poder Ejecutivo optó por utilizar 18 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética (financiado por la UTE) y, además, aumentar el cargo fijo a la Tarifa de la OSE. Por tanto, el aumento en la contaminación de la cuenca llevado a cabo por los emprendimientos agropecuarios en la zona vinculada a la cuenca, lo terminamos pagando los usuarios: pagando las familias trabajadoras por la contaminación realizada por los empresarios del campo. ¿Qué nos garantiza que con la ley de Riego será todo distinto?
En definitiva, los defensores de la ley nos proponen un falso antagonismo: “Riego sí/ Riego no”. Pero el problema no es el riego, que es una práctica casi tan milenaria como la agricultura. Sino cómo se riega, en qué escala, a servicio de quiénes y qué tanto contempla las generaciones venideras. O sea, ¿quién cosecha los beneficios de regar?
Con ánimos de contribuir a la respuesta de dicha pregunta, elaboramos este material con académicos y militantes sociales, sumando un pequeño aporte para que el agua sea patrimonio de todos y se respete lo que votamos en el 2004. Por ello convocamos a firmar y juntar firmas para derogar la Ley de Riego.
Hemisferio Izquierdo
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2) URUGUAY: CONTRAIMPUNIDAD, CARLOS ALFREDO RODRIGUEZ MERCADER
Red Latina sin fronteras
Carlos Alfredo Rodríguez Mercader (24 de febrero de 1950, Minas – desaparecido desde el 1 de octubre de 1976) fue un profesor uruguayo, secuestrado y asesinado en el marco del Plan Cóndor.
Su padre fue Alfredo Rodríguez Luciani y su madre Amalia Catalina Mercader Arrien.
En 1957 se radica con su madre y su hermana Zolinda Rodríguez Mercader, a la ciudad de Santa Lucía, Departamento de Canelones. Allí cursa primaria, secundaria y Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU).
En el año 1968 cursa preparatorio de ingeniería en el IAVA y al mismo tiempo cursa la Escuela Superior de Mecánica (UTU). Se recibe de profesor de mecánica en el Centro de Formación Docente de UTU.
Fue maestro de tornería mecánica en la Escuela Industrial de Piedras Blancas. Fue miembro del gremio de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU).
Junto a su esposa Ivonne Trías participaban en la Federación Anarquista Uruguaya (FAU), en el movimiento Resistencia Obrera Estudiantil (ROE) y en el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).
Secuestro y desaparición
En 1973 detienen a su esposa Ivonne Trías quien fue presa política por 14 años. Debido a su detención y la represión que se estaba desatando en Uruguay, Carlos Alfredo pasa a radicarse en Argentina.
En el año 1976, el 1º de octubre fue secuestrado a los 26 años de edad y no se supo más nada de él. En la misma semana, también en Buenos Aires, fueron desaparecidos su cuñada Cecilia Trías y la pareja de ella, Washington Cram.
Amalia Mercader, su madre, fue una de las “Madres de Detenidos y Desaparecidos” de Uruguay, y le buscó durante todos los años que le restaron de vida, hasta su fallecimiento el 24 de diciembre de 2016. Hasta entonces, no ha habido un esclarecimiento del secuestro y asesinato de Carlos Alfredo.
Amalia solía ir con la foto de Carlos Alfredo a las manifestaciones en reclamo de verdad y justicia. Murió sin saber la verdad sobre su hijo.
En Uruguay existe una ley llamada “Ley de Caducidad” que protege a los ex-militares que realizaron violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. La ley fue puesta en discusión de la población en dos oportunidades, pero en ninguno de los casos se logró derogar.
Tanto en la sede central de la Escuela UTU en Montevideo como en la Escuela Industrial de Santa Lucía, existen “placas de la memoria” que le recuerdan por su trayectoria como profesor y sindicalista.
En 2013 se creó el “Espacio Carlos Alfredo Rodríguez Mercader” en la ciudad de Santa Lucía.
Red Latina sin fronteras
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3) URUGUAY: LA CORPORACIÓN
Como ocurrió otras veces en la historia, ciertas coyunturas impulsan a militares al rango de “poder paralelo”. El comandante del Ejército, Manini Ríos, ha extremado sus críticas a políticas de gobierno hasta un punto muy cercano al doble poder. El arresto a rigor de 30 días decretado por el gobierno fortalece su ascendiente en el Ejército, por lo que no es esperable que pase a retiro.
