1) Grupo de Artillería: varios sitios de interés –
2) Todos contra el aumento de las tarifas públicas –
3) Sindicalistas dejaron afuera de un asado a políticos del Frente –
4) Fumigación de soja con Malathión intoxicó a vecinos de Salinas –
5) Río Santa Lucía en estado «crítico»
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COMCOSUR AL DÍA / AÑO 17 / Nº 2055 / NOTICIAS Y PENSAMIENTOS / Viernes 15 de Enero de 2016 / Producción: Andrés Capelán – Coordinación: Carlos Casares
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«Si asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza. Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas, entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir para hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa». — Noam Chomsky
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1) Grupo de Artillería: varios sitios de interés
(Caras y Caretas)
El GIAF inició este lunes los trabajos en búsqueda de restos de desaparecidos en un predio militar de Empalme Olmos; en esa unidad, existen “varias zonas” de interés.
Finalmente, este lunes, el Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF) comenzará los trabajos en busca de restos de desaparecidos en el Grupo de Artillería Antiaérea Nº1, en Canelones. El inicio de los trabajos venía demorado porque se había vencido el contrato con la empresa encargada de realizar el desmalezamiento de la zona. En veinte días se hizo un nuevo contrato, y se podrá comenzar con los trabajos.
Las excavaciones, autorizada por la jueza Letrado de Pando, Isaura Tórtora, se concretarán en el predio ubicado en Empalme Olmos, Ruta 34, kilometro 42,5, cerca de Pando.
Los datos que motivaron las excavaciones surgieron de un plano de la región que fue entregado en forma anónima a integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Estos datos eran coincidentes con un croquis presentado en 2008, que señalaba esa zona como un posible lugar de enterramientos clandestinos durante la dictadura.
Posteriormente, el abogado Óscar López Goldaracena presentó ante la Justicia la nueva información recabada y la jueza Tórtora, con la opinión favorable del fiscal Pablo Rivas, dispuso el inicio de la búsqueda en un área de unos 20 mil metros cuadrados.
Las actividades están orientadas a encontrar los restos de personas que habrían sido enterrados en ese lugar. La información que llegó a Familiares indica que en ese lugar habrían sido enterrados “cuatro hombres y una mujer”.
De momento, los trabajos se concentrarán en la zona que identificó Familiares (una fotografía aérea de la unidad militar donde se señala un área de los posibles lugares de enterramiento). Sin embargo, este no sería el único lugar de interés dentro del Grupo de Artillería Antiaérea Nº1 para efectuar trabajos de búsqueda de restos, ya que existen otras fuentes de información que señala al predio de “La Montañesa” como una zona de enterramientos clandestinos.
“Existen otros sitios de ese mismo lugar donde también hay denuncias sobre enterramientos. Según la información que se tiene el predio de La Montañesa es un lugar donde hay que trabajar; no cabe duda de que se trata de un lugar importante, porque las versiones refieren a que es un sitio donde hubo operaciones de estas características. Es momento de que Uruguay se saque las dudas, y hay que actuar sobre los lugares que están denunciados. Hay que investigar”, dijeron fuentes vinculadas a la búsqueda a Caras y Caretas Portal.
Sin embargo, desde el GIAF explicaron a este medio que, por el momento, sólo se trabajará en la zona identificada en los registros fotográficos que presentó Familiares, ya que es lugar donde la Justicia ordenó efectuar las tareas. En este sentido, otros datos que se obtengan deberán ser contrastados y presentado ante la Justicia, que será la encargada de definir si los trabajos se extienden a otras zonas del predio. “Por ahora, se trabajará sólo en el área particular que autorizó la Justicia”, dijeron las fuentes.
COMCOSUR AL DÍA / VIERNES 15 DE ENERO DE 2016
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2) Todos contra el aumento de las tarifas públicas
Por distintos motivos, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y la oposición cuestionaron el aumento de tarifas públicas.
CÁ (La Diaria)
Los dirigentes del PIT-CNT reaccionaron ante el aumento anunciado por UTE de 9,85% a partir de enero. Tras varias consultas, el Secretariado Ejecutivo se manifestó “en contra de la utilización de nuestras empresas públicas como entes recaudadores”. En una declaración emitida ayer, la central sindical asegura: “Las dificultades fiscales que puedan existir se resuelven gravando más a los sectores más ricos de la sociedad y no desparramando los costos sobre la totalidad de la población, en particular los sectores más vulnerables”.
