1) Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz / Sergio Ferrari
2) La defección /Jorge Zabalza
3) El doble discurso de los partidos sobre la financiación electoral
4) A Pepe Mujica de «Uruguayos residentes en Venezuela»
5) A 46 años de la fundación de FUCVAM
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COMCOSUR INFORMA AÑO 16 – No. 1727 – martes 24.05.2016
COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2016 – 22 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Claudia Korol y Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis)
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
SUDESTADA: DOS AÑOS DE PERIODISMO INDEPENDIENTE
Este 5 de mayo se cumplió el segundo aniversario de Sudestada, con objetivos cumplidos y mayores desafíos en el futuro cercano
Pablo Alfano /Sudestada / 05.05.2016
Sería bastante extenso explicar las razones por las cuales este sitio tiene este nombre y no otro. Si bien la gestación fue larga, la partida de nacimiento señala que nació el 5 de mayo de 2014 y fue bautizada como Sudestada, luego de una larga discusión que ahora no viene al caso.
El repaso casi de memoria ante un aniversario trae consigo, inevitablemente, destaques y omisiones propias de la esclerosis periodística o, como señaló hace poco un colega siempre atento, la falta de músculo periodístico. Otros a la falta de musculatura le dicen, sin tanta compasión, gordura.
Lo cierto es que Sudestada en dos años -sin publicidad, sin financiación y con más ganas que suerte- ha estado presente en la cobertura de varios temas de la denominada «agenda» informativa, siempre con una mirada más contextual que coyuntural. Y ha bregado, y lo seguirá haciendo, por tratar de mantener esa «agenda» que los medios masivos de comunicación, por lo general, esquivan o directamente ignoran.
Hacer el ejercicio de un repaso cronológico y puntilloso de estos dos años sería, además de aburrido, una condena para el lector que está atento desde el trabajo de parto de esta criatura.
Pablo Alfano /Sudestada
NdeR: Un fuerte abrazo para los amigos de Sudestada en estos dos primeros años de investigación, periodismo y transparencia. ¡Por muchos años, salú!
COMCOSUR
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) ENTREVISTA: ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, PREMIO NOBEL DE LA PAZ
«Todos sabíamos que llegaba un gobierno neoliberal» /Sergio Ferrari
2) LA DEFECCIÓN
Este 20 de mayo marcharemos como siempre tras las fotos de los que faltan. Marchando con la Tota, María Esther y Blanca Artigas, con las que nunca defeccionaron, por un momento sentiremos que vamos caminando hacia la liberación social. /Jorge Zabalza
3) EL DOBLE DISCURSO DE LOS PARTIDOS SOBRE LA FINANCIACIÓN ELECTORAL
El FA, el PN y Propuesta Batllista, involucrados en la única denuncia ante la Corte Electoral, contradijeron el espíritu de la ley aprobada para transparentar los fondos de la campaña. /Sudestada
4) A PEPE MUJICA DE “URUGUAYOS RESIDENTES EN VENEZUELA”
Locos somos millones
5) A 46 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE FUCVAM (1970-24 DE MAYO-2016)
Cuando los trabajadores son los propios gestores, ese es el verdadero proyecto alternativo. Quedó demostrado desde entonces que la Cooperativa no es sólo hacer viviendas… /Vecinet
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) ENTREVISTA: ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL, PREMIO NOBEL DE LA PAZ
«Todos sabíamos que llegaba un gobierno neoliberal»
Por Sergio Ferrari*
* Sigue aumentando el número de pobres
* Se incrementan los conflictos sociales
* El argumento del Gobierno: la crisis heredada
Casi al promediar el primer medio año del Gobierno de Mauricio Macri -que se cumplirá el próximo 10 de junio- Argentina vive una realidad marcada por recortes sociales y movilizaciones ciudadanas. Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 y actual presidente ejecutivo del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) en ese país sudamericano reflexiona sobre esta nueva etapa que atraviesa su país.
Entrevista.
P: ¿Cuál es su balance general sobre estos primeros meses del gobierno del presidente Mauricio Macri?
R: Todos sabíamos que se trataba de la llegada de un gobierno neoliberal. Sus primeras medidas fueron levantar las retenciones a las grandes empresas mineras y los grandes consorcios rurales. Implementan una política de ajuste muy duro. Ya se contabilizan más de 140 mil trabajadores en el desempleo, tanto del Estado como de la empresa privada, lo que está generando grandes dificultades sociales. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina señala que en los primeros cuatro meses del 2016 el número de pobres aumentó en 1 millón 400 mil personas. Es muy grave por las consecuencias sociales en general y muy particularmente hacia la infancia.
P: ¿Corresponden estas medidas a las promesas que el entonces candidato Macri anunciara durante la campaña electoral?
R: En las campañas electorales se prometen muchas cosas y las prácticas, después, son distintas. Por ejemplo: hablaban de *pobreza cero*. Pero en realidad la pobreza ha ido en aumento en estos primeros meses. Y no se ven políticas para enfrentar este incremento. Redujeron los presupuestos en el área educativa. Lo que determina movilizaciones constantes de los educadores y en las universidades. Han cerrado, por ejemplo, las escuelas de las orquestas juveniles lo que significa que 3 mil educadores quedaron en la calle y cerca de 20 mil niños no pueden seguir estudiando. Se tratan de políticas de ajuste. Debilitan mucho lo que es la educación y la salud. Lo que produce movilizaciones diversas. Por ejemplo de los médicos, dada la realidad hospitalaria y por la falta de insumos. El Gobierno insiste en que todo esto se debe a la crisis económica heredada. Y que se va a frenar la inflación en los próximos meses lo que facilitará avanzar en políticas sociales. Prometieron buscar recursos en el exterior e impulsar grandes obras públicas para reactivar la economía.
P: ¿Tiene la posibilidad de expresar sus preocupaciones a las autoridades?
R: Tuve una reunión con el Ministro de Desarrollo Social y me expresó que
están en una etapa de reordenamiento presupuestario y de preparación de programas para dar respuestas a la situación social. También me reuní con la Gobernadora de la Provincia de Buenos, María Eugenia Vidal y con su Ministro de Seguridad, para intercambiar sobre los problemas para regular las cárceles y las comisarías. Ellos enfatizan que solo han pasado unos pocos meses, que deben tratar de equilibrar presupuestos y gastos, que la situación económica heredada es muy difícil.
P: ¿Qué pasa específicamente en el terreno de los derechos humanos?
