1) Secretariado del PIT-CNT respaldó los viajes de Pereira y Abdala a Israel y Venezuela
2) Representante de los trabajadores en el BPS presenta proyecto que elimina las AFAPs.
3) La Internacional de la Educación asegura que en Uruguay hubo un cambio discursivo a favor de la educación privada
4) Bordaberry dijo chau: no será candidato a nada en el 2019
5) La conexión uruguaya de un millonario caso de corrupción en España
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 18 / Nº 2122 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 21 de abril de 2017 / Producción: Andrés Capelán
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca.
Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es una tarea central.” — Emir Sader
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1) Secretariado del PIT-CNT respaldó los viajes de Pereira y Abdala a Israel y Venezuela
(La Diaria)
A pesar de las críticas que habían generado, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT decidió respaldar los informes de los viajes que hicieron a Israel y Venezuela sus principales autoridades: su presidente, Fernando Pereira, y su secretario general, Marcelo Abdala, respectivamente. Tanto sobre el conflicto israelí-palestino como sobre la crisis política e institucional que vive Venezuela, la central decidió abrir la cancha y procesar un debate más a fondo, y por eso invitará a académicos y expertos para dar una discusión más profunda en ambos temas.
Pereira y Abdala dieron la cara tras la sesión del Secretariado Ejecutivo en una conferencia de prensa en la que explicaron sus respectivos viajes. Pereira, por ejemplo, dijo que el PIT-CNT tiene vínculos con la Histadrut, la Confederación General de Trabajadores de Israel, desde los años 60, y explicó que a ese sindicato le plantearon los postulados de la central sobre el conflicto israelí-palestino (por ejemplo: que debe existir un proceso de paz que implique “dos estados”, y que las respuestas militares de Israel a Palestina son desmesuradas”). Según aseguró, la Histadrut manifestó compartir esas perspectivas con el PIT-CNT, marcando una fuerte diferencia con el gobierno de Israel. El miércoles, varias federaciones de sindicatos palestinos habían emitido un comunicado en el que criticaron el viaje del PIT-CNT y aseguraron que la Histadrut es “uno de los más activos promotores y defensores de las violaciones de Israel a la ley internacional”.
Tanto Pereira como otros dirigentes coincidieron en que lo que generó más polémica no fue el viaje que hicieron los dirigentes a Israel, sino las declaraciones que hicieron a algunos medios, como Montevideo Portal. “La entrevista tuvo algunos elogios para el Histadrut, por ejemplo, [por elhecho de] organizar a los trabajadores de McDonald’s. Pero no hubo ninguna reunión con el Estado de Israel. Hubo temas polémicos, pero no hemos modificado en lo más mínimo la postura del PIT-CNT” sobre eltema, aseguró Pereira. El presidente de la central agregó que hay diferencias que “no van a ser laudadas hasta que no haya una discusión de fondo”. Para eso, la central se propone dar un debate profundo sobre el tema, trayendo a “personas especializadas” e incorporando “distintas visiones”. Según Pereira, es necesario “tener la tolerancia de escuchar a personas que piensan diferente y convalidar posiciones históricas del movimiento sindical”.
En una misma línea que Pereira, el dirigente de la Federación Nacional de Municipales, Daniel Urquiola, explicó a la diaria que algunos temas de la discusión quedaron “abiertos”, para ser discutidos en un “espacio con catedráticos y especialistas, porque entendemos que nos faltan elementos para llegar a una definición de consenso”: “Hay diferentes visiones sobre este tema y las realidades van cambiando, pero a muchos nos faltan elementos”. Uno de los temas que causó más polémica fue el de si existe una situación de apartheid en Israel, una tesis negada por Pereira en la entrevista a Montevideo Portal pero sostenida por otros, como el dirigente ferroviario Ricardo Cajigas, presente en el Secretariado.
