1) Chile: Campaña audiovisual denuncia los impactos del modelo forestal y celulosa
2) Uruguay: Hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía designadas en este período de gobierno
3) Uruguay: ONU advierte que proyecto de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria es “contrario al derecho internacional”
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021
1) Chile: Campaña audiovisual denuncia los impactos del modelo forestal y celulosa
Tomate Rojo/ Juan Ortega
Colectivo Viento Sur y Equis Lab Comunicación están al frente de esta iniciativa que busca visibilizar los impactos del modelo forestal en los territorios.
El video ya se encuentra disponible para libre reproducción y difusión en el siguiente link: youtu.be/16hhlpX6xMo
El jueves 4 de noviembre se lanzó el primer audiovisual informativo de la campaña “Visibilización de los impactos de la industria forestal y celulosa”. Una acción que surge tras la primera experiencia del Taller de Comunicación Comunitaria para la Defensa del Territorio.
Cabe destacar que este lanzamiento ocurre en el transcurso de dos profundos acontecimientos. En primer lugar, el actual contexto de militarización en el territorio Wallmapu, que ha sido declarado bajo estado de excepción por el gobierno chileno, específicamente en las regiones del Bio Bio y La Araucanía, donde las empresas forestales tienen un rol principal en la represión, violencia hacia el pueblo Mapuche, incluído el asesinato de activistas.
“La implementación de la industria forestal a gran escala sobre Wallmapu (el territorio ancestral mapuche) fue impulsada a la fuerza mediante el Decreto Ley 701 a comienzos de la dictadura del ’73 en Chile y reforzada durante los gobiernos de transición gracias a la privatización y concesión de carreteras eléctricas y proyectos de generación hidroeléctrica u otras ERNC. Hoy, los gobiernos desarrollistas de países hermanos como Paraguay y Brasil comienzan a implementar las mismas leyes forjadas durante la dictadura chilena para invadir nuevos territorios buscando la producción de energía barata, y activando otras formas de industria extractivista”. –Diego Oyarzo, Colectivo Viento Sur, Chile.
Al mismo tiempo, la realización de la Conferencia Mundial del Clima COP26 en Glasgow, donde los países del mundo se reúnen del 1 al 12 de noviembre para generar acuerdos en materia ambiental y definir las agendas referidas al Cambio Climático para los próximos años.
“Entendemos que las intenciones de real avance frente a la Emergencia Climática y la protección de los ecosistemas no son el centro en la COP26, la prioridad está puesta en lo económico como ya ocurrió en la Cumbre de París en 2015. En la situación actual, más tibieza traería consecuencias irrecuperables para la humanidad” declaró Camila Romero del Colectivo Viento Sur, en referencia al momento en que se lanza la campaña audiovisual mencionada, y a la necesidad urgente de hacer efectivos los derechos de las poblaciones por sobre intereses económicos puntuales.
La campaña es también un primer paso para la conformación de una Red de Corresponsales Comunitarios, cuyo objetivo será colaborar para identificar y denunciar las consecuencias de los proyectos extractivistas, iniciativa que continuará con la publicación semanal de material informativo que espera ser difundido a través de medios de comunicación libres y comunitarios en Wallmapu, Chile y Latinoamérica.
Próximos contenidos de esta campaña estarán disponibles en la plataforma Web del Colectivo Viento Sur y en el perfil de Youtube “Impactos de la industria celulosa y forestal”
COMCOSUR INFORMA AÑO 27 – No. 2026 – 19.11.2021
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Uruguay: Hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía designadas en este período de gobierno
La Diaria / Denisse Legrand
La Policía está estructurada en 19 jefaturas y 18 direcciones nacionales. En cada departamento hay una jefatura, que tiene una cúpula compuesta por jefe, subjefe y coordinador.