Por Samuel Blixen – Brecha, 14.09.2018
Aquellas lluvias trajeron estos lodos. No es la primera vez que un jerarca militar trata de mentiroso a un jerarca civil del gobierno, ni la primera que se dicen mentiras. Hoy, a la luz de la situación creada por las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, parece evidente que, de haberse resuelto de otra manera los episodios anteriores, las consecuencias de los actuales desplantes hubieran sido diferentes.
Se discute, entonces, si el presidente Tabaré Vázquez actuó con debilidad, evitando la destitución, o si los 30 días de arresto a rigor con que fue sancionado el teniente general constituye una movida inteligente del primer mandatario. Sea como sea, el gobierno se enfrenta a una coyuntura en la que un jefe militar trata de forzar la muñeca de un presidente en medio de operativos de inteligencia y rumores de todo tipo y con una oposición que, una vez más, se olvida de lo que cuesta hacerle guiñadas al uniforme.
Dimes y diretes
Era inevitable que Manini Ríos volviera a hablar sobre la reforma de la Caja Militar. Como sabe cualquier dirigente sindical, la defensa del salario es la herramienta más idónea, y en el caso del comandante, una oportunidad inmejorable si, como opina el historiador Gerardo Caetano, actúa como un verdadero caudillo. Por ahora, al parecer, se trata de “acumular fuerzas”, de abroquelar a la “familia militar”. Averiguar para qué es tarea de analistas.
Por lo pronto, las declaraciones de Manini al programa Todo Pasa, de Océano FM, reiteraron las críticas sobre la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones militares aprobada en el Senado en primera instancia y que, en la segunda en Diputados, depende de la voluntad de un solo diputado del Frente Amplio para consagrarse en ley. Sintéticamente, Manini afirma que las medidas propuestas para reducir el déficit de la Caja (cuya cifra, 550 millones de dólares anuales, también cuestiona) afectarán gravemente a los clases y soldados, el personal de tropa que, dice, en algunos casos ni siquiera podrán llegar al mínimo jubilatorio.
Las diferencias de enfoque en materia de cuentas aritméticas ya había generado un encontronazo cuando un general retirado, en presencia del comandante, había calificado de mentiroso al subsecretario de Economía; el episodio se mantuvo oculto hasta que el mismo general contó la anécdota a un periodista y el gobierno no tomó, al menos abiertamente, ninguna medida. Ahora el propio comandante insinúa que quien miente es el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, lo que da a entender que no se trata de un debate sobre diferencia de criterios por cálculos financieros, sino que se pretende forzar una agresión.
Al día siguiente, el comandante tomó un avión rumbo a México, donde permanecerá hasta el lunes 17. El lunes 3, Manini recibió una llamada telefónica del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, quien le informaba que había sido sancionado con 30 días de arresto a rigor por sus declaraciones a Océano FM. El arresto comenzará a regir desde el momento en que el militar se notifique, esto es, en la mañana del martes 18.
La medida fue adoptada por el presidente Tabaré Vázquez, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas en acuerdo con el ministro Menéndez, pero el tema fue discutido ese lunes en el Consejo de Ministros. Ya en ese momento se dispararon los rumores: se dijo, y así lo anotó puntualmente el diario El País, que los ministros Ernesto Murro y Danilo Astori habrían reclamado la destitución de Manini, una medida que, según esos trascendidos, no prosperó por “la oposición del MPP”. Al respecto, el diputado emepepista Alejandro Sánchez dijo a Brecha que “(la destitución) no estuvo sobre la mesa y no es un tema a considerar (en su sector). Podrá ser uno de los tantos bolazos que andan en la vuelta. Y, además, no creo que consulten al MPP, en todo caso será una situación que discutan en el Consejo de Ministros”.
Pero sí es cierto que la opción de la destitución fue efectivamente considerada, y descartada. Para algunos, como el ex presidente Julio María Sanguinetti, el arresto a rigor es una sanción de tal calibre que “humilla”; para otros, fue la alternativa de la medida más drástica. Sin embargo, habrá que recordar que en 2006 el presidente Vázquez, en acuerdo con la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, aplicó al teniente general Carlos Díaz una sanción similar, a raíz de una invitación de Sanguinetti y Jorge Batlle, que no consideraron la eventualidad de una humillación al reunirse con el comandante del Ejército sin autorización del comandante supremo.