No obstante, la central no se privó de hacer algunos comentarios en su declaración, ratificando “el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado independiente”, y reclamando “el fin de las agresiones del gobierno israelí sobre el mismo, respetando los Derechos Humanos y la autodeterminación del pueblo palestino”. En la declaración del PIT-CNT los dirigentes apostaron a basarse en las definiciones de su último congreso, que es cuando se establecieron los postulados generales sobre el tema.
Venezuela y Maduro
El viaje de Abdala tampoco pasó desapercibido. La declaración del PIT-CNT deplora los “hechos de violencia” y los atribuye al “imperialismo yanqui y la oligarquía venezolana que tiene como objetivo principal apoderarse nuevamente de las riquezas que genera el pueblo venezolano, nacionalizadas por el gobierno del presidente [Hugo] Chávez en su momento en beneficio del pueblo”. Además, se reclama que la Organización de Estados Americanos debería jugar un papel para “desarrollar una política dirigida a estabilizar la democracia existente en Venezuela”.
La posición sobre Venezuela, dijo Abdala, “es la misma que [la central] ha tenido históricamente”, y esta “no se pronuncia sobre cada uno de los actos del gobierno, pero solidariza con el proceso bolivariano que ha distribuido la riqueza petrolera y quiere diversificar la matriz productiva entre vastísimos sectores del pueblo”.
Abdala aseguró, incluso, que participó en una movilización de la oposición y que nunca dijo que Venezuela fuera “el paraíso”. Sostuvo que hay “mucha inconformidad” con el gobierno de Maduro. No obstante, “muchos medios muestran imágenes de la movilización chavista de hoy como si fuera de la oposición: hay una campaña de los medios de comunicación de Latinoamérica que distorsiona la realidad”.
Según pudo saber la diaria, el propio Abdala reconoció durante el informe que hizo al Secretariado que no había querido decir que estaba representando a todo el PIT-CNT cuando apareció en el programa de televisión Los domingos con Maduro, junto al presidente venezolano, lo que le valió críticas de otros dirigentes de la central que son más críticos con el mandatario.
Urquiola dijo que el PIT-CNT hace una “valoración muy positiva” del proceso de la revolución bolivariana, y que el apoyo expresado por Abdala se enmarcó en ese respaldo, aunque admitió que en ese país “hay una crisis institucional, económica, política y cultural, de difícil solución”, cuya salida es “apostar al diálogo y a las elecciones”: “Hay que encontrar la manera de ponerse de acuerdo y con elecciones, pero respetando hasta el último día a un gobierno que ha sido elegido democráticamente, como el de Maduro”. Según explicaron otros dirigentes del Secretariado, en este tema también se tomó la decisión de profundizar el debate con la visión de académicos y expertos.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017
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2) Representante de los trabajadores en el BPS presenta proyecto que elimina las AFAPs. La iniciativa hoy será puesta en conocimiento del PIT-CNT
(La República)
“Lo único que seguimos comprobando es que la reforma del año 96 fue un fracaso. La ley de las AFAP no resolvió los problemas de la viabilidad económica-financiera del sistema. Las promesas que hicieron los que aprobaron esta ley y las que hicieron las propias AFAP no se cumplieron. Este sistema es malo para los trabajadores, es caro para el Estado, y sólo beneficia a las empresas privadas que intervienen en este negocio”.
Así comenzaba su declaración a LA REPUBLICA Ramón Ruiz, representante de los trabajadores por el BPS, cuando se le preguntó sobre cómo concebía al actual sistema de seguridad social de nuestro país. Dicha afirmación surgió en el marco de un nuevo proyecto de reforma social, impulsado por Ruiz y que será hoy presentado en el PIT-CNT. La iniciativa tiene como principal objetivo modificar a la actual estructura de seguridad social, eliminando con ello al sistema de AFAP.