El artículo 173 de la Constitución establece cuáles son los requisitos para ser jefe de Policía y cómo se realizan los nombramientos. Para ser jefe de Policía no es requisito excluyente ser policía: la Constitución establece que serán designados por el Poder Ejecutivo “ciudadanos que tengan las calidades exigidas para ser senador”. Es decir, tener 30 años cumplidos y contar con ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio. La Constitución establece también que el Poder Ejecutivo podrá separarlo o removerlo cuando lo estime conveniente. El subjefe y el coordinador son designados por el Ministerio del Interior (MI).
El 30 de enero de 2020, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el exministro del Interior Jorge Larrañaga presentaron la nómina de personas que iban a asumir las distintas jefaturas de todo el país. Todos los jefes nombrados fueron policías y hubo solo una mujer designada. Al momento de las designaciones, 14 de los 19 eran retirados; luego, pasaron todos a retiro.
En lo que va de este período de gobierno, a 20 meses de iniciada la gestión, hubo ocho sustituciones en las 19 jefaturas de Policía. Las razones: “no dar con el perfil” tras una evaluación; un pedido de procesamiento por entorpecer la investigación de un homicidio; no actuar frente a una aglomeración; reunirse con un exjerarca; motivos personales; fallecimiento; incumplir medidas obligatorias dispuestas por el MI; y por la investigación de delitos asociados a la corrupción policial.
Alberto González, exjefe de Policía de Artigas, fue el primer cesado, a 100 días del comienzo de la gestión, el 17 de junio de 2020. Tras una evaluación de todos los mandos policiales, se definió cesarlo. Desde el MI se explicó que no daba con el perfil adecuado y fue sustituido por Adolfo Cuello, quien en ese momento era subjefe de Policía de Salto.
Flores: Juan Ángel Fontes y Walter Porcile
Juan Ángel Fontes renunció a su cargo como jefe de Policía de Flores el 20 de setiembre de 2020, luego de que pidieran su procesamiento con prisión por entorpecer la investigación del homicidio de un adolescente que ocurrió en 2008.
La fiscal Alicia Abreu pidió el procesamiento con prisión de cuatro policías, entre ellos Fontes, por el delito de abuso de funciones en casos no previstos por la ley y para uno de ellos también el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de un documento o certificado. En cuanto a la participación de los policías en el hecho, Abreu señaló que no se les puede atribuir un vínculo con el homicidio, sino el entorpecimiento de su investigación.
Larrañaga consideró que no fue un error la designación de Fontes. “No sabíamos que podía terminar en una imputación fiscal, que no significa condena, es una acusación fiscal”, argumentó en ese entonces. En agosto de este año, la Justicia archivó por prescripción el caso que provocó la renuncia de Fontes.
Fontes fue sustituido por el comisario general Walter Porcile, quien también fue cesado, el 26 de octubre (35 días después de asumir su cargo), por haber permitido una aglomeración de personas sin que se cumplieran las medidas sanitarias asociadas a la emergencia sanitaria a raíz de la covid-19 en la plaza principal de Trinidad.
En su lugar asumió Gonzalo Larrosa. El actual jefe de Policía de Flores ascendió a comisario general en este período y estuvo involucrado en un video que se viralizó, en el cual se ve a su hijo menor de edad junto a otro niño y otro adolescente practicando con armas de fuego en el polígono de la Guardia Republicana. Si bien esto es ilegal, pues la normativa no lo permite, el MI no inició ninguna investigación por el hecho.
Larrosa fue director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en la anterior gestión. Fue cesado tras comprobarse que aportó información falsa respecto a un homicidio en el Penal de Libertad. Había informado al MI que el hombre había fallecido “en una riña” entre personas privadas de libertad, pero luego se comprobó que fue asesinado por un impacto de bala de munición menos que letal disparada por un policía que actuó fuera de la norma, a corta distancia y directo al cuerpo. El MI decidió cesar al entonces director del INR, quien fue trasladado a cumplir funciones en el departamento de Salto. En marzo de 2020 asumió como director del Centro de Comando Unificado, cargo en el que estuvo ocho meses.
