Entradas de enero de 2016

1) Grupo de Artillería: varios sitios de interés –
2) Todos contra el aumento de las tarifas públicas –
3) Sindicalistas dejaron afuera de un asado a políticos del Frente –
4) Fumigación de soja con Malathión intoxicó a vecinos de Salinas –
5) Río Santa Lucía en estado «crítico»
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2055 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de Enero de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Grupo de Artillería: varios sitios de interés
(Caras y Caretas)

El GIAF inició este lunes los trabajos en búsqueda de restos de desaparecidos en un predio militar de Empalme Olmos; en esa unidad, existen “varias zonas” de interés.

Finalmente, este lunes, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) comenzará los trabajos en busca de restos de desaparecidos en el Grupo de Artillería Antiaérea Nº1, en Canelones. El inicio de los trabajos venía demorado porque se había vencido el contrato con la empresa encargada de realizar el desmalezamiento de la zona. En veinte días se hizo un nuevo contrato, y se podrá comenzar con los trabajos.

Las excavaciones, autorizada por la jueza Letrado de Pando, Isaura Tórtora, se concretarán en el predio ubicado en Empalme Olmos, Ruta 34, kilometro 42,5, cerca de Pando.

Los datos que motivaron las excavaciones surgieron de un plano de la región que fue entregado en forma anónima a integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estos datos eran coincidentes con un croquis presentado en 2008, que señalaba esa zona como un posible lugar de enterramientos clandestinos durante la dictadura.

Posteriormente, el abogado Óscar López Goldaracena presentó ante la Justicia la nueva información recabada y la jueza Tórtora, con la opinión favorable del fiscal Pablo Rivas, dispuso el inicio de la búsqueda en un área de unos 20 mil metros cuadrados.

Las actividades están orientadas a encontrar los restos de personas que habrían sido enterrados en ese lugar. La información que llegó a Familiares indica que en ese lugar habrían sido enterrados “cuatro hombres y una mujer”.

De momento, los trabajos se concentrarán en la zona que identificó Familiares (una fotografía aérea de la unidad militar donde se señala un área de los posibles lugares de enterramiento). Sin embargo, este no sería el único lugar de interés dentro del Grupo de Artillería Antiaérea Nº1 para efectuar trabajos de búsqueda de restos, ya que existen otras fuentes de información que señala al predio de “La Montañesa” como una zona de enterramientos clandestinos.

“Existen otros sitios de ese mismo lugar donde también hay denuncias sobre enterramientos. Según la información que se tiene el predio de La Montañesa es un lugar donde hay que trabajar; no cabe duda de que se trata de un lugar importante, porque las versiones refieren a que es un sitio donde hubo operaciones de estas características. Es momento de que Uruguay se saque las dudas, y hay que actuar sobre los lugares que están denunciados. Hay que investigar”, dijeron fuentes vinculadas a la búsqueda a Caras y Caretas Portal.

Sin embargo, desde el GIAF explicaron a este medio que, por el momento, sólo se trabajará en la zona identificada en los registros fotográficos que presentó Familiares, ya que es lugar donde la Justicia ordenó efectuar las tareas. En este sentido, otros datos que se obtengan deberán ser contrastados y presentado ante la Justicia, que será la encargada de definir si los trabajos se extienden a otras zonas del predio. “Por ahora, se trabajará sólo en el área particular que autorizó la Justicia”, dijeron las fuentes.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE ENERO DE 2016
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2) Todos contra el aumento de las tarifas públicas
Por distintos motivos, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y la oposición cuestionaron el aumento de tarifas públicas.
CÁ (La Diaria)

Los dirigentes del PIT-CNT reaccionaron ante el aumento anunciado por UTE de 9,85% a partir de enero. Tras varias consultas, el Secretariado Ejecutivo se manifestó “en contra de la utilización de nuestras empresas públicas como entes recaudadores”. En una declaración emitida ayer, la central sindical asegura: “Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población, en particular los sectores más vulnerables”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, explicó a la diaria que, además de considerar negativo que el aumento de UTE haya sido “por encima de la inflación, lo que claramente no ha sido la clave en los últimos años”, la discrepancia de la central pasa “sobre todo por el criterio: si uno pone un aumento lineal, las más perjudicadas van a ser las tarifas de poco importe”. “El que paga 25.000 pesos de luz notoriamente tiene un poder adquisitivo que no tiene que ver con el que paga 1.800”, opinó. El dirigente recordó que el PIT-CNT ha hecho propuestas para adoptar “una conducta tarifaria que discrimine los hogares de altos ingresos de los de bajos ingresos, que claramente un aumento de tarifa plana no lo toma en cuenta”.

En su declaración, el Secretariado Ejecutivo también llama la atención “respecto al hecho innegable de que el Poder Ejecutivo a la hora de definir sus criterios para la negociación salarial pretende desvincular los aumentos de salarios de la inflación (desindexación) y para aumentar las tarifas de las empresas públicas lo hace por encima de la inflación”. El gobierno, según Pereira, “argumentaba que no quería generar procesos inflacionarios; sin embargo, cuando se van a fijar las tarifas públicas algunas de ellas superan el IPC [Índice de Precios al Consumo], lo que no era normal en los últimos diez años”. “Nuestra propuesta concreta era que los salarios deberían haber aumentado la inflación más la recuperación que permitiera el crecimiento de la economía, y en el sistema tributario invertir el peso: que los que menos ingresos tengan tuvieran menos aumento”, explicó. El dirigente aseguró que las tarifas “son parte de la política económica”, y que se entiende “la necesidad del país de tener mayor recaudación para enfrentar los gastos, pero lo que no se entiende es que ese crecimiento recaudatorio lo tengan que hacer afectando en mayor medida a los más débiles”.

La Agrupación UTE (AUTE), que nuclea a los trabajadores de la empresa, se volvió a manifestar en contra del aumento. Agregó, en un comunicado difundido ayer, que “la rebaja de la tarifa eléctrica residencial es posible”. Se refieren a un estudio económico realizado a pedido de los funcionarios que determina que “modificando la estructura tarifaria, la cual es totalmente injusta, se puede rebajar la tarifa eléctrica al pueblo”. La AUTE asegura que los medianos y grandes consumidores “pagan la mitad de lo que pagamos los trabajadores” y que “el peso de la tarifa para los hogares es diez veces mayor que para las empresas”. También afirma que el motivo del aumento de la tarifa no pueden ser “los salarios de los empleados públicos, ya que éstos pesan 10% del presupuesto del ente, y además no tendremos aumento en este período”.

Además del incremento de UTE, El País informó ayer que OSE también aumentará sus tarifas 9,85% y que Antel lo hizo, en función del incremento de la inflación en 2015, entre 9,4% y 9,5%.

El aumento de las tarifas también fue cuestionado por las cámaras empresariales. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo a Radio Uruguay que el incremento en las tarifas complica los presupuestos previstos para 2016 del sector industrial y que la medida afectará la competitividad de las empresas uruguayas, pero también los costos al consumidor, que, advirtió, se verán afectados por este aumento. Carlos Perera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo, en la misma línea, que el aumento “no es lógico”, dada la buena situación de las represas hidroeléctricas. También argumentó que el incremento de la energía eólica en la matriz energética debería disminuir los costos.

Legisladores de todos los partidos de la oposición cuestionaron el aumento, por considerarlo un “tarifazo”. El Partido Colorado, cuyo representante en el directorio de UTE, José Amy, votó en contra del aumento, emitió ayer una declaración en la que manifiesta “su más enérgico rechazo” al aumento, que considera “un ajuste fiscal encubierto que el gobierno les hace a todos los uruguayos”.

Son los costos

Respecto de las críticas del PIT-CNT, fuentes del Poder Ejecutivo apuntaron que el aumento de las tarifas de OSE será diferencial en función del consumo y que la tarifa de UTE no tendrá aumento para los beneficiarios de los planes del Ministerio de Desarrollo Social y para quienes han regularizado la conexión al servicio. En el caso de UTE, junto con los aumentos generales, el directorio resolvió incrementar los descuentos a 42.543 servicios (que suman casi 1,4 millones de dólares anuales), correspondientes a planes de inclusión social. En el caso de OSE, quienes tengan un consumo de hasta 15 metros cúbicos -que se estima sería el de una familia compuesta por tres personas- no tendrán aumento. Respecto de la suba de la tarifa de Antel, recordaron que ésta no se ajusta desde hace diez años.

En relación con el reclamo de AUTE, las fuentes del Ejecutivo señalaron que los funcionarios de las empresas públicas recibirán un aumento similar al de las tarifas de UTE y OSE, ya que su ajuste estará compuesto por la inflación (9,44%) y un ajuste de 0,4% real. Integrantes del gobierno niegan que el aumento de tarifas sea un “ajuste encubierto”. Respecto al de UTE en particular, explicaron que se debe, en parte, a que lo que la estatal paga a los privados por energía eólica se abona en dólares, moneda que en los últimos 12 meses se apreció 25%, lo que significa un aumento de costos. “Lo que se toma en cuenta es la evolución de los costos, y nada más; no hay una transferencia a Rentas Generales por estos aumentos”, aseguró la fuente.

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3) Sindicalistas dejaron afuera de un asado a políticos del Frente
Argumentan que hubo “muchas señales muy negativas” del gobierno.
Valeria Gil (El País)

Como es tradición desde hace 15 años, los sindicalistas de la corriente Articulación se reunieron en una casa en el Este para analizar la situación política. El encuentro que siempre tiene lugar en la casa del expresidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, no contó con la presencia de legisladores del Frente Amplio e integrantes del gobierno debido a «muchas señales muy negativas» de parte de la administración del presidente Tabaré Vázquez.

«Se resolvió que no se invitaba a nadie del gobierno», dijo a El País una fuente sindical presente en el cónclave que tuvo lugar el pasado sábado 9, en Piriápolis. El asado comenzó a la hora 11 y terminó a eso de las 19. Allí asistieron las principales figuras de Articulación: desde el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, y el responsable de la Secretaría de Internacionales de la central sindical, Fernando Gambera. Como invitados especiales concurrieron los analistas Agustín Canzani y Gerardo Caetano.

En el asado de 2015 en Portezuelo, habían asistido los exministros Daniel Olesker y Eduardo Brenta, la senadora Ivonne Passada (MPP) y la diputada Susana Pereyra (MPP).

El «punto de inflexión» que determinó que este año no se invitara a políticos oficialistas, fue el mal relacionamiento del Poder Ejecutivo con el Pit-Cnt en temas como la declaración de esencialidad en la educación pública, las diferencias en las pautas para la negociación salarial y los cambios que se pretendieron introducir al Fondes.

A eso se suman los cuestionamientos que sobrevuelan a sindicatos de la educación y la salud, y las críticas a la representatividad de algunos gremialistas. Se evaluó que algunas declaraciones de ciertos funcionarios de gobierno «golpearon mucho al Pit-Cnt, a su presidente y a Articulación».

Los sindicalistas de Articulación también manifestaron su fuerte preocupación por la ausencia de un interlocutor válido dentro del Frente Amplio, que ayude a resolver estos conflictos que se generaron con el gobierno. Uno de los gremialistas expresó que el hecho de que la coalición sea dirigida por un «triunvirato cambiante», en referencia a que es rotativo, genera desconcierto y muchas veces no se sabe a quién acudir.

La crisis desatada por el déficit de Ancap se tocó en algunos discursos de los sindicalistas; algunos entendieron como «razonable» el hecho de que Alur no diera ganancias, pero reconocieron que les falta información al respecto.

Buena parte del cónclave se llevó un análisis de un documento de Articulación —que se encuentra en elaboración— donde se evalúan los 10 años de gobiernos frenteamplistas. Si bien se reconocen avances en algunas áreas, también se cuestiona en otras a los gobiernos del Frente Amplio. En ese marco, la corriente Articulación propondrá una serie de medidas a impulsar, entre las que está la revisión del sistema tributario para que «paguen más los que más tienen». Para Articulación, uno de los temas a impulsar es la mejora del acceso a la vivienda. «Pensamos que en los 10 años anteriores se han priorizado otras cosas y que es momento de encarar el tema seriamente», dijo una fuente. Se piensa en políticas que permitan disponer de viviendas que hoy se encuentran desocupadas, porque «no puede haber 160.000 uruguayos viviendo en asentamientos».

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4) Una fumigación intoxicó a vecinos de Salinas, que desde hace cuatro años reclaman a las autoridades.
FDLS (La Diaria)

El jueves 7, varios vecinos de la zona de Laguna del Cisne, en Salinas, empezaron a sentir diversos síntomas. Les dolía la cabeza, les ardía la garganta. Ese día, un estanciero había empezado a fumigar sus 300 hectáreas tapizadas de soja. Para los habitantes de la zona no es casualidad, porque no es la primera vez que pasa.

La soja llegó a la región en 2012, cuenta a la diaria Juan Chiarino, que vive cerca de la laguna. Y donde hay soja, hay herbicidas. “Vimos que había un ‘mosquito’, un aparato que se usa para fumigar, y dijimos ‘qué bueno que estén regando’. Pero después empezamos a notar un olor medio raro”. Y con él llegaron problemas para respirar, erupciones en la piel, visión nublada. Aunque algunos médicos locales diagnosticaron infecciones pulmonares en muchos de esos casos, Mabel Burguer está segura de que la culpa es de los agrotóxicos. Es grado 5 de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y estuvo al frente del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico durante 35 años. Hoy, retirada de la actividad académica, sigue de cerca y con preocupación el tema en Uruguay. Los vecinos, además, tienen pruebas irrefutables que ya presentaron a las autoridades: fotos de tanques de Roundup -nombre comercial de un herbicida cuyo componente activo es el glifosato- que encontraron en los alrededores de la laguna.

En octubre del año pasado hubo una nueva ronda de fumigaciones especialmente fuerte y dañina. Jacqueline, esposa de Juan Chiarino, fue una de las afectadas. “Es una mujer sana, que no tiene ninguna patología; no es alérgica ni asmática”, recuerda Carol Aviaga, senadora por el Partido Nacional, quien ha mostrado preocupación por temas medioambientales. La legisladora llevó a Jacqueline a la policlínica, donde le recetaron un antialérgico.

Combatir los daños del glifosato en las personas es una tarea complicada. A pesar de que en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como “potencialmente cancerígeno”, en Uruguay no existe equipamiento para detectar su presencia en la sangre. El laboratorio más cercano para realizar estos estudios es el de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. “No son análisis caros, pero hay que mandar las muestras. Para que un ciudadano pueda hacerse los estudios tiene que ir a Argentina, pero para que el Ministerio de Salud Pública [MSP] los tome como válidos tiene que haber un escribano. Un vecino de la laguna que vive en su chacra no está en condiciones de hacerlo”, reclama Aviaga, oriunda de Lavalleja y enfermera de profesión, quien en octubre impulsó una reunión entre vecinos de la zona y Jorge Basso, titular del MSP. La senadora se reunirá hoy con el fiscal de Corte, Ariel Cancela (que ocupa el cargo mientras Jorge Díaz está de licencia), para plantear el caso de esta nueva fumigación y otros conflictos ambientales, y proponer que se elaboren estadísticas sobre personas afectadas por esas causas. También planifica volver a reunirse con autoridades del MSP y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y le envió una carta formal al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con quien mantuvo un intercambio desde su cuenta de Twitter. “Sabemos bien que la acumulación de químicos y la erosión no es culpa del productor familiar. En Uruguay nos conocemos todos”, dijo Orsi, quien además ironizó: “Qué bueno sería poder elegir por las redes con quién ‘debatir’. No estoy ligando nada. Me tocó el Capitán Planeta en su versión regia”.

Que 300 metros no es nada

Además de los problemas puntuales de salud, hay preocupación por la laguna misma, donde hay una planta potabilizadora de OSE que lleva agua a 170.000 ciudadanos de la costa canaria. Ayer, después de cuatro años de reclamos, la OSE tomó muestras de agua de la laguna para analizar la presencia del agrotóxico. Los vecinos y Aviaga sostienen que las sustancias se filtran por corrientes subterráneas hasta allí, pero además dicen haber visto a peones lavando los tractores de fumigación -llamados “mosquitos”- en las aguas.

No hay estudios sobre los efectos que puede tener la exposición a largo plazo al glifosato, pero Mabel Burguer explica que en Argentina hay informes que hablan de abortos espontáneos, malformaciones fetales, cáncer y problemas crónicos varios. La experta en toxicología ha visto abundantes casos también en San José y Paysandú. Una resolución del MGAP de 2004 prohíbe que se apliquen fitosanitarios de forma aérea a menos de 500 metros de áreas urbanas y una distancia mínima de 300 metros cuando se fumiga por tierra, como es el caso de Salinas, y la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados tiene entre manos un proyecto que lleva esas mismas prohibiciones al estatus de ley. El problema es que el viento, sumado a la alta volatilidad de los químicos, puede arrastrar los agrotóxicos más lejos que esas distancias preventivas.

En algunos casos, cuenta Juan Chiarino, los vecinos tuvieron que abandonar sus casas e incluso “evacuar el barrio”. Aviaga opina que las fiscalizaciones deberían ser más estrictas o que, por lo menos, los propietarios avisen cuándo van a fumigar. “La gente no sabe en qué juzgado se denuncia, o si el fiscal y el juez, que toman las decisiones, están informados sobre el tema”, agrega.

El jueves, igual que en los casos anteriores, la primera medida de los vecinos fue acudir a la Policía, pero con el tiempo se fueron organizando para que sus reclamos cobraran más peso. Han logrado que el MSP sancione a un propietario de 300 hectáreas, que se aplicaran multas a un estanciero que secaba los humedales para poder plantar extensiones de pasto para comercializar, y que se iniciaran varios expedientes a los productores agropecuarios. Chiarino cuenta que en muchas de las audiencias los abogados usaron el mismo argumento: “Dicen que las normas que prohíben fumigar cerca de las zonas pobladas son inconstitucionales y que atentan contra un pedido del gobierno, que promueve el modelo productivo de los grandes plantíos de soja”.

Sólo una de las seis denuncias que los vecinos iniciaron contra el propietario que fumigó el jueves recibió respuesta del MGAP, pero el resultado fue sancionar a las empresas fumigadoras y no a quienes las contrataron.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE ENERO DE 2016
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5) Río Santa Lucía en estado «crítico»
(El País)

Ministerio reconoce “varios focos de contaminación” desde la ciudad de Canelones y Aguas Corrientes.

Un informe oficial reconoce que en la zona baja de la cuenca del Santa Lucía, es decir desde la ciudad de Canelones y Aguas Corrientes hasta el cierre de la cuenca, la situación por la contaminación es «crítica». Además, se admite que la calidad del agua se está viendo afectada.

«Esta área tiene el aporte de fuentes difusas y varios focos de contaminación puntual, coincidentes en un importante porcentaje con las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso sobre el eje de la ruta 5, agravado por condiciones de bajo caudal en algunas épocas como en el caso del arroyo Colorado», advierte el trabajo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (Mvotma).

El escrito, titulado Atlas de la cuenca del Río Santa Lucía, precisa que hay una segunda área de situación crítica en la ciudad de Florida, donde se «combina contaminación difusa y puntual».

La contaminación difusa corresponde, por ejemplo, a aquella que es ocasionada por la agricultura; la puntual, en tanto, a puntos específicos de contaminación por descargas de cloacas, desechos industriales o de los tambos.

