2) El Parlasur decide mantener a Venezuela desafiando al Mercosur
3) Trabajadores de la Seguridad Social denuncian desregulación laboral en el BPS “similar a la de Brasil”
4) Víctimas de masacres buscan impulsar turismo histórico en El Salvador
5) Terrorismo y cambio social
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COMCOSUR INFORMA AÑO 17 – No. 1836 – jueves 24.08.2017
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“Todas las estructuras del poder popular que estábamos construyendo se hicieron presentes, tomaron voz, en una radio que no quería tanto hablarle al pueblo. Quería que el pueblo hablara.” RADIO VENCEREMOS
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1) Diputados del FA cuestionaron a ex ministros de Defensa e Interior que no se interesaron por el espionaje ilegal en sus administraciones
(La Diaria)
El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez, que preside la comisión parlamentaria que investiga las actividades de espionaje realizadas por inteligencia militar y policial desde la reapertura democrática, señaló la necesidad de trabajar en dos proyectos de ley sobre el tema. Núñez participó, junto con su par Luis Puig (también del FA e integrante de la comisión), en una mesa redonda sobre espionaje en democracia, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Núñez explicó que uno de los proyectos tendría como objetivo regular el acceso a todos los archivos de inteligencia, porque “los uruguayos nos merecemos saber qué se investiga y con qué fines”. No obstante, subrayó que esa información no se puede manejar “al voleo”, porque “cuando hay archivos de inteligencia, hay víctimas del espionaje y tenemos que ser cuidadosos con esas personas”. “Entonces, tampoco está bueno que cualquiera pueda acceder y divulgar los contenidos, por eso hay que regular el acceso, pero se tiene que garantizar el acceso democrático a los archivos para las labores de investigación, periodísticas y académicas. Después se establecerá un protocolo de una manera que proteja la información con el cuidado hacia las personas que fueron víctimas”, indicó Núñez.
A su vez, el diputado informó que el otro proyecto de ley relacionado ya fue presentado en el Parlamento y refiere a la creación de una ley de Inteligencia Estratégica, que regule y controle las acciones de todos los servicios de inteligencia, en los que la sociedad civil tendría una presencia cada vez mayor, porque la inteligencia “tiene que salir de las órbitas en las que ha estado históricamente”. Agregó que eso implicaría enfocarse también en la formación ciudadana, para que cualquiera pueda estar en condiciones, si lo desea, de trabajar en un organismo de inteligencia y “controlar esos espacios”.
Hasta ahora, casi todos los ex ministros de Defensa Nacional e Interior que fueron citados a la comisión señalaron que no tenían conocimiento de las actividades ilegales de espionaje. El único que dijo que sí lo tenía fue José Díaz, pero por su carácter de espiado. Durante la mesa redonda, Núñez dudó de que se haya podido evadir “todos los mecanismos de control habidos y por haber”, ya que los planes de inteligencia que trazan las coordenadas de acción debieron ser “por lo menos informados o discutidos con el responsable jerárquico máximo”, que era el ministro de Defensa.
Además, Núñez señaló que realizaron un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para conocer los gastos de las direcciones de inteligencia desde 1985 hasta la fecha, por las cifras “exorbitantes” que se gastaban en espionaje. Dijo que, por ejemplo, se alquilaban casas cercanas a un sindicato o local partidario para investigarlos. “Nosotros pagamos para que nos investiguen, es ilógico”, añadió Núñez. Además, el diputado dijo que es relevante saber qué hacía la CIA pagando informantes en Uruguay, ya que eso también se desprende del “archivo Berruti”.
Al final, Puig dijo que los ex ministros que comparecieron ante la comisión no sólo dijeron que no tenían conocimiento de la situación, sino que varios contestaron con desdén: “‘Tampoco nos interesaba demasiado, porque teníamos cosas más importantes que hacer’. Eso es gravísimo”, comentó.