El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, explicó a la diaria que, además de considerar negativo que el aumento de UTE haya sido “por encima de la inflación, lo que claramente no ha sido la clave en los últimos años”, la discrepancia de la central pasa “sobre todo por el criterio: si uno pone un aumento lineal, las más perjudicadas van a ser las tarifas de poco importe”. “El que paga 25.000 pesos de luz notoriamente tiene un poder adquisitivo que no tiene que ver con el que paga 1.800”, opinó. El dirigente recordó que el PIT-CNT ha hecho propuestas para adoptar “una conducta tarifaria que discrimine los hogares de altos ingresos de los de bajos ingresos, que claramente un aumento de tarifa plana no lo toma en cuenta”.
En su declaración, el Secretariado Ejecutivo también llama la atención “respecto al hecho innegable de que el Poder Ejecutivo a la hora de definir sus criterios para la negociación salarial pretende desvincular los aumentos de salarios de la inflación (desindexación) y para aumentar las tarifas de las empresas públicas lo hace por encima de la inflación”. El gobierno, según Pereira, “argumentaba que no quería generar procesos inflacionarios; sin embargo, cuando se van a fijar las tarifas públicas algunas de ellas superan el IPC [Índice de Precios al Consumo], lo que no era normal en los últimos diez años”. “Nuestra propuesta concreta era que los salarios deberían haber aumentado la inflación más la recuperación que permitiera el crecimiento de la economía, y en el sistema tributario invertir el peso: que los que menos ingresos tengan tuvieran menos aumento”, explicó. El dirigente aseguró que las tarifas “son parte de la política económica”, y que se entiende “la necesidad del país de tener mayor recaudación para enfrentar los gastos, pero lo que no se entiende es que ese crecimiento recaudatorio lo tengan que hacer afectando en mayor medida a los más débiles”.
La Agrupación UTE (AUTE), que nuclea a los trabajadores de la empresa, se volvió a manifestar en contra del aumento. Agregó, en un comunicado difundido ayer, que “la rebaja de la tarifa eléctrica residencial es posible”. Se refieren a un estudio económico realizado a pedido de los funcionarios que determina que “modificando la estructura tarifaria, la cual es totalmente injusta, se puede rebajar la tarifa eléctrica al pueblo”. La AUTE asegura que los medianos y grandes consumidores “pagan la mitad de lo que pagamos los trabajadores” y que “el peso de la tarifa para los hogares es diez veces mayor que para las empresas”. También afirma que el motivo del aumento de la tarifa no pueden ser “los salarios de los empleados públicos, ya que éstos pesan 10% del presupuesto del ente, y además no tendremos aumento en este período”.
Además del incremento de UTE, El País informó ayer que OSE también aumentará sus tarifas 9,85% y que Antel lo hizo, en función del incremento de la inflación en 2015, entre 9,4% y 9,5%.
El aumento de las tarifas también fue cuestionado por las cámaras empresariales. El presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo a Radio Uruguay que el incremento en las tarifas complica los presupuestos previstos para 2016 del sector industrial y que la medida afectará la competitividad de las empresas uruguayas, pero también los costos al consumidor, que, advirtió, se verán afectados por este aumento. Carlos Perera, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, dijo, en la misma línea, que el aumento “no es lógico”, dada la buena situación de las represas hidroeléctricas. También argumentó que el incremento de la energía eólica en la matriz energética debería disminuir los costos.
Legisladores de todos los partidos de la oposición cuestionaron el aumento, por considerarlo un “tarifazo”. El Partido Colorado, cuyo representante en el directorio de UTE, José Amy, votó en contra del aumento, emitió ayer una declaración en la que manifiesta “su más enérgico rechazo” al aumento, que considera “un ajuste fiscal encubierto que el gobierno les hace a todos los uruguayos”.