El punto central del documento es presentar una solución a los problemas que han tenido los llamados cincuentones con sus jubilaciones. Ruiz definió a este sector de la población como “trabajadores que, en el año 96 ,eran menores de 40 años y ganaban en ese momento más de 5 mil pesos. Ahora, a valores de hoy, esos 5 mil son 48.953 pesos. En este momento, esos individuos están empezando a cumplir 60 años por lo que tienen causal jubilatoria. Entonces, cuando vienen a averiguar cuanto van a cobrar, se dan cuenta que, por estar en un sistema mixto, ganan un 35% menos que aquellos trabajadores que sólo aportaron al BPS”.
Por otro lado, en la oportunidad Ruiz explicó por qué la reforma del 96 es negativa para los trabajadores, cuáles son las nuevas ideas que se proponen en el proyecto que impulsa, y, por último, cuáles son los principales problemas que encuentra en el estructura de seguridad social.
-¿En qué consiste el proyecto que va a presentar?
-En primer lugar, el proyecto tiene un conjunto de medidas que nosotros veníamos proponiendo pero que ahora están articuladas y organizadas. Estas ideas están propuestas con rigurosidad técnica para que sean armónicas y amigables con todas las disposiciones legales que están vigentes en nuestro país.
En segundo lugar, lo que el proyecto básicamente propone es que se elimine la ley de las AFAP, para que sólo el BPS sea el organismo regulador y contralor del sistema de seguridad social. Esto ayudaría a los cincuentones, por ejemplo, y permitiría que los jóvenes de hoy no vivan los mismos problemas con su jubilación en el mañana.
También planteamos, en el proyecto, que el dinero ahorrado por el sistema privado durante estos 20 años, pueda volver al BPS. Se calcula que puede haber una transferencia entre 20 mil y 40 mil personas que volverían al BPS. Si regresan 40 mil personas, el BPS recibiría 1600 millones de dólares. Ese dinero es el que está en las cuentas individuales de esos trabajadores.
-¿En el proyecto se proponen otras ideas?
-Lo que este proyecto atiende es la situación de los cincuentones perjudicados por las AFAP; no tiene otro objetivo. Es cierto que hay muchas cosas que hay que resolver en la seguridad social pero este proyecto está centrado en una solución para los cincuentones. En realidad, esta iniciativa es un parche para atender una determinada situación.
Lo que necesitamos es una reforma profunda de la seguridad social, que tiene que ser integral porque si seguimos poniéndole parches a este sistema lo único que estamos comprobando y confirmando es que la reforma del año 96 fue un fracaso.
-¿Por qué la reforma del año 96 fue un fracaso?
-Porque si no se hicieran todos estos cambios, el sistema empezaría a tener muchas más dificultades. En el año 96 cuestionamos a ese proyecto. Por ejemplo, ya decíamos que la primera generación iba a ser perjudicada notoriamente y ahora eso se confirmó. En el año 96 se dijo que esto iba a resolver el peso fiscal que tenía la seguridad social en las finanzas públicas.
Y, sin embargo, seguimos teniendo problemas. La ley de las AFAP no resolvió los problemas de la viabilidad económica-financiera del sistema. Por ejemplo, el banco de seguros del estado, que paga las prestaciones del ahorro individual, en el año pasado perdió 40 millones de dólares y este año se estima que perderá 50 millones de dólares.
Entonces, las promesas que hicieron los que aprobaron esta ley y la promesa que hicieron las propias AFAP, a través de espacios publicitarios donde decían que un jubilado iba a cobrar más por el sistema mixto que por el sistema público, lamentablemente no se cumplieron.
Y decimos lamentablemente porque hubiésemos querido equivocarnos porque no nos hace mucha gracia que a los trabajadores les vaya mal. Pero se confirmó, desgraciadamente, lo que nosotros decíamos: este sistema es malo para los trabajadores, es caro para el estado, y sólo beneficia a las empresas privadas que intervienen en este negocio.
-¿Cree que este proyecto puede solucionar el desajuste económico que se está teniendo en la seguridad social?
-No va a resolver el tema del financiamiento de la seguridad social. Muchos dicen que este proyecto es caro pero en realidad no es así. Como vuelven los fondos que estaban en la cuenta individual, que son aproximadamente unos 1600 millones de dólares y no todos se van a jubilar al otro día de que la ley se promulgue, se puede financiar a esta reforma hasta el año 2032.
