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MÉXICO: LYDIA CACHO: REFERENTE DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES – comcosur mujer 573 – 17.09.2018

COMCOSUR MUJER / Fundado por Yessie Macchi / AÑO 14 /No. 573 – Lunes 17e setiembre de 2018 / Producción: Beatriz Alonso y Belén Itza / Apoyo técnico: Carlos Dárdano
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Hoy:

1) Brasil: Mujeres contra Bolsonaro
2) Chile: Carmen Hertz: En la lucha contra la impunidad
3) México: Lydia Cacho: Libertad de expresión y defensa de los derechos
4) México: Aumentaron denuncias por violencia de género en la Universidad
5) Tarcila Rivera: “Las mujeres indígenas tenemos que construir nuestro propio concepto de feminismo”
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“Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres” Rosa Luxemburgo
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1) BRASIL: MUJERES CONTRA BOLSONARO

Conocido por su desprecio hacia las minorías en derechos de Brasil, como mujeres, negros y homosexuales, el candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, tendrá un nuevo desafío por delante: las mujeres.

Más allá de su crecimiento en el último sondeo hecho por DATAFOLHA, en el cual el candidato del PSL suma 24% de la intención de votos y que el 17% de ellos sean mujeres, Bolsonaro no contaba con la iniciativa surgida el último 30 de julio. Un grupo, que crece de manera exponencial, con cerca de 10 mil solicitudes de ingreso por segundo -según Ludimilla Teixeira, una de sus administradoras- el “Mujeres unidas en contra Bolsonaro” ya llega a su primer millón de participantes y promete impedir la elección del que llaman “el innombrable”.

En su descripción el grupo dice estar “destinado a la unión de las mujeres en todo Brasil (y las que viven afuera) en contra del avance y fortalecimiento del machismo, misoginia y otros tipos de prejuicio representados por el candidato Jair Bolsonaro (…) Esta es una gran oportunidad de unión! Reconocimiento de nuestra fuerza!”.

Una de las principales preocupaciones de las electoras son actitudes como la que tuvo en 2014, cuando el entonces diputado nacional Bolsonaro, le dijo a la también diputada Maria do Rosário que ella era tan repugnante que “no merecía ser violada”. Dicho vídeo fue varias veces compartido en el grupo.

La historiadora de Rio de Janeiro, Bruna Soalheiro, cuenta que se sumó al grupo por invitación de una de sus profesoras del postdoctorado. “En principio pensé en no aceptar porque he sido contraria al uso del nombre de Bolsonaro en posteos en las redes”, cuenta. “Pero en el caso de este candidato, él representa más que una paradoja de intolerancia. Es una paradoja de la democracia. Un sujeto que no tiene valores democráticos como candidato a un puesto electivo es una contradicción en su base. Cualquier movimiento que deje esto cada vez más en claro, en los días de hoy, tiene que tener nuestra atención”. Así justificó la historiadora su cambio de opinión.

Para la productora cultural de Minas Gerais Maria Elisa Macedo “es super importante (el grupo) por ser un movimiento de mujeres que están en contra del fascismo, tan presente en el mundo actual, más aún en Latinoamérica. Es fundamental este movimiento de mujeres que se unen en favor de la democracia, basada en los derechos humanos”. La productora cierra diciendo estar optimista con los resultados que del próximo 7 de octubre, día de las elecciones presidenciales. “Yo creo mucho en el papel de las mujeres como sembradoras de ideas valiosas, con la finalidad de salir del lugar de sumisión y opresión en el que siempre hemos vivido; temáticas que son centrales en la campaña del “innombrable”. Un hombre que trae la violencia en su discurso y representa esa ola horrible”.

Las mujeres representan el 52% del total de electores en Brasil, por lo tanto una iniciativa como esta, que intenta además frenar el avance de su popularidad en las redes y unir el voto en torno de un candidato para evitar una posible victoria de Bolsonaro podría ganar un peso importante en un panorama tan volátil como en estas las elecciones.

Hasta la candidata a la vicepresidencia por el PT, Manuela d’ Ávila, llamó a su público a sumarse al grupo en Curitiba luego de la formalización de la candidatura de Haddad. “Porque las mujeres son aquellas que sufren el impacto de la crisis con mayor intensidad y estamos acostumbradas a eso. La atención que ponemos en esta elección es proporcional a la consciencia que tenemos de las consecuencias que una decisión equivocada puede traer a la vida de nuestro pueblo”, dijo la candidata al invitar sus seguidores a unirse a “Mujeres en contra de Bolsonaro”. Más allá del anuncio hecho por Manuela d’ Ávila, una de las reglas del grupo de facebook es no permitir la publicación de propagandas de uno o otro candidato por sus participantes.

Con el crecimiento de “Las mujeres en contra de Bolsonaro”, la idea ahora es organizar actos públicos y protestas en todo el país y dar seguimiento a este núcleo de electoras también pasadas las elecciones.

Luciana Rosa es periodista brasileña.

NODAL/ Luciana Rosa / COMCOSUR MUJER Nº 573–17.09.2018

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2) CHILE: CARMEN HERTZ: “VOY A ESTAR SIEMPRE EN LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD, NO DESCANSARÉ HASTA LOGRAR JUSTICIA”

A 45 años del Golpe de Estado, Carmen Hertz recorre los pasillos del Museo de la Memoria y Derechos Humanos junto a El Desconcierto y conversa sobre justicia para las víctimas, memoria para una reconstrucción democrática y el negacionismo de la extrema derecha.

