1) Bolivia: La CIDH exige al Estado proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo forzado
2) Colombia: Francia Márquez, precandidata presidencial: ‘Vivimos en una nación patriarcal, racista y clasista’
3) Colombia: Despenalización del aborto se agita el debate en la Corte Constitucional
4) México: Organizaciones medirán impacto de leyes en la vida de las mexicanas
5) Uruguay: Vulnerabilidad sociopenal: 78% de las mujeres que están presas con sus hijas e hijos en cárceles están por delitos de drogas
__________
COMCOSUR MUJER /Fundado por Yessie Macchi / AÑO 27 / No. 707 – Lunes 8 de noviembre de 2021 / Producción: Beatriz Alonso, Belén Itza y Cecilia Duffau /Apoyo técnico: Carlos Dárdano
__________
1) Bolivia: La CIDH exige al Estado proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo forzado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Bolivia a proteger a las niñas y a las adolescentes de la violencia sexual y el embarazo forzado, así como garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos tomando en cuenta la situación particular de vulnerabilidad que enfrentan por razones de género y edad, en aplicación del marco normativo nacional e internacional.
La violencia sexual contra niñas y adolescentes constituye no solo un tipo particular de agresión basado en género, sino una forma de discriminación que impide el goce de otros derechos humanos, que puede afectar por completo su proyecto de vida. La Comisión observa que el embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral.
En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad. En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos. El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones.
Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22.221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.
Al respecto, se destaca que el Estado de Bolivia cuenta con un marco normativo de protección a las niñas y las adolescentes que son víctimas de violencia sexual y embarazo forzado, que debe implementarse atendiendo de forma estricta el interés superior, entendiendo que la negación de la interrupción voluntaria segura y oportuna del embarazo en determinadas circunstancias puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, en especial, los derechos a la vida, integridad personal, salud y, en general, el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación.
Lo anterior resulta especialmente relevante en el contexto de Bolivia, donde según información recibida, una de cada tres niñas sufre alguna forma de violencia sexual antes de los 18 años; y según los datos de la Fiscalía especializada en delitos de género y juvenil se reportaron 561 casos de violación contra niñas, niños y adolescentes, hasta abril de 2021.
Además, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y el Comité Contra la Tortura señalan que la violencia de género vulnera el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que la continuación forzada del embarazo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante, pudiendo evitar el riesgo de mortalidad materna a la que mujeres, niñas y adolescentes son sometidas en este contexto.
Ante el escenario del incremento de la violencia de género contra niñas y adolescentes, la CIDH considera fundamental que los Estados desarrollen políticas y programas que faciliten el acceso a una educación sexual de calidad adaptada a la edad y a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, garantizando su participación y el acceso a la información. En particular, insta al Estado de Bolivia a desempeñar su mayor esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, fortaleciendo las instancias de la ruta de atención oportuna y adecuada y garantizando el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud e información, en cumplimiento de su normativa interna y los tratados internacionales.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
CIDH / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
_________
2) Colombia: Francia Márquez, precandidata presidencial: ‘Vivimos en una nación patriarcal, racista y clasista’
La escena ocurrió un día de agosto del 2019 en un salón del hotel Inter, en el centro de Bogotá. Acababa de terminar una reunión entre líderes de organizaciones sociales del departamento del Cauca y funcionarios del Ministerio del Interior. Hubo palabras incómodas, acusaciones, reclamos. El funcionario a cargo, un viceministro furioso, se acercó a Francia Márquez. La llamó resentida. “Usted necesita ir a terapia”, le dijo.
“La vaina era que estábamos discutiendo y él empezó a usar ese lenguaje de ‘pobrecitos’, de gente que necesita atención, como si fuéramos menores de edad. Cuando le dije que su actitud y la forma como estaba planteando las cosas era racista, me mandó a terapia. A mi compañero Víctor Hugo Moreno, que le habló de la misma forma, le respondió distinto. Es que, siendo mujer, y negra, hay más soberbia y más desprecio. Fue muy fuerte”, recuerda Francia.
No era la primera vez que se enfrentaba a una situación así. Sofía Garzón, una amiga que la conoce bien, cuenta que en un evento sobre la diáspora negra en Irán un traductor la regañó porque no permanecía “en su lugar”. Cuando propuso su nombre para la Cámara de Representantes por la Circunscripción Afro, en las elecciones pasadas, sus propios compañeros –hombres– la desmoralizaron con una larga lista de razones por las que no debía presentarse.
“Pero es que yo no he venido a pedirles permiso”, les contestó Francia. “Ahí fue muy brava y muy berraca”, relata su amiga.
Francia Elena Márquez Mina (vereda de Yolombó, corregimiento de La Toma, municipio de Suárez, Cauca, 1982), dice que siempre le ha tocado empujar la puerta, ponerse al frente, decir “aquí estoy yo”. Ante el mundo y ante el gran público en Colombia se dio a conocer en el 2018, cuando le fue concedido el Premio Goldman, considerado como el Nobel ambiental, pero desde los 15 años es una activista que lucha por la defensa de su territorio frente a los desmanes de la minería.
Carlos Rosero, un histórico líder del movimiento Proceso de Comunidades Negras (PCN), que la conoce desde esa época, la recuerda como una niña, al principio, muy tímida: “Iba a las reuniones, pero no hablaba. Yo creo que era como una esponja que lo iba asimilando todo. Pasaron los años, y tras un proceso de formación empezó a soltarse y a hablar en público. Un día explotó con una fuerza impresionante”.
Francia Márquez es hija de Gloria María Mina López y de Alfredo Márquez Trujillo. Si suma los hijos de sus padres, son once hermanos. Es madre de dos hombres. Estudia escritura creativa. A veces envía mensajes a las cuatro de la mañana porque sufre de insomnio. Cuando habla, es precisa en sus palabras. No dice pobres, dice empobrecidos. No dice esclavos, dice esclavizados.