Esos recursos amortiguarían el costo de la modificación legal que estamos proponiendo. Por tanto, esta reforma no sale cara en lo inmediato por lo que no vamos a necesitar asistencia financiera.
-¿Cuáles son los otros problemas que ustedes visualizan en la seguridad social?
-El tema del financiamiento. El banco de seguros no puede seguir perdiendo dinero. Ahora bien, la solución no puede consistir en bajar las jubilaciones. El BPS no puede seguir teniendo déficit. Hay que discutir cuál es el financiamiento de la seguridad social y para qué es porque hay muchas prestaciones del BPS, y que se aprueban en el parlamento, que no tienen financiamiento con los aportes de los trabajadores y empresarios por lo que el BPS las tiene que pagar.
Por tanto, tenemos que transparentar todas estas situaciones. Estamos ante un momento emblemático porque, en toda la historia de la seguridad social, nunca los empresarios han pagado aportes tan bajos como los que ahora están abonando. Ellos aportan un 7,5% es el aporte mientras que los trabajadores aportamos un 15%.
Yo creo que hay que discutir si eso está bien o hay que hacer cambios para modificar esta situación. Tenemos que discutir si es realmente justo que los trabajadores, que son la parte más débil, paguen más para poder jubilarse. Esta disposición está desde la última reforma tributaria, ocurrida en el 2008.
Pero no es sólo el tema del financiamiento. ¿Quién puede decir que un jubilado puede vivir con sólo 10 mil pesos? Si ganas 30 mil pesos quiere decir que vas a jubilarte con la mitad de lo que ganabas cuando estabas en actividad. ¿Está bien eso? ¿Está bien que la tasa de reemplazo sea de un 50%? Hay gente que trabaja pero que no aporta a la seguridad social.
Tenemos un 20% de informalidad. ¿Damos por perdida esta batalla o tenemos que trabajar para que esa gente sea incluida? También sé que estábamos en un 40% en el 2005 y ahora en un 20% de informalidad. Hemos avanzado pero creo que tenemos que seguir progresando.
Hay empresas que están exoneradas de aportes patronales. Desde nuestro punto de vista, todos los empresarios deben aportar a la seguridad social porque sino después no podemos quejarnos de que hay déficit en el BPS.
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3) La Internacional de la Educación asegura que en Uruguay hubo un cambio discursivo a favor de la educación privada
(La Diaria)
La Internacional de la Educación, federación que agrupa a sindicatos de la educación de todo el mundo, publicó el documento La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias, y trayectorias. En el capítulo sobre Uruguay asegura que es de los países de la región en que la educación privada tuvo un desarrollo limitado, pero en las últimas décadas se observan “síntomas de cierto impulso pro-mercado”; llaman a esa trayectoria “privatización latente”.
La Internacional destaca que el porcentaje que cubre la educación privada se mantuvo constante, entre 15% y 20%, durante todo el siglo XX. Si bien existen formas de transferencia de recursos públicos al sector privado, no hay ningún programa de subsidio en un sentido estricto. Comparado con el resto de los países de América Latina, las instituciones católicas son menos preponderantes y coexisten con otras de tipo cultural, como “la escuela alemana, italiana y judía”. Explican el escaso desarrollo del sector privado por la fuerte tradición laica del país.
El documento señala que en las últimas décadas emergieron ofertas con orientación comercial, dirigidas a un público menos vinculado con las clases dirigentes. Durante la dictadura aumentó la cantidad de alumnos de clase media en institutos privados, en especial en secundaria y, más allá de la fluctuación de la matrícula, lo que se verifica es un cambio “significativo en el orden discursivo”: se asocia a la educación privada con la eficiencia, y hay una percepción de que la educación pública está en crisis. “Si bien este cambio no se traduce inmediatamente en un crecimiento del sector privado, contribuye a crear un clima propicio a las propuestas de reforma educativa de corte privatizador”, señala el documento. Durante los últimos diez años se propusieron reformas, que no prosperaron, pero demuestran un cambio en la agenda política.