El 11 de septiembre de 1973, Carmen Hertz y su marido Carlos Berger se encontraban en Chuquicamata con su pequeño hijo. A eso de las 7 de la mañana, Hertz y Berger fueron informados por David Silberman de una sublevación en Valparaíso, por lo que se dirigieron rápidamente a las instalaciones de Cobre Chuqui, donde Carlos era el gerente de comunicaciones y director de la radio El Loa.

A pesar de que las instrucciones de la Junta Militar fueron cortar todo tipo de transmisiones que no fueran las oficiales, Berger continuó las transmisiones radiales aún cuando las comunicaciones con Santiago estaban cortadas. Su trabajo fue dar a conocer el llamado de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) a que las y los trabajadores del país permanecieran en sus puestos de trabajo. Es entonces cuando llegan los militares y le ordenan que clausure las transmisiones.

Berger se niega y le pide a los demás periodistas que se retiren de la radio. Con un cable y un micrófono en las manos, es detenido por militares mientras la radio era allanada.

Fue condenado a 61 días de presión por no cumplir la orden de cerrar la transmisión radial. El 19 de octubre, a pocos días de cumplir su condena, y tras el paso de la Caravana de la Muerte liderada por el general del ejército Sergio Arellao Stark, Berger fue trasladado del recinto penitencial donde se encontraba y fue brutalmente ejecutado por personal militar. Desde ese momento que la abogada Carmen Hertz dedica su vida a la incansable búsqueda de justicia y verdad para las víctimas de la represión de la Dictadura militar.

En el día del detenido desaparecido, Carmen Hertz llega raudamente al museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Su posición como diputada y abogada que ha dedicado su vida a la defensa de víctimas de la dictadura la coloca en primer línea en días como estos, ad portas de la conmemoración de 45 años del Golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende. En la tarde se realiza el evento organizado por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos que conmemora este día, por lo que tiene una reunión con Lorena Pizarro, su presidenta, No obstante, accede a recorrer el museo junto a nosotros y reiterarnos una vez más la importancia de este lugar.

“Este es el único espacio interactivo, como corresponde a un museo moderno, que retiene la memoria colectiva de este país. En su interior se encuentra una parte significativa de lo que ha sido lo más profundo que ha afectado a la sociedad chilena, que fueron los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante toda la Dictadura cívico militar que transformó a Chile en un reducto del terror desde el día 11 de septiembre de 1973“, sostiene mientras recorremos la primera sala del museo que muestra de manera extensiva lo que fue la insurrección y golpe militar.

Ese día Carmen se encontraba junto a su marido Carlos Berger, por lo que el discurso de Allende e imágenes del golpe las vió mucho tiempo después. Mientras caminamos se escucha en inglés las declaraciones de parte de la junta militar sobre el golpe de Estado. Carmen se impacta, pero no se sorprende, sabe dónde estaban los intereses de estos golpistas. “Para nosotros era inminente el golpe de Estado. El clima que había creado en la derecha, desde que triunfó Allende era de una violencia brutal. El sabotaje diario y permanente, con el financiamiento que todos sabemos de los norteamericanos, nos hacía saber que en cualquier momento el camino de sedición en que estaban embarcados los golpistas iba a terminar de esta manera, así que no fue una sorpresa”, señala la diputada.

Las imágenes siguen mostrando a los militares en las calles de Santiago, enfrentándose a tiros a quienes resisten en el Palacio de La Moneda. “La dictadura transformó a Chile en un reducto del terror. La represión masiva que se desata ese día es contra un pueblo entero. Todo el país, de Arica a Magallanes, se transformó en un enorme campo de concentración. Si uno lee el informe Valech se da cuenta que cada poblado, se transformó en un lugar donde fueron reprimidos los campesinos, dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles. La revancha contra los campesinos fue brutal. Hasta la más miserable subtenencia de Carabineros del poblado más remoto se transformó en un centro de detención, de represión y de tortura, y eso es lo más brutal porque la represión fue contra todo el tejido social chileno“, afirma.

“Era un ejército ocupando un país, eso fue lo que hicieron. Con un espíritu de revancha y odio tremendo encarcelaron, torturaron, golpearon, humillaron, asesinaron, y ocuparon todos los métodos de terror contra el movimiento popular que había impulsado las reformas profundas que se necesitaban en este país”, agrega.

– ¿Qué opina de la gente que relativiza las violaciones a los derechos humanos y mantiene una postura negacionista con respecto a lo ocurrido durante la dictadura?

– Es la misma gente que propició el golpe. Es el mismo sector político que recibió dinero de una potencia extranjera para financiar el sabotaje en contra de un presidente. Fueron los mismos que pavimentaron la sedición y que usó a los militares como la mano de gato para sacar las castañas del fuego. El mismo sector que relativiza las violaciones a los derechos humanos son los que propiciaron el exterminio, lo justificaron y lo aplaudieron. Es el mismo sector político que hoy está en el poder y que no solo no ha tenido sanción penal o política, tampoco ha tenido sanción social ni moral, Los mismos personajes que propiciaron el exterminio y lo aplaudieron, siguieron siendo protagonistas políticos durante la transición hasta el día de hoy, que frente a lo que ha pasado, se han desenmascarado en lo que realmente piensan.