COMCOSUR INFORMA Nº 1836 – 24/08/2017
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2) El Parlasur decide mantener a Venezuela desafiando al Mercosur
(La República)
Los Parlamentarios venezolanos continuarán siendo parte del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur) acordandose que tanto el oficialismo como la oposición tengan voz.
Ayer el Parlasur sesionó en Montevideo y resolvió mantener dentro del organismo a los parlamentarios venezolanos pese a que está suspendida indefinidamente del bloque. “Resolvimos que tanto el oficialismo como la oposición tengan voz”, dijo a LA REPÚBLICA Daniel Caggiani, diputado del MPP. A su vez el Parlamento desestimó condenar “el golpe de Estado” en Venezuela, como así lo pretendía el diputado nacionalista Pablo Iturralde.
Iturralde, legislador nacionalista y parlamentario del MERCOSUR planteó la posibilidad de que el Parlasur condenara un “golpe de Estado en Venezuela”. “Me parece fundamental, están habiendo muertos, no se ha respetado la opinión de la ciudadanía, hay un parlamento elegido. Estamos viviendo un caos absoluto y este parlamento no se ha manifestado”, añadió el legislador.
Yendo más allá en su alocución, el diputado aseguró que “los parlamentarios venezolanos no han podido venir acá porque se les ha sacado su pasaporte. Quien ha podido venir lo ha hecho a través de un viaje clandestino hacia Colombia”.
El planteo de Iturralde quedó sin efecto debido a que la mayoría no entendió pertinente emitir un comunicado que señalara la postura del Parlasur, menos aún indicar que se condenara la situación de Venezuela como un golpe de Estado cuando no hay una postura tomada aún.
Consultado sobre los pasaportes retenidos que denunció Iturralde, el diputado Daniel Caggiani dijo que “no hemos tenido ningún tipo de información de ese tema. Algunos parlamentarios avisaron que no venían por problemas personales”. Apuntando contra el diputado nacionalista, el vicepresidente del Parlasur expresó: “A veces hay algunos actores locales que intentan tratar de utilizar estos temas para buscar unos minutos en los medios de comunicación. Eso no es bueno porque coloca al Parlamento del MERCOSUR en un lugar de vulnerabilidad. Nosotros además de ser parlamentarios nacionales sos del MERCOSUR. Tenemos que tender y construir un puente más que ser jueces”.
“Exijo respeto para mi país”
Las declaraciones anteriormente señaladas por Iturralde, quien contó con el apoyo de algunos legisladores brasileños y argentinos, generaron malestar en los representantes venezolanos que se entronaban en sala.
Para William José Pérez Arriechi, el PARLASUR no puede sancionar en contra de Venezuela. “Exijo respeto para mi país. Hemos estado escuchando todas las agresiones. Hay muchos que no tienen moral ni dignidad para hablar de democracia. Hoy, en Venezuela, después del 30 de julio, hemos alcanzado la paz. Después de que los sectores fascistas nos sumergieron en violencia y nuestro presidente demócrata llamó a elecciones”, expresó.
Repudio a la amenaza de Trump
Parlasur apuntó contra las declaraciones Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien manifestó analizar una posible intervención militar en Venezuela. El organismo la rechazó manifestando su “repudio a cualquier opción que infrinja la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano”. El Parlamento “defiende el derecho inalienable del pueblo venezolano a decidir su propio destino. Es inaceptable cualquier amenaza a la soberanía de Venezuela o de cualquier otro país hermano latinoamericano. Es repudiable cualquier tentativa de intervención externa en asuntos internos de Venezuela, especialmente a través del uso de la fuerza”, indica en su resolución, la cual fue apoyada por 37 legisladores en 51.
Brasil: reforma laboral
Daniel Caggiani, vicepresidente del Parlasur expresó que “en la bancada progresista hemos resuelto presentar a la Mesa Directiva una propuesta para que se convoque a los órganos laborales tripartitos, a las confederaciones de trabajadores de Latinoamérica, al empresariado regional y ministerios del ramo para discutir los alcances y consecuencias de la reforma laboral de Brasil, y sobre todo qué repercusiones traerá aparejado para la región”.