El Ministerio de Vivienda reconoce en el texto que «el problema afecta más a la calidad del agua que a la cantidad» y explica que «en algunas épocas del año, el efecto combinado de mayores temperaturas con menores precipitaciones puede afectar la calidad del agua debido al menor poder de dilución».

Agua.

El texto insiste en que «la parte sur de la cuenca desde las ciudades de Canelones y Aguas Corrientes» es «particularmente grave por su extensión y por la cercanía a la toma de agua».

También se señala que las subcuencas de los ríos San José y Santa Lucía Chico tienen «valores altos de sólidos totales en suspensión, vinculados a procesos erosivos». Añade que de acuerdo con un relevamiento de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama), que depende del Ministerio, «el embalse de Canelón Grande se mantuvo con niveles de turbidez de agua por encima del umbral desde el año 2008 hasta el 2012» y que «los arroyos Canelón Chico y Canelón Grande sobrepasaron el umbral de los años 2009 y 2011».

El informe dejó en claro que el aumento de la erosión se debe a «las malas prácticas agrícolas» y a la degradación de los montes nativos ribereños, lo cual afecta los efectos negativos de la erosión. Además de esto, se enumeran otras fuentes de contaminación atadas a los tambos y a la actividad industrial.

Prioritario.

Al asumir la Presidencia, Tabaré Vázquez instó a sus ministros a no demorar la implementación de medidas que solucionen el problema de contaminación en el río Santa Lucía, ante el riesgo de que OSE no logre potabilizar más el agua, debido a los costos que esto genera.

Tras recibir un informe del Ministerio de Vivienda que advertía sobre «el creciente problema de floraciones algales de cianobacterias potencialmente tóxicas en el cuerpo del agua», lo que «indicaría un riesgo potencial de toxicidad en el agua de distribución, con encarecimiento y dificultades en el tratamiento del agua a potabilizar», Vázquez se reunió con la titular de la cartera, Eneida de León, su colega de Industria, Carolina Cosse, y de Ganadería, Tabaré Aguerre, y les advirtió que el problema de contaminación en el Santa Lucía iba a ser un tema «crucial» para su administración.

Semanas atrás la ministra de Vivienda, De León, consultada por la presencia de algas en los cursos de agua, dijo que esto «se ha visto agravado por el fósforo y otros elementos que van a los cauces producto especialmente de las agroindustrias más que de los saneamientos».

«Eventos extremos» por cambio climático

Además de la calidad del agua, el informe del Ministerio de Vivienda que fue realizado entre agosto y diciembre del año pasado, señala que «los modelos climáticos para fin del siglo XXI proyectan en nuestra región» un «aumento de la variabilidad y de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos». En este sentido, se señala el aumento significativo en la intensidad de las precipitaciones, de la duración de las olas de calor e inundaciones. Esto, sostiene además el informe, arrastrará «problemas de salud en los sectores más vulnerables del punto de vista físico (deshidratación, infecciones, etc., fundamentalmente en niños y adultos mayores) y social (necesidades básicas insatisfechas, viviendas precarias)».

Herbicida afecta a los vecinos

«En la Laguna del Cisne están contaminando toda la zona, donde hay plantaciones de soja, con herbicida. No solo contamina la tierra y el agua, sino también a la población. Hay vecinos afectados que debieron recibir atención médica. Tenían nauseas y vómitos», denunció a El País la senadora nacionalista Carol Aviaga.

La Laguna del Cisne abastece de agua la zona que va desde el peaje de Pando hasta el Arroyo Solís, lo que equivale a una población de unas 170.000 personas. Aviaga sostuvo que vecinos de la zona ya hicieron la denuncia a la Seccional 17a de Atlántida.

«Este es un tema que se arrastra desde hace cinco años, cuando se empezó a plantar en la zona aledaña a la Laguna del Cisne. Allí hay unas extensiones importantes de campo en las que se está plantando soja transgénica, con agroquímicos y agrotóxicos», añadió la senadora del Partido Nacional.

Aviaga sostuvo que hay vecinos de la zona que ya se debieron mudar, pues pretendían hacer cultivos orgánicos y esto les era imposible. También sostuvo que se han hecho denuncias, «que nadie respondió», a los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Ganadería y a la Intendencia de Canelones. Incluso, la comuna canaria declaró este año a la Laguna del Cisne como Área Protegida. «Sin embargo se sigue cultivando como no se debe en el lugar que no se debe», advirtió la nacionalista.

El problema, según Aviaga, existe todo el año, pero sobre todo en la temporada de cosecha, que va de octubre a marzo. «En estas épocas las fumigaciones se hacen periódicamente y los vecinos que viven ahí se ven tremendamente afectados. Hay lagunas tierras que son alquiladas, de gente que intenta sacar una renta; yo lo entiendo, pero no puede ser a cualquier costo», concluyó.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE ENERO DE 2016
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1) Los destinos cruzados de Burkina Faso y Costa de Marfil –
2) El Estado Islámico a la caza del petróleo libio –
3) Existe un refugio en Libia –
4) Libia, cinco años en la cuneta –
5) Europa y la Primavera Árabe cinco años después
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 755 / Miércoles 13 de Enero de 2016 / REVISTA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Los destinos cruzados de Burkina Faso y Costa de Marfil
Rémi Carayol (Jeune Afrique)
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

Septiembre de 2015, unos días después del anuncio del golpe de Estado del general Gilbert Diendéré en Uagadugú. El país está conmocionado. Quienes se oponen al golpe, sobre todo una parte del ejército, temen que un apoyo en mercenarios y armas refuerce a los hombres de Diendéré desde Costa de Marfil, donde el que fuera la mano derecha de Blaise Compaoré (1) cuenta con muchos apoyos. En la capital son sospechosas las matriculas de Costa de Marfil, aunque cruzar la frontera entre Kauara y Niangoloko sea cosa de niños. En el lado de Burkina hay algunos incordios, unos gendarmes verifican durante más tiempo del acostumbrado los carnés de identidad en un ambiente apacible. En el lado de Costa de Marfil no hay control alguno, ni siquiera un hombre para sellar los pasaportes…
Esto suele ocurrir con estos dos países cuya frontera común, de 584 km, solo tiene sentido en caso de aviso de una fuerte tormenta política y solo es real en el mapa. Hace casi un siglo que los destinos de Burkina Faso (antes Alto Volta) y de Costa de Marfil se mezclan como los de los gemelos que no se parecen, que confabulan el uno contra el otro y se detestan a veces pero que en lo más profundo de sus entrañas sienten las mismas cosas y se saben condenados a vivir juntos. «Estamos íntimamente unidos, nada podrá separarnos», constata un hombre de negocios que hizo fortuna en Burkina antes de invertir en Costa de Marfil.

Una historia colonial

Esta historia tan peculiar se debe a la colonización francesa. El pueblo mossi, en torno al cual se construyó Alto Volta, una colonia fundada 1919, mira naturalmente hacia la tierra de sus ancestros, a la que los colonos británicos llaman Gold Coast (la futura Ghana). Ahí la presión colonial y los impuestos son menores y las condiciones de trabajo más atractivas. En 1925 de cada cuatro habitantes de Alto Volta que emigran tres lo hacen en esa dirección.

Ahora bien, para Francia El Dorado es Costa de Marfil. Necesita brazos. Muy rápido se impone a los administradores coloniales la idea de utilizar a los habitantes de Alto Volta, que son muchos, como fuerza de trabajo en las plantaciones y en el ferrocarril de Costa de Marfil. Bajo la presión de los grupos económicos de Costa de Marfil (que ven un ello una manera de reclutar a mansalva) pero también porque en París los anticlericales desconfían de este territorio fuertemente influenciado por monseñor Joanny Thévenoud (un obispo amigo de los mossi), en septiembre de 1932 se disuelve Alto Volta y se reparte entre Sudán Occidental (futuro Mali), Níger y Costa de Marfil.

Este último se queda con la parte más grande, ve cómo su población se duplica de golpe y su frontera retrocede más allá de Uagadugú. Toda una parte de Alto Volta se denomina a partir de entonces Alto Costa de Marfil. El objetivo de ello es claro, como resume entonces el ministro [francés] de las Colonias: «Pone a disposición de Costa de Marfil una mano de obra abundante y disciplinada que es lo único que le falta para insuflar un vigor prometedor». Como el reclutamiento era obligado, los habitantes de Alto Volta ni tienen más opción que tomar el camino del sudoeste en vez del camino del sudeste. Afluyen en masa a Costa de Marfil donde despectivamente son tratados de kanga («esclavos»), sobre todo cuando su rostro mellado por las escarificaciones tradicionales refleja su pertenencia al pueblo mossi.

El papel de Félix Houphouët-Boigny

Las tornas van a cambiar después de la Segunda Guerra Mundial, en el curso de la cual los habitantes de Alto Volta demostraron su lealtad a la «Francia libre» a la que se unió el Mogho Naba (rey de los mossi) desde junio de 1940. En abril de 1946 se suprime el trabajo forzado, a pesar de lo cual no disminuye el flujo de emigrantes entre Alta Costa de Marfil y Baja Costa de Marfil. Más tarde, en septiembre de 1947, se reconstruye Alto Volta. Para París no se trata únicamente de recompensar su lealtad. El cálculo es mucho más cínico: hay que contener la influencia del partido Rassemblement démocratique africain (RDA), el partido de Féliz Houphouët-Boigny (2) que entonces es de obediencia comunista. Su base se sitúa en Costa de Marfil pero amenaza con extenderse a toda África Occidental Francesa (AOF) vía Alto Volta. Un gobernador que en Uagadugú «metiera en vereda las tendencias RDA sería muy útil al sistema», escribía el ex embajador Frédéric Guirma en un ensayo sobre Maurice Yaméogo publicado en 1991.

Los políticos de ambas tierras han aprendido a conocerse. Además, Houphouët debe su avance a un habitante de Alto Volta: Ouezzin Coulibaly. Costa de Marfil solo cuenta con un escaño en la asamblea nacional constituyente que nace tras la guerra en Francia: renunciando en favor de su primogénito, opuesto a un dignatario mossi, y aportándole los votos de la región de Bobo-Dioulasso, Ouezzin ayudó a Houphouët, el cual sin duda no lo habría conseguido sin ese apoyo.

Las relaciones entre Houphouët y Yaméogo (3), que se impuso como la principal figura política de Alto Volta antes de las independencias, son a imagen y semejanza de las relaciones entre ambos territorios, accidentadas. Jacques Foccat, el «Señor África» de Charles de Gaulle, las resume así: «Había percances, pero Houphouët era el jefe […]». Yaméogo se alía al RDA, después flirtea con Léopold Sédar Senghor antes de adherirse al proyecto de Unión Sahel-Benin (el futuro Consejo de la Entente) defendido por Houphouët. Como marfileño, Yaméogo no es favorable a una independencia inmediata. Como marfileño, tendrá que seguir la voluntad popular. Ambos países festejan la independencia al mismo tiempo, el 5 de agosto de 1960 en el caso de Alto Volta y el 7 de agosto en el de Costa de Marfil.

En los años siguientes Yaméogo y Houphouët multiplican los encuentros. Las relaciones se deterioran mucho en 1961, cuando el presidente de Alto Volta visita al enemigo de Houphouët, el ghanés Kwame Nkrumah, y cuando se suprimen las barreras aduaneras entre ambos. En aquella época Yaméogo se complace en ridiculizar a los ministros marfileños de paso en Uagadugú, a los que ante la muchedumbre califica en idioma mossi (el mooré) de «gang’ninsé desnudos bajo sus ropas de gala». Eso complace a los hombres y mujeres que a menudo son considerados menos que nada del otro lado de la frontera. Pero Yaméogo vuelve enseguida al redil y se convierte en uno de los más fieles aliados de Houphouët.

Este último conservará toda su amistad por Yaméogo después de su caída en 1966. Le enviará dinero y no le desanimará cuando trame la caída de su sucesor, el general Sangoulé Lamizana. Finalmente Houphouët acogerá a Yaméogo cuando se vea obligado a exiliarse. Antes de su muerte Jacques Foccart reconoció la injerencia de Houphouët en los asuntos burkineses y su rechazo de Lamizana: «Houphouët le manifestó esta hostilidad más tiempo que respecto a Eyadéma, pero se entendió extremadamente bien con Yaméogo. Consideraba que los mossi debían dirigir Alto Volta».

Cuando los burkineses suponían un problema

A medida que se van sucediendo los jefes de Estado en Uagadugú (todos ellos militares, lo que tiene el don de desmotivar al marfileño) se van normalizando las relaciones entre ambos vecinos. Los burkineses desconfían de Houphouët, al que acusan de querer «avasallarlos», aunque tienen que estar a bien con él. Después la situación se tensa con la llegada al poder de una pandilla de oficiales jóvenes y revolucionarios en 1983. Es el fin de una época. Alto Volta se convierte en Burkina Faso y con ello acaba la dependencia política respecto al «hermano mayor» marfileño. Solo la muerte de Thomas Sankara en 1987, que se sospecha urdida por Houphouët, podía reconciliar al presidente marfileño con el antiguo Alto Volta. Con Blaise Compaoré, que se había casado con una mujer cercana al presidente marfileño, el eje Abidjan-Uadadugú vuelve a ser imprescindible.

Pero los tiempos han cambiado. A principios de la década de 1990, el «Viejo» [Houphouët] está próximo a su fin, su sucesión se anuncia feroz y el «milagro marfileño» pertenece al pasado. Las relaciones entre ambos países son más estrechas que nunca en ese momento. En las décadas de 1950, 1960 y 1970 cada vez más habitantes de Alto Volta quieren beneficiarse de ese famoso «milagro» para el que hacen falta brazos. En 1951 se crea un sindicato de reclutadores construido en torno a los poderosos dueños de plantaciones. Los recién llegados se instalan ahí donde hay plantaciones, primero en calidad de peones y luego como plantadores. Este flujo de personas no supone problema alguno durante años, incluso es fomentado por una política liberal de acceso a la tierra que Houphouët había resumido de la siguiente manera en 1963: «La tierra pertenece a quien saca provecho de ella». En 1998 Costa de Marfil cuenta con 15 millones de habitantes, de los cuales entre 2 y 3 millones (según las fuentes) son originarios de Burkina. En algunas regiones un 80 % de los campesinos «burkineses».

En esa época un veneno ya ha intoxicado el país, el concepto de «marfileñidad». La crisis económica, que afecta a Costa de Marfil a finales de la década de 1970, lleva a una recomposición de las jerarquías a favor de los inmigrados burkineses en el medio rural (tienen al tierra puesto que la trabajan) y a unos rencores y frustraciones que pronto van a explotar los actores de la guerra de sucesión que estallará después de la muerte de Houphouët en diciembre de 1993. A partir de entonces se considera un problema a los extranjeros, esto es, a los burkineses.

Los tres sucesores de Houphouët, Henri Konan Bédié (que nunca se entendió con Compaoré), a continuación el general Robert Gueï y por último Laurent Gbagbo (al que mucho tiempo apoyó Compaoré cuando estaba en la oposición y una vez elegido el marfileño suscitó la desconfianza del burkinés) explotarán este filón para contrarrestar las ambiciones de Alassane Ouattara, el ultimo primer ministro de Houphouët, al que se presenta como burkinés. En 1998 una nueva ley prohíbe a los no marfileños ser propietarios de tierras. A continuación se instaura un permiso de residencia, acaba el derecho a voto de los extranjeros y se prohíbe acceder a la magistratura suprema si el padre, el abuelo y el bisabuelo no son marfileños «de origen»…

En septiembre de 1999 en Tabou, situado en el oeste de Costa de Marfil, una discusión de tierras entre una persona autóctona y el dueño de una plantación de origen burkinés degenera y acaba en unas expediciones punitivas alentadas por las elites locales. El balance permanecerá en el recuerdo: un centenar de muertos entre los «burkineses» y 12.000 expulsados. Se ha consumado el divorcio. El proyecto de doble nacionalidad automática para los ciudadanos de ambos países que se había concebido en tiempos de Houphouët y de Yaméogo, aunque se abandonó rápidamente, ya no es sino un recuerdo lejano. Y la elección de Gbagbo en 2000 no cambia nada. La entente nunca fue tan poco cordial.

En enero de 2001 Abidjan sospecha que Uagadugú ha proyectado un golpe de Estado. En agosto de 2002 Uagadugú acusa a su vez a Abidjan de haber ordenado el asesinato de Balla Keïta, un diputado marfileño refugiado en Burkina. En 2003 se censa a 200.000 refugiados en Burkina. Algunos de ellos, a los que se llama los «diaspos», se instalarán ahí definitivamente y modificarán sensiblemente la sociología del país (sobre todo en la capital).

En aquel momento en Uagadugú se multiplican los llamamientos al patriotismo. Ante la amenaza de ver afluir a cientos de miles de ciudadanos Blaise Compaoré, muy discutido en ese momento, no se queda con los brazos cruzados. Sin hacerse ninguna ilusión sobre las intenciones de Gbagbo (el cual acortó su visita oficial en diciembre de 2001 de dos días a seis horas), a principios de la década de 2000 apoyará una rebelión fomentada por militares marfileños exiliados en la capital burkinesa tras haber sido víctimas de una purga en el seno del ejército por ser «nordistas». Ente ellos están Ibrahim Coulibaly, Tuo Fozié y Cherif Ousmane, a los que pronto se unirá Guillaume Soro.

La crisis marfileña

Lo que sigue se ha contado muchas veces . La crisis marfileña se convierte también en una crisis burkinesa. Afecta a todos los sectores: político, social, económico (el puerto de Abidjan es en ese momento el «pulmón económico» de Burkina). Compaoré pone a todos sus hombres de confianza al servicio de la rebelión: su jefe de Estado Mayor particular Gilbert Diendéré, su ministro de Seguridad Djibrill Bassolé, su hombre de las misiones secretas Salif Diallo, etc. Cuando los rebeldes llegan a Uagadugú (su base de retaguardia tras el inicio de los combates en septiembre de 2002) son alojados por los barones del régimen; por otra parte, hasta hace poco siempre eran bienvenidos ahí.

El burkinés los arma y proporciona mercenarios, consejos operativos y apoyo diplomático. En enero de 2003 Compaoré compara en una entrevista concedida al diario francés Le Parisien a Gbagbo con el serbio Slobodan Miloševic. «A largo plazo la única solución es que se vaya», afirma. Su nombramiento como mediador unos años más tarde no solucionará nada: ambos hombres serán irreconciliables, tanto más cuanto que Compaoré juega la carta Ouattara desde el principio.

La elección de Ouattara en 2010 y después su toma de posesión en 2011 tras combates mortíferos marcó una nueva etapa en la historia de las relaciones entre ambos países, aunque las tensiones vinculadas a la tierra permanezcan en los campos marfileños, sobre todo en el oeste, y aunque en Abidjan no haya desaparecido el discurso sobre la «marfileñidad. Durante su primera visita a Uagadugú en 2011 el presidente marfileño afirmó que era «urgente seguir reforzando el eje Uagadugú-Abidjan» y entonó la cantinela de Houphouët al declarar que «en Burkina cada marfileño está en su casa» y que «cada burkinés está en su casa en Costa de Marfil ». Sin duda no imaginaba entonces que uno de ellos sería el propio Campoaré, expulsado del poder en 2014.

