1) Reclamo público contra el TISA
2) Industrias postergan inversiones y PIT-CNT teme cierre de empresas
3) Derechos humanos y otras deudas pendientes.
4) Presidente del Centro Militar: se debe «motivar» a informar sobre los desaparecidos
5) Gelman: “No se discrimina al ejército”
6) Fiscalía pidió condena del general (r) Purtscher
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 16 / Nº 2021 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 22 de Mayo de 2015 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares – COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Reclamo público contra el TISA
Cancillería negó información sobre el TISA a la Justicia
(Montevideo Portal)
La Cancillería negó a la jueza Mónica Bessio información sobre el acuerdo de servicios (TISA), argumentando que se trata de una negociación internacional, cuya divulgación podría afectar los intereses de otros estados. Representada por el abogado Carlos Matta, la Cancillería respondió a la intimación planteada por el Juzgado en lo Civil de tercer turno para que el Ministerio brinde “información detallada” sobre todo lo actuado por nuestro país en el marco de las negociaciones por el TISA.
En la respuesta se adjuntó el informe preparado por la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales y la de Organismos Internacionales Económicos, en el que da cuenta que las negociaciones se dan en el marco jurídico de los Acuerdos Generales de Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio. Pese a tener esa base jurídica, las negociaciones, en las que participan 24 miembros, se llevan adelante en Ginebra “fuera del ámbito de la OMC”, afirma el informe que agrega que hasta ahora Uruguay participó en 2 de las 12 reuniones que hubo, una en febrero y la otra en abril.
En la argumentación para explicar la ausencia de información de fondo sobre el acuerdo y los puntos que se están negociando, la Cancillería se basa en el artículo 168 de la Constitución, que sostiene que el debate sobre el resultado de los acuerdos se dará en el Parlamento cuando el Poder Ejecutivo solicite la aprobación para ratificarlo.
“Las negociaciones internacionales —y más aún si las mismas se encuentran en curso— tienen necesariamente un carácter reservado pues, de desconocérsele dicha naturaleza, implicaría no solamente el exponer la posición del país en las mismas, sino la de otros sujetos de Derecho Internacional de lo que se derivaría, necesariamente, la responsabilidad internacional del Estado. Es del caso hacer notar que dicha reserva es de la esencia del Derecho Internacional así como de los Derechos Humanos”, señalaron.
Reclamo público
Figuras políticas, sindicales y de la cultura suscribieron una carta pública en la que critican la forma en que se vienen llevando adelante las negociaciones del TISA. La nota, firmada, entre otros, por Marcelo Abdala, coordinador del PIT-CNT, los ex ministros Daniel Olesker y Roberto Conde y el ex senador Alberto Couriel, manifiesta su «fuerte preocupación» respecto de la participación uruguaya en las negociaciones para el TISA (Acuerdo en Comercio de Servicios), sobre la que hay «información fragmentaria y tardía».
Los firmantes califican de «preocupante» la concesión de trato nacional a las empresas extranjeras (salvo casos de excepción expresa) con la consiguiente eliminación de las prioridades a las empresas nacionales en general, públicas o privadas, y a las pequeñas y micro empresas». Esto, opinan , traerá como consecuencia un perjuicio a la protección de los trabajadores uruguayos, y «el retroceso del Estado -con el menoscabo de sus empresas públicas- como motor del desarrollo». Este tratado, ahonda la nota, «no reconoce las profundas asimetrías entre los países».
Otro de los puntos que critica la carta es «la naturaleza secreta de las negociaciones del TISA y la falta de información y participación de los ciudadanos, en lo que configura una verdadera práctica antidemocrática, mientras las grandes corporaciones de los países desarrollados definen la agenda de temas, controlan y pautan la negociación e imponen las grandes definiciones».
