COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR
1994 – 19 de junio – 2016 – 22 años
Selección y producción: Beatriz Alonso, Henry Flores y Carlos Casares
Apoyo técnico: Carlos Dárdano
Colaboran:
ALEMANIA: Antje Vieth y Carlos Ramos (Berlín)
ARGENTINA: Eduardo Abeleira, Mauricio D’ambrouso (Buenos Aires)
BRASIL: Carlos O. Catalogne (Florianópolis)
CENTROAMÉRICA: Gustavo González
ECUADOR: Kintto Lucas (Quito)
HOLANDA: Ramón Haniotis (Amsterdam)
SUIZA: Sergio Ferrari (Berna)
URUGUAY: Jorge Marrero (Santa Rosa), Margarita Merklen (Durazno), Pablo Alfano (Montevideo), Luis Sabini (Piriápolis)
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) EL “NO” EN COLOMBIA
Gran titular en la prensa europea.
¿Continuará el monitoreo de las Naciones Unidas? /Sergio Ferrari
2) URUGUAY: ESTADO PAGA 4,5 MILLONES DE DÓLARES POR AÑO A LOS FUNDIDORES DE FRIPUR
En cinco años el Grupo Fernández cobró más de 22 millones del billete verde por venderle energía a UTE, ente que oculta estos datos a pesar de tratarse de dinero público. /Sudestada
3) UTE ASUME A DUEÑOS DE FRIPUR Y KENTILUX COMO GRUPO ECONÓMICO Y PRESENTA DENUNCIA
Reconoce que paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de la pesquera (como publicó Sudestada) y pide que de ese dinero el Estado se cobre la millonaria deuda de Los Fernández /Sudestada
4) GANANCIAS PRIVADAS. PERDIDAS SOCIALES
Los empresarios localizados en Uruguay han sido y son expertos en privatizar ganancias y socializar pérdidas. Obviamente con la complicidad del Estado. /José Antonio Rocca
5) VIVIENDA, LEYES Y MERCADO Insisto que habría que pensar en una auditoría social que interpele los excesivos gastos que produce la llamada ley de vivienda de interés social. /Gustavo González
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NOTICIAS Y TEMAS DE COMCOSUR
1) EL “NO” EN COLOMBIA
Gran titular en la prensa europea.
¿Continuará el monitoreo de las Naciones Unidas?
Por Sergio Ferrari, desde Naciones Unidas, Ginebra, Suiza
El rechazo de los electores colombianos a los Acuerdos de Paz firmados la semana pasada entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ocupa este lunes 3 de octubre un lugar esencial en los titulares de la prensa europea.
“Colombia dice ‘no’ al acuerdo de paz con las FARC”, subraya el periódico español El País, quien no esconde sin embargo el elevado porcentaje de abstención (más del 60 % del electorado) que marcó este domingo el referéndum en ese país sudamericano.
SWISSINFO, la vitrina virtual externa de Suiza, que ha seguido desde tiempo con gran calidad profesional el proceso de negociación colombiano, subraya en su titular en lengua española, que pese al No de ayer, las dos partes negociadoras “ratifican su voluntad de paz”.
“Acuerdo de paz con las FARC: Colombia en la incertidumbre luego del no en el referéndum”, titula por su parte el cotidiano francés Le Monde.
En tanto el cotidiano italiano La República, titula “Colombia, del referéndum popular, el “no” al acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC”, agregando como subtítulo que “Santos resiste, “no se retrocede”.
A pesar de las preguntas que pesan en la coyuntura colombiana, sobre como desbloquear en el futuro la nueva situación política que torpedea los Acuerdos de Paz, anticipando cualquier resultado las Naciones Unidas habían y ratificado su apoyo al proceso de seguimiento.
El último viernes de septiembre, la Misión de Naciones Unidas en Colombia informó que se dio inicio a las labores del Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego en varias de las sedes destinadas para ese propósito.
Nueve representantes del Gobierno y nueve de las FARC-EP, así como 18 observadores internacionales de la Misión de la ONU en ese país, se trasladaron a la sede del Mecanismo en Bogotá.
La Misión explicó que se trata de un paso muy simbólico, ya que es la primera vez que integrantes de las FARC se ubican en la capital, después de años de haber operado en las zonas rurales.