Ese episodio tuvo un desenlace que arroja luz sobre la actual coyuntura: el teniente general Díaz prefirió pasar a retiro, en una actitud que no está contemplada o impuesta en los reglamentos, pero que se apoyaba en la tradición, como antes hacían también los ministros que perdían el respaldo parlamentario en una interpelación. En este caso, la actitud del teniente general Manini recién se saldará formalmente cuando regrese al país, pero todo hace pensar que cumplirá los 30 días de arresto con tal de permanecer en el cargo.
Visto el antecedente más cercano, las circunstancias no son las mismas. Díaz violó expresamente la norma al entrevistarse con personalidades políticas sin el consentimiento de su superior; Manini lanzó el insulto de mentiroso calculando en extremo sus palabras: “No le puedo atribuir de ninguna manera al ministro mala fe y no puedo ni siquiera creer y no creo que mienta a sabiendas”, dijo. Es el estilo de decir a medias: “proceso” por dictadura, “apremios” por torturas, “pérdida de los puntos de referencia” por asesinatos y desapariciones.
Aunque hasta ahora se desconocen los fundamentos de la resolución presidencial (primero deben ser comunicados al interesado), tal parece que la sanción no se apoya exclusivamente en una falta a la prohibición de los militares de dar opiniones políticas; son, como explicó el presidente Vázquez, un cúmulo de reiteraciones que en su momento merecieron observaciones, que no merecieron medidas más graves en atención a la lealtad institucional que ha manifestado Manini hasta ahora. Esa aclaración del presidente fue considerada, ésta sí, como una debilidad, una inoportuna práctica del recurso “una de cal y otra de arena”.
Cartas y coqueteos
Hubo dos consecuencias inmediatas de la decisión de arrestar a rigor a Manini. Una fue la reacción de la oposición política, blanca y colorada, que no ahorraron cuestionamientos al gobierno. En una especie de paroxismo, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, invitó a la ciudadanía a concurrir, en la madrugada del martes, al Aeropuerto de Carrasco para recibir a Manini “como lo hicimos con Wilson”.
Puesto que sería demasiado atribuirle a Botana una ironía tan fina como para creer que está sugiriendo que habría que encarcelar a Manini como encarcelaron a Ferreira Aldunate a su regreso al país en 1984, hay que concluir que su apoyo al militar sancionado es tal que hunde sus raíces en la historia. Otros dirigentes blancos cuestionaron duramente al gobierno y coincidieron con Manini en que Murro “miente”. El grado de respaldo a Manini de esos dirigentes de oposición excede la explicación del simple impulso electoralero de golpear al gobierno.
Pero no toda la oposición tuvo esa reacción. El diputado Rubio, de Unidad Popular, que no piensa votar la reforma de la Caja, no obstante, respaldó a Vázquez en su decisión de sancionar al comandante del Ejército. Los Jóvenes Blancos, una agrupación nacionalista que tiene como referente al diputado Pablo Iturralde, tuvieron un gesto de independencia de sus referentes políticos. Y el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, opinó que “hay que apoyar al gobierno en esta situación. Es muy importante una señal de mando; hay que marcar con firmeza y claridad cuando un militar cruza la línea”.
Pero si blancos y colorados juegan al coqueteo, otros juegan otras cartas. A 24 horas de la decisión presidencial, comenzaron a circular grabaciones de conversaciones telefónicas de supuestos militares retirados anunciando movimientos castrenses, como acuartelamientos y órdenes de desplazarse hacia Montevideo. En el ámbito político se coincide en que dichos audios son falsos, es decir, no corresponden a conversaciones telefónicas auténticas de supuestos oficiales de reserva que convocan a desplazarse desde el Interior para dar una muestra de apoyo al comandante en jefe cuando el avión aterrice en Carrasco.
Si no son ciertas esas conversaciones, entonces el hecho es mucho más grave, porque revela operativos de inteligencia para generar esa reacción y esa movilización. A caballo de la crítica opositora, las usinas de rumores han hablado de acuartelamientos y de pronunciamientos de la oficialidad en respaldo al comandante en jefe, como si la sanción fuera un agravio a toda la institución militar.
Sería descabellado suponer, como dice algún audio, que el respaldo puede llegar al golpe de Estado. Pero el abanico es amplio y, como demostró el trámite de la ley de caducidad en 1986, hay distintas cajas fuertes antes de llegar a la ruptura del orden institucional.