En el 2014 impulsó una movilización que se conoció como la Marcha de los Turbantes, un recorrido de casi un centenar de mujeres que salieron desde La Toma hasta Bogotá, para exigirle al Gobierno que retirara los títulos mineros que se habían concedido después de una violenta incursión paramilitar y que prácticamente expulsaban a los habitantes de ese corregimiento de su propio territorio.
Francia y otros líderes de su comunidad presentaron acciones de tutela, lograron parar las órdenes de desalojo, defendieron el derecho a la consulta previa y consiguieron que la Corte Constitucional reconociera en una sentencia que La Toma es un territorio ancestral, por lo que se suspendieron –pero no se anularon– los títulos que habían convertido al corregimiento en una inmensa mina donde Francia y su gente no cabían.
Francia Márquez tiene actitud de guerrera, de rebelde. Es capaz de contar sus tragedias entre carcajadas, pero se necesita mucho tiempo para establecer una verdadera cercanía con ella. De entrada, parece desconfiada, un poco a la defensiva, aunque sus amigos dicen que depende del contexto. La definen más bien como cauta. Y leal. Y frentera. Y terca.
En el 2015 recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. La BBC la incluyó en el 2019 en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. En agosto del 2020, un tuit suyo levantó una polvareda en el escenario político nacional: “Quiero ser presidenta de este país”, decía. Y así comenzó una andadura que la tiene recogiendo firmas para medirse en la consulta del Pacto Histórico con Gustavo Petro y haciendo una Vaki para recoger fondos para la campaña. Su movimiento se llama ‘Soy porque somos’ y se cimenta en la llamada filosofía Ubuntu, una palabra africana que habla de la conexión entre seres humanos, de colectivo, de solidaridad, del otro.
Sus propuestas giran en torno a la redistribución de la riqueza, la dignidad, la justicia, los derechos; quiere parar la guerra y promover otro modelo económico donde prevalezca la vida. No lo tiene fácil (sus adversarios le reclaman la falta de experiencia en cargos públicos), pero dice que ocurra lo que ocurra, este ejercicio habrá servido para mostrarle al país que el cambio es posible.
¿Colombia está preparada para una mujer presidenta? ¿Para una presidenta negra?
Creo que este país nunca va a estar preparado para que una mujer negra como yo lo lidere. Nunca. Y no va a estarlo porque el proyecto de Nación fue pensado en términos raciales. Desde la Constitución de 1821, la gente esclavizada no era considerada colombiana. Se decía que los negros y los indígenas eran menores de edad, gente bárbara. Asistimos a un Estado nación racista, clasista y patriarcal que, por supuesto, no está dispuesto a que una mujer antirracista, antipatriarcal y antisistémica como yo logre gobernar. Pero uno no se puede quedar ahí, hay que disputarse el poder.
Recuerdo una conversación en la que usted me decía que no había manera de cambiar el sistema porque te acababa tragando. ¿Qué le garantiza que esto no va a pasarle a usted?
El sistema nos está tragando ya. Entonces, sabiendo eso toca intentar un cambio, construir un juego propio desde abajo. Pero no estoy dispuesta a venderle mi alma al diablo para llegar a una presidencia. Lo que propicio es que la gente se sienta con la capacidad de creer que un nuevo poder está en el pueblo, en los sectores marginados, a los que les han hecho creer que no tienen poder.
Y en esa narrativa creció usted, una narrativa que los despojaba de su poder, que incluso los hacía querer ser blancos, casarse con blancos porque había que mejorar la raza. Tremendo.
Había debates públicos en aquellos años del siglo XX en los que participaban políticos, médicos, abogados, maestros, científicos. Toda esa gente justificando que la raza estaba desmejorando por los negros y los indígenas. Y claro, la gente negra terminó diciendo sí, nuestra raza es un problema y hay que mejorarla. Yo le escuché eso a mi familia, escuché decir eso en mi casa. Cuando era pequeña y mi mamá me peinaba, que me dolía, recuerdo a mis tías diciéndole que ella había empezado bien –porque su primera hija había sido con un mestizo–, pero que se había devuelto en el camino, en referencia a mí. Por eso yo quería tener un novio blanco y tener hijos con un blanco, claro. Yo quería mejorar la raza para que a mis hijos no les doliera cuando los peinaran.
Por eso desde niña alisaba tanto su pelo…
Si Epa Colombia [la influencer] hubiera aparecido en aquel tiempo, seguramente yo habría contribuido a enriquecerle el bolsillo. Pero ahora no. Es una mujer que admiro, que valoro, pero la bendita keratina para las niñas me ha dolido. Cuando estamos aceptando nuestro cabello como es, cuando ya mis sobrinas les dicen a sus mamás que quieren llevar el pelo como la tía Francia, viene ella con esto. ¡No! Es una locura.
Entiendo que hubo muchas cosas que tuvo que desaprender. Incluso ha contado que sentía vergüenza de ser negra. ¿Cómo era eso?
No quería tener el cabello que tenía, ni la nariz ñata [risas]. No aceptaba mi cuerpo. Es que la televisión también juega su papel y cuando uno está pequeño y ve solo mujeres mestizas con ojos azules, entonces ese es el prototipo de belleza que quiere. Uno quiere blanquearse. Pero ese blanqueamiento acaba siendo mental. Uno no quiere asumirse como una mujer negra, sino que acaba pensando que lo negro es inferior y lo blanco superior. Son estereotipos raciales que nos dañan no solo a nosotros como afrodescendientes, sino a todos como humanidad.
La escuché decir que los grandes desafíos para su gente pasan por reconocer quiénes son, de dónde vienen y por qué los enseñaron a negarse a sí mismos.
Yo, por ejemplo, me descubrí negra. Tenía unos catorce o quince años cuando llegué al Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones que lucharon por el reconocimiento de la población afrodescendiente en este país. Ahí me descubrí negra.
¿Cómo llega al PCN?
Porque había una intención de desviar el río Ovejas –el río con el que nosotros habíamos convivido– a la represa Salvajina. Entonces hubo todo un proceso participativo al que me invitaron. Al principio no me gustaba porque las reuniones me parecían muy aburridas. La política no me interesaba, ni nada que tuviera que ver con estar reunidos hablando de problemas. A mí lo que me interesaba era bailar danzas, cantar, hacer teatro.