COMCOSUR INFORMA Nº 1836 – 24/08/2017
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3) Trabajadores de la Seguridad Social denuncian desregulación laboral en el BPS “similar a la de Brasil”
Julieta Núñez (La Diaria)
Los dichos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sobre la reforma laboral brasileña no pasaron desapercibidos en la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), que mantiene un conflicto con el Banco de Previsión Social (BPS) en algunas de sus dependencias, como el Sanatorio Canzani. “Si vale más un acuerdo individual entre un empleado y un patrón que una ley o que un convenio, retrocedimos dos o tres siglos”, había dicho el jerarca la semana pasada.
En respuesta a los dichos de Murro, ATSS emitió un comunicado en el que señala la “contradicción” en que habría incurrido el ministro. La vicepresidenta del sindicato, Verónica Miranda, denunció que la desregulación de los acuerdos laborales “ya está pasando” en el BPS, especialmente en el área de la salud.
Miranda indicó que desde 2009 existe un artículo, el número 75 del Estatuto del Funcionario del BPS, que tiene prevista la reglamentación “en forma específica [de] la situación laboral de los funcionarios del BPS que desempeñan tareas vinculadas a la salud”, pero que “hasta la fecha no se ha reglamentado”. “Estamos por fuera de algo que fue aprobado por el [Poder] Ejecutivo”, señaló, y agregó que “esto hace que no haya justicia y equidad en la forma de distribuir la carga horaria y las condiciones de trabajo”.
El mes pasado, durante distintas instancias de diálogo con representantes del directorio del BPS, las autoridades “verbalizaron claramente que el directorio del Banco no iba a negociar con ningún sindicato, iba a negociar con los trabajadores uno a uno”, aseguró Miranda. Estas conversaciones, sostuvo, se produjeron a raíz de que el BPS “pretendió disminuir la cantidad de ginecólogos que tienen en sus filas”, los mismos con los que negocian “uno a uno”, y esto los llevó a comenzar una huelga por tiempo indeterminado que hoy lleva 30 días.
Miranda también ilustró que desde que se empezaron a hacer arreglos personales que “no pasan por la órbita colectiva”, a varias personas “se les adjudicaron tareas que no son propias de la función para la que fueron contratadas”. La vicepresidenta del sindicato resaltó que no están señalando a los trabajadores que hacen estos arreglos, sino al “escenario general y cómo se posiciona el BPS en relación a la desregulación y flexibilización laboral”. Aseguró además que esta situación “para el país es nefasta y para el movimiento sindical ni que hablar”. “¿Esto no es exactamente lo que está diciendo el ministro Murro de que es retroceder dos o tres siglos?”, se preguntó.
Además señaló que el sindicato hizo una propuesta “que fue acompañada por los representantes del Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social]”, que preveía pasar a todos los trabajadores a una media horaria, ya que “95% de trabajadores tiene jornadas de 10, 15 o 20 horas” semanales, según un estudio realizado por el gremio. Esto sería “un régimen transitorio” para que se pueda “trabajar de lleno con la reglamentación del artículo 75”, y luego cada trabajador tendría la carga horaria y las condiciones que se dispongan. Miranda señaló que cuando propusieron esto al directorio del BPS les dijeron “directamente que no, que no lo iban a hacer”.
La directora del BPS María del Rosario Oiz respondió a estas acusaciones y dijo a título personal que no comparte “ninguno de los términos ni las valoraciones que hace el sindicato”. “En Brasil están muy lejos de la realidad uruguaya, y tenemos una conducta absolutamente diferente a lo que expresa el sindicato”, dijo la jerarca a Radio Montecarlo, y agregó que en los próximos días habrá una respuesta de las autoridades de la salud respecto del tema.