Ellos siguen viviendo tranquilamente, siguen profitando de este país, siguen constituyendo la élite rentista del país, siguen usufructuando de los recursos naturales de este país. La transición en Chile se modeló en Chile de tal de dejar de lado el movimiento popular, que fue el que permitió terminar con la dictadura, porque no fue el lápiz y el papel, fue el movimiento popular con sus luchas, día tras día.

– ¿El Partido Comunista fue parte de ese movimiento popular?

– Por supuesto, el Partido Comunista encabezó la resistencia anti dictatorial, no es que haya sido parte de ella, la encabezó desde la tarde misma del golpe militar. El movimiento popular fue el que luchó constantemente para derrocar al tirano, sin ese movimiento, la dictadura no hubiese terminado jamás.

Negacionismo e impunidad

Para la diputada, fueron los pactos de impunidad en que se basó la transición lo que ha permitido que hoy en día la extrema derecha sienta que pueda actuar y negar lo ocurrido durante la dictadura.

“Hoy en día surgen movimientos de corte fascista que son capaces de ir a profanar espacios de memoria como lo que ocurrió en Villa Grimaldi, como también pasó en el memorial de la operación Alfa Carbón en Concepción, en el memorial Meltume, o la otra vez el memorial de Valparaíso que lo inutilizaron y estos sujetos, impunemente se sienten con todo derecho de hacer lo que les dé la gana. Nosotros tenemos que pararlo, tenemos que tomar acciones para detenerlo. El agravio a Villa Grimaldi, no salió casi ninguna autoridad a condenarlo. Piñera debió haber sido el primero, si salió enloquecido cuando le pegaron un par de empujones y patadas a Kast en la universidad de Tarapacá”, señala la abogada.

-¿Debe existir una ley que penalice el negacionismo y la vandalización de espacios de memoria?

-Por supuesto, la institucionalidad chilena es muy pobre en materia de Derechos Humanos. Por eso hoy está en la comisión de Derechos Humanos un proyecto de ley para tipificar el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad, de incitación al odio y enaltecimiento de la dictadura, que los tipifique como delitos. Igual como es en los países desarrollados que han sufrido sistemas de opresión, como lo sufrió Alemania, Francia con la invasión nazi, España que sufrió el franquismo, hasta Suiza tiene una legislación similar.

Carmen Hertz, por su trayectoria en defensa de los derechos humanos, se transformó en la vocera de la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte por su responsabilidad en la entrega de beneficios carcelarios a 7 genocidas. Esto, a pesar del reciente intento de la derecha para removerla de esta acusación por su calidad de víctima de la dictadura. Ella, dice, se mantiene firme en su lucha contra la impunidad.

“La acusación constitucional es un mecanismo que tiene la Cámara de Diputados para ejercer un control político respecto a situaciones como esta. Estos jueces dieron la libertad condicional a 7 genocidas en menos de 24 horas, entonces, a juicio de nosotros, incurrieron en un notable abandono de deberes al no aplicar el orden internacional que es obligatorio para los jueces, por lo tanto esto no es un tema personal como han pretendido algunos, es un deber moral aplicar esta herramienta de control. Aquí el tema no es agradecerle a los ministros lo buena persona que han sido, los ministros administran justicia y en este país, ha sido bien relativa la justicia que han administrado. Esta es una responsabilidad de todos los poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial que no han sabido abordar el tema de los derechos humanos en Chile“, señala la abogada y diputada.

-¿Que opina del apoyo que entregaron abogados de Derechos Humanos a los ministros de la Corte Suprema?

-Yo concuerdo con la queja que ellos hacen, y que ojalá la hubiesen hecho hace tiempo, acerca de la insuficiencia de las políticas de Estado. Pero no concuerdo en que sea necesario recordar el historial de los ministros para saber si la Cámara de Diputados ejerce o no ejerce un mecanismo de control político. Si es por eso, el ministro Valderrama en ningún momento ha impartido justicia. En el Caso Riggs, donde el fue juez, primero estuvo el Ministro Muñoz, después fue Carlos Cerda el que investigó realmente ese caso y que lo sacaron por ello. Luego llegó el ministro Valderrama y fue él que dejó en la impunidad a todo el clan Pinochet y solamente procesó a los jefes de la casa militar y esa causa quedo en nada. Lo que estaba investigando Cerda por la compra ilegal de armas que hizo Pinochet era algo muy delicado, porque Pinochet transformó FAMAE en un holding personal, y en eso Valderrama no hizo ninguna investigación, no hizo nada.

Aquí se está cuestionando una conducta reiterativa en 7 fallos donde se dejó en libertad a criminales de lesa humanidad sin que concurran los requisitos que el orden internacional le hace obligatorio a los jueces, aun cuando la legislación interna no esté adecuada, para entregar beneficios carcelarios. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando. No ejercer la acusación constitucional sería algo inexcusable de parte de la Cámara de Diputados, sobretodo porque esta sala penal, integrada por estos ministros, está en los hechos aplicando la media prescripción, a penas irrisorias de crímenes repugnantes, y además otorgándole libertades condicionales. Entonces en definitivamente lo que se está haciendo son formas de impunidad de las que el Estado tiene absolutamente prohibido de hacer por el orden internacional. No se pueden imponer impunidades enmascaradas, porque cuando tú condenas 5 años por una desaparición forzada, después de 40 años además, y después le das la libertad condicional, eso es impunidad.