Porque lo que usted soñaba era ser artista. Actriz, cantante, bailarina…
Pertenecí a un grupo de danza que se llamaba Tambores de Salvajina, en Suárez. Bailábamos mapalé, cumbia, currulao, de todo. Hasta fuimos a un festival en Ecuador. No desarrollé mucho la vena artística, pero si tuviera que escoger otra cosa en la vida, más allá del activismo social, sería la actuación.
Si las reuniones del PCN le parecían aburridas, si no le gustaba la política, ¿de dónde surge como lideresa?
Cuando empecé a participar en el PCN hacíamos encuentros de jóvenes en Buenaventura, en Tumaco, en Cali, en Chocó. Empecé a involucrarme con activistas urbanos del distrito de Aguablanca (Cali) y los veía tan comprometidos, veía a esos ‘pelaiticos’ ejerciendo su liderazgo con tanta propiedad que eso me fue motivando. Y lo otro era que después de las reuniones y de los talleres hacíamos coplas, tocábamos la marimba y había jolgorio. Eso me gustaba. El arte me fue llevando.
El activismo coincidió con una precoz maternidad. ¿Cómo es ser madre a los 16 años?
Es que era muy alborotada [risas]. En realidad es que no tenía ninguna madurez en términos de sexualidad. Creía que cuando uno se metía con alguien tenía que estar muchas veces con esa persona para quedarse embarazada.
No se hablaba de sexualidad ni en la casa, ni en el colegio…
Eso era tabú, eso no se enseñaba. Cuando llegó mi primera menstruación tenía doce años y estudiaba en Suárez. Estaba en el colegio y llevaba el uniforme blanco de educación física. Imagínese, un uniforme blanco manchado de sangre. Me mandaron para la casa sin explicarme y las ‘pelaítas’ me decían “gas, cochina”. Mi mamá tampoco me explicaba nada y mis hermanos se burlaban. Para mí, la menstruación era algo malo, algo que no era normal. Creo que viví con esa vergüenza muchos años.
¿Qué pasó cuando se enteró de que estaba embarazada?
Ni siquiera lo sabía. Fueron otras personas las que me vieron y me lo dijeron. Yo había tenido una relación con un hombre de Medellín que estaba en Suárez trabajando en las minas. Era mayor que yo; no fui capaz de decirle que estaba embarazada, así que le escribí una carta. Al otro día se fue.
En esa época usted todavía esperaba a ese hombre blanco que llegaría para sacarla de su mundo negro…
Ahí todavía tenía esa ilusión. Todavía estaba esperando al príncipe azul que iba a salvarme. Este era blanco, con ojos verdes. Cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Y hasta el día de hoy.
¿Qué hizo?
Cuando terminé la primaria, mi mamá me dijo que no tenía cómo pagar mis estudios y me tocó irme a la mina a trabajar para juntar orito. Trabajaba con mis tías y así fue como pude costearme el bachillerato. Estaba en noveno grado cuando me quedé embarazada. Eso fue muy doloroso porque sentí que hasta ahí había llegado mi sueño de estudiar. El mundo se me vino encima cuando ese hombre se desapareció. Afortunadamente mi mamá me apoyó, pero me tocó trabajar en la mina durante todo el embarazo.
¿Cómo era el trabajo en la mina?
Uno se iba con su batea, con su almocafre y con su pala a donde hacían las vetas. Un domingo nos tocó ir a lavar el mineral que habíamos sacado de toda la semana y al llegar a mi casa empecé a sentir un dolor en la cintura. Se me vino el parto. Me atendió mi mamá, que es partera. Ni siquiera alcancé a hacer la dieta de los cuarenta días. Rápido tuve que volver a trabajar a la mina para no dejarnos morir de hambre. Mi mamá, que siempre quiso ser modista y nunca pudo, le hacía ropita al niño a punta de hilo y aguja.
¿Cómo hizo para terminar el bachillerato?
No volví. El colegio lo terminé en Puerto Tejada en un programa de bachillerato para adultos. Estudiaba los sábados. Antes hice un curso de técnico agropecuario en el Sena. Había que ser bachiller, pero yo hablé para que me dejaran entrar. Al final me dieron una mención de honor, me fue muy bien.
¿Por qué quiso ser abogada?
Porque quería ayudar a mi comunidad. En el 2009, yo ya era una lideresa y se había iniciado un proceso de desalojo porque habían entregado unos títulos mineros en La Toma. En el 2010, me dije a mí misma que tenía que ser abogada porque nosotros no sabíamos ni hacer un derecho de petición. Y ahí fue cuando me metí a la Universidad Santiago de Cali. Pero tuve que bregar mucho tiempo para terminar.
¿Por qué?
Porque no tenía los recursos y me tocaba parar. Como pagaba después de terminado el semestre, me cobraban intereses. Ya ve, la gente empobrecida es la que más paga. Eso era duro. A veces me sacaban del salón porque no tenía cómo presentar los parciales porque no había pagado. Otras veces tenía que rogarles a los profesores que me guardaran las notas. El PCN me financió varios semestres y el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, también. Fue así como pude terminar. Pero estaba muy cansada. Una vez, se me perdió el recibo de un semestre que me habían pagado y ese pago no aparecía ni en el banco, ni en la universidad.
Imagino su frustración.
En ese momento dije: “no voy a estudiar más, no voy a joder más con esto”. Y lloraba y lloraba. Estaba desesperada. Imagínese todo lo que había tenido que hacer para estudiar. A veces me tocaba caminar desde Manuela Beltrán, en el oriente, hasta la universidad porque no tenía para el transporte. Me iba sin comer, aguantando hambre. Los compañeros me veían así y me gastaban. Era muy difícil. Para mí siempre fue muy duro estudiar. Siempre.
