COMCOSUR MUJER
Fundado por Yessie Macchi
AÑO 11 – No. 420 / Miércoles 2 de julio de 2014
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2014
Coordinación y búsqueda: Beatriz Alonso, Cecilia Duffau y Carlos Casares
Síguenos en facebook
_________________
"Hay que dar vuelta el mundo. Cada lágrima que corre allí donde podría haber sido evitada, es una acusación…” Rosa Luxemburgo
_________________
NOTICIAS
BOLIVIA
1) CENTROS DE SALUD DEBEN REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
BRASIL
1) ¿LA PROSTITUCIÓN ES UNA OPCIÓN LIBRE?
INDIA
1) LA VIOLACIÓN Y ASESINATO DE NIÑAS NO DEBE QUEDAR IMPUNE
MÉXICO
1) LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS ES UNA “EMERGENCIA NACIONAL”
PARAGUAY
1) INUNDACIONES DESPLAZAN HISTORIAS Y SUEÑOS
TEMAS DE COMCOSUR MUJER
I – URUGUAY: 27 DE JUNIO A 41 AÑOS MEMORIA PARA RESISTIR
AUNQUE EL CÁNTARO SE ROMPA…
II – AMÉRICA LATINA: EL FEMINISMO REACTIVA LA LUCHA
CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
III – ARGENTINA ABORTO: LAS MUJERES PRIMERO
ENTREVISTA A LA DOCTORA STELLA MARIS MANZANO
IV – EL SALVADOR: SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES PRESAS
POR DELITO DE ABORTO
_____________________________
BOLIVIA
1) CENTROS DE SALUD DEBEN REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
Todos los centros de salud tienen la obligación de informar a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) acerca de pacientes que fueron víctimas de agresiones físicas.
La directora de la Unidad de Género y Generacional de la Alcaldía de Cercado, Raquel Melgar, dijo que los médicos y enfermeras están preparados para reconocer las lesiones a causa de golpes y de armas blancas.
Aseguró que hasta la fecha no existe ningún registro sobre denuncias realizadas por personal de salud.
Mencionó que la violencia, que se desata en contra de las mujeres en diferentes escenarios como el hogar, las fuentes laborales y la calle, termina en las salas de emergencias. Las historias más dramáticas tienen un final fatal, mencionó.
La solución a la problemática vigente debe ser integral y tienen que estar comprometidas, en la solución, las autoridades departamentales y municipales, aseguró.
Se deben implementar acciones de prevención, atención y protección para afrontar y reducir los casos de agresiones. Las tareas deben estar acompañadas con recursos económicos, concluyó.
Opinion.com.bo / Enviado por RED ADA/ COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
_______________________
BRASIL
1) ¿LA PROSTITUCIÓN ES UNA OPCIÓN LIBRE?
Prostituta. ¿Por qué? Socióloga señala factores y consecuencias de la profesionalización de la prostitución
¿Una persona elige prostituirse? ¿La prostitución es una opción libre? La respuesta a esta pregunta es susceptible de muchas opiniones e incluso, condenaciones pueden ser parte de la repuesta. La prostitución cruza la historia siendo una realidad polémica en todos los campos.
En tiempos de Copa del mundo y con sus ojos abiertos al turismo y la explotación sexual, la Pastoral Nacional de la Mujer Marginada (PMM) se manifestó públicamente en ocasión del día de la Prostituta, 02 de junio. La fecha fue establecida después de una manifestación en Lyon, Francia, en 1975.
"150 prostitutas francesas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier en Lyon. Protestaban contra las multas y arrestos que estaban sufriendo y por las muertes de sus compañeras de profesión que no fueron investigadas. Este gesto fue una "guerra contra el rufianismo", actividad que explota la prostitución ajena. Ellas obtuvieron apoyo de la población y fueron fuertemente reprimidos por la policía, pero entraron en la historia”, recuerda Sueli Aparecida da Silva, socióloga y coordinadora nacional de la PMM.
"Queremos llamar la atención sobre este día, no es un día de fiesta, de idealizar la prostitución, de confirmación de la profesión de prostituta. Entendemos que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres", continúa Sueli.
A partir de la experiencia cotidiana con las mujeres en situación de prostitución, la PMM afirma que la gran mayoría de ellas no la ejercen por una opción propia. "La prostitución fue, de alguna forma, la única manera de salir de un problema del momento. Intervienen muchos factores psicosociales y no puede considerarse una libre elección ", dice la socióloga. Sueli explica que cuando consiguen salir de la prostitución, las mujeres hacen todo lo que pueden por no regresar a ese espacio.
Hasta qué punto la prostitución debe ser una profesión regulada es otra discusión en la cual esta inserta la PMM. El proyecto de ley nº 4.211, del 2012, elaborado por el diputado federal Jean Wyllys, busca la reglamentación de la prostitución, pero este no es el primero, otros han estado en trámite, según la Pastoral.
Siempre hemos sostenido que la profesionalización no trae beneficios a la mayoría de las mujeres. No es un trabajo como cualquier otro. La prostitución es el resultado de un fenómeno social más amplio y no puede ser caracterizada como un trabajo que da dignidad al ser humano", expresa Sueli
En Brasil, la prostitución no es un crimen, pero la industria del sexo sí, es decir, las casas de explotación no reguladas. "Tener un sueldo y contrato de trabajo no garantiza que la mujer sea libre. Ella podría ser obligada a ser una esclava sexual, teniendo que cumplir con un horario agotador o tener un número de programas que va más allá de su condición física”, explica la socióloga.
Se destacaron otras dificultades, como la contratación de mujeres, después de que hayan decidido abandonar la prostitución, el moralismo social y falta de respeto. "La mayoría de las mujeres, evita que sus familias y sus amigos sepan cómo están viviendo", continúa la coordinadora de la Pastoral, que trabaja en tres frentes principales: con las mujeres esa situación de prostitución; con el enfrentamiento al abuso y la explotación sexual o comercial de los niños y adolescentes; y contra el tráfico de mujeres, niños y adolescentes con fines de explotación sexual.
Así, la supuesta profesionalización de la prostitución no iguala socialmente el papel de las personas que se están prostituyendo, al de los trabajadores de otras áreas. Sueli enfatiza que "usar de la sexualidad para reunir recursos es una forma de lesionar los buenos comportamientos sociales y pone a las mujeres en condiciones socialmente difíciles.
En la prostitución, la mujer no tiene derecho a ser persona, ella siempre es vista como la "puta", la "prostituta", la "sinvergüenza", la de "vida fácil" o religiosamente hablando, "la pecadora", pero nunca como una mujer ".
Directamente con ellas
La PMM trabaja directamente con las mujeres que se encuentran en situación de prostitución, realiza contactos semanales, visitas en plazas, calles, clubes nocturnos, hoteles y otros lugares donde se reúnen. Promueve su acogida en las sedes de los equipos de base de la PMM. La orientación y referencia de las mujeres a la profesionalización a través de calificación personal y profesional, teniendo como base la economía solidaria y la generación de ingresos es también un frente de acción de la Pastoral. Indirectamente, la Pastoral trabaja la sensibilización social sobre la realidad de las mujeres en la prostitución, la necesidad de luchar contra la trata de personas con fines de explotación sexual y contra el abuso y la explotación de niños y adolescentes.
Testimonios
"Fui violada por mi tío… [estaba ahí] para tener algo que comer. Vivía en su casa, cuando mi tía salia, me obligaba a tener sexo con él. Yo tenía nueve años. Después fui a la vida de la calle. Tenía 16 años, un cliente me llevó a su casa, llamó a seis hombres y les dijo que podían hacer lo que quisieran conmigo, porque yo era una p… Hicieron todo conmigo. Yo estaba embarazada y perdí al bebé, hasta hoy me duele tanto recordar". (Raquel, 29 años)
"Fui a la Luz y, en ese momento, tenían un plan de 'higiene'. La policía me llevó varias veces a la celda, con acusaciones de"vaga de la calle”. Allá, nos ponían a barrer, limpiar. De vez en cuando, un policía 'avispado' abusaba de nosotras, y nos liberaba después de eso. Pero siempre ofendía, decía que yo era realmente una p… Un día, un policía me violó con una porra . Casi me muero del dolor". (Celiane, ex prostituta)
"Yo viví en un burdel en que la dueño era muy mala. Ella sólo quería nuestro dinero. No podíamos parar de atender clientes ni cuando los programas estaban menstruando. Cuando yo estaba menstruando, me dio un rollo de algodón. Había una chica que vivía en esa casa y bebía mucho. Cuando ella estaba borracha, la dueña ponía a dos clientes en el cuarto con ella. Recibió el dinero y no entregaba nada a la muchacha". (Cris, 26 años)
"Nunca me presenté como una prostituta. Quedé seis años en la Luz. Mi familia nunca supo, puede que sospecharan, pero si me preguntaran, lo negaré hasta la muerte. Nunca sufrí violencia. Estar en la prostitución ya es violencia. Entregar la intimidad por dinero es demasiado violento. Nunca vestí ropa corta, iba a trabajar con una camiseta y pantalones jeans. Pero todo el mundo asocia la prostitución con la desvergüenza y falta de carácter." (Carina, de 37 años)
Adital / Jornal O SÃO PAULO / COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
________________________
INDIA
1) LA VIOLACIÓN Y ASESINATO DE NIÑAS NO DEBE QUEDAR IMPUNE
Los cadáveres aparecieron colgados de un árbol, un espantoso recordatorio de la violencia que sufren las mujeres en India. Amnistía Internacional (AI) ha puesto en marcha una campaña para exigir a las autoridades de la India que adopte las medidas necesarias para acabar con la violencia sexual que sufren millones de mujeres y niñas en el país.
Las niñas, que eran primas y tenían 14 y 16 años, desaparecieron el 27 de mayo por la noche, cuando fueron al campo a hacer sus necesidades en Badaun, en el estado de Uttar Pradesh. Ante su prolongada ausencia, el padre de una de ellas acudió a la policía local para que le ayudaran a buscarlas, pero los agentes que estaban de servicio se negaron a registrar y a investigar su denuncia y, además, lo abofetearon. A la mañana siguiente, aparecieron los cadáveres de las niñas, colgados de un árbol cerca de sus casas. Las autopsias indican que las violaron en grupo y las estrangularon.
Según AI tres son las claves de este brutal caso:
Las mujeres -y especialmente aquellas pertenecientes a castas inferiores-, sufren múltiples grados de discriminación y violencia. En muchas ocasiones se utiliza la violencia sexual contra las mujeres y las niñas de castas inferiores como instrumento político para la consolidación en el poder de miembros de castas dominantes.
Los delitos de violencia sexual no suelen registrarse ni investigarse debidamente, los índices de condena son bajos y hay un gran número de casos pendientes.
La falta de dotaciones sanitarias adecuadas en India supone una amenaza para la seguridad de millones de mujeres y niñas que tienen que salir de sus casas para hacer sus necesidades, lo que las hace vulnerables.
Posteriormente se han reportado otros casos de mujeres con signos de violación y cuyos cadáveres también han aparecido colgados de un árbol en el mismo estado de Uttar Pradesh, en el norte de India.