Al llegar al memorial a las víctimas de la Dictadura, Carmen Hertz no demora ningún segundo en encontrar la foto de Carlos Berger. Lo recuerda con emoción, como un joven característico de la época: comunista, generoso y comprometido por el bien de los demás. Para Carmen en esa época no había espacio para egoísmos o ambiciones personales, la política era ser parte de un proyecto político revolucionario de cambio en la sociedad y había de estar dispuesto a dar la vida por ello. Carlos era la fiel representación de ese ideal.

“Yo me siento muy privilegiada de haber pertenecido con Carlos a la generación de los 60, que fue una generación que comprometió su vida en un proyecto colectivo de cambio para ser una sociedad mejor. Nuestra vida entera y nuestra existencia estaba dedicada al proyecto político en el que estábamos. Me siento muy privilegiada de haber tenido esa experiencia a pesar de que nos montaron una contrarrevolución. También estoy muy orgullosa de haber sido parte de la resistencia contra la dictadura y de la lucha contra la impunidad”, afirma la diputada.

Mientras terminamos el recorrido, la diputada hace una crítica a como no se ha logrado reparación a las y los familiares de las víctimas. Para ella el tema de los detenidos desaparecidos es un tema país, no de los familiares solamente. “Es una vergüenza que a los familiares se les haya dejado bastante solos en la búsqueda de verdad y justicia“, asegura.

“Estoy decididamente en la lucha contra la impunidad, siempre. En todos los espacios en que me toque estar, voy a estar siempre. No descansaré hasta lograr justicia, como parlamentaria ejerceré los mecanismos que tengo a disposición para luchar contra la impunidad. Y si eres parte de la sociedad civil, participa en las manifestaciones contra la impunidad, siente que esta lucha es parte de lo tuyo. Porque este país no va a tener nada mejor sino se construye sobre soportes de decencia y de reconstrucción moral, cada uno en su lugar tiene la responsabilidad de hacerse cargo de este país”, finaliza la diputada comunista.

El desconcierto / COMCOSUR MUJER Nº 573–17.09.2018
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3) MÉXICO: LYDIA CACHO: REFERENTE DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Desde hace más de una década, Lydia Cacho documenta desde el periodismo de investigación la corrupción y su encubrimiento, de parte de políticos y empresarios que han creado una red de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en México.

Han pasado 13 años desde el 16 de diciembre del 2005 cuando la periodista fue detenida arbitrariamente y torturada. Años en los que ha vivido el acoso, las amenazas, el exilio, las campañas de odio y desprestigio, y todo por una razón, denunciar los abusos del poder político, las redes de pederastas y de trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Han sido también años de demandar justicia ante las instancias mexicanas, de las que, hasta hoy, solamente ha recibido negativas y silencio.

Recientemente el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU determinó que el gobierno mexicano había violado los derechos de libertad de expresión, integridad personal, libertad y seguridad personales y de acceso a la justicia y ordenó al Estado Mexicano a garantizar la justicia, verdad y reparación. Esta es la primera resolución favorable de este Comité y, por lo tanto, la primera en la que se pronuncia sobre violencia por parte de las autoridades contra una mujer periodista.

Por su trabajo, profesionalismo y ética, Lydia ha sido reconocida en 20 ocasiones a nivel nacional e internacional: Premio Human Rights Watch (2007), del Premio Mundial UNESCO “Guillermo Cano” de Libertad de Prensa (2008), Premio ALBA/Puffin al activismo en pro de los derechos humanos (2016), por mencionar algunos.

Su valentía le permite continuar aportando y denunciando las graves violaciones contra niñas, niños y adolescentes que ocurren en México.

Sin duda, Lydia Cacho es un referente de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, en especial los de niñas, niños y adolescentes victimas de redes criminales de explotación sexual.

La Red por los Derechos de la Infancia y ARTICLE 19 reconocen que el trabajo periodístico de Lydia Cacho ha derivado en reconocimiento de la sociedad de un estado sumido en la impunidad y la corrupción en el cual miles de niños y las niñas siguen siendo victimas. El resultado de su trabajo provocó que ella se volviera una sobreviviente de la persecución y violencia del Estado.

Article 19 / COMCOSUR MUJER Nº 573–17.09.2018
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4) MÉXICO: DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA UNAM AUMENTARON 11 VECES EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

En los últimos dos años, el número de quejas presentadas por violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aumentaron once veces (1157%), en comparación con la cantidad registrada durante los 13 años anteriores.

De acuerdo con Mónica González Contró, abogada General de la máxima casa de estudios, entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2016, la UNAM registró un total de 325 quejas por casos relacionados de violencia de género, aproximadamente 1.9 por mes, mientras que, a partir de septiembre del mismo año y junio de 2018 recibieron 456 denuncias, unas 22 mensuales.

En entrevista con Animal Político, la abogada explicó que el incremento de denuncias es resultado de la implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, que permitió a las víctimas identificar de manera sencilla las instancias y los procedimientos necesarios para iniciar una investigación por agresiones en su contra.