«Hay demasiados vínculos entre las clases políticas de ambos países como para que volvamos a caer en las trampas del pasado », afirma el hombre de negocios citado al principio de este artículo, el cual recuerda que la mayoría de los «burkineses» de Costa de Marfil permanecieron ahí, incluso en los peores momentos de la crisis. Sin embargo, el intento de golpe de Estado de septiembre, a raíz del cual las autoridades burkinesas mencionaron la implicación del presidente de la Asamblea Nacional marfileña Guillaume Soro y que sacó a la luz las relaciones entre algunos golpistas y ex rebeldes marfileños, ha demostrado que nada de lo que ocurre en Uagadugú es ajeno a Abidjan y viceversa.

Notas de la traductora:
(1) Blaise Compaoré fue dictador de Burkina Faso hasta el 31 de octubre de 2014 y desde el golpe de Estado del 15 de octubre de 1987 en el que fue asesinado su predecesor Thomas Sankara (sobre este último, véase “Burkina Faso el «país de un hombre íntegro», Thomas Isidore Noël Sankara, y la continuidad del invierno político”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=207239).
(2) Félix Houphouët-Boigny es el “padre” de la independencia de Costa de Marfil y una figura fundamental de la política africana del siglo XX. Véase su biografía en https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Houphou%C3%ABt-Boigny
(3) Maurice Yaméogo fue el primer presidente Alto Volta. Intentó sin éxito crear una unión entre Costa de Marfil y Alto Volta.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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2) El Estado Islámico a la caza del petróleo libio
Leandro Albani (En Marcha)

El Estado Islámico avanza sobre Libia mientras el actual gobierno de unidad hace equilibrio en su propia fragilidad.

El avance del Estado Islámico (EI o Daesh, en árabe) desde el este del país, la lucha fratricida entre cientos de milicias armadas que responden a tribus, grupos islamistas radicales y sectores políticos, y la imposibilidad de encaminar un gobierno de unidad que alcance un acuerdo de paz marcan el derrotero de Libia, el país que, hasta no hace mucho tiempo, fue un ejemplo de desarrollo para África.

Todavía hoy, los estertores del derrocamiento de Muammar Al Gaddafi -y su posterior asesinato el 20 de octubre de 2011 en manos de mercenarios respaldados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- suenan con fuerza y repercuten en las muertes de civiles y en un profundo caos del cual las potencias, principalmente Estados Unidos, muestran su preocupación pero poco hacen para detener una sangría humana que parece no tener fin.

Por sus características mercenarias, el Daesh busca de forma desesperada el petróleo de los países que asola. En Irak y Siria los ejemplos están a la vista. En el caso de Libia, la aparición de los seguidores del enigmático y cuestionado Abu Bakr Al Baghdadi ocurrió a finales de 2014 en la ciudad de Derna, ubicada al este y sobre el mar Mediterráneo. A partir de ese momento, el Estado Islámico avanzó sobre zonas de las localidades de Bengasi y Sirte. Entre esta última ciudad y Ajdabiya (y hacia el sur de ese frente) se encuentran los principales pozos petroleros y oleoductos de Libia.

Desde el lunes, el Daesh tiene un nuevo blanco: Al-Sider, a pocos kilómetros de la localidad Ras Lanuf, donde se encuentra los dos principales puertos petroleros de la nación norafricana, que se encuentran cerrados desde diciembre de 2014.

En Al-Sider, el EI bombardeó un tanque de almacenamiento con 400 mil barriles de crudo y que ardió en llamas. Según informó Ali Hassi, portavoz del cuerpo de seguridad del puerto, en los combates del lunes murieron siete guardias y 25 resultados heridos, mientras que los enfrentamientos del martes dejaron un saldo de dos guardias muertos y 16 heridos.

Libia, la novena reserva de petróleo a nivel mundial, redujo su producción de forma drástica desde la invasión de la OTAN y el surgimiento de grupos armados irregulares. Desde ese año, la producción cayó a menos de un cuarto de su máximo de 1,6 millones de barriles por día.

Las garras militares

Además de los enfrentamientos armados entre las milicias y el improvisado Ejército libio, en el país llueven los bombardeos de quienes pujan el poder regional en ese territorio limítrofe con Argelia, Chad y Egipto. Éste último país, gobernado con mano de hierro por el general Abdelfatah Al Sisi, desde hace un año lanza sus ataques contra posiciones de los grupos islamistas radicales. La disputa entre los dos gobiernos que sobreviven Libia –uno en la capital Trípoli y controlado por los islamistas (donde resaltan miembros de Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes); el otro en Tobruk, respaldado por Estados Unidos y sus aliados- se traslada al contexto regional, teniendo repercusiones internas que se tratan de disipar con el poderío militar.

A finales de diciembre, el representante de Libia en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ibrahim Al Dabashi, indicó que “Estados Unidos, Italia, Francia y el Reino Unido buscan llevar a cabo operaciones aéreas contra Daesh en el país”. El diplomático agregó que las tropas libias van a acompañar en el terreno los ataques aéreos contra el EI. Según la cadena HispanTV, desde las Fuerzas Armadas italianas están dispuestos a desplegar 4000 uniformados en Libia, algo que no consideran una ocupación o una intervención.

En los primeros días de enero, el enviado especial de la ONU en Libia, Martin Kobler, no descartó que el organismo internacional envíe tropas internacionales a la nación para combatir al Estado Islámico.

Un futuro nebuloso

¿Acaso los países que rociaron de combustible a los grupos armados que derrocaron a Gadafi serán los encargados de apagar el fuego del caos en Libia? Si lo hacen, su histórica postura de doble rasero quedará expuesta otra vez. Si dejan que el conflicto interno se propague se confirmará que en el caos encuentran réditos más que provechosos. En ambos casos, Estados Unidos y sus aliados dejan en claro que salvar el status quo en Libia nada tiene que ver con tender una mano a un pueblo agotado y diezmado por la guerra.

En diciembre del año pasado, los gobiernos libios que se disputan el territorio firmaron un acuerdo para conformar una administración de unidad, con la mediación de la ONU. Pero esta alianza no está exenta de disputas. El representante de Tobruk en el nuevo Ejecutivo, Ali al Katrani, amenazó con que su sector podría abandonar el gobierno si disponen cambios en la cúpula militar, dirigida por el general Jalifa Hafter, militar vinculado con la CIA y con los opositores que derrocaron a Gadafi.

Según lo acordado, a principios de febrero en Libia se deberá formar un consejo presidencial que nombre un gabinete y consolide un único parlamento en Trípoli. Ayer, la Cámara de Representantes, órgano legislativo reconocido por Estados Unidos y Naciones Unidas, fracasó por segunda semana consecutiva en su intención de votar un acuerdo de paz, fundamental para que el gobierno de unidad sobreviva.

Mientras las intrigas palaciegas aumentan, el repiqueteo de ametralladoras no se calla y los bombardeos resuenan en las entrañas de los hombres y las mujeres de Libia, una estabilidad mínima para la otrora potencia africana es pura nebulosa.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Existe un refugio en Libia
Karlos Zurutuza (Gara)

Una localidad bereber se convierte en uno de los escasos lugares del país en el que migrantes y refugiados no temen por su vida

Ni Suleimán, ni tampoco Ahmed o Rasul tienen SIDA. Lo confirman los certificados médicos que cuelgan a la entrada de su pequeño restaurante en el centro de Zuara. Los hermanos Nabelsi llegaron desde la isla de Yerba (Túnez) hace dos años, y llevan despachando sándwiches de hígado y pollo desde entonces. Su antiguo restaurante en su localidad natal ya había sido tocado de muerte con el terremoto político que sacudió la región en 2011. La masacre de turistas del pasado junio en la localidad de Susa no fue sino la confirmación de que solo volverían a casa para visitar a su madre. Apenas son dos horas de coche hasta Yerba. Además, Zuara tampoco les resulta tan extraña.

“Muchos tunecinos buscaron trabajo en Trípoli tras el colapso del turismo en el país pero nosotros nos quedamos aquí porque somos amazigh, y aquí todos lo son”, explica Suleimán, mientras envuelve una nueva remesa de sándwiches en papel de estraza.

Tiene razón. Situada a un centenar de kilómetros al oeste de Trípoli, esta ciudad de 50.000 habitantes es el único enclave bereber en la costa libia. Motivos más coyunturales que ideológicos la vinculan con el Gobierno de Trípoli, que se disputa el control del país con el de Tobruk, éste en la frontera de Egipto. A los dos poderes en liza tras la guerra de 2011 se añade el del Estado Islámico, un tercer actor que se hace fuerte en Sirte, la localidad natal del depuesto Gadafi.

A día de hoy, la carretera que lleva a las montañas de Nafusa, el principal bastión amazigh en Libia, está cortada por una milicia árabe leal a Tobruk, lo mismo que la de Trípoli. El caos parece hacerse irremisiblemente con el país pero los Nabelsi no se plantean volverse a marchar. “No habrá lugar más seguro que éste en toda Libia”, sentencia Rasul, el pequeño. Y si las cosas se ponen feas, añade, uno siempre puede cruzar a Túnez.

Podría hablarse de cierta normalidad en esta ciudad en la que uno de cada dos negocios es una cafetería. Todas están abiertas, lo mismo que las oficinas de la administración local, o las escuelas en las que la lengua amazigh es una asignatura desde hace ya cuatro años.

No obstante, Zuara habría sido devorada por el escombro y la basura de no ser por la labor del equipo de limpieza. Junto con el buzo naranja, el distintivo turbante tuareg parece haberse convertido en parte del uniforme de los barrenderos aquí. Durante los últimos meses, los tuareg han desplazado del sector a los subsaharianos. Son hijos del desierto como Isa Shabud quien, a sus 70 años, ha cambiado la arena de su Ubari natal, en el inhóspito sur del país, por la de la playa de Zuara. Tras siglos, quizás milenios de pacífica convivencia, tuaregs y tubus (otra pueblo del sur) se enfrentan entre sí obligados a alinearse con Trípoli y Tobruk respectivamente. Shabud optó por huir.

“Llegué aquí tras perder todo lo que tenía”, lamenta el tuareg. “Alguien me dijo que Zuara era una ciudad muy pacífica y no me lo pensé dos veces”. Desde las dependencias de la Media Luna Roja, Ibrahim Atushi, responsable del Comité de Emergencia de dicha ONG en Zuara habla de 3000 trabajadores extranjeros registrados en la localidad.

“Son tunecinos, nigerianos, malienses, gambianos… llegan no sólo de África sino también desde países tan remotos como Pakistán o Bangladesh”, explica a GARA el funcionario. Dice conocer las cifras porque todos los emigrantes necesitan un certificado médico para poder trabajar de forma legal. “El número de ilegales es una incógnita”, acota.

“Ilegales”

Los paneles y murales en recuerdo a los caídos en la guerra se levantan alrededor de la plaza de los Mártires, una rotonda siempre congestionada, y que preside un monolito con un caballito de mar tallado en piedra. Ese es el icono de Zuara.

A 200 metros en dirección oeste, la carretera es súbitamente flanqueada por decenas de individuos que trepan a camiones que paran durante escasos segundos. Son tunecinos, nigerianos, malienses, gambianos… incluso hay media docena de bengalíes. Pero ninguno de ellos tiene un certificado médico ni, por ende, un permiso de trabajo.

Desde el amanecer hasta bien entrada la noche esperan trabajos esporádicos en la construcción, en labores de limpieza; “en lo que sea”. Jalil deja marchar a otro camión para contar su historia. Perdió a sus padres y a un hermano en la guerra contra Boko Haram y consiguió escapar del país tras sobrevivir a un secuestro de los islamistas radicales. Pero la pesadilla no había hecho más que empezar.

«Nada más llegar a Trípoli la milicia me encerró y me dejaron un teléfono móvil para llamar a mi familia. “Diles que te mataremos si no envían 500 dólares”, le decían los guardias mientras le golpeaban. Jalil quedó libre para volver a ser encerrado. Y otra vez lo mismo. Resulta que tuvo suerte: “A los que no pagan los matan o, simplemente, los venden como esclavos a gente que tiene negocios en la construcción”, añade.

La mayoría de los subsaharianos a su alrededor aseguran haber pasado por lo mismo pero todos dicen sentirse más seguros en Zuara. “Aquí nuestra vida sigue siendo miserable pero nadie te encierra ni te golpea como ocurre en el resto de Libia”, explica Amín, uno de los gambianos. En un buen día de trabajo, Amín puede ganar hasta 15 dinares (unos cuatro euros). A partir de 600 podrá costearse un pasaje a Europa en una patera.

Naciones Unidas sitúa la cifra de los que han cruzado el Mediterráneo durante 2015 en 600.000, duplicándose así el número del año pasado. Amín está dispuesto a intentarlo, pero no será desde aquí: las barcas llevan semanas sin salir desde que la milicia local descabezara a la mafia responsable del tráfico. “¿Sabes desde dónde salen ahora? pregunta, limpiándose la cara aún cubierta de polvo de obra. “¿Nos puedes decir a dónde podemos ir?”

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Libia, cinco años en la cuneta
Karlos Zurutuza (Naiz)

Cuando está a punto de cumplirse un lustro desde el comienzo de la guerra en Libia, la complicada situación en sus carreteras ofrece una certera radiografía del momento en el que se encuentra el país.

“¿A Trípoli? Se puede, pero no desde aquí”. En Zuara, una localidad costera a 60 km de la frontera con Túnez, todo el mundo coincide en que los poco más de 100 km hasta la capital libia son impracticables. A menos de 15 kilómetros hacia el este, en Sabrata, uno se arriesga a “incrustarse” contra un puesto de control gestionado por el ISIS. Aún en el caso de que se haga coincidir el trayecto con la hora del rezo, Anwar Salik, miliciano local, avisa de que la amenaza no acaba ahí.

“Tras Sabrata hay que atravesar el territorio de los Warshafana donde, casi con toda seguridad, te robarán el coche para venderlo en el mercado de Aziziya (sur de Trípoli)”, lo mejor, añade Salik, es viajar por mar en una de las lanchas rápidas que salen de Zuara.

Casi cinco años tras el comienzo de la guerra que destronó a Gadafi, viajar por Libia es como hacerlo por Afganistán: si se puede se vuela a las principales ciudades; si no, se tienta a la suerte por carreteras que controlan mil grupos armados.

La actual atomización del poder en el país se explica, en parte, por la existencia de dos Gobiernos y sendos parlamentos: el de Trípoli, sostenido principalmente por Turquía y Qatar, y el de Tobruk que reconoce la ONU y respaldan Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y bajo cuyo paraguas se alinean tribus antes leales a Gadafi como los Gadafa, los Warfallah o los Warshafana.

Otra alternativa terrestre para llegar a Trípoli desde Zuara sería hacerlo desde las montañas de Nafusa. Apenas son 80 kilómetros desde la costa pero hay que atravesar Wotya, que controla Tobruk. Descartado. Hoy por hoy, la única vía segura para acceder a la cordillera desde la costa es desandar el camino hacia Túnez y volver a entrar en Libia a través del paso de frontera de Dehiba-Wazzin.

Seguridad en carretera

Apenas hay tráfico en ambos puestos fronterizos, ni para entrar ni para salir. La brutal devaluación del dinar libio en los últimos meses ha reducido drásticamente el número de libios que cruzan a Túnez para ir al médico, hacer compras, o beberse sus ahorros en la isla de Yerba, o Túnez capital. No hay dinero. El único tráfico transfronterizo fluido es el de los camiones cisterna. Circulan en línea, prácticamente pegados, por la única carretera de Nafusa tras llenar sus jorobas de gasolina libia, todavía más barata que la tunecina.

Los surtidores se quedan secos tras el paso de los contrabandistas por lo que Tariq Hassan, un abogado local de Nalut, nunca viaja sin una reserva extra de gasolina en el maletero. Otro elemento imprescindible en la carretera libia es la pistola, pero ésta cambia de sitio según la coyuntura.

“Generalmente la llevo en la guantera para tenerla a mano por si alguien me da el alto con la intención de robarme. Si es un checkpoint organizado la escondo porque sé que me la quitarán si la encuentran. Una pistola es mucho más cara que un Kalashnikov y no estoy dispuesto a tirar mi dinero”, explica Hassan, que asegura detestar las armas.

Toda precaución es poca cuando uno se aventura a abandonar las lindes de su localidad en Libia, pero muchas veces no queda más remedio. Una razón de peso es cobrar la nómina. Los sueldos dejaron de llegar a las montañas hace cinco meses, cuando el helicóptero que traía el metálico a la sucursal local del Banco de Libia fue derribado. Desde entonces, los lugareños bajan a Trípoli al menos una vez al mes. Eso sí, además de incluir gasolina extra en el maletero y una pistola, conviene preguntar a la milicia local sobre sus últimas actuaciones. Las razones son obvias:

“Aún tomando carreteras secundarias para evitar a los Warshafana, hay que atravesar Zintán (una localidad árabe alineada con Tobruk) para llegar hasta Trípoli. Si la milicia de Nalut tiene retenido a algún zintaní, ten por seguro que te arrestarán a ti en cuanto llegues a Zintán”, detalla Hassan.

No es algo demasiado grave. Incluso cuando hay rehenes, su liberación se lleva a cabo de forma bastante civilizada. Se intercambian en Kabao, una localidad a medio camino entre Zintán y Nalut que cuenta con el mejor restaurante de todo el macizo. Hassan dice que, a menudo, se quedan todos a comer antes de volver a casa.

Repostaje

Lo cierto es que Nalut y Zintan ilustran una situación que es extensible al resto del país. La mera supervivencia obliga a localidades rivales vecinas a llegar a acuerdos, tácitos o explícitos, que se siguen antojando imposibles entre sus respectivos Gobiernos de Trípoli y Tobruk. Si los zintaníes quieren seguir cruzando a Túnez saben que han de dejar pasar a los amazigh camino de Trípoli. Otro ejemplo es el del llamado “puente aéreo” de los árabes en Nafusa. Dado que éstos se alinean con Tobruk, en el extremo este, y las carretas hasta allí son impracticables (entre otras cosas por la presencia del ISIS en Sirte), los zintaníes operan vuelos desde un tramo de carretera que ya se usó como pista de aterrizaje improvisada durante la guerra. Para ello, por supuesto, necesitan que los amazighs de Rehibat retiren el checkpoint a la entrada del “aeropuerto”. Generalmente nunca hay objeción.

En cualquier caso, la situación es extremadamente volátil por lo que la información de primera mano es fundamental antes de echarse a la carretera.

El último en entrar al popular restaurante de Kabao es Kaire ben Taleb, representante por Nalut tras las elecciones del Consejo Supremo Amazigh del pasado agosto. Recién llegado de Trípoli, el bereber aconseja evitar el barrio de Shuk al Juma por los combates entre las milicias de Misrata y las de Abdelhakim Belhaj, ese comandante islamista que combatió en Afganistán y

pasó por cárceles secretas de la CIA antes de convertirse en el primer Ministro de Defensa de la Libia post-Gadafi. La milicia de Belhaj controla el antiguo aeropuerto militar de Mitiga, el único operativo de la capital desde que el principal fuera reducido a escombros tras los combates entre las milicias de Misrata y las de Zintán, en agosto de 2014.

Halil no presta atención a las últimas novedades de Trípoli porque volverá a casa en cuanto se acabe su plato de pollo con cuscús. Su plan era viajar hoy a Túnez y pasar dos días borracho en Yerba, pero la frontera ha sido cerrada sin previo aviso. Ocurre a menudo. Frente a éstas y otras contingencias, Halil dice que destila su propio boja, el aguardiente local a base de higos y frutos secos. Su plan para el fin de semana será el de casi siempre:

“Voy a beber hasta que me parezca que en Libia las cosas finalmente funcionan”, sentencia el libio con un eructo, justo antes de levantarse de la mesa.