Pero no se rindió…
Llegué a pensar ‘esto no es para mí’. Pero la gente me decía, “Francia, usted ya hizo tanto esfuerzo, ¿cómo va a dejar eso tirado?” Y me motivé. Pero ocurrió que, a una hermana menor, hija de mi papá, le mataron a su hija aquí en Cali. La niña había salido a la calle, hubo disparos y una de esas balas se le metió en el cuello. Tenía ocho años. Ese semestre tampoco estudié. Yo tenía la plata para pagar la universidad, pero mi hermana no tenía para los gastos fúnebres y me tocó cubrirlos. La verdad es que fue muy difícil terminar mi carrera, pero lo logré.
Antes de ir a la universidad ya había sido madre por segunda vez.
Mi segundo hijo nació cuando yo tenía 20 años. Yo pensaba que estaba mal ser madre soltera y quería conseguirle un papá a mi hijo mayor. Me vine a Cali a trabajar en casas de familia y dejé al niño con mi mamá. Estando aquí conocí a un muchacho y me enamoré otra vez. Cuando supo que estaba embarazada, dudó. Y cuando el niño nació dijo que si yo quería estar con él tenía que aceptar que él ya estaba en otra relación. Le dije: “si puedo criar a uno, puedo con dos”. Y me quedé sola.
¿Cómo fue la experiencia de trabajar como empleada doméstica?
Debía tener 18 o 19 años. No fue una buena experiencia. Me sentía como una esclava. En una de las casas peleaba mucho porque la hija de la pareja no lavaba su ropa interior; quería que yo lo hiciera y yo le decía que no, que eso era humillante. Una vez me tocó de interna. Yo me había ganado una beca para estudiar técnica vocal en el conservatorio. En un primer momento la señora aceptó y dejó que asistiera a las clases, pero después quería obligarme a irme con ellos a su finca los viernes. Les dije que no y renuncié.
Entiendo que un personaje trascendental fue su abuelo Andrés Mina, un hombre sabio.
Mi abuelo era un maestro. Un maestro de esos que no se llaman maestros, pero lo son. Un líder innato que velaba por todos. Trabajó en el ferrocarril y allí se pensionó. Después se dedicó a trabajar en la mina y en fincas. Cuando él estaba, la comida no faltaba. Pero cuando murió, las cosas cambiaron porque ya mi abuela no podía sostenernos y le entregó los hijos a cada mamá. Yo tenía doce años cuando me llevaron a vivir con mi mamá. Mi papá no estuvo presente en mi infancia.
Hay un elemento fundamental en esa relación con su abuelo Andrés y es el río Ovejas. ¿Qué recuerdos tiene?
Cuando me iba a comer barbacoa al río. La barbacoa es una especie de cama, un tendido de caña brava que se coloca a contracorriente. Ahí se quedan los pescados atrapados. A la orilla de cada lugar del río donde había corriente se instalaban lo que llamaban hilos. Estaba el hilo de los Balanta, de los Márquez, de los Lucumí. En cada playa las familias colocaban su rancho y uno se quedaba allá toda la noche y subía de madrugada con su bulto de pescado, que se compartía con la gente. Tengo la memoria de una noche de luna con mi abuelo metiéndose en la barbacoa y nosotros haciendo una fogata que ardía bien lindo. Mi abuelo envolvía los pescaos en hojas de bijao, los ponía en la fogata y nos los comíamos con plátano asado. Tengo ese recuerdo: mi abuelo, la luna, la fogata, el río.
Pero la minería ilegal llegó arrasando con todo. ¿Cuándo entró?
Minería ilegal hubo desde finales de los noventa, desde 1998. Esa gente se iba y volvía. Al principio, nosotros no éramos conscientes del daño. Creíamos, como comunidad, que era una oportunidad para trabajar. Pero después, cuando vimos que se dañaron los hilos donde poníamos las barbacoas –que ya nunca más las pudimos colocar–; cuando vimos que los peces estaban muriendo, cuando vimos los huecos, fuimos tomando conciencia de que eso no era bueno y que solo iba a traer perjuicios.
El impacto fue brutal.
La primera vez no se sintió tanto. Pero allá había un sistema productivo en el que se iba tres días a la finca y tres días a la mina para completar con el oro lo que la finca no nos daba. Cuando llegaron las máquinas la gente dejó las fincas abandonadas. Y después no había ni finca, ni oro. A muchas mujeres les tocó venirse a trabajar de empleadas de familia a Cali y dejar a sus hijos. Y llegó el consumo de droga entre los jóvenes. Eso sí generó un gran impacto.
Su liderazgo entonces se hizo más fuerte y visible.
Nos hicimos más conscientes y nos opusimos. Eso generó también un fraccionamiento en las familias y en la comunidad. En las casas había miembros de una misma familia que querían que se hiciera la minería ilegal y otros que se oponían. Había discusiones y peleas. Entonces creamos el Consejo Comunitario y la gente se fue dando cuenta de que les otorgaron títulos mineros a esas personas; entendimos que no querían ningún desarrollo, sino desalojarnos del territorio.
Y la amenazaron por su batalla en defensa del río y del territorio…
A mi casa llegó gente armada a buscarme para matarme porque yo había hecho quemar unas retroexcavadoras que estaban en el río.
Tuvo que ser terrible salir desplazada de su tierra.
Muy duro. Fue en el año 2014 y no tengo palabras para describir cuando a uno le toca salir así con sus hijos. Uno siente que es responsable por hacer que dejen su casa, sus estudios. Me tocó salir de madrugada. Llegando a un puente nos encontramos con la camioneta de los señores que nos habían ido a buscar. Pensé, ‘nos mataron’. Luego nos siguió una camioneta blanca, como las que usaban los paramilitares en esa zona. Agarré a mis dos hijos de las manos y volví a pensar que ya nos iban a matar, pero la camioneta pasó derecho. Como que andaban en otra cosa, no lo sé.
¿Quién la recibió en Cali?
Afortunadamente yo no salí a vivir debajo de un puente, algo que les pasa a tantos. Hubo personas que me tendieron la mano. Llegué a casa de amigos. Fue impresionante la solidaridad, pero sé que muchas personas no tienen ese privilegio.
Si nos ubicamos en el hipotético escenario de su triunfo como presidenta, ¿cuál sería su primer acto de gobierno?