Son los costos
Respecto de las críticas del PIT-CNT, fuentes del Poder Ejecutivo apuntaron que el aumento de las tarifas de OSE será diferencial en función del consumo y que la tarifa de UTE no tendrá aumento para los beneficiarios de los planes del Ministerio de Desarrollo Social y para quienes han regularizado la conexión al servicio. En el caso de UTE, junto con los aumentos generales, el directorio resolvió incrementar los descuentos a 42.543 servicios (que suman casi 1,4 millones de dólares anuales), correspondientes a planes de inclusión social. En el caso de OSE, quienes tengan un consumo de hasta 15 metros cúbicos -que se estima sería el de una familia compuesta por tres personas- no tendrán aumento. Respecto de la suba de la tarifa de Antel, recordaron que ésta no se ajusta desde hace diez años.
En relación con el reclamo de AUTE, las fuentes del Ejecutivo señalaron que los funcionarios de las empresas públicas recibirán un aumento similar al de las tarifas de UTE y OSE, ya que su ajuste estará compuesto por la inflación (9,44%) y un ajuste de 0,4% real. Integrantes del gobierno niegan que el aumento de tarifas sea un “ajuste encubierto”. Respecto al de UTE en particular, explicaron que se debe, en parte, a que lo que la estatal paga a los privados por energía eólica se abona en dólares, moneda que en los últimos 12 meses se apreció 25%, lo que significa un aumento de costos. “Lo que se toma en cuenta es la evolución de los costos, y nada más; no hay una transferencia a Rentas Generales por estos aumentos”, aseguró la fuente.
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3) Sindicalistas dejaron afuera de un asado a políticos del Frente
Argumentan que hubo “muchas señales muy negativas” del gobierno.
Valeria Gil (El País)
Como es tradición desde hace 15 años, los sindicalistas de la corriente Articulación se reunieron en una casa en el Este para analizar la situación política. El encuentro que siempre tiene lugar en la casa del expresidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde, no contó con la presencia de legisladores del Frente Amplio e integrantes del gobierno debido a «muchas señales muy negativas» de parte de la administración del presidente Tabaré Vázquez.
«Se resolvió que no se invitaba a nadie del gobierno», dijo a El País una fuente sindical presente en el cónclave que tuvo lugar el pasado sábado 9, en Piriápolis. El asado comenzó a la hora 11 y terminó a eso de las 19. Allí asistieron las principales figuras de Articulación: desde el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, y el responsable de la Secretaría de Internacionales de la central sindical, Fernando Gambera. Como invitados especiales concurrieron los analistas Agustín Canzani y Gerardo Caetano.
En el asado de 2015 en Portezuelo, habían asistido los exministros Daniel Olesker y Eduardo Brenta, la senadora Ivonne Passada (MPP) y la diputada Susana Pereyra (MPP).
El «punto de inflexión» que determinó que este año no se invitara a políticos oficialistas, fue el mal relacionamiento del Poder Ejecutivo con el Pit-Cnt en temas como la declaración de esencialidad en la educación pública, las diferencias en las pautas para la negociación salarial y los cambios que se pretendieron introducir al Fondes.
A eso se suman los cuestionamientos que sobrevuelan a sindicatos de la educación y la salud, y las críticas a la representatividad de algunos gremialistas. Se evaluó que algunas declaraciones de ciertos funcionarios de gobierno «golpearon mucho al Pit-Cnt, a su presidente y a Articulación».
Los sindicalistas de Articulación también manifestaron su fuerte preocupación por la ausencia de un interlocutor válido dentro del Frente Amplio, que ayude a resolver estos conflictos que se generaron con el gobierno. Uno de los gremialistas expresó que el hecho de que la coalición sea dirigida por un «triunvirato cambiante», en referencia a que es rotativo, genera desconcierto y muchas veces no se sabe a quién acudir.
La crisis desatada por el déficit de Ancap se tocó en algunos discursos de los sindicalistas; algunos entendieron como «razonable» el hecho de que Alur no diera ganancias, pero reconocieron que les falta información al respecto.
Buena parte del cónclave se llevó un análisis de un documento de Articulación —que se encuentra en elaboración— donde se evalúan los 10 años de gobiernos frenteamplistas. Si bien se reconocen avances en algunas áreas, también se cuestiona en otras a los gobiernos del Frente Amplio. En ese marco, la corriente Articulación propondrá una serie de medidas a impulsar, entre las que está la revisión del sistema tributario para que «paguen más los que más tienen». Para Articulación, uno de los temas a impulsar es la mejora del acceso a la vivienda. «Pensamos que en los 10 años anteriores se han priorizado otras cosas y que es momento de encarar el tema seriamente», dijo una fuente. Se piensa en políticas que permitan disponer de viviendas que hoy se encuentran desocupadas, porque «no puede haber 160.000 uruguayos viviendo en asentamientos».