La organización ha puesto en marcha una campaña ciudadana para exigir a las autoridades de la India que adopte las medidas necesarias para acabar con la violencia sexual que sufren millones de mujeres y niñas en el país. Para firmar la petición: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/india-violacion-asesinato-ninas-jun14/?pk_campaign=rs&pk_kwd=fbk-ciber-india-ninas-18jun
AmecoPress/ COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
_____________________
MÉXICO
1) LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS ES UNA “EMERGENCIA NACIONAL”
La violencia en las escuelas es una “emergencia nacional” porque el “bullying” es parte de la violencia estructural y social y de la violencia que se vive en las familias, pasando por la violencia de género, sostiene la psicóloga social Alba Luz Rascón Paredes.
También para las y los jóvenes la percepción de violencia es diferente. En las escuelas a los hombres les es difícil considerar violencia la forma en que se relacionan.
Pero las mujeres, inmediatamente cuando hacemos el diagnóstico dicen “aquí hay mucho ‘bullying’, aquí hay mucha violencia, hay mucho desorden, no podemos ni trabajar, no podemos realizar ningún proyecto, ni siquiera académico, porque es un desorden generalizado.
” Rascón Paredes, quien desarrolla un programa con jóvenes de preparatoria, opina que la peor parte la llevan las jóvenes por el “desempoderamiento”, pues ellas no se sienten capaces de imponer un orden.
Ni sus súplicas, ni sus reiteraciones son atendidas por los jóvenes. Establecer relaciones violentas es una manera también de divertirse para los adolescentes.
Egresada de la UNAM, Alba Luz Rascón comparte que en los diagnósticos con jóvenes aparece mucha soledad, la depresión es muy alta en el estado de Sonora.
Hay una perversión al decir que todo es “bullying”, porque dejar a las adolescentes embarazadas también es machismo, es violencia de género, explica. El “bullying” y todas las formas de violencia escolar son un reflejo de lo que hay afuera; los jóvenes están emulando los modelos existentes.
Agresiones Físicas
“Rosa”, una madre de familia, cuenta su experiencia como víctima de la violencia escolar que volvió a su hija una discapacitada visual.
Eran las 7 de la mañana de cualquier día y decenas de padres y madres acudieron a dejar a sus hijas e hijos a la secundaria Altares del Colegio de Obregón, en Hermosillo.
A “Claudia” le pasó lo que a las “víctimas colaterales”, término para muchos insultante y utilizado por Felipe Calderón. En los primeros 10 minutos de su entrada al salón, un niño “jugaba” con otro.
De pronto, como si fuera un dardo, lanzó una regla tipo escuadra con tal fuerza como para no errar el golpe contra el otro niño. El destinatario la esquivó, pero “Claudia” levantó su cabeza para mirar al frente y recibió en el ojo el impacto de una de las esquinas de la escuadra.
Las y los niños avisaron a la maestra –quien estaba ausente– de los hechos. En la dirección, la niña recibió los primeros auxilios, pero no se llamó a una ambulancia. Sólo se avisó a su madre.
Pasaron minutos valiosos en los que “Claudia” no recibió la atención adecuada de acuerdo con la gravedad del daño.
Con la póliza del seguro escolar en mano y sin la compañía de alguna autoridad de la escuela, la madre partió con su hija, sola, a una clínica particular.
El oftalmólogo dijo que era tal la hemorragia que no podía ver hasta dónde estaba el daño. Luego practicó una cirugía sólo para cerrar la herida, pues ésta no permitía que parara el sangrado e impedía un estudio más profundo.
Tras otra operación, se confirmó el temido diagnóstico: había desprendimiento de retina, y su lente natural, el cristalino, ya no servía. “Claudia”, de 12 años, dejó la escuela.
El colegio se hizo cargo parcialmente de los gastos, pero nunca dio apoyo moral ni seguimiento a la recuperación de su ex alumna.
A través de su abogado, la escuela dijo “haber cumplido” con pagar el reembolso de algunos servicios, pero no asumió su responsabilidad ante el ambiente escolar proclive a la violencia.
Sin estrategias
En la desaparecida página www.escuelasparalaequidad.org se podían consultar dos documentos publicados por el gobierno federal en coordinación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, en los que se planteaban medidas contra el acoso escolar.
En “Servicio de apoyo a personas en situación de violencia en el ámbito escolar” se habla de un tratamiento integral entre todos los actores. El otro estudio, “Abriendo escuelas para la equidad”, define un proyecto para prevenir, atender y disminuir la violencia en escuelas secundarias públicas desde una perspectiva de género y con una visión integral.
Ambos se editaron en 2011 y sólo se implementaron en los estados de Chihuahua, Durango, México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca y Puebla.
En Sonora se publicó el “Manual de prevención y atención a la violencia en el entorno escolar desde una perspectiva de género”, elaborado por Rosario Román Pérez y editado por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y el ayuntamiento de Hermosillo en 2012, sin que a la fecha haya registro de su aplicación y evaluación.
En 2012 la SEP y la Secretaría de Seguridad Pública editaron el “Manual de seguridad escolar, recomendaciones para protegernos de la inseguridad y violencia”, como parte del programa “Escuela Segura”, enfocado a la violencia exterior pero sin mencionar la perspectiva de género.
Hace menos de una semana se dio a conocer la página www.acosoescolar.sep.gob.mx, en la que se pueden denunciar casos e informarse sobre el llamado “bullying”.
Estamos ante la presencia de una transmutación de la violencia social hacia el interior de las escuelas, por lo tanto, el ambiente escolar se ha trastocado para convertirse en un sitio inseguro, advierte la psicóloga Alba Luz Rascón Paredes.
Agrega que las niñas son víctimas de golpes, acoso sexual, insultos y “bullying” por no responder a la imagen estereotipada de belleza femenina diseminada por los medios de comunicación y avalada por la sociedad.
Niñas y niños son capaces de prohibir el paso al baño escolar o algún otro espacio, para solicitar dinero u otro producto como si fueran extorsiones. Las niñas son grabadas en video peleando entre ellas, emulando a las luchas entre mujeres que tanto divierten a los adultos. “Estamos pues, ante una verdadera emergencia nacional”, alerta la especialista.
CIMAC / COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
_______________________
PARAGUAY
1) INUNDACIONES DESPLAZAN HISTORIAS Y SUEÑOS
Las más impactantes inundaciones en la historia de Paraguay se saldan por ahora con más de 300.000 personas evacuadas. Asunción, el área más afectada, y otras zonas urbanas y rurales quedaron bajo las aguas de los ríos Paraguay y Paraná, en un anticipo de lo que podría suceder cuando comience a actuar el fenómeno de El Niño.
“Perdí todo ahí, tenía mi tallercito y no quedó nada, solo saqué mis herramientas”, dijo a IPS uno de los damnificados, Antonio Esteban Michal, mientras trata de arreglar un televisor junto a las cuatro paredes de madera y chapa que levantó como refugio para su familia, frente al Congreso legislativo, tras lograr salir del barrio de la Chacarita.
“El principal problema es el agua para tomar, cocinar, bañarse”, comentó.
Y lo peor es que las aguas del río Paraguay podrán ascender de nuevo en breve, tras alcanzar el nivel histórico de 7,19 metros en el puerto de Asunción, lo que empujó las aguas al interior de la ciudad tras anegar completamente los barrios bajos de la ribera, donde los botes se convirtieron en la única forma posible de transporte.
“Solo tengo ganas de llorar pero me aguanto, tengo que ser fuerte y seguir trabajando porque esta crecida dejó sin trabajo a mi marido”: evacuada Myriam Agüero.
Las intensas precipitaciones no solo inundaron Paraguay, sino regiones de la cuenca del Paraná en Argentina y Brasil. En Argentina los evacuados son al menos 12.000 y en Brasil están en torno a los 50.000 y las autoridades de los dos países alertan que la situación empeoraría porque se pronostican más lluvias en breve tiempo.
En Paraguay las cifras oficiales, inferiores a las de organismos locales e internacionales, sitúan en más de 15.000 familias las desplazadas por las inundaciones. En esta capital de 514.000 habitantes, más de 60.000 personas debieron dejar sus viviendas e instalarse en campamentos, en predios de las fuerzas militares o en espacios públicos.
Alejandro Max Pastene, del departamento de Climatología de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidráulica, dijo a IPS que junio, cuando comenzaron las lluvias intensas, julio y agosto son habitualmente meses secos en el país.
Así que cuando llegue la época normal de lluvias, de octubre a marzo, “no habrá dado tiempo a bajar el nivel del río”.
Además este año, recordó, “las lluvias desde octubre van a ser especialmente intensas por efecto de fenómeno meteorológico El Niño/Oscilación del Sur”. Este produce cuando aumenta la temperatura superficial del agua en las áreas oriental y central del Pacífico ecuatorial.
Pastene explicó que el nivel crítico de inundación del río de Paraguay es de 5,5 metros, casi dos metros menos que su actual cota de 7,19 metros. “Solo en un día, el 27 de junio, llovió el equivalente a un mes”, dijo Pastene.
Quienes poblaban barrios precarios, como el Bañado Sur, Tacumbú y la Chacarita, debieron hacerlo prácticamente sin ayuda alguna.
En los improvisados refugios en áreas públicas, los damnificados sobreviven hacinados entre construcciones levantadas con madera, plásticos y chapas. El agua potable y los servicios sanitarios son su repetida mayor carencia.
El director de Operaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Aldo Zaldívar, reconoció a IPS que la situación desbordó todas las previsiones y que la asistencia no ha llegado con la premura que la situación requiere.
Aseguró que la institución ha provisto víveres, materiales y logística a unas 75.000 personas en Asunción, y más de 150.000 en las zonas afectadas en el resto del país.
Las más perjudicadas se sitúan en el departamento de Presidente Hayes, en la región de El Chaco (occidente), en el departamento de Ñeembucú (suroeste), y en el departamento de Alto Paraná (norte).
“Tenemos orden de hacer todo lo que se tenga que hacer para atender a la población. Y lo estamos haciendo, pero hay veces que no llegamos en el tiempo que la gente espera”, dijo Zaldívar sobre la situación que se vive desde junio.
Pero las críticas se multiplican sobre la lenta e insuficiente reacción de las autoridades a la peor crecida en 30 años, en especial las provenientes de las organizaciones sociales que operan en las áreas afectadas.
El gobierno del derechista Horario Cartes es especialmente criticado por la falta de apoyo a los barrios de la zona baja, según denunciaron inicialmente pobladores y activistas. Después, comenzaron a circular imágenes que mostraban a representantes del partido gobernante haciendo proselitismo con la asistencia estatal a los damnificados.
Parte de esas deficiencias fueron paliadas por campañas solidarias promovidas por organizaciones no gubernamentales, clubes y grupos juveniles y vecinales, que recaudan fondos, ropas, víveres, materiales, para el traslado y reasentamiento de las familias que deben dejar sus hogares.
Actualmente, hay 86 refugios que abrieron las autoridades para la reubicación de las familias que debieron abandonar sus viviendas en Asunción. Tan solo tres predios militares acogen a más de 2.000 familias.
La situación en los refugios no es la mejor. El principal problema es lo relacionado con los servicios sanitarios; ya no hay disponibilidad de baños químicos. La SEN encargó la fabricación de baños y duchas en contenedores, con lo que se espera paliar el déficit de esas instalaciones en los campamentos.