Parar la guerra, que también ha sido una decisión política. Creo que ha faltado disposición y voluntad política, porque quienes nos han gobernado no les ha tocado padecer la guerra en carne propia, no saben lo que es estar en medio del conflicto armado, en medio del bombardeo. Por supuesto que la paz con hambre no se logra, y eso implica cerrar brechas de inequidad y de desigualdad.
Ha luchado contra la minería ilegal, pero también contra la gran minería. ¿Cómo va a lidiar con este renglón de la economía?
Es una responsabilidad que tenemos como humanidad porque el planeta está muriendo. Tenemos que ser conscientes que, si queremos seguir existiendo, sí o sí hay que hacer un tránsito de esas energías extractivistas hacia unas más sustentables, limpias. No se trata de que los empresarios ricos no sigan produciendo, sino lograr que su producción se haga de manera justa. El único sector que no perdió en medio de la pandemia fue el financiero. Eso no es equitativo, no es democrático. Toca hacer cambios donde todos ganen, donde ellos no pierdan, pero que gane también el país.
Si no recoge las firmas que necesita, ¿hay un plan B?
Estoy angustiada. Pero bueno; si no pasa, hicimos el esfuerzo. Conseguiríamos un aval para la consulta del Pacto Histórico. Y si no, para la próxima
El Tiempo / Tatiana Escárraga / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
____________
3) Colombia: Despenalización del aborto se agita el debate en la Corte Constitucional
El álgido debate sobre el aborto parece ser un tema de nunca terminar. Una vez más la discusión que prometía estar zanjada vuelve al ruedo de la Corte Constitucional con dos ponencias diferentes, pero que en el fondo proponen lo mismo: despenalizar el delito completamente y hacer más flexibles las reglas para acceder a este procedimiento médico. Los nueve magistrados ya tienen ambas ponencias en sus escritorios y esta semana se incluyeron los dos expedientes en el orden del día del alto tribunal para iniciar un debate jurídico que podría cambiar la jurisprudencia de manera radical.
Los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo son los ponentes. El primero tuvo lista su ponencia hace un par de semanas, mientras que el segundo tardó un poco más en terminarla. Ambos estudiaron dos demandas diferentes, pero que buscan eliminar el aborto como delito en el Código Penal. Una idea que no resulta descabellada para los dos juristas que así lo plantearon en sus proyectos de fallo y que, por tener argumentos y fuentes similares, estuvieron de acuerdo en que debe existir una métrica definida en ambos expedientes para procurar que el debate vaya acompasado al mismo ritmo.
Varias fuentes del alto tribunal le confirmaron a este diario que Rojas Ríos y Lizarazo pactaron un acuerdo para lograr ir al mismo compás. Aunque el primero ya tenía todo listo para presentar su plan de trabajo la semana pasada, aceptó demorarla unos días para que Lizarazo tuviera tiempo de acabar su ponencia “y no quedar en desventaja en la Sala Plena”. Y así fue. Ambos expedientes quedaron en el orden del día de esta semana. Aunque el cronograma se atrasó el pasado miércoles y la jornada de hoy quedó aplazada por un conversatorio nacional de género al que asisten todos los juristas de las corporaciones de justicia, la Corte está lista para iniciar el debate.
Funcionarios de ambos despachos agregaron que la idea de ponerse de acuerdo en cómo iniciar la discusión en la Sala Plena podría tener una incidencia aun mayor, pues ni Rojas ni Lizarazo han descartado la idea de unirse en una sola ponencia. En otras palabras, que ambos sean cooponentes y puedan unir ideas y argumentos de ambos proyectos de fallo en uno solo. El aborto, que es un tema de gran magnitud y ha recibido negativas sobre el posible cambio en Colombia, promete sacar callo en algunos sectores por la decisión que se avizora.
Los ánimos están caldeados. Hay conservadores que consideran que la vida existe desde su concepción; liberales que piensan más en los derechos y la libertad de las mujeres; y quienes se apegan al derecho aduciendo que existe cosa juzgada desde 2006, cuando quedó despenalizado en tres circunstancias: malformación del feto, peligro de vida de la madre o abuso sexual a la mujer. Las cartas ya están barajadas, los argumentos de los ponentes están expuestos y el plan de trabajo está listo. Rojas es el único que trabaja a contrarreloj, pues su período en la Corte acaba en febrero próximo y una reñida votación podría definir lo que sería la decisión más grande del año.
Por el momento, y sin ánimo de cambios, los magistrados Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo, Paola Meneses y Gloria Stella Ortiz pretenden que la jurisprudencia sentada en 2006 se mantenga igual. Es decir, que no haya modificaciones en las causales para acceder al aborto. Los primeros tres juristas, por sus posturas conservadoras en debates sobre el tema, han considerado que hay vida desde la concepción. Mientras que la última estima que existe cosa juzgada. Es decir, que el tema ya fue abordado por la Corte y no debe haber un nuevo estudio.
En la otra orilla están los magistrados Alejandro Linares, José Reyes, Lizarazo, Rojas e incluso Diana Fajardo, quien está indecisa, pero se inclinaría a darles el voto a los liberales. La discusión se concentra en tres puntos: la vulneración de los derechos de las mujeres, la omisión legislativa para regular la intervención médica y el debilitamiento de la cosa juzgada. Así, las cuentas de la votación estarían cuatro en contra de las ponencias de Rojas y Lizarazo, y cinco a su favor (el voto de Fajardo sería decisivo). Pese a que el debate hasta ahora está madurando, la Corte no descarta que la decisión de fondo se conozca al finalizar noviembre.
El Espectador / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
_________
4) México: Organizaciones medirán impacto de leyes en la vida de las mexicanas
El colectivo Desde Mujeres, el Observatorio Legislativo del ITESO y Transparencia Mexicana anunciaron que revisarán el impacto de las propuestas legislativas presentadas y aprobadas en la Cámara de Diputados, el Senado y los 32 congresos locales con el objetivo de evaluar el efecto de las políticas públicas y las leyes en la vida de mujeres y hombres.