Por lo pronto, el propio comandante Manini habría recomendado desarticular cualquier muestra de apoyo público a su persona, cuando retorne al país. Y esa también puede ser otra movida calculada, como lo son sus reiteradas apariciones públicas, incluidas aquellas que notoriamente incorporaban la mentira, como lo fue la falsa información sobre presuntos enterramientos de detenidos desaparecidos.
“Manini debió haber sido retirado de su cargo”
Para el politólogo e historiador, el comandante en jefe del Ejército cobró un protagonismo político que lo convierte, con el respaldo inconveniente de importante figuras de la oposición, en un “caudillo militar”, el primero desde el ministro de Defensa de Julio María Sanguinetti, Hugo Medina. En asuntos como este “no puede haber dos opiniones”.
Gerardo Caetano
—¿Qué valoración hace de las declaraciones del general Guido Manini Ríos y la sanción del Ejecutivo?
—Desde hace mucho tiempo viene trasgrediendo el artículo 77 de la Constitución con comentarios políticos que sobrepasan las fronteras –o se pone en un límite peligroso– de lo que ha sido la pauta de normalidad de estos últimos años. Ha hablado del tema traumático de la dictadura y no ha colaborado ni con sus dichos ni con sus hechos, incluso en algunas ocasiones lo ha hecho con cierto desdén hacia las víctimas.
A veces, casi que naturalmente, emite comunicaciones muy controversiales en las redes. Hace unas semanas twiteó, durante una visita, la imagen de un muro del cuartel de Rivera que claramente fue pintado durante la dictadura y que claramente puede tener una interpretación golpista. Para quien vivió la dictadura eso es una afrenta. Ha hecho comentarios de corte político sobre distintos temas, el de la reforma de la caja militar no es el primero. Por eso creo que él ya hace tiempo que debiera haber sido apercibido, y que de no haber modificado su acción, como no la ha modificado, debió haber sido retirado de su cargo. Es más, creo que esto era mucho más pertinente y correcto en este caso, que no fue sino la gota que desbordó el vaso
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El arresto a rigor por 30 días realmente no me parece la sanción más adecuada para esta situación ni para su cargo, con el agravante de que se demoró demasiado tiempo. La destitución era mucho más pertinente, como se manejó en el gabinete, incluso lo sugirió Julio María Sanguinetti, advirtiendo que esta sanción huele a humillación.
Hay otro ejemplo de cierto desborde, en un país tan sensible al tema de la laicidad: a mí me parece absolutamente correcto que él exprese públicamente su fe, pero no cuando lo hace oficialmente, con su uniforme y en un acto de rebeldía en la catedral. Además afirmando algo que es incorrecto históricamente, que la Iglesia y el Ejército son las fuerzas fundadoras de la nación, lo cual supone creer que la “admirable alarma”, el pueblo artiguista en armas, es el origen del Ejército uruguayo, cuando el pueblo en armas de 1811 no tiene nada que ver con el ejército por primera vez profesional y corporativo de Lorenzo Latorre y de Máximo Santos. Ese es el origen del Ejército.
—De acuerdo a lo publicado ayer por Búsqueda, Manini dio la orden a “retirados y demás” de no iniciar acciones para respaldarlo frente a la sanción de Tabaré Vázquez. ¿Qué lectura hace?
—Hay una política militar de este tercer gobierno que resulta difícil de entender. Primero la designación de Eleuterio Fernández Huidobro, un hombre que en su momento, y yo no quiero hablar de los muertos, no tenía la adhesión del Frente Amplio. Salíamos de una elección en la que su grupo político prácticamente había dejado de existir. ¿Quién lo reclamaba como ministro de Defensa? Los militares. Eso llevó a una cuestión muy extraña, inadecuada: un sector del Ejército con un caudillo militar, tal vez por primera vez después del teniente general Hugo Medina (ministro de Defensa entre 1987 y 2000). Un caudillo militar que habla en nombre de la tropa, que toma un protagonismo inequívocamente político, que no es el que corresponde de acuerdo a la Constitución para un comandante en jefe del Ejército.
—¿Y cómo lo interpreta?