También, representantes de esos tres componentes se instalarán a partir de este lunes 3 de octubre en otras cinco de las ocho sedes regionales, ubicadas en Florencia, Popayán, San José del Guaviare, Valledupar y Villavicencio.
Las tareas incluyen, además del monitoreo y verificación, la planificación y la coordinación logística del despliegue de observadores en las 27 áreas en las que se llevará a cabo la dejación de armas, en las denominadas Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización.
Otra de las tareas que asumirán los representantes de la ONU es la verificación de la destrucción de una parte del arsenal de las FARC.
El general Javier Pérez Aquino, coordinador del Mecanismo y jefe de los observadores, subrayó que el inicio de labores en varias de las sedes refleja el compromiso de las partes y de Naciones Unidas de iniciar la construcción de una paz estable y duradera para Colombia.
Dos dinámicas contrastadas: la del electorado colombiano que rechazó en las urnas el proceso de paz y la de la ONU y una gran parte de la comunidad internacional que no solo han ratificado su apoyo a los Acuerdos, sino que han iniciado ya, in situ, el proceso mismo de aplicación de los mismos. Una especie de laberinto político o, más aun, de rompecabezas estratégico que lleva implícita la pregunta de fondo: ¿cómo aplicar una paz firmada que no ha sido ratificada en las urnas por el electorado colombiano?
Sergio Ferrari, desde Naciones Unidas, Ginebra, Suiza
COMCOSUR INFORMA Nº 1759 – 04/10/2016
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2) URUGUAY: ESTADO PAGA 4,5 MILLONES DE DÓLARES POR AÑO A LOS FUNDIDORES DE FRIPUR
En cinco años el Grupo Fernández cobró más de 22 millones del billete verde por venderle energía a UTE, ente que oculta estos datos a pesar de tratarse de dinero público
Sudestada, 25/05/2016
Fripur es un ejemplo de un emprendimiento familiar que se sostuvo durante décadas gracias a las dádivas del Estado y los favores políticos. Sin embargo, la crisis del frigorífico pesquero que terminó en una quiebra ruinosa para el Estado y los trabajadores no impidió a la familia incursionar en otros negocios tan rentables como la venta de viento, convertido en energía. El propio Estado financiador, evadido, y deshonrado en los créditos es el que compra –a través de UTE– lo producido por los Fernández, sin escatimar recursos.
Kentilux SA es una empresa de la familia que, aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, inauguró el 25 de mayo de 2011 un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora. Es que según explicaron a Sudestada fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40% de rendimiento cuando la media es de 30%– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio.
Con esta expansión, las posibilidades de obtener dinero del Estado se multiplican, y el viento se vuelve oro. De acuerdo al contrato original firmado en 2010, UTE le paga a Kentilux 85 dólares por MW/hora.
En función de estos datos –y sin tener en cuenta los reajustes anuales–, la empresa de energía eólica del Grupo Fernández, cobra 512 dólares por hora, es decir 12.300 dólares por día. El monto por mes es de 370 mil dólares y por año la familia que fundió Fripur se lleva 4,5 millones del Estado por sus negocios de viento.
A falta de información de parte de UTE respecto de los pagos a Kentilux SA –la empresa estatal publica los montos globales pero no lo que desembolsó para pagar a cada generador privado– el cálculo fue realizado por Sudestada de acuerdo a la fórmula establecida en el pliego de condiciones del llamado a licitación. Fuentes de la Agrupación de Funcionarios de UTE confirmaron que el procedimiento de cálculo es correcto. Sudestada advierte que se trata de un monto apegado a la base y no al tope de lo que la familia Fernández pudo cobrar efectivamente.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1759 – 04/10/2016
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3) UTE ASUME A DUEÑOS DE FRIPUR Y KENTILUX COMO GRUPO ECONÓMICO Y PRESENTA DENUNCIA
Reconoce que paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de la pesquera (como publicó Sudestada) y pide que de ese dinero el Estado se cobre la millonaria deuda de Los Fernández
Sudestada, 19/09/2016
Las autoridades de UTE se presentaron este lunes 19 ante el juzgado a fin de solicitar que se considere el contrato para la compra de electricidad de generación eólica a Kentilux SA como parte de la masa concursal de la fundida Fripur SA. El organismo busca demostrar que ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico -la familia Fernández- y así permitir que el Estado se cobre unos 40 millones de dólares que le adeuda la empresa pesquera y de alimentos congelados cerrada en agosto de 2015, un año después de entrar en concordato.