La “palangana”
Miguel Barrios es herrero, como lo es Esteban, y no pudo rescatar gran cosa cuando el agua llegó a la casa de su familia. Le parece increíble que la Chacarita siga inundándose pese a las obras de la avenida Costanera, que deberían fungir de muro de contención del río.
“El barrio quedó en la palangana, entre la costanera y el muro de Asunción”, explicó.
Juan Ramón Martínez, otro vecino de la Chacarita, vivió la gran inundación de 1983, la mayor registrada hasta ahora en Asunción, y según dice la de ahora es mucho peor.
En todo el campamento ante la sede del Poder Legislativo hay gente trabajando con palas, cortando madera, clavando techos, incluso mujeres y niños. Por todos lados hay ropa tendida al sol.
En otro punto de la ciudad, no muy lejos del microcentro donde se ubican los organismos públicos y el centro histórico, en el barrio Yta Pyta Punta, Myriam Agüero emprende la evacuación con su marido y sus cuatro hijos.
“Llegó el agua, no hay otra solución, ni siquiera en la segunda planta de nuestra casa nos podemos quedar”, contó a IPS esta mujer de 33 años, dirigente del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay.
Agüero nació en la zona baja de Asunción, en lo que se conoce como el cinturón de barrios pobres en tierras inundables o linderos al cauce del río Paraguay, donde muchas de las pobladoras se dedican al trabajo doméstico.
“Solo tengo ganas de llorar pero me aguanto, tengo que ser fuerte y seguir trabajando porque esta crecida dejó sin trabajo a mi marido”, dijo con los ojos humedecidos.
Teodosia Duarte, otra de las afectadas, se resigna: “Dicen que vamos a estar acá muchos meses”.
Los pronósticos son de que las aguas del río no bajarán notablemente hasta el 2015.
La idea de lo que va a encontrar cuando por fin pueda volver a su casa y su barrio angustia a Duarte. La mujer aprieta las manos contra el pecho y dice en guaraní, la lengua materna de los paraguayos: “Ñandejara tuicha ohecha kuaá va´era ñandeve” (Dios es grande, nos va a ayudar).
Natalia Ruiz Díaz/IPS/ COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
_______________________
TEMAS DE COMCOSUR MUJER
I – URUGUAY: 27 DE JUNIO A 41 AÑOS MEMORIA PARA RESISTIR
AUNQUE EL CÁNTARO SE ROMPA…
Pasaron más de cuatro décadas de aquel 27 de junio de 1973 y advertimos que en medio del mundial de futbol y la campaña electoral necesitamos de sonidos muy contundentes, para abrirnos camino entre entregas y mentiras organizadas. ¡Mudos y maniatados nos quieren los mediadores, en medio de los dos circos!
Luce la firma de Lucía Topolanski al pie de la Ley 19.211 cuyo artículo 1 narra así aquel momento: Declarase el 27 de junio de cada año "Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia" honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho.”
¡Habíamos decidido en la clandestinidad (elegida a conciencia) ser parte de la rebelión internacional buscando justicia social, contra aquella dictadura de clase cada vez más militarizada! ¡El pleno estado de derecho ya nos había asesinado, torturado encarcelado, secuestrado, desaparecido para perpetuar la dominación, la explotación! ¡La Justicia militar nos ponía –le ponía a Lucía entre tantas- Asociación subversiva 45 años de prisión!
En estas sociedades donde toda la humanidad siente la soledad de andar un tiempo sin tiempos para sentir y oír lo que nos rodea…nos preguntamos cómo volver a sentir el hilo invisible, la identidad de las búsquedas de los sueños…y compartirlo. ¿Cómo? ¿Cómo desarticular la infame mentira? Saldrán a decir que somos los sesentistas de siempre. No luchamos por aquella ni esta democracia, luchamos por la revolución; sin dudas nos dirán, “eso es un panfleto”.
En este mundo donde de a poco el cemento de las pasteras sustituye ríos, arroyos y árboles, donde obligamos a los pájaros a emigrar…y donde ya los gurises creen que los tomates y las lechugas son fabricados por Devoto o Macromercado; parece que vamos olvidando dónde están las fuentes. ¿Es que ya no va el cántaro a la fuente por agua o el cántaro vuelve tan agujereado que llega sin agua?
Al principio –cuando se avecinaba el retiro de la dictadura cívico-militar- fue aquella exigencia desde las entrañas, inmediata: Ahora, ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Era concreto: los tienen presos torturados libérenlos, íntegros física y sicológicamente.
Los familiares de desaparecidos –las madres de Plaza de Mayo, las Abuelas- entendían que con su lucha estaban socializando la maternidad. Que ellas, las madres habían quedado embarazadas para siempre en la búsqueda de sus hijos desaparecidos. Habían heredado el óvulo y el esperma. Para defenderlos, para reencontrarlos, necesitaban que fuese un reclamo de toda la sociedad. Todos fuimos y somos violentados. Circe Maia emocionó –emociona- con Otra voz canta, extraordinariamente hondo: Dicen que ahora viven, en tu mirada. Sostenlos con tus ojos, con tus palabras; sostenlos con tu vida que no se pierdan, que no se caigan.
Allá por 1985 este pueblo parecía ir camino de profundizar los programas emancipadores históricos, aparecían nuevos movimientos, que lentamente fueron desapareciendo. Parecíamos unidos por justicia. El tiempo pasó y esa consigna mutó en la exigencia de una aparición en términos de memoria. Se transformó en un movimiento en busca de sus desaparecidos, hallar a los culpables, castigarlos. Pero ya sabíamos: estaban detenidos desaparecidos asesinados.
En algún lugar estaban.
Los Estados articularon la negación, el olvido. Menen. Sanguinetti. Lacalle. En ese tiempo los movimientos de DDHH estaban en oposición a los Estados, separados por nuestros sueños y nuestros muertos.
Luego esa exigencia transmutó en discurso articulado en términos de conciliación-reconciliación. Año 2000, gobierno de Batlle. Los Estados van a reformularse en veedores de los DDHH. Y ya las autonomías de muchas de las organizaciones de DDHH quedaron jaqueadas. Los huesos de nuestras compañeras ¿buscados por todos? Los huesos de nuestros compañeros ¿reclamados por todos? ¿Desde EEUU a la Tierra del fuego? ¿Buscados por Estados que resolvieron y articularon la desaparición como política de exterminio? ¿Junto a movimientos sociales, Familiares y organismos internacionales? Estrategia restauradora, para fundar un nuevo Estado “democrático” tan dictador como la dictadura cívico-militar. ¡Los Estados son canalizadores, moderadores de los nuevos movimientos sociales! Se apropian de las banderas y las destiñen. Las levantan y las bajan a conveniencia demagógica.
Algunos juicios. Idas y vueltas. Puntos finales. Leyes de impunidad. La patota más notoria, la más denunciada, va a prisiones de impunes –vip- y el tema es relativamente “acotado”. Pero sigue latente.
Es decir un fraude miserable. Tan falso y ruin como aquello de que las guerras “nacionales” de la sociedad capitalista, son las guerras del proletariado. Los ejércitos, vencedores y vencidos, los Estados correspondientes se unen para seguir su misión. Aunque ellos quieran hacernos creer que se produjo la “desintegración total del horror”
Fraude que queda al descubierto cuando la lucha de clases estalla en cualquier sitio de la sociedad. Y todos apuntan a someter el conflicto, a reducirlo a su mínima expresión. El dominio de clase ya no puede ocultarse y aparece el garrote empuñado por “los salvadores”.
Mágicamente las FFAA se “reciclan” y “nada tuvieron que ver las de hoy con las dictaduras”. Por tanto, vuelven a ser reivindicadas en su rol represivo, eso sí, contra los que luchan hoy. Los grupos económicos que las necesitaron para parar la revolución, nada tuvieron que ver con los etnocidios, genocidios, masacres.
La perversión de estas posturas lleva a que se condene la tortura bajo la dictadura militar pero no provoca una reacción contundente contra la desaparición y la tortura bajo la dictadura de la democracia. Por los mismos Estados de turno.
El motivo central de la articulación de estos discursos “separatistas de los dictadores” es el fraude perpetrado por el gobierno sustituto con el único motivo de frenar la lucha de clases. Aparecen como la alternativa, ¿tal vez porque el cántaro va no va más a la fuente? ¿Por qué ya no sabemos dónde está la fuente? ¿O porque el cántaro se rompió? ¿O por qué tememos que el cántaro se rompa? Tal vez debamos ir igual y aunque el cántaro se rompa sabremos de donde partimos para saber a donde no ir y colectivicemos hacia donde queremos ir. Para empezar a decir de verdad que no hay nunca más, que no hay salidas si no podemos juntos articular que es ahora indispensable reconstruir nuestra identidad de lucha, no permitir que sea el Estado o las mayorías hegemónicas quienes cuenten la historia. ¿Ir a la fuente del proyecto social de nuestras desaparecidas-desaparecidos?
Tal vez, aunque tengamos los cántaros resquebrajados traeremos el agua en las cuencas de las manos. Por aquello de que seguiremos caminando siempre. Hasta el final. Caminaremos… aunque el cántaro se rompa…
Irma Leites / COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
_________________
II – AMÉRICA LATINA
EL FEMINISMO REACTIVA LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES
De sur a norte las venas de América Latina siguen sangrando. Proyectos extractivistas mineros, hidrocarburíferos o agroindustriales se multiplican por toda la geografía latinoamericana de la mano de empresas trasnacionales a las que se han ido sumando, en los últimos años, compañías estatales. Porque si hay algo en lo que coinciden gobiernos neoliberales y progresistas de la región, es en la consolidación de un modelo neo-desarrollista con base extractivista. La otra cara de este proceso de extracción y exportación de materias primas a gran escala, se asienta en la desposesión acelerada del territorio y de los derechos de las poblaciones afectadas.
Pese a que las mujeres han estado presentes en las resistencias socio-ambientales contra los proyectos extractivos, sus luchas no siempre han sido visibilizadas. Sin embargo, en las últimas décadas, la masiva presencia de mujeres y su rol protagónico en la defensa del territorio ha cobrado visibilidad en la medida en que se ha ido profundizando el proceso de despojo.
Sus voces, que parten de la pluralidad de enfoques y posicionamientos, revelan el impacto que las actividades extractivas producen en las relaciones de género y en la vida de las mujeres.
Algunas se sitúan en los feminismos populares y comunitarios, otras parten desde los ecofeminismos, y muchas no se reconocen como feministas de forma explícita. Pero todas ellas, desde su diversidad, comparten el horizonte de una lucha post-extractivista, descolonizadora y antipatriarcal, y se empoderan en el marco de las resistencias. Su principal aporte: sacar a la luz los estrechos vínculos entre extractivismo y patriarcado.
Trata de mujeres y niñas
Los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana, la explotación minera de Cajamarca en Perú o la ruta de la soja en Argentina comparten una realidad común. En todos estos lugares, afectados por las actividades extractivas, la masiva llegada de trabajadores ha provocado el incremento del mercado sexual. El alcohol, la violencia, y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se establecen en la cotidianidad de los pueblos como expresión de una fuerte violencia machista. Un informe realizado en el marco del Encuentro Latinoamericano Mujer y Minería que se celebró en Bogotá en octubre de 2011, señala que “aparecen situaciones críticas que afectan directamente a las mujeres, tales como la servidumbre, trata de personas, migración de mujeres para prestar servicios sexuales (…) y la estigmatización de las mujeres que ejercen la prostitución”.