“A partir de que se promulgó el Protocolo, que tuvo una difusión muy importante, tuvimos un incremento de más de mil por ciento de denuncias; sin embargo, nosotros no pensamos que haya habido ese aumento de un año a otro, sino que en primer lugar esta herramienta, pero también el ambiente social, han ayudado mucho a que las personas tomen conciencia sobre lo que es un acto de violencia de género”, señaló.

Entre septiembre de 2016 y junio de 2018, la institución registró 485 quejas por violencia de género, la mayoría de ellas por violencia sexual, psicológica, física y acoso. En la mitad de los casos, las agresiones se denunciaron en planteles de Ciudad Universitaria.

Informes Sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM indican que en dos años fueron denunciados 456 presuntos agresores; sin embargo, las autoridades únicamente tuvieron elementos para iniciar un proceso de investigación contra 397 (80%), y finalmente solo se inició un procedimiento formal a 366 de ellos (80.2%)

Contra otros 90 agresores denunciados, entre los que hay alumnos, personal académico, administrativo, de confianza y por honorarios de la universidad, así como personas externas a ella, no hay una investigación, ya sea por el desistimiento de las víctimas o porque no se encontraron elementos en su contra.

Casos que se resuelven con disculpas
Desde que el Protocolo fue emitido por la UNAM, 13 denuncias por violencia de género fueron resueltas a través del procedimiento de “justicia alternativa”, es decir, los agresores obtuvieron el perdón por parte de las víctimas y, en algunos casos, tomaron cursos para identificar conductas agresivas o pagaron las terapias psicológicas de las denunciantes.

González Contó reconoció que no hay medidas preestablecidas de reparación del daño en estos casos, pues esta “depende de las expectativas de la víctima”, pero en general, las sanciones que se dan en este tipo de procedimiento tienen como objetivo “que el agresor pueda entender la magnitud de la violencia”.

Sin embargo explicó la encargada de la implementación del Protocolo, no todos los casos pueden resolverse de esta forma, pues “requieren de situaciones muy específicas, porque si las denuncias involucran conductas que pudieran ser constituidas como un delito, no admiten un procedimiento alternativo, tampoco los casos en los que las víctimas sean menores de edad”.

Para que este tipo de procedimientos se lleven a cabo, la víctima y el agresor tienen que llegar a un acuerdo, lo que se dificulta, dado que muchas de las denunciantes expresan sentir temor.

La abogada aseguró que aunque son pocos los casos que se resuelven por esta vía, estos son “de mucho éxito, porque en primer lugar, la víctima ha logrado sentirse mucho más restaurada, ha logrado sentir que el agresor comprende el daño causado y lo ha reparado mediante distintas vías y, por otro lado, los acusados tienen la posibilidad de entender por qué la conducta que llevó a cabo constituye violencia de género y puede ponerse en los zapatos de la víctima, por decirlo de alguna forma”.

Además de las medidas de justicia alternativa por las que pasan la víctima y el agresor, existen otras prácticas en las que se incluye a toda la comunidad. Mónica González señaló que para restaurar el tejido social del ambiente en el que se dan las agresiones, se ofrecen talleres, círculos de aprendizaje y pláticas en los entornos en los que se desenvuelven los involucrados.

Alumnas desisten de procesos porque “no pasa nada”
Paloma, una estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) es una de las denunciantes que decidió desistir de su acusación contra uno de sus compañeros, quien la acusó de difamación porque supuestamente organizó actos de denuncia en su contra dentro de las instalaciones universitarias.

La joven de 18 años relató a Animal Político que en marzo pasado, Miguel “N”, también estudiante de la FFyL, fue acusado por dos de sus amigas por agresiones sexuales: una de ellas denunció que la violó, y la otra dijo haber sido víctima de abuso sexual.

Ambas señalaron a Miguel “N” en un acto público dentro de las instalaciones universitarias y días después, en las paredes de la facultad aparecieron carteles donde se acusaba a Paloma de ser la autora de las denuncias contra su compañero.

Paloma fue notificada por una abogada de la Unidad de Género de la UNAM de que había sido denunciada ante el Tribunal Universitario por difamación contra Miguel “N”. Por este motivo ella interpuso una queja contra su compañero, por violencia de género.

“Pedí que activaran el Protocolo por esa difamación en marzo de 2018 y empecé a ir a declarar ante las autoridades de la UNAM sobre lo que había pasado, aunque para mí era muy difícil, porque las dos compañeras agredidas eran mis amigas. Tuve que ir varias veces con una abogada a repetirlo todo, aunque me destruía emocionalmente, hasta que un día le pregunté que qué iba a pasar con el agresor y ella me dijo que no le iba a pasar nada”.

De acuerdo con la joven, la abogada de la universidad le explicó que “lo único que podía pasar era que platicaran con mis compañeros de carrera y con profesores para que no volvieran a pasar esas cosas”.

Además de Paloma, en los últimos dos años cinco personas que iniciaron una queja por violencia de género en la universidad decidieron desistirse de su denuncia.

En algunos casos, las víctimas denuncian que, aunque a partir de la investigación de los casos se comprueba que existen actos de agresión, los culpables son disculpados por las autoridades universitarias, quienes reducen las sanciones.