Sus dueños, los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso, dejaron a casi mil trabajadores en la calle y una deuda superior a los 67 millones de dólares, de los cuales 40 millones se los deben al Banco República (BROU), según explicaron las autoridades de la institución en el Parlamento.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, confirmó que el organismo se presentó ante el Juzgado de Concurso de primer Turno, a cargo de la magistrada Sylvia Rodríguez, porque tiene «indicios suficientes» de que ambas empresas son del mismo grupo económico, creado por los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso.
Hace cuatro meses, Sudestada denunció que Kentilux SA es una empresa de la familia Fernández que fue montada aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, mientras esos mismos empresarios fundían la pesquera Fripur y dejaban a los trabajadores en la calle.
El 25 de mayo de 2011 los Fernández inauguraron un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora.
Es que según explicaron a Sudestada fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40 por ciento de rendimiento cuando la media es de 30 por ciento– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio.
Según los cálculos realizados en aquel momento por Sudestada la empresa Kentilux cobra 512 dólares por hora, es decir 12.300 dólares por día. El monto por mes es de 370 mil dólares y por año la familia que fundió Fripur se lleva 4,5 millones del Estado por sus negocios eólicos.
Ahora, el presidente de UTE admite que ese efecivamente es el monto que el ente le paga a los Fernández por la energía eólica que producen.
Los molinos de viento fueron instalados en el establecimiento Magdalena (por el nombre de la esposa y una de las nietas de Máximo Fernández), una estancia ubicada a la altura del kilómetro 44 de la ruta 1. Se trata de un campo de mil hectáreas donde, además, se desarrollan actividades agrícolas que incluyen el cultivo de soja y maíz, y el engorde intensivo de ganado.
Casaravilla explicó que en el trámite de concurso de acreedores de Fripur, UTE presentó el reclamo por deudas de esa firma por servicio de provisión de electricidad por una suma cercana a los 25 millones de pesos. Pero la idea es que el Estado se pueda cobrar todo lo que adeudan los Fernández, sobre todo los 40 millones de dólares que el grupo económico le debe al Banco República.
En el caso del contrato de compra de energía al parque eólico de 20 megavatios perteneciente a Kentilux SA, UTE paga anualmente casi 5 millones de dólares desde hace cinco años. El compromiso se extiende aún por 15 años más, según dijo Casaravilla.
“Al igual que en el mundo se tiende a eliminar los paraísos fiscales y Uruguay ha hecho todos los deberes en tal sentido, de a poco la jurisprudencia uruguaya va haciendo lo mismo y va cobrando fuerza el concepto de grupo económico”, dijo el jerarca.
“Esto permite equiparar la actividad privada comercial y el accionar de los grupos económicos con las mismas reglas de juego a la que están sometidas las empresas públicas nacionales, en la que el Estado es, en definitiva, cuando corresponde, quien asume colectivamente los eventuales daños por su diferentes actividades (…) Nuestro interés es recuperar ese adeudo que es lo que trasladamos al resultado económico de la empresa”, puntualizó.
Sudestada, periodismo y transparencia
COMCOSUR INFORMA Nº 1759 – 04/10/2016
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4) GANANCIAS PRIVADAS. PERDIDAS SOCIALES
Los empresarios localizados en Uruguay han sido y son expertos en privatizar ganancias y socializar pérdidas. Obviamente con la complicidad del Estado.
Por José Antonio Rocca / La economía de a pie / 1 de octubre 2016.
La historia del país exhibe reiteradas quiebras de grandes empresas privadas y concursos de acreedores, cuyo costo afecta las cuentas fiscales y en definitiva recae sobre el pueblo. Créditos otorgados por entes públicos sin garantías suficientes, se transforman en incobrables y culminan castigando al conjunto de la sociedad.
Un ejemplo emblemático es el de la empresa pesquera Fripur que cesó sus actividades dejando un reguero de deudas. Solamente con el Banco República rondan los 43 millones de dólares (i).
