1) Uruguay: protestan las esposas de liberados de Guantánamo –
2) Una misión para hundir Haití –
3) Un año después, Syriza ha vendido su alma por poder –
4) Yemen, una guerra muy británica –
5) Del Estado de Derecho al Estado de Seguridad
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 759 / Lunes 1º de Febrero de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Uruguay: protestan las esposas de liberados de Guantánamo
Pablo Melgar (El País)
Ex preso tiene prohibido acercarse y estuvo a 50 metros.
Desde la noche de ayer dos de las tres mujeres uruguayas que se casaron con exprisioneros de Guantánamo están protestando en la Plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, reclamando justicia por la violencia que, según denuncian, ejercieron sus cónyuges contra ellas. En la mañana de ayer lucían carteles y un pabellón nacional. Se trata de Irina Posadas y Roma Blanco, separadas de Omar Faraj y Abdul Din Mohamed, respectivamente.
Tras una sucesión de denuncias en la que se incluyen distintas formas de violencia, la Justicia resolvió que ambos ex- prisioneros deberán permanecer a 300 metros de las mujeres. Sin embargo, en la mañana de ayer y en el momento en que Posadas y Blanco explicaban a El País las razones por las que estaban en Plaza Independencia, Abdul Din Mohamed apareció por la calle Buenos Aires junto a otro de los exprisioneros.
Al verlos las mujeres estallaron en gritos de angustia. Llamaron a la Policía y a los pocos minutos apareció un patrullero y luego cuatro policías montados en los segway. Los exprisioneros siguieron su camino y ni siquiera miraron para el lugar donde estaban las mujeres. El terror se apoderó de Roma y comenzó a llorar. Está embarazada de seis meses y cree que su marido rechaza a su hija por ser niña y que cuando nazca la raptará para entregarla a un grupo islámico. Un patrullero trasladó a Roma hacia la Comisaría de la Mujer mientras que Irina resolvió mantenerse en la plaza.
Cuando Irina se hizo parte de la fe islámica tomó el nombre de Fátima. Conoció a Omar durante un evento artístico en una embajada. Él le pidió el teléfono, ella se lo escribió en un papel. Él la citó en la explanada de la Intendencia de Montevideo para pedirle ayuda con el idioma. Ella accedió. A los pocos días, él pidió para ir a su casa y casi de inmediato le dijo que se quería casar con ella. Y ella accedió. Se casaron por la ley islámica, fuera de las normas uruguayas. No hubo noviazgo porque la cultura islámica lo ve con malos ojos, según explicó Irina a El País.
Los siguientes siete meses fueron los peores de la vida para Irina. Ante la Justicia, la mujer denunció que fue violada en dos ocasiones y que recibió ocho palizas «fuertes». Además, asegura que en el trato diario fue reducida a la esclavitud y que fue obligada a vestir el burka, prenda que cubre todo el cuerpo y deja a la vista únicamente los ojos.
La mujer asegura que preguntó a sus contactos por la salud mental de su prometido. Le dijeron que estaba sano a pesar de los años de cárcel en la base militar de Guantánamo, en Cuba. «Pedimos pericias psiquiátricas, nunca dijeron cómo eran ellos», señaló. Irina dijo saber que los exreclusos planifican un juicio contra Estados Unidos por los años de reclusión.
LUNES 1º DE FEBRERO DE 2016 – COMCOSUR
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2) Una misión para hundir Haití
La intervención militar que profundiza la tragedia social
Inés Hayes (Alai)
La ocupación de la ONU empeoró todos los índices sociales de un país con más de 60% de pobreza y avance del narcotráfico. La misión y la pantomima electoral son repudiadas por la población.
El Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre renovar por un año más el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). Según los medios de prensa, “con la intención de renovarlo posteriormente”, el Consejo decidió extender el mandato de la Misión hasta el 15 de octubre de 2016 y acordó dotarlo de hasta 2.370 militares y 2.601 policías, cifra que se mantiene desde 2012. La Misión de la ONU fue creada en 2004 en reemplazo de la Fuerza Multinacional Provisional.
“Hace tres décadas se desarrolla un enfrentamiento entre dos modelos de país. Uno es el proyecto del movimiento social y popular, el que derrocó a la dictadura de Jean-Claude Duvalier en 1986, que tiene el objetivo de construir un país democrático, que transforme las actuales estructuras de desigualdad, opresión, exclusión y dominación que fueron conformadas desde 1915, con la primera intervención militar de Estados Unidos. Frente a esto, se contrapone el proyecto del imperialismo y la oligarquía haitiana, quienes intentan mantener el statu quo. Para ello, se perpetraron tres grandes intervenciones militares: en 1994, con el regreso de Jean-Bertrand Aristide; en 2004, con el establecimiento de la Minustah y en 2010, con la excusa del terremoto”, explicó en una entrevista reciente Camille Chalmers, economista y activista haitiano.