“Entre los grupos sociales y políticos que proponen el impulso de establecimientos de financiamiento público y gestión privada destacan los partidos en la oposición, como el Partido Colorado [PC], y colectivos ligados a la Iglesia Católica. Estos grupos proponen medidas de índole diversa, incluyendo un aumento de las exenciones tributarias a las empresas o instituciones privadas que contribuyan al financiamiento de establecimientos educativos, o subsidios directos mediante un mecanismo de vouchers, inspirado en el que ya se implementa en el nivel preescolar. En el año 2013, por ejemplo, el proyecto de ley impulsado por el senador Pedro Bordaberry proponía el financiamiento público de aquellas instituciones de gestión privada que ofrezcan un servicio educativo a tiempo completo acompañado de servicio de alimentación en zonas desfavorecidas y, si bien la propuesta no prosperó, se puede considerar sintomática del giro discursivo que se pone de relieve en Uruguay”.
Más allá del bloqueo de las políticas pro mercado en el ámbito educativo, otras leyes sí crean un clima propicio para la iniciativa privada en materia de provisión de servicios sociales. “La reforma tributaria de 2007 estableció una exoneración fiscal de 82,5% para donaciones empresariales a entidades educativas y sociales, e implicó en la práctica una transferencia indirecta de recursos públicos al sector privado”. Hasta ahora no se tradujo en un aumento de las iniciativas privadas, pero sí ha tenido un efecto de consolidación de las dinámicas preexistentes, “a la vez que ha alentado la creación de un reducido núcleo de nuevos establecimientos de gestión privada y de acceso gratuito. Se trata de instituciones ligadas a órdenes religiosas y/o mantenidas con donaciones privadas, dirigidas a un alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que se caracterizan por una amplia oferta extracurricular así como por una jornada escolar extendida”.
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4) Bordaberry dijo chau: no será candidato a nada en el 2019
Se la comunicó a sus legisladores por mail y se fue para Europa
(El Observador)
Ya había amagado en otras oportunidades con abandonar la actividad política en la que empezó a levantar cabeza cuando el presidente Jorge Batlle lo designó como Ministro de Turismo en el año 2001. Finalmente, y aunque en política no hay nada definitivo, el martes 18 el senador colorado Pedro Bordaberry le mandó un mail a los legisladores de su sector Vamos Uruguay para notificarles, de un modo distante y frío, que en 2019 no será candidato a la presidencia de la República ni tampoco al Parlamento. Luego, partió hacia Europa en donde permanecerá paseando durante algunas semanas.
Según informó ayer El País el senador seguirá en su cargo hasta que finalice la legislatura. Hoy los legisladores de Vamos Uruguay se reunirán para analizar los pasos a seguir. En el ala batllista del partido que integran entre otros el senador José Amorín y el diputado Tabaré Viera la decisión no fue nada sorpresiva. Fuentes coloradas dijeron a El Observador que la retirada de Bordaberry era algo que se había convertido en un secreto a voces en los corrillos parlamentarios en las últimas semanas.
Consultado por El Observador, el senador Amorín dijo que lamenta la decisión de su correligionario. «Me gustaría que no se fuera porque todos suman para el partido. Yo voy a asumir las responsabilidades que me correspondan», afirmó.
Bordaberry nunca se consideró un político «de raza» y los golpes que para otros dirigentes eran cosa común, a él le dolían más. Es así que la sangría de dirigentes que abandonaron su sector, como el diputado Fernando Amado, fue para Bordaberry un signo de deslealtad que empezó a pesarle en sus decisiones. Antes de las pasadas elecciones ya había manifestado en reserva sus intenciones de alejarse de la política. Y en el 2016 dijo que sobre el final del año tomaría una decisión al respecto que, finalmente, terminó de madurar en las últimas horas.