R: Están tratando de abrir un espacio de diálogo con los organismos de derechos humanos. Me vino a ver a la sede del SERPAJ el secretario de este sector. Pero los derechos humanos no se limitan ni agotan en lo que respecta a la época de la dictadura militar (1976-1983). Son también derechos humanos los relacionados a los problemas territoriales; a los ambientales, con la intensa deforestación -que ya se venía dando desde antes en el país – y que provoca situaciones muy difíciles, incluyendo inundaciones, con la repercusión directa que tienen en la realidad económica. Los organismos que trabajamos en este sector estamos reflexionando juntos sobre el camino a seguir. En nuestro caso, como siempre lo hemos hecho, ratificamos la autonomía hacia cualquier gobierno.
P: ¿Se percibe el incremento de las tensiones sociales y políticas?
R: Claro que se da un incremento de la polarización social. Si la situación sigue así van a aumentar los conflictos. Y también se dan reacomodos políticos. El antiguo partido de gobierno, el Frente para la Victoria, hoy en la oposición, se está dividiendo en varios bloques. Y se observa una fuerte disputa de poder al interior del peronismo. Todo esto, lo social y lo político, va a tener repercusiones electorales. Ya el año próximo se deben realizar elecciones legislativas.
P: ¿Cuál es su opinión sobre las acusaciones contra el kirchnerismo por corrupción?
R: Hay muchos juicios abiertos. En algunos de ellos se involucran a personas que estaban antes cerca o en el poder. Es el caso del empresario Lázaro Báez, o del ex ministro de Planificación Nacional. Son procesos que se están recién iniciando. Habrá que ver cómo se desarrollan y sus resultados.
P: ¿Cómo interpreta la detención desde enero de la dirigente social Milagro Sala en la norteña provincia de Jujuy?
R: Es una presa política. Se la ha condenado antes de juzgar. Hay acusaciones contra ella pero no sabemos hasta ahora si son reales o no.
*Sergio Ferrari, en colaboración con el periódico suizo Le Courrier
COMCOSUR INFORMA Nº 1727 – 24/05/2016
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2) LA DEFECCIÓN
Este 20 de mayo marcharemos como siempre tras las fotos de los que faltan. Marchando con la Tota, María Esther y Blanca Artigas, con las que nunca defeccionaron, por un momento sentiremos que vamos caminando hacia la liberación social.
Por Jorge Zabalza /Gallo Rojo No1 – 17 de Mayo de 2016
En 1986 el Poder Judicial citó a varios oficiales del ejército -José Gavazzo entre ellos- acusados de cometer crímenes contra la humanidad. Con el respaldo de su comandante en jefe, general Hugo Medina, los indagados anunciaron el desacato a la orden judicial. A meses de recobrada la legalidad formal, tutelada es cierto, pero legalidad al fin, ya había una amenaza golpista. Hubo alerta roja en las alturas y, en consecuencia, días de intensos cabildeos entre los caudillos electorales. El presidente Julio M. Sanguinetti salió desesperado a buscar aliados; quería una ley que amnistiara a los criminales del terrorismo de Estado para compensar la amnistía de los presos políticos votada por el parlamento en marzo de 1985. Como condición para apoyar esa salida, Wilson Ferreira Aldunate exigió que tomara estado público lo acordado en el Pacto del Club Naval (agosto de 1984).
Entonces, el Partido Colorado y la Unión Cívica reconocieron que, para regresar a los cuarteles, los generales habían chantajeado a los dirigentes políticos, forzándolos a plegarse a la ‘lógica de los hechos’. Es decir, habían aceptado implícitamente que ningún militar sería juzgado por sus crímenes de lesa humanidad. Con palabras de Líber Seregni, líder del Frente Amplio presente en el Club Naval: la impunidad ‘sobrevolaba o subyacía’ lo acordado. En conclusión, el Club Naval no fue una desbandada de militares que corrían con la cola entre las patas: fue un repliegue ordenado. Los generales consintieron el retorno de las instituciones formales siempre y cuando las fuerzas armadas conservaran el poder de tutelarlas, colocando límites claros a la acción del poder judicial y a las libertades y derechos ciudadanos.
El apoyo de Wilson fue decisivo para que se aprobara la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y para que, con el consenso de los partidos del sistema, se violara la separación de poderes establecida por la Constitución. El 22 de diciembre de 1986, justo a tiempo para evitar que se produjera el motín de Gavazzo y su patota, Sanguinetti promulgó la ley. Meses después, las declaraciones de Hugo Medina a la revista ‘Búsqueda’ (7/03/1991) confirmaron que si el parlamento no hubiera aprobado la ley, se habría visto obligado a dar un nuevo golpe porque ‘ése era el pensamiento de las Fuerzas Armadas’. Hoy día, esta acción de forzar que por ley se declare el privilegio de impunidad para algunos criminales sería calificada de ‘golpe blando’.
Desde el Club Naval, la ‘familia militar’ viene presionando para que la élite política cumpla el pacto de impunidad. La ‘familia’ es el partido político de la doctrina de la seguridad nacional. Un partido que gradúa su presión política a las condiciones del momento: no es lo mismo la amenaza de golpe, como en 1986, que exigir el aumento de sus salarios o auto proponerse como educadores de la juventud pobre y descarriada, como hicieron la semana pasada.
Desde 1985 a esta parte… ¿alguien ha oído algún discurso militar que interprete la oleada de golpes militares como consecuencia de los planes del FMI y el Departamento de Estado? No, por el contrario, la ‘familia militar’ justifica el terrorismo de Estado como la acción necesaria para salvar ‘la nación agredida por la subversión y el comunismo internacional’ y, por consiguiente, ¿qué sentido tiene ser juzgado por algún daño colateral propio de la guerra? La impunidad de los crímenes del terrorismo de estado es irrenunciable, es su fortaleza, el bastión que les asegura un lugar hegemónico en el sistema de poder. La batalla por la impunidad es la batalla por mantener la tutela sobre la democracia formal.
El Voto Verde
Desde el día mismo de la aprobación de la ley de impunidad, irguiéndose con dignidad frente a los tuteladores, el movimiento popular salió a enfrentar al malón de los milicos. A instancias de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en enero de 1987 se conformó una Comisión Nacional para impulsar la realización de un referéndum revocatorio de la infame ley. Paralelamente se presentó un recurso de inconstitucionalidad frente a la Suprema Corte de Justicia, la cual lo resolvió negativamente en mayo de 1988.