Luego del terremoto que en 2010 arrasó con la isla, se confirmó que en Haití existen yacimientos de metales como el oro y la plata: nueve empresas multinacionales están instalando industrias mineras en el norte del país.
Tragedia social e histórica
Según datos de Unicef, el 61% de la población vive bajo la línea de pobreza. Documentos recientes del Banco Mundial informan que la tasa de mortalidad infantil llega a 54 por cada mil nacidos vivos. En relación a la educación, Haití tiene una tasa de matriculación escolar de un 60%. Como promedio, los estudiantes varones asisten a clases solamente cuatro años, mientras que las niñas reciben la mitad de esa educación escolar. “En Haití, sobrevivir el tiempo suficiente para cumplir un año es un importante logro para muchos niños y niñas. De hecho, uno de cada 14 recién nacidos nunca logra llegar a esa edad. Sin embargo, cumplir un año no garantiza la supervivencia. En ningún otro país de América Latina y el Caribe −y solamente en unos cuantos países del mundo en desarrollo fuera de África subsahariana− tiene un niño o niña más probabilidades de morir entre el primer y el cuarto año de vida que en Haití”, se lee en un informe de Unicef.
Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en conseguir la liberación de Europa. La Revolución haitiana (1791-1804) fue la primera que abolió la esclavitud en la por entonces colonia francesa Saint-Domingue, que junto con las otras colonias del Caribe representaban la tercera parte de los ingresos de Francia. Desde entonces ni Estados Unidos ni Europa han permitido que Haití se desarrolle libremente.
Un año después de que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) en 1993, el gobierno de William Clinton volvió a instalar al depuesto presidente haitiano Jean Baptiste Aristide con la condición de que aceptara un programa de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este programa exigía la reducción de los aranceles proteccionistas a la importación de arroz. Aristide fue un obediente alumno: lo redujo del 35 al 3%. Las consecuencias saltaron a la vista: miles de productores agrícolas, molineros y comerciantes quedaron desempleados y pasaron a engrosar los índices de pobreza.
“Actualmente, se siguen aplicando las mismas políticas neoliberales que llevaron a la quiebra a la industria del arroz, lo que implica un sabotaje permanente al modelo de vida campesino y que socaba toda chance de soberanía. En la década de 1970 Haití autoabastecía su consumo de arroz, producto esencial en la dieta nacional. Hoy importa el 82% de Estados Unidos. Para peor, es un arroz de baja calidad en comparación con el nuestro”, explica Chalmers. El economista haitiano señaló además que 3,8 millones de habitantes, de los 10 millones totales, están en situación de inseguridad alimentaria, cuando existen reservas de productividad muy importantes en la economía campesina. En la actualidad, el 80% de los ingresos de divisas proviene de la industria textil, el resto se completa con la producción de café, mango, cacao y artesanías.
Intervención militar para el saqueo
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) fue creada en 2004 y desde entonces cuenta con efectivos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jordania, México, Nepal, Paraguay, Perú, Sri Lanka y Uruguay. Según su propio sitio web, agentes de policía de Argentina, Bangladesh, Benin, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Canadá, Chad, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Rusia, Filipinas, Francia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, India, Jamaica, Jordania, Kirguistán, Madagascar, Mali, Nepal, Nigeria, Noruega, Pakistán, Paraguay, Portugal, Rumania, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Túnez, Turquía, Uruguay, Vanuatu y Yemen prestan colaboración.
En términos geopolíticos, además de ser un punto geográfico clave para el comercio global, el Caribe tiene recursos naturales muy importantes y una notable biodiversidad, aun luego de la deforestación masiva que ha sufrido. Por otro lado, Haití está ubicado exactamente entre Cuba y Venezuela, los dos países que sostienen las políticas más radicales contra el imperialismo en la región.