Tras el mal resultado obtenido en las elecciones pasadas, el senador manejó en varias oportunidades que estaba dispuesto a dejar la política si era lo «mejor para la unidad del partido». En un acto en enero de 2015, el senador aseguró que estaba dispuesto a realizar «cualquier acto de renunciamiento personal» porque entendía que era momento de «desprendimientos y de grandeza». «Es momento de dejar de lado los intereses personales y poner de nuevo primero al partido. Nadie es más importante que el partido», dijo.
El episodio del Cambio Nelson, que terminó con el procesamiento de su dueño, Francisco Sanabria, también golpeó de cerca de Bordaberry y precipitó su decisión. Sanabria era diputado suplente de Germán Cardoso por el sector de Bordaberry. En declaraciones a canal 12, Cardoso se mostró esperanzado de que «el tiempo y el análisis de la situación a distancia pueda hacer revertir la decisión» que dijo «aceptar humanamente». El legislador sostuvo que «los líderes políticos tienen compromisos con el país y con la sociedad».
Durante la Convención del partido que decidió la expulsión de Sanabria, Bordaberry asumió su responsabilidad en el caso. «El señor Francisco Sanabria apoyó mi candidatura. Si quieren un responsable, responsabilícenme a mí pero no destruyan al Partido Colorado», sostuvo. Consultado semanas atrás, Bordaberry comentó a El Observador que su idea original tras las elecciones de 2014 era permitir que surjan otras figuras. Por eso no integró el Comité Ejecutivo Nacional de los colorados y no estuvo en la coordinación del Senado que asumió Amorín (Propuesta Batllista). Bordaberry aseguró que «el Partido Colorado necesita renovar sus bases» y para eso hay que «dejar germinar» a los nuevos dirigentes.
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5) La conexión uruguaya de un millonario caso de corrupción en España
Fabián Werner (Sudestada)
El bufete del abogado Oscar Algorta, el mismo del caso Lava Jato, fue denunciado en la Fiscalía Anticorrupción. Desaparecieron más de 36 millones de euros. Hay una docena de encarcelados
Cuando todavía se investiga en Montevideo la participación del estudio Algorta y Asociados en el caso de corrupción brasileño Lava Jato, en España se tramita una denuncia en su contra presentada por tres integrantes de la Asamblea de Madrid ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Según la denuncia presentada el pasado 6 de marzo, a la que tuvo acceso Sudestada, el estudio Algorta y Asociados jugó un rol fundamental en la maniobra de compra venta de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construcao por parte de la principal empresa pública madrileña, el Canal de Isabel II. A primera vista, resulta inexplicable que una empresa pública española tenga que comprar una sociedad de responsabilidad limitada en Uruguay para luego adquirir otra empresa en Brasil, invirtiendo decenas de millones de euros.
El asunto fue objeto de una investigación parlamentaria que duró tres años y que llegó a la Justicia a instancias de los partidos de oposición al anterior gobierno de Madrid, en manos del derechista Partido Popular. La denuncia fue firmada por los diputados Mercedes Gallizo Llamas (PSOE), Eduardo Gutiérrez Benito (Podemos) y Juan Rubio Ruiz (Ciudadanos).
El caso derivó este martes 18 en la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien aparece como uno de los principales imputados en la trama junto con una docena de antiguas autoridades de la empresa pública madrileña.
Al igual que en el caso de Lava Jato (la investigación de corrupción en torno a la petrolera brasileña Petrobras) el papel del estudio jurídico del abogado Oscar Algorta fue el de crear empresas, facilitar directivos y asesorar en el funcionamiento de las sociedades. En esta oportunidad, el bufete uruguayo participó fundamentalmente a través de la empresa “Soluciones Andinas de Agua”, una SRL que tuvo su sede en su estudio jurídico de la Ciudad Vieja pero en la que aparecen involucradas otras sociedades uruguayas y extranjeras radicadas en Panamá, Colombia y las ex Antillas Holandesas.