Las organizaciones aseguraron que es necesario hacer esta evaluación ya que desde 2018 México cuenta con el primer Congreso de la Unión que se acerca a la paridad de género. Como muestra, en 2018 la Cámara de Diputados estaba compuesta por 241 son mujeres, es decir, 48 por ciento, y el Senado por 63 mujeres, equivalente a 49 por ciento. Además, desde septiembre de 2021 la Cámara baja se integra de forma paritaria con 250 mujeres y 250 hombres.
Significa que desde hace tres años las mujeres han conseguido más presencia en las legislaturas, a nivel federal y local, y aunque el objetivo de este proyecto no es medir el rendimiento de las legisladoras sino el desempeño de los Congresos en materia de género, las agrupaciones consideraron que es hora de evaluar el impacto de las leyes en la vida de mujeres y hombres.
La coordinadora del colectivo Desde Mujeres, Claudia Ramírez Ramos, expuso en entrevista que revisarán si, a la hora de legislar, los congresos hacen un análisis para ver las necesidades de las y los mexicanos y responder a la disminución de las brechas de desigualdad. A su vez, la integrante de Transparencia Mexicana, Lucía Petersen, destacó que la paridad de género en los congresos es un avance, pero no es suficiente para reducir las brechas y desigualdades entre mujeres y hombres.
En México, a partir de 2006, comenzaron a proliferar las legislaciones enfocadas en garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, entre otras, a las que se han sumado diversas reformas legislativas.
Sin embargo, hay otras normas que impactan particularmente en la vida de las mujeres, mencionó Ramírez Ramos. Entre ellas, la eliminación del IVA en los productos de gestión menstrual, aprobada en octubre en el Congreso de la Unión, una reforma que hará que las mujeres gasten menos dinero al comprar algunos de estos productos, por tanto es una reforma de justicia fiscal.
Otra ley que también tiene un efecto para las mexicanas es la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, vigente desde 2017, ya que hay que considerar que las mujeres son las principales buscadoras de sus familiares desaparecidas y son quienes hacen las denuncias, por ello -dijo la experta- las instituciones deben tomar en cuenta estas diferencias de género.
En algunas ocasiones agrupaciones de la sociedad civil han señalado que México cuenta con una legislación de avanzada en diversos rubros como toma de decisiones o prevención de la violencia y la discriminación, pero también han criticado que la expedición de normas no es la única vía para mejorar la vida de las mujeres. Al respecto, Ramírez Ramos detalló: “el papel no lo dice todo, pero sin papel no puedes hacer nada”.
“Si bien es importante ir desarrollando una implementación correcta de las políticas públicas y concientizando al sector y al servicio público (sobre la importancia de la perspectiva de género), sin leyes no puedes avanzar, no puedes desarrollar un inicio que obligue o genere el impacto verdadero en estas políticas públicas”, destacó.
En tanto, Lucía Petersen destacó que a las organizaciones les interesa el impacto que tienen las leyes y no sólo las que presentan legisladoras o las que atienden reclamos justos de las mujeres en la vida del 51 por ciento de la población del país.
Como parte de esta evaluación, las tres organizaciones desarrollarán metodologías e instrumentos de evaluación para identificar si los congresos están avanzando en la adopción y cumplimiento de políticas de género, y evaluarán el impacto jurídico, social y económico de las iniciativas y leyes aprobadas.
Las expertas indicaron que las metodologías y los indicadores se han enfocado en analizar la existencia o inexistencia de políticas y programas, pero muy pocas evaluaciones se refieren a su cumplimiento e impacto. “Es necesario un cambio de paradigma en la evaluación de los congresos y este es un paso en ese sentido”, destacaron.
En un comunicado reiteraron que aunque México ha avanzado en la aprobación de cambios legales y la adopción de políticas de género para los congresos, “es fundamental evaluar su aplicación práctica y no sólo la existencia de dichas políticas en el papel”.
CimacNoticias / COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
_________
5) Uruguay: Vulnerabilidad sociopenal: 78% de las mujeres que están presas con sus hijas e hijos en cárceles están por delitos de drogas
Informe parlamentario señala que mujeres con hijos son candidatas a pasar a régimen de prisión domiciliaria asistida: 93% tiene riesgo bajo y medio de reincidencia.
Sonia tiene 18 años y fue formalizada cuando su hijo tenía un mes y medio; además, es madre de un niño de tres años. Le dieron tres años de prisión por suministro de estupefacientes. Terminó la escuela. Intentó ir a juicio para lograr otro tipo de medida, pero su defensa le dijo que por su delito no había otra opción que ir la cárcel. Ahora su bebé tiene cuatro meses y está hospitalizado por problemas respiratorios. Por eso pide que le den prisión domiciliaria.
Valeria cayó con 31 años. Primera vez en una cárcel. Estando presa, se enteró de que estaba embarazada de su cuarto hijo. Sus otros tres hijos tienen 15, 12 y dos años. Dice que cuando la detuvieron estaba “secuestrada” en una boca de pasta base desde hacía un mes, porque tenía deudas por su consumo problemático de drogas. Le imputaron un delito de suministro de estupefacientes en grado de tentativa y le dieron tres años y medio de prisión. La visitan su pareja, padre del bebé que vive con ella en la cárcel, y sus dos hijos mayores. Con su hija de dos años, que está a cargo de alguien afuera, intenta restablecer el vínculo. Desde la cárcel proyecta vivir con su familia si le dan prisión domiciliaria.
Melisa tiene 32 años y es primaria. Trabaja desde los 14 años. Hacía un año que se había quedado sin trabajo. Puso un quiosco y se fundió. Le dieron 15 meses por negociación de estupefacientes. Está embarazada y tiene una hija de nueve años, a quien ve cada 15 días en las visitas. Espera vivir con ella y la bebé si le dan prisión domiciliaria.
Esther tiene 28 años. Es la primera vez que está presa. Cayó por intentar ingresar droga a una cárcel. Dice haber sido coaccionada para cometer este delito. En la cárcel, convive con su hija. Tiene otros dos hijos; uno de ellos tiene trastorno del espectro autista y ambos están al cuidado de su madre. Está cursando primero de liceo y quiere acceder a cursos de capacitación laboral para prepararse para su egreso de la cárcel.