Según los habitantes de la isla, la ocupación militar empeoró todos los aspectos de la crisis institucional del país. “Actualmente hay nuevas formas de inseguridad ciudadana que están muy ligadas al tráfico de drogas, cuyo flujo por el país ha aumentado entre 2004 y 2015 a pesar del sofisticado equipamiento de control de la Minustah. El 12% de la cocaína que consume Estados Unidos transita por la isla, lo que da un indicio de la connivencia y del peso del sabotaje a las instituciones democráticas. Por otro lado, la Minustah participó de las maniobras fraudulentas para imponer a Michel Martelly como presidente (en las elecciones de 2010). Y la gente perdió la confianza en el sistema electoral”, describió Chalmers (ver recuadro).
Rechazo internacional
“Haití no es una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica, como afirma el Consejo de Seguridad cada 15 de octubre cuando renueva el mandato de la Minustah. Ni es la Minustah una misión de paz o una misión humanitaria, como suele ser presentada. Es una fuerza de ocupación tercerizada a las Naciones Unidas y, en especial, a los países del Sur que han aceptado servir de esta manera a los intereses de los países más poderosos, como Estados Unidos, Francia y Canadá, que durante más de dos siglos y a través de diversas formas de ocupación siguen buscando someter a Haití y hacerle pagar la osadía de ser el primer pueblo en liberarse de la esclavitud y universalizar los derechos humanos”, se lee en una carta que diversos organismos de Derechos Humanos y organizaciones sindicales hicieron circular por todo el mundo.
La misiva también acusa a la Misión de la ONU de seguir siendo responsable de innumerables violaciones a los derechos humanos de la población, entre ellas la violación y abuso sexual de mujeres, niñas, niños y jóvenes, y la introducción del cólera que ha producido, hasta la fecha, la muerte de más de ocho mil personas y la infección de otras 700 mil. “Rechazamos que en nuestro nombre se violan la dignidad y los derechos del pueblo haitiano, empezando por su derecho a la autodeterminación. Por eso reclamamos nuevamente el retiro inmediato de las tropas extranjeras que ocupan Haití y el fin de la Minustah y de toda forma de ocupación extranjera”, plantean en la carta.
El mensaje, que dio la vuelta al mundo por las redes digitales, llamó a adoptar “auténticas medidas de solidaridad con el pueblo haitiano” para “fortalecer y acrecentar las experiencias de cooperación y construcción de poder popular ya existentes”.
LUNES 1º DE FEBRERO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Un año después, Syriza ha vendido su alma por poder
Costas Lapavitsas (The Guardian) *
El 25 de enero pasado se cumplió un año desde que un gobierno de izquierda radical fue elegido en Grecia; su joven y dinámico primer ministro, Alexis Tsipras, prometió un golpe decisivo contra la austeridad. Yanis Varoufakis, el poco convencional Ministro de Finanzas, llegó a Londres poco después de la victoria y causó un gran impacto en los medios. Aquí había un gobierno que ignoraba las convenciones burguesas y estaba buscando pelea. Las expectativas eran altas.
Un año después, el partido Syriza está aplicando fielmente las políticas de austeridad. Se ha purgado la ala izquierda del partido y Tsipras ha desechado su radicalismo para mantenerse en el poder a toda costa. Grecia ha sido abatida.
¿Por qué terminó así? Un mito propagado por algunos círculos mediáticos sugieren que los radicales sufrieron un golpe de Estado compuesto por políticos conservadores y funcionarios de la UE, decididos a eliminar cualquier riesgo de contagio. Syriza fue superada por los monstruos del neoliberalismo y el privilegio. Aún así, peleó una buena batalla, y tal vez incluso sembró las semillas de la rebelión.
La realidad es muy diferente. Hace un año la dirección de Syriza estaba convencida que si se rechazaba un nuevo plan de rescate, los prestamistas europeos serían afeados por un descontento político y financiero generalizado. Los riesgos para la zona euro eran, se presume, mayores que los riesgos de Grecia. Si Syriza negociaba duro, se ofrecería un «compromiso de honor» que relajara la austeridad y aligerara la deuda nacional. El autor intelectual de esta estrategia fue Varoufakis, y fue ávidamente adoptada por Tsipras y la mayor parte de la dirección de Syriza.
Los críticos bien intencionados señalaron reiteradamente que el euro tenía un conjunto rígido de instituciones con su propia lógica interna y que simplemente rechazarían las demandas que apostaran por abandonar la austeridad y amortizar la deuda. Por otra parte, el Banco Central Europeo estaba preparado para restringir la provisión de liquidez a los bancos griegos, estrangulando su economía y al gobierno de Syriza. Grecia no podría negociar con eficacia sin un plan alternativo, incluyendo la posibilidad de salir de la unión monetaria, ya que la creación de su propia liquidez era la única manera de evitar el bloqueo del BCE. Esto no sería nada fácil, por supuesto, pero al menos habría ofrecido la opción de hacer frente a las condiciones catastróficas de rescate de los prestamistas. Desafortunadamente, Tsipras y buena parte de la dirección de Syriza no quiso saber nada de esta opción.