A juicio de los firmantes, el país tiene «poco para ganar en este acuerdo y mucho para perder», y señalan que la permanencia del Uruguay en las negociaciones tiene «fuertes impactos en materia de su inserción internacional», por lo que llaman a «un debate genuino y profundo sobre estos temas», y piden que se postergue, por ello, que se postergue la presentación de la lista de la oferta uruguaya.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE MAYO DE 2015
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2) Industrias postergan inversiones y PIT-CNT teme cierre de empresas
(El Observador)
La central sindical está preocupada por nuevos cierres del sector automotor tras la salida de Chery-Socma
En apenas tres meses de gestión, la administración del gobierno de Tabaré Vázquez vio cómo algunos sectores de la industria uruguaya comenzaron a mostrar señales de deterioro ante un contexto regional y global adverso para la colocación de sus productos. La Cámara de Industrias (CIU) señaló que hay empresas que están recortando inversiones y empleo, mientras que el PIT-CNT está preocupado por nuevos coletazos en la industria automotriz, tras el cierre de Chery-Socma en Uruguay.Pocos días antes de tomar las riendas la nueva administración, fue el turno del sector lácteos.
La firma Ecolat anunció en febrero el cierre de su planta industrial en Nueva Helvecia y dejó a unos 400 trabajadores sin empleo. En tanto, otras industrias de ese rubro están negociando reestructuras con recorte de personal y con la viabilidad comprometida ante el desplome de los precios en los mercados internacionales, el trancazo para el ingreso a Venezuela –principal destino para los lácteos uruguayos– y un menor nivel de demanda de Brasil.Ahora le tocó el turno al sector automovilístico. La firma Chery-Socma anunció el pasado lunes la clausura de su producción industrial en Uruguay producto de las dificultades para colocar sus vehículos dentro del Mercosur. La empresa de origen chino ocupaba a 300 trabajadores directos y a otros 600 en forma indirecta.
Entrevistado por El Observador TV el coordinador del PIT-CNT, Marcelo Abdala, advirtió ayer que le preocupa que otras empresas armadoras o autopartistas puedan seguir el camino de Chery-Socma, ya que la situación regional es “muy compleja”.Concretamente, en el caso de la china Lifan, el dirigente reveló que la firma anunció estar en condiciones de sostener su actual plan industrial hasta octubre. Al igual que otras, esa empresa está acusando el impacto de una menor demanda de Brasil como consecuencia de la debilidad de su economía y la depreciación del real.Abdala dijo que la noticia del cierre de Chery-Socma se recibió “con mucha tristeza y preocupación. Hay una responsabilidad grande en las debilidades de la integración regional”, admitió. En ese sentido, comentó que en el caso del sector automotor hay expectativa en que el encuentro de hoy entre Vázquez y Dilma Rousseff pueda alumbrar alguna mejora en el convenio automotor bilateral que debería renovarse a mitad de este año.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo ayer a El Observador que no le consta que se avecinen nuevos cierres de fábricas, pero reconoció que existen industrias de diversos rubros que trabajan tanto para el mercado interno como el de exportación que están planeando “recorte de inversiones y de personal” por la merma de su actividad.El empresario consideró que será clave para sostener la actividad económica la “rapidez” con que el gobierno ponga en marcha el proyectado Sistema Nacional de Competitividad y concrete la apertura de nuevos mercados que permitan compensar la reducción del comercio con Brasil y Argentina.A juicio de Corallo, es necesario encontrar “fórmulas” que permitan a las empresas en problemas sobrellevar las dificultades antes de paralizar sus actividades “porque a nadie le gusta que cierren fábricas”, afirmó.
Pese a que la producción de la industria aumentó en el primer trimestre del año 7,6% interanual, el incremento se explicó solo por las fábricas de celulosa. Si se tiene en cuenta el grueso del sector industrial, la situación es diferente. La producción del núcleo duro manufacturero cayó 1,4% en el período considerado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y procesados por la Unidad de Análisis Económico de El Observador.Si se desagrega por sector de actividad, la caída en la producción ocurrió en 10 de los 19 sectores que conforman el núcleo industrial. La agrupación de prendas de vestir lideró el declive, con una pérdida de producción de 49,6% interanual en los primero tres meses de 2015 respecto a igual lapso del año pasado. Lo siguen en el ranking el segmento de vehículos automotores (-48,6%), actividades de encuadernación y madera y sus derivados, con una caída de 12,8% cada uno, todos sectores enfocados en la región.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE MAYO DE 2015
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3) Derechos humanos y otras deudas pendientes.