Tres mujeres encabezaron la campaña: María Esther Gatti, madre, suegra y abuela de desaparecidos, Elisa Dellepiane, viuda de Zelmar Michelini, madre de Margarita -salvajemente torturada como rehén de la dictadura- y Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz. En primera fila también estuvieron Eduardo Galeano y Mario Benedetti, junto al PIT-CNT, la FEUU, FUCVAM y el Serpaj. Espontáneamente los vecinos de Montevideo organizaron comisiones barriales para la campaña de recolección de firmas; lo mismo ocurrió en las ciudades del interior del país. El Frente Amplio apoyó la movilización. Fue una lucha de todo el pueblo, que permitió identificar a quienes estaban comprometidos con la estrategia de las fuerzas armadas. La Comisión presentó más de 634.700 firmas ante la Corte Electoral. El 16 de abril de 1989 se realizó el plebiscito: el 57 por ciento de los uruguayos votó por mantener la Ley de Caducidad, y el 43 por ciento por anularla.
La amenaza golpista, que era muy real y asustó mucho, logró evitar la victoria del Voto Verde, pero no pudo impedir que la verdad se popularizara y creciera el sentimiento de horror ante la barbarie de los milicos. ¿Alguien puede sostener que el común de la gente acepta naturalmente la tortura, las violaciones y las desapariciones forzosas? Por el contrario, más allá de la parálisis del poder judicial y de la derrota sufrida, es un hecho que el pueblo uruguayo ya laudó y condenó ética y moralmente los crímenes del terrorismo de Estado. Amplios sectores populares no se han sometido resignadamente a la tutela de los cuarteles. La lucha por Verdad y Justicia cuenta con una importante base social.
La demanda por Verdad y Justicia debió ser trasladada al plano internacional: en 1992 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Uruguay no cumplía con sus obligaciones internacionales, porque la ley de caducidad violaba los derechos de las víctimas a un juicio justo. Dos años más tarde, el Comité de DDHH de la ONU entendió que con la ley de 1986 se había creado en Uruguay ‘un ambiente de impunidad que podría socavar el orden democrático y dar lugar a más violaciones graves de derechos humanos’. Los pronunciamientos internacionales no movieron ni un pelo de las cejas a Julio M. Sanguinetti, pero los antecedentes quedaron sentados y más tarde servirían para fundamentar la necesidad de anular la ley de caducidad.
También fueron utilizados por los jueces que creyeron en la justicia de no dejar impunes los crímenes de la institución militar.
El resultado del plebiscito confirmó a las fuerzas armadas que su estrategia era correcta y las reafirmó en su voluntad de continuar presionando y actuando por fuera de los mecanismos republicanos de control. A mediados de 1993 las fuerzas armadas, como institución, impidieron la investigación del asesinato al ciudadano chileno Eugenio Berríos, agente de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue un desacato en todos sus términos, un verdadero golpe de Estado que Luis Alberto Lacalle, el presidente constitucional, debió soportar mansamente, con una sonrisa en los labios.
El debate
Una intensa agitación seguía reclamando Verdad y Justicia a gobiernos que cerraron filas en la defensa de la impunidad. Con sus contradicciones y ambigüedades, hasta el IV Congreso de diciembre del 2003, el Frente Amplio se había mantenido bastante firme en la trinchera opuesta, luchando por Verdad y Justicia. El domingo 21 se puso a consideración de los 1.500 delegados la política de derechos humanos que debería desarrollar un gobierno frenteamplista en caso de ganar las elecciones nacionales. El compañero Hugo Cores sostuvo que el futuro gobierno debía promover activamente la anulación de la ley de caducidad. Dicha ley, explicó, no había servido a la reconciliación nacional, por el contrario, las heridas se mantuvieron abiertas, como demostraban las marchas de los 20 de mayo (iniciadas en 1996), las protestas de los familiares, madres e hijos de desaparecidos (los escraches a Gavazzo y Cordero entre ellas) y la actuación de algunos jueces.
Por otra parte, explicó Cores, la desaparición forzosa es un delito permanente según la legislación internacional ratificada por las instituciones nacionales (Convención de Costa Rica, los Tratados de Ginebra y la Convención de Viena). De ninguna manera Uruguay puede renunciar a juzgar y castigar delitos que se están cometiendo en el momento actual, en el presente y no en el pasado. Con un gobierno del Frente Amplio, no podemos seguir siendo ‘el paraíso de la impunidad’ que venimos siendo con blancos y colorados, expresó gráficamente Cores. Finalmente, poner término a la impunidad sería una importantísima señal política hacia la ‘familia militar’: el gobierno del Frente no está dispuesto a tolerar la tutela y las presiones que toleraron los gobiernos blancos y colorados.
Entonces, en nombre del MPP y de José Mujica, su ‘fundador’, salió a la palestra Eleuterio Fernández Huidobro, quién puso el acento en respetar el resultado del Plebiscito de 1989, actitud necesaria para ganar las elecciones nacionales: “Este es el congreso de la victoria, compañeros, y a todo se puede renunciar menos a la victoria”. Dicho y hecho, Fernández renunció a todo, fue electo senador y comenzó su viaje sin retorno. Con esos argumentos pueriles logró que 746 congresales lo acompañaron en su renuncia a los principios éticos de la izquierda. Por fortuna, 549 delegados votaron por la dignidad del Frente Amplio defendida por Hugo Cores. Con la presentación en sociedad de Huidobro y Mujica en su nuevo papel de operadores de la impunidad, la defección del Frente Amplio -y del futuro presidente Tabaré Vázquez-, volcó definitivamente la balanza a favor de la impunidad y de los tuteladores. Las banderas de la Verdad y la Justicia pasaron a ser exclusividad de los movimientos sociales y las organizaciones de DDHH.
Tabaré Vázquez
Sin salir de la ley de caducidad, el presidente Vázquez reabrió la investigación en el caso de los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelow y Rosario Barredo y facilitó las excavaciones del equipo de antropólogos argentinos especializado en la búsqueda de los desaparecidos. Además, durante su gobierno, concurrieron a declarar en los juzgados varios oficiales imputados por delitos de lesa humanidad, fueron procesados Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco y se encontraron los cadáveres de Ubasgener Chávez Sosa y de Fernando Miranda que habían sido forzosamente desaparecidos. Otros episodios del gobierno de Vázquez contradijeron, sin embargo, las expectativas que pudieran haber despertado los anteriores hechos: creyó verdadera la ubicación del cadáver de la nuera del poeta Juan Gelman que proporcionó el general Barneix, que luego resultó procesado por el asesinato de Aldo Perrini; promovió el ascenso de oficiales acusados por crímenes de lesa humanidad (el general Dalmao, entre ellos); y, finalmente, quiso instaurar el ‘Día del Nunca Más’ que, de hecho, podría haberse denominado día del olvido y del perdón.