La historia de estas mujeres son algunas de las 15 trayectorias que relata el informe especial del comisionado parlamentario penitenciario titulado Prisión domiciliaria asistida para madres con hijos a su cargo en el proceso penal. Para la oficina liderada por Juan Miguel Petit, esta es una “inquietud” prioritaria.
A partir del monitoreo de las cárceles en las que hay mujeres, señalan que “es necesario avanzar hacia otro modelo de atención, asistencia y rehabilitación para las mujeres”, en el que se profundice la perspectiva de género y de derechos humanos.
Destacan las señales positivas: “En su momento la apertura de ‘El Molino’ como unidad especializada, la creación luego de la Unidad 9 para madres con hijos, la creación en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Programa de Atención a Madres con Hijos (PAMHI), y la sensibilidad y los aportes que han llegado desde la sociedad civil”. Sin embargo, creen que “se requieren con urgencia nuevas acciones”.
La prisión para mujeres “no debe ser masculinizada”, sino que “debe diseñarse y gestionarse desde la especificidad de su población y tiene particulares desafíos”. Según sugieren, esto es necesario para la “inserción social” de personas que “han atravesado múltiples adversidades vinculadas a diversas formas de sometimiento, pobreza, violencia sexual y explotación, trata y abandono familiar temprano”. Por eso, destacan la “importante acumulación de normas internacionales” que sugieren que “este debe ser territorio de políticas penitenciarias, sociales y de integración social particularmente afinadas”.
Según el informe, “las mujeres en prisión son un colectivo que, en general, ha vivido, y más allá del delito cometido, situaciones extremas de exclusión” y que reciben “una sanción reforzada culturalmente –con sutiles formas de discriminación y exclusión– por el hecho de ser mujeres”. “Todas las vulnerabilidades señaladas sobre las mujeres privadas de libertad adquieren todavía mayor magnitud entre aquellas que tienen hijos a su cargo”, aseguran.
Para Petit y su equipo, “suele haber una desproporción entre la sanción penal y social frente a las características del delito cometido y las características de vida de las autoras”. Y aportan como dato “llamativo” que en el estudio criminológico que se les aplica en la cárcel, llamado Oasys [offender assessment system] para medir los riesgos de reincidencia, “la amplia mayoría de los resultados señalan una baja o media probabilidad de reincidencia o violencia”. “En palabras comunes y coloquiales: la gran mayoría son de baja o nula peligrosidad”, explican. 93% tiene riesgo bajo (45%) y medio (48%) de reincidencia. Sólo en tres casos (7%) se detectó “riesgo alto” de reincidencia.
El informe sugiere que estamos ante un tema que demanda “una nueva dimensión de las políticas sociales” y en especial “acciones dirigidas a la población vulnerable que encuentra en el micronarcomenudeo una forma de supervivencia que termina a veces bloquéandole del todo su futuro”.
Entonces, “el tema convoca a impulsar una nueva modalidad de ejecución penal, más apropiada para el tipo de delitos que la origina y adecuada a la población a la que se dirige, con contenidos y modalidades programáticas diferentes que la simple, pura y dura privación de libertad”.
Para el comisionado, es preciso “dar nuevos pasos hacia un modelo de ejecución penal de prisión domiciliaria asistida para buena parte de la población femenina de las cárceles”. Y dentro de esta población, “es muy clara la urgencia que la innovación tiene para las madres con hijos a su cargo”.
Para el informe observaron la trayectoria de mujeres que están con sus hijos en la cárcel. Explican que ampliaron el encuadre “poniendo el lente en el impacto de la reclusión en sus hijas e hijos viendo que, paradojalmente, se vuelve un factor reproductor de nuevos delitos y violencias”.
Los relevamientos se hicieron en las cárceles del INR en las que están casi la totalidad de las mujeres con hijas e hijos a su cargo: Unidad 9 Madres con Hijos, Unidad 16 Paysandú, Unidad 20 Salto y Unidad 24 Pense (Soriano).
Más mujeres privadas de libertad
En el último año, de setiembre 2020 a setiembre 2021, mientras la población privada de libertad creció 9%, la población de mujeres privadas de libertad creció 26%.
En un año y medio hubo un aumento de 43% de las mujeres que están presas. En marzo de 2020, al comienzo de esta gestión de gobierno, estaban recluidas 649 mujeres, número que aumentó a 930 en setiembre de este año. Esta cifra continúa creciendo, ya que tras cerrar setiembre había 1.038 mujeres en cárceles, por lo que el aumento ha sido de 60%.
Para el comisionado, este crecimiento demanda “una necesidad de explicación y de comprensión para la elaboración o ajuste de las políticas públicas asociadas a este fenómeno”. Para esto “se necesitan buenas bases de información y recursos humanos y técnicos” de forma de producir conocimiento para la toma de decisiones de política pública. Pero, según el informe, “un primer obstáculo” es la “carencia de información sistemática sobre la población privada de libertad”. “El INR aún no construye ni publica información estadística regular sobre la población que tiene a su cargo”, afirman.
Mujeres con hijas e hijos en cárceles y vulnerabilidad sociopenal
A principios de setiembre de 2021 había 45 mujeres con sus hijas e hijos en cárceles y cinco mujeres embarazadas. En la Unidad 9 Madres con Hijos de Montevideo había 27 mujeres con sus hijos y dos embarazadas. Cuatro mujeres con sus hijos estaban en la Unidad 16 Paysandú, ocho en la Unidad 20 de Salto y en la Unidad 24 Pense había cuatro mujeres con sus hijos y una embarazada. Se lograron relevar 46 de los 50 casos del total de mujeres con hijos a cargo o embarazadas en todo el país.
74% de las mujeres que están presas con sus hijos tienen a su pareja actual o al padre de sus hijos privado de libertad.
El promedio de edad de las mujeres es de 28 años. Son casi todas uruguayas, menos una que es brasileña. Tienen en común infancias en contextos críticos, con dificultades de inserción, abandono temprano del sistema educativo y precariedad laboral. El uso problemático de drogas aparece como un problema y un riesgo central claramente sólo en seis casos.