Aldo Marchesi (La Diaria)
Hace 19 años el movimiento de derechos humanos retomaba con la Marcha del Silencio su denuncia de lo ocurrido en la dictadura. Dicho reinicio fue difícil. Implicó renacer frente al duro golpe que había significado la derrota en el plebiscito de 1989. La fecha del 20 de mayo -elegida para recordar el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Willian Withelaw- ya había sido emblemática para el movimiento opositor a la dictadura y para aquellos que reclamaban la derogación de la Ley de Caducidad en los 80, pero adquirió otra dimensión a partir de 1996.
“Verdad, memoria y nunca más” (1996), “Queremos la verdad” (1997), “La verdad nos hará libres” (1998), “¿Qué le falta a nuestra democracia? Verdad” (1999) decían las consignas centrales en los primeros años de la marcha. La verdad significaba una cosa muy concreta; era saber cuándo, dónde, cómo y por qué habían sido desaparecidos los desaparecidos. Los familiares fundamentaban su reclamo en el artículo 4 de la Ley de Caducidad, que expresaba que el Estado debía hacerse cargo de responder esas preguntas. La demanda era modesta. Implicaba aceptar la propia Ley de Caducidad y se concentraba en la verdad sobre los desaparecidos. En el camino quedaba la justicia, no sólo para los desaparecidos, sino también por las torturas sistemáticas y violaciones cometidas contra miles de hombres y mujeres encarcelados durante ese período.
La modestia de la estrategia fue exitosa. La piedra se tiró y el lago comenzó a agitarse. Nuevos colectivos, como las mujeres presas, los hijos nacidos en cautiverio, los hijos de presos y desaparecidos, comenzaron a contar nuevas dimensiones del terrorismo de Estado, que hasta ese momento la sociedad uruguaya no había considerado. Los ex presos comenzaron a reorganizarse. Poco a poco, también, se empezó a pensar en los resquicios de justicia que todavía se podían transitar.
La marcha fue adquiriendo otros significados. No sólo era la expresión de un reclamo concreto, sino el lugar de encuentro de gente que veía en aquella experiencia de lucha social y política de los militantes desaparecidos algo que merecía ser recordado. De esa forma, la marcha se transformó no solamente en la expresión de un reclamo, sino también en un espacio de homenaje. Una especie de reserva ética y política desarrollada a través de un ejercicio de memoria.
La estrategia de los familiares también tuvo resultados en relación con el Estado uruguayo. En el siglo XXI logró reinstalar el tema en la discusión pública. Esto llevó a que el ex presidente Jorge Batlle se viera en la necesidad política de instalar la Comisión para la Paz. Y a que Tabaré Vázquez desarrollara, en su primer gobierno, un importante esfuerzo en la búsqueda de la verdad promoviendo equipos de investigación (arqueólogos e historiadores) y desarrollando una interpretación de la Ley de Caducidad que habilitó ciertos juicios contra represores. Esta estrategia posibilitó resultados concretos, ya que entre 2005 y 2012 se encontraron restos de cuatro desaparecidos.
Las fechas no resultan casuales. En alguna medida podemos establecer que cuando existieron posibilidades de justicia limitada, la estrategia de búsqueda de verdad logró sus mejores resultados. En la administración de José Mujica las posibilidades de justicia se fueron alejando por diversos y complejos motivos: el fracaso de la iniciativa plebiscitaria, la imposibilidad del Frente Amplio de lograr un proyecto que viabilizara jurídicamente a la anulación y, por último, la nueva interpretación de la Suprema Corte de Justicia, que puso una «muralla» a los juicios en palabras del entonces presidente del órgano, Jorge Ruibal Pino. Todo esto llevó a que la presión sobre los militares que podían colaborar, no por nobles sino por prácticas razones, se fuera reduciendo.