El grupo económico involucrado obtuvo otras prebendas otorgadas por el gobierno según informa el semanario Brecha. El parque eólico Kentilux (ii) realizó una inversión valorada en 20 millones de dólares financiado en un 70% por el “Banco país” (iii) con la finalidad de venderle energía a UTE durante 20 años. Es difícil explicarse por qué el sector público no afrontó directamente la obra.
Otro caso reciente fue el concurso de acreedores del grupo Diamantis, en agosto de 2016. Receptor de créditos hipotecarios por parte del BROU “fue un negocio que no fue bueno para el Banco” (iv). La deuda se estima en 45 millones de dólares. El cobro se dificulta además pues el terreno se encuentra embargado (v),
Estos ejemplos más que excepción constituyen la regla. No hay que retroceder demasiado en el tiempo para recordar los costos que significaron para el Estado uruguayo las deudas impagas de PLUNA S.A con diversos entes del Estado, tanto en la privatización a favor de Varig, como en la posterior con el grupo Campiani.
La historia de Bancos y empresas privadas quebrados y rescatados, eventualmente para volver a privatizarlos, también es extensa. La larga lista incluye frigoríficos, pesqueras, gas, textiles, constructoras etc. etc.
Los costos asumidos por el Estado a favor de grandes empresas privadas además abarcan otros ámbitos. Perdones de deudas, subsidios mediante tarifas privilegiadas o pagando insumos a precios superiores, exoneraciones y renuncias fiscales de todo tipo y colores, gastos públicos en infraestructura dirigidos al directo beneficio de grandes inversores privados, garantías del Estado, son algunos de los instrumentos.
Reconozco mi incapacidad para evaluar el monto, de todo esto, pero parece evidente que multiplica la deuda pública del Uruguay que rondaba los 32000 millones de dólares a marzo del 2016, sin contar los intereses.
Una de las grandes paradojas es que los dogmáticas de la reducción de los costos del Estado, tan puntillosos cuando alguna migaja de los gastos públicos cae en favor de sectores populares se refieran muy poco al inmenso costo que significa la lluvia de prebendas en beneficio de grandes capitales.
Muchos de los fundamentalistas de la reducción de lo que llaman “costo país” tan celosos en sus análisis sobre los efectos sobre la competitividad de los productos locales en el exterior rara vez se ocupan de evaluar los efectos de estos gastos.
En síntesis, no he visto en sus 4 por 4 leyendas que digan algo así como “bajen el costo de las prebendas al gran capital por favor”.
¿Será que el árbol no les deja ver el bosque? ¿O que en definitiva su ideología, es simplemente una forma de defender sus intereses?
GOTITAS DE ECONOMÍA
Los datos primarios del BCU sobre el PBI en Uruguay registran en el segundo trimestre de 2016 un crecimiento desestacionalizado (vi) de 0% respecto al primer trimestre y un crecimiento de 1.4% en relación al segundo trimestre de 2015. El análisis por sectores revela descenso en la industria, agro, construcción y comercio. El incremento se concentra en generación de energía y telecomunicaciones y se transforma en descenso si descontamos las zonas francas (vii).
Las tarjetas de débito pagan una comisión de entre 2% y 2.5% sobre el monto de cada compra. La ley de bancarización obliga a pagar sueldos y determinadas compra ventas mediante estos instrumentos ampliando su uso y por ende incrementando el monto de aranceles que cobran los Bancos por este concepto. En suma el gobierno obliga a los trabajadores a utilizar intermediarios financieros que incrementan sus ganancias mediante una quita que afecta a oferentes y consumidores.
Los datos del INDEC en Argentina registran un descenso del 2.4% en la actividad económica de los 7 primeros meses del 2016 respecto a 2015. La caída de julio es del 4.9%.
El gobierno de Macri reunió en Argentina a potenciales inversores de grandes grupos económicos mundiales. Está en remate la minería y las obras de infraestructura. Pero en un rapto de sinceridad uno de los intervinientes reconoció que las mayores ganancias surgen de la actividad financiera especulativa.