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4) Víctimas de masacres buscan impulsar turismo histórico en El Salvador
Edgardo Ayala (IPS)
Sorteando riachuelos y recorriendo escabrosos caminos va Felipe Tobar, al frente de un grupo de personas cuyo destino es la ribera de un río tristemente famoso, porque allí hace 37 años fueron asesinadas alrededor de 600 personas en El Salvador. “Cuando yo me tiré al río era increíble ver aquel montón de gente que era arrastrada por el agua, se ahogaban, vi cuando el ejército ya estaba en el borde, disparando a la gente fuera y dentro del río”, cuenta Tobar, mientras hace una parada para descansar, sentado en una roca a la orilla de una vereda.
Tobar, ahora con 60 años, es sobreviviente de una de las peores atrocidades cometidas durante la guerra civil salvadoreña, la llamada Masacre del Sumpul, ejecutada por efectivos militares en mayo de 1980, en la ribera del río del mismo nombre, en el caserío Las Aradas, del municipio de Ojos de Agua, en el norteño departamento de Chalatenango. “Cuando yo me tiré al río era increíble ver aquel montón de gente que era arrastrada por el agua, se ahogaban, vi cuando el ejército ya estaba en el borde, disparando a la gente fuera y dentro del río”: Felipe Tobar.
Ahora, el municipio del que él es alcalde, San José Las Flores, es parte un proyecto de memoria histórica que, además de rendir tributo a todos aquellos que perdieron la vida en esa y otras masacres ocurridas en Chalatenango, incluye iniciativas productivas sostenibles. Entre esas está el fomento de un turismo rural enfocado en esos hechos ocurridos durante los 12 años de conflicto (1980-1992), en el que perdieron la vida 75.000 personas, mientras se calculan en 8.000 los desaparecidos y 30.000 los refugiados tan solo en la vecina Honduras.
“Esto vendría a potenciar la llega de visitantes al municipio… mucha gente quiere conocer la historia, los lugares donde se dieron este tipo de hechos”, sostuvo el alcalde, quien además es presidente de la Asociación de Sobrevivientes de Masacres en Chalatenango, conformada el 11 de agosto. Chalatenango fue uno de los departamentos de este país centroamericano de 6,3 millones de habitantes donde más recrudeció la guerra debido a la fuerte presencia guerrillera en la zona y a los constantes bombardeos y operativos desarrollados por el ejército.
El guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se convirtió en partido político tras los Acuerdos de Paz de 1992 y gobierna el país desde 2009, tras ganar los comicios presidenciales ese año y en 2014. La ruta turística, que se llamará Voces de Historias Vivas, es impulsada además por otros pueblos del departamento donde también hubo masacres, como San Antonio Los Ranchos, Nueva Trinidad y Arcatao.
“Tenemos la ventaja de que aún hay sobrevivientes, los turistas pueden conocerlos y oír lo que en realidad pasó, de viva voz”, dijo a IPS por teléfono desde su despacho el alcalde de Arcatao, José Alberto Avelar. Se pretende además, entre otras actividades, desarrollar una agricultura amigable con el ambiente, de modo que los turistas puedan visitar parcelas de cultivos y participar ellos mismos del proceso, acotó.
Durante la caminata, machete en mano, Tobar va contando detalles de lo ocurrido durante la matanza, a un grupo de personas llegadas no solo de San Salvador, la capital, sino de Canadá y Bélgica, algunos de ellos involucrados directamente en el esfuerzo de memoria histórica en la zona. De su municipio y de otros vecinos a Ojos de Agua, donde se produjo la masacre, también murieron familias enteras que buscaban refugio del operativo militar en la zona, atravesando parajes intrincados.
“El proyecto se inició como interés de Salvaide de apoyar los procesos de memoria histórica y conmemoración en comunidades de Chalatenango, a partir de 2014”, señaló Pedro Cabezas, representante de esa organización canadiense en El Salvador. Salvaide es una oenegé con sede en la ciudad canadiense de Ontario, creada en 1985 para fortalecer a las comunidades de El Salvador en la construcción de justicia, democracia y desarrollo sostenible.