Por otro lado, el modelo extractivista conlleva la militarización de los territorios, y las mujeres se enfrentan a formas específicas de violencia debido a su condición de género. Esto incluye, en numerosas ocasiones, agresiones físicas y sexuales por parte de las fuerzas de seguridad públicas y privadas.
Desde esta perspectiva, tanto la tierra como el cuerpo de la mujer son concebidos como territorios sacrificables. A partir de ese paralelismo, los movimientos feministas contra los proyectos extractivos han construido un nuevo imaginario político y de lucha que se centra en el cuerpo de las mujeres como primer territorio a defender. La recuperación del territorio-cuerpo como un primer paso indisociable de la defensa del territorio-tierra. Una reinterpretación en la que el concepto de soberanía y autodeterminación de los territorios se amplía y se vincula con los cuerpos de las mujeres.
Son las mujeres Xinkas en resistencia contra la minería en la montaña de Xalapán (Guatemala) quienes, desde el feminismo comunitario, construyen este concepto. Plantean que defender un territorio-tierra contra la explotación sin tener en cuenta los cuerpos de las mujeres que están siendo violentados es una incoherencia. “La violencia sexual es inadmisible dentro de este territorio porque entonces ¿para qué lo defiendo?”, se preguntaba Lorena Cabnal, integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María de Xalapán – Jalapa.
“Las mujeres somos una economía en resistencia”
La penetración de industrias extractivas en los territorios desplaza y desarticula las economías locales. Rompe con las formas previas de reproducción social de la vida, que quedan reorientadas en función de la presencia central de la empresa. Este proceso instala en las comunidades una economía productiva altamente masculinizada, acentuando la división sexual del trabajo. El resto de economías no hegemónicas – la economía popular, de cuidados, etc. –, que hasta ese momento han podido tener cierto peso en las relaciones comunitarias, pasan a ser marginales.
En un contexto donde los roles tradicionales de género están profundamente arraigados y donde el sostenimiento de la vida queda subordinado a las dinámicas de acumulación de la actividad extractiva, los impactos socio-ambientales como la contaminación de fuentes de agua o el aumento de enfermedades incrementan notablemente la carga de trabajo doméstico y de cuidados diario que realizan las mujeres.
“Hay miles de experiencias productivas y económicas desde las mujeres que a partir de hoy las reconocemos y las nombramos como economías en resistencia.” A través de esta idea, adoptada de forma colectiva en el Encuentro Regional de Feminismos y Mujeres Populares celebrado en Ecuador en junio de 2013, las mujeres plantean otra forma de hacer economía. Una economía basada en la gestión de los bienes comunes que garantiza la reproducción cotidiana de la vida. Tal y como asegura la socióloga e investigadora argentina Maristella Svampa, la presencia de las mujeres en las luchas socio-ambientales ha impulsado un nuevo lenguaje de valoración de los territorios basado en la economía del cuidado. Detrás de esas luchas, por lo tanto, emerge un nuevo paradigma, una nueva lógica, una nueva racionalidad.
El extractivismo y la reconfiguración del patriarcado
“La presencia de hombres de otro lugar que ocupan las calles, se ponen a tomar y fastidian a las mujeres, genera que éstas no puedan salir a tomar un café porque las tratan como a putas”, cuentan las mujeres en Cajamarca, una de las regiones más afectadas por las actividades mineras en Perú.
En un contexto de acelerada masculinización del espacio, el extractivismo rearticula las relaciones de género y refuerza los estereotipos de masculinidad hegemónica. En las zonas en las que se asientan las industrias extractivas se consolida el imaginario binario basado en la figura del hombre proveedor donde lo masculino está asociado a la dominación. En esta recategorización de los esquemas patriarcales, el polo femenino queda ubicado en la idea de mujer dependiente, objeto de control y abuso sexual.
En definitiva, tal y como señala un estudio publicado por Acsur-Las Segovias, las aspiraciones colectivas que rodean a las actividades extractivas están fuertemente influidas por patrones masculinos, por imaginarios masculinizados. En este sentido, las experiencias feministas permiten visibilizar el extractivismo como una etapa de reactualización del patriarcado. La investigadora y activista social mexicana Raquel Gutiérrez sostiene que “extractivismo y patriarcado tienen una liga simbiótica. No son lo mismo, pero no puede ir el uno sin el otro.”
Protagonistas de la resistencia
Cuando la empresa Yanacocha adquirió el proyecto minero Conga en 2001, nunca imaginó que una sola mujer pondría en riesgo sus aspiraciones. Máxima Acuña se enfrenta con firmeza a uno de los gigantes de la minería. Se niega a entregar sus tierras, ubicadas frente a la Laguna Azul de la región peruana de Cajamarca, a una empresa que ha sido varias veces denunciada por la adquisición irregular de terrenos privados. Desde el año 2011 Máxima y su familia han sido víctimas de violentos intentos de desalojo por parte del personal de la minera y de la policía estatal. Entre amenazas, intimidaciones y hostigamientos, resiste a un proceso judicial plagado de irregularidades que la empresa interpuso bajo el cargo de usurpación de tierras. En junio de 2008 Gregoria Crisanta Pérez y otras siete mujeres de la comunidad de Agel, en San Miguel Ixtahuacán, Guatemala, Guatemala, sabotearon el tendido eléctrico interrumpiendo el suministro de la minera Montana Exploradora, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc. Durante cuatro años recayó sobre ellas una orden de captura por sabotaje del funcionamiento de la mina. Finalmente, en mayo de 2012, los cargos penales fueron levantados y las mujeres lograron recuperar parte de las tierras de Gregoria, que venían siendo utilizadas de forma irregular por la empresa.
Las mujeres del pueblo de Sarayaku, en la Amazonía ecuatoriana, encabezaron la resistencia contra la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC), a la que lograron expulsar de sus tierras en el año 2004. El Estado ecuatoriano había concesionado el 60% de su territorio a la empresa, sin realizar ningún proceso de información ni consulta previa. Fueron las mujeres quienes, desde el principio, tomaron la iniciativa. Cuando el ejército incursionó en su territorio militarizando la zona en favor de la petrolera, ellas les requisaron su armamento. El ejército quiso negociar la devolución de las armas de forma secreta. El pueblo de Sarayaku, empujado por las mujeres, convocó a toda la prensa del Ecuador para sacar el caso a la luz pública. En el año 2012, tras una década de litigios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la violación de los derechos del pueblo de Sarayaku.
Estos y otros casos ilustran el panorama anti-extractivista latinoamericano en el que las mujeres se alzan como protagonistas de la resistencia, incorporando nuevos mecanismos de lucha y reivindicando su propio espacio. En su comunicado, las mujeres amazónicas que en octubre de 2013 caminaron durante más de 200 km en contra de la XI Ronda Petrolera en Ecuador, proclamaban: “Defendemos el derecho de las mujeres a defender la vida, nuestros territorios, y a hablar con nuestra propia voz”.
Ameco Press / COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
______________________
III – ABORTO – ARGENTINA: LAS MUJERES PRIMERO
ENTREVISTA A LA DOCTORA STELLA MARIS MANZANO
Stella Maris Manzano sabe que hacer abortos salva vidas y que cuando los abortos salvan vidas entonces son abortos no punibles. Puede parecer un trabalenguas, pero es fácil desenredarlo con algunas cifras oficiales: “En 2012 murieron 283 mujeres por causas vinculadas con el embarazo. Un 11 por ciento, 33 mujeres, fallecieron por abortos peligrosos. Dos décadas atrás, todos los años morían 100 mujeres por esa causa. ¿Entonces por qué solo murieron 33 en 2012? Porque muchos comenzamos a hacer los ANP en el hospital”, dice esta ginecóloga que atiende en un hospital público de Chubut, apunta contra quienes ejercen la medicina –o directamente la empuñan– obstaculizando los derechos humanos de las mujeres a través de la objeción de conciencia y sabe que la clandestinidad es a la vez un closet –en el sentido en que usa esta figura la comunidad lgbtiq– y una intemperie tan fría como riesgosa. De su práctica cotidiana, de las adolescentes que tuvo que atender cuando sus colegas se negaban a hacerlo y del aborto como ejercicio de autonomía habla Manzano con el ambo de su profesión bien puesto.
“En mi consultorio puse un letrero que dice ‘Aquí podés hablar de aborto. Tenés derecho a ser atendida antes, durante y después del aborto’. Muchas de mis pacientes entran y avisan ‘yo vine por lo del letrero’. O si no: ‘Ay, me lo habían negado como en tres lados y cuando vi el letrero fue una felicidad porque supe que podía hablar’. Es que compartimos estas pequeñas estrategias. Tengo ganas de sacar en algún diario local en qué centros de Trelew se hacen abortos, porque ya casi que en cada centro de salud, de los once que existen, hay un médico o una médica que practican no punibles.”
Stella Maris Manzano abraza la idea con la misma fuerza con que le aprieta las manos a cada una de las mujeres a las que ayuda a interrumpir sus embarazos cuando sus vidas corren peligro. No sólo el inminente, el que traza una línea cercana con la muerte, esa única distancia mezquina que acceden a traspasar las objeciones de conciencia. No, a ella le alcanza con saber que el peligro está ahí, sin escalas ni grados estimativos. “El Código Penal no dice peligro grande o pequeño, peligro inminente o a largo plazo. Sólo dice peligro para la salud o la vida de la mujer. Y con eso me alcanza.” Esta médica tocoginecóloga de 53 años, trabajadora del Hospital Zonal de Trelew, experta en los aspectos legales de la profesión y querida integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, marca los vaivenes de la charla sin eufemismos, porque siente que el tiempo se le escurre entre los labios “para todo lo que tengo que decir”. Apretando el párrafo, a Manzano le importa que el mundo comprenda el aborto como una plataforma de autonomía, que médicas y médicos no transiten la profesión obstaculizando los derechos humanos de las mujeres, y que se visibilicen “los que no objetamos. Que se sepa que los buenos somos nosotros, que respetamos la salud y la vida de las mujeres”. Porque según sus cálculos, extraídos de cifras del Ministerio de Salud de la Nación, en 2012 murieron 283 mujeres por causas vinculadas con el embarazo. Un 11 por ciento, 33 mujeres, falleció por abortos peligrosos. “Hasta dos o tres décadas atrás, todos los años morían 100 mujeres por esa causa. ¿Entonces por qué sólo murieron 33 en 2012? Porque muchos comenzamos a hacer los ANP en el hospital. Porque intervienen los grupos de socorristas, que no serán lo óptimo en tanto son esfuerzos individuales, pero es preferible eso que ponerse una sonda o un tallo de perejil. Ya sabemos que en 2013 fueron unas 250 las que murieron por causas vinculadas con el embarazo, aunque la página del ministerio todavía no tiene cifras. De 2012, vi que el 56 por ciento de las mujeres murió por causas obstétricas directas, como hipertensión o preeclampsia. Desde ahí, sé que ningún juez me va a meter presa si digo que la mujer no quiere continuar la gestación, que no puedo someterla al riesgo de enfrentar una muerte o una enfermedad provocada por el mismo embarazo, y se acabó. Eso lo descubrí hace seis años, pero recién ahora puedo describirlo y llevarlo a la práctica con ese nivel de conciencia. En fin, nos cuesta saltar el cerco.”