—Estamos en presencia de un caudillo militar, y en democracia no puede haber caudillos militares, no pueden reconocerse ni legitimarse, la lógica de la subordinación constitucional y la prohibición de toda acción política, salvo el voto, son muy claras. Esta situación realmente hay que tomársela en serio. Los caudillos militares emergen en las dictaduras, en las predictaduras o en los períodos inmediatamente posteriores. Hay quienes han dicho “Manini Ríos les habló a sus fuerzas”. No, de ninguna manera. Él no tiene fuerzas, le habló al Ejército nacional y el Ejército es de la República, no tiene caudillo que lo represente. El comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, y no puede haber intermediarios.
—La oposición, justamente, ha mostrado su respaldo a este “caudillo”.
—La verdad es que esta articulación ampliamente mayoritaria de la oposición es algo que hay que lamentar, más allá de cualquier bandería, desde un punto de vista estrictamente institucional. Yo no la puedo entender, me genera profundo desencanto frente a un tema como este, en un continente muy complicado, donde en algunos países vuelve a haber ruido de sables, donde algunos han querido preparar un recibimiento en términos de apoteosis, cuando incluso algunos políticos, realmente con errores garrafales, comparan el retorno de Manini con el retorno de Wilson Ferreira (se refiere al intendente nacionalista Sergio Botana). No puede ser más descaminado. Por lo menos hasta que digo esto, con las excepciones honrosas de Pablo Mieres (senador del Partido Independiente), de Los Jóvenes Blancos (así se llama la agrupación del diputado Pablo Iturralde) y de Unidad Popular, no hay matiz en la oposición. No puede haber dos opiniones respecto a la subordinación del Ejército y de sus mandos con respecto al presidente. Esto me hace sentir que entramos en una lógica de confrontación ciega de dualidad irreconciliable, en la cual la oposición va a estar siempre en contra de lo que diga o haga el gobierno. Me parece una situación muy grave.
—Hubo también contradicciones dentro del Ejecutivo. El ministro de Defensa argumentó que la sanción no estuvo amparada en el artículo constitucional al tratarse solamente de “faltas disciplinarias”, algo que luego fue desmentido por Vázquez.
—El presidente lo desmiente porque sí hay trasgresión, y no es la primera. Esto muestra una profunda debilidad. El Ejército es una fuerza subordinada. El monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado se funda en un principio republicano según la cual el Ejército y las fuerzas militares, así como la Policía, detentan ese monopolio pero bajo subordinación absoluta al poder civil.
No pueden incurrir en ningún pronunciamiento, en ningún comentario de corte político, salvo el voto, de acuerdo a la Constitución. Por experiencia ya sabemos lo que ocurre cuando se aflojan estos principios institucionales que no tienen ni pueden tener color político. Me resulta realmente descorazonador que frente a un tema de tanta sensibilidad, que supo unirnos a todos los uruguayos hace algunas décadas, hoy estemos partidos. Tiene que haber ciertos consensos institucionales que rompan la lógica oposición-gobierno.
Los dichos del comandante en jefe del Ejército y la decisión del gobierno
Debe mejorar su comportamiento
La decisión de sancionar a Guido Manini Ríos fue tomada el lunes en el Consejo de Ministros, después de un intercambio en el que fueron duros los cuestionamientos a Manini, indicaron fuentes del Ejecutivo a Brecha. Varios secretarios de Estado pidieron su remoción, entre ellos el titular de Economía, Danilo Astori, como lo reafirmó el jerarca en una entrevista realizada el miércoles en TV Ciudad.
Sin embargo, el nombrado directamente por el jerarca del Ejército (Murro) no fue de los que solicitó su separación del cargo, como manejan algunas versiones circulantes, en el entendido de que debía abstenerse de fijar una posición por estar directamente involucrado. Finalmente, el presidente Tabaré Vázquez se inclinó por la opción de la sanción de los 30 días y lo hizo tras consulta telefónica con la vicepresidenta Lucía Topolansky, de viaje por China, según la información que se hizo llegar a este semanario.