Esa organización donó parte de los 21.000 que costó el terreno de 2,7 hectáreas localizado en una planicie adyacente a la ribera del río Sumpul, el lugar exacto donde muchas víctimas fueron asesinadas a sangre fría en aquel mayo de 1980. En ese sitio, cada año se celebra la conmemoración de la masacre, con actos religiosos y culturales, y es allí donde ahora el alcalde de San José Las Flores y la comunidad pretenden edificar un monumento conmemorativo y otras obras, como senderos y jardines, con el apoyo de algunas de las organizaciones y personas que han acompañado el esfuerzo desde el inicio.
Algunas de esas personas han caminado con él, por tres horas, entre valles y montañas, bajo un sol inclemente, para llegar desde San José Las Flores al lugar de la masacre, a algo más de 100 kilómetros al norte de San Salvador. “La idea es ayudarla en dibujar planes estratégicos, paso a paso… ellos tienen una visión de lo que quieren hacer”, señaló a IPS la profesora de la Universidad Western Ontario, Amanda Grzyb.
Ella se involucró en el proyecto, junto a su pareja Reynaldo Hernández, luego de llevar a cabo una iniciativa paralela relacionada con la historia de El Salvador: el montaje de una exhibición en este país con fotografías poco conocidas de refugiados salvadoreños, en campos establecidos en Honduras durante el conflicto. Las fotografías estaban en poder del director fundador de Oxfam Canadá, Meyer Brownstone, quien se las entregó a Hernández para que él hiciera algo con ellas.
“Tenía el sueño de hacer un archivo ‘online (en línea)’ con esas imágenes, y encontré a un diseñador de páginas web con ese fin, pero el costo económico era demasiado alto”, narró Hernández a IPS. Residente en Ontario hace años, Hernández fue uno de los salvadoreños que vivió en su infancia en uno de esos campos de refugiados en Honduras, luego de que su familia saliera del país huyendo de la violencia.
Al equipo de trabajo se ha unido una pareja de arquitectos, Harold Fallon y Evelia Macal, quienes han viajado desde la capital de Bélgica para conocer de cerca el proceso de edificación del monumento en la ribera del río y ver cómo pueden colaborar en el proyecto. “Lo primero es definir un programa de trabajo, hecho consultivamente con todos los participantes, son ellos los que van a darle vida, no es de venir a imponer”, señaló Macal, una salvadoreña residenciada en Bruselas.
Fallon, profesor de la belga Universidad Católica de Lovaina, dijo que está claro que para la comunidad es importante mejorar las vías de acceso al sitio, sobre todo para las personas adultas mayores que quieren visitar el lugar y les resulta difícil avanzar en caminos tan escabrosos. Pero además debe considerarse el hecho de dejar las veredas y caminos originales, pues también tienen un significado histórico, acotó.
“Hay que ver cómo se logra un equilibrio entre la accesibilidad del lugar pero al mismo tiempo manteniendo los caminos que existen, porque son parte de la historia también”, refirió, sentado con Macal en la orilla del río, cuyas aguas fueron testigo de tanta muerte y dolor. Organizaciones de derechos humanos identificaron a varios oficiales del ejército de entonces como los victimarios de aquella matanza, entre ellos quien era ministro de la Defensa, José Guillermo García, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Rafael Flores, y el comandante del Destacamento Militar Número, de Chalatenango, Augusto Peña.
Abogados de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, que llevan el caso en nombre de los familiares de las víctimas, lograron recientemente que el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango permita una inspección en Las Aradas, pero aún no se define la fecha.