El fiasco de la ONU

La extremada complejidad logística de los desplazamientos por Libia se explica por el vacío de poder en un país fragmentado en ciudades-Estado, e inundado de armas desde la guerra de 2011. Libia se ha convertido en un Estado fallido en el que los intereses y las necesidades de sus habitantes cobran un papel secundario frente a los de la miríada de agentes extranjeros involucrados, principalmente los de Estados rivales del Golfo Pérsico.

Por otra parte, la credibilidad de la Comunidad Internacional como un mediador válido se ha visto seriamente perjudicada ya desde el comienzo. Los 61,000 millones de euros aprobados por la Fundación Marshall durante la cumbre del G8 de 2011 nunca llegaron. Además, la precipitada celebración de elecciones, en julio de 2012, provocó el fracaso de un Gobierno de Unidad Nacional solvente.

A pesar de todo, la Comunidad Internacional apostó por el Gobierno de Tobruk frente al de Trípoli tras reconocer unos comicios parlamentarios en 2013 que boicotearon el 90% de los libios. Dicha trayectoria va en sintonía con la total ausencia de reacciones, ni qué decir de una investigación, tras los correos electrónicos filtrados que demostraban que el mismísimo enviado de la ONU para libia, el ex diplomático malagueño Bernardino León defendía los intereses de Emiratos Árabes Unidos, los que serían sus futuros contratantes (desde el pasado noviembre, León cobra 50.000 euros mensuales como director de la “Academia Diplomática” de EAU).

El ya conocido como “Leongate” fue definitivamente silenciado tras los atentados de París del pasado noviembre. Cuatro semanas más tarde, la ONU seguía con el plan impulsado por el malagueño y organizaba una charada en Marruecos en la que supuestos representantes de ambos Ejecutivos libios firmaban un acuerdo en aras construir un Gobierno de salvación y elaborar una hoja de ruta hacia unas nuevas elecciones. La indignación de los libios fue tal que representantes, esta vez legítimos, de ambas instituciones se reunieron por primera vez en Malta para rechazar de forma conjunta el acuerdo de la ONU. En uno de los correos, filtrados, León detallaba al Ministro de Exteriores de EAU una estrategia para deslegitimar al parlamento de Trípoli, negando así a una de las dos partes entre las que, supuestamente, necesitaba mediar. En otro correo electrónico, el malagueño mostraba su preocupación sobre cómo ocultar el hecho de que sus futuros patrones estuvieran enviando armas a Libia, en clara violación del embargo de armas de Naciones Unidas.

Una excusa tan previsible como recurrente era la amenaza planteada por el Estado Islámico en el país. Diversos analistas apuntan a que se estaría sobredimensionando su presencia de forma interesada. Sólo durante el pasado mes de diciembre, cabeceras británicas aseguraban que el EI se había hecho con el control total de la ciudad de Sabrata así como de Bin Jawad, la principal refinería del país. Sin embargo, fuentes sobre el terreno coincidían en que los yihadistas habían sido expulsados a las pocas horas de su aparición.

Sea como fuere, la del “auge imparable” de los yihadistas en Libia es una narrativa que suscriben tanto Londres como París, y que podría ser el preludio de una nueva intervención.

Pero antes de ello, tanto Gran Bretaña como Francia han de ser invitadas a hacerlo, algo que no puede ocurrir a no ser que un Gobierno de Unidad Nacional así lo exija. Queda por saber si ese era el objetivo principal del “acuerdo” firmado en Marruecos bajo el auspicio de la ONU; establecer sobre el papel un Gobierno único, aunque fuera puramente nominal, para volver a intervenir militarmente en el país.

Lo que es ya un hecho contrastado es que, lejos de contribuir a la estabilidad del país, la ONU ha demorado irremisiblemente una solución a su creciente fractura.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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5) Europa y la Primavera Árabe cinco años después
Hossan Shaker (Middle East Eye)
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

El 17 de diciembre de 2010, un joven vendedor ambulante se prendió fuego tras ser humillado y acosado por la policía, que le había prohibido que se ganara de esa forma su escaso sustento. Mohamed Buazizi falleció pocos días después sin saber que su ejemplo había logrado encender la ira de sus compatriotas tunecinos hasta conseguir derrocar a su tiránico presidente, Zine Al Abidine Ben Ali, en menos de un mes. Ben Ali tuvo miedo y huyó mientras oía cómo su pueblo coreaba en francés “Dégage!” (¡Lárgate!).

Ben Ali había permanecido 23 años como presidente de Túnez con la ayuda de una fuerza policial extremadamente brutal. Sin embargo, durante toda su presidencia no había dejado de recibir alabanzas políticas de Europa, disfrutando de una buena reputación en los medios de comunicación europeos mientras se esmeraba en las relaciones públicas utilizando el engaño generalizado, permitiendo que Europa creyera que era un socio fiable, sin prestar atención alguna a la voluntad de su pueblo.

A pesar de la abundancia de informes independientes de derechos humanos acerca de la opresión, tortura y mordaza de la libertad de expresión durante la era de Ben Ali, su imagen seguía siendo en gran medida inmaculada en la cobertura de los medios europeos y continuaba recibiendo cálidas bienvenidas en las capitales europeas. Las valientes investigaciones publicadas en el extranjero durante los años finales de su gobierno no lograban disipar la creencia e imagen preponderantes de que era el presidente ideal para el mundo árabe.

Incluso cuando el pueblo tunecino estuvo protestando contra su régimen tiránico durante varias semanas, los políticos y periodistas en Europa continuaron encontrando dificultades para criticar claramente al régimen gobernante y al despótico presidente que tantas crónicas laudatorias había auspiciado. En la cobertura y comentarios de los medios europeos, los titulares no tildaron de “dictador” a Ben Ali hasta las horas finales de su gobierno, cuando todo el mundo estuvo seguro que su reinado había terminado.

El 14 de enero de 2011, los tunecinos celebraron su abrumador éxito al conseguir derrocar a un dirigente tiránico que se había empecinado en seguir en el poder con la ayuda de una red familiar aferrada las esferas económicas del país de una forma mafiosa. De repente, el mundo se puso a aplaudir a los tunecinos y las fotos de las masas de Túnez se apropiaron de las portadas de la prensa europea durante semanas. Los políticos y comentaristas en Europa empezaron por fin a hablar de la fealdad del gobierno del tirano. Fue solo entonces cuando las autoridades europeas admitieron abiertamente que sus políticas exteriores habían sido un error favoreciendo al régimen a fin de proteger los intereses de Occidente en el mundo árabe en vez de honrar sus obligaciones con los estándares de la democracia, derechos humanos y voluntad popular.

Egipto después de julio de 2013

Pero, ¿qué sucedió después? El aplauso europeo a la Primavera Árabe a favor de la democracia duró alrededor de dos años, pero después el lenguaje de concertación con los tiranos hizo de nuevo su aparición por toda la región, especialmente en Egipto. En la actualidad, está claro que no se concede valor práctico a los muchos informes e investigaciones independientes de derechos humanos sobre las atroces violaciones perpetradas por los regímenes en ataque a la democracia. A pesar del hecho de que las embajadas europeas están presenciando muy de cerca las nuevas atrocidades y cómo se aplasta y masacra al pueblo en las plazas, la afición a dar la bienvenida a los tiranos extendiendo la alfombra roja ante ellos se ha recuperado nuevamente.

Hoy en día, todo el mundo debe olvidarse de todos los bellos eslóganes, iniciativas y estrategias que los políticos europeos propusieron durante la Primavera Árabe. ¿Quién recuerda ahora la “Nueva Política Europea de Vecindad” anunciada por Catherine Ashton en mayo de 2011, la Asociación para la Democracia y Prosperidad Compartida con el Mediterráneo Sur propuesta por la Comisión de la UE en marzo de 2011, el apoyo a las democracias emergentes en las iniciativas del mundo árabe, o incluso la nueva versión de la Asociación Euromediterránea que se reprodujo durante la Primavera Árabe?

La verdad es que la democracia quedó pisoteada y aplastada y que se presentaron todo tipo de excusas para llevar a cabo este brutal proceso, que no se habría producido si no se hubiera garantizado la inmunidad europea y hubiera habido crítica verdadera y castigo. No hay duda de que los políticos europeos y la mayor parte de la cobertura y comentarios de sus medios de comunicación evitaron condenar lo que había sucedido a partir de julio de 2013, tras el golpe militar en Egipto. La tiranía y la opresión se reprodujeron de forma brutal y el nivel de crueldad creció llegando hasta el extremo de perpetrar atroces masacres masivas en las plazas contra manifestantes pacíficos y quienes llevaban a cabo sentadas. La nueva tiranía utilizó campañas de relaciones públicas para engañar a Europa y al mundo.

Los poderosos Estados europeos no pueden eludir sus responsabilidades a la hora de influir en algunos de los desarrollos de su patio trasero. Tienen obligaciones y responsabilidades y no hay espacio para la confusión cuando se trata de elegir entre democracia y tiranía militar, libertad y opresión, dignidad humana y tortura.

Algunos han dicho que las políticas exteriores europeas persiguen extender la democracia pero lo que hacen más bien es trabajar en función de la lógica de sus intereses y seguridad nacional, como si el compromiso europeo de apoyar la democracia, libertad y derechos humanos no tuviera valor alguno en tiempos de dificultades. Bien, debo recordarles que los regímenes tiránicos y corruptos son los que produjeron las bombas de tiempo económicas y sociales al no proporcionar oportunidades laborales a millones de sus jóvenes cada año. Esos regímenes aplastaron las esperanzas de sus pueblos y crearon la atmósfera donde se incuba y reproduce la cultura de la violencia y el extremismo, empujando a generaciones de árabes a tomar terribles decisiones, como arriesgarse a morir ahogados en el mar Mediterráneo o caer presos de la propaganda de Daesh.
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Hossam Shaker es investigador y escritor, consultor en medios de comunicación, relaciones públicas y comunicación de masas para una serie de organizaciones europeas. Reside en Viena. Centra sus análisis en los asuntos internacionales, así como en las cuestiones sociales y de los medios de comunicación.

MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR. Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación : Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / comcosur@comcosur.com.uy / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal. / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín, no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión./ Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / http://www.comcosur.org / Y ahora puede seguir a Comcosur también en Facebook
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1) Ninguno puede lanzar la primera piedra –
2) ¿Existen diferencias entre el EI y Arabia Saudita? –
3) La geopolítica del petróleo barato –
4) Otra vez fue postergada la elección de presidente en Haití –
5) En Haití sólo un candidato está en campaña
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 754 / Lunes 11 de Enero de 2016 / REVISTA SEMANAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Ninguno puede lanzar la primera piedra
Robert Fisk (The Independent/Página12)

Cuando Arabia Saudita, con ayuda del premier británico David Cameron, fue electa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2013, todos lo consideramos una farsa. Ahora, horas después de que los sauditas musulmanes sunnitas cortaron la cabeza a 47 de sus enemigos –entre ellos un prominente clérigo musulmán chiíta–, esa designación resulta grotesca. Desde luego, el mundo de los derechos humanos está escandalizado, y el chiíta Irán habla de un castigo divino que destruirá a la casa de Saud. Multitudes atacan la embajada saudita en Teherán. ¿Qué hay de nuevo?

Durante siglos se han buscado de distintas maneras castigos divinos y seculares contra gobernantes de Medio Oriente, el más reciente contra Bashar al Assad de Siria, quien según el ministro francés del Exterior no merece vivir en este planeta. Desde hace mucho tiempo los sauditas instan a los estadounidenses a cortar la cabeza a la serpiente iraní, pero obviamente se han conformado, al menos por ahora, con cortársela al jeque Nimr al Nimr. Pero ni todos los gritos y aullidos detendrán el flujo de petróleo de los pozos sauditas ni evitarán que los amigos del reino sigan usando evasivas para disculpar sus escándalos.

Las ejecuciones son asunto interno, tal vez un paso retrógrado, y sin duda sucesos que no contribuyen a la paz en Medio Oriente. Toda esta verborrea clásica, debo añadir, de Crispin Blunt, el presidente conservador del Comité Selecto de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes británica, se produjo horas después de la decapitación en masa, ocurrida el sábado. También declaró al Canal 4 británico que tenemos que juzgar cuándo es apropiado intervenir con los sauditas en tales cuestiones. Seguro que sí. Yo apostaría a que nunca. Después de todo, no es posible hacer ondear las banderas a media asta cuando el último rey de Arabia Saudita fallece de muerte natural, y después ponerse nervioso cuando los sauditas comienzan a rebanar el pescuezo a sus enemigos.

Sin embargo, hay un pequeño paso que quienes protestan, se indignan y rugen por la reciente carnicería saudita podrían considerar, si se calman lo suficiente para concentrarse en la letra pequeña. Porque la resolución que instituyó el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas –al que los sauditas se enorgullecen de pertenecer– prescribe que todos los miembros electos deben mantener los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos. Es más, la Asamblea General de la ONU, que elige a los miembros que ocuparán los 47 lugares del consejo, tiene la facultad de suspender, mediante votación de dos tercios, los derechos y privilegios de cualquier miembro del consejo que con persistencia haya cometido violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos durante su ocupación del cargo.

Pero he aquí la dificultad. Haciendo a un lado a los serviles líderes occidentales que objetarían la menor insinuación en ese sentido contra Arabia Saudita –David, obviamente, junto con sus contrapartes de Francia, Alemania, Italia, de hecho toda la Unión Europea y Estados Unidos (por supuesto)–, y a cualquier beneficiario de la generosidad saudita, tendríamos que atestiguar el absurdo voto de Irán contra el reino. Irán, vean ustedes, ha colgado a unos 570 prisioneros –entre ellos 10 mujeres– tan sólo en la primera mitad de 2015. Eso quiere decir dos linchamientos diarios de criminales y enemigos de Dios, cifras que exceden a las de los pobres sauditas, que hace apenas dos años ponían anuncios solicitando más verdugos oficiales. En marzo, seis sunnitas fueron ejecutados en Irán en un ahorcamiento en masa.

En otras palabras, el que lance la primera piedra –frase que sería literal si el talibán aún tuviera el poder en Afganistán– haría mejor en mirar su propio historial. Y muy aparte de Estados Unidos (28 ejecuciones en 2015, sin contar ataques con drones, matanzas selectivas y otros asesinatos extrajudiciales), tenemos que recordar que en el Consejo de Seguridad de la ONU podemos encontrar defensores tan vigorosos de los derechos humanos como China y Rusia.

Así que los sauditas tienen poco de qué preocuparse por parte de la ONU, de Estados Unidos o de Dave. Hasta la revolución.

LUNES 11 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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2) ¿Existen diferencias entre el EI y Arabia Saudita?
Iñigo Sáenz de Ugarte (Brecha)

La petromonarquía es uno de los principales aliados de Estados Unidos en Oriente Medio; el EI (Estado Islámico) uno de sus principales enemigos. Las diferencias se terminan allí.

¿Puede compararse la aplicación de la pena de muerte por un Estado con las ejecuciones de un grupo insurgente que utiliza el terror para controlar a la población civil?

Muchos países, cada vez menos, cuentan con la pena capital en su sistema de justicia. ¿En qué se distingue Arabia Saudita? En primer lugar, por la forma de aplicar las sentencias. La decapitación por espada en un lugar público es el sistema elegido. La realiza un verdugo profesional, lo que no siempre garantiza la muerte por un solo tajo. El EI –y también en algunas ocasiones el Frente Al Nusra– emplea el mismo método. Su estilo es más bárbaro, pero la intención es la misma que en Arabia Saudita: cortar de raíz cualquier desviación de las conductas sociales impuestas y de su interpretación del islam. También se lleva a cabo en un lugar público para que sirva de aviso terrorífico al resto de la población.

¿Qué delitos se castigan con la muerte? En la justicia saudita, por ejemplo, el adulterio, la traición, las relaciones sexuales entre homosexuales, el tráfico de drogas, la apostasía o la “brujería” (sic) pueden acabar con el reo en el patíbulo. Todas esas transgresiones suponen el mismo destino en el territorio controlado por el EI.

Un Estado siempre garantiza más derechos a un acusado que un grupo terrorista. Pero en el sistema saudita las organizaciones de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones que los enjuiciados carecen de los derechos más elementales tanto en la investigación del delito como en la celebración de la vista. Tienen limitado el derecho a presentar testigos en su favor, y el tribunal tiende a suscribir por defecto el criterio del fiscal. Cuando el acusado es un trabajador inmigrante, sus esperanzas de salir indemne son escasas, en especial si no habla árabe y no le traducen los procedimientos judiciales.

El aumento del número de ejecuciones en Arabia Saudita ha originado algunos titulares, según los cuales en ese reino los ajusticiamientos han doblado este año a los realizados por el EI en Siria e Irak. Eso es improbable, entre otras cosas porque no conocemos todos los que se producen en zonas controladas por los yihadistas.

Pero los datos saudíes son estremecedores por sí solos. Este año pasado han sido ejecutadas 151 personas, la mayor cifra de los últimos 20 años. Esto ocurre poco después del relevo en la corona, lo que se interpreta como un intento de la monarquía de reforzar sus credenciales ante el establishment religioso en este tiempo de transición.

En los últimos días Amnistía Internacional ha dado la voz de alarma ante la posibilidad de que sean ejecutadas muy pronto más de 50 personas por delitos supuestamente relacionados con el terrorismo. El dato no está confirmado debido al secretismo habitual en Arabia Saudita en estos temas, y porque es habitual que los medios sólo informen de las sentencias cuando son aplicadas. Amnistía teme que muchos de estos reos sean activistas políticos chiitas de la región de Awamiya.

Entre ellos está el poeta palestino Ash¬raf Fayad, condenado a muerte por apostasía a raíz de la denuncia de un vecino que en un primer juicio fue rechazada. La acusación consiguió que otro juez reanudara el caso.

La principal diferencia entre la visión religiosa saudita y la yihadista del EI y otros grupos similares viene simplemente del contexto de cada país o conflicto. Los yihadistas del EI pretenden derrocar a gobiernos para instaurar su “califato”, los religiosos wahabíes están aliados con la dinastía saudita desde los orígenes del Estado para imponer su visión de la religión en ese país. Obviamente, los wahabíes nunca aceptarían un califato extranjero, que supone un liderazgo religioso sobre el Estado saudita.

Al igual que otros grupos insurgentes y que el Ejército sirio, el EI ha cometido múltiples crímenes de guerra en Siria, así como en Irak. Centenares de prisioneros iraquíes han sido fusilados. Los soldados sirios capturados han sufrido el mismo destino.

En Yemen, la Fuerza Aérea saudita ha cometido otros crímenes de guerra, según las organizaciones de derechos humanos, en la campaña de bombardeos sobre Yemen. La ofensiva sobre las milicias chiitas huzíes –no contra Al Qaeda, que controla buena parte de la deshabitada zona oriental del país– no ha conseguido eliminar a estos grupos y ha terminado convirtiéndose en una sucesión de bombardeos indiscriminados sobre zonas civiles.

Las agencias de la Onu calculan que 5.700 personas han muerto desde que esta guerra comenzó hace ocho meses. De ellos, 2.577 son civiles, y de estos últimos 637 son niños. Las milicias huzíes son responsables de centenares de estas muertes, pero la mayoría ha caído en los bombardeos de los saudíes y sus aliados.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la Onu afirmó en setiembre que el 60 por ciento de las bajas civiles se produjo en ataques aéreos. Otro informe del Acnur elevó ese porcentaje a dos tercios.

