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EL CAPITALISMO ES ASÍ

EMPRESA FUNDIDA Y EMPRESARIOS ENRIQUECIDOS –
INFORME DE SUDESTADA SOBRE EL CIERRE DE FRIPUR –
1) Los Fernández engordaban offshore en Panamá e Islas Vírgenes mientras mataban a Fripur –
2) El pescado podrido y la política –
3) Estado paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de Fripur –
4) El otro dinero público que se llevaron los Fernández –
5) Las exoneraciones millonarias en impuestos –
6) “No hay nada que obligue a un integrante de un grupo a pagar deudas de otro” –
(http://www.sudestada.com.uy)

COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2074 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 27 de Mayo de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”. — Noam Chomsky
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1) Los Fernández engordaban offshore en Panamá e Islas Vírgenes mientras mataban a Fripur
(Sudestada)

Al tiempo que dejaba a cientos de trabajadores en la calle el grupo económico utilizaba empresas fantasmas para eludir al fisco. El BROU financió todos los negocios de la familia

El Frigorífico Pesquero Uruguayo (Fripur) tuvo su desenlace fatal cuando Alberto Fernández Alonso -el propietario de mayor perfil público y político- se distanció de su hermano Máximo, quien junto a sus hijos se hizo cargo de timonear el cierre de la industria.

Pero la ruina de Fripur está lejos de ser la quiebra de los negocios familiares. Una prueba de ello es la existencia de Selquist Enterprises Ltd, sociedad offshore creada el 31 de marzo de 2006 en las Islas Vírgenes británicas, uno de los paraísos fiscales más prósperos del mundo financiero. Esta empresa de papel -que aún continúa activa y está registrada con el número 1019255- es dirigida por Máximo Fernández Alonso y su esposa Magdalena María Rodríguez.

Una de las hijas del matrimonio, Adriana Fernández Rodríguez figura como directora de la empresa y fijó su domicilio en Rondeau 2260, el lugar donde funcionaba Fripur, según la documentación a la que accedió Sudestada.

Al parecer la planta industrial de Fripur tenía una actividad prolífica para muchos negocios, salvo para la pesca. Porque Alberto, a fuerza de relaciones públicas y su alto perfil, se convirtió en el cónsul general honorario de Malta en Uruguay. Y según la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el consulado también funcionaba en Rondeau 2260, donde casi un millar de trabajadores mal pagados procesaban el pescado y frutos del mar en condiciones denunciadas hasta el hartazgo en el Parlamento.

Pero Selquist Enterprises Ltd no fue la única incursión en el próspero mundo de las empresas extraterritoriales. También existe Sofer Corporation, una offshore creada por el estudio jurídico panameño Mossack & Fonseca el 4 de enero de 2006, en la que figuraba Máximo Fernández Alonso como presidente y director, y su esposa Magdalena María Rodríguez como directora y secretaria.

Poco antes de que se comenzara a procesar el cierre de Fripur, Máximo y su esposa resolvieron pasarle la titularidad de esta offshore a sus hijos. Así fue que el 16 de agosto de 2012 María Laura se convirtió en la nueva presidenta de Sofer Corporation, su hermana Adriana del Carmen en secretaria y otro de los hermanos, Ricardo Gabriel en tesorero, según los documentos en poder de Sudestada.

Los tres hermanos Fernández también recurrieron a los buenos oficios de Mossack & Fonseca mucho tiempo antes de que el estudio jurídico panameño se hiciera conocido en todo el mundo por la filtración conocida hoy como los Panamá papers. Los Fernández ya sabían de la pericia de los abogados panameños el 29 de agosto de 2001 cuando recurrieron a sus servicios para abrir la sociedad fantasma Realdream Management SA.

Y por si las tres anteriores empresas fantasma no fueran suficientes, abrieron otras dos empresas en Panamá. El 7 de mayo de 2002 fue el turno de Collins Consultants Capital SA y tres años después, el 11 de mayo de 2005, Venstar Capital SA, ambas de la mano del incansable estudio Mossack & Fonseca.

Las reuniones de los directorios de estas sociedades offshore suelen suceder en la oficina 101 de la calle Rincón 477, donde funciona el estudio jurídico HFFV encabezado por los abogados Margarita de Hegedus y Alberto Flores Rossi. En su lista de clientes, según la página web del estudio, se encuentran Fripur, Kentilux y Magdalena Sag, todas empresas del grupo económico de la familia Fernández Rodríguez.

Mientras obtenían millones de dólares en préstamos de la banca estatal uruguaya, que invertían en sus empredimientos familiares más prósperos -la pesquera Fripur ya no daba sus réditos y prefirieron dejarla morir, con trabajadores incluidos-, los Fernández operaban con estas empresas offshore para evitar el pago de renta a las arcas públicas uruguayas, amparados en la opacidad que permiten esas sociedades de papel.