A raíz del archivo de la causa penal por la desaparición de sus padres, Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman, debió presentarse ante la CIDH en mayo del 2006, denunciando al Uruguay por la impunidad y por la violación a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. El poder judicial uruguayo no ofrecía ninguna clase de garantías en materia de crímenes de lesa humanidad y por consiguiente la familia Gelman debió recurrir a los organismos internacionales.
Tabaré Vázquez podía haber aprovechado la ocasión para respetar la legislación y los laudos internacionales ya existentes, que condenaban al Estado uruguayo por la situación de impunidad y le recomendaban la anulación de la ley de caducidad. A partir de la solidaridad con Macarena y Juan Gelman, podía haber lanzado una campaña educativa de la opinión pública, reivindicando la Verdad y la Justicia como un principio esencial de la democracia republicana. Desde la presidencia de la república podía haber puesto en marcha los mecanismos institucionales que conducían a la nulidad de la caducidad. Esa actitud, coherente con el espíritu de la fuerza política, habría despertado admiración y elogios en el mundo entero y, en especial, en América Latina. Como ocurrió con Néstor Kirchner. En cambio, Tabaré Vázquez prefirió colocarse en una posición de falsa imparcialidad, pretendiendo reconciliar la nación a cambio de no juzgar ni castigar a los culpables y así ayudó, de hecho, a fortalecer la postura hegemónica de la ‘familia militar’.
Fariseísmo
La falta de garantías llevó a conformar la Coordinadora Nacional para la Nulidad de la Ley de Caducidad el 29 de julio del 2007. La presidió el escritor Eduardo Galeano y la integraron las organizaciones sociales con mayor convocatoria: el PITCNT, la FEUU, FUCVAM, SERPAJ y Amnesty Internacional. También participaron personalidades de los partidos políticos, integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a título individual y varias organizaciones barriales y del interior del país. La campaña de recolección de firmas debió sortear diversos y sucesivos obstáculos políticos, en especial la oposición de importantes sectores del Frente Amplio (Asamblea Uruguay, Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, Alianza Progresista) que hicieron suya la tesis de Fernández Huidobro del 2003. La actitud dubitativa de las principales figuras del Frente (Vázquez, Mujica, Astori) sembró dudas y recelo en la opinión pública y dividió al movimiento popular, impidiendo, por ejemplo, que Madres y Familiares se incorporara como colectivo a la campaña.
Aún así la voluntad de los núcleos militantes, con un rol muy activo de la juventud, logró recolectar unas 300.000 firmas por la anulación, hecho que demostraba el sentimiento mayoritario en la población. Cuando ya se habían juntado más de 120.000 firmas, José Mujica concurrió a la sede del PITCNT y, en una de sus habituales actitudes de duplicidad, mientras estampaba la suya en una de las planillas fundamentó en contra de firmar para juzgar y castigar a los culpables. Llamó a enterrar el odio y encontrar caminos de reencuentro: “No podemos ser carceleros de nuestros carceleros”, sentenció.
En diciembre del 2007 el V Congreso del Frente Amplio decidió apoyar la recolección de firmas, desdiciendo la posición del congreso anterior pero, en la práctica, muy pocos comités de base se incorporaron a la campaña, se retaceó el apoyo financiero y los caudillos electorales evitaron pronunciarse públicamente a favor de la anulación. Para que la Verdad y la Justicia triunfaran, habría bastado conque José Mujica convocara en sus discursos electorales a votar por la anulación de ley como había firmado. No lo hizo, predominó el fingimiento o fariseísmo.
El 14 de junio del 2009 la Corte Electoral validó las 258.326 legalmente necesarias y convocó al plebiscito para el día de las elecciones nacionales. Cabe destacar que el 19 de octubre, una semana antes de las elecciones, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la aplicación de la ley de caducidad en el caso del asesinato de Nibia Sabalsagaray del que estaba acusado el general Dalmao, en actividad y con mando de tropa. La sentencia convalidaba los argumentos empleados para la lucha por la anulación. En esos mismos días se realizó una marcha por la Avenida 18 de julio, multitudinaria marcha pese a la lluvia, fue la mayor movilización de toda la campaña electoral. El 25 de octubre del 2009 las papeletas rosadas alcanzaron el 48% de los votos emitidos, faltaron 46.500 más para la victoria de la Verdad y la Justicia. En Montevideo votó por la anulación el 56% del electorado y en Canelones lo hizo el 51%. Pudo comprobarse que hubo sectores del Frente Amplio que sabotearon el plebiscito.
José Mujica
La nueva derrota plebiscitaria dio alas a su militancia por el olvido y del perdón. En uno de sus primeros actos como presidente de la república (marzo/2010) Mujica convocó a una asamblea de militares en la base aérea N° 2 en la ciudad de Durazno; con los altos mandos y unos 350 oficiales presentes, el presidente llamó a la unidad nacional entre las fuerzas armadas y el pueblo, objetivo que sólo podría alcanzarse, según él, olvidando y perdonando: “Estas Fuerzas Armadas -de hoy- no deben cargar con ninguna mochila del pasado ante su pueblo”.
En setiembre del mismo año Mujica reafirmó sus intenciones frente a los altos mandos de las fuerzas armadas: les prometió un aumento del 33% para los sueldos de los militares de todo rango, el mayor aumento presupuestal de la historia. Como propina los tranquilizó sobre sus buenas intenciones: en su corazón no había deseo alguno de revanchismo, hay que perdonarlos y abrazarse con ellos. Prometió una ley que permitiera la excarcelación de los ‘viejitos’ pese a sus crímenes abominables.
El 24 de febrero del 2010 la CIDH emitió un fallo para el ‘caso Gelman vs. Uruguay’. El organismo condenó al Estado uruguayo como responsable por la desaparición María Claudia García de Gelman y la sustracción de su hija Macarena, estableció que Uruguay no cumple con ‘la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre derechos humanos’ y obligó al gobierno a iniciar una investigación diligente y castigar las desapariciones forzosas, pues la ley de caducidad ‘carece de efectos jurídicos’. Por otra parte, condenó el Uruguay a una serie de reparaciones como un acto público para pedir perdón en nombre del Estado, tanto por los crímenes del terrorismo como por la impunidad actual para esos mismos delitos. El presidente Mujica se apresuró a cumplir con el acto de contrición y la reparación económica estipulada pero, al igual que los gobiernos anteriores, evitó tocar los fundamentos de la impunidad.