La respuesta de los políticos de la UE a Syriza fue el desconcierto, la frustración y una escalada de hostilidad.
L a naturaleza desastrosa de la estrategia de Syriza quedó clara ya el 20 de febrero de 2015. Los políticos europeos obligaron al nuevo gobierno griego a estar de acuerdo con la meta de los superávits presupuestarios, a implementar «reformas», a cumplir todas las obligaciones de deuda total y desistir de utilizar los fondos de rescate existentes para cualquier otro propósito que no fuera el apoyo a los bancos. La UE cerró poco a poco el grifo de liquidez del Banco Central Europeo, y se negó a darle un centavo de apoyo financiero adicional hasta que Grecia obedeciera.
Las condiciones en el país se hicieron cada vez más complicadas ya que el gobierno liquidó las reservas de liquidez, los bancos se quedaron secos, y la economía apenas avanzaba. En junio Grecia se vio obligada a imponer controles de capital y dar vacaciones a sus bancos. Syriza hizo un último intento en julio, Tsipras convocó un referéndum sobre un nuevo y duro programa de rescate. Sorprendentemente, y con gran valentía, el 62% de los griegos votaron negativamente a la propuesta de rescate. Tsipras había hecho campaña para su rechazo, pero cuando el resultado llegó se dio cuenta que en la práctica, eso significaba salir del euro, para este escenario su gobierno no había hecho preparativos serios. A grandes rasgos habían «planes» para una moneda paralela, o un sistema bancario paralelo, pero esas ideas de aficionados no eran de ninguna utilidad estando ya a un minuto para la medianoche. Por otra parte, el pueblo griego no había sido preparado para esta situación y Syriza como partido político apenas funcionaba por su base. Por encima de todos, Tsipras y su círculo se comprometieron personalmente por la permanencia en el euro. Frente a los resultados catastróficos de su estrategia, se rindieron abyectamente a los prestamistas.
Desde entonces, ha adoptado una dura política de superávits presupuestarios, aumentado los impuestos y vendiendo los bancos griegos a fondos especulativos, privatizando aeropuertos y puertos marítimos, y ahora está a punto de recortar las pensiones. El nuevo plan de rescate ha condenado a Grecia a estar atrapada en una profunda recesión y a un declive a largo plazo, ya que las perspectivas de crecimiento son pobres, los jóvenes más preparados están emigrando y la deuda nacional pesa demasiado.
Syriza es el primer ejemplo de un gobierno de izquierdas que no ha dejado simplemente de cumplir con sus promesas, sino que también ha adoptado por lo general el programa de la oposición. Su fracaso ha reforzado la percepción de toda Europa que la austeridad es la única vía posible y que nada puede cambiar. Las consecuencias son graves para varios países, entre ellos España, donde Podemos está llamando a la puerta del poder.
Syriza no fracasó porque la austeridad es invencible, ni porque el cambio radical es imposible, sino porque, desastrosamente, no estaba dispuesta y ni preparada para soportar un desafío directo con el euro. El cambio radical y el abandono de la austeridad en Europa requieren de una confrontación directa con la propia unión monetaria. Para los países más pequeños, esto significa prepararse para salir, para los países centrales significa aceptar cambios decisivos en unos acuerdos monetarios disfuncionales.
Esta es la tarea que nos espera y la única lección positiva de la debacle Syriza para la izquierda europea.
* Traducción Albert Medina.
LUNES 1º DE FEBRERO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Yemen, una guerra muy británica
Dan Glazebrook (Russia Today)
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.
Gran Bretaña es uno de los principales causantes del desastre humanitario de proporciones épicas desatado sobre Yemen.
Desde que en marzo de 2015 empezó la campaña de bombardeos saudíes contra Yemen han muerto al menos 10.000 personas, incluidos más de 630 niños. Según UNICEF, las violaciones de derechos humanos se han disparado hasta llegar a un nivel de unas 43 personas y más de 10 niños asesinados al día. La ONU afirma que el 73% de las muertes de niños son consecuencia directa de los ataques aéreos.