Pero además, se armaron un negocio con dineros públicos cuyo producto es totalmente comprado por el mismo Estado que ahora trata de recuperar los millones perdidos.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 27 DE MAYO DE 2016
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2) El pescado podrido y la política
(Sudestada)

Grupo Fernández: frenado por la Unión Europea, denunciado por los trabajadores de Fripur, cobijado por bancos estatales y autoridades del gobierno uruguayo

Luego de 39 años de vida la empresa pesquera y de alimentos congelados Fripur cerró sus puertas, a mediados de agosto de 2015, un año después de entrar en concordato. Sus dueños, los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso, dejaron a casi mil trabajadores en la calle y una deuda superior a los 67 millones de dólares, de los cuales 40 millones se los deben al Banco República (BROU), según explicaron las autoridades de la institución en el parlamento.

Además de los préstamos sin pagar, Fripur violó normas sanitarias y fue denunciada en varias ocasiones por las pésimas condiciones laborales que enfrentaban sus trabajadores, en su mayoría mujeres.

Entre noviembre de 2007 y junio de 2008 la empresa intentó exportar productos en mal estado por lo que la Unión Europea (UE) suspendió las compras de pescado uruguayo. Las irregularidades habían sido denunciadas por inspectores de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), quienes aconsejaron aplicar una multa de 150 mil dólares.

Tres años después el gobierno multó a Fripur por apenas 2.300 dólares, al comprobarse que la empresa adulteró la fecha de elaboración y de vencimiento de productos de exportación. Luego le rechazaron varios embarques de pescado enviados a Rusia por contaminación microbiológica y en Italia devolvieron calamares de Fripur por estar contaminados con cadmio. El asunto llegó a denunciarse a la Justicia del crimen organizado, que el 27 de julio de 2011 archivó la investigación sin consecuencias, según informó Brecha.

Tras el cierre de la empresa varios jerarcas de gobierno como la ministra de Industria, Carolina Cosse, admitieron que el endeudamiento crónico de Fripur lejos de ser una novedad llevaba décadas.

Alberto fue el que pagó a la congregación de las Hermanas Oblatas la confección de la banda presidencial que usó el presidente José Mujica, aunque después el Estado le restituyó el dinero. También donó unos 15 mil dólares para la ceremonia de traspaso de mando y en varias oportunidades le prestó su avión privado tanto a Mujica como al presidente Tabaré Vázquez, durante su primer mandato.

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3) Estado paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de Fripur
(Sudestada)

En cinco años el Grupo Fernández cobró más de 22 millones del billete verde por venderle energía a UTE, ente que oculta estos datos a pesar de tratarse de dinero público

Fripur es un ejemplo de un emprendimiento familiar que se sostuvo durante décadas gracias a las dádivas del Estado y los favores políticos. Sin embargo, la crisis del frigorífico pesquero que terminó en una quiebra ruinosa para el Estado y los trabajadores no impidió a la familia incursionar en otros negocios tan rentables como la venta de viento, convertido en energía. El propio Estado financiador, evadido, y deshonrado en los créditos es el que compra –a través de UTE– lo producido por los Fernández, sin escatimar recursos.

Kentilux SA es una empresa de la familia que, aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, inauguró el 25 de mayo de 2011 un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora. Es que según explicaron a Sudestada fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40% de rendimiento cuando la media es de 30%– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio.

Con esta expansión, las posibilidades de obtener dinero del Estado se multiplican, y el viento se vuelve oro. De acuerdo al contrato original firmado en 2010, UTE le paga a Kentilux 85 dólares por MW/hora.

En función de estos datos –y sin tener en cuenta los reajustes anuales–, la empresa de energía eólica del Grupo Fernández, cobra 512 dólares por hora, es decir 12.300 dólares por día. El monto por mes es de 370 mil dólares y por año la familia que fundió Fripur se lleva 4,5 millones del Estado por sus negocios de viento.

A falta de información de parte de UTE respecto de los pagos a Kentilux SA –la empresa estatal publica los montos globales pero no lo que desembolsó para pagar a cada generador privado– el cálculo fue realizado por Sudestada de acuerdo a la fórmula establecida en el pliego de condiciones del llamado a licitación. Fuentes de la Agrupación de Funcionarios de UTE confirmaron que el procedimiento de cálculo es correcto. Sudestada advierte que se trata de un monto apegado a la base y no al tope de lo que la familia Fernández pudo cobrar efectivamente.