Empantanados por el fariseísmo de sus grandes caudillos, el Frente Amplio se enredó en un farragoso debate para encontrar una salida legal al intríngulis.
Necesitaban una ley que colmara las expectativas de quienes luchaban por Verdad y Justicia y, al mismo tiempo, no irritara a la inquietante la ‘familia militar’. Se anular clara y directamente la nefasta ley de caducidad. Hubiera sido un ejercicio del poder político para el cual el Frente Amplio contaba con la mayoría necesaria en el parlamento. No se atrevieron. Sin embargo, algo debían hacer, incluso para quedar bien con los requerimientos de los organismos internacionales y, en octubre del 2011, aprobaron la ley N° 18.831 que no es pato ni gallareta, restablece la ‘pretensión punitiva del Estado’ y la imprescriptibilidad de los delitos del terrorismo de Estado, pero no anula definitivamente la ley de caducidad. Esa bruma de indecisiones la aprovecharon los magistrados reaccionarios de la Suprema Corte que, para el caso del maestro Julio Castro, desaparecido por el ejército, declararon inconstitucional la 18.831, entendieron que el delito había prescripto y decretaron el archivo del expediente. Los probados culpables siguen en libertad.
Para el 18 de mayo del 2012, el acto de homenaje a los cuatro soldados ‘caídos en defensa de la patria’ fue integrado por primera vez a las actividades del ‘día del ejército’. Hasta ese año lo organizaban los centros militares, pero ahora pasó definitivamente a formar parte del programa oficial organizado por el comando general del ejército nacional. Por la vía de los hechos se lo convirtió en un día de homenaje oficial del Estado, de manera similar a como los 19 de abril se recuerda la batalla de Sarandí. El jefe de la división N°1 del ejército presionó para que los soldados fueron obligados a concurrir uniformados. Por ahora quedó en intentona, pero el hecho refleja la intención de ir ocupando espacios desde donde influir sobre la sociedad. No es casual que este cambio se haya dado durante la presidencia de José Mujica y con Fernández Huidobro de ministro de defensa.
En febrero de 2013, la Suprema Corte decretó el traslado de la jueza Mariana Mota, sacándola del juzgado donde estaban radicados más de 50 expedientes por crímenes de lesa humanidad. En varios casos, la jueza Mota había sido atacada y descalificada por el ministro Fernández Huidobro. Resulta bastante claro que los magistrados reaccionarios encontraron la oportunidad política para trasladarla y para enviar a los demás jueces un mensaje bien claro: el poder judicial debe constituirse en una muralla para la defensa de la impunidad. El fariseísmo que domina en la élite del Frente Amplio ha sido funcional a las actitudes más retrógradas de la Suprema Corte y al predominio de la visión de impunidad impulsada con firmeza por las fuerzas armadas.
20 de mayo del 2016
A pesar de que confesó haber torturado, el capitán Asencio Lucero fue procesado solamente por el delito de privación de libertad. La jueza Julia Staricco entendió que en el código penal de los ’70 la tortura no configuraba delito y que a Lucero no se le puede aplicar retroactivamente la ley actual. Es decir, en la cabeza de la jueza no ha logrado entrar la definición de la legislación internacional: ¡la tortura es un delito permanente!, ¡se está cometiendo ahora, no en 1972! ¡A Lucero hay que procesarlo por torturador!.
La jueza y el fiscal también hicieron oídos sordos a las denuncias de violación sistemática a las treinta mujeres que estuvieron detenidas en el regimiento de caballería N°9 donde Lucero estaba al mando del servicio de inteligencia. ¿A alguien puede extrañarle esta expresión judicial de la cultura de impunidad que caracteriza la mentalidad dominante en el Uruguay de hoy día? Si en el país dominara el espíritu de la Verdad y la Justicia… ¿la jueza habría fallado así?
La impunidad de los torturadores y asesinos del pasado se impone en el presente como impunidad para el uso abusivo e ilegítimo de la fuerza policial.
Las instituciones públicas, los medios masivos de prensa y los partidos políticos de todo pelo, aceptan la ‘mano dura’ como una necesidad social y política. Es una victoria ideológica de aquellos que treinta años atrás exigieron su impunidad como ‘lógica de los hechos’. Paso a paso el partido militar ha logrado que los demás partidos retrocedan y defeccionen, paso a paso ha hecho caer en su telaraña a toda la élite política. Salvo algunos sectores muy menores del Frente Amplio, no se salva nadie. Que el Uruguay sea un paraíso de impunidad, donde domina la cultura de impunidad y existe un clima de impunidad no es obra y gracia de la mano de dios. Las fuerzas vivas de terrorismo de Estado -la ‘familia militar’- hegemonizan las maneras de sentir y de pensar, imponiendo la vergonzosa ideología de la represión, la mano dura y la impunidad, la ideología que hiere de muerte el corazón de la democracia, las libertades y los derechos.
Según el Observatorio Luz Ibarburu se han realizado 272 denuncias judiciales por crímenes de lesa humanidad: tortura, violaciones, secuestro de niños, homicidio y desaparición forzosa. Desde 1985 a esta parte, ¡31 años! Solamente seis de ellas, apenas un 2% del total, tienen sentencia. Unos 170 expedientes (62%) aguardan en la etapa de pre sumario, situación que, por lo general, significa una forma de congelarlos. Otros 67 (24%) fueron archivados por distintos motivos. No hace falta ser muy radical de pensamiento para darse cuenta que las causas de derechos humanos avanzan por goteo, cada tanto una gotita de esperanza, cada tanto una gotita de desilusión. El esfuerzo principal de investigación recae sobre un pequeño grupo de abogados y sobre los familiares denunciantes. Hasta las direcciones de los militares denunciados deben proporcionar, porque el gobierno no obliga a su ministerio de defensa a colaborar con el juzgado. A las víctimas solamente les quedó, como último recurso, radicar en un juzgado de Italia la denuncia por el Plan Cóndor, las torturas y las desapariciones forzosas.
Dependiendo de la presidencia de la república se creó la ‘secretaría de DDHH de presidencia’ que desempeña Javier Miranda, la ‘secretaría de DDHH para el Pasado Reciente’ a cuya dirección renunció hace poco la historiadora Isabel Wschebor y el ‘Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia’ donde revistan Macarena Gelman, Pedro Sclofsky, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro, Susana Andrade, Ademar Olivera y Mario Cayota. Salvo las excavaciones del equipo de antropología, no se está haciendo nada serio para terminar con la impunidad, pero no es por falta de organismos cuyas áreas de trabajo se superponen y a todos se les retacea presupuesto. Realmente los ‘escraches’ hacen más que la acción del gobierno para agitar y divulgar la barbaridad de la impunidad de los criminales de lesa humanidad. Una tarea necesaria si se quiere que nunca más se repita el terrorismo de estado.