En febrero de 2018, Judith, una trabajadora sindicalizada de la UNAM, denunció a uno de sus compañeros en el Instituto de Investigaciones Sociales por agredirla físicamente. Aunque las autoridades universitarias inicialmente determinaron que Octavio debía ser despedido, después, “en consideración de su trayectoria laboral”, cambiaron su sanción por una suspensión de ocho días.

De acuerdo con la investigación en la UNAM, existieron pruebas suficientes de que el trabajador incurrió en actos considerados como violencia de género contra Judith, como “comentarios obscenos, contactos físicos indeseados, violencia verbal y física, etcétera, dentro del establecimiento o puesto de trabajo donde presta sus servicios”.

Sobre este caso, la UNAM informó que el caso sería revisado por la abogada general, en su calidad de responsable de la aplicación del Protocolo.

Según los informes de la propia universidad, en 59 de los casos registrados en dos años, los agresores interpusieron un recurso de reconsideración o inconformidad por las sanciones que se les impusieron. En cuatro de los casos, el castigo fue revocado, y en otros cuatro casos, como el de Judith, éste se modificó.

Consultada sobre estos casos, Mónica González explicó que “dentro de los procedimientos hay distintas instancias universitarias que contempla la universidad, como parte del debido proceso. Entonces, efectivamente, hay personas que se inconforman ante la Comisión de Honor del Consejo Universitario, quien revisa la decisión del Tribunal”, y en ocasiones modifica las sanciones.

González Contró dijo que, ante estas situaciones, lo que la Oficina de la Abogada General espera es que “estas instancias, que son completamente independientes, determinen confirmar las resoluciones que establecen la sanción”.

Exigencia de investigar violencia de género, “muy oportuna”
La atención a casos de violencia de género en instalaciones universitarias ha sido una de las demandas planteadas a las autoridades de la UNAM por el movimiento estudiantil surgido después de las agresiones a alumnos del CCH Azcapotzalco el pasado 3 de septiembre.

Para la abogada General, esta demanda es “muy oportuna, porque la violencia de género es un problema que la universidad ha decidido enfrentar y darle la cara desde hace dos años, por eso es importante el número de denuncias”.

Mónica González hizo un llamado a la comunidad universitaria “a que denuncien y presenten sus quejas en canales institucionales, porque de otra forma la universidad no tiene la posibilidad de sancionar”.

Acerca de las denuncias que las alumnas y académicas de la UNAM realizan en actos públicos o a través de redes sociales, dijo que, cuando ellos se enteran que existen, “tratamos de contactar a las víctimas para pedirles que presenten su queja, porque si no nosotros no podemos sancionar”.

La funcionaria reconoce que “sin duda falta muchísimo por hacer, porque desafortunadamente el contexto cultural de nuestro país no ayuda mucho y la violencia de género está muy normalizada”.

Aunque dijo, por ello es que la institución “aspira a cambiar la forma en la que mujeres y hombres nos relacionamos mujeres y hombres, para que los agresores, que en el 96.5% de los casos son varones, entiendan que ciertas conductas son violencia de género, que son discriminatorias contra las mujeres y que impiden su desarrollo en la vida universitaria”.

Animal Politico / COMCOSUR MUJER Nº 573–17.09.2018
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5) TARCILA RIVERA: “LAS MUJERES INDÍGENAS TENEMOS QUE CONSTRUIR NUESTRO PROPIO CONCEPTO DE FEMINISMO”

Nació rebelde, dice. Por influencia de su abuelo, Santos Zea, el gran salvaje, que amenazó al hacendado con la hoz en el pescuezo y le dijo que él solo trabajaba gratis para Dios. O de su madre, mujer libre, trabajadora, que también gozaba de las fiestas. Tarcila Rivera Zea es quechua, de Ayacucho, de una comunidad heredera de la civilización chanca, que a pedradas expulsó a los incas de su territorio. “La historia nos presentó como los salvajes. Pero yo creo que solo estábamos defendiendo nuestros derechos”. Lo tiene claro.

Nos recibe en las oficinas de Chirapaq, la asociación que formó hace 30 años para trabajar por la cultura y la identidad de los pueblos originarios. Recibe una llamada telefónica desde Bolivia. Son días ajetreados, tiene que preparar su inminente viaje a las Naciones Unidas en Nueva York, donde es la voz de la experiencia de los pueblos indígenas. Subimos a su apartamento en el mismo edificio del céntrico barrio limeño de Jesús María. Luminoso, como ella, y con paredes y estanterías repletas de arte tradicional peruano. Su mirada es la de una sabia y así la han reconocido varios organismos.

Inspirada por el movimiento indígena y el feminismo, Tarcila Rivera Zea es hoy un referente en la lucha por los derechos de los más de 45 millones de indígenas que residen en Latinoamérica. Siete millones en Perú, su país. Nos habla de feminismo indígena y de alternativas de resistencia en un Perú cada vez más globalizado y aún conmovido por el reciente indulto al exdictador Alberto Fujimori.