Editado por Estrella Gutiérrez
COMCOSUR INFORMA Nº 1836 – 24/08/2017
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5) Terrorismo y cambio social
Fredes Luis Castro (Alai)
El sábado 12 de agosto una marcha de supremacistas blancos en el municipio de Charlottesville, Estados Unidos, terminó en enfrentamientos que dejaron un muerto, luego que un automotor conducido por un supremacista impactara contra un grupo de manifestantes de signo contrario. El presidente Donald Trump acusó responsabilidades por igual entre víctimas y victimario, lo que fue celebrado por los dirigentes y grupos de extrema derecha.
Historia y manipulación
El profesor de Justicia Penal de la Universidad Estatal Westfield, George Michael, investigador especializado en la extrema derecha estadounidense, describe al movimiento alt-right (abreviatura de derecha-alternativa) como un colectivo diverso, que contiene un amplio espectro ideológico, con posiciones que van de un radicalismo moderado a los delirios macartistas más agresivos. Descubre sus raíces en organizaciones con décadas de existencia, pero resignadas a un rol marginal, carente de influencia.
Destaca como figura relevante, entre otras, a Andrew Breitbart, fundador de Breitbart News, en particular a la hora de comprender la difusión de la ideología nacionalista en el ciberespacio, y de las batallas culturales que, a juicio de estos nacionalistas, el conservadurismo imperante no estaba dispuesto a promover, con los asuntos relativos a la inmigración en primer orden. El profesor Michael subraya que la cuestión inmigratoria configura la materia prioritaria para el nacionalismo blanco estadounidense, cuyos adherentes juzgan que la tasa de natalidad entre los inmigrantes procedentes de países del tercer mundo amenaza la existencia de la raza blanca a la que orgullosamente pertenecen.
El especialista sugiere que el estrecho margen con el que Trump se impuso en Estados clave, explica su complacencia hacia estos grupos y organizaciones: no puede despreciar ningún apoyo. Por otro lado, estos sujetos se contaron entre los más decididos militantes de su campaña, aspecto nada menor en países en los que el voto no es obligatorio. La victoria del magnate inmobiliario incentivó los encuentros cara a cara de los nacionalistas blancos, aceitando sus aparatos organizativos.
La historiadora Keri Leigh Merritt no niega el apoyo que obtuvo Trump de parte de la clase blanca trabajadora y empobrecida, pero imputa una responsabilidad mayor en la elite blanca cuyo dominio de los sistemas educativos, políticos y mediáticos le permite edificar una manipulación informativa orientada a convencer a los primeros acerca del aprovechamiento abusivo de las políticas de bienestar por parte de las minorías raciales, los afroamericanos en primer término. La elite blanca más poderosa manipula los conocimientos y la agenda pública, promoviendo la apatía política en los sectores populares y usando la ideología de la supremacía blanca para asegurar fragmentaciones en su propio y económico beneficio.
El cambio
Arie Perliger, Director de Estudios en Seguridad y profesor de la Universidad de Massachusetts Lowell, conmina a considerar a las violencias de la extrema derecha norteamericana como actos terroristas, atento a que se despliegan con el objeto de transmitir mensajes atemorizantes a las minorías no blancas y a los colectivos no cristianos. No duda en calificar al terrorismo doméstico como un peligro mayor que cualquiera procedente del exterior, en parte por el mayor número de ataques terroristas autóctonos. Un informe de su autoría, publicado por el Centro de Lucha contra el Terrorismo de West Point identifica cientos de incidentes terroristas domésticos entre los años 2008 y 2012.