En Uruguay no hay garantías para la Verdad y la Justicia. Ni en el gobierno ni en el poder judicial. Están cerrados los caminos legales y parlamentarios… ¿cómo hacer? ¿cómo seguir luchando por la Verdad y la Justicia? Alguien que lo explique.
Este 20 de mayo marcharemos como siempre tras las fotos de los que faltan. Marchando con la Tota, María Esther y Blanca Artigas, con las que nunca defeccionaron, por un momento sentiremos que vamos caminando hacia la liberación social.
Jorge Zabalza /Gallo Rojo
COMCOSUR INFORMA Nº 1727 – 24/05/2016
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3) EL DOBLE DISCURSO DE LOS PARTIDOS SOBRE LA FINANCIACIÓN ELECTORAL
El FA, el PN y Propuesta Batllista, involucrados en la única denuncia ante la Corte Electoral, contradijeron el espíritu de la ley aprobada para transparentar los fondos de la campaña
Sudestada, 03/05/2016
El 3 de diciembre de 2014, la Corte Electoral dio vista a los partidos políticos para que hicieran sus descargos ante la denuncia presentada por la organización Uruguay Transparente. Mientras el Frente Amplio (FA) y el Partido Nacional (PN) justificaron haber recibido donaciones de Tenaris Global Services, la subsidiaria de Techint, el sector Propuesta Batllista (Partido Colorado) trató de explicar la legalidad de la contribución de uno de los miembros de la familia Eurnekian, Martín, quien junto a su tío Eduardo son los principales accionistas de Puerta del Sur, adjudicataria de la obra pública Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Eduardo Eurnekian apoyó con 560 mil pesos a la fórmula presidencial del FA, mientras que Martín también contribuyó a la dupla Mujica-Astori con otros 560 mil pesos. Además, donó 416 mil pesos para la fórmula del PN, y 53.770 para la del Partido Independiente (PI). También contribuyó con el Partido Colorado (PC), pero en este caso lo hizo en beneficio específico del sector Propuesta Batllista, al que le otorgó 200 mil pesos.
Por su parte, Tenaris Global Service SA –subsidiaria de la megaempresa Techint– repartió el dinero en partes iguales entre las dos fórmulas presidenciales con posibilidades de ganar la elección: 416 mil pesos para la del FA y la misma cantidad para la del PN (Lacalle-Larrañaga).
La encargada de responder en nombre del FA –mediante un escrito fechado el 4 de febrero de 2015- fue su entonces presidenta, la actual senadora socialista Mónica Xavier, quien enfatizó que su fuerza política “ha actuado conforme a derecho y con apego a la normativa vigente”. Para sostener esa afirmación se basó en que ninguna de las donaciones recibidas superó las 300 mil Unidades Indexadas, que en ese momento equivalían a 599.970 pesos uruguayos.
Ese hecho, según Xavier, “hace irrelevante analizar si hay empresas concesionarias o adjudicatarias en la lista de contribuyentes, extremo que a nuestro juicio no existe”. Así las cosas, prosigue la entonces presidenta del FA, se “ratifica la corrección de procederes de esta fuerza política, lo que así deberá declarar esa Corte, archivando las actuaciones que de oficio se sustancian”.
El FA se remite al Capítulo II, artículo 31 de la ley 18.485, que señala: «Las donaciones que reciban los partidos políticos o sectores internos o listas de candidatos a efectos de sus campañas electorales no podrán exceder para cada uno de ellos y por cada donante, la cantidad de 300.000 UI (trescientas mil unidades indexadas) y deberán ser siempre nominativas».
Pero ignora el Capítulo IV, artículo 45, que establece quiénes no pueden donar ni siquiera esa cantidad de dinero: “Los partidos políticos o sus sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar directa o indirectamente (…) contribuciones o donaciones de empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas”.
El siguiente documento es uno de los que prueba que Techint, megaempresa propietaria de Tenaris Global Service -que aportó dinero a la campaña del FA y del PN-, era en 2009 y es actualmente adjudicataria de obra pública:
Cuando se discutió el proyecto en el Senado, en la sesión del 4 de noviembre de 2008, el encargado de presentar el informe en mayoría fue el senador Rafael Michelini (Nuevo Espacio). “El Capítulo IV (del proyecto en discusión) se refiere a las prohibiciones y es el que más me gusta, aunque también fue el más discutido en su oportunidad. Obviamente, las prohibiciones no nos gustan pero creo que van en una buena dirección. Cuando conseguimos consenso, tiramos un poco más de la piola en cuanto a las prohibiciones y se ajustó más; en otros casos sólo pudimos llegar al primer ojal, sin poder apretar más el cinturón. A la vez, cuando apretamos más con respecto a una prohibición, tuvimos que aflojar en otra”, explicó Michelini.
Más adelante abundó: “Las sanciones están referidas no a inhabilitar, sino a aplicar multas. Si el partido político no presenta declaración o los montos de contribuciones anónimas superan el porcentaje establecido -que es muy pequeño- para que todas las rifas, loterías y algunas ‘vaquillonas’ -como se dijo- figuren en el control detallado, tendrá determinadas sanciones. Debemos generar la cultura, la idea de que los partidos tienen que ser transparentes, que deben llevar ordenadamente las finanzas, que no puede haber cosas raras y que la ciudadanía tiene que saber”.
La mención de Michelini a “rifas y loterías” alude a la intervención en la misma sesión parlamentaria del senador herrerista Luis Alberto Heber, quien seis años después de aquella sesión legislativa fue el encargado de suscribir la respuesta a la denuncia en nombre del Partido Nacional, en su calidad de presidente del Directorio blanco.
Heber le respondió a la Corte Electoral que su colectividad actuó “conforme a derecho y con total apego a la legislación”, una frase casi idéntica a la de su colega frenteamplista. Al igual que Xavier, el senador Heber escribió una carta –fechada el 29 de mayo de 2015- donde centró su argumentación en el monto máximo de las donaciones de las empresas, sin entrar en consideraciones respecto a la calidad de contratistas de obra pública de los donantes.