Ahora, a 19 años de la primera marcha, el gobierno lanzó el decreto presidencial que formaliza el Grupo de Verdad y Justicia. Dicho grupo se propone una investigación independiente que apunta a colaborar con la búsqueda de la verdad y los juicios que aún existen y aquellos que se desarrollan en el exterior. La iniciativa es bienvenida. Sin embargo, a la luz de lo que ocurre en otras áreas del Estado, las expectativas resultan moderadas. ¿Cómo se puede avanzar en la búsqueda de verdad, y mucho menos de la justicia, cuando la Suprema Corte de Justicia, valiéndose del marco legal vigente, plantea explícitamente que pondrá limites a dichos procesos? ¿No sería necesario que el parlamento plantee marcos legales alternativos a los que habilitan esta interpretación de la Suprema Corte?
¿Cómo avanzar en la búsqueda de la verdad cuando una de las áreas del Estado donde se encuentra la información mas relevante, en términos de personas y archivos, para avanzar en estas causas, está dirigida por un ministro que realiza acusaciones violentas, absurdas e inauditas en la historia democrática del país contra los organismos de derechos humanos?
La marcha seguramente continuará en los próximos años. Incluso, si algún día se llega a la verdad, varios continuarán marchando como homenaje a aquellos sueños de cambio que representan los desaparecidos. La memoria de aquellas experiencias seguramente pasará de generación en generación. Pero la demanda de verdad tiene plazos más urgentes, más humanos, los de los familiares que hace más de tres décadas que la necesitan.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE MAYO DE 2015
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4) Presidente del Centro Militar: se debe «motivar» a informar sobre los desaparecidos
(El País)
Guillermo Cedréz, presidente del Centro Militar, dijo que el gobierno debe “motivar” de alguna manera a los militares que puedan tener información sobre el destino de los desaparecidos durante la última dictadura militar.
El jerarca militar afirmó, tras el acto de celebración de un nuevo aniversario del Centro Militar, que las Fuerzas Armadas ya proporcionaron toda la información que tenían sobre el destino de los desaparecidos y agregó que “las demás cosas son individuales, son temas de cada persona. En el ámbito de la Justicia el indiciado no comete falso testimonio, o sea que puede perfectamente no decir lo que él hizo”, según declaraciones que reproduce Subrayado. “Aparte, si no hay algo que motive que esas personas puedan decir algo, no sé, los demás no sabemos nada. Es un problema con cada uno. Que les ofrezcan. Si usted quiere averiguar algo habrá que hablar con quien sepa y ofrecerle algo”, puntualizó y aclaró que “conmigo y con el 99% de la fuerza no van a averiguar nada porque no sabemos”.
Resarcimiento económico.
El militar también pidió resarcimiento económico para los efectivos que enfrentaron a la guerrilla tupamara. “Ni siquiera los servidores públicos han sido resarcidos económicamente y sí han sido resarcidas económicamente todas las personas que han combatido al Estado uruguayo”. Respecto al grupo creado por el presidente Tabaré Vázquez para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 1968 hasta el fin de la dictadura, Cedréz reclamó que las investigaciones comiencen a partir del año 1962, cuando comenzó a actuar la guerrilla tupamara. Fue en este sentido que defendió al expresidente José Mujica y al ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, al afirmar que “hay dos personas que hacen autocrítica: el expresidente Mujica y Fernández Huidobro. Son dos personas que reconocen qué pasó, que hubo una guerra”.
Marcha del Silencio
Cedréz también fue consultado sobre la multitudinaria movilización que ayer copó la avenida 18 de Julio, como ocurre todos los 20 de mayo, en reclamo de conocer la verdad sobre los desaparecidos en dictadura. “Bueno, es un hecho que lo realizan determinadas personas que tienen un resentimiento especial por algo que les ha sucedido y que no lo han todavía asimilado debidamente” dijo el militar retirado, según la crónica de Canal 10.