Perliger observa que el número de ataques inspirados en la ideología de extrema derecha ha aumentado en el siglo XXI, alcanzando un promedio anual de más de 300 agresiones desde el 2001 (en los años 90 del siglo pasado el promedio era de 70 ataques anuales). Un nuevo salto se produjo desde la elección de Trump como presidente, con 900 incidentes discriminatorios en los primeros 10 días siguientes a su victoria electoral. El experto sugiere una respuesta para explicar estas tendencias:
Más allá del terror experimentado por las víctimas, creo que esta tendencia refleja un cambio social más profundo en la sociedad americana. El modelo del iceberg del extremismo político, originalmente formulado por Ehud Shprinzak, un cientista político israelí, puede iluminar esta dinámica. Los asesinatos y otros ataques perpetrados por los estadounidenses de extrema derecha constituyen la punta visible de un iceberg. El resto del iceberg permanece oculto bajo el agua. Esto incluye cientos de ataques cada año que dañan propiedades e intimidan a las comunidades (…) Es importante recordar que los cambios en las normas sociales suelen reflejarse en los cambios de comportamiento. Por lo tanto, es razonable sospechar que los extremistas realizan estas acciones porque sienten que sus puntos de vista gozan de legitimidad y aceptación social crecientes, lo que los anima a materializar sus prejuicos. [Traducción propia]
En sintonía con Perliger, la columnista del Washington Post Catherine Rampell, basada en los datos aportados por un reporte de la comunidad de inteligencia, advierte sobre una preocupante prevalencia de jóvenes (“milenialls”) entre los militantes de la alt-right y los generadores de la violencia supremacista blanca. Rampell sostiene: “Si los jóvenes rebeldes de los años sesenta abrazaron el amor libre, la paz y la igualdad, hoy -al menos entre los anti-anti- Trumpers- se trata de promover el odio y la desigualdad social” [Traducción propia].
La columnista conecta la adhesión de estos jóvenes a las alternativas de extrema derecha con su temperamento anti establishment, parido por un sistema inequitativo, que con la última crisis financiera “afectó irremediablemente las perspectivas económicas de los millenials”. Es por ello que la periodista no se sorprende por el deseo de algunos de destruir todo el sistema. Como Merrit, enfatiza la clave bajo la cual razonan y comprenden los déficits del sistema: no les molesta que permite a los ricos concentrar mayores riquezas, les perturba que privilegie injustamente a las minorías a expensas de los trabajadores blancos.
Observaciones
Buena parte de las derechas contemporáneas se desenvuelven con soltura en escenarios fragmentados y de polarización social, sólo puede conjeturarse la magnitud del rol que han tenido en su creación, pero es claro que contribuyen a sostenerlo y fortalecerlo, trátese de la oferta más cool de Emmanuel Macron, o de la furiosa y desfachatada de Donald Trump.
La fragmentación promovida por las derechas, su capacidad para manipular voluntades y superar las diferencias internas para imponerse a sus contradictores no son aspectos novedosos. En todo caso, merece mayor atención los éxitos cosechados por algunos de sus líderes, en detrimento de oposiciones internas que cuentan con recursos sólidos y arraigados pero insuficientes para contenerlos y dirigirlos.
También merecen aguda atención los formatos estéticos y discursos desestructurados, coloridos y divertidos, que sin embargo difunden descreimientos y pesimismos en los esquemas representativos. Estos esquemas, cabe señalar, no actualizan sus despliegues operativos, estéticos y discursivos, lo que facilita la difusión mencionada. Hay una grieta entre sus comunicaciones y las nuevas demandas y expectativas ciudadanas-electorales.
Los descreimientos y pesimismos promovidos por las derechas favorecen la apatía y el abstencionismo social. Este efecto, en ejercicio circular, favorece la promoción de reformas electorales que abanderadas en las innovaciones tecnológicas y las libertades individuales, reducen y desincentivan la participación electoral, cristalizando el fenómeno que alegan combatir.
No hay formas puras, desde ya, existen ensayos que combinan y ordenan preferencias entre los componentes aludidos, y otros que no incluyo, pero el huevo de la serpiente incuba en estas ofertas mixtas. Las nuevas tecnologías informacionales son bien aprovechadas por los impulsores de la división social y las batallas culturales excluyentes y revanchistas. La energía de una ciudadanía lastimada por las políticas económicas neoliberales es perversamente redirigida, con riesgo de habilitar un cambio tan extremo como nefasto.
– Fredes Luis Castro, abogado argentino, es analista internacional.
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