Este argumento del senador herrerista se contradice con sus manifestaciones en el plenario de la Cámara de Senadores durante la discusión de la ley que regula el financiamiento de los partidos políticos. Al momento de manifestar su apoyo a la prohibición de las donaciones por parte de las empresas con contratos de obra pública, Heber señaló: “Dentro de las prohibiciones que existen me parece bien que aquellas empresas que por su volumen contratan con el Estado, no puedan contribuir a los partidos políticos, de forma permanente o durante la campaña electoral, cuando tienen concesiones de obra pública. Debemos decirlo claramente y dejarlo expresamente prohibido, a fin de que no surjan suspicacias -ciertas o no- y se terminen generando motivos de enfrentamiento y de rispidez en el sistema político”.
El siguiente documento, es otro de los que prueba que Corporación América (cuyos principales accionistas son Eduardo y Martín Eurnekian) mantenía en 2009 la concesión de obra pública del Aeropuerto Internacional de Carrasco.
Por su lado, los legisladores José Amorín y Tabaré Viera suscribieron la respuesta del sector Propuesta Batllista del Partido Colorado ante la vista concedida por la Corte. Amorín y Viera (quienes ya no integran el mismo sector) centraron su explicación en la donación de 200 mil pesos uruguayos que recibieron de Martín Eurnekian, director de Puerta del Sur, la empresa concesionaria de la obra del Aeropuerto de Carrasco.
“Fue una contribución personal y nominativa de Martín Eurnekian, y no de la empresa con la que se lo vincula familiarmente”, señala el escrito fechado el 15 de abril de 2015. De inmediato, los legisladores colorados añaden que “si la contribución hubiera sido efectuada por la empresa que se trata de involucrar, tampoco habría violado disposición alguna” y cita un inciso del artículo 44 de la ley 18.485 que permite la recepción de donaciones de empresas concesionarias de servicios públicos, soslayando que la empresa que representa Eurnekian tiene contratos de obra pública, lo cual sí está prohibido por la ley.
El Grupo Eurnekian, que ya desde 1993 era adjudicatario de obra pública a través de la Corporación América, donó «indirectamente» a la campaña, a través de sus principales accionistas, Eduardo y Martín Eurnekian. Y eso está prohibido por la ley 18.485.
Amorín y Viera también enfocaron su argumentación en el límite de 300 mil Unidades Indexadas para las donaciones nominativas y con ese pretexto le atribuyen legalidad a la contribución de Eurnekian. “Sólo una incorrecta o malintencionada interpretación de la ley puede poner en tela de juicio una contribución que jamás se ocultó, que se documentó debidamente y que se encuentra muy por debajo del tope habilitado por ley”, escribieron los parlamentarios y solicitaron que se archivaran las actuaciones.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1727 – 24/05/2016
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4) A PEPE MUJICA DE “URUGUAYOS RESIDENTES EN VENEZUELA”
Locos somos millones
Pepe, si nuestro presidente Maduro estuviera loco como una cabra, como dijiste, di también que varios millones de patriotas de toda Nuestra América, estamos también locos como una cabra.
Locos de ira, de angustia, de indignación, y de determinación para enfrentar la brutal agresión de los poderes mundiales, que han resuelto que los pueblos que se rebelan ante su imperio, no tienen derecho a la soberanía, a la independencia, a la felicidad social, que es salud, alimentación, vivienda, educación, y todos los derechos humanos que los humanos derechos tenemos.
Pero si de locos se trata, tú eres uno de los locos que trataste de rescatar el Uruguay que se perdía en los años 60, y te enfrentaste al poder de aquel estado destructor de lo mejor que era el país, que tenía como aliado o como mandante, y por lo tanto, como tu enemigo, al mismo enemigo que hoy tiene Venezuela y la América progresista o revolucionaria.
El mismo enemigo cruel, despiadado, cuya codicia de poder y de riquezas, parafraseando a otro gran loco de la historia, ha plagado al mundo de miseria en nombre de la libertad.(“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar la américa de miseria en nombre de la libertad”, Simón Bolívar, 1829).
Son las locuras que décadas después de los sesenta, llevaron a que el pueblo uruguayo cometiera la locura de llevarte, ex guerrillero tupamaro, libre de terrible prisión, a la presidencia del país. Divina locura de este gran pueblo, sabia locura que desafió todas las campañas y las infamias de quienes representaban y representan a los mismos que desde adentro y desde afuera, hoy avasallan y pretenden reducir por el hambre a Venezuela.
Tú sabes quienes son, son los que mandaron al estadounidense Dan Mitrione, maestro de las técnicas de tortura, a enseñar y a torturar a aquellos locos patriotas uruguayos que se plantaron para defender derechos, soberanía y respeto. Son los mismos que masacraron a los habitantes originarios del norte, y nos enseñaron que los criminales eran los “buenos”, que despojaron a México de ricos y estratégicos territorios, que hicieron un largo rosario de invasiones a nuestros continentes americanos, que tumbaron gobiernos y asesinaron líderes populares, algunas veces usando lumpen y desclasadas patotas, que instalaron dictaduras sangrientas y brutales encargadas de masacrar conciencias, derechos, vidas. Que usaron todas las tácticas para torcer y voltear dirigentes, y confundir a los pueblos con el instrumento más poderoso que dominan: los medios de información. Hicimos “crujir la economía” del Chile de Allende, reconoció como una “gracia” Richard Nixon, el entonces presidente de EE.UU., omitiendo que también asesinaron a Allende y a gran parte del pueblo chileno.
Esa misma guerra económica la están aplicando al pueblo de Venezuela, para usarlo como carne de cañón contra el gobierno chavista del Presidente Maduro. Pero ya no ocultan ni esperan para declarar que son los que la promueven, como lo admitió con provocativa e imperial soberbia el actual presidente de EE.UU., Barack Obama, premio Nobel de la Paz, el 12 de febrero de 2015 al portal estadounidense VOX: “tenemos el ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares”.
Semanas antes había decretado a Venezuela como un “peligro para EE.UU.” Literalmente es una ridiculez, pero simbólicamente sí lo es, porque es un país, igual que Brasil, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, y otros, que pretenden, locos como unas cabras, disponer de sus riquezas y soberanamente de su organización política, lo que los uruguayos y los pueblos independientes han llamado la autoderminación de los pueblos.
Venezuela está sometida a la campaña nacional e internacional más grande que se tenga conocimiento. Falsas ONG’s, agencias internacionales de prensa, cadenas de diarios, radios y TV., en Europa y América, coordinadamente y diariamente acusan al gobierno del presidente Maduro de las dificultades económicas, que provocan ellos mismos, EE.UU y su derecha criolla, como expresamente reconoció el presidente Obama. Es la guerra económica, ejecutada por las cúpulas y roscas del poder económico venezolano, que vuelcan sus condicionantes sobre el resto de le economía privada, que salvo el petróleo, significa cerca del 80% de la economía del país. La inflación es brutal.