Montevideo: Erode Ruiz
Erode Ruiz también fue cesado como jefe de Policía de Montevideo el 26 de octubre, luego de reunirse con Gustavo Leal, exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La reunión fue por varios casos de desalojos por parte de organizaciones criminales que fueron denunciados. Este vínculo generó molestia en la cúpula del MI, en particular en quien sucedió a Leal en su cargo, Santiago González, que según fuentes ministeriales y policiales no tenía buena relación con Ruiz.
La salida de Ruiz tuvo diversas repercusiones políticas. Leal la catalogó como “insólita” y dijo que respondía “al rencor”.
Ruiz fue sustituido por el comisario general Mario D’Elia, quien fue designado inicialmente encargado porque no estaba retirado, y tras pasar a retiro asumió como jefe.
Lavalleja: Blanca Olivera
Blanca Olivera renunció a su cargo como jefa de Policía de Lavalleja el 20 de junio de 2021, alegando “motivos estrictamente personales”. Era la única mujer a cargo de una jefatura de Policía. El comisario general retirado Jorge Khazzaka asumió su lugar y con su nombramiento todas las jefaturas de Policía pasaron a estar dirigidas por varones.
Florida: Ruben Saavedra
El 5 de agosto de 2021 falleció en un accidente de tránsito Ruben Saavedra, quien era jefe de Policía de Florida. El 23 de agosto, el comisario general retirado José Manuel Azambuya asumió al frente de la Jefatura de Policía de Florida. Azambuya había sido director nacional de Policía Científica hasta noviembre de 2020, cuando dejó el cargo por “una decisión estrictamente personal” y expresó su “absoluto agradecimiento con las autoridades” que lo habían designado en 2016. “Después de más de 32 años y medio de servicio, la biología marcó el fin de mi actividad al servicio de mi patria, aunque intrínsecamente estaremos al servicio de ella y siempre seremos Policía de alma”, escribió en su mensaje de retiro.
Río Negro: Martín Botto
Martín Botto renunció a su cargo como jefe de Policía de Río Negro el 18 de octubre de 2021, tras incumplir con las medidas obligatorias que prevé el Ministerio del Interior ante el caso de un policía de su dependencia que fue denunciado por abuso sexual.
El encargado de la Brigada de Seguridad Rural de Río Negro fue denunciado por su sobrina porque abusaba sexualmente de ella de forma asidua cuando era una niña. Cuando un policía es denunciado por violencia doméstica y de género se debe aplicar el Decreto 111/015, que plantea medidas preventivas en todos los casos, sin excepción. El policía fue formalizado por reiterados delitos de atentado violento al pudor, tras lo cual fue sumariado con separación del cargo. Sin embargo, durante 14 meses no se llevaron adelante ninguna de las acciones obligatorias que tendría que haber tomado el MI. En ese período, además, Botto otorgó al policía formalizado el premio “Jefe de Policía”, en el marco del 191 aniversario de la institución.
El comisario mayor retirado Omar Agrasar asumió como jefe de Policía de Río Negro tras el cese de Botto.
Cerro Largo: José Adán Olivera
José Adán Olivera renunció a su cargo como jefe de Policía de Cerro Largo este miércoles para “no involucrar al Ministerio del Interior” en irregularidades y delitos. Se investiga el involucramiento policial en el caso de contrabando para el Estadio Municipal Mario Ubilla, administrado por la Intendencia de Cerro Largo.
Varias personas fueron detenidas, entre ellas un policía de investigaciones de la jefatura departamental. El policía fue imputado por reiterados delitos de hurto, uno de contrabando especialmente agravado y otro de utilización de información privilegiada de forma indebida. A través de las escuchas telefónicas, se descubrió que prometía avisar en caso de que cayera una orden de allanamiento, tanto desde jefatura de Policía de Cerro Largo como desde otras dependencias policiales.
Este caso podría ser el puntapié de otras investigaciones, en las que no se descarta el involucramiento de Olivera. La jefatura de Policía de Cerro Largo le fue encargada de manera interina al subjefe departamental, el comisario general Ignacio González. Olivera ya había sido cesado previamente del mismo cargo en marzo de 2018.