Esa baja rotunda de las muertes por abortos peligrosos en 2012 está íntimamente relacionada con el caso “A. F. sobre medida autosatisfactiva”, del mismo año, en el que la Corte Suprema de la Nación confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que en 2010 autorizó la realización de un aborto a la adolescente A. G., de 15 años, embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro. Y en el que Manzano fue la profesional que efectuó la intervención. Sonríe aliviada. Ese episodio confirma la certeza de “cómo el derecho nos ayuda cuando esclarece”.
Se recibió a fines del ’84 en la Universidad de Córdoba, donde el aborto era un tema tabú como en tantos claustros de la época. “Cursé la carrera durante la dictadura y jamás nos dijeron que siempre hay un medio para evitar el peligro cuando está en riesgo la vida o la salud de la madre. Nos advertían, en cambio, que si llegábamos a hacer un aborto, cualquier juez conservador nos iba a juzgar. Se ponía en duda si en caso de violación el aborto era válido para todas o para mujeres idiotas o dementes; nos asustaban con que podían meternos presos. Y los profesionales de la salud les tienen mucho miedo a las presiones, sobre todo los de tocoginecología, la especialidad con más juicios de todo el país. Mientras un neonatólogo o un clínico pagan 200 pesos por un seguro de mala praxis, nosotros estamos pagando 1500.”
¿Y por qué tanto riesgo?
–Porque se banalizaron las posibilidades de enfermar y de morir en el parto. A las mujeres nos hicieron creer que es recontrafisiológico, que a ninguna va a pasarle nada y si algo malo le pasó, es culpa del médico. Y cuando empezás a ejercer la profesión, la realidad te tira el dogmatismo por el piso, porque la verdad es que a partir del sexto mes a muchísimas mujeres que inician sanas el embarazo les agarra preeclampsia, diabetes gestacional, desprendimientos de placenta, y muchas mueren o hay que terminar urgente con ese embarazo. Pero advierto que estos riesgos se banalizaron, porque la sociedad nos ve como madres y perpetuadoras de la especie.
Se precisó entonces crear nuevos demonios a las urgencias ancestrales de las mujeres. “Y se nos metió el cuco de lo muy peligroso que era el aborto, que podías morirte, que algo malo te iba a pasar.” Manzano realizó su primer aborto no punible arañando los noventa, con venia institucional porque se trataba de una mujer anticoagulada “que no podíamos pasar por la heparina porque aumentaba el riesgo de tromboembolismo pulmonar y de muerte”. Era residente en Salta capital y la práctica se realizó bajo métodos quirúrgicos, porque el uso del misoprostol “todavía estaba en pañales. Se aplicaba en casos de fetos muertos, a mujeres que rompían bolsa a las 19 o 20 semanas, y podían morir. ¿Ves? Los médicos siempre realizamos abortos, sólo que los hacíamos cuando existía riesgo inminente de muerte, y no según el Código Penal, que habla del peligro en un sentido amplio. Y peligro para la salud hay en todo embarazo”.
El sentido universitario de las cosas le explotó en la cara cuando tuvo frente a sí el caso de una adolescente de 15 años violada por su padrastro, que también había asesinado a su hermana de 12 años por no dejarse abusar. La chica le contó al juez que ese hombre la violaba desde los 12 y que lo único que le pedía era que no tocara a la hermana. “Llorando le dijo que creía estar embarazada y que no quería tener el bebé. Y el juez nos la internó en el servicio de obstetricia con un policía en la puerta. Como que la delincuente era la nena porque quería matar a un bebé. Fue como ver la injusticia de cerca; todavía no era feminista. Con mi instructora de residentes decíamos que correspondía el aborto, pero bueno, yo era cobarde y no insumisa.” Es inevitable bajar la mirada hacia las manos de Stella Maris. Acompañan con nervio la voz temblorosa por el llanto que le provoca el recuerdo de esa experiencia. Dolorosa. “La tuvieron internada como hasta los cinco, seis meses, cuando ya no pudiera hacer nada. Era una prisión hospitalaria de una adolescente de 15 años a quien el violador encima le había matado a la hermana, que era todo su consuelo. Le dieron de alta y justo a mí me toca atender el parto. Lo hice, y más tarde una enfermera le llevó el bebé a la sala de puerperio y se lo puso entre los brazos. Jamás voy a olvidar el instante en que esa chiquita dio vuelta la cara; no pudo mirarlo. ¿Y qué esperaba la sociedad salteña?, ¡pues que lo tuviera!, porque qué culpa tiene el pobre bebé, decían. Era pedirle que fuera una heroína, que pudiera amar a un hijo que no había buscado tener y, si lo daba en adopción, sufrir toda la vida pensando qué habrá pasado con ese chico. Entonces la madre exclamó: ‘Ay, pero mirá qué hermoso bebé. Dios nos da y Dios nos quita’. No me pude frenar y le dije: ‘Por lo menos, señora, no meta a Dios en esta historia, porque estoy segura de que en esto no tuvo nada que ver’. Pensé que Dios no quiso que un hombre asesinara a su hija, que violara a otra desde los 12 años, ni quiso obligarla a hacerse cargo de este bebé arriesgándola al dolor de un parto sin anestesia.” Un embarazo deseado es otra cosa, dice, “pero parir el hijo de una violación es parir muerte. El violador no quería ser papá ni quería hacernos mamá. Quería transformarnos en un objeto, el de la intrusión del cuerpo que hace una persona a la que odiamos”. El revés cotidiano de asistir embarazos no queridos empezó a desbarrancarle el umbral de tolerancia. Y en Salta hacían tantos legrados por abortos infectados como partos por día.
Antes fue Chubut, donde la Iglesia es menos fuerte. “Estuve ejerciendo allá entre 1985 y 1989, recién recibida, y por una médica que estaba vinculada al IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) los médicos comprábamos anticonceptivos y con las cooperadoras dábamos pastillas, poníamos DIU gratuitos. En esos cuatro años vi un solo aborto espontáneo. Cuando fui a Salta teníamos ocho partos y ocho abortos por día. Era todo tan loco. No dejaban colocar los DIU, los poníamos a escondidas usando cajas de legrado. No se proveía de anticoncepción a las mujeres. Obvio, decía yo, si no tengo anticoncepción, aumenta la cantidad de abortos inseguros, porque los médicos se enriquecían cobrando fortunas en forma particular y las que no podían pagar iban a la sonda o a la gelatina.” Cada semana sacaban un útero por una mujer infectada. Muchas permanecían un mes en hemodiálisis, porque el riñón les había dejado de funcionar por sepsis. “Igual seguía siendo cobarde, no me animaba a realizar abortos porque creía que eran ilegales. Hice algunos por malformaciones incompatibles con la vida, porque entendía que eso era legal, y a alguna mujeres muy enfermas.” A la larga, el regreso a Chubut iba a ser inevitable y necesario, porque terminó tratándose de su lugar en el mundo.
Cuando en 2008 el Modelo Integral de Atención Post Aborto del Ministerio de Salud de la Nación circulaba en hospitales públicos y algunas clínicas privadas, Manzano comenzó a poner negro sobre blanco la letra del Código Penal. “En las charlas nos decían que lo analizáramos, porque se señalaban las causales, vida, salud, violación a mujer normal y a discapacitada. Era claro: si la vida o la salud de la mujer corre riesgo, estoy habilitada a hacer abortos, y todo embarazo pone en riesgo la salud de la mujer. Sé que hay como un 20 por ciento de chicas que empezaron sanas y hacen hipertensión, diabetes gestacional, etcétera. Si sumo todo, creo que fácilmente un 40 o 50 por ciento de las mujeres enferma por el embarazo. Por supuesto, de pensarlo a poder llevarlo a la práctica hubo un abismo.” La idea de capacitar a médicas y médicos de la provincia era casi imposible, todavía no se respetaba la autonomía de las mujeres para ligarles las trompas. Muchos médicos exigían las firmas de los maridos o pedían que les comunicaran su intención de hacer una ligadura tubaria. “Los comités de bioética de los hospitales seguían discutiendo si se accedía a esos pedidos, aunque desde 2006 teníamos la ley 26.130, de Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, que lo considera un derecho personalísimo. Hoy por hoy, muchísimos médicos siguen diciéndoles a las mujeres ‘tenés 24 años y un solo hijo. No se puede’. Es más, escucho desde mi consultorio que les avisan ‘ni yo ni ningún otro médico te van a ligar’.
No realizó abortos por violación hasta 2010, a partir del caso F. A. L, que ningún médico quiso atender. Un embarazo de 18 semanas “de una nena de 15 años, como aquella de Salta. Después de la intervención le observé la felicidad en el rostro, la vi libre. En lo personal, hacer ese aborto fue un acto de sanación. Fue liberador poder cuidar a esta nena, sentir que ayudé a reparar un poco una injusticia. Aproveché para hablar con mis compañeros, les dije que esto correspondía porque lo ordenaba el Superior Tribunal de Chubut, que leyeran el fallo. Pedirle a una niña violada que tomara la conducta heroica de tener un bebé y darlo en adopción, hacerle un regalito a una familia que no puede tener hijos, es mucho pedir; pedirle que arriesgue su vida en ese intento es criminal.”
¿Y esos colegas pudieron verlo?
–¡Lo recontravieron! En una primera charla se negaron. Cuestionaban por qué había que hacerlo en Trelew, a ver si vamos a convertirnos en el polo abortero de Chubut. Les dije: ¡Pero muchachos, cualquiera tiene derecho a atenderse donde sea! Y si hacemos abortos qué, con mucho orgullo. Vamos a estar respetando a las mujeres. Me enorgullece ser la médica que hace esto.
Otro caso de embarazo por violación llegó dos semanas después, también de una adolescente de 15 abusada por el padrastro, pero esta vez con una gestación de 23 semanas y 5 días. “Estaba en el borde, y creo que muchos esperaban que no lo hiciera, pero dije sí, y ahí me di cuenta de que con tanta gente en contra aún tenía mucho que estudiar para poder argumentar bien.” Ayudaron feministas, investigadoras, médicas de Buenos Aires. Le mandaban correos con las normas de Bélgica, de Inglaterra, donde la interrupción del embarazo es legal hasta las 22 semanas. Faltaba poco tiempo para realizar la intervención. Sabía que en la Ciudad de Buenos Aires permiten adelantar el parto en casos de anencefalia a las 26 semanas, que es considerada la mínima edad gestacional en la que sería posible la vida fuera del útero. “Ahí había una respuesta: todo lo que tengo para atrás es aborto, sé que no es viable porque si nace, aunque lo pongas en la mejor incubadora, va a morir. Y quise ahorrarle a esa nena el peligro de llegar al tercer trimestre.”
¿Tuvo presiones?