A este frente de guerra se combina la inducida baja del precio del petróleo cuyo ingreso en el presupuesto nacional se redujeron en más del 70%.
En este ataque a la economía del país, que ya tiene tres años, participa el gigantesco contrabando a Colombia, organizado y premeditado, el desabastecimiento diario, y la figura del bachaqueo (gigantescas colas de compradores de alimentos y productos, subsidiados o no por el Estado, que amedrantan y desplazan al consumidor normal, acaparan y vacían los estantes, y luego revenden a precios exorbitantes, defendidos como “pequeños empresarios” por Fedecámaras). Son formas para someter al pueblo a no disponer de alimentos, medicinas, higiene, repuestos. Simultáneamente partidos políticos de la derecha provocan violencia en las calles, que luego son publicitadas como represión del gobierno. Los errores y deficiencias del gobierno, pasibles de cometer ante esa guerra económica y dictadura mediática, son amplificados e inventados.
Ese bombardeo desinformativo y falso, constante, masivo, diario de los medios contra Venezuela tiene como objetivo preparar a la opinión pública mundial para cualquier atrocidad contra el gobierno y el pueblo bolivariano. Sobran los casos de “justificadas” invasiones “para defender a los pueblos”, crímenes masivos y selectivos, destrucción, muertes, dolor, miseria, barbarie. Ese es el objetivo de la guerra económica y la falsa información mediática. A gran parte del pueblo venezolano, y a los pueblos del mundo no se les informa verazmente, y se les oculta los gigantescos logros sociales y estructurales, de los gobiernos bolivarianos, de Chávez y de Maduro. Son muchos, muchísimos imposibles detallarlos en esta escrito, pero lo podemos sintetizar en que el reparto de la torta ahora es ahora más justo.
¿Qué te parece, Pepe, si cambiamos algo de tu declaración, de “loco como una cabra”, por “loco por nuestra gran patria”?
Uruguayos residentes en Venezuela.
COMCOSUR INFORMA Nº 1727 – 24/05/2016
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5) A 46 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE FUCVAM (1970-24 DE MAYO-2016)
Cuando los trabajadores son los propios gestores, ese es el verdadero proyecto alternativo. Quedó demostrado desde entonces que la Cooperativa no es sólo hacer viviendas…
Vecinet, 24.05.2016
El domingo 24 de mayo de 1970, en la localidad de Isla Mala (25 de Mayo, Departamento de Florida), se reúne el V Encuentro Nacional de cooperativas de viviendas por autogestión y ayuda mutua, y resuelven constituir una federación que denominan Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (FUCVAM) «como primer paso de inquietudes de varias cooperativas de Montevideo, Paysandú, Salto, Fray Bentos y Florida».
«Las cooperativas fundadoras fueron COSVAM (Salto), MUNICIPALES, COVISAN y COVINOR (Paysandú), EXODO DE ARTIGAS (Río Negro), 25 DE MAYO (Florida), COVIMT, COVINE, COVIAFE, MACOVI y SADIL (Montevideo). A partir de entonces se establecen filiales en todo el país, procurando el reconocimiento jurídico de la federación (el que se obtendrá recién en 1973; posteriormente la dictadura obligará a reemplazar el término «Uruguaya» optándose por «Unificadora»).»
Las tres primeras cooperativas surgen en 1966 en el interior del país y fueron la base para el Capítulo 10 de la Ley 13.728, aprobada por el Parlamento el 17 de diciembre de 1968. Es desde ese momento que el cooperativismo de viviendas por autogestión y ayuda mutua empieza a crecer, apoyado en su eficacia económica, dando las mejores soluciones habitacionales a los más bajos costos, y apoyado también en su inmediata inserción dentro de las experiencias más auténticas del movimiento popular uruguayo.
«A fines del 65, el Centro Cooperativista Uruguayo ante el problema habitacional que afrontaba el país, y en especial los sectores de población de menores ingresos, decide comenzar a trabajar en el campo de la vivienda, volcando sus esfuerzos a la búsqueda de una solución para esos sectores más necesitados. Y en ese entones, propone unir dos formas de acción, una existente en el país como era el caso del cooperativismo de vivienda, y otra aún incipiente: la construcción de viviendas por Ayuda Mutua.
En el correr del año 1966 un grupo de trabajadores de la localidad de 25 de mayo, un grupo de obreros ferroviarios de la ciudad de Salto y un conjunto de obreros municipales de la Intendencia de Río Negro, deciden constituir tres cooperativas de Ayuda Mutua e iniciar un esfuerzo conjunto dirigido a un objetivo común. Que casi 100 familias obreras del interior pudieran en base al trabajo solidario, satisfacer su urgente necesidad de viviendas.(…)
Se había dado el primer paso. En la lucha por concretarlo se había confirmado la convicción de que era preciso desarrollar el movimiento cooperativo de vivienda como una posibilidad, cierta para amplios sectores de la población y llegar a la solución de su problema habitacional.(…)
A partir de 1967 participó activamente en todas las iniciativas tendientes a estructurar una ley de vivienda que contempla con justicia las exigencias de las cooperativas (…)»
Desde un principio FUCVAM «se preocupó por reivindicar y preservar su carácter de organización de clase, estrechamente ligada a los objetivos de lucha de los trabajadores del Uruguay. Partiendo desde sus orígenes, los movimientos cooperativo y sindical surgen con una misma intención: en momentos en que el trabajador debía cumplir de 14 a 16 horas diarias en su lugar de trabajo, y no era tomado en cuenta el trabajo del niño ni el de la mujer, necesitan organizarse los trabajadores para cambiar esa sociedad que permitía tal explotación. (…) Nuestro origen es netamente obrero, y en la mayor parte de los casos surgimos al impulso dado por nuestros propios sindicatos.»
Una práctica original de organización comunitaria que comenzó a desarrollarse desde el interior del país, y que luego formaría parte de la Ley 13.728, en su Capítulo 10. El ejemplo de los ferroviarios, obreros municipales y trabajadores rurales de distintas localidades de «tierra adentro» comienza a ser observado con atención por los trabajadores de todo el país…
Fuente: Vecinet
NdeR: 46 ANIVERSARIO DE FUCVAM – MARTES 24 de MAYO – Hora 19.00
Plaza Líber Seregni (Eduardo Víctor Haedo y Joaquín Requena)
COMCOSUR INFORMA Nº 1727 – 24/05/2016
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