Se ha atacado una y otra vez a objetivos civiles. A los pocos días de empezar los ataques aéreos se bombardeó un campo de refugiados, lo que provocó la muerte de 40 personas y más de 200 quedaron mutiladas, y en octubre fue atacado un hospital de Medecins sans frontieres. Se ha atacado a escuelas, mercados, depósitos de grano, puertos y una fábrica de cerámica. Sobra decir que según el derecho internacional todo ello supone crímenes de guerra, como lo es toda la campaña de bombardeos que carezca, como esta, de un mandato de la ONU.
Más allá de sus víctimas inmediatas, los ataque aéreos y el bloqueo que les acompaña (un crimen atroz contra un población que importa el 90% de sus necesidades básicas) están creando una tragedia de dimensiones épicas. En agosto de 2015 Oxfam advirtió de que aproximadamente 13 millones de personas luchaban por encontrar lo suficiente para comer, lo que supone la mayor cantidad de personas que padece hambre registrada nunca. “Después de cinco meses Yemen parece Siria al cabo de cinco años”, comentó en octubre el presidente de la Cruz Roja Internacional. Al mes siguiente la ONU informó de que 14 millones de personas carecían ahora de acceso a la atención médica y que el 80% de la población de 21 millones de personas del país depende de la ayuda humanitaria. “Calculamos que más de 19 millones de personas no tiene acceso a agua segura ni a servicios sanitarios, más de 14 millones de personas carecen de seguridad alimentaria, entre los que se incluyen 7.6 millones de personas en unas graves condiciones de inseguridad alimentaria y casi 320.000 niños está extremadamente desnutridos”, declaró a los periodistas en noviembre el Coordinador Humanitario de la ONU. Calculó que unos 2.5 millones de personas se han convertido en refugiados a causa de la guerra. El diciembre la ONU advirtió que el país estaba al borde de la hambruna y millones de personas corrían peligro de morir de hambre.
Las declaraciones de los ministros del gobierno británico se preparan para dar la impresión de simpatía por las víctimas de esta guerra y oprobio por sus responsables. “Tenemos que ser claros, el uso de la violencia para obtener logros políticos y la pérdida vana de vidas que ello implica son completamente inaceptables. La reciente violencia no solo daña el proceso de transición política de Yemen, sino que podría alimentar nuevas tensiones y fortalecer la posición de al-Qaeda en la península Arábiga, lo que supone una amenaza para todos nosotros. […] Quienes amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen o violan los derechos humanos tienen que pagar un precio por sus acciones”, afirmó en septiembre de 2014 el secretario de Estado de Asuntos Exteriores Philip Hammond.
Desde luego. Por lo tanto, se podía haber pensado que cuando los saudíes empezaron su escalada generalizada de la guerra seis meses después de que Hammond hiciera estas declaraciones lo lógico era que el gobierno británico se hubiera indignado.
Pero no. El día después de que los saudíes empezaran la “Operación Tormenta Decisiva” David Cameron llamó personalmente por teléfono al rey saudí para insistir en el “firme apoyo político de Gran Bretaña a la acción saudí en Yemen”.
A lo largo de los meses siguientes Gran Bretaña, suministrador desde hace tiempo de armas a la monarquía saudí, aumentó su suministro de material de guerra hasta lograr el dudoso honor de superar a Estados Unidos y convertirse en su principal suministrador de armas. Desde que empezaron los bombardeos el gobierno británico ha concedido más de cien nuevas licencias de exportación de armas y solo en los seis primeros meses de 2015 Gran Bretaña vendió por valor de más de 1.750 millones de libras a los saudíes, más del triple de la media bianual normal, casi obscena, de Cameron. La inmensa mayoría de este equipamiento parece ser para aviones de combate y misiles lanzados desde el aire, incluidas más de 1.000 bombas. Actualmente los aviones de fabricación británica suponen más de la mitad de la fuerza aérea saudí. Como señaló The Independent, “los aviones suministrados por Gran Bretaña y los misiles de fabricación británica han participado en los ataques aéreos casi diarios contra Yemen llevados a cabo por la coalición de nueve países dirigida por Arabia Saudí”.
Las organizaciones benéficas y los grupos de defensa de los derechos humanos son unánimes en considerar que sin lugar a dudas el patrocinio británico ha facilitado enormemente la carnicería en Yemen. “El gobierno [británico] está alimentando el conflicto que causa un sufrimiento humano insoportable. Es el momento de que el gobierno deje de apoyar esta guerra”, afirmó el director ejecutivo de Oxfam Gran Bretaña, Mark Goldring. La directora de Amnistía Internacional Gran Bretaña UK, Kate Allen, afirmó: “Reino Unido ha alimentado este conflicto atroz a través de temerarias ventas de armas que violan sus propias leyes y el tratado mundial de comercio de armas que en su momento defendió […] la opinión legal confirma lo que afirmamos desde hace mucho tiempo, que la venta continuada de armas por parte de Reino Unido a Arabia Saudita es ilegal, inmoral e indefendible”.