“Los indios no tienen derecho a tener derechos”, afirmaste un tiempo atrás. ¿Los tienen ahora?
Ahora somos más conscientes de nuestros derechos. En los 90, nos veían como algo muy folclórico, pero ahora los pueblos indígenas nos hemos convertido en un peligro para el sistema. Les hablo aquí con toda transparencia y tranquilidad, pero recién a los 42 años fue cuando pude hablar en público y reconocer que era indígena y quechua-hablante.

¿Por qué?
Por mi condición étnica, de género y cultural. A las mujeres indígenas nos consideran menos, nos ven como atrasadas, nuestra cultura no vale. Nos han dañado totalmente la autoestima. Por eso, en 2001 las mujeres indígenas definimos que la peor forma de violencia era el racismo.

¿Fue esa discriminación en tu país la que te llevó a defender los derechos de los pueblos indígenas?
Sí. Las mujeres andinas, aimaras, quechuas o amazónicas nos hemos socializado con la cultura de fuera a través del servicio doméstico. Ese fue mi caso. De niña mi familia me mandó a Lima a trabajar, pero yo quería estudiar más que ganar dinero. Un día, la señora de la casa me arrinconó en la pared y me preguntó: “¿Por qué quieres seguir estudiando? Estudies o no, siempre serás una indiecita”. Le dije: “Sí, pero una indiecita que sabe”. Terminé la secundaria y entré a trabajar en el Instituto Nacional de Cultura, donde se marcó mi identidad. En los 80 hubo un encuentro en Perú de pueblos indígenas y como no había ninguna otra india, me mandaron a mí. Fue ahí donde me enrolé al movimiento indio. Pero como mujer tuve mis problemas: los hombres querían que me fuese, me querían obligar a renunciar.

Nos ha costado a las mujeres indígenas entender el feminismo desde las otras y entender si nosotras somos o no feministas. Entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que construir nuestro propio concepto de feminismo, desde nuestras propias referencias

En esa época, hablar de igualdad de género en el movimiento indio sería aún más revolucionario.
En aquellos años me decían que era una feminista. Eso no gustaba a los líderes varones indígenas, porque decían que no había problemas de género en el movimiento, que todo eso era occidental. Yo como mujer siempre estaba en un espacio. Como indígena, en otro. Pero al mismo tiempo iba juntando mi rol como indígena y como mujer hasta desarrollar, ahora lo puedo decir, una visión más amplia del ser mujer que lucha por los derechos humanos, sin dejar de lado el desequilibrio que hay en las relaciones dentro del mundo indígena entre hombres y mujeres, niñas y niños. Que las mujeres indígenas participásemos del movimiento mixto nos permitió tomar mayor conciencia de nuestra posición, capacidad y problemas.

¿Cómo entiendes el feminismo desde la cosmovisión andina?
Una vez yo dije en una reunión en España: yo no sé si soy feminista o no, porque cuando yo digo una cosa, ustedes dicen que eso no es correcto. Nos ha costado a las mujeres indígenas entender el feminismo desde las otras y entender si nosotras somos o no feministas. Entonces llegamos a la conclusión de que tenemos que construir nuestro propio concepto de feminismo, desde nuestras propias referencias. Aprendí de un anciano de Ollantaytambo que en nuestro pueblo y en nuestra vida las cosas valen cuando están en su punto de equilibrio. El desequilibrio es el equivalente a los problemas de género en nuestro mundo. Nuestra prioridad son los derechos colectivos, los derechos de territorio como pueblo y luego los derechos individuales. Hace poco una feminista que fue miembro del CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) me dijo: tú hablas de derechos colectivos, pero eso no es para todas. Y yo le dije: claro que sí, porque tus derechos colectivos son tener un ambiente sano que respirar en tu colectividad, ese es un derecho colectivo. Se quedó muda.

Bueno, hay muchos feminismos.
Hay mucha necesidad de escucharse mutuamente y nosotras de perder el miedo a hablar y sostener nuestros puntos de vista. Mi inspiración no solo está en las indígenas, también en otras feministas.

¿Cuál es el papel de la mujer en el movimiento de los pueblos indígenas?
En Guatemala, Perú y Colombia, las mujeres han estado delante en la defensa ante toma de tierras o por recuperación de tierras invadidas, expropiadas. Las indígenas tenemos esa cosa tan fuerte relacionada con la vida colectiva que olvidamos nuestro ser individual. Puede ser porque nos criaron diciendo que tenemos que parir, que somos la expresión de la madre tierra y que generamos vida y que por lo tanto cuidamos y amamos la vida. Este concepto nos lleva a otra diferencia con el feminismo occidental, la maternidad y el derecho al aborto en sí, donde estamos más por la educación y la prevención. Ahora las mujeres de nuestras comunidades permiten que sus hijas reciban información para no tener los ocho hijos que antes se tenían.

A casi 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, donde participaste, ¿qué opinas sobre la evolución en materia de derechos de mujeres indígenas?
Beijing para nosotras es un hito. Nosotras veíamos el feminismo como un movimiento solo de académicas o de mujeres de clase alta. Para las indígenas fue muy difícil ser escuchadas, en cambio ahora están estudiándonos, están mirándonos. Justamente en el Beijing +5 fue la primera vez que hicimos una mesa con mujeres indígenas y feministas para hablar sobre la diferencia entre derechos individuales y colectivos. Tuvimos que aprender lo que significaban los derechos individuales y ahora podemos decir que, junto con los colectivos, se complementan y son inseparables. En estos años, hemos ido avanzando en el plano local y al mismo tiempo inspirando otras posibilidades a nivel internacional. Formamos el Enlace Continental de Mujeres Indígenas y, a partir de ahí, de cara al nuevo milenio, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas.