Compleja ingeniería para desaparecer millones
En estos casos, cuando los “asesores” jurídicos o contables –como es el estudio Algorta en esta ocasión– son pescados “in fraganti”, suelen decir que su tarea se limitó a dar algunos consejos, recomendar buenas prácticas para la formación de sociedades y quizás prestar algún nombre (testaferro) para alcanzar el número mínimo de integrantes del directorio.
Sin embargo, esta eventual explicación no cierra para la tarea que desempeñó este poderoso grupo de abogados uruguayo, que funciona en la oficina 401del edificio de la Ciudad Vieja que se ubica en el 1393 de la calle Ituzaingó, esquina Rincón, frente a la plaza Matriz. Más si se tiene en cuenta que, en ese pasamanos, se perdieron más de 36 millones de euros del erario español.
El caso tiene ribetes de una película de espionaje internacional, donde se pueden rastrear los indicios de la corrupción en España (Madrid), Panamá, Colombia (Barranquilla), República Dominicana, las ex Antillas Holandesas (Curazao), Venezuela, Ecuador, Brasil y Uruguay. En ese complejo mapa intercontinental fue que se perdieron millones de euros de la empresa Canal de Isabel II, la principal empresa hídrica de la capital española. Y en la ingeniería de ese entramado fue que tuvo un papel fundamental el abogado uruguayo Oscar Algorta y dos integrantes de su estudio: su hijo José Miguel Algorta Garicoits y una de sus secretarias, María Esther Campa Solares.
Malabares empresariales
El cambio de nombre de las empresas y el permanente traspaso de la cuotaparte de las sociedades entre diferentes directivos es una práctica corriente en esta historia de malversación de fondos públicos. La sociedad de responsabilidad limitada Turman Investments fue constituida el 25 de setiembre de 2008 y registrada cuatro días después en Montevideo, con un capital de 150 mil pesos uruguayos, por un plazo de 30 años. Fijó como domicilio el apartamento 501 del edificio ubicado en Obligado 1256, en Pocitos.
Su objeto declarado era el de “Realizar todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos de cualquier clase en el país o en el exterior, por cuenta propia o de terceros; participar en sociedades comerciales en Uruguay, y/o en el extranjero (Art. 47, Ley 16.060, y Art. 100 Ley 18.083, respetando las prohibiciones legales en vigencia”.
Allí aparecía como socia administradora, con el 1 por ciento de las acciones, María Esther Campa Solares, una funcionaria del estudio Algorta, y José Miguel Algorta Garicoits, hijo de Oscar Algorta, con el 99 por ciento restante. El 4 de marzo de 2009 Campa Solares cedió su participación a la empresa panameña Yavango Investment Inc, que fijó su domicilio en el estudio Algorta y además quedó como administradora de la sociedad.
Mientras tanto, Algorta Garicoits hizo lo propio con su parte de la SRL y se la cedió a la Fundación Privada Himalaya, una sociedad creada en Curaçao, una de las ex Antillas Holandesas, que también fijó el estudio Algorta como su domicilio. El 27 de mayo de aquel año hubo otro pase de manos. La Fundación Privada Himalaya cedió una parte de su participación en Turman al ciudadano venezolano Daniel José Herrera Oropeza, quien mantuvo el mismo domicilio y se hizo cargo de la administración.
El 9 de noviembre de 2011 el español Ignasi Maestre Casanovas, director del estudio contable Igmasa (con sede central en Andorra y sucursal en Montevideo), entró a la directiva de la empresa panameña Yavango Investment. Inc. El 25 de enero de 2015 el estudio Mossack & Fonseca, principal afectado por el escándalo “Panamá Papers”, se hizo cargo de la administración de la empresa.
La febril actividad de transferencia de acciones de Turman Investments se calmó por unos años, hasta abril de 2012. El 13 de aquel mes el venezolano Herrera Oropeza cedió su participación en Turman a la sociedad anónima uruguaya Tana Investment Company, que resolvió fijar su domicilio en la oficina 201 de la calle Juan Carlos Gómez 1388.
En ese escritoio de la Ciudad Vieja, al lado de la sede del Partido Nacional, funcionan dos estudios contables vinculados con numerosas maniobras en los Papeles de Panamá: Igmasa Management Uruguay SRL y Scafell Sociedad Anónima. Su titular es el español Ignasi Maestre. También dejó su parte la Fundación Privada Himalaya, propiciando el regreso de la sociedad panameña Yavango Investments Inc, que ahora se había mudado al estudio contable de la calle Juan Carlos Gómez.
Al año siguiente, el 8 de marzo de 2013, se produjo la primera movida que involucra a esta sociedad uruguaya de nula actividad con la corrupción en España. Es que Turman Investments pasó a llamarse Soluciones Andinas de Agua SRL y con ese cambio se abrió la puerta para el ingreso a la empresa dueña de la hídrica española.
Canal Extensia SA es una sociedad creada en 2001 por la empresa pública española Canal de Isabel II a fin de promover sus inversiones en América Latina. Con ese objetivo Canal Extensia compró en 2006 la mayor parte de la empresa colombiana Interamericana de Aguas y Servicios SA (INASSA), con sede en la ciudad de Barranquilla. Y fueron estas dos empresas (Canal Extensia e INASSA) las que el 20 de junio de 2013 adquirieron la recién bautizada Soluciones Andinas de Agua SRL (ex Turman Investments). La SRL cambió de dueños pero no de domicilio, ya que permaneció en Juan Carlos Gómez 1388 oficina 201.
Cinco meses después, el 14 de noviembre de aquel año, la uruguaya Soluciones Andinas de Agua adquirió el 75 por ciento de la empresa brasileña Emissão Engenharia e Construção y pagó 21,5 millones de euros. En diciembre, un mes después de la compra, la empresa brasileña aparece por primera vez en los balances de Canal Extensia con un valor de 10.269.000 euros. Es decir que en 30 días perdió 10 millones de euros.
Continuando la caída vertiginosa, el balance presentado por Canal Extensia un año más tarde (en diciembre de 2014) le atribuía a la brasileña Emissão Engenharia e Construção un valor patrimonial neto de 5.186.000 euros, la cuarta parte de lo que había pagado por ella en 2013 la uruguaya Soluciones Andinas de Agua SRL. Sin embargo, el balance del año publicado por la empresa Emissao en la prensa brasileña decía que el patrimonio superaba los 119 millones de reales, el equivalente a 37 millones de euros al cambio de la época.
Pero la debacle financiera no acabó allí. En diciembre de 2015 la empresa pública española valoró negativamente a la brasileña Emissão, por un total de 5.545.000 euros. También detalló como pérdidas su participación en la uruguaya Soluciones Andinas de Agua, por un total de 10.528.000 euros. Pero por si esto resultara poco, en su balance de aquel año se decía que para 2016 se proyectaba “restablecer la situación patrimonial” de la empresa brasileña “mediante un anticipo futuro de capitalización de préstamos de su accionista Soluciones Andinas de Agua SRL”.
Así las cosas, si se suman los euros que desaparecieron entre el inicio de las operaciones en 2013 y finales de 2015, la empresa pública madrileña “perdió” más de 36 millones de euros. Y la gestión del estudio jurídico uruguayo está en el centro de las sospechas de los legisladores y los magistrados españoles.
Todo este turbio proceso tuvo este miércoles 19 un nuevo episodio con la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el marco de la operación Lezo, que según informó el sitio web Eldiario.es“se centra en la corrupción de la empresa pública Canal de Isabel II y el desvío de fondos públicos”. González también fue presidente de la empresa Canal de Isabel II hasta el año 2014, es decir en pleno proceso de compra de la empresa uruguaya Soluciones Andinas de Agua y la posterior adquisición de la brasileña Emissão Engenharia e Construção.
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