En opinión de Edward Santiago, director de Save the Children en Yemen, “la renuencia de Reino Unido a condenar públicamente el coste humano del conflicto de Yemen da la impresión de que las relaciones diplomáticas y las ventas de armas acaban con las vidas de los niños de Yemen”, mientras que Andrew Smith de la Campaign Against the Arms Trade [Campaña contra el Comercio de Armas] ha escrito que “los aviones de combate y las bombas de Reino Unido han desempeñado un papel fundamental en la catástrofe humanitaria que se está desatando sobre el pueblo de Yemen”. Destacados juristas, incluido Philippe Sands, han afirmado que Gran Bretaña viola claramente el derecho internacional por vender armas que sabe que se utilizan para cometer crímenes de guerra.
Ahora se ha sabido que en esta guerra no solo se están utilizando armas británicas sino también personal británico. Según Sky News, seis asesores militares británicos están integrados en las fuerzas aéreas saudíes para ayudar con la selección de objetivos. Además, 94 miembros de las fuerzas armadas de Reino Unido sirven en el extranjero “desempeñando tareas para fuerzas desconocidas que se cree que es la coalición dirigida por Arabia Saudí”, según The Week, aunque el gobierno se niega a decir dónde están exactamente.
De hecho, puede que incluso los ataques aéreos británicos en Siria estén en parte motivados por el deseo de apuntalar la cada vez menor guerra en Yemen. Al ser preguntado recientemente en el parlamento Philip Hammond tuvo que admitir que ha habido una “disminución de las misiones de combate aéreas de los aliados árabes” en Siria desde que Gran Bretaña entró en la campaña aérea ahí debido a los “retos” del conflicto de Yemen.
Para el parlamentario nacionalista escocés Stephen Gethins, esto sugiere que “al intensificar los bombardeos en Siria, los países occidentales estaban disculpando [a los Estados árabes] de hacerlo para permitirles centrarse en el conflicto Yemen”, lo cual era especialmente necesario dado que ha ido disminuyendo el apoyo de Estados como Jordania, Marruecos y Egipto a la campaña de Yemen. Resulta particularmente irónico que el supuesto compromiso de los parlamentarios británicos de destruir al ISIS en Siria en realidad esté facilitando una guerra en Yemen cuyo beneficiario directo es el ISIS.
Por último, vale la pena examinar el apoyo británico a la candidatura saudí a ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los informes del Consejo pueden ser muy influyentes. De hecho, fue la condena incriminatoria (y ahora sabemos que fraudulenta) este Consejo a Gadafi lo que proporcionó el pretexto “humanitario” para la la guerra de la OTAN en 2011 contra la Jamahiriya libia. Y la reciente expulsión por parte del gobierno de Yemen del enviado de Derechos Humanos de la ONU muestra lo sensibles que son a las críticas los fiscales de la guerra yemení. Por lo tanto, sería particularmente útil para quienes están desencadenando el infierno en Yemen tener el Consejo de la ONU lleno de simpatizantes para ahogar cualquier crítica este trimestre.
Así pues, Gran Bretaña es la principal fuerza externa que facilita la guerra contra el pueblo de Yemen encabezada por Arabia Saudí. Al igual que los saudíes Gran Bretaña está deseando aislar a Irán y trata de destruir a los hutis como el medio principal para lograrlo. Al mismo tiempo Gran Bretaña parece encantada de ver que al-Qaeda y el ISIS sustituyen a los rebeldes hutis a los que están bombardeando, se supone que al considerar que nueva base para operaciones de desestabilización terrorista en toda la región sirve a los intereses británicos.
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Dan Glazebrook es un escritor político independiente que escribe para RT, Counterpunch, Z magazine, The Morning Star, The Guardian, The New Statesman, The Independent and Middle East Eye, entre otros. Su primer libro, Divide and Ruin: The West’s Imperial Strategy in an Age of Crisis, fue publicado por Liberation Media en octubre de 2013. Consta de varios artículos escritos desde 2009 en los que examina las relaciones entre el colapso económico, el auge de los BRICS, la guerra contra Libia y Siria y la “austeridad”. Actualmente investiga para un libro sobre el uso por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña de los escuadrones de la muerte sectarios contra Estados y movimientos independientes desde Irlanda del Norte y América Central en las décadas de 1970 y 1980 hasta Oriente Medio y África hoy en día.