–¡Obvio que recibí presiones para que no hiciera ese aborto! La intervención se iba a realizar a primera hora de la mañana; me llamaron a las 3 de la madrugada para que no lo hiciera porque a la orden del juzgado le faltaba el sello de “es copia fiel”. Me indigné, les advertí que el fallo ni siquiera establecía que debiera exigirse denuncia. Creo que les grité: “No voy a ser yo la que le diga que no a esta nena”. A las 6.30 de la mañana fui al hospital y le coloqué las pastillas de misoprostol. Nadie se animó a decirme nada. Hice una pequeña cesárea, los fetos nacieron muertos. Páginas católicas hicieron trascender la barbaridad de que uno de los fetos vivía. Nunca vi nacer vivo un feto de 18 semanas.
Del colectivo lgbtti aprendió que el closet mata y estigmatiza. La reducción de riesgo y daños para las mujeres decididas a abortar no alcanzaba, dejaba el regusto amargo de que esa mujer seguía en la clandestinidad. La lectura de libros como La intemperie y lo intempestivo, de July Chaneton y Nayla Vacarezza, terminó de aclarar tantos. “Lo intempestivo es el embarazo no deseado que irrumpe en la vida de una mujer, y la intemperie es la clandestinidad. Es terrible el nivel de maltrato dentro de esos mismos sectores ocultos. Y a mí la clandestinidad me empieza a joder cada vez más.” El protocolo de abortos no punibles de Chubut habla de la salud física y psíquica de la mujer. En sus fallos, muchos jueces permitieron interrumpir embarazos por el riesgo que significaba para las psiquis de las víctimas, no por el hecho suficiente de haber sido violadas. “A mí me enojaba porque era decir de nuevo ‘son unas cobardes, no están bien de la cabeza estas chicas violadas que no pudieron ser madres’. Y la verdad es que no veía mujeres angustiadas, sino a muchas muy fuertes, que llegaban al consultorio para decir ‘no lo puedo tener’, convencidas del porqué.” Concluyó que era hora de empezar a hacer abortos “por causal reamplio” para la salud y la vida, porque bastaba con que se lo pidieran para que lo hiciera. “Y a eso llegué hace muy poco.” Sin denuncias ni judicializaciones. “Pero el poder patriarcal es fuerte. No es sólo la Iglesia Católica, son los hombres machistas, los conservadores, las mismas mujeres que piensan que hemos nacido para ser madres, que tenemos que arriesgarnos sin conocer el peligro real al que nos enfrentamos. Y no son honestos, juegan con la mentira y con el miedo. Como me hicieron a mí. Pero he perdido el miedo. Verás que no estoy presa: llevo cuatro años haciendo abortos muy visiblemente.”
La objeción también crea ese closet, agrega, para hacerles creer a los médicos que no tienen obligaciones. Pero además como una trampa rotunda que la Iglesia empezó a construir en los ochenta, salteando la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), ese tratado de 1979 incorporado al plexo constitucional de 1994, que reconoce los derechos humanos y reproductivos de las mujeres como derechos humanos. En su artículo 12 obliga a los estados parte a garantizar el acceso de las mujeres a los servicios de salud en igualdad de condiciones que los hombres, incluso los de planificación familiar. En el 16, reconoce el derecho de aquéllas a decidir libre y voluntariamente el número de hijos que quieren tener y el espacio entre los nacimientos. “Por eso digo que las leyes 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y la 26.130 son inconstitucionales: al permitir la objeción de conciencia dejan de asegurar esos derechos a las mujeres, colocándolas en situación de inferioridad respecto de los hombres, a quienes ninguna ley les restringe o niega el acceso a la salud. En conjunto, permiten que médicos, equipos de salud y hasta instituciones confesionales se nieguen a respetar el derecho de las personas a acceder a métodos anticonceptivos reversibles –salvo la legislación pampeana– o se nieguen a colaborar en una cirugía para contracepción. En cuanto al aborto, cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer, o si el embarazo fue producto de una violación, el Código Penal no permite la objeción de conciencia. Si de diez ginecólogos, nueve pueden ser objetores, contame de qué igualdad de acceso hablamos.” Hay hospitales con un solo médico no objetor, cuenta Manzano, estigmatizado por ser el único que hace todos los abortos de esa guardia. “Es injusto para el médico y más para las mujeres, porque es muy probable que los otros seis días de la semana se encuentren con profesionales que les nieguen la atención. Y esto es inmoral. ¿Qué pasa con la objeción de conciencia, que ninguna normativa la contiene, salvo las leyes de salud sexual y reproductiva? ¿Qué es lo que en realidad molesta a los objetores? La libertad sexual de las mujeres y que puedan desvincular su sexualidad de la procreación. Es porque aún quieren como alternativa natural el celibato y si tienen relaciones que sean sólo para procrear, como plantea la Iglesia. El impulso sexual es fuerte, es amoroso; no veo por qué nadie debería perder el disfrute, la unión y las caricias, y lo bien que hace el sexo consentido. ¿Pero qué nos están diciendo esas leyes? Que las mujeres tienen derecho a una sexualidad libre pero no tanto, eh.
¿A qué edad una mujer deja de ser valiosa y qué lo determina? Todas y todos deberían saber que la objeción de conciencia es individual, sintetiza esta médica, porque una institución no tiene conciencia. “En realidad están sembrando las bases para que, si volvemos a tener un gobierno neoliberal y una clínica católica no quiere pagar anticonceptivos, como está sucediendo en los Estados Unidos, no los van a proveer. “Y ésa es una cuestión económica y sumamente política. Porque todxs sabemos que el derecho puede tener un inmenso poder simbólico discriminador, aun cuando las mujeres seamos la mitad de la población. No es un derecho civil el que se está objetando, sino el derecho a la vida, a la salud, a la autonomía y a la libertad sexual y reproductiva. No pretendo obligar a nadie a hacer abortos, pero en los servicios de salud no quiero ginecólogos ni generalistas que se nieguen a recetar anticonceptivos o a practicar ANP. Es una vergüenza que sigan cobrando sueldos para no cumplir con sus trabajos.”
La primera Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, un trabajo conjunto del Ministerio de Salud y el Indec, revela que cerca del 90 por ciento de jóvenes de entre 14 y 19 años manifestó haber usado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Sin embargo, el viceministro de Salud, Jaime Lazovski, dijo que si bien los 7000 centros de salud de todo el país cuentan con los insumos necesarios para promover el cuidado de la salud sexual y reproductiva, todavía existen resistencias a la hora de asesorar y distribuir anticoncepción. “Tendremos que ver muy bien cuáles son las cuestiones culturales y los obstáculos –sugiere Manzano–; qué es un derecho humano y qué no; cuál es el rol del Estado y a quién tiene que proteger, ¿a la moral del médico que cobra muy bien por su trabajo o a la salud y a la vida de la mujer que puede morir durante un embarazo o en un parto forzado? Los médicos somos garantes, aseguramos que un derecho sea ejercitado. Tengo que garantizar que la mujer que quiera abortar pueda hacerlo, porque es su voluntad, no la mía. Los ginecólogos siempre hicieron abortos, lo que pasa es que los practican cuando quieren y no cuando se lo solicitan. Estamos muy acostumbrados a tutelar a las mujeres y a obligarlas a hacer lo que digamos, por eso molestó tanto el aborto en violación, porque era a pedido de la mujer, no cuando a mí me parecía que estaba enferma.”
Stella Maris es muy curiosa. Toda vez que el sol de la avenida Corrientes le achina los ojos trata de enfocar sobre algunos rostros que parecen interesarle, o sobre el andar de otras que estará adivinando necesitadas de algo. No es pudorosa, sí humilde y alegre. Contagia entusiasmo y dosifica el respeto que siente por sus compañeras de la Campaña y por las feministas que colman un recorrido entrañable. “Las fronteras me hacen cosquillas”, ríe. “Soy parte de una red amplia, nacional y popular (risas) de médicas, médicos, abogadas y políticos dispuestos a defender los derechos de las mujeres. Nos juntamos, nos sostenemos y estamos trabajando duro por la visibilización de nuestra tarea. En ese proceso, muchas provincias continúan obstaculizando la aplicación del protocolo para los abortos no punibles. El sometimiento persiste, y a esos gobiernos les viene muy bien que las mujeres pobres sean obligadas a parir, porque representan la mano de obra barata.”
Recuerda una vez que le reprocharon el aborto porque lo entendían como una ayuda indirecta del Estado para sacarse hijos de encima. A la semana, los mismos le discutían que las mujeres y las adolescentes pobres se embarazaban para que les dieran un plan. “Nunca doy con la media de lo esperado. Siempre me van a criticar. Si soy sumisa, voy a ser más sometida, y como decía mi adorado Zitarrosa en ‘El retobao’, ‘no sirvo para milico, dicen que sirvo pa’ peón. (…) Rispeto la autoridá’ cuando nace de nosotros, pero sí que me retobo cuando mandan unos pocos. Si grito soy gaucho alzao, si no, ya soy peón pa’ todo. Cómo quisiera gritar y que gritásemos todas’. Esa es mi sensación, rebelémonos. Las mujeres nacimos sentadoras, resistentes. Tratá de moverme, que no lo vas a lograr. Es un llamado a sostener lo que es justo y sin temores, porque cuando saltemos el cerco, aunque nos llevemos algunos magullones, nadie nos hará nada.”
Pagina12 / COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
______________________
IV – EL SALVADOR
SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES PRESAS POR DELITO DE ABORTO
El pasado martes 1 de julio a las 19 horas se convocó a una concentración frente a la Embajada de El Salvador, -Castellana, 178-, para expresar la solidaridad con las 17 mujeres presas por delito de aborto en El Salvador. Estas mujeres han sido condenadas a penas de entre 30 y 40 años y algunas de ellas ya han cumplido hasta 12 años de cárcel y han agotado los recursos legales.
Numerosas organizaciones y entidades han escrito un manifiesto en el que denuncian “el trato cruel al que las legislaciones vigentes en diferentes partes del mundo someten a las mujeres”. Para los legisladores “somos meras incubadoras y nos niegan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas”. Así ocurre en países como El Salvador donde el recorte de libertades a las mujeres se ha debido a la “presión de la jerarquía católica romana y a los grupos ultraconservadores integristas y fundamentalistas; denunciamos la pérdida de derechos de estas mujeres”.
Las 17 de El Salvador son mujeres en su mayoría pobres, que no disponen de la información ni de la cobertura social necesaria para hacer frente a una situación de embarazo no deseado o de complicaciones durante un embarazo que sí pudo ser deseado. “Además de violarse la presunción de inocencia y darles un trato vejatorio transitando del hospital a la cárcel. Allí como aquí las leyes son tremendamente clasistas, niegan a todas las mujeres el derecho a decidir, pero se ceban especialmente con las mujeres sin recursos”, asegura el manifiesto.
“Lo que está en juego es el uso que los gobiernos hacen del cuerpo de las mujeres como moneda de cambio con los sectores más ultras de la sociedad. La legislación en materia de derechos reproductivos de las mujeres criminaliza completamente el aborto, lo estigmatiza, lo convierte en tabú y busca que las mujeres sientan culpa!”, continúa. Es necesario acabar con el “mito del trauma y la culpa”, desmitificar que todas las mujeres que han abortado están traumatizadas y dejar bien claro que el trauma lo produce no el hecho en sí mismo sino las condiciones en las que se practica el aborto y las terribles consecuencias que tiene para la vida de las mujeres: cárcel y muerte.