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Uruguay: ONU advierte que proyecto de Cabildo Abierto sobre prisión domiciliaria es “contrario al derecho internacional”
La Diaria /
Cinco relatores del organismo señalan al gobierno que la iniciativa es “incompatible” con “las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos”
Cinco relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) vinculados a asuntos de derechos humanos enviaron una carta al gobierno uruguayo manifestando su “profunda preocupación” respecto del proyecto de ley de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a los privados de libertad mayores de 65 años, por considerar que es “incompatible” con “las obligaciones internacionales del Uruguay en materia de derechos humanos”.
Fundamentan esta incompatibilidad en que beneficiaría especialmente a decenas de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura cívico-militar, que cumplen pena en la cárcel de Domingo Arena.
La carta está firmada por el relator de ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En la misiva, expresan su “profunda preocupación” por la iniciativa, que argumenta su razón de ser en la pandemia de la covid-19 “sin mediar una evaluación de cada caso particular y permitiendo la continuación de dicho régimen con posterioridad a la finalización de la situación de emergencia, según surge del texto del proyecto”. En particular, destacan que “permitiría otorgar de forma automática y sin evaluación del contexto en que se encuentra cada recluso, el beneficio de la prisión domiciliaria a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros delitos graves cometidos durante la dictadura, lo cual es contrario al derecho internacional”.
“Nos preocupa que el anteproyecto fundamenta la modificación de sustitución por régimen domiciliario por razones humanitarias que se ven agravadas por la pandemia, pero no establece que esos beneficios quedarán sin efecto una vez finalizada la emergencia referida. Por el contrario, establece expresamente que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena”, añaden los relatores.
Si bien coinciden en la necesidad de que los gobiernos “tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas” en el marco de la emergencia sanitaria, subrayan que las medidas de prevención en este sentido “deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto”.
Dichos estándares, señalan, “prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones serias a los derechos humanos y graves del derecho internacional humanitario, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad”.
Por lo anterior, explican que las medidas de arresto domiciliario por razones humanitarias para dichas personas, por principio, “sólo pueden otorgarse en caso de enfermedad terminal de resolución inminente”, y como último recurso. Asimismo, reconocen que a partir de la situación particular de reclusión de los presos por delitos de la dictadura, “quienes por su condición son sometidos a dispositivos específicos de seguridad que evitan el hacinamiento o contacto masivo con otras personas reclusas,(como sería aparentemente el caso en la Unidad 8 Domingo Arena), no existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria total”.
“Con el fin de evitar privilegios o medidas análogas a las amnistías generales prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en ningún caso debe otorgarse el beneficio de arresto domiciliario de forma generalizada e indefinida para reclusos que han sido condenados por violaciones serias a los derechos humanos y graves del derecho internacional humanitario, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad”, insisten los relatores de ONU, que hacen mención a distintas resoluciones del organismo referidas a las obligaciones de los estados de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos.
También resaltan que “no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos”, y que “la impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones”.
Finalmente, expresan su “disponibilidad para proveer la asistencia técnica que pueda ser necesaria” y solicitan al gobierno uruguayo que informe “cómo el proyecto de ley” en cuestión “es compatible” con “el derecho internacional de los derechos humanos”. También piden que informe del estado del debate parlamentario sobre dicho proyecto “y si se ha garantizado la participación durante el proceso de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad”.
La carta será incluida en el informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de ONU.
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR – 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años – Selección y producción: Henry Flores y Carlos Casares Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Alix Arnold (Colonia), Ute Löhning, Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Silvio Amodei, Jorge Marrero, Jorge Zabalza.
Carlos Iaquinandi Castro /Redacción de SERPAL
José Antonio Rocca /La economía de a pie (Uruguay)
Luis E. Sabini Fernández /Revista Futuros
Sudestada, periodismo y transparencia (Uruguay)
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