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4) El otro dinero público que se llevaron los Fernández
(Sudestada)

Los molinos de viento fueron instalados en el establecimiento Magdalena (por el nombre de la esposa y una de las nietas de Máximo Fernández), una estancia ubicada a la altura del kilómetro 44 de la ruta 1. Se trata de un campo de mil hectáreas donde, además, se desarrollan actividades agrícolas que incluyen el cultivo de soja y maíz, y el engorde intensivo de ganado.

Pero ninguno de esos rubros parece tan rentable como el del parque eólico Kentilux que está cumpliendo sus primeros cinco años: inaugurado en forma oficial el 25 de mayo de 2011, ya se ha cobrado más de 22 millones de dólares provenientes de dineros públicos.

El negocio es redondo como el dibujo que las paletas del molino trazan en el aire, puesto que el Estado que le compra la energía a los Fernández también les había financiado la construcción del parque eólico en el departamento de San José. El BROU puso dinero por el 70% de la inversión que en total demandó 20 millones de dólares, publicó la revista Políticas que editó la Presidencia de la República durante el gobierno de José Mujica.

El 30% restante pudo haber sido obtenido por los Fernández de bancos privados o de sus propias arcas, quizás de la renta que les dejan sus empresas de papel creadas en Panamá. Pero también de dinero que les llegaba de parte del Estado para supuestas inversiones en la pesquera que empleaba a cerca de mil trabajadores.

Gremialistas de Fripur sostienen que el parque eólico Kentilux –cuyo presidente es Ricardo Gabriel, hijo de Máximo– se benefició con los préstamos que el BROU le otorgaba a la empresa de productos del mar.

A pocas horas del quiebre de la empresa, el 19 de agosto de 2015, una delegación del sindicato de la pesca (Suntma) denunció en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados que los Fernández desviaron hacia otros emprendimientos de la familia, el dinero otorgado por el BROU y otros bancos para mantener en funcionamiento la planta de pescado.

El banco estatal que financió el emprendimiento de viento del Grupo Fernández todavía espera cobrar 59 millones de dólares que le adeuda Fripur, según explicó en setiembre de 2015 en el Parlamento la presidenta en funciones del BROU, Sylvia Naveiro.

A esta deuda con el BROU deben sumarse los 19 millones de dólares que los Fernández le deben al Banco de Previsión Social. Ese monto fue manejado por el diputado comunista, Oscar Andrade, durante la sesión de la comisión de Legislación del Trabajo del miércoles 18 de mayo, en la que se recibió al subsecretario de Ganadería Enzo Benech y al titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Daniel Gilardoni.

El legislador oficialista cuestionó al gobierno por su actuación ante la crisis de Fripur: “Tengo una mirada crítica de la forma en la que logramos atender este tema. La perspectiva que teníamos era la de una empresa con una deuda millonaria que surge de una decisión política”, afirmó ante Benech y Gilardoni.

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5) Las exoneraciones millonarias en impuestos
(Sudestada)

El 12 de setiembre de 2012 los ministerios de Industria y de Economía resolvieron en forma conjunta declarar promovida la inversión de Kentilux SA para ampliar su parque eólico en San José. La instalación inicial del parque ya había sido beneficiada con la promoción, por un monto máximo de 95.596.928 unidades indexadas, que al 8 de octubre de 2010 equivalían a 2.230.000 dólares.

A esto se sumó una segunda declaración de promoción que implicó la exoneración “en forma total” a la empresa de la familia Fernández “de todo recargo incluso el mínimo, derechos y tasas consulares, Impuesto Aduanero Único a la Importación, y en general todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de equipamiento previsto en el proyecto y declarado no competitivo de la industria nacional cuyo listado figura en el cuadro de inversiones aprobado”.

Además, el gobierno concedió a Kentilux “un crédito por el IVA incluido en la adquisición de materiales y servicios utilizados para la obra civil prevista en el proyecto, por hasta un monto imponible de 21.966.328 unidades indexadas”, que al 12 de setiembre de 2012 equivalían a 424 mil dólares.

Por si todas estas exoneraciones tributarias resultaran insuficientes, también se le permitió a Kentilux evitar el pago del impuesto al patrimonio para todos los bienes que adquirió para realizar la obra civil desde tres años antes, entre el 1 de junio de 2009 y el 30 de noviembre de 2013.

Todas estas exoneraciones suman al menos 2,7 millones de dólares, a los que se adicionan cientos de miles del billete estadounidense asociados a la importación de bienes que no están descritos en la resolución ministerial.