El día 1 de abril organizaciones feministas de El Salvador junto a la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentaron a la Asamblea Legislativa 17 solicitudes de indulto, uno por cada mujer condenada en circunstancias sumamente injustas. Para todas ellas no hay otro camino al haberse agotado las posibilidades de defensa judicial por otras vías.
La campaña internacional pide la solidaridad de las personas que desean que las 17 recuperen su libertad y tengan la oportunidad de volver con sus familias y rehacer sus vidas. Para adherirse a la carta y al manifiesto comunicarlo al correo: apoyoalas17_madrid@hotmail.com
Sin derecho a la presunción de inocencia ni a una defensa
Son mujeres que han vivido y viven en situación de pobreza. La mayoría tuvieron problemas obstétricos en algún momento del proceso de gestación, sufrieron pérdidas del embarazo o experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a transitar del hospital a la cárcel.
A todas se les violó el derecho a la presunción de inocencia y a una defensa efectiva. En casi todos los procesos judiciales, tuvieron defensoría pública, caracterizadas por la deficiencia y desidia en la defensa de sus casos. En algunas situaciones, llegaban a los juicios sin conocer los nombres de sus defendidas. Todo ello representa una acción violenta del Estado contra las mujeres, que en momentos en los que enfrentan graves problemas vinculados a su capacidad reproductiva, son perseguidas, acusadas y condenadas sin contar con el apoyo legal adecuado para ser escuchadas y poder defenderse. Esta es una consecuencia de la penalización absoluta del aborto.
“Pretendemos mover las voluntades políticas y humanas de los tres poderes del Estado para poner fin a la esta violencia de Estado que viven las 17 mujeres. Consideramos que es justo que recuperen su libertad y tengan la oportunidad de volver con sus familias y rehacer sus vidas”.
Las protagonistas
Mirian
Vive en un cantón retirado de Morazan. Cuando ocurrieron los hechos en el año 2001 tenía 25 años. En la escuela tuvo dificultades de aprendizaje y es analfabeta. A los 16 años convulsionó. Por lo que según la evaluación psiquiátrica que le realizaron podría sufrir un retardo mental leve.
Se le acusó sin pruebas que la inculparan en la muerte de la criatura de la que estaba embarazada. La autopsia especificaba claramente que la muerte del neonato es indeterminada, no pudiéndose verificar si al momento de ser expulsado por Mirian estaba vivo o ya había fallecido. Por sus escasos recursos no pudo pagar un abogado y tuvo un defensor público que no hizo valer estas inconsistencias probatorias. Fue condenada a 30 años de prisión. Lleva presa 13 años.
Maritza
Originaria de un caserío de la Unión, tenía 30 años cuando ocurrieron los hechos, se dedicaba a los oficios domésticos, era madre de un hijo. Cunado tenia un embarazo de 38 semanas perdió la criatura siendo procesada por homicidio agravado y condenada a 30 años de prisión Sin embargo tal como señala en la propia sentencia uno de los jueces que no estuvo de acuerdo con la condena y realizó un voto razonado de absolución: “Con las pruebas presentadas no hay ningún elemento directo que nos lleve a establecer que ellas ejecutaron alguna acción tendiente a producir en el cuerpo de la víctima heridas y lesiones que se establece en el reconocimiento médico forense, causaron o produjeron la muerte”. Por su parte la autopsia no pudo determinar si la criatura había nacido viva. Por tanto la sentencia es carente de fundamentación legal probatoria.
Maritza esta presa desde 2008, actualmente tiene treinta y cinco años de edad y lleva más de cinco años presa.
Marina
Originaria de una comunidad rural del Departamento de Cabañas, tenía 30 años cuando ocurrieron los hechos, por los que fue juzgada. Llego hasta 6° grado y trabajaba como niñera. Es madre de un hijo. Estaba embarazada y tuvo la pérdida del producto que estaba gestando. Tuvo una fuerte hemorragia y la llevaron al Hospital de Sensuntepeque, donde le diagnosticaron que había tenido un embarazo de 18 semanas y que sufrió un desgarro perimetral. Fue denunciada por el personal médico del Hospital.
En el juicio que la condenó se dieron muchas inconsistencias, pues el informe forense determinó que tenía 18 semanas de gestación, pero en la sentencia se expresa que el embarazo estaba de término, por lo que se le condena por homicidio agravado. Además las pruebas psiquiátricas por las que se intentó probar que era consciente de los hechos se realizaron 6 meses después de ocurridos, aunque si se determinó que se podía haber dado una depresión pos-parto. Todo ello hizo que uno de los jueces disintiera de la sentencia condenatoria realizando un voto razonado que dice: “…..En razón de lo anterior absuelvo a la señora MARINA…….., porque ciertamente acá no se logró probar que ella estuvo en pleno uso de razón en ese momento cuando sucedió ese lamentable hecho”.
Sin embargo por mayoría fue condenada a 30 años de prisión, estando en la cárcel desde 2007, hace ya 7 años.
Salvadora
Salvadora tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. Estudió 3° Grado, trabajaba como empleada doméstica, estaba acompañada y era madre de 2 hijos, vivía en uno de los municipios de Cuscatlán. El embarazo fue producto de una violación, según ella informó a la psicóloga y consta en el expediente. Tuvo un parto precipitado extra-hospitalario en el que la criatura murió y Salvadora sufrió desgarraduras grado II. Fue denunciada por personal del Hospital Nacional de Cojutepeque. Mientras era conducida para recibir asistencia médica agentes de la policía la interrogaban para sacarle declaración, incumpliendo el debido proceso y sin que Salvadora tuviera la asistencia de un abogado al que tenía derecho.
El juicio estuvo lleno de inconsistencias. El informe médico del ginecólogo del Hospital determinaba que tenía un embarazo de 12 semanas, pero la autopsia del neonato asegura que era de 40 semanas. Salvadora por sus escasos recursos no pudo pagar un abogado y tuvo un defensor público que no hizo valer sus derechos, siendo condenada sin que se tuviera ninguna prueba directa de que era responsable de la muerte de la criatura, lo que es reconocido por los propios jueces al afirmar: “En consecuencia la pluralidad de la prueba indiciaria conduce a este Tribunal a concluir de que la acusada es responsable …… y por lo tanto debe responder por este injusto penal.” Es decir fue condenada a 30 años de prisión solo por indicios y especulación, sin prueba concluyente Esta encarcelada desde agosto de 2008, llevando ya casi 6 años de privación de libertad.
Ena
Ena tenía 27 años cuando ocurrieron los hechos, había estudiado hasta 4° grado, era empleada doméstica y madre de 2 hijos. Tuvo un embarazo y el hombre que la embarazo no quiso hacerse responsable de esa criatura, lo que le genero mucha inseguridad y desesperación. Tuvo un parto extrahospitalario, expulsando a la criatura en una letrina, la criatura sobrevivió. Durante el juicio se presentaron informes contradictorios sobre el tiempo de gestación ya que el reconocimiento de medicina legal a Ena determina 20 semanas de gestación y el informe forense del neonato le determina que era de 40 semanas. Ella reconoció en el juicio su comportamiento, siendo condenada a 15 años por homicidio tentado o imperfecto. Actualmente tiene 30 años y lleva más de 4 años presa.
Carmen
En octubre de 1999, parto extra-hospitalario en la casa donde trabajaba como empleada doméstica. Fue trasladada por sus empleadores al Hospital de San Bartolo, donde la denunciaron. Posteriormente apareció el cuerpo muerto del neonato, determinándose que murió por asfixia. En el juicio no se determinó la edad de gestación del producto, no se aportó ninguna prueba testifical o material de que Carmen tuviera una acción directa que pudiera causar la muerte de la criatura. Esta presa desde octubre de 1,999 es decir casi 15 años.
Teodora
Residente en San Salvador, de 24 años cuando ocurrieron los hechos, estudio hasta 9° grado, tiene 1 hijo y trabajaba como vendedora. Tuvo un parto adelantado, sin que haya datos ni pruebas del periodo de gestación. El neonato murió y según elinforme de Medicina Legal hay confusión pues expresa que fue por hipopxia perinatal, es decir que dejo de respirar en el proceso inmediatamente, durante o después del parto. En el informe forense se habla de indicios de asfixia mecánica y la declaración en juicio del medio forense afirmó existencia de signos de asfixia por sumersión. No existiendo claridad de como ocurrió la muerte del neonato ni si Teodora tuvo alguna responsabilidad en este hecho. Sin embargo únicamente por indicios y especulación fue condenada a 30 años de prisión. Actualmente Teodora tiene 29 años y lleva 5 privada de libertad.
Guadalupe
Guadalupe, tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos por los que se la procesó. Vivía en un municipio obrero del Area Metropolitana de San Salvador, solo había estudiado hasta 4 ° grado. Estaba soltera y era empleada doméstica. Es madre de un niño que actualmente tiene 5 años.
Cuando se produjeron problemas obstétricos que provocaron el parto adelantado a las 38 ó 40 semanas de gestación, se encontraba en la casa de sus patronos donde trabajaba como empleada doméstica, siendo trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo cuyo personal la denunció. Fue interrogada sin asistencia jurídica mientras estaba hospitalizada.
Durante el juicio no se presentó ninguna prueba directa que estableciera de manera clara y precisa que Guadalupe hubiera realizado ninguna acción que condujera a la muerte del recién nacido, al cual se le realizó una autopsia que estableció de forma concluyente que la causa de muerte era indeterminada, no presentando evidencia externa ni interna de traumas.
A pesar de ello y basado en especulaciones e indicios fue condenada a 30 años de prisión. Actualmente tiene 23 años de edad y lleva presa desde 2007, hace más de 6 años.
Mariana
Mariana, tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. Vivía en una finca de Ahuachapán. Solo había alcanzado el ° 2 grado en la Escuela y se ganaba la vida como costurera. En su niñez, producto de una enfermedad quedo con una grave lesión en una de sus piernas, por lo que tiene una importante discapacidad física que le dificulta la movilidad. En febrero de 2000, cuando tenía entre 38 y 40 semanas de embarazo tuvo un parto extra-hospitalario en la finca donde vivía. Fue llevada por su hermana al Hospital de Maternidad, donde la denunciaron a la Fiscalía. No se le garantizó la presunción de inocencia ni el debido proceso y como reconoce la propia sentencia no existen pruebas de que ella provocara la muerte de la criatura puesto que “la prueba testimonial como la pericial no puede calificarse de otra manera que no sea de “Prueba Indiciaria”, pues la autopsia realizada en el cadáver de la recién nacida, solo es prueba directa de la causa de muerte”. Es decir no se sabe cómo fueron los hechos, de que murió la criatura, ni si alguien le provocó la muerte. El defensor público que tuvo, no le garantizo una defensa adecuada y fue condenada a 25 años de prisión. Actualmente tiene 33 años y lleva 14 años presa.