Una comisión creada en 2014 en Chile por la presidenta Bachelet registró que el promedio de pensiones que pagan las AFP equivalía al 34% del último salario del jubilado (viii). Por Uruguay ¿cómo andamos?
Temer proyecta profundizar los intentos privatizadores de Dilma Roussef. Cuatro aeropuertos, siete empresas de energía tres empresas de saneamiento concesiones de carreteras, ferrocarriles, puertos. Campos de explotación de petróleo y áreas de minería.
Notas:
(i) Según se infiere de declaraciones a radio el Espectador el 16 de setiembre de 2016 por parte del presidente del ente Jorge Polgar
(ii) El artículo menciona también a la empresa de bolsas de plástico Polibag
(iii) La diaria.20 de setiembre 2016.
(iv) Declaraciones del citado Polgar.
(v) Semanario Brecha edición 1604. 19 de agosto 2016.
(vi) Es decir eliminando el efecto de factores vinculados a la etapa del año registrada.
(vii) Nuestra opinión respecto a este indicador y la forma de registro en Uruguay se puede ver en el artículo Producción indicadores y realidad de la primera quincena de julio y en don Quijote y el PBI de primera quincena julio 2015.
(viii) Tomado de artículo del New York Times. El descontento chileno con el sistema de AFP.
José Antonio Rocca / La economía de a pie
COMCOSUR INFORMA Nº 1759 – 04/10/2016
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5) VIVIENDA, LEYES Y MERCADO
Insisto que habría que pensar en una auditoría social que interpele los excesivos gastos que produce la llamada ley de vivienda de interés social.
Por Gustavo González, 30.09.2016
Como lo expresé en artículos publicados en LA REPÚBLICA con fechas 25/8 y 17/9 el tema de la vivienda parecería moverse más de lo habitual, debido a nuevas o viejas leyes que vuelven a la agenda parlamentaria.
Así, la propuesta del diputado Núñez del Partido Comunista, o la presentada tiempo atrás por el diputado Asti de Asamblea Uruguay. Ambas leyes intentan por un lado regular el mercado de alquileres y afectar a las viviendas abandonadas.
Debo decir que ambas iniciativas me parecen sumamente loables. Pero un aspecto que es medular al cual hice ya referencia es que el Parlamento Nacional debe llamar la atención en forma urgente frente a la ley denominada “vivienda de interés social”, verdadero desangre al Estado y gran negocio del capital de las empresas constructoras y de la Cámara Inmobiliaria.
Poner freno a este atropello, está en la tapa del libro de la verdadera vivienda de interés social.
El otro aspecto del que tampoco se habla refiere a que se aumentaron los intereses de préstamos de las Cooperativas de Vivienda, y por qué no se toma una iniciativa legislativa frente al llamado subsidio a la permanencia, elemento clave y diferenciador de dos concepciones: los que consideramos que la vivienda es un derecho y los que consideran que la vivienda es una mercancía.
Es fundamental ver la vivienda en forma global y trabajar en función de una mejora integral y no por separado, más allá de las buenas intenciones que cualquier iniciativa puede contener.
El desangre que produce la llamada ley de interés social, es dinero de todas y todos, sin embargo nadie parece llamar la atención frente a este real atropello a las finanzas públicas.
Debido a qué las empresas que se acogen a esta mala ley no pagan IVA y las cooperativas de vivienda sí lo deben de hacer, nadie responde a esta pregunta.
Entonces, vayamos al fondo del problema, no a algunos efectos que son negativos, pero no dejan de ser parciales enmiendas, las cuales además como la de Asti, duerme en los cajones del Palacio hace ya años. Como seguramente harán dormir también a la de Núñez.
Por tanto, para que efectivamente se reacomode el tema es imprescindible la gestación de un frente social de la vivienda con todas las organizaciones que se reclaman reivindicar la misma.
Sunca, Fucvam, Fecovi serán las organizaciones que armonizando una única propuesta que defienda a la vivienda como derecho humano, podrán generar los cambios deseados al respecto.
Insisto que habría que pensar en una auditoría social que interpele los excesivos gastos que produce la llamada ley de vivienda de interés social.
Gustavo González
COMCOSUR INFORMA Nº 1759 – 04/10/2016
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COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA DESDE EL CONO SUR / COMCOSUR
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