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4) Una fumigación intoxicó a vecinos de Salinas, que desde hace cuatro años reclaman a las autoridades.
FDLS (La Diaria)
El jueves 7, varios vecinos de la zona de Laguna del Cisne, en Salinas, empezaron a sentir diversos síntomas. Les dolía la cabeza, les ardía la garganta. Ese día, un estanciero había empezado a fumigar sus 300 hectáreas tapizadas de soja. Para los habitantes de la zona no es casualidad, porque no es la primera vez que pasa.
La soja llegó a la región en 2012, cuenta a la diaria Juan Chiarino, que vive cerca de la laguna. Y donde hay soja, hay herbicidas. “Vimos que había un ‘mosquito’, un aparato que se usa para fumigar, y dijimos ‘qué bueno que estén regando’. Pero después empezamos a notar un olor medio raro”. Y con él llegaron problemas para respirar, erupciones en la piel, visión nublada. Aunque algunos médicos locales diagnosticaron infecciones pulmonares en muchos de esos casos, Mabel Burguer está segura de que la culpa es de los agrotóxicos. Es grado 5 de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y estuvo al frente del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico durante 35 años. Hoy, retirada de la actividad académica, sigue de cerca y con preocupación el tema en Uruguay. Los vecinos, además, tienen pruebas irrefutables que ya presentaron a las autoridades: fotos de tanques de Roundup -nombre comercial de un herbicida cuyo componente activo es el glifosato- que encontraron en los alrededores de la laguna.
En octubre del año pasado hubo una nueva ronda de fumigaciones especialmente fuerte y dañina. Jacqueline, esposa de Juan Chiarino, fue una de las afectadas. “Es una mujer sana, que no tiene ninguna patología; no es alérgica ni asmática”, recuerda Carol Aviaga, senadora por el Partido Nacional, quien ha mostrado preocupación por temas medioambientales. La legisladora llevó a Jacqueline a la policlínica, donde le recetaron un antialérgico.
Combatir los daños del glifosato en las personas es una tarea complicada. A pesar de que en marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como “potencialmente cancerígeno”, en Uruguay no existe equipamiento para detectar su presencia en la sangre. El laboratorio más cercano para realizar estos estudios es el de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. “No son análisis caros, pero hay que mandar las muestras. Para que un ciudadano pueda hacerse los estudios tiene que ir a Argentina, pero para que el Ministerio de Salud Pública [MSP] los tome como válidos tiene que haber un escribano. Un vecino de la laguna que vive en su chacra no está en condiciones de hacerlo”, reclama Aviaga, oriunda de Lavalleja y enfermera de profesión, quien en octubre impulsó una reunión entre vecinos de la zona y Jorge Basso, titular del MSP. La senadora se reunirá hoy con el fiscal de Corte, Ariel Cancela (que ocupa el cargo mientras Jorge Díaz está de licencia), para plantear el caso de esta nueva fumigación y otros conflictos ambientales, y proponer que se elaboren estadísticas sobre personas afectadas por esas causas. También planifica volver a reunirse con autoridades del MSP y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y le envió una carta formal al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, con quien mantuvo un intercambio desde su cuenta de Twitter. “Sabemos bien que la acumulación de químicos y la erosión no es culpa del productor familiar. En Uruguay nos conocemos todos”, dijo Orsi, quien además ironizó: “Qué bueno sería poder elegir por las redes con quién ‘debatir’. No estoy ligando nada. Me tocó el Capitán Planeta en su versión regia”.
Que 300 metros no es nada
Además de los problemas puntuales de salud, hay preocupación por la laguna misma, donde hay una planta potabilizadora de OSE que lleva agua a 170.000 ciudadanos de la costa canaria. Ayer, después de cuatro años de reclamos, la OSE tomó muestras de agua de la laguna para analizar la presencia del agrotóxico. Los vecinos y Aviaga sostienen que las sustancias se filtran por corrientes subterráneas hasta allí, pero además dicen haber visto a peones lavando los tractores de fumigación -llamados “mosquitos”- en las aguas.