¿Cuáles son las prioridades del feminismo indígena?
La primera es el cumplimiento del derecho colectivo a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, porque es el espacio desde donde nos desarrollamos. La segunda tiene que ver con los derechos a no ser violentadas: ni en el territorio, porque estamos contra las guerras, expropiaciones y avasallamientos, ni en nuestros cuerpos.
Nosotras ya no hablamos de violencia, hablamos de violencias. Otras prioridades son el desarrollo económico, la educación, la salud y la participación política, desde la comunidad y hacia arriba. Y muy importante, todo lo vemos de forma intergeneracional.
Ahora, cuando hablan de reparación y justicia, la ley obliga a demostrar dónde está tu familia desaparecida. Si no encuentras la tumba, no tienes justicia ni reparación

¿Desde el conflicto armado interno del Perú, donde recopiló testimonios de víctimas de violación, el estado peruano ha brindado verdad, justicia y reparación para las víctimas?
No como se debe. En el 84, cuando todo el mundo estaba con la boca cerrada, era en el movimiento indio donde recibíamos testimonios de gente terriblemente masacrada, de mujeres que habían sido violadas en la cárcel y habían tenido hijos. Nos los mandaban en casetes grabados en quechua, yo los traducía y los reproducía con pseudónimo. Ahora, cuando hablan de reparación y justicia, la ley obliga a demostrar dónde está tu familia desaparecida. Si no encuentras la tumba, no tienes justicia ni reparación. No hay programa que cure las heridas de todo lo que vivieron las comunidades que sufrieron la violencia de los terroristas por un lado o de los militares por otro.

Tras el indulto de Fujimori el pasado diciembre, renunciaste al Consejo del Ministerio de Cultura. ¿Qué supone este indulto para la lucha por los derechos humanos en Perú?
Fue una decisión totalmente equivocada del presidente. Cada vez que pienso que el indulto significa que le perdonaron todo, me da más indignación. No le puedes perdonar todo. Lo humanitario tiene también sus límites. Yo le hubiera dado cadena perpetua domiciliaria porque si no cualquiera puede hacer cualquier cosa. ¿Dónde está la justicia?

En el contexto actual de globalización y desarrollo económico neoliberal, ¿qué alternativas de resistencia le quedan a los pueblos indígenas en Latinoamérica?
El movimiento indígena tiene que afrontar el desafío de no ser un movimiento aislado, tiene que convocar a la sociedad civil. Aislados corremos el riesgo de no llegar a ningún lado. El problema es el sistema. La lucha por el agua no podría ser solo la lucha de una comunidad que está cerca del río, tendría que ser una lucha de la sociedad porque de ahí viene el agua. Los indígenas tenemos que mirar más allá y compartir, y los otros tienen que comprender que sus derechos específicos tienen relación con los derechos de los demás. Tenemos bastante avanzado en instrumentos y herramientas de derecho internacional que no se implementan en el plano local. En los países tenemos muchas leyes que no se respetan. Hay que buscar una alternativa de desarrollo sostenible. Acabo de regresar de Bolivia, que tiene el gran desafío de demostrar que se puede desarrollar economía desde adentro sin tener que competir con las grandes potencias. Una economía que permita la vida de las siguientes generaciones.
La competencia por quien acumula más es lo que nos va a matar, y Occidente está en ese plan

¿Y en Perú?
En Perú, las tierras se han puesto al libre mercado, se están entregando a los grandes agronegocios. Nos falta bastante porque no tenemos partidos políticos que representen ideologías, aspiraciones reales de los peruanos. Hay una necesidad de diálogo entre las empresas, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Se deben poner condiciones y estándares de respeto de los derechos humanos a las transnacionales que invierten aquí, se deben pedir todas las garantías para que luego no haya conflictos sociales por la inversión. Pero nuestro problema es que tenemos gobernantes corruptos que en el momento de la negociación no defienden los derechos de su pueblo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas en Perú es la biopiratería, se llevan todos nuestros recursos genéticos sin pagar. El Estado no los protege. Todo esto tiene que ver con la ética en el ejercicio del poder y la ética en el ejercicio de la empresa. Y el Estado peruano es el primero que tendría que poner condiciones. Que vengan los que acepten.

¿Qué es lo que debería aprenderse de los pueblos indígenas?
Hay gobernantes que toman la filosofía indígena en sus discursos, pero eso es peligroso porque no la cumplen. ¿A dónde vamos como humanidad? Lo primero es definir qué significa garantizar la vida de la humanidad, de qué va a vivir esa humanidad y en qué condiciones. Los pueblos indígenas pervivieron a través de los siglos con una filosofía de respeto entre ellos y de respeto con lo que se tiene en el entorno. Por ejemplo, la inversión de Occidente en investigación científica tendría que servir para mejorar la calidad de vida, para cuidar la vida de los alimentos. La competencia por quien acumula más es lo que nos va a matar, y Occidente está en ese plan.

El Salto / COMCOSUR MUJER Nº 573–17.09.2018
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“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” Luis Pérez Aguirre
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