LUNES 1º DE FEBRERO DE 2016 – COMCOSUR
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5) Del Estado de Derecho al Estado de Seguridad
Giorgio Agamben (Le Monde) *
No es posible comprender lo que realmente se juega en la prolongación del estado de emergencia en Francia si no se lo sitúa en el contexto de una transformación del modelo estatal que nos es familiar. Es crucial, primero que nada, desmentir el propósito de las mujeres y hombres políticos irresponsables, según los cuales el estado de emergencia sería un escudo para la democracia.
Los historiadores saben perfectamente que lo que es cierto es lo contrario. El estado de emergencia es justamente el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europea. Así, en los años que precedieron a la toma del poder por Hitler, los gobiernos socialdemócratas de Weimar habían recurrido tan a menudo al estado de emergencia (estado de excepción, como se lo nombra en alemán) que se pudo decir que Alemania había dejado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria.
Ahora bien, la primera acción de Hitler, después de su nombramiento, fue proclamar un estado de emergencia, que jamás fue revocado. Cuando la gente se sorprende de los crímenes que pudieron cometerse impunemente en Alemania por los nazis, se olvida de que estos actos eran perfectamente legales, porque el país estaba sometido al estado de excepción y las libertades individuales estaban suspendidas.
No vemos por qué un escenario semejante no podría repetirse en Francia: imaginamos sin dificultad un gobierno de extrema derecha sirviéndose para sus fines de un estado de emergencia al que gobiernos socialistas han habituado a partir de ahora a los ciudadanos. En un país que vive en un estado de emergencia prologando, y en el que las operaciones de policía sustituyen progresivamente al poder judicial, cabe aguardar una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas.
Esto es tanto más cierto que el estado de emergencia se inscribe, hoy en día, en el proceso que está haciendo evolucionar las democracias occidentales hacia algo que hay que llamar, ya mismo, Estado de seguridad («Security State», como dicen los politólogos estadounidenses).
La palabra «seguridad» ha entrado tanto en el discurso político que se puede decir, sin temor a equivocarse, que las «razones de seguridad» han tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro tiempo, la «razón de Estado». Hace falta, sin embargo, un análisis de esta nueva forma de gobierno. Como el Estado de seguridad no atañe ni al Estado de derecho ni a aquello que Michel Foucault llamaba las «sociedades de disciplina», conviene arrojar aquí algunas referencias con miras a una posible definición.
En el modelo del británico Thomas Hobbes, quien ha influenciado tan profundamente nuestra filosofía política, el contrato que transfiere los poderes al soberano presupone el miedo recíproco y la guerra de todos contra todos: el Estado es aquello que viene precisamente a poner fin al miedo. En el Estado de seguridad, este esquema se invierte: el Estado se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad.
Ya Foucault había mostrado que, cuando la palabra «seguridad» aparece por primera vez en Francia en el discurso político con los gobiernos fisiócratas antes de la Revolución, no se trataba de prevenir las catástrofes y las hambrunas, sino de dejarlas advenir para poder a continuación gobernarlas y orientarlas a una dirección que se estimaba beneficiosa.
De igual modo, la seguridad que está en cuestión hoy no apunta a prevenir los actos de terrorismo (lo cual es, por lo demás, extremadamente difícil, si no imposible, porque las medidas de seguridad sólo son eficaces después del golpe, y el terrorismo es, por definición, una serie de primeros golpes), sino a establecer una nueva relación con los hombres, que es la de un control generalizado y sin límites — de ahí la insistencia particular en los dispositivos que permiten el control total de los datos informáticos y comunicacionales de los ciudadanos, incluyendo la retención integral del contenido de las computadoras.
El riesgo, el primero que nosotros levantamos, es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y Estado de seguridad: si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror o, al menos, no impedir que se produzca. Se ve así a los países proseguir una política extranjera que alimenta el terrorismo que se debe combatir en el interior y mantener relaciones cordiales e incluso vender armas a Estados de los que se sabe que financian las organizaciones terroristas.