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6) “No hay nada que obligue a un integrante de un grupo a pagar deudas de otro”
(Sudestada)

Autoridades del BROU explicaron en el Parlamento por qué los miembros del grupo económico Fripur siguen gozando de préstamos blandos del Estado aunque no le hayan pagado créditos millonarios

El grupo económico Fripur debía a toda la banca un total de 67.744.000 de dólares, sostuvo el 16 de setiembre de 2015 la presidenta en ejercicio del BROU, Sylvia Naveiro, en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Ese monto se alcanzó después de un deterioro progresivo –y totalmente conocido por parte del banco- especialmente a partir de 2010, cuando la empresa debía 22 millones de dólares. Esa deuda se “reperfiló”, como se dice en la jerga financiera, a 15 años en 2013 y un año después la situación se complicó más todavía.

Luego de facilitar contactos con inversores chinos para que compraran la empresa uruguaya, el BROU se enteró el 1 de agosto de 2014 de la declaración de moratoria provisional de Fripur radicada en el Juzgado de Primera Instancia de Concursos de Primer Turno. El 6 de agosto, la empresa pidió medio millón de dólares al banco para pagar los sueldos. El pedido fue aceptado, y el préstamo concedido, explicó Naveiro.

El mes siguiente, “en aras de mantener la continuidad de la empresa y del compromiso asumido en cuanto a apoyarlos en la continuidad, financiamos el 50% de los egresos operativos proyectados por ellos en el mes de agosto, equivalentes a US$ 1.426.500”.

Naveiro explicó que el aumento de las pérdidas de Fripur se debió al descenso de las exportaciones y, ante una pregunta del diputado frenteamplista Luis Puig, negó que la institución estuviera al tanto de los hechos denunciados por los trabajadores en el parlamento. “Al Banco no le consta que la empresa Fripur haya desviado fondos hacia otras empresas. Nos consta sí que quizás no se reinvirtió en la empresa en los niveles en que esta necesitaba”, respondió.

Sin embargo, la funcionaria demostró estar al tanto de la situación del grupo económico de la familia Fernández Rodríguez y del grado de vinculación que tienen sus diferentes emprendimientos. La jerarca señaló que “dentro de ese grupo económico tenemos, por ejemplo, el emprendimiento Kentilux, de energía eólica, que tiene una situación de endeudamiento totalmente regular, porque se paga con su propia generación de energía eléctrica”.

“Todos sabemos las políticas del Estado por la diversificación de la matriz energética, que fue un esfuerzo importante y con un enorme éxito. La empresa Kentilux que forma parte del grupo económico, y que no integra el señor Máximo ni el señor Alberto Fernández, sino sus hijos, tiene un crédito en el BROU cuyo pago está siendo cumplido con total rigurosidad, porque es un crédito que se cobra a partir de las cesiones de crédito de la UTE. Este organismo, previo a pagarles, deposita los dineros en el banco, éste cobra la cuota y el remanente se les devuelve. Al día de hoy, eso sería alrededor de US$ 15.000.000 de lo que es el endeudamiento”, dijo la jerarca.

Naveiro explicó que el establecimiento Magdalena, dedicado a la actividad agropecuaria, “que probablemente perdamos como cliente del banco” por pertenecer al grupo Fripur, pasará a tener calificación 3. De esta manera, la firma dejará de operar con el República y lo hará con otros bancos “donde su calificación no se verá resentida por este tema. Comercialmente, el BROU perderá una colocación que supera los 5 millones de dólares”.

Según la presidenta en ejercicio de BROU, otra empresa del grupo, Polybag Ltda –dedicada al negocio del polietileno– que es propiedad “de un yerno de los señores Fernández, tiene un endeudamiento de solo 194 mil dólares. No voy a decir que sea una cifra insignificante, pero dentro de lo que es el endeudamiento del grupo…”, dijo, sin terminar la frase.

Un aspecto llamativo de la explicación de Naveiro al Parlamento –registrado el 16 de setiembre de 2015, a un mes del cierre de Fripur- fue la confirmación de que las normas están hechas para que los empresarios puedan burlar los controles del Estado, tal y como hicieron los Fernández Rodríguez durante años.

“Ser declarado grupo económico por el Banco Central no obliga a los integrantes del grupo a pagar la deuda de los demás integrantes. Ese es un aspecto normativo no menor. No hay nada que obligue a un integrante de un grupo a pagar deudas de otro, salvo que existiera una garantía solidaria cruzada, que en este caso no existía”, detalló Naveiro.

Esto significa que si bien el grupo económico debe al Estado más de 67 millones de dólares por la ruina de Fripur, y algunas otras decenas de miles por otros emprendimientos, el BROU le sigue prestando plata a los Fernández a través de los miembros de la familia menos salpicados por el escándalo, a pesar de que padres, hijos, hermanos, sean dueños de las mismas empresas.

La denuncia que por aquellos días realizaban los trabajadores en el mismo parlamento que compareció Naveiro demostraron que los empresarios mantienen bien altos sus principios para poder pasar con sus alforjas cargadas por debajo.

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