Manini tenía dos observaciones escritas y una verbal, por reiteradas incursiones en asuntos políticos en sus distintas intervenciones. Una de las que generó mayor malestar en el Ejecutivo fue su discurso del 18 de mayo de 2017, al grado que para este año, Vázquez se comunicó con el comandante para decirle que no quería volver a escuchar una retahíla de demandas y cuestionamientos a la gestión gubernamental. Entre los integrantes del Ejecutivo existe preocupación por reencauzar la relación de necesaria subordinación al poder civil de las Fuerzas Armadas, y también por la reacción de la mayoría de la oposición
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Según comentaron a Brecha integrantes del gobierno, entienden que hubo falta de lealtad institucional, ante actitudes del jefe del Ejército que desconocen la Constitución. Algo que, sostienen, sólo puede explicarse por la proximidad del período electoral. También, porque visualizan una ofensiva de la derecha en todos los terrenos; en esa lógica incluyen el retiro de las cámaras empresariales del campo de la negociación colectiva y los continuos vaticinios de que el país se desbarrancará en una crisis económica.
Sin embargo, no faltan críticas desde dentro del oficialismo a la política militar desarrollada durante el período en que Eleuterio Fernández Huidobro fue ministro de Defensa. En esa dirección se sostiene que se les “dio alas” a las Fuerzas Armadas, con una interlocución en la que las partes se reconocían como “combatientes” de otrora, que podían tener intereses similares y derechos no reconocidos.
La sensación en el partido de gobierno es que se debió recorrer el camino de la destitución. Que no dar señales claras sobre la subordinación al poder civil sólo “victimiza” a Manini ante sus generales, más allá de que el propio comandante en jefe llamó a acatar la decisión del Ejecutivo y a no realizar ninguna manifestación de descontento. Por eso la sanción de 30 días de arresto a rigor no contenta a muchos frenteamplistas, pues entienden que puede tomarse como un gesto de debilidad, que no haría más que complicar la cancha.
V H A
Se analizan modificaciones a la reforma de la Caja Militar
Por la cincuentena
La decisión del diputado Darío Pérez (y de su grupo, la Liga Federal) de no aportar el voto 50 para la ratificación en la Cámara de Representantes de la reforma de la Caja Militar votada en primera instancia en el Senado generó una tormenta de reproches en el Frente Amplio, enfrentado a la posibilidad de perder la frágil mayoría parlamentaria en un asunto que el gobierno y, en particular, el ministro de Economía, Danilo Astori, consideran vital.
Las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, tuvieron la virtud de desplazar el centro de atención (aunque no el peso específico del problema) y, por tanto, restó protagonismo a una posible solución que abroquelaría esa mayoría cambiante y elusiva que en Diputados genera sofocones al oficialismo.
Esa solución podría acercarse a las pretensiones del diputado Pérez si, como trascendió, su preocupación son los posibles perjuicios que el texto de la media ley generaría al personal de tropa. Según informó el diputado comunista Gerardo Núñez a Brecha, una eventual modificación será discutida probablemente la semana próxima en una reunión de la comisión bicameral de los legisladores frenteamplistas que habían logrado un acuerdo sobre la reforma de la Caja. Se espera que la Liga Federal especifique en detalle cuáles son las modificaciones que contemplarían sus posturas.
Se conocen, no obstante, algunos lineamientos generales: las discrepancias se concentran en dos artículos del texto aprobado en el Senado, los artículos 8 y 40. Algunos incisos del octavo se refieren a la edad y años de servicio para que el personal de tropa pueda acceder a la jubilación.
Se requiere un mínimo de 48 años de edad y 22 de servicio; una transacción sería modificar la cifra respecto al servicio cumplido. El artículo 40 se refiere a las bonificaciones que permiten computar dos por uno ciertos años de servicio, y una forma de contemplar los planteos de la Liga Federal es incorporar otros rubros a las bonificaciones, como por ejemplo Sanidad Militar. También se considera posible incrementar el monto de las pensiones que recibirían las viudas por deceso de sus maridos en actos de servicio.
Pero cualquier solución, en opinión de Núñez, debe respetar los objetivos generales de la reforma, que pretende disminuir un déficit anual cercano a los 500 millones de dólares. “No vamos a aceptar soluciones que impliquen cambios de fondo en el proyecto”, dijo Núñez. Puesto que las posibles modificaciones apuntan a mejorar la situación del personal de tropa, de prosperar la solución, de hecho, se estaría diluyendo uno de los argumentos de más peso en la postura cuestionadora del comandante en jefe del Ejército, que detonó la crisis política.
Fuente: Semanario Brecha
COMCOSUR AL DÍA / AÑO 19 / Nº 2186 / Miércoles 26.09.2018
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. Carlos Marx
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