La vulnerabilidad sociopenal está muy presente. 74% de las mujeres que están presas con sus hijos tienen a su pareja actual o al padre de sus hijos privado de libertad. 52% de las mujeres atravesaron situaciones de violencia de género.
54% de las mujeres (25 casos) que están con sus hijos en cárceles son primarias, es decir, es la primera vez que están presas. 21 son reincidentes (46%). Sólo en tres casos se vio un aumento de la gravedad del delito que cometieron respecto de su procesamiento anterior. En el resto, fueron delitos similares, sin mediación de uso de violencia.
78% de las mujeres que están con sus hijos en cárceles están presas por delitos de drogas. En 30% de los casos el delito tuvo lugar en una cárcel, es decir, entraron o intentaron entrar droga a una cárcel para otra persona. Al analizar el riesgo de reincidencia para los casos vinculados a estupefacientes, en 75% de los casos el riesgo detectado fue bajo.
Además, de las 34 mujeres que están presas por delitos de estupefacientes, hay cinco por asociación para delinquir o tráfico de armas, tres por hurto, dos por homicidio, una por rapiña y una por estafa. El promedio general de las penas aplicadas es de tres años y ocho meses.
Respecto del nivel de riesgo de conflictividad, en 57% de los casos es bajo, en 38% es medio, en 3% es alto (un caso) y en otro caso no hay datos. Sugieren que “estos valores podrían explicarse por la naturaleza de la mayoría de los delitos en donde generalmente no media la violencia”. Específicamente en lo que respecta a delitos de drogas, en 88% de los casos no se observa riesgo de daño hacia los demás o conflictividad.
Fue una dificultad relevar la cantidad total de hijas e hijos de estas mujeres. “A pesar de la relevancia que la maternidad tiene para estas mujeres” no hay relevamientos oficiales acerca de la cantidad de hijos. Tampoco se recopila este dato en el caso de los varones privados de libertad. Según la Plataforma Regional por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, en Uruguay hay 15.000 niñas, niños y adolescentes con madres o padres privados de libertad.
Para el equipo de Petit, “la carencia de este indicador es una señal de la necesidad de realizar mejoras en el estudio de cada caso para poder implementar políticas”. Otro dato que escasea es la composición familiar de cada mujer. En lo relevado, “se puede deducir que muchas estaban a cargo de hogares monoparentales, lo que influye decisivamente en el destino de los hijos al momento del encarcelamiento”.
El impacto en las infancias y la supervivencia
La privación de libertad de mujeres tiene impacto en las infancias. El encarcelamiento de las mujer “tiene consecuencias muy diferentes y notorias” del de los varones: “Debido al rol de cuidado que tradicionalmente tiene la mujer en la sociedad, su prisión impacta directamente en el desarrollo de vida de sus hijas e hijos” y de los adultos o personas en situación de discapacidad que estaban a su cargo.
Según el comisionado parlamentario penitenciario, el delito de las mujeres aparece como una “estrategia de supervivencia”: “El tipo de delito cometido por mujeres en su mayoría es de menor gravedad y en muchos casos se comete en el marco de la búsqueda de medios de sobrevivencia relacionados con ausencia de otras figuras de apoyo familiar o en el marco de relaciones de violencia o abuso con esas mismas figuras”. “La observación de sus historias de vida así lo indica”, aseguran.
Prisión domiciliaria y recomendaciones
Las Reglas Bangkok recomiendan evitar la prisión para las mujeres que tienen hijos a cargo “y fomentar, en los casos en los que sea viable, otro tipo de medidas alternativas a la privación de libertad”. “Las normas internacionales ratificadas por Uruguay para la protección de la infancia recomiendan que el interés superior del niño sea tenido en cuenta a la hora de juzgar la conducta de sus referentes adultos, observando el impacto que cualquier medida pueda tener sobre la vida y el desarrollo de estas niñas y niños”.
Petit y su equipo aseguran que las normas procesales actuales, y una amplia normativa internacional, “amparan el uso de la prisión domiciliaria cuando existen condiciones especiales de vulnerabilidad de las personas que determinan que es incompatible la dignidad humana de esa persona con su internación en una cárcel, muy especialmente si se trata de mujeres y de mujeres con hijos a su cargo, dada la particular fragilidad social que tienen y las tareas de sostén y cuidado que suelen tener”.
Por eso recomiendan que los operadores del sistema de justicia “eviten la pena privativa de libertad para la mujeres cuando su vulnerabilidad sociopenal y la entidad del delito cometido lo ameriten y procedan a aplicar un régimen de prisión domiciliaria asistida por los organismos competentes para la rehabilitación y reintegración social”.
También sugiere que el INR y los organismos que sostienen las políticas sociales públicas (Ministerio de Desarrollo Social, sistema educativo y sistema de salud) coordinen las acciones necesarias para permitir un sistema eficaz de prisión domiciliaria para mujeres, que permita la rehabilitación y que atienda las necesidades de los niños y personas en situación de discapacidad a cargo de estas mujeres.
Enfatizan también en la necesidad de encarar políticas que aborden a niñas, niños y adolescentes “afectados por la cultura del narcomenudeo como mecanismo de supervivencia y ascenso social”.
Al Parlamento le sugieren que avance en la concreción de acuerdos que permitan la modernización del sistema penitenciario y la consolidación del derecho al tratamiento y la rehabilitación.
La Diaria/ COMCOSUR MUJER Nº 707- 08/11/2021
_____________
“Siempre he partido de una idea elemental: la de que la verdad no necesita ser justificada por la adecuación a un objetivo superior. La verdad es la verdad y nada más. Debe ser servida, no servir.”
Eugenia Ginzburg / “El vértigo”.
_____________
COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR 1994 – 19 de junio – 2021 – 27 años Coordinación: Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Melchora Cuenca 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO/URUGUAY / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo económico externo, institucional o personal / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín no reflejan necesariamente la
posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión / Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)/ Blog: nuevo.comcosur.org/
comcosur@comcosur.com.uy /Comcosur también en Facebook
—