No hay estudios sobre los efectos que puede tener la exposición a largo plazo al glifosato, pero Mabel Burguer explica que en Argentina hay informes que hablan de abortos espontáneos, malformaciones fetales, cáncer y problemas crónicos varios. La experta en toxicología ha visto abundantes casos también en San José y Paysandú. Una resolución del MGAP de 2004 prohíbe que se apliquen fitosanitarios de forma aérea a menos de 500 metros de áreas urbanas y una distancia mínima de 300 metros cuando se fumiga por tierra, como es el caso de Salinas, y la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados tiene entre manos un proyecto que lleva esas mismas prohibiciones al estatus de ley. El problema es que el viento, sumado a la alta volatilidad de los químicos, puede arrastrar los agrotóxicos más lejos que esas distancias preventivas.
En algunos casos, cuenta Juan Chiarino, los vecinos tuvieron que abandonar sus casas e incluso “evacuar el barrio”. Aviaga opina que las fiscalizaciones deberían ser más estrictas o que, por lo menos, los propietarios avisen cuándo van a fumigar. “La gente no sabe en qué juzgado se denuncia, o si el fiscal y el juez, que toman las decisiones, están informados sobre el tema”, agrega.
El jueves, igual que en los casos anteriores, la primera medida de los vecinos fue acudir a la Policía, pero con el tiempo se fueron organizando para que sus reclamos cobraran más peso. Han logrado que el MSP sancione a un propietario de 300 hectáreas, que se aplicaran multas a un estanciero que secaba los humedales para poder plantar extensiones de pasto para comercializar, y que se iniciaran varios expedientes a los productores agropecuarios. Chiarino cuenta que en muchas de las audiencias los abogados usaron el mismo argumento: “Dicen que las normas que prohíben fumigar cerca de las zonas pobladas son inconstitucionales y que atentan contra un pedido del gobierno, que promueve el modelo productivo de los grandes plantíos de soja”.
Sólo una de las seis denuncias que los vecinos iniciaron contra el propietario que fumigó el jueves recibió respuesta del MGAP, pero el resultado fue sancionar a las empresas fumigadoras y no a quienes las contrataron.
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5) Río Santa Lucía en estado «crítico»
(El País)
Ministerio reconoce “varios focos de contaminación” desde la ciudad de Canelones y Aguas Corrientes.
Un informe oficial reconoce que en la zona baja de la cuenca del Santa Lucía, es decir desde la ciudad de Canelones y Aguas Corrientes hasta el cierre de la cuenca, la situación por la contaminación es «crítica». Además, se admite que la calidad del agua se está viendo afectada.
«Esta área tiene el aporte de fuentes difusas y varios focos de contaminación puntual, coincidentes en un importante porcentaje con las ciudades de La Paz, Las Piedras y Progreso sobre el eje de la ruta 5, agravado por condiciones de bajo caudal en algunas épocas como en el caso del arroyo Colorado», advierte el trabajo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (Mvotma).
El escrito, titulado Atlas de la cuenca del Río Santa Lucía, precisa que hay una segunda área de situación crítica en la ciudad de Florida, donde se «combina contaminación difusa y puntual».
La contaminación difusa corresponde, por ejemplo, a aquella que es ocasionada por la agricultura; la puntual, en tanto, a puntos específicos de contaminación por descargas de cloacas, desechos industriales o de los tambos.
El Ministerio de Vivienda reconoce en el texto que «el problema afecta más a la calidad del agua que a la cantidad» y explica que «en algunas épocas del año, el efecto combinado de mayores temperaturas con menores precipitaciones puede afectar la calidad del agua debido al menor poder de dilución».
Agua.
El texto insiste en que «la parte sur de la cuenca desde las ciudades de Canelones y Aguas Corrientes» es «particularmente grave por su extensión y por la cercanía a la toma de agua».