Mirna
Mirna, vivía en un cantón del Area Metropolitana de San Salvador, estaba casada y tiene un hijo. Había estudiado hasta 4° grado y a veces trabajaba de bordadora para traer ingresos a su familia. En mayo de 2003, cuando tenía unas 36 semanas de embarazo, sintió deseos de ir a la letrina y allí tuvo un parto precipitado, pidió auxilio y sus familiares la llevaron al Hospital. La ginecóloga que la atendió corroboró que el producto no era de término y que había sido un parto precipitado extra-hospitalario. La criatura cayó en la letrina pero aunque sufrió algún daño no murió. Los juzgadores no creyeron las palabras de Mirna, ni las de su esposo que declaró que esperaban con ilusión un hijo. Esto fue confirmado por el informe de la asistente social de Medicina Legal que afirmó “se tiene por acreditado que el hogar en el cual vivía la imputada es estable, con apoyo, respeto y responsabilidad, que aunque con muchas limitaciones económicas, su familia la apoya….”. En base a suposiciones y sin ninguna prueba directa fue condenada a 12 años y seis meses de prisión por homicidio en grado de tentativa. Mirna lleva presa desde mayo del 2003, ya ha pasado casi 11 años en la cárcel.
Cinthya
Cinthia, tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos en 2008. Vivía en un canto del Departamento de la Libertad. Según ella narra, estaba de 8 meses de embarazo, a las 11.30 de la noche sintió dolores, estaba sola en la casa y salió al patio donde tuvo un parto precipitado y tuvo que atenderse ella misma. La criatura salió con el cordón umbilical enrollado al cuello, ella con una tijera intento cortarlo, hiriendo a la criatura, no recuerda que pasó. Después la llevaron al Hospital.
En el juicio fue atendida por un defensor público, peo careció de la asistencia jurídica adecuada, ya que fue condenada a pesar de que no se presentó ninguna prueba directa de que ella fuera la causante directa e intencional de la muerte de la criatura. En la autopsia existen inconsistencias sobre el tiempo transcurrido entre que ocurrió la muerte y cuando se realizó el análisis. Por otra parte una prueba psicológica que se le realizó un mes después de los hechos manifiesta que en ese momento todavía se encuentra con una fuerte depresión y riesgo de suicidio, lo que hace suponer que pudo padecer un trauma depresivo post parto. No se tuvieron en cuenta esta falta de pruebas y fue condenada sin ninguna prueba directa, a 30 años de prisión. Está presa desde mayo de 2008, llevando ya 6 años en la cárcel.
Verónica
Verónica, tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos. Era originaria de un caserío de Ahuachapán. Estaba soltera y era analfabeta. Trabajaba como empleada doméstica. Estaba embarazada de 36 ó 38 semanas, producto de una violación y tuvo un problema obstétrico por el que expulso la criatura que estaba gestando. Fue denunciada por sus patrones que la llevaron al Hospital de Chalchuapa. Los diversos informes médicos y forenses no coinciden en el periodo de gestación en el que se encontraba María Verónica, uno dictamina 16 semanas de embarazo, otro 18 y el informe de Medicina Legal afirma que el feto era de 36 semanas. Tampoco hay ningún testigo, ni ninguna prueba que explique cómo ocurrieron los hechos. El propio Tribunal reconoce en la sentencia que carece de pruebas directas para poder acusar y condenar a Verónica, afirmando: “Respecto de la autoría el Tribunal estima que no existe prueba directa, pero existen demostrados hechos que unidos entre sí pueden llevar a una conclusión…”, es decir todo se basa en especulación basada en prejuicios, tal como expresan mas adelante en la sentencia: “..los motivos que tuvo el sujeto activo para su cometimiento se desconocen aunque puede deducirse que su motivación era evitar un reproche social…”. Tuvo un defensor público que no hizo valer estas inconsistencias, ni su presunción de inocencia. Siendo condenada a 30 años de privación de libertad. Actualmente a sus 29 años lleva 11 años presa.
Alba
Alba, tenía 21 años cuando ocurrieron los hechos en 2009. No había podido seguir la escuela por lo que era analfabeta. Vivía en un cantón del Departamento de la Libertad, tenía 2 hijos y estaba a cargo de una hermana enferma. Su mama acababa de morir. Ella nunca ocultó su embarazo y había planificado con su mama cómo hacer para poder mantener a los dos hijos que ya tenía y al que venía. Tuvo un parto precipitado y extra-hospitalario y se desmayó, cuando despertó le llevo el producto que había expulsado a una vecina, que dice que la criatura respiro durante media hora y luego dejo de respirar, por lo que lo velaron en una casa de oración cercana. A la mañana siguiente antes de enterrarlo llamaron a Medicina Legal.
Alba fue acusada de ser la causante de la muerte de la criatura, sin embargo no existen pruebas de que ella realizara ningún acto que pudiera provocar la muerte de la criatura. Tal como reconocen los jueces en la sentencia “El presente caso la prueba aportada constituye prueba indiciaria” a partir de la cual conjeturan la presunción de culpabilidad. La sentencia está realizada de forma tan inconsistente que incluso llega a decir: “El señor ALBA …., tenía el conocimiento que la conducta de disparar a una persona es prohibido por la ley”, lo que muestra cómo se construyen las sentencias con un “corta y pega”, confundiendo a la acusada con un señor y diciendo que disparo, cuando en ninguna parte del juicio se comprueba que hubiera ningún disparo. Con estas inconsistencias fue condenada a 30 años de cárcel. Alba lleva presa más de cuatro años, sin poder cuidar a sus dos hijos y a su hermana enferma.
Johana
Johana residía en Quezaltepeque. Tiene dos hijas menores. En 2008 estando embarazada de unas 28 semanas tuvo una caída y le entraron deseos de ir a la letrina, donde tuvo un parto prematuro y precipitado expulsando a la criatura que estaba gestando, la cual al caer sufrió golpes y contusiones. Johana Iris se desmayó y no recuerda con claridad que sucedió.
Fue acusada de intento de homicidio a pesar de que una de las testigos, acreditada mediante capacitación impartida por el Ministerio de Salud, manifestó que: “según su experiencia que había sido accidental porque se había caído y eso le pudo provocar el parto y sentir la necesidad de defecar, esta necesidad de defecar es normal ….”. El informe psicológico que le realizaron manifiesta que “… se sospecha que la joven sufrió algún tipo de abuso sexual en la niñez o adolescencia el cual fue negado por la evaluada sin poder determinar si fue por represión o conscientemente”. En definitiva no se presentaron ningunas pruebas materiales o testimoniales que permitieran tener certeza de que Johana Iris realizara algún acto que pudiera perjudicar al hijo que había tenido, lo cual reconoce el mismo Tribunal al afirmar “…Este tribunal después de hacer las consideraciones correspondientes de la prueba considera que hay duda respecto a esta circunstancia: si fue accidente o si fue a propósito que la señora Johana….. llego a dar a luz a ese lugar…”. A pesar de estas dudas la condenaron a 15 años de prisión por homicidio tentado.
Johana está guardando prisión desde el año 2008, ya lleva más de cinco años en la cárcel.
Evelyn
Evelyn tenía 22 años cuando ocurrieron los hechos. Vivía en un cantón de La Libertad. Había alcanzado el 6° grado y trabajaba como jornalera agrícola. En su familia se habían dado antecedentes de trastornos psiquiátricos. Tiene un hijo de su anterior pareja. Estaba viviendo una situación grave de maltrato, recibía golpes e insultos de su compañero de vida quien no era el padre de su primer hijo y negaba la paternidad del embarazo de 38 semanas que en ese momento tenía Evelyn, diciéndole que lo abortara. Tuvo un parto precipitado extrahospitalario y producto de la situación que estaba viviendo, tuvo un trastorno mental transitorio, en esas circunstancias su hijo recién nacido murió.
Fue juzgada y el informe de una psicóloga del Instituto de Medicina Legal afirmaba que “ se advierte presencia de un trastorno mental orgánico al momento de los hechos, ya que se encontraba la evaluada en estado puerperal (había dado a luz hace pocas horas), considerando un trastorno mental transitorio que puede revelar secuelas que presenta características de una personalidad que corresponden a personas que han crecido en ambientes hostiles y abusivos”. Sin embargo los jueces no quisieron tener en cuenta este informe y solicitaron un nuevo examen psicológico que fue contradictorio con el anterior, es decir, no garantizaron la presunción de inocencia de la acusada ni pudieron aportar pruebas directas de que ella fuera la causante de las agresiones al neonato. Fue condenada por indicios y conjetura a 30 años de privación de libertad. Está en prisión desde 2010, habiendo sufrido ya 4 años de cárcel.
Teresa
Teresa vivía en un barrio obrero del Area metropolitana de San Salvador. Era trabajadora de maquila y tiene un niño de 8 años que padece asma bronquial.
A finales de 2011 tenía 29 años y aunque ella no lo sabía estaba embarazada, en noviembre tuvo un parto precipitado adelantado extra-hospitalario en la letrina y murió la criatura. Tuvo una fuerte hemorragia y desmayo por lo que sus familiares llamaron a la Cruz Roja trasladándola al Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde fue denunciada, de que se había provocado un aborto. Durante el juicio no se determinó el periodo de gestación de Teresa por lo que la médica que la atendió manifestó “…que no puede determinar si se trataba de un parto de término normal o aborto….” La autopsia definió que la muerte del neonato fue por asfixia perinatal y el Juez interpreto ese diagnóstico como muerte provocada por una agresión, pero esta interpretación carece de rigor medico pues la asfixia perinatal puede tener diversas causas naturales en el momento anterior o posterior al parto. En el juicio también se cometieron otras inconsistencias como aceptar un testimonio que aseguró que estaba embarazada en enero de 2011, pero como el problema obstétrico en que murió la criatura ocurrió en noviembre de 2011, eso supone que el juez considera que el embarazo duro 11 meses. A pesar de estas inconsistencias y falta de pruebas directas que demostraran que Teresa realizó alguna acción intencional que produjera la muerte del neonato, ella fue condenada a 40 años de prisión.
Está en la cárcel desde noviembre de 2011, llevando en prisión más de dos años. Por carecer de otros familiares a su pequeño hijo lo tiene que cuidar su abuela paterna, ya muy anciana.
Maria
María vivía en una comunidad de San Salvador. Tenía 23 años cuando ocurrieron los hechos. Es madre de un hijo y trabajaba como empleada doméstica. En mayo de 2010 tuvo un parto precipitado extra-hospitalario en el baño de la casa donde trabajaba. Perdió mucha sangre por lo que el personal médico que llegó a atenderla tuvo que ponerle líquidos endovenosos y diagnosticó que la criatura estaba muerta. Posteriormente fue trasladada al Hospital San Bartolo, de donde fue denunciada. Se realizaron dos informes psiquiátricos en los que se manifestaba la posibilidad de que se hubiera dado una depresión pos parto o un brote psicótico. Sin embargo los juzgadores no los tuvieron en cuanta y fue condenada a 30 años de privación de libertad. Guarda prisión desde mayo de 2010, estando ya cuatro años encarcelada.
AmecoPress / COMCOSUR MUJER No. 420 – 2/07/2014
__________________________________________
“El perdón no se puede lanzar al aire, a ver si cae en la cabeza de quien corresponde” – Luis Pérez Aguirre
(Tomado del libro A campo traviesa. Los caminos de Mario Costa)
__________________________________________
COMCOSUR MUJER ES UNA PRODUCCION DE COMCOSUR COMUNICACION PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400
MONTEVIDEO URUGUAY / comcosur@comcosur.com.uy /
COMCOSUR es miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo Institucional ni personal.
__________________________________________