Un segundo punto, que es importante captar, es el cambio del estatuto político de los ciudadanos y del pueblo, que se suponía que es que el titular de la soberanía. En el Estado de seguridad, vemos producirse una tendencia irreprimible hacia aquello que bien hay que llamar una despolitización progresiva de los ciudadanos, cuya participación en la vida política se reduce a los sondeos electorales. Esta tendencia es tanto más inquietante que había sido teorizada por los juristas nazis, quienes definen al pueblo como un elemento esencialmente impolítico, cuya protección y crecimiento debe asegurar el Estado.
Ahora bien, según estos juristas, hay una sola manera de volver político este elemento impolítico: mediante la igualdad de ascendencia y raza, que va a distinguirlo del extranjero y del enemigo. No se trata aquí de confundir el Estado nazi y el Estado de seguridad contemporáneo: lo que hay que comprender es que, si se despolitiza a los ciudadanos, ellos no pueden salir de su pasividad más que si se los moviliza mediante el miedo contra un enemigo que no le sea solamente externo (eran los judíos en Alemania, son los musulmanes en Francia hoy en día).
Es en este marco donde hay que considerar el siniestro proyecto de deterioro de la nacionalidad para los ciudadanos binacionales, que recuerda a la ley fascista de 1929 sobre la desnacionalización de los «ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana» y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos.
Un tercer punto, cuya importancia no hay que subestimar, es la transformación radical de los criterios que establecen la verdad y la certeza en la esfera pública. Lo que impresiona en primer lugar a un observador atento a los informes de los crímenes terroristas es la renuncia integral al establecimiento de la certeza judicial.
Mientras en un Estado de derecho es entendido que un crimen sólo puede ser certificado con una investigación judicial, bajo el paradigma seguritario uno debe contentarse con lo que dicen de él la policía y los medios de comunicación que dependen de ésta — es decir, dos instancias que siempre han sido consideradas como poco fiables.
De ahí la vaguedad increíble y las contradicciones patentes en las reconstrucciones apresuradas de los eventos, que eluden adrede toda posibilidad de verificación y de falsificación y que se parecen más a chismorreos que a investigaciones. Esto significa que al Estado de seguridad le interesa que los ciudadanos —cuya protección debe asegurar— permanezcan en la incertidumbre sobre aquello que los amenaza, porque la incertidumbre y el terror van de la mano.
Es la misma incertidumbre que se encuentra en el texto de la ley del 20 de noviembre sobre el estado de emergencia, que se refiere a «toda persona hacia la cual existan serias razones de pensar que su comportamiento constituye una amenaza para el orden público y la seguridad». Es completamente evidente que la fórmula «serias razones de pensar» no tiene ningún sentido jurídico y, en cuanto que remite a lo arbitrario de aquel que «piensa», puede aplicarse en todo momento a cualquiera. Ahora bien, en el Estado de seguridad, estas fórmulas indeterminadas, que siempre han sido consideradas por los juristas como contrarias al principio de la certeza del derecho, devienen la norma.
La misma imprecisión y los mismos equívocos resurgen en las declaraciones de las mujeres y hombres políticos, según los cuales Francia estaría en guerra contra el terrorismo. Una guerra contra el terrorismo es una contradicción en los términos, pues el estado de guerra se define precisamente por la posibilidad de identificar de manera certera al enemigo que se debe combatir. Desde la perspectiva seguritaria, el enemigo debe —por el contrario— permanecer en lo vago, para que cualquiera —en el interior, pero también en el exterior— pueda ser identificado como tal.
Mantenimiento de un estado de miedo generalizado, despolitización de los ciudadanos, renuncia a toda certeza del derecho: éstas son tres características del Estado de seguridad, que son suficientes para inquietar a las mentes. Pues esto significa, por un lado, que el Estado de seguridad en el que estamos deslizándonos hace lo contrario de lo que promete, puesto que —si seguridad quiere decir ausencia de cuidado (sine cura)— mantiene, en cambio, el miedo y el terror. El Estado de seguridad es, por otro lado, un Estado policiaco, ya que el eclipse del poder judicial generaliza el margen discrecional de la policía, la cual, en un estado de emergencia devenido normal, actúa cada vez más como soberano.
Mediante la despolitización progresiva del ciudadano, devenido en cierto sentido un terrorista en potencia, el Estado de seguridad sale al fin del dominio conocido de la política, para dirigirse hacia una zona incierta, donde lo público y lo privado se confunden, y cuyas fronteras provocan problemas para definirlas.
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* Traducción para Artillería Inmanente de «De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité», publicado en Le Monde el 23 de diciembre de 2015.
LUNES 1º DE FEBRERO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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