También se señala que las subcuencas de los ríos San José y Santa Lucía Chico tienen «valores altos de sólidos totales en suspensión, vinculados a procesos erosivos». Añade que de acuerdo con un relevamiento de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama), que depende del Ministerio, «el embalse de Canelón Grande se mantuvo con niveles de turbidez de agua por encima del umbral desde el año 2008 hasta el 2012» y que «los arroyos Canelón Chico y Canelón Grande sobrepasaron el umbral de los años 2009 y 2011».
El informe dejó en claro que el aumento de la erosión se debe a «las malas prácticas agrícolas» y a la degradación de los montes nativos ribereños, lo cual afecta los efectos negativos de la erosión. Además de esto, se enumeran otras fuentes de contaminación atadas a los tambos y a la actividad industrial.
Prioritario.
Al asumir la Presidencia, Tabaré Vázquez instó a sus ministros a no demorar la implementación de medidas que solucionen el problema de contaminación en el río Santa Lucía, ante el riesgo de que OSE no logre potabilizar más el agua, debido a los costos que esto genera.
Tras recibir un informe del Ministerio de Vivienda que advertía sobre «el creciente problema de floraciones algales de cianobacterias potencialmente tóxicas en el cuerpo del agua», lo que «indicaría un riesgo potencial de toxicidad en el agua de distribución, con encarecimiento y dificultades en el tratamiento del agua a potabilizar», Vázquez se reunió con la titular de la cartera, Eneida de León, su colega de Industria, Carolina Cosse, y de Ganadería, Tabaré Aguerre, y les advirtió que el problema de contaminación en el Santa Lucía iba a ser un tema «crucial» para su administración.
Semanas atrás la ministra de Vivienda, De León, consultada por la presencia de algas en los cursos de agua, dijo que esto «se ha visto agravado por el fósforo y otros elementos que van a los cauces producto especialmente de las agroindustrias más que de los saneamientos».
«Eventos extremos» por cambio climático
Además de la calidad del agua, el informe del Ministerio de Vivienda que fue realizado entre agosto y diciembre del año pasado, señala que «los modelos climáticos para fin del siglo XXI proyectan en nuestra región» un «aumento de la variabilidad y de la frecuencia e intensidad de los eventos extremos». En este sentido, se señala el aumento significativo en la intensidad de las precipitaciones, de la duración de las olas de calor e inundaciones. Esto, sostiene además el informe, arrastrará «problemas de salud en los sectores más vulnerables del punto de vista físico (deshidratación, infecciones, etc., fundamentalmente en niños y adultos mayores) y social (necesidades básicas insatisfechas, viviendas precarias)».
Herbicida afecta a los vecinos
«En la Laguna del Cisne están contaminando toda la zona, donde hay plantaciones de soja, con herbicida. No solo contamina la tierra y el agua, sino también a la población. Hay vecinos afectados que debieron recibir atención médica. Tenían nauseas y vómitos», denunció a El País la senadora nacionalista Carol Aviaga.
La Laguna del Cisne abastece de agua la zona que va desde el peaje de Pando hasta el Arroyo Solís, lo que equivale a una población de unas 170.000 personas. Aviaga sostuvo que vecinos de la zona ya hicieron la denuncia a la Seccional 17a de Atlántida.
«Este es un tema que se arrastra desde hace cinco años, cuando se empezó a plantar en la zona aledaña a la Laguna del Cisne. Allí hay unas extensiones importantes de campo en las que se está plantando soja transgénica, con agroquímicos y agrotóxicos», añadió la senadora del Partido Nacional.
Aviaga sostuvo que hay vecinos de la zona que ya se debieron mudar, pues pretendían hacer cultivos orgánicos y esto les era imposible. También sostuvo que se han hecho denuncias, «que nadie respondió», a los ministerios de Salud Pública, Medio Ambiente, Ganadería y a la Intendencia de Canelones. Incluso, la comuna canaria declaró este año a la Laguna del Cisne como Área Protegida. «Sin embargo se sigue cultivando como no se debe en el lugar que no se debe», advirtió la nacionalista.
El problema, según Aviaga, existe todo el año, pero sobre todo en la temporada de cosecha, que va de octubre a marzo. «En estas épocas las fumigaciones se hacen periódicamente y los vecinos que viven ahí se ven tremendamente afectados. Hay lagunas tierras que son alquiladas, de gente que intenta sacar una renta; yo lo entiendo, pero no puede ser a cualquier costo», concluyó.
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