Los saudíes mantienen además un bloqueo de las costas de Yemen para impedir la llegada de suministros, lo que ha dejado sin alimentos a la mayor parte de la población del país más pobre de Oriente Medio.

La gran diferencia entre Arabia Saudita y el EI proviene de las relaciones radicalmente diferentes que mantienen con Occidente. La monarquía feudal de Riad es aliada estratégica de Estados Unidos desde los años cuarenta, como también de Europa occidental. Los contratos de armamento y las obras civiles en el país saudí son fuente de innumerables beneficios comerciales para norteamericanos y europeos.

Recientemente, Washington autorizó al Pentágono a exportar munición avanzada por valor de 1.200 millones de dólares, con la que Arabia Saudita repondrá la utilizada en Yemen. Al mismo tiempo entrega a los saudíes información en la que se valora el alcance y progresos de los bombardeos. Ni Estados Unidos ni Arabia Saudita han firmado el tratado internacional de 2008 contra las bombas de racimo, por lo que hay que suponer que esos proyectiles han formado parte de los envíos.

El apoyo militar británico a los saudíes, incluida la venta de 200 misiles Paveway IV, ha alcanzado tal nivel que los consejeros legales del Ministerio de Relaciones Exteriores no descartan que algún día el país deba enfrentarse a una acusación ante el Tribunal Penal Internacional por el suministro de estas armas para su destino en ataques deliberados contra la población civil.

Pero al final, para los gobiernos occidentales Arabia Saudita es un aliado político, estratégico y económico en Oriente Medio, el EI un grupo terrorista que pretende formar un gobierno en Siria e Irak que será, si no lo es ya, una amenaza directa para muchos gobiernos de la zona y occidentales. La ideología que inspira al Estado saudita es tan destructiva como la de los grupos yihadistas, pero con los primeros hacemos negocios.

LUNES 11 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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3) La geopolítica del petróleo barato
John Feffer (Counterpunch)
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Se suponía que el mercado iba a salvar el planeta.

Al menos ese era el argumento de muchos economistas que lidiaban con el problema del cambio climático. Como los combustibles fósiles son cada vez más escasos, sostenían, el precio del petróleo y el gas natural subiría. Y entonces, otras opciones como la solar y la eólica se abaratarían, especialmente cuando la inversión fluyera hacia ese sector e hiciera que se redujera el coste de las nuevas tecnologías.

Et voilà: Una mano invisible bajaría de forma gradual el termostato global.

Es un argumento ridículo. Por un lado, no hay garantía alguna de que el mercado vaya a responder de forma oportuna (i.e., antes de que estemos ya bajo el agua). Por otro, los precios del gas y el petróleo son tan volátiles e imprevisibles como una sesión de preguntas y respuestas con Donald Trump.

En 2008, por ejemplo, el petróleo alcanzó un precio máximo de 145$ el barril. Pero no duró mucho. Y en 2015, a pesar de todas las agitaciones que arrasan Oriente Medio y otros países productores de petróleo como Nigeria, el precio del crudo cayó entre un 30% y 40% hasta sus niveles más bajos en once años. Esa es una caída mayor que la bajada del precio de productos básicos como los metales, granos y soja. Las gasolineras por todo EEUU no reflejaron totalmente esta caída, pero los precios del petróleo siguen cayendo a una media de 2,40$ por galón, con lo que cada conductor pudo ahorrar más de 500$ el pasado año.

Hay toda una serie de razones para la caída de los precios, pero se reducen a la oferta (más) y la demanda (menos). Estados Unidos favoreció la producción de petróleo en un 66% durante los últimos cinco años, convirtiéndose en el mayor productor de gas natural y petróleo del mundo en 2015. Otros productores, como Arabia Saudí, tampoco han reducido la producción, en parte para aprovechar las sanciones impuestas a Irán y llevarse a sus clientes. Mientras tanto, la mayor eficiencia del combustible y el menor crecimiento económico en todo el mundo (especialmente en China) han reducido la demanda.

El desplome de los precios del petróleo ha sido una buena noticia para mucha gente y muchos países. Pero no ha sido una buena noticia para el planeta.

Primero las buenas noticias

Los consumidores están encantados con que bajen los precios de la energía. No sólo resulta más barato llenar el tanque del coche y calentar la casa. Las facturas de tus compras son también más bajas debido a que se han reducido los costes de producción y transporte. Las líneas aéreas rebajan sus tarifas (o al menos deberían hacerlo). Y supone un gran impulso para la economía global. Como señala The Economist: “La caída de precios estimula normalmente el PIB al transferir recursos de los productores a los consumidores, que son más propensos a gastar sus ganancias que los emiratos ricos”.

La otra buena noticia es que los precios más bajos del petróleo no han debilitado el mercado de las energías sostenibles. En el pasado, combustibles fósiles más baratos hacían que los gobiernos y la industria aplazaran la difícil decisión de cambiar a fuentes de energías renovables. Sin embargo, hay varios factores que han modificado esos cálculos.

La comunidad internacional se ha comprometido, más recientemente en París, a invertir en turbinas eólicas y paneles solares. Mientras tanto, debido a los avances tecnológicos y a los incentivos de los gobiernos, el coste de las renovables ha caído. Por ejemplo, el precio de los paneles solares en EEUU ha bajado un 70% desde 2009, y los observadores de la industria esperan incluso recortes más agudos en años venideros. Para mantener el impulso, el gobierno de Obama obligó a que se aceptara una ampliación de sus créditos fiscales para impulsar las energías renovables hasta 2019. Y los bancos de inversión, que por lo general sienten aversión a arriesgarse en estos productos, están finalmente apostando fuerte por el sector: por ejemplo, Goldman Sachs anunció en noviembre que cuadruplicaría sus inversiones en las energías renovables.

Otro beneficio medioambiental de los precios más bajos de la energía es la cancelación de proyectos muy costosos para obtener combustibles fósiles. El presidente Obama liquidó finalmente el oleoducto Keystone el pasado noviembre. El oleoducto, objetivo de la protesta activista contra el cambio climático, se convirtió en un proyecto considerablemente menos atractivo cuando los precios del petróleo cayeron por debajo de 60$ el barril.

El Departamento de Estado está también encantado con los precios bajos del petróleo. Los aliados de EEUU en Europa y Asia pueden reducir sus compras energéticas (y liberar recursos para comprar productos estadounidenses, incluyendo hardware militar). Y los principales adversarios productores de petróleo de EEUU están sintiendo el impacto. Irán, ya bajo sanciones en su producción de petróleo, se mostró el pasado año mejor dispuesto a negociar sobre su programa nuclear. Rusia, también bajo sanciones, no ha forzado mucho las cosas en Ucrania. Los precios más bajos del petróleo han acarreado también presiones para Venezuela y han reducido el flujo de ingresos del Estado Islámico.

La disminución de la dependencia estadounidense del petróleo extranjero para impulsar la producción interna no es sólo una cita jugosa en los medios de comunicación y un éxito con los votantes. También resulta ser un arma potente en la política exterior de EEUU, lo que es una buena noticia para combatir al Estado Islámico pero una mala noticia para restringir la venta de armamento.

Y ahora las malas noticias

En las noticias de diciembre se habló mucho de un potencial “pico” global en las emisiones de carbono. Los investigadores de la Universidad de East Anglia y el Global Carbon Project publicaron un informe diciendo que las emisiones de gas invernadero se habían reducido en 2015 en un 0,6%. Eso puede no parecer gran cosa. Pero representó la primera reducción de tal nivel en décadas.

Las emisiones de carbono han ido reduciéndose en la UE. En EEUU bajaron un poco en 2015. Pero la verdadera razón de la caída global es China. Debido a su reciente desaceleración económica, el país utilizó mucho menos carbón el pasado año.

Por tanto, esa debería ser una buena noticia. Pero no lo es. En primer lugar, aparte de China, EEUU y la UE, las emisiones de carbono en el resto del mundo prosiguen su escalada alcista. En segundo lugar, es más que probable que la caída sea una anomalía, al igual que resultaron prematuras las anteriores predicciones sobre el “pico del petróleo”.

Y en tercer lugar, para cualquier campaña que pretenda conseguir cero emisiones, los combustibles fósiles baratos son el peor de los desincentivos. La cuestión del precio es sencillamente demasiado irresistible para los propietarios de coches que quieren irse de vacaciones, para las compañías que quieren aumentar sus beneficios y para los gobiernos que quieren impulsar el crecimiento económico.

Ramificaciones geopolíticas

Arabia Saudí ha estado actuando recientemente de forma harto excesiva. Ha intervenido militarmente en el vecino Yemen para sofocar a una insurgencia de la que culpó a Irán (sin pruebas). Canalizó fondos hacia sus propios insurgentes preferidos (es decir, los extremistas suníes) para derrocar a Bashar al-Asad en Siria. Y el Día de Año Nuevo ejecutó a un grupo de “terroristas”, incluyendo al jeque Nimr al-Nimr, un destacado clérigo chií.

Desde luego que Arabia Saudí no es conocida por su moderación. Pero el gobierno en Riad ha estado actuando últimamente de forma más errática y paranoica de la habitual.

O puede que Arabia Saudí tenga buenas razones para sentirse paranoica. La caída de los precios del petróleo implica dificultades económicas para un país que depende de las ventas de crudo para el 85-90% de sus ingresos. El país está sufriendo ya un déficit enorme, alrededor del 15% del PIB. En su último presupuesto, los saudíes indicaron que algunos tendrían que apretarse el cinturón, lo que se tradujo en recortes en subsidios clave como el gas y el agua.

Subsidios a la baja y precios al alza. Si los precios suben, la gente se enfada. En otros países de Oriente Medio, las subidas de los precios han provocado un aumento de las protestas. No es sorprendente, pues, que Riad esté haciendo lo que puede para eliminar a las potenciales fuerzas de oposición tanto dentro como fuera del país.

La volatilidad en los mercados energéticos ha ayudado en el pasado a desestabilizar gobiernos: la Unión Soviética bajo Gorbarchev, el régimen de Suharto en Indonesia, o Venezuela justo antes del ascenso de Hugo Chávez. Por tanto, no es descabellado imaginar que los vientos del cambio soplan en Arabia Saudí, o en Rusia, donde la situación económica es casi desesperada, o en Irán, que está deseando ver el levantamiento de las sanciones económicas como resultado del acuerdo nuclear.

Pero, como señala F. Gregory Gause en un informe Brookings de abril de 2015, los precios del petróleo son sólo uno de los factores que afectan a la estabilidad de los gobiernos, y la mayoría de los productores de petróleo tienen suficientes reservas como para capear la volatilidad. En efecto, Gause imaginó que la caída de los precios del petróleo podría incluso auspiciar una mayor estabilidad en Oriente Medio si Irán y Arabia Saudí trabajaban más estrechamente para coordinar los recortes de la producción. Pero con Arabia Saudí rompiendo relaciones diplomáticas con Irán esta semana, lo que parece más probable es que ambos continúen bombeando petróleo de forma agresiva, haciendo que los precios bajen aún más.

Tal vez sea coquetear con la conspiración imaginar que EEUU ha fomentado la producción energética para mantener bajos los precios y así fomentar los disturbios en Rusia, o que Arabia Saudí ha hecho lo mismo para impulsar el descontento en Irán. Ambos países tienen otras muchas razones para pisar el acelerador en lo que a energía se refiere. Pero los políticos en Riad y Washington no se disgustarían si su estrategia produjera esos beneficios colaterales.

El problema es que la inestabilidad en Rusia e Irán no es lo que más le conviene a los intereses de EEUU o Arabia Saudí. Washington necesita la ayuda de Moscú y Teherán para negociar una solución en Siria. Y la administración de Rohani, comparada con el gobierno clerical de línea dura que podría fácilmente surgir en Irán, es un socio potencial mucho mejor para Arabia Saudí (suponiendo, claro está, que quiera un interlocutor para negociar).

Una oportunidad de oro

Los precios de la energía han bajado en un momento especialmente oportuno.

Los gobiernos no pueden sentarse a esperar que el mercado asigne los recursos de forma adecuada, especialmente en lo que se refiere al medio ambiente. Que las inversiones estén fluyendo hacia el sector de las renovables a pesar de la caída en los precios del gas natural y del petróleo es toda la suerte con la que podemos contar. No está claro cuánto tiempo los precios seguirán siendo bajos. Durante este período, los gobiernos deben usar los ahorros de forma inteligente.

La prioridad número uno debería ser la eliminación de los subsidios a la energía. Como escribe Moises Naim en The Atlantic:

“Los subsidios a la energía, que ascienden a más de 540.000 millones de dólares al año a nivel mundial, son tan comunes como perjudiciales porque están perjudicando a las economías, a los pobres y al medio ambiente, ya que estimulan su consumo y socavan los esfuerzos para ahorrar energía y utilizarla de forma más eficiente. Según el Banco Mundial, esos subsidios son enormemente regresivos: Hasta el 60% o incluso el 80% de lo que gastan los gobiernos en Oriente Medio y Norte de África para subsidiar la energía beneficia al 20% más rico de la población, mientras que los pobres reciben menos del 10% de esos fondos públicos.”

Con precios tan bajos, los gobiernos pueden ir eliminando gradualmente estos subsidios a la energía sin perturbar mucho a los consumidores (al tiempo que proporcionan transferencias en efectivo para ayudar a los más necesitados).

La segunda prioridad es que los gobiernos utilicen el dinero procedente de las importaciones más baratas de la energía para proporcionar un tipo diferente de subsidio, esta vez destinado a las renovables. Este es el momento en que el mundo debe dar un giro radical. Los gobiernos deberían centrarse en el sector público: reduciendo el uso e impacto del carbono en los edificios del gobierno, colegios, hospitales, etc. Pero deben también conseguir que para los hogares sea económicamente irresistible decantarse por la energía solar, que los servicios públicos construyan parques eólicos y que las empresas produzcan de forma eficiente.

La tercera prioridad no tiene nada que ver con la intuición. Los productores de energía deben unirse para reducir su producción. Esto hará que, en última instancia, los precios del gas y petróleo suban. Pero así es como debería ser. Si queremos neutralizar el carbono, tenemos que hacer que los combustibles fósiles sean tan caros como sea posible.

El exministro venezolano del Petróleo Juan Pablo Pérez Alfonso, gran impulsor de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC), no estaba interesado en aumentar los precios del gas para recoger beneficios extraordinarios. En cierto modo defensor del medio ambiente, consideraba que el petróleo era “el excremento del diablo”. Vio en la OPEC –y en su capacidad para reducir la producción y subir los precios- una herramienta de conservación.

Ese es precisamente el tipo de sentido común que necesitamos desesperadamente justo ahora, cuando el galón del excremento del diablo es más barato que la leche descremada.

John Feffer es director de Foreign Policy In Focus.

LUNES 11 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Otra vez fue postergada la elección de presidente en Haití.
Stephanie Demirdjian (La Diaria)

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Haití estaba fijada para el domingo 27 de diciembre. Sin embargo, unos días antes, el presidente Michel Martelly ordenó postergarlas, teniendo en cuenta el clima político agitado que vive el país y las constantes denuncias de fraude por parte de los partidos opositores. Dispuso además la creación de una nueva -y cuestionada- Comisión de Evaluación Electoral. Mientras avanzaba el trabajo de esta comisión, Martelly anunció que el domingo 17 se enfrentarán el candidato oficialista, Jovenel Moïse, y el opositor Jude Celestin. Otras autoridades ponen en duda que esto sea posible.

Los resultados de la primera vuelta electoral del 25 de octubre se publicaron recién el 9 de noviembre, tras una espera marcada por manifestaciones violentas en las que se reclamó el respeto al voto popular y hubo denuncias de fraude y falta de transparencia, sobre todo por parte de la oposición. Los resultados posicionaron en primer lugar a Moïse, el candidato oficialista del Partido Haitiano Tet Kalé (PHTK), con 32,8% de los votos, y en el segundo a Celestin, de la opositora Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana (Lapeh), con 25,3%.

Como ninguno de los dos obtuvo la mayoría necesaria para ganar las elecciones, se había anunciado una segunda vuelta para el domingo 27 de diciembre. Pero unos días antes, las denuncias de la oposición hicieron efecto y, ante una petición del Senado para suspender el proceso electoral, el presidente ordenó la creación de una nueva Comisión de Evaluación Electoral. Tras un breve análisis de la situación, esta comisión terminó por recomendar el aplazamiento de las elecciones.

A cinco días de que los haitianos acudieran a las urnas, la Corte Electoral Provisional (CEP) anunció que la segunda vuelta se pospondría, aunque sin precisar una fecha. En un comunicado publicado en la web oficial de la institución, la CEP señaló que la decisión se tomó “teniendo en cuenta las repercusiones que podría tener la continuación del calendario electoral”. El texto agrega: “La CEP, por lo tanto, recomienda encarecidamente a los actores hacer todo lo posible para facilitar la realización eventual del proceso electoral y reitera su determinación de hacer todo lo posible para la celebración de elecciones libres, justas, inclusivas y democráticas”.

La nueva Comisión de Evaluación Electoral está compuesta por cinco personas que tienen como objetivo hacer las recomendaciones necesarias para evaluar el proceso electoral y asegurar su “transparencia, credibilidad y legitimidad”, según explicó Martelly. El presidente exigió la inclusión de asistencia técnica de expertos nacionales e internacionales y observadores de la Organización de Estados Americanos, y advirtió que todas las recomendaciones emitidas por la comisión tienen que estar dirigidas al gobierno y a la CEP. Además, determinó que ambos candidatos a la segunda ronda presidencial podrán designar un representante para asistir a las reu- niones de la comisión.

No obstante, la creación de la nueva comisión no cayó bien entre los ocho candidatos opositores de la primera vuelta, aglomerados en lo que denominan “G8” (grupo de los ocho). Consideran que se trata de una “solución estética”, porque tres de sus cinco integrantes tienen vínculos con el gobierno de Martelly. “Ellos [el gobierno y la CEP] son responsables de la crisis que el país está viviendo y han convertido al país en un negocio personal”, sentenciaron los miembros del G8 en un comunicado divulgado hace una semana.

Además, pidieron la dimisión “en bloque” de la CEP -organismo que también es acusado de recibir sobornos a cambio de asegurar bancas en el Parlamento- y denunciaron el gasto “innecesario” y la “glotonería” del presidente de un país que vive una grave crisis económica -entre otras-. Según señalaron los ocho en el comunicado, el presidente pidió al tesoro público casi 800.000 dólares para reforzar su seguridad personal, “cuando le queda apenas un mes y medio en el poder”. También hicieron un llamado al pueblo y a la oposición para “preparar lo que viene después del 7 de febrero [fecha en la que Martelly debería entregar el poder a su sucesor]”, y recordaron que no van a aceptar “lo que consideren inaceptable”.

Que el segundo round electoral se postergara fue visto como un “triunfo” por la oposición, que sintió que sus reclamos fueron, en parte, escuchados. Para la Lapeh, el partido de Celestin -el hombre que se va a enfrentar al discípulo de Martelly-, se trata de “un paso en la buena dirección”. Según explicó Gerald Germain, asesor político de Celestin, a la agencia de noticias Efe, todos los que forman el G8 coinciden en esto. Germain recordó que pidió, junto con los demás partidos opositores y en reiteradas ocasiones, “una comisión para verificar los fraudes cometidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales” y anunció que en los “próximos días” revelarán las medidas y acciones que adoptarán tras el aplazamiento. “Queremos que aflore la verdad. No vamos a continuar en el proceso electoral sin que la CEP y el gobierno no respondan a nuestras reivindicaciones”, agregó, en referencia al establecimiento de una comisión independiente que revise los resultados. Ante todos estos temas, la respuesta del gobierno fue el silencio.

Después de que se anunciara el aplazamiento de las elecciones, el Consejo de Seguridad de la ONU lanzó un comunicado llamando a “todas las fuerzas” haitianas para que se “comprometan públicamente” a completar las etapas electorales dentro del calendario constitucional, que tiene como fecha límite el 7 de febrero, día en que está marcada la investidura del próximo presidente. Además, el organismo abogó por unas elecciones “pacíficas y creíbles”, y reconoció las iniciativas adoptadas por las instituciones para “aumentar la transparencia y credibilidad del proceso”. Finalmente, llamó a todos los candidatos a mantener la “calma”, evitar la violencia y las provocaciones y resolver toda disputa electoral mediante mecanismos legales.

El domingo 20, cuando después de dos meses de espera se dieron a conocer los resultados de las elecciones legislativas, múltiples protestas violentas en el norte y sur de Haití concluyeron con un muerto y varios edificios incendiados, entre los cuales se registró una oficina electoral y la sede de un alcalde. El joven que murió tenía 18 años y fue baleado en un enfrentamiento entre manifestantes oficialistas y opositores en la localidad de Terrier-Rouge, al noreste del país, según confirmó a Efe el responsable de la Policía de esa zona, Noël Guiteau.

De acuerdo con los medios de Haití, desde fines de octubre se repiten manifestaciones prácticamente a diario. Sin embargo, en la cúpula reinó el mutismo hasta el viernes 1º, cuando en el acto por el 212º aniversario de la independencia de Haití el presidente Martelly dio a conocer la nueva fecha para la segunda vuelta, el domingo 17, y dijo a los haitianos: “Les pido a todos que respeten las reglas del juego, les pido a todos mantener la calma, les pido que vayan a votar en masa, como debe ser, ir a votar a la persona que creen que los representa”.

Sin embargo, la incertidumbre volvió ayer al calendario electoral. El CEP envió una carta a Martelly en la que le dice que los días que quedan antes del 17 “no son suficientes para completar todas las actividades previas a las elecciones”. Le manifiesta su disponibilidad a reunirse con representantes del Poder Ejecutivo para evaluar la situación y buscar soluciones, pero considera que cumplir con esa fecha de votacion será “muy difícil, si no imposible”.

LUNES 11 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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5) En Haití sólo un candidato está en campaña
(20 Minutos)

La campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Haití ya comenzó, pero al parecer sólo un candidato está participando. El contendiente oficialista Jovenel Moise, un empresario agrícola poco conocido, atrajo aproximadamente a 1.500 personas a su primer mitin el viernes por la noche como parte de la campaña para la segunda vuelta electoral. Moise fue el candidato que más votos obtuvo, con 33% del total, entre los 54 que se postularon para las elecciones del 25 de octubre.

Pero el candidato que quedó de segundo, Jude Celestin, dice que sólo participará en los comicios del 24 de enero si se realizan amplias reformas al sistema electoral. Celestin dijo al Miami Herald el jueves que el presidente saliente Michel Martelly «tendrá que tener unas elecciones con sólo un candidato». Nadie responde a su número de teléfono y sus asesores de campaña no respondieron las llamadas que se les hicieron el viernes.

Aunque el Consejo Electoral Provisional ha prometido ser más transparente en la segunda vuelta, un portavoz de la comisión especial, Rosny Desroches, dijo que ha visto escasos avances desde que su comisión divulgó una serie de recomendaciones el fin de semana pasado. Roudy Stanley Penn, vocero del consejo electoral, indicó que, a menos que Celestin se retire oficialmente de la contienda, su nombre aparecerá en las papeletas el 24 de enero, ya sea con o sin campaña.

«Hasta que nos mande una carta diciendo que se retira de la campaña, estará en la papeleta para la ronda final y será cuestión de cada votante si quiere votar por él», dijo Penn el viernes. Las Naciones Unidas y varios gobiernos extranjeros han dado su apoyo a la realización de los comicios este mes. La ONU, Estados Unidos y otros gobiernos que siguen de cerca la situación en Haití han dicho que los comicios son necesarios para poder transferir el poder a un nuevo presidente antes de que venza el plazo establecido por la Constitución, que culmina el 7 de febrero.

La Organización de los Estados Americanos declaró el jueves que la realización de la segunda ronda el 24 de enero «es un paso en la dirección correcta». Aun así, reinaba la confusión en Puerto Príncipe en momentos en que arrancaba el período de campaña. El hecho de que sólo un candidato está haciendo campaña dejó perplejos a muchos haitianos, que expresaron dudas sobre la legitimidad de las elecciones bajo tales circunstancias.

LUNES 11 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL ES UNA PRODUCCIÓN DE COMCOSUR / COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR. Desde el 19 de Junio de 1994 / Coordinación : Carlos Casares – DIRECCIÓN POSTAL: Proyectada 17 metros 5192 E (Parque Rivera) 11400 MONTEVIDEO – URUGUAY / Apoyo técnico: Carlos Dárdano / comcosur@comcosur.com.uy / Comcosur se mantiene con el trabajo voluntario de sus integrantes y no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional ni personal. / Las opiniones vertidas en las distintas notas que integran este boletín, no reflejan necesariamente la posición que podría tener Comcosur sobre los temas en cuestión./ Comcosur integra la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) / http://www.comcosur.org / Y ahora puede seguir a Comcosur también en Facebook
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1) Vázquez y Macri acordaron venta de gas y Mundial 2030 –
2) Caen exportaciones por primera vez desde 2009 –
3) ANTEL y Movistar polemizan por monopolio de internet fija –
4) Sin acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y ADEOM –
5) El Varela y la crisis de la enseñanza privada
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2054 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 8 de Enero de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Vázquez y Macri acordaron venta de gas y Mundial 2030
(La República)

El Presidente Tabaré Vázquez, en declaración conjunta con su par argentino, Mauricio Macri, destacó que Uruguay instalará la planta para volver el gas licuado a su estado natural y que parte de lo que allí se produzca será destinado a Argentina, ventas que se podrán concretar en alrededor de un año. Calificó, además, de “revolucionario el acuerdo logrado para elaborar un plan estratégico binacional de política portuaria”.

Luego de darle la bienvenida al presidente visitante este jueves en la sala de prensa de la Estancia de Anchorena, Vázquez valoró positivamente que Macri haya elegido Uruguay como el primer país al que viajó tras su investidura en el marco el 10 de diciembre.

El Presidente anfitrión, en parte de la declaración conjunta realizada ante los medios de comunicación de ambos países presentes, calificó el encuentro como muy fructífero, porque se acordaron temas trascendentales para las relaciones bilaterales.

Respecto al relacionamiento entre Argentina y Uruguay, Vázquez destacó que a su entender lo más importante es que ambos gobiernos asumieron la importancia de estar a la altura de sus pueblos en un vínculo profundo, fraterno y de verdaderos hermanos.

El Presidente uruguayo subrayó que nuestro país tiene mucho para agradecerle a Argentina, porque en ese país viven miles de compatriotas que que en su momento no encontraron en su tierra las condiciones de vida que sí les dio el pueblo vecino, lo cual posibilitó que armaran su hogar, tuvieran a sus hijos, los educaran y lograran darles vivienda y salud. También resaltó que muchos argentinos viven en Uruguay, han concretado inversiones y trabajan en este territorio.

Destacó su coincidencia con Macri en que ambos países se honren y logren un relacionamiento profundo. “Hemos comenzado ese camino y creo que esto es lo primero y lo máximo, que debemos remarcar”, apuntó. El mandatario anfitrión informó que en la cumbre de Anchorena se lograron acuerdos fundamentales.

Citó, al respecto, el trabajo conjunto de control ambiental en ríos y espacios comunes de ambos y la creación de un laboratorio de última generación de control en la materia tanto en aire, como agua y tierra, lo cual servirá de apoyo mutuo para Uruguay y Argentina, así como para impulsar su utilización por parte de los demás países del Mercosur (Mercado Común del Sur), Brasil, Paraguay y Venezuela, y al resto de América del Sur.

Añadió que en la reunión se avanzó en negociaciones, que consideró prácticamente concretadas, sobre la producción que desarrollará Uruguay al transformar gas licuado en natural, emprendimiento al que Argentina comprará ese combustible. “Esto se concretará en más o menos un año”, adelantó. “Para ello Uruguay necesita que la instalación de la planta de regasificación se termine en un tiempo prudencial”, indicó el Presidente Vázquez.

Anunció, además, que en marzo viajará a nuestro país el presidente de la empresa japonesa que construye el barco de regasificación para ultimar los detalles que ya se acordaron con el mandatario Macri.

Acuerdo por puertos

Vázquez, en otro tramo de la declaración, calificó de “revolucionario” el acuerdo conjunto para elaborar un plan estratégico binacional de política portuaria, a fin de que, tanto las terminales argentinas como las uruguayas, puedan utilizar mejor las facilidades que representan los ríos y la proximidad geográfica.

Por su parte, Macri dijo que a poco de empezar las actuales administraciones, ambos países cuentan con iniciativas muy valiosas que permitirán un mejor funcionamiento de sus puertos. En ese sentido, consideró que un decreto “no muy feliz” afectó el funcionamiento de los puertos uruguayos y argentinos. Hizo énfasis en la complementación. Dijo que es ese complemento el que permitirá generar nuevas oportunidades para ambas comunidades.

Macri indicó que, aprovechando la infraestructura que tiene Uruguay, Argentina se podrá abastecer de nuestro país, así como en un momento de la historia se hizo un gasoducto para abastecer “de allá para acá”.

“Se trata de entender que, con flexibilidad, hay que complementarse, ese es el desafío”, agregó. El presidente argentino manifestó confianza en que estas dos iniciativas sean el comienzo de un relacionamiento que implique muchas más. Al respecto, Macri resolvió derogar la disposición que impedía el trasbordo en puertos uruguayos de cargas originadas en Argentina.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE ENERO DE 2016
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2) Caen exportaciones por primera vez desde 2009
(180.com)

Las exportaciones de bienes en Uruguay en 2015 alcanzaron los 8.967 millones de dólares -si se incluyen las ventas hechas desde zonas francas-, lo que representa una caída del 11,6% respecto al año anterior. Además, las importaciones se redujeron un 11,3%.

Desde el año 2009 que no se registraba una caída en la variación porcentual de las exportaciones del país. En aquella oportunidad, la cifra había sido del 10%, menor que el 11,6% presentado en 2015, según datos del informe anual de comercio exterior del Instituto Uruguay XXI.

Entre los motivos del descenso, el informe nombra a la caída de los precios internacionales de los commodities, la desaceleración de la economía china, la recesión en Brasil y el estancamiento económico argentino. Por ejemplo, se indicó que se vieron reducidos los precios de la carne bovina, la celulosa, la soja, la leche en polvo, el trigo, el arroz y los quesos.

Agrega, además, que Uruguay fue el país sudamericano que tuvo una menor reducción en sus exportaciones en 2015. Si no se toman en cuenta las ventas realizadas desde zonas francas, la caída es aún mayor. La cifra final fue de 7.718 millones de dólares, 15,5% menos que en 2014.

Más carne que soja

El 2015 marcó un año record en toneladas de carne bovina exportadas, llegando a las 223.000 toneladas de carne congelada y 39.000 de carne enfriada. A pesar de que el total marca un 2,3% menos que en 2014 en cuanto al valor exportado, el volumen vendido creció un 5,2%.

De esta forma, la carne bovina tomó el lugar que tenía la soja como principal producto de exportación con el 16% del total. En la lista le siguen la celulosa con el 14%, la soja con el 13% y los productos lácteos con el 7%.

En cuanto a los destinos de exportación, China se mantiene como el principal comprador del país, con el 23% del total comprado. Esto incluye el 75% de la soja que se vende hacia el exterior. Además, de China, Brasil fue el segundo socio comercial con el 14%, seguido por Estados Unidos con el 7%.

También cayeron las importaciones

El valor de los bienes importados por el país, sin considerarse el petróleo y sus derivados, fue de 8.457 millones de dólares en 2015, un 11,3% menos que el año anterior. El principal producto importado fueron los aerogeneradores y sus partes, llevándose un 7% del total y registrando una variación anual del 151%. Le siguieron en orden de importancia los automóviles de turismo (4%), celulares y demás (3%) y vehículos para mercancías (2%).

El informe del Instituto Uruguay XXI concluye que para 2016 se espera una leve mejoría de las condiciones debido a que “los precios de los commodities dejarían de caer, el crecimiento de China se estabilizaría y Estados Unidos continuaría creciendo con un poco más de vigor”.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE ENERO DE 2016
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3) ANTEL y Movistar polemizan por monopolio de internet fija
(El Observador)

La estatal dice que se viola la ley y la empresa privada lo niega

La telefónica estatal ANTEL tiene en su poder información sobre una presunta irregularidad de su competidor Movistar por la venta de datos (internet) fijos a clientes corporativos como supermercados y redes de cobranza. Las compañías telefónicas privadas (Claro y Movistar) -que compiten con ANTEL-, no cuentan con licencia por parte del Poder Ejecutivo para ofrecer servicios de telefonía fija o internet fija, sino móvil en ambos casos.

Fuentes vinculadas a ANTEL dijeron a El Observador que Movistar «estaría prestando servicio de internet fija», ya que las computadoras que utilizan algunos de sus usuarios corporativos están conectados por medio de un cable y no por vía inalámbrica. Este tema es seguido con preocupación en ANTEL porque el nicho de clientes corporativos es una fuente importante de su facturación por datos. La empresa tiene previsto elevar un informe a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) para que inicie una investigación a técnica al respecto. «Está claro que la prestación de datos fijos es potestad única de ANTEL. Así lo establece el marco legal vigente», explicó una de las fuentes.

Sin embargo, la compañía española rechazó la acusación de su competidor. «Movistar cumple al pie de la letra con los términos de las licencias que regulan su operativa», aseguró a El Observador, Fernando Leis, director de Marketing de Movistar Uruguay.

Una polémica similar había surgido hace un tiempo por el uso de telulares. En este caso se acusaba a las compañías Movistar y Claro de ofrecer centrales de telefonía fija. En diciembre del año pasado, los servicios jurídicos de la Ursec habían advertido que las empresas telefónicas Claro y Movistar continuaban violando, a través de sus servicios de «telulares», el monopolio de la telefonía fija que tiene la estatal ANTEL.

En una resolución que había adoptado el ente regulador en abril de 2013, la Ursec le dio un plazo de diez días a las multinacionales para que presentaran el plan a través del cual desactivarían las cerca de 50 mil líneas de «telulares» que estaban utilizando entre ambas compañías.

Otras 50 mil líneas son ofrecidas por ANTEL. El negocio total de los telulares y la tecnología denominada «E1» alcanza los US$ 40 millones anuales. El «telular» es un celular de base o de escritorio que se conecta a un teléfono convencional o a una central telefónica. Ese teléfono desde el que se realizaban llamados a celulares, que luego facturaba ANTEL, se convierte, tras adicionarle el telular, en un celular de una empresa privada que cobra por ese servicio.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE ENERO DE 2016
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4) Sin acuerdo entre la Intendencia de Montevideo y ADEOM, continuarán los paros y las ocupaciones
(LaRed21)

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales. (ADEOM) resolvió rechazar la propuesta de convenio colectivo y salarial del intendente Daniel Martínez. No descartan ninguna medida de protesta.

Luego de rechazar el acuerdo, la asamblea decidió continuar con los paros y las ocupaciones. Aún no especificaron cuándo, pero el sindicato dará a conocer las nuevas medidas de lucha en breve, seguramente en la próxima semana.

Los trabajadores de ADEOM se reunieron este lunes en asamblea para analizar la última propuesta presentada por la Intendencia de Montevideo en la Dirección Nacional de Trabajo. Tras horas de debate, resolvieron que la propuesta era “insuficiente”.

El presidente de ADEOM, Camilo Clavijo, dijo a Montevideo Portal que en el transcurso de la negociación el sindicato “sigue sin ver contempladas sus aspiraciones”. Por esta razón, los trabajadores votaron por “no aprobar ningún convenio que no contemple” las reivindicaciones pedidas.

Los funcionarios municipales decidieron volver a sus tareas, pero facultaron al Comité Ejecutivo a seguir con su plan de lucha y a tomar las medidas necesarias cuando consideren que es pertinente.

Una de las principales diferencias entre lo requerido por ADEOM y lo propuesto por la Intendencia es que el primero reclama la presupuestación de todos los empleados municipales que tengan un año de antigüedad y cumplan con la reglamentación.

Eduardo Brenta, director de Recursos Humanos de la Intendencia, dijo a El Espectador que la comuna no está dispuesta a postergar obras necesarias para dar mayores salarios, y aseguró que los municipales tienen una “compensación digna”. El 18 de enero se realizará una nueva instancia de negociación para resolver el conflicto.

Paros y ocupaciones

Luego de rechazar el acuerdo, la asamblea decidió continuar con los paros y las ocupaciones. Aún no especificaron cuándo, pero el sindicato dará a conocer las nuevas medidas de lucha en breve, seguramente en la próxima semana.

“Paros, ocupaciones, lo que hemos venido llevado adelante hasta el momento… No descartamos ninguna medida”, aseguraron los funcionarios. El lunes 4 de enero, por la asamblea, realizaron un paro, por lo que la recolección de residuos estuvo en manos del Ejército y de empresas privadas.

A mediados de diciembre, ADEOM ocupó el despacho del intendente y el sector Tecnología de la Información. Además, dejaron de trabajar los inspectores de tránsito.

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5) El Varela y la crisis de la enseñanza privada
Isabel Prieto Fernández (Caras y Caretas)

El Varela envió a todo el personal al seguro de paro y propone una rebaja salarial del 30 %. Fue el disparador para que se volviera a poner sobre el tapete la situación de la enseñanza privada y la supuesta crisis.

Desde hace años que se habla de una crisis en la enseñanza privada. Al menos, gran cantidad de los representantes que integran la Asociación de Institutos de Educación Privada (Aidep) considera que el Estado debería aportar más a los centros educativos pagos, ya sean laicos o religiosos, aunque estos últimos suelen ser los que encabezan la lista de pedidos.

Es normal que a la hora de difundir el reclamo de becas a la opinión pública, omitan que no gastan ni un peso en aportes, que están cien por ciento exonerados de impuestos, que no pagan aporte patronal, ni contribución. Están exonerados hasta de la patente de rodados, por eso hay más de un caso de directores que tienen el auto a nombre del colegio, inclusive siendo vehículos de alta gama. Así que no sería insensato pensar que con una buena gestión no tienen cómo fundirse.

Si a esos datos se le agrega el caso particular del colegio y liceo José Pedro Varela, donde la cuota más baja en ciclo básico es de 17 mil pesos y la franja de sueldos se ubica entre los 20 y los 30 mil pesos mensuales (se fracciona en caso de profesores, así que un docente con pocas horas puede ganar tres mil pesos), cuenta con 1.172 alumnos y 432 funcionarios, es menos comprensible aún que hoy esté en la situación que dice estar.

Embestida vareliana

El Varela cortó grueso: sus 432 trabajadores (o sea toda la plantilla) fueron enviados al seguro de paro. Esa fue la sorpresa del 30 de diciembre, como para que en la cena de Nochevieja no se les olvidara llenar un tapper para guardar en el freezer, que aún pueden venir tiempos peores.

La decisión fue acompañada de una propuesta: rebaja salarial de 30 % para los que tuvieran la suerte de conservar el trabajo.

Desde Aidep se asegura que “la situación del Varela es la más grave pero no está aislada de lo que sucede a otros colegios privados”. Como suele suceder en estos casos, la causa de la emergencia no es la mala gestión -faltaba más- sino que “las instituciones han tenido un crecimiento muy grande en el compromiso de los salarios, habiendo una disminución de la matrícula”. Increíble si se tiene en cuenta que por ahora lo que está vigente en el consejo de salarios es que el laudo de un docente es de 13 mil pesos y, por otra parte, los datos que arroja el Anuario Estadístico 2014 del Ministerio de Educación y Cultura, muestra el crecimiento constante de la matrícula desde el año 2000, con la única excepción de la crisis de 2002. Sin embargo, la Aidep ve el panorama cada vez peor.

Este jueves, representantes de la patronal, de los trabajadores y del gobierno se reunirán en la Dinatra. El consejo administrador del Varela ofreció poner los libros contables sobre la mesa. Los trabajadores esperan que la empresa cumpla.

Gilardoni: “Una especie de chantaje”

La secretaria general del Sintep, Liliana Gilardoni, conversó con Caras y Caretas Portal. Comenzó diciendo que los trabajadores del Varela intuían que había una situación un poco compleja, “ pero nunca de la gravedad que la institución afirma. Sí imaginábamos que pudiera haber algún despido o que dijeran que no había plata para el aguinaldo. Nunca esto”.

—¿Este seguro de paro por cuánto tiempo es?
—Lo que plantean es por enero y febrero e ir viendo los reintegros en función de las necesidades y posibilidades de la institución. En realidad no nos queda muy claro porque en febrero están los exámenes. En primaria, es más fácil, pero lo docentes de secundaria… Plantearon que la situación era trágica pero no fueron claros.

—Sin embargo mandaron a todo el personal al seguro de paro.
—En la educación privada la zafra es diciembre. Nuestros despidos siempre se dan en ese mes y después del 20, porque es una manera de no dejarte margen para negociar o reclamar. Ahora, en una situación supuestamente tan trágica como la del Varela, me parece que fue un gran error del Consejo no haberlo dicho a tiempo. Porque si dicen que está fundido y es cierto, se buscan fórmulas, nadie va a decir “no te doy nada, cerrá y nos vamos”. Ahora, al comunicarlo el 30 de diciembre no dieron margen para negociar.

—Pero ese colegio en diciembre tenía las inscripciones abiertas.
—Hay gente que ya pagó la anualidad. Es más, algunos pagaron todo el ciclo, los seis años. Queda la esperanza de que se encuentre alguna fórmula y no cierre.

—¿Barajan la posibilidad de que sea una forma de presión por parte de la patronal?
—Obviamente eso está evaluado. También somos conscientes de que la forma en que se hizo la propuesta tiene un viso de chantaje porque incluye el 30 % de rebaja salarial. Ellos plantean mandarte al seguro de paro, que no es negociable, más la rebaja salarial.

—¿Y con los docentes que tienen doble empleo y no les corresponde el seguro?
—Ese es otro problema porque la gran mayoría no lo cobrará, ya porque tenga otro trabajo, ya por tener algún grupo en Secundaria. En este caso, aunque cobres tres mil pesos, no tenés derecho al seguro de paro. En realidad para la mayoría de los trabajadores ese beneficio será simbólico, sólo es la empresa la que se salva de pagar.

—¿La matrícula ha bajado?
—La información oficial es el anuario del MEC, y ahí la matrícula aumenta, no a los ritmos que venía aumentando, pero no disminuye. Por otro lado, la psicosis del receso empezó ahora, no puede tener repercusiones en la matrícula aún.

—¿Ya firmaron el acuerdo?
—No, todavía no cerramos consejo de salarios, así que eso también pone a todo este movimiento bajo sospecha.

—Algunos directores salieron a la prensa a hablar de la necesidad de los famosos vouchers o becas, ¿el Sintep sigue estando en contra?
—Por supuesto. De todas maneras, te diré que siempre salen con lo mismo. No importa por qué sea la discusión, ellos van y empiezan con esa sanata. Los que suelen pelear las becas son los colegios católicos, y más desde que Tabaré Vázquez lo lanzó en la campaña. Los del colegio Nubarián, por ejemplo, que se está desmantelando, dicen claramente a los representantes del gobierno: “Si ustedes nos dan los vouchers, vamo’ arriba, seguimos con el colegio abierto”. Nosotros estamos totalmente en contra. No tienen vergüenza; no pagan nada, están exonerados de todo.

COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 8 DE ENERO DE 2016
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1) Sudamérica: la nueva derecha desafía la hegemonía progresista –
2) La violación a los derechos humanos hace crisis en México –
3) Estados Unidos agrava el drama centroamericano –
4) Niños trabajan en riesgo en plantaciones de tabaco en EEUU –
5) El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar
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COMCOSUR — POR LA VOZ DE MUMIA ABU JAMAL / AÑO 16 / Nº 753 / Miércoles 6 de Enero de 2016 / REVISTA SEMANAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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“Vivimos en la mentira del silencio. Las peores mentiras son las que niegan la existencia de lo que no se quiere que se conozca. Eso lo hacen quienes tienen el monopolio de la palabra. Y el combatir ese monopolio es central.” — Emir Sader
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1) Sudamérica: la nueva derecha desafía la hegemonía progresista
Gabriel Vommaro (Le Monde Diplomatique)

Las nuevas derechas regionales crecen a partir de una agenda institucional y anti-corrupción y la decisión de aceptar el piso de derechos sociales construido en la última década. Aunque incipiente, su ascenso obliga a repensar los modos de definirlas.

as derechas latinoamericanas debieron lidiar en estos años con importantes desafíos: si ya habían superado en buena medida el lastre de su pasado autoritario, la década del 2000 trajo una hegemonía de gobiernos de izquierda y nacional-populares poderosos electoralmente, que hicieron del neoliberalismo su principal antagonista. En este contexto, las derechas de la región, para ser competitivas electoralmente (1), debieron lograr al menos dos cosas: encontrar un espacio de representación bien definido, por fuera del proyecto que representaban las fuerzas de izquierda en el poder, y, al mismo tiempo, aceptar como piso los bienes colectivos conquistados por dichos gobiernos para proponer una redefinición de la relación entre el Estado y la sociedad. En definitiva, debieron aceptar una cierta “derrota” en el plano de las ideas mientras ensayaban una crítica institucional capaz de construir mayorías.

Fue la agenda institucional – “republicana”, si reducimos el concepto a su interpretación más liberal– la que permitió elaborar una crítica más o menos consistente a esos gobiernos y la que también permitió delimitar los contornos de lo no representado por las fuerzas políticas de izquierda, que tendieron a concentrar el poder en los Ejecutivos y a reformar algunas instituciones con un sentido democratizador no siempre bien argumentado (los medios de comunicación, la Justicia). En muchos casos, como en Argentina, Ecuador y Venezuela, esto despertó el rechazo de los actores más poderosos de esas instituciones –lo que se suele llamar “intereses sectoriales”– y de buena parte de la ciudadanía.

Esta agenda institucional de las nuevas derechas servía también para hacer pasar la crítica al intervencionismo estatal como lucha contra el autoritarismo, en consonancia con un argumento clásico de los tiempos de la Guerra Fría. Asimismo, la agenda institucional encontró en las denuncias de corrupción uno de los pilares en los que asentar esa crítica a los abusos de un poder que se juzgaba demasiado concentrado. Si muchos partidos y líderes progresistas llegaron al poder con una crítica a la clase política en base a la idea de que su permeabilidad a los poderes económicos se traducía en prácticas corruptas, esta agenda se fue abandonando paulatinamente, de modo que quedó disponible para las fuerzas de oposición en general, y de centroderecha en particular. La agenda anticorrupción perdió sus aristas críticas a la connivencia entre actores políticos y actores económicos y fue redefinida como una lógica de construcción de poder estatal contra la sociedad.

De este modo, las fuerzas que desde el Estado avanzaban con estrategias de protección de los ciudadanos mediante la expansión de los derechos sociales y culturales comenzaron a aparecer como amenazas a esa ciudadanía, en su denunciada voracidad depredadora de lo público. Parte de esa narrativa alimentó el avance de las derechas y centroderechas de la región.

El segundo camino adoptado permite pensar alguna de sus novedades. La crítica a los gobiernos progresistas comenzó por aceptar ciertos bienes colectivos instituidos por ellos, de modo tal que dejen de ser “conquistas” asociadas a estas experiencias para volverse patrimonio de la sociedad. Las políticas sociales cuasi-universales, otrora denunciadas como estrategias de construcción de poderes clientelares, pasaron a ser derechos ciudadanos.

La aceptación de estos bienes colectivos, e incluso de ciertos lenguajes de derechos de fuerte peso en el ciclo de gobiernos progresistas y nacional-populares, implicó, al mismo tiempo, la redefinición del proyecto político de las derechas regionales. Si tiene sentido hablar de nuevas derechas, con lo problemático del adjetivo “nuevas” (nada es del todo nuevo en la vida social, todo arrastra algo de lo viejo en su ADN), es porque construyeron una relación menos traumática con el Estado y con lo público. Desde luego, esta afirmación es aplicable a algunos casos, como el argentino o el chileno, y no tanto a otros, como el brasileño, en donde las derechas más tenazmente opositoras parecen haberse renovado poco respecto del repertorio discursivo y del repertorio de acciones políticas más clásico.

Por otro lado, aunque la nueva derecha propone una nueva definición de lo público-estatal antes que anatemizarlo, su relación con la igualdad sigue siendo problemática, al menos con el modo en que ésta fue definida durante el ciclo político progresista (2). Bajo la perspectiva de la nueva derecha, el Estado deja de ser el gran motor de la igualdad para convertirse en el promotor de la libertad: un “facilitador” de las energías emprendedoras presentes en la sociedad y ahogadas por las políticas populistas.

Fuentes

En la articulación entre la definición de un perfil propio y la aceptación de ciertos bienes colectivos del ciclo político nacional-popular y progresista, las nuevas derechas abrevan en tres fuentes que podríamos llamar culturales: la primera es el mundo de la empresa como espacio de gestión eficiente de los problemas, en el que la ideología deja paso a la flexibilidad y el pragmatismo propio de un emprendedorismo de nuevo cuño, que tiene a la innovación y el trabajo en equipo entre sus pilares. La ideología de este nuevo emprendedorismo fue descripta por Luc Boltanski y Eve Chiapello en su trabajo sobre los principios éticos –valores y principios de justicia para la acción– que promueven los libros de management y autoayuda empresaria (3). La promoción de la movilidad y la necesidad de evitar la pesadez de los conflictos políticos definen una “ideología del hacer” fuertemente arraigada en algunos de los partidos de centroderecha de la región, como el PRO en Argentina, Renovación Nacional en Chile o SUMA, la fuerza de Mauricio Rodas, en Ecuador.

La segunda fuente ideológica es el mundo de las ONG, donde la nueva derecha encuentra espacios de reclutamiento de cuadros técnicos para áreas “blandas” de gobierno, como justicia, educación, derechos humanos y desarrollo social. Formados muchos de ellos en una matriz católica, de tradición liberal-progresista algunos otros, proveen una faz sensible, abierta y social a gobiernos en los que los managers manejan las áreas estratégicas (financieras, económicas y productivas). El voluntariado como valor permite una relación con el otro social gobernada por una sensibilidad profesionalizada antes que por la militancia épica e ideológica. El mundo sin conflicto es posible no sólo por las bondades gestionarias sino también por la pluralidad cultural y la compasión experta.
La tercera fuente es el mundo de las nuevas espiritualidades y la autoayuda: en su construcción de un mundo plural y del hacer sin conflictos, el individualismo new age tiene su lugar: provee “bienes de salvación”, por citar al viejo Weber, a individuos que se ven a sí mismos como hacedores de su propio destino. La afinidad electiva entre cierta lectura hiperindividualista de estas nuevas espiritualidades y las nuevas derechas ha sido señalada, entre otros ejemplos, para el caso de PRO en Argentina (4).

Los tres recursos, que aluden a diferentes mundos sociales, tienen conexiones y ramificaciones, muchas veces de larga data: la relación de las ONG con el mundo de la empresa es conocida, y la construcción de prácticas de “responsabilidad social empresaria” le dieron nuevo empuje. Del mismo modo, buena parte de las nuevas espiritualidades actúan con la lógica de las ONG, y profesionalizan la provisión de estos bienes de salvación conectándolos, al mismo tiempo, con la provisión de bienes culturales y con la organización de las energías voluntarias en trabajos de contacto solidario con otros actores sociales. Por último, la autoayuda vinculada con el emprendedorismo retoma ciertos componentes de los repertorios morales y discursivos de las nuevas espiritualidades –el trabajo sobre sí, la autosuperación– como proyecto individual.

Digamos, antes de concluir este punto, que los tres componentes en los que abreva la nueva derecha –con diferente intensidad en cada caso– no son importados al mundo partidario o del Estado sin ninguna mediación. Son traducidos políticamente. Los propios cuadros que provienen del mundo de la empresa o de las ONG viven su ingreso a la política como un “salto” que supone una cierta conversión que les permite conservar lo mejor de ambos mundos. En definitiva, actores políticos fuertemente conectados con esos mundos sociales traen al espacio político repertorios de acción y visiones que traducen políticamente, es decir que convierten en recursos políticos. El hecho de poseer esas conexiones estrechas, que podemos llamar socioculturales, con esos diferentes mundos sociales, los dota de una enorme naturalidad en la movilización de esos recursos, que forman parte de un ethos político de nuevo tinte. Por eso no existe –así, sin más– un partido o un gobierno de managers ni de ONG ni de una nueva espiritualidad, sino una traducción política de estas fuentes culturales.

Experiencias

Los modos en que se combinaron estos elementos difieren de un caso nacional a otro en buena medida en virtud de la relación entre nuevas derechas y derechas establecidas. En Chile, por ejemplo, la renovación de la derecha se construyó en diálogo y en tensión con partidos hegemónicos que contaban con tradiciones ideológicas definidas y fuerte capacidad de movilización electoral, incluso en sectores populares. En Argentina, en cambio, la nueva derecha vino a ocupar un espacio vacante de fuerza electoralmente competitiva, frente a la extrema debilidad de las derechas liberal y conservadora, que aceptaron arriar algunas banderas ideológicas e integrarse más o menos orgánicamente al nuevo armado político, a cambio de gozar por primera vez en su historia de una fuerza propia con posibilidades de llegar al poder por medio de la conquista de mayorías electorales, primero a nivel subnacional y luego a nivel nacional (5).

Por último, la relación entre nuevas y viejas derechas también repercute en el plano más pedestre pero no menos fundamental de las estrategias electorales: la posibilidad de lograr la unidad del espacio político de la derecha y de sumar incluso a otras fuerzas como modo de construir sellos competitivos. En Argentina, el PRO logró el monopolio de su representación cuando absorbió a los partidos conservadores y los restos de la Ucedé primero y luego, a partir de 2007, a Recrear, la fuerza que había creado Ricardo López Murphy, para más tarde conseguir el apoyo de los conservadurismos provinciales. Pero lo que le permitió llegar al poder fue una coalición con otros espacios políticos –radicales y neorradicales–, que le dieron anclaje nacional y le permitieron reunir casi todos los votos opositores al peronismo en general y al kirchnerismo en particular.

Del mismo modo, la estrategia de unidad de la oposición venezolana fue saludada por la derecha regional: el ex presidente salvadoreño Armando Calderón celebró en el programa Dígalo aquí, transmitido por El Venezolano TV desde Miami, el triunfo opositor en las últimas elecciones legislativas: “La madurez de los políticos venezolanos nos está enseñando a los latinoamericanos lo que se puede hacer con unidad” (6). La nueva derecha chilena –representada por fuerzas como Evopoli y Amplitud–, precisamente por encontrarse en tensión con la derecha más tradicional, tiende a ser, por el momento, minoritaria. En Brasil, en tanto, la derecha tradicional parece más cerca de la moderación política, mientras que la nueva derecha se inclina por estrategias de desestabilización. Su dispersión favorece, hasta el momento, la supervivencia del PT en el poder.

Si los recientes logros electorales de las nuevas derechas son parte de una nueva oleada o no es algo que aún no podemos saber. Pero sí sabemos que su capacidad de renovación desafía al pensamiento a construir nuevas herramientas para comprender sus modos de construcción política y sus narrativas políticas y culturales.
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1. Para analizar otras estrategias de construcción política de la derecha más allá de la disputa estrictamente electoral, véase Juan Pablo Luna y Cristóbal Rovira Kaltwasser (eds.), The Resilience of the Latin American Right, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2014.
2. Idem.
3. El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2002.
4. Véase al respecto el reciente editorial de José Natanson sobre el peso de la interpretación individualista del budismo en estilo new age de la cultura política de PRO, “Buda”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, diciembre de 2015, así como Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti, Mundo PRO, Planeta, Buenos Aires, 2015 (capítulo 10).
5. Véase “De la UCeDe al PRO. Un recorrido por la trayectoria de los militantes de centro-derecha de la ciudad de Buenos Aires”, en Gabriel Vommaro y Sergio Morresi (editores), Hagamos equipo. Pro y la construcción de la nueva derecha en Argentina, UNGS, Buenos Aires, 2015.
6. Disponible en http://upla.net/modules/smartsection/item.php?itemid=1098

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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2) La violación a los derechos humanos hace crisis en México
Guadalupe Fuentes López (Sin Embargo)

Alguna vez Nelson Mandela dijo: “negar a la gente sus derechos humanos es desafiar su propia humanidad”, una frase que los gobiernos de todo el mundo deberían adoptar como propia para que prevalezca la justicia y la paz entre sus gobernados. En el año que está por concluir, el Gobierno mexicano fue señalado por diversas organizaciones nacionales y extranjeras por negar estos derechos y hacer oídos sordos a los reclamos de miles de mexicanos indignados por la impunidad que se vive en todo el territorio nacional.

Esta crisis de derechos humanos no sólo se concentró en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluyó la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas. Este 2015 no fue un año bueno para México en materia de derechos humanos, y, como sucede en la mayoría de las veces, los niños, mujeres e indígenas fueron la población más lacerada ante la indiferencia del Estado mexicano para hacer frente a esta “grave crisis”, como lo calificó la CIDH.

Un país donde existen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, represión, censura, detenciones arbitrarias, migrantes maltratados, un sistema de salud obsoleto, una educación precaria, presos políticos, presos por hambre… El quebranto de los derechos humanos en todo su esplendor, así es como diversas organizaciones nacionales e internacionales calificaron a México este 2015.

Un año antes, a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, México atrajo la atención internacional porque durante las investigaciones salieron a la luz ligas de autoridades con el crimen organizado y violaciones a la integridad de los estudiantes por parte de éstas.

Antes de Ayotzinapa, también Tlatlaya, en el Estado de México, levantó la indignación. En ese municipio, más de una decena de personas fueron ejecutadas por elementos del Ejército mexicano, y la manera en que el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de voluntad política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.

Estos hechos no escaparon de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos y se pronunciaron al respecto con informes, recomendaciones y documentos que demuestran con cifras y testimonios que México se ha convertido en un país peligroso para quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.

Pero este 2015 la crisis de los derechos humanos estalló, las protestas que surgieron en todo el territorio nacional se extendieron fuera del país, no sólo se escuchó el eco de los miles de mexicanos reclamando justicia y cese a la impunidad en las calles, ahora se escuchó la voz, una voz que llegó a oídos de organismos internacionales ante el silencio del Estado mexicano.

Diversos organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que vive el país y han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y establecer medidas que protejan la dignidad de las personas.

La crisis de derechos humanos no sólo se concentra en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, también incluye la represión, las detenciones arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas en diversas partes del país. Además, los crecientes ataques a la libertad de expresión, reflejados en asesinatos y secuestros de periodistas, y atentados contra medios de comunicación, han situado a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

De 2006 hasta el pasado 9 de octubre, el Gobierno de México sumó 548 recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con un recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) llamado “Derechos Humanos: el riesgo de normalizar la excepción”. De acuerdo con el recuento, la CNDH es el organismo que ha hecho el mayor número de recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.

El pasado 15 de septiembre, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU lamentó observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones que realizó al gobierno de México tras su visita efectuada en 2011 y se dijo especialmente preocupado por el deterioro que prevalece en el país desde que presentó su informe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció. El pasado 28 de septiembre cuestionó a diversos funcionarios del Gobierno federal sobre los crímenes contra periodistas y ataques a migrantes, durante el inicio de su visita de una semana a México.

El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, reclamó a México la falta de atención a periodistas. Dijo a los funcionarios federales que en México “hay una brecha entre medidas de protección, y violencia y asesinatos contra periodistas”. Por otra parte, el Comisionado Felipe González sostuvo que en materia de migración, se ha visto en México “un grave incremento en la violación de los derechos humanos”.

El Comisionado James Cavallaro sostuvo que la CIDH estaba “preocupada por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales” en el país, entre ellas citó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el Estado de México, a manos de militares y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales en Tanhuato, Michoacán.

Este último caso ocurrió este año, el 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, donde un enfrentamiento entre federales y un supuesto “grupo armado”, como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres muertos, tres más detenidos y un policía federal caído.

De acuerdo con las autoridades, el tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que los propios pobladores de la zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Otra organización que realizó recomendaciones al Estado fue Amnistía Internacional. El pasado 7 de octubre expuso que México debe cambiar la cultura prevaleciente de abusos de derechos humanos e impunidad, demostrar que está preparado para hacer de ésta una verdadera prioridad política y dar pasos firmes para pasar del discurso al desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver los problemas estructurales en materia de derechos humanos.

En materia de violaciones a los derechos humanos a los presos, el gobierno mexicano también recibió regaños.

El 15 de octubre la CIDH advirtió que en los reclusorios federales y estatales de México se presentan patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para presentar quejas ante un órgano independiente.

Por su parte, la CNDH denunció en un documento que existe un problema de sobrepoblación en los penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.

Si se considera que no todos los presos son culpables, la cifra de violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones se duplicarían para el Estado.

De acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer.

Este tipo de delito se le conoce como Robo Famélico y por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones de personas respecto al 2012.

El grupo más vulnerable que el Estado ha descuidado y donde se han cometido severas violaciones a los derechos humanos es la niñez.

En octubre pasado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que en la grave crisis de derechos humanos que vive México, los infantes y los adolescentes son los que tienen más probabilidades de padecer y perecer.

Juan Martín Pérez García, director REDIM señaló que en el ámbito de desapariciones, en los registros disponibles por parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los estados donde hay un número importante de desapariciones son el Estado de México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero.

NO OIGO, NO OIGO…

A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de diversas instancias internacionales.

“Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, señaló el pasado 7 de octubre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein.

Entre las propuestas que hizo el funcionario del organismo internacional para superar la crisis de derechos humanos en México fue el adoptar las recomendaciones del GIEI de la CIDH, fortalecer las procuraduría estatales y la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en un marco de respeto de los derechos humanos y sobre el uso de la fuerza, y adoptar un programa de medidas para desmilitarizar las tareas de seguridad pública del país.

La grave crisis de derechos humanos por los que atraviesa México y que las autoridades no reconocen, o al menos no públicamente, ya le pegó a México en lo económico.

El pasado 18 de octubre, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a “las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas”.

Como era de esperarse, el Gobierno federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en voz de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, lo calificó como “insignificante”, además de señalar que no impactará en las acciones de seguridad ni en la relación con ese país.

Para analistas y organizaciones, el Gobierno de los Estados Unidos mandó un mensaje contundente a México: que en el país no hay avances en materia de derechos humanos.

Ese mismo mes, Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que para que las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones a los mismos.

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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3) Estados Unidos agrava el drama centroamericano
Nils Castro (Alai)

Tras algunos días de “drama humanitario”, se le reabrió el camino a unos 6 u 8 mil migrantes cubanos atascados en Costa Rica. Un drama menor si se compara a los peligros que plagan la ruta de sus análogos centroamericanos y, ni qué decir, del millón de hijos del Oriente Medio que últimamente logró cruzar el Mediterráneo. Privilegiados, los cubanos migran con la certeza de que podrán atravesar México sin grandes percances y establecerse enseguida en Estados Unidos. Si bien el acuerdo entre los gobiernos centroamericanos establece que estos viajeros pagarán sus boletos aéreos a El Salvador y los autobuses de ahí hasta la frontera estadunidense, ellos tienen cómo costeárselos, como le consta a los coyotes que los condujeron hasta Costa Rica.

Todo lo contrario ocurre a los cientos de miles de mexicanos y centroamericanos que cada año enfrentan múltiples infortunios intentando llegar a Estados Unidos, o incluso después de lograrlo. Janet Murguía, la presidenta del Consejo Nacional de la Raza (NCLR) informa que durante la administración del presidente Obama 2 millones y medio de extranjeros han sido deportados, un promedio de 650 diarios o casi 2 por minuto.

Reconocidas personalidades mundiales intercedieron por los cubanos encallados en Centroamérica. Sin embargo, generalmente sus llamados pasaron por alto la situación de los millares de migrantes centroamericanos, cuyo trayecto está brutalmente sujeto a vejámenes, atracos y asesinatos, a los que luego se agregan las deportaciones. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el año fiscal que terminó en septiembre de 2015, las autoridades estadunidenses capturaron y deportaron a unos 462 mil inmigrantes indocumentados. En lo que toca a los latinoamericanos, principalmente mexicanos (146,132), guatemaltecos (33,249), salvadoreños (21,920) y hondureños (20,309), en su mayoría gente que al arribar presentó una petición de refugio que después algún juez rechazó.

Eso representó una reducción de las deportaciones respecto al año anterior. Los funcionarios y expertos la explican observando que ahora México ataja y deporta ‑‑a sus expensas‑‑ mayor cantidad de migrantes centro y sudamericanos. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza norteamericana, una de las ventajas de esta colaboración es que en 2015 Estados Unidos “solo” detuvo a 39,970 menores sin acompañantes que buscaban entrar al país, 42% menos que el año anterior. De enero a noviembre de este año la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación detuvo a 32 mil 293 centroamericanos menores de 17 años, superando los 23 mil 96 capturados en 2014.

Incluyendo a los adultos, en los primeros 10 meses de 2015 México deportó 130,826 centroamericanos que pretendían llegar a la frontera estadunidense, 41% más que en 2014. De estos, 60,120 eran guatemaltecos, 44,696 hondureños, 24,887 salvadoreños y 1,123 nicaragüenses. La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en el verano de 2014 el gobierno mexicano puso en marcha el Programa Frontera Sur, con el cual incrementó un 73% la detención de migrantes. Según WOLA, la presión sobre los migrantes los ha forzado a buscar rutas alternas, más peligrosas, haciéndolos más vulnerables ante los abusos tanto de los traficantes y los delincuentes locales como de las autoridades.

Hace poco el Washington Post informó que en enero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (DHS) de Estados Unidos iniciará redadas para deportar a miles de menores y familias que ingresaron irregularmente al país. Esto afectará a muchos millares adicionales de personas. No sorprende, pues, la renuencia con que varios gobiernos centroamericanos ahora accedieron a resolver ‑‑por esta sola vez‑‑ el tránsito de los migrantes cubanos a través de sus países.

Carlos Raúl Morales, canciller de Guatemala ‑‑el país más castigado por las deportaciones estadunidenses y mexicanas‑‑ transparentó el asunto al aclarar que su gobierno cooperará a condición de que se respete la legalidad, la seguridad y las limitaciones materiales de cada país, permitiendo el paso gradual de quienes ya estaban varados en Costa Rica. Pero reclamó que otros asuman el gasto logístico, que México confirme que franqueará el paso de estos migrantes, que se garantice que no habrá retorno y que con esto no se mande un mensaje equivocado a los tratantes de personas que después dé ocasión a otras oleadas de migrantes. En ese caso, advirtió, “pudiéramos estar terminando el trabajo que inició el coyote”.

Importantes funcionarios señalaron que esta situación ‑‑que ahora se regionalizó al involucrar a Ecuador y Colombia, a siete países centroamericanos y a México‑‑ no es generada por los centroamericanos sino por la persistencia de la política estadunidense de hostigamiento a Cuba, con su Ley de Ajuste Cubano y su política de “pies secos‑pies mojados”. Por consiguiente, insistieron en que el gobierno de Washington debe asumir su responsabilidad, no solo aportando facilidades y asumiendo costos, sino eliminando cuanto antes esas políticas, que ya se ha convertido en una causa regional de conflictos.

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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4) Niños trabajan en riesgo en plantaciones de tabaco en EEUU
(EFE)

Pasan hasta 12 horas en los campos, expuestos a los efectos de la nicotina

Las plantaciones de tabaco de EEUU y sus niños de 16 y 17 años trabajando más de 12 horas al día, soportando náuseas y mareos por los efectos de la nicotina, ofrecen una imagen impropia de la primera potencia mundial, que se resiste a renovar las leyes de trabajo infantil en la agricultura.

«Cuando llego al campo, me pongo una camisa de manga larga, unos guantes y un sombrero para protegerme. Me tapo la boca porque, a veces, el agua que está en las plantas entra en la boca», explicó a la agencia EFE, Ana Flores, de 17 años e hispana, como la mayoría de los adolescentes que trabajan en las plantaciones de tabaco.

Flores, que empezó a trabajar en los campos cuando tenía 13 ó 14 años, acudió esta semana al Congreso de EEUU para presentar un informe de Human Rights Watch (HRW), grupo que entrevistó a 26 adolescentes de 16 y 17 años de Carolina del Norte para documentar las condiciones en las que trabajan.

Los estados de Carolina del Norte, Kentucky, Tennessee y Virginia son responsables de la producción del 90% del tabaco del país y, en ellos, se ubican grandes granjas que emplean a adolescentes para cortar las hojas de las que luego saldrán los cigarrillos.

Hasta hace poco, las granjas también daban trabajo a niños de 11, 12 o 13 años, pero en 2014 dos grandes compañías de tabaco de EEUU, Altria (productor de Marlboro) y Reynolds American (conocido por Camel), decidieron que no comprarían tabaco de aquellas granjas que emplearan a niños de menos de 16 años.

Pero jóvenes que todavía están creciendo, como Flores, siguen trabajando en los campos de tabaco entre 11 y 12 horas al día y, muchas veces, sin la protección adecuada, con dificultades para utilizar el baño y con insuficiente acceso al agua, según el nuevo estudio de Human Rights Watch.

«Me empiezo a sentir mal cuando estoy trabajando porque el campo está muy caliente. Siento náuseas, como que quiero vomitar pero no vomito. Me siento débil, cansada, me duelen los músculos. Llego a casa y, cuando me baño, los químicos que están en mi cuerpo, se van, entran en mis ojos y me duele», cuenta Flores.

«Me salen granitos», dice la joven, que empezó a trabajar porque sus padres se divorciaron y tuvo que apoyar económicamente a su madre y a sus tres hermanos más chicos.

En su informe de 73 páginas y titulado «Un trabajo que intoxica: adolescentes en las plantaciones de tabaco», Human Rights Watch denuncia que los adolescentes absorben la nicotina por la piel y, además, están en contacto con pesticidas, lo que puede causar depresión o problemas reproductivos futuros.

«Necesitamos disposiciones expresas en la ley que deben proteger a los menores de los peligros de este trabajo. La ley federal prohíbe a los niños de menores de 12 años comprar tabaco, pero les permite trabajar en el campo. La incongruencia es clara», denunció esta semana en el Congreso el legislador David Cicilline.

Cicilline y otros congresistas, como la representante de California Lucille Roybal-Allard, han hecho diferentes propuestas legislativas para que el Congreso cambie las leyes laborales y evite que los niños trabajen en la agricultura con 12 años y se expongan a trabajos calificados como «peligrosos» con 16, como ocurre ahora.

Los legisladores, Human Rights Watch y la joven Ana Flores unieron sus voces para pedir al Congreso y al gobierno que no dejen la ley laboral en manos de las compañías tabacaleras –las únicas que han introducido límites de edad– y prohíban que adolescentes menores de 18 años trabajen en los campos.

Los efectos a largo plazo de los pesticidas y la exposición a la nicotina son todavía desconocidos, pero Flores no para de hacer planes para el futuro.

«Este es mi último año de instituto y quiero estudiar, ir a la universidad y hacer algo para ayudar a los demás. Los estudios son muy caros, así que voy a pedir becas y también trabajar. Pero, ya no en el tabaco», comenta la muchacha, que no quiere que sus hermanos menores vivan su experiencia.

«No, no, de ninguna manera –destacó la joven–. No quiero que mis hermanitos trabajen. En el siglo XXI los niños no deberían trabajar en campos».

Sin embargo, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, 168 millones de niños trabajan en todo el mundo y algunos de ellos, como revela Human Rights Watch, viven en países del primer mundo, donde la imagen de un niño que corta plantas que le doblan en tamaño parecía cosa del pasado.

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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5) El negocio de la guerra: el neoliberalismo militar
Jordi Calvo Rufanges (War Resisters International)

El ciclo económico militar responde al punto de vista económico de la economía de defensa, también llamado “ciclo armamentista”. En cualquier caso, ambos nombres se refieren al ciclo que describe la ruta de la producción de armas desde la decisión de invertir presupuesto público militar para cubrir la supuesta necesidad de armas y su uso final.

El principio real del ciclo comienza en los argumentos y discursos que legitiman la necesidad de armas y de los ejércitos, los que dependen de la identificación de las amenazas a la seguridad de un país y la defensa de justificar altos niveles de militarización y armamento. De este modo, las doctrinas de seguridad desarrolladas por los gobiernos –directamente influenciadas por los informes de defensa, seguridad, conflictos y centros de paz; popularmente conocidos como think tanks establecen un cierto nivel de armamento y desarrollo militar de una determinada sociedad.

Además del motivo de la influencia permanente de los grupos de presión en las políticas de un país, la necesidad de mantener las fuerzas armadas depende de la cultura de defensa, la educación militarizada, la historia y la tradición armamentística-militar, y la tolerancia de las armas en la sociedad. También tenemos que considerar el rol de la sociedad civil y el hecho de que los movimientos sociales pueden determinar los niveles de armamento y militarismo.

El supuesto de necesitar mantener las fuerzas armadas abre el camino a decisiones políticas estrictamente relacionadas con el ciclo económico militar o armamentista, así como decisiones en los presupuestos militares que vienen determinadas por discursos, doctrinas y otros puntos de vista militares sobre las necesidades de defensa de un país. El gasto militar incluye investigación y desarrollo (I+D militar) de las nuevas armas y su producción en la industria de defensa, que está financiada en parte por el presupuesto público. Por lo tanto, cuando se trata de gasto militar, I+D militar e industria militar, tenemos que prestar atención no sólo a los presupuestos de los estados, sino también a los presupuestos de otros ministerios como el de industria. En conjunto, estos financian todo el negocio del ciclo económico-militar. Otros elementos que forman parte de este ciclo son el comercio de armas y las entidades financieras que financian todo el ciclo económico-militar, teniendo un rol destacable los accionistas de empresas de armamento y los bancos que financian las exportaciones de armas y la producción militar en general.

Por otra parte, el término “complejo militar-industrial” procede del discurso de despedida del presidente Eisenhower en 1961, quién lo utilizó para referirse a los lobbystas con mayor influencia en la Casa Blanca. El llamado complejo militar-industrial está formado por un conjunto de personas y de organizaciones empresariales y políticas, entre ellos, oficiales militares de alto rango de los departamentos y/o ministerios de defensa, que tienen el deseo de influir en las decisiones sobre la política militar, incluyendo la compra de armamento.

Una serie de empresas, así como gran cantidad de individuos, incluyendo políticos y personal de los departamentos gubernamentales relacionados con las empresas militares, están involucrados en el llamado complejo militar-industrial, que puede influir desde la industria de defensa a los departamentos de Interior y comercio exterior. En el ámbito de la Administración, pueden formar parte del complejo militar-industrial los altos mandos de las Fuerzas Armadas, quienes disfrutan de estrechas relaciones con la industria armamentística. Estos ejercen influencia y presión en relación al incremento de arsenales, número de armas y el equipamiento militar. Tienen, por tanto, la habilidad para incidir en la política nacional e internacional de un país determinado. Cuando se da el caso en que un miembro de las Fuerzas Armadas o un ejecutivo de la industria militar accede a responsabilidades políticas o viceversa (incluso algunas veces puede ser la misma persona), se da lo que ha sido denominado como el fenómeno de las puertas giratorias en el sector de defensa.

El ciclo económico-militar puede generar dinámicas políticas y económicas que pongan a un país y a su economía en una situación ideal para quien obtiene beneficios de este ciclo, en el que la economía de defensa se convierte en una economía de guerra permanente. Es importante analizar y entender el ciclo económico como tal: gasto militar, industria de armas, exportaciones y financiación de armas. Las compañías y los individuos que forman parte activa del ciclo económico-militar componen el complejo militar-industrial, el cual se beneficia principalmente de las guerras.

En definitiva, el negocio de la guerra se explica con el ciclo de economía militar que se basa –como muchos sectores de la economía– en la lógica neoliberal, el mercado libre, la privatización y la reducción de las regulaciones. Esto causa actitudes estrictamente relacionadas con el enriquecimiento personal y la maximización del beneficio económico de la industria de defensa, formando el llamado militarismo neoliberal. Además, el negocio de la guerra va más allá de las armas y del sector de defensa. La guerra necesita muchos recursos, no sólo armas y ejércitos, también logística, transporte, alimentos, limpieza, servicios de interpretación y seguridad privada. También existen guerras de codicia, las cuales no sólo se basan en el poder sino también en los recursos: petróleo, coltán, diamantes y cualquier material que se pueda comprar y vender en el mercado. Los beneficios económicos son parte de la guerra y las guerras se producen para extraer beneficios.

MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2016 – COMCOSUR
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“Las ideas dominantes de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta ser al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante, la clase que controla los medios de producción intelectual, de tal manera que en general las ideas de los que no disponen de medios de producción intelectual son sometidos a las ideas de la clase dominante”. — Carlos Marx
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