“Acá se produjo, lamentablemente, una guerra muy fea, muy atroz. Y que a veces las personas, por intereses personales, piensan solamente eso y no piensan que el funcionamiento de un país es bastante más que eso. En estos momentos una multinacional dejó tirado a 700 obreros”, agregó en referencia a los problemas con la planta regasificadora. “Entonces hay cosas que son bastante, tan o más importantes que esos hechos como para tener que detenernos en algo en particular. Yo no escucho a determinados legisladores ahora que se hayan preocupado porque quedaron tirados los obreros de la regasificadora, por ejemplo, y ese es un hecho muy grave”, finalizó Cedréz.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE MAYO DE 2015
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5) Gelman: “No se discrimina al ejército”
(Caras y Caretas)
La integrante del Grupo de Trabajo Sobre los Derechos Humanos, Macarena Gelman, dijo a Caras y Caretas que no se discrimina al ejército y se mostró optimista con el avance posible a partir de este organismo. El Poder Ejecutivo oficializó la integración del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que instituyera el presidente de la República, Tabaré Vazquez. Los siete nombres que componen esta comisión son: Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Pedro Sclofsky, Ademar Olivera y Mario Cayota.
La diputada Macarena Gelman, integrante del novel organismo, dijo a Caras y Caretas Portal que se está en una etapa de coordinación del trabajo a seguir, definiendo los mecanismos internos de funcionamiento. Al señalar esto aclaró que a pesar que se venían trabajando desde hace un tiempo, a partir de esta oficialización el grupo está definiendo los pasos a seguir en materia del trabajo.
La legisladora se mostró optimista en que está comisión aúne las voluntades necesarias para alcanzar resultados positivos entorno al reclamo de verdad y justicia. Gelman destacó que la información central para comenzar los trabajos, “es la aportada por quienes sufrieron el terrorismo de Estado”. En ese sentido reivindicó que hubo cientos de compatriotas que durante todo el proceso democrático (30 años) no tuvieron la posibilidad de acercarse a la verdad y justicia.
La representante del Frente Amplio reclamó una actitud proactiva de parte del gobierno y como primer punto de trabajo estableció que se revisarán las leyes de reparación. Gelman se refirió a la polémica instalada tras los discursos del Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos y del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Macarena enfatizó que para nada siente que se discrimine al Ejército.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE MAYO DE 2015
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6) Fiscalía pidió condena del general (r) Purtscher
(Caras y Caretas)
El fiscal Ariel Cancela solicitó este jueves la condena del general (r) Wile Purtscher, por las amenazas emitidas en una carta pública contra los operadores judiciales que actuaron en el proceso judicial por el homicidio de Nibia Sabalsagaray, que culminó con la condena del general Miguel Dalmao. El representante del Ministerio Público analizó las pruebas incorporadas en la causa y solicitó la condena del militar por un delito de “amenazas”. Además, solicitó que se le aplique una multa de 200 Unidades Reajustables (UR), según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
Purtscher fustigó, en una misiva publicada en Cartas al Director, de Búsqueda, la actuación de la ex fiscal Mirtha Guianze y el juez Rolando Vomero en torno al procesamiento y posterior condena del general Dalmao, por el homicidio de Sabalsagaray, y afirmó que ahora quiere “venganza”, la cual “llegará por algún medio”. “Ahora soy yo el que quiero venganza. Y esta llegará por algún medio. También sabremos esperar, también seguiremos esperando para demostrar el prevaricato que han cometido en el juicio al general (Dalmao)”. “Mi amigo descansa ahora en paz, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz, porque recuerden que mientras exista un amigo del general, al igual que ustedes lo hicieron, persiguiéndolos estaremos”, agregó.
Ante esto, el fiscal Cancela decidió actuar de oficio y solicitó el inicio de un proceso penal contra el oficial, para analizar la posible existencia de ilícitos en sus dichos, y solicitó recabar el testimonio de Vomero y Guianze. El magistrado declaró por escrito, en tanto la presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) compareció este jueves ante la Sede, de forma de conocer su parecer ante esta situación. Tras conocer el dictamen de la Fiscalía, la jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, decidió fijar audiencia para el próximo lunes 25, a las 14:00 horas, para el dictado de sentencia, dijeron fuentes judiciales a este medio.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 22 